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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00102-02

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00102-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR los ordinales primero, cuarto y quinto de la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cesar, los cuales quedarán de la siguiente manera: «PRIMERO. INAPLICAR PARCIALMENTE por inconstitucionalidad y solamente entre las partes de este proceso, el artículo 1º del Acuerdo PSAA 12- 9203 del 01 de febrero del 2012, al signar el grado 23 al cargo de Abogado Asesor, creado para el Tribunal Administrativo del Cesar. En cuanto al artículo 89 del Acuerdo PSAA-15-10402 del 29 de octubre de 2015, ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 23 de octubre de 2024, proferida en el medio de control de nulidad simple bajo el radicado 11001-03-25-000-2017-00617-00 (2965-2017), mediante la cual se anuló la referida disposición. (…) CUARTO. A título de Restablecimiento del Derecho, condenar a la NACION- RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE VALLEDUPAR, a que se le reconozca y pague a la demandante la diferencia existente mensual, del salario que debe devengar como abogado asesor del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con la escala salarial contemplada en los en los Decretos 1024 del 2013; 194 del 2014; 1257 del 2015; 245 del 2016; 1003 del 2017, y lo pagado por la Dirección de Administración Seccional del Cesar, tomando como punto de referencia el acuerdo PSAA 12-9203 del 1º de febrero del 2012, expedido por la sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a partir del 10 de mayo del 2014 y hasta que permanezca en el cargo. Este reconocimiento también abarcará el periodo durante el cual el cargo pasó a denominarse «profesional especializado grado 23», de haberlo ocupado la demandante y mientras hubiese permanecido en el mismo. QUINTO. Que se ordene la reliquidación de todas sus prestaciones sociales en favor de la demandante, como lo son: la prima de navidad, la prima de servicios, las vacaciones, prima de vacaciones, la bonificación por los servicios prestados, las cesantías y los intereses a las cesantías, la prima de productividad, a que […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2018-00102-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00101-02 (3498-2025)
Demandante: Eileen Carolina Hernández Acosta
Demandado: La Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: Remuneración abogado asesor de Tribunal Judicial. Aplicación
de la sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023 y de
la providencia proferida en el medio de control de nulidad simple
el 23 de octubre de 2024. MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de
la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Eileen Carolina Hernández Acosta instauró demanda en contra de
La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES1

2. Que se inapliquen por inconstitucionales los artículos 1 del Acuerdo PSAA
12-9203 de 2012, que asignó el grado 23 al cargo de abogado asesor creado en los
despachos del Tribunal Administrativo del Cesar y 89 del Acuerdo PSAA 15-10402
del 29 de octubre de 2015, que creó de manera permanente el cargo de abogado
asesor grado 23 en los despachos del referido Tribunal.

3. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
DESAJVA017-1464 de 2 de junio de 2017 y del acto ficto, producto del silencio
administrativo respecto del recurso de apelación interpuesto, mediante los cuales
se negó el reconocimiento y pago del salario establecido para el cargo de «abogado

1 Según los escritos de demanda (páginas 3 a 23 del archivo 01 del expediente digital) y su reforma (archivo

08 del expediente digital).

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asesor» en los decretos que anualmente expide el Gobierno Nacional y la
reliquidación de sus prestaciones sociales.

4. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reconocimiento
y pago de la diferencia salarial existente entre el valor de la remuneración mensual
que corresponde al cargo de «abogado asesor de tribunal» y la retribución pagada
en el ejercicio del cargo de «abogado asesor grado 23»; y la reliquidación de sus
prestaciones sociales, debidamente indexadas.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

6. Que ejerció el cargo de abogada asesora grado 23 en el Tribunal
Administrativo del Cesar desde el 30 de octubre de 2015 hasta la fecha de
presentación de la demanda.

7. Que el 11 de mayo de 2017 solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Valledupar el reconocimiento de las diferencias salariales
y prestacionales entre el cargo que desempeñó y el de «Abogado asesor de tribunal
judicial», lo cual se resolvió de manera negativa mediante los actos cuya nulidad se
solicita.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

8. La demanda fue admitida por auto del 4 de febrero de 20212. La demandada
indicó que el Consejo Superior de la Judicatura es autónomo para tomar decisiones
encaminadas al mejoramiento del funcionamiento de la administración de justicia,
previo el seguimiento de sus necesidades y que por esto puede expedir reglamentos
tanto organizativos como generales de tipo ejecutivo independiente y normativo.

9. Que el consejo de Estado en fallo del 15 de abril del 2004 señaló que existe
en la Constitución un ámbito de regulación que el mismo constituyente determinó
que debía ser desarrollado por la vía reglamentaria, el cual fue atribuido a distintos
entes constitucionales.

10. Que la ley estatutaria de la Administración de justicia –Ley 270 de 1996–,
otorgó plenas facultades al Consejo Superior de la Judicatura para que dentro de la
autonomía administrativa procediera con la planeación del plan de descongestión,
determinara el tipo de cargos que se requerían crear de manera transitoria, el
seguimiento de las medidas, el control y la revisión de las metas.

11. Propuso como excepciones las de legitimación en la causa por activa,
legalidad de los actos administrativos e improcedencia de la inaplicación por
inconstitucionalidad3.

2 Véanse páginas 115-116 del expediente digital.
3 Véase archivo 06 del expediente digital.

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12. Por auto del 11 de mayo de 2023 se resolvió dar trámite de sentencia
anticipada4. En consecuencia, se fijó el litigio, se abrió a pruebas y se corrió traslado
a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que
presentara el respectivo concepto, luego de lo cual se dictó sentencia, que fue
apelada por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

13. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 20 de marzo de
5
2025 , accedió a las pretensiones, para lo cual desarrolló el marco normativo del
salario en Colombia y señaló que este comprende toda retribución directa por el
servicio, conforme al artículo 127 del C.S.T y la jurisprudencia constitucional.

14. Destacó que el salario debe corresponder a la naturaleza del cargo, sus
funciones y responsabilidades y no puede ser desmejorado y enfatizó en que el
régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial está determinado por normas
del Gobierno Nacional, en especial los decretos expedidos en desarrollo de la Ley
4 de 1992.

15. Que cuando un cargo tiene una denominación expresamente prevista en la
norma, no es jurídicamente viable asignarle un grado adicional, pues ello implicaría
modificar indirectamente su remuneración. Que el Consejo Superior de la Judicatura
carecía de competencia para asignar a los cargos nominados, grados, códigos y
remuneración diferentes a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás normas
reglamentarias anuales expedidas por el Gobierno Nacional en los que se regule el
régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial.

16. Que cualquier juez puede inaplicar una norma cuando encuentre que
contradice la Constitución, con efectos solo para el caso concreto. Además, analizó
la falta de legitimación en la causa y concluyó que la demandante sí estaba
legitimada, al ser titular del derecho reclamado como servidora publica afectada por
la situación salarial.

17. Que la demandante ocupaba un cargo cuya denominación está contemplada
en los decretos salariales, por lo que debía regirse por esa escala y no por un grado
asignado, por lo que ordenó a la demandada que se le reconozca y pague la
diferencia existente entre el salario que debía devengar como abogado asesor del
Tribunal Administrativo del Cesar y lo pagado por la Dirección de Administración
Seccional del Cesar, para lo cual tomó como punto de referencia el Acuerdo PSAA
12-9203 del 1 de febrero del 2012 e impartió la orden en el periodo comprendido
entre el 10 de mayo de 2014 y hasta que permaneciera en el cargo.

18. Ordenó la reliquidación de todas las prestaciones sociales en favor de la
demandante, sin prescripción y condenó en costas a la demandada.

4 Véase índice 00023 del radicado 20001-23-33-004-2018-00102-00.
5 Véase índice 00044 del radicado 20001-23-33-004-2018-00102-00.

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RECURSO DE APELACIÓN

19. La demandada6 interpuso recurso de apelación, en el cual manifestó que no
resultan claras las razones para inaplicar por inconstitucional el artículo 3.3. del
Acuerdo PCSJA20-11650 de 2020, pues, a parte de mencionar que el Consejo
Superior de la Judicatura no podía asignar un grado a la denominación del cargo,
no expresó razones adicionales que permitan verificar que se agotó de manera
concreta, completa y detallada el estudio de la procedencia de la excepción de
inconstitucionalidad.

20. Que tampoco existía prueba del principio «a trabajo igual salario igual», pues
la demandante no realizó ningún esfuerzo probatorio que se encaminara a realizar
un estudio de la ponderación de las funciones que desempeñaba y aquellas propias
del cargo al que se pretendía equiparar; solo se limitó a indicar que se trataba del
mismo, cuando ambos se crearon mediante disposiciones distintas, con diferente
denominación y perfil.

21. Agregó que para la entidad resulta inviable asumir obligaciones sin respaldo
presupuestal y que a la fecha el Ministerio de Hacienda no ha asignado recursos
para el pago de los mayores valores, según quedó reconocido en la sentencia
apelada, desde el 10 de mayo de 2014 y mientras la demandante permanezca en
el cargo.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. El 18 de diciembre de 20257, fue admitido el recurso de apelación y se
dispuso que, una vez ejecutoriado el auto, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

23. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

24. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

25. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia apelada debe revocarse,
porque, en términos de la apelante, no se analizaron las razones para inaplicar por
inconstitucionales las disposiciones reglamentarias, no se acreditó la igualdad de
perfil y funciones entre los cargos de «abogado asesor de tribunal» y «abogado
asesor grado 23» y se dejó de lado la imposibilidad presupuestal de la demandada
para el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales.

26. Adicionalmente, y según lo resuelto por esta Corporación en la Sentencia de
Unificación Jurisprudencial SUJ-033-CE-S2-2023 del 23 de noviembre de 2023, es

6 Véanse índices 00048 y 00049 del radicado 20001-23-33-004-2018-00102-00.
7 Véase índice 00004 de SAMAI.

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necesario determinar si a partir del 1º de julio de 20228 debe continuar la
remuneración de la demandante como abogado asesor de tribunal.

Marco normativo y jurisprudencial

27. Mediante la Sentencia de Unificación SUJ-033-CE-S2-2023 del 23 de
noviembre de 20239 la Sección Segunda de esta Corporación fijó las pautas que en
adelante se deben considerar en torno a los casos que por aspectos fácticos y
jurídicos se enmarquen en iguales o similares circunstancias a las descritas en ese
asunto.

28. Debe resaltarse que en dicha sentencia se precisó que «(…) las
consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de
unificación constituye (sic) precedente vinculante en los términos del artículo 10 de
la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa
como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son
retrospectivos» (subrayas fuera del original).

29. En la referida providencia esta Corporación analizó la competencia del
Consejo Superior de la Judicatura para la fijación del grado 23 y la respectiva
remuneración para el cargo de «abogado asesor» y se concluyó que, con la
expedición de la normativa reglamentaria en ese sentido, se desbordó la
competencia de la entidad, pues el cargo de «abogado asesor de tribunal judicial»
contaba con una denominación y remuneración reglamentadas en los decretos
anuales que expide el Gobierno Nacional.

30. Dicha conclusión se extendió a lo señalado en el Acuerdo PCSJA22-11968
de 2022, que modificó la denominación del cargo «abogado asesor grado 23» por
la de «profesional especializado grado 23». Respecto de este, se encontró que en
el cambio de denominación se mantuvieron los requisitos del cargo y las mismas
funciones y responsabilidades, lo que llevó a concluir que el objetivo de la variación
fue económico, «(…) al tratar de mantener la remuneración del citado cargo con la
escala salarial del grado 23 y así sustraerlo del artículo 4 de los decretos expedidos
por el Gobierno Nacional frente a la remuneración del cargo de abogado asesor
nominado».

31. De allí que quienes a partir del 1 de julio de 2022 ocuparan el cargo de
«profesional especializado grado 23» también debían remunerarse con el salario
que los decretos del Gobierno Nacional fijan para el cargo de «abogado asesor
nominado de tribunal».

32. Adicionalmente, en la sentencia de unificación se puntualizó que se debían
atender los términos de prescripción establecidos en los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que regulan el régimen prestacional

8 Porque mediante el Acuerdo PCSJA22-11968 del 30 de junio de 2022 se resolvió cambiar la denominación

del cargo «abogado asesor grado 23» por la de «profesional especializado grado 23», con vigencia a partir del
1 de julio de 2022.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 2 de noviembre de 2023. Radicado 08001-23-33-000-

2018-00529-01 (3071-2019).

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de los empleados públicos, según los cuales aquel lapso es de tres (3) años, que
se interrumpe por una sola vez con el reclamo escrito del trabajador. Situación
diferente ocurre frente a las diferencias generadas sobre los aportes para pensión
a cargo del empleador, que pueden reclamarse en cualquier tiempo.

33. Bajo la misma línea de análisis respecto de las competencias del Consejo
Superior de la Judicatura, esta Corporación, mediante sentencia del 23 de octubre
de 202410, proferida en el medio de control de nulidad simple, declaró la nulidad de:
(i) los apartes que contenían la denominación «grado 23» del Acuerdo PSAA15-
10402 del 29 de octubre de 2015 y (ii) la totalidad del Acuerdo PCSJA22-11968 de
202211.

34. Como dicha providencia, al estar ejecutoriada, configuró el fenómeno de cosa
juzgada12 respecto de la falta de competencia del Consejo Superior de la Judicatura
para asignar a los cargos nominados, grados, códigos y remuneración diferentes a
los expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y
prestacional de los empleados de la rama judicial; resulta inadecuado declarar la
excepción de ilegalidad para inaplicar las disposiciones reglamentarias, porque
estas dejaron de existir y de producir efectos, de manera que, deberá estarse a lo
resuelto en el fallo en mención.

35. Tal como lo ha planteado el Consejo de Estado13, la consecuencia directa de
un fallo como el referido es la propia anulabilidad de los actos particulares que
hubiesen materializado la situación jurídica concreta, pues la nulidad conlleva
efectos hacia el pasado, lo que implica que tanto las normas violadas como el
concepto de violación, así como las causales y los argumentos expuestos en la
sentencia de la acción de simple nulidad, necesariamente se trasladan o se hacen
extensibles al litigio derivado de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por el administrado afectado, ya que, en ese contexto, se habla de la
unidad de criterios de ilegalidad por estar directamente relacionados entre sí el acto
general y el particular.

36. Aun así, lo expuesto no quiere decir que sus efectos sean retroactivos, sino
retrospectivos, es decir, que solo afectan todo aquello que no se haya consolidado
al momento de la sentencia y que por tanto aún esté pendiente de discusión en vía
administrativa o judicial, pues lo cierto es que lo que se configuró en virtud de los

10 Radicado: 11001-03-25-000-2017-00617-00 (2965-2017)
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 23 de octubre de 2024. Radicado 11001-

03-25-000-2017-00617-00 (2965-2017).
12
El artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, consagra que la sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida
producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. (…)”.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del

10 de diciembre de 2015. Radicado: 13001-23-31-000-2001-00817-01 (1723-11). Al respecto: «[…] La
declaratoria de nulidad del acto administrativo afecta su validez y, por lo mismo, sus efectos se proyectan hacia
el pasado. Así pues, la doctrina ha señalado de manera unánime, como lo establece Sayagués Laso que “Al
dictarse sentencia anulatoria, el acto se extingue de pleno derecho en virtud de pronunciamiento jurisdiccional.
Además, como la extinción se funda en la invalidez del acto, considerase (sic) que ésta no ha tenido existencia
válida y por tanto los efectos de la extinción se proyectan hacia el pasado (Giorgi) SAYAGUES LASO, Enrique,
Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Clásicos Jurídicos Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura
Universitaria, Montevideo, 2005, No. 1068, p. 548 y 549. […]»

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00101-02 (3498-2025)

fenómenos de cosa decidida14 o cosa juzgada, ya no son susceptibles de
modificación alguna en observancia del principio de seguridad jurídica 15.

Resolución al caso concreto

37. Del acervo probatorio se puede establecer que:

• Según certificación expedida por la Oficina de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Valledupar el 15 de mayo de 2017, la
señora Eileen Carolina Hernández Acosta desempeño el cargo de «abogado
asesor 23» desde el 30 de octubre de 2015 a la fecha de generación del
documento16.

• Para entonces, el salario fijado para el cargo de «abogado asesor grado 23»
correspondía a la suma de $4.500.334,0017; mientras que la remuneración
mensual del cargo «abogado asesor de tribunal» ascendía a $6.014.787 18;
diferencia que se mantuvo durante las vigencias objeto de la certificación (2015
a 2017), al contrastarlas con los respectivos decretos anuales (245 de 2026 y
1003 de 2017).

38. Según se acreditó por la demandada, su salario se liquidó y pagó de
conformidad con la escala prevista para el cargo de «abogado asesor grado 23» 19
y, por tanto, se mantuvo la diferencia en la remuneración respecto de aquella que
la normativa del Gobierno Nacional fijó en cada vigencia para el cargo de «abogado
asesor de tribunal».

39. Es pertinente aclarar que si bien el Consejo Superior de la Judicatura tiene
competencia para crear los cargos, determinar las funciones, señalar los requisitos
y no establecer obligaciones a cargo del tesoro que excedan el monto global fijado
para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales, no podía arrogarse
la competencia para fijar una remuneración al cargo de «abogado asesor» de
Tribunal, que se encontraba dentro del listado de los cargos nominados en los

14 La cosa decidida se ha entendido doctrinalmente como el símil de la figura de la cosa juzgada respecto de

los actos administrativos que cobran plena validez y resultan inmodificables cuando una vez en firme al haberse
concluido la actuación administrativa en primera y segunda instancia (si la hubo), nunca fueron demandados
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo oportunamente, esto es, dentro del correspondiente
término de caducidad, lo que los hace inviables de enjuiciamiento y anulación en vía judicial, generando a la
vez una firmeza plena de lo “decidido” o resuelto por la administración.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de diciembre de 2015, radicación

número: 68001-23-31-000-2001-02679-01(1485-15), tesis reiterada en la sentencia del 19 de julio de 2018,
radicado: 68001-23-33-000-2001-02647-02(1166-15). Lo expuesto fue ratificado por esta corporación en un
proceso similar al presente en el que se planteó lo siguiente: «[…] es pertinente indicar que la nulidad declarada
de un acto general, de un acto regla, de una ley, deja de producir el efecto esperado, esto es, deja de ser parte
del ordenamiento jurídico. Lo que quiere decir que la sentencia no afecta las situaciones jurídicas consolidadas,
pero sí puede afectar aquellas que no lo están, como el caso objeto de estudio, que actualmente se debate en
la Sala. […]»
16 Véanse páginas 42-43 del archivo 01 del expediente digital. También véanse la Resolución 016 del 30 de

octubre de 2015, mediante la cual fue nombrada (páginas 38-39 del mismo archivo y el acta de posesión de la
misma fecha (página 40).
17 Remuneración que corresponde a la fijada en el artículo 6 de los distintos decretos reglamentarios, disposición

que, como condición para su aplicación, determinó que aquella procedía para los empleos «cuya denominación
del cargo no esté señalada en los artículos anteriores».
18 Artículo 1 del Decreto 1257 de 2015 y, en lo sucesivo, artículo 1 de los respectivos decretos reglamentarios.
19 Según se extrae del informe acumulado de conceptos por empleado, del periodo 01/01/2009 al 30/04/2017,

con fecha de generación del 15 de mayo de 2017 (véanse páginas 44 a 65 del archivo 01 del expediente digital).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00101-02 (3498-2025)

decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias
señaladas en la Ley 4 de 1992, por lo que tampoco podía asignarle grados, códigos
adicionales o determinarle una remuneración diferente, porque la competencia para
ello recae únicamente en el Gobierno Nacional.

40. Al aplicar al caso objeto de análisis la regla de unificación fijada en la
sentencia SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, se advierte, como lo
hizo el Tribunal Administrativo del Cesar, que el salario que se le canceló a la
demandante como «abogado asesor grado 23» fue inferior al establecido
anualmente por el presidente de la República para el cargo de «abogado asesor»
de Tribunal Judicial.

41. Las anteriores constituyen razones de legalidad y constitucionalidad
suficientes para que en la sentencia apelada se inaplicaran con efectos interpartes
el artículo 1 del Acuerdo PSAA 12-9203 del 1 de febrero de 2012 y el artículo 89 del
Acuerdo PSAA 15-10402 del 29 de octubre de 2015, de manera que para la Sala
no es de recibo el argumento de la demandada, relacionado con la insuficiencia
argumentativa para aplicar la excepción de inconstitucionalidad.

42. Para la Sala tampoco es de recibo la consideración de la apelante según la
cual no se encuentra acreditado en el expediente la igualdad de funciones,
responsabilidades y carga laboral entre los cargos comparados, pues, según se
precisó en la sentencia de unificación ya referenciada, la variación en la
denominación del cargo no obedeció a una modificación sustancial de su contenido
funcional ni a un reordenamiento estructural de la planta; por el contrario, se trató
de un ajuste meramente formal, ya que el cargo de «abogado asesor» no existía en
la Rama Judicial bajo el denominado «grado 23».

43. Es por esto por lo que, la equivalencia funcional no solo se presume, sino
que se encuentra respaldada en los mismos acuerdos de creación de los cargos; lo
que cobró mayor fuerza con la expedición del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022,
que varió la denominación «abogado asesor grado 23» por la de «profesional
especializado grado 23» a partir del 1 de julio de 2022, modificación meramente
nominal, pues en la misma norma reglamentaria se mantuvieron los mismos
requisitos de experiencia y perfil y no se afectaron las funciones, la remuneración ni
la carga prestacional.

44. De allí que en la ya citada sentencia de unificación esta Corporación
encontrara que aquella variación resultaba también contraria a las competencias de
la entidad, máxime teniendo en cuenta que quienes se nombraron en tal calidad
continuaron ejerciendo las mismas funciones y percibiendo la misma remuneración
que los «abogados asesores grado 23».

45. En línea con ese razonamiento, la Sala advierte que si para el 1 de julio de
2022 la demandante se encontraba vinculada al cargo que pasó a denominarse
«profesional especializado grado 23», debe remunerarse como «abogado asesor
nominado de tribunal judicial» durante el tiempo en que hubiere permanecido en el
mismo.

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46. Como se señaló previamente, mediante la sentencia del 23 de octubre de
2024 se declaró la nulidad del aparte «grado 23», contenido en distintos acuerdos
expedidos por la presidencial del Consejo Superior de la Judicatura, entre ellos, el
artículo 89 del Acuerdo PSAA15-10402 del 23 de octubre de 2024; no así en
relación con el Acuerdo PSAA 12-9203 de 2012.

47. En ese orden, se modificarán los ordinales primero, cuarto y quinto de la
sentencia apelada, en el siguiente sentido:

(i) En el ordinal primero, se determinará estarse a lo resuelto en la sentencia del 30
de enero de 2025 respecto del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015

(ii) En los ordinales cuarto y quinto se agregará un inciso para precisar que los
reconocimientos allí ordenados también abarcarán el periodo durante el cual la
demandante se hubiese desempeñado en el cargo de «profesional especializado
grado 23»; modificación que, se advierte, no implica una reforma en peor, pues no
puede dejarse de lado que el razonamiento detrás de esta previsión parte de
considerar que, para todos los efectos, la variación entre los cargos «abogado
asesor grado 23» y «profesional especializado grado 23» fue meramente nominal.

48. Finalmente, no se analizará el argumento relacionado con la imposibilidad
presupuestal para dar cumplimiento a la orden de pago de las diferencias salariales
y prestacionales, pues tales manifestaciones no están dirigidas a cuestionar los
elementos fácticos y jurídicos que estudió el Tribunal Administrativo del Cesar para
acceder a las pretensiones, sino que plantean una problemática en la ejecución de
la orden, que escapa al objeto del litigio y desborda el juicio sobre la
constitucionalidad y legalidad en el ejercicio de las competencias de la entidad.

De la condena en costas en segunda instancia

49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la

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liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

52. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Cesar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR los ordinales primero, cuarto y quinto de la sentencia
proferida el veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo del Cesar, los cuales quedarán de la siguiente manera:

«PRIMERO. INAPLICAR PARCIALMENTE por inconstitucionalidad y
solamente entre las partes de este proceso, el artículo 1º del Acuerdo PSAA 12-
9203 del 01 de febrero del 2012, al signar el grado 23 al cargo de Abogado
Asesor, creado para el Tribunal Administrativo del Cesar. En cuanto al artículo
89 del Acuerdo PSAA-15-10402 del 29 de octubre de 2015, ESTARSE a lo
resuelto en la sentencia del 23 de octubre de 2024, proferida en el medio de
control de nulidad simple bajo el radicado 11001-03-25-000-2017-00617-00
(2965-2017), mediante la cual se anuló la referida disposición.
(…)
CUARTO. A título de Restablecimiento del Derecho, condenar a la NACION-
RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION
EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE
VALLEDUPAR, a que se le reconozca y pague a la demandante la diferencia
existente mensual, del salario que debe devengar como abogado asesor del
Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con la escala salarial
contemplada en los en los Decretos 1024 del 2013; 194 del 2014; 1257 del
2015; 245 del 2016; 1003 del 2017, y lo pagado por la Dirección de
Administración Seccional del Cesar, tomando como punto de referencia el
acuerdo PSAA 12-9203 del 1º de febrero del 2012, expedido por la sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a partir del 10 de mayo
del 2014 y hasta que permanezca en el cargo.

Este reconocimiento también abarcará el periodo durante el cual el cargo
pasó a denominarse «profesional especializado grado 23», de haberlo
ocupado la demandante y mientras hubiese permanecido en el mismo.

QUINTO. Que se ordene la reliquidación de todas sus prestaciones sociales en
favor de la demandante, como lo son: la prima de navidad, la prima de servicios,
las vacaciones, prima de vacaciones, la bonificación por los servicios prestados,
las cesantías y los intereses a las cesantías, la prima de productividad, a que
tiene derecho, teniendo en cuenta lo expresado en el numeral anterior, y
tomando como punto de referencia la escala salarial, prevista en los decretos
anteriormente señalados y el cargo que desempeña, a partir del 10 de mayo del
año 2014, y hasta que permanezca en el cargo.

Este reconocimiento también abarcará el periodo durante el cual el cargo

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pasó a denominarse «profesional especializado grado 23», de haberlo
ocupado la demandante y mientras hubiese permanecido en el mismo».

Tercero. CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia apelada.

Cuarto. Condenar en costas a la parte demandada. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Cesar.

Quinto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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