RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2021-00174-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00174-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00174-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. Estarse a lo dispuesto en la sentencia del 23 de octubre de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad de los apartes que contenían la expresión «grado 23» del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y la totalidad del Acuerdo PCSJA22- 11968 de 2022 mediante el cual se cambió la denominación del mencionado empleo por la de profesional especializado «grado 23», según lo expuesto en las consideraciones. SEGUNDO. REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 2 de febrero de 2023, emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío en cuanto inaplicó los apartes y acuerdos allí mencionados. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia recurrida, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la entidad demandada, según lo expuesto en las consideraciones. QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2021-00174-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 63001 23 33 000 2021 00174 01 (3955-2023)
Demandante: Víctor Hugo Arango Uribe
Demandado: Nación - Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Tema: Remuneración abogado asesor «grado 23»
Decisión: Revoca el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, ordena estarse a lo resuelto en providencia del 23 de
octubre de 2024; se confirma en lo demás. Se imponen costas de
segunda instancia a la Rama Judicial.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia del 2 de febrero de 2023, emitida por el Tribunal
Administrativo del Quindío.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad del oficio
DESAJARO-19-3821 del 30 de diciembre de 2019 y del acto ficto o presunto negativo
derivado de la falta de respuesta frente al recurso de apelación.

2. Adicionalmente, pidió inaplicar por inconstitucional la expresión «grado 23» en
el cargo de abogado asesor contenida en los Acuerdos PSAA12-9524 de 2012; PSAA12-
9558 de 2012; PSAA12-9781 de 2012; PSAA13-9897 de 2013; PSAA13-9962 de 2013;
PSAA13-9991 de 2013; PSAA13-10048 de 2013; PSAA13-10068 de 2013; PSAA13-
10072 de 2013; PSAA14-10156 de 2014; PSAA14-10195 de 2014; PSAA14- 10197 de
2014; PSAA14-10251 de 2014; PSAA14-10277 de 2014; PSAA14-10282 de 2014;
PSAA15-10288 de 2015; PSAA15-10323 de 2015; PSAA15-10335 de 2015; PSAA15-
10356 de 2015; PSAA15- 10363 de 2015; PSAA15-10371 de 2015; PSAA15- 10377 de
2015; PSAA15-10385 de 2015 y PSAA15-10402 de 2015, expedidos por el Consejo
Superior de la Judicatura.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la demandada
reconocer, reliquidar y pagar los valores dejados de recibir por concepto de las diferencias

1 En adelante Rama Judicial.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 63001 23 33 000 2021 00174 01 (3955-2023)
Demandante: Víctor Hugo Arango Uribe

salariales y prestacionales entre lo que percibió como abogado asesor «grado 23» y lo
establecido para el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial, según los decretos
salariales expedidos anualmente por el Gobierno nacional, lo anterior con efectos
retroactivos y hasta que siga fungiendo en el primer cargo mencionado. Además, pidió
que al momento de determinar tal diferencia, se liquide la bonificación judicial establecida
en el Decreto 383 de 2013 correspondiente al cargo de abogado asesor de Tribunal y no
al del grado 23. Por otra parte, reclamó las diferencias de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud y Pensión y el ajuste de la condena con base en el índice de
precios al consumidor.

4. Argumentó que ha laborado en el Tribunal Administrativo del Quindío como
abogado asesor desde el 1° de noviembre de 2017 hasta el 6 de mayo de 2021, motivo
por el cual considera que le son aplicables los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024
de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018, 991 de
2019, 299 de 2020 y 982 de 2021, expedidos por el Gobierno nacional con fundamento
en la Ley 4ª de 1992.

5. Adujo que la bonificación judicial establecida en el Decreto 383 de 2013 es
superior para el «grado 23» que aquella dispuesta para el cargo de abogado asesor de
Tribunal Judicial.

6. Señaló que el 13 de diciembre de 2019 formuló reclamación ante la entidad
demandada en la que solicitó inaplicar por inconstitucional la expresión «grado 23»
contenida en los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura en tanto
que se otorgó una remuneración diferencial respecto de los abogados asesores de
Tribunal Judicial, la cual fue despachada negativamente mediante los actos acusados.

Contestación de la demanda

7. La Rama Judicial2 se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que los
actos acusados gozan de presunción de legalidad pues fueron expedidos con base en
las facultades otorgadas en la Ley 270 de 1996; en ese sentido, consideró que el Consejo
Superior de la Judicatura es autónomo para tomar decisiones encaminadas al
mejoramiento del funcionamiento de la administración de justicia, lo cual incluye la
creación temporal de cargos. En virtud de ello creó de manera provisional el empleo de
«abogado asesor grado 23», distinto al previsto en la Ley 4ª de 1992 y en el Decreto 57
de 1993, pues su remuneración es acorde con sus funciones y responsabilidades.

8. Afirmó que le pagó al demandante la asignación salarial correspondiente al
cargo desempeñado, esto es, la de abogado asesor «grado 23». En consecuencia,
formuló las excepciones de presunción de legalidad de los actos administrativos, falta de
causa para demandar y cualquier otra que se encuentre probada.

Sentencia apelada

2 Índice 2 de Samai.

2

Radicación: 63001 23 33 000 2021 00174 01 (3955-2023)
Demandante: Víctor Hugo Arango Uribe

9. El Tribunal Administrativo del Quindío3 inaplicó por inconstitucional e ilegal la
expresión «grado 23» utilizada para denominar el cargo de abogado asesor contenida en
los Acuerdos PSAA15-10402 de 2015, PSAA15-10356 de 2015 y PSAA15-10363 de
2015, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura; anuló los actos acusados y se
abstuvo de condenar en costas.

10. A título de restablecimiento del derecho condenó a la entidad a reconocer,
liquidar y pagar las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el empleo de
abogado asesor grado 23 y el de abogado asesor de tribunal judicial a partir del 1° de
noviembre de 2017 y hasta que haya desempeñado dicho cargo, con los reajustes
anuales a que haya lugar. Ordenó que al momento de liquidar las diferencias salariales
se tenga en cuenta la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013 correspondiente al
cargo de abogado asesor y no la de grado 23.

11. En consecuencia, ordenó a la entidad demandada efectuar los aportes al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones y Salud con destino a las entidades a las que
se encontrara afiliado el demandante y realizar los descuentos a cargo de este, todo ello
durante los períodos en los que prestó sus servicios como abogado asesor de Tribunal
Judicial. Por último, dispuso el ajuste de la condena conforme al IPC.

12. Para arribar a lo anterior, sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura
carecía de competencia para fijar la remuneración del cargo de abogado asesor, así como
para asignarle grados salariales adicionales, en contravía de lo dispuesto por el Gobierno
Nacional. En tal sentido, concluyó que los actos demandados vulneran el artículo 150
superior, la Ley 4ª de 1992 y los Decretos 057 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y 194
de 2014. Lo anterior, porque al actor se le reconoció y pagó un salario correspondiente
al «grado 23», cuando debió percibir el fijado por el presidente de la República para el
cargo de abogado asesor de Tribunal con los ajustes anuales correspondientes.

13. Por último, señaló que no operó la prescripción pues en el caso concreto la
exigibilidad del derecho surgió con la inaplicación de los Acuerdos PSAA15-10402 del 29
de octubre de 2015, PSAA15-10356 del 29 de mayo de 2015 y PSAA15-10363 del 30 de
junio del mismo año.

Recurso de apelación

14. Inconforme con la decisión, la Rama Judicial interpuso recurso de apelación4
en el que adujo que los actos acusados fueron expedidos con sometimiento al principio
de legalidad, que el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de su autonomía
administrativa, otorgada en la Constitución Política y en la Ley 270 de 1996, expidió el
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, mediante el cual creó el cargo de
abogado asesor «grado 23» en los Tribunales Administrativos y Superiores, distinto al de
abogado asesor de la Ley 4ª de 1992, con lo que buscó atender necesidades de las

3 Índice 30 de Samai - Tribunales.
4 Índice 34 de Samai - Tribunales.

3

Radicación: 63001 23 33 000 2021 00174 01 (3955-2023)
Demandante: Víctor Hugo Arango Uribe

diferentes jurisdicciones y especialidades, fijando para ello una remuneración
proporcional a las funciones y responsabilidades asignadas.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

15. Mediante auto del 12 de octubre de 20235 se admitió el recurso de apelación.
La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa6.

16. Por su parte el demandante7 se pronunció frente al recurso de apelación
precisando que si bien el Consejo Superior de la Judicatura puede intervenir en la
regulación de cargos y en la definición de sus funciones, carece de competencia para
modificar la remuneración o asignar grados salariales a empleos cuya nomenclatura y
asignación salarial han sido fijadas por el Gobierno nacional.

17. En ese orden de ideas, consideró que no le asiste razón a la entidad al
sostener que el cargo de abogado asesor «grado 23» no guarda relación con el cargo de
«abogado asesor» de la Ley 4ª de 1992, máxime cuando el Consejo de Estado, en
sentencia del 24 de agosto de 2023, emitida en el proceso con radicado 15001 23 33 000
2018 00422 01 (0810-2021) determinó que «las denominaciones de ambos cargos son
idénticas y que no se ha demostrado de manera concluyente que las funciones y
responsabilidades sean sustancialmente diferentes».

18. En auto del 1° de diciembre de 20258 se rechazó por extemporánea una prueba
allegada en segunda instancia por la parte demandante.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

20. En concordancia con lo expuesto en el recurso de apelación, esta Sala debe
determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, dentro del marco de sus competencias
constitucionales y legales podía asignar la denominación «grado 23» al cargo de
«abogado asesor» ocupado por el demandante.

Análisis del problema jurídico

5 Índice 4 de Samai.
6 No se observa manifestación al respecto en el informe secretarial visible en índices 12 y 23 de Samai.
7 Índice 9 de Samai.
8 Índice 19 de Samai.

4

Radicación: 63001 23 33 000 2021 00174 01 (3955-2023)
Demandante: Víctor Hugo Arango Uribe

21. La Sala revocará el numeral primero de la parte resolutiva de la providencia
recurrida, ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia emitida el 23 de octubre de 2024;
se confirmará en lo demás la providencia, y se impondrán costas de segunda instancia a
la Rama Judicial.

22. En el sub lite se encuentra acreditado9 que el señor Víctor Hugo Arango Uribe
laboró como abogado asesor grado 23 en la Sección Primera del Tribunal Administrativo
del Quindío, en provisionalidad, desde el 1° de noviembre de 2017 y hasta el 5 de mayo
de 202110. Dentro de su asignación mensual recibió como remuneración lo que percibe
un abogado asesor grado 23 durante el desempeño de dicho empleo y no el valor que
devengan quienes ostentan el cargo de abogado asesor de Tribunal Judicial; para el
efecto, a continuación, se relacionan los pagos realizados11 por concepto de asignación
básica en el ejercicio del referido empleo:

Relación Frecuencia 2017 2018 2019 2020 2021
de pago
Asignación
básica mensual Cada 30 días $ 5.177.386 $ 5.440.914 $ 5.685.756 $ 5.976.866 $ 5.976.866

23. Por lo anterior, el 13 de diciembre de 201912 formuló petición en la que reclamó,
por un lado, la nivelación salarial y prestacional establecida en el artículo 4 de los
Decretos 1039 de 2011; 874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014 y en el artículo 1° de
los Decretos 1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 de 2017; 337 de 2018 y 991 de 2019
correspondientes al cargo de abogado asesor sin grado, y por otro lado, la inaplicación
del aparte «grado 23» dispuesto en los acuerdos13 expedidos por el Consejo Superior de
la Judicatura. Dicha solicitud dio origen a los actos demandados, a saber: oficio
DESAJARO19-3821 del 30 de diciembre de 201914, expedido por el director seccional de

9 Índice 2 Samai; expediente digital. Resolución de nombramiento 026 del 27 de octubre de 2017 y Acta de

posesión del 30 del mismo mes y año con efectos fiscales a partir del 1° de noviembre de 2017; Resolución
de nombramiento 002 del 8 de marzo de 2019 y Acta de posesión de la misma fecha; certificación laboral
expedida el 31 de diciembre de 2019 por el profesional universitario del área de talento humano de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
10 De conformidad con el certificado de pago expedido el 4 de octubre de 2021;

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Para tal efecto, refirió los siguientes: PSAA12-9524 de 2012; PSAA12-9558 de 2012; PSAA12-9781 de

2012; PSAA13-9897 de 2013; PSAA13-9962 de 2013; PSAA13-9991 de 2013; PSAA13-10048 de 2013;
PSAA13-10068 de 2013; PSAA13-10072 de 2013; PSAA14-10156 de 2014; PSAA14-10195 de 2014;
PSAA14-10197 de 2014; PSAA14-10251 de 2014; PSAA14-10277 de 2014; PSAA14-10282 de 2’14;
PSAA15-10288 de 2015;PSAA15-10323 de 2015; PSAA15-10335 de 2015; PSAA15-10356 de 2015;
PSAA15-10363 de 2015; PSAA15-10371 de 2015; PSAA15-10377 de 2015; PSAA15-10385 de 2015 y
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015.
14 Ibidem.

5

Radicación: 63001 23 33 000 2021 00174 01 (3955-2023)
Demandante: Víctor Hugo Arango Uribe

administración judicial de Armenia, por medio del cual negó lo pedido y el acto ficto
producto de la falta de respuesta frente al recurso de apelación interpuesto.

24. Con el fin de resolver el reparo formulado por la Rama Judicial, es necesario
señalar que la Sala tendrá en cuenta15 la regla de unificación establecida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 2 de noviembre de 2023 16 con
respecto a las competencias en la fijación del régimen salarial y prestacional de la Rama
Judicial, en la que se dispuso:

UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que “El Consejo Superior de la
Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos nominados17, grados, códigos
y remuneración diferentes a los previstos en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos
anuales expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y
prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente
de la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales
Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos
por el gobierno nacional sobre la materia”.

25. En virtud de lo anterior, se concluye que si bien es cierto corresponde al
Gobierno nacional fijar anualmente el régimen salarial y prestacional de los cargos de la
Rama Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura crear los empleos y realizar las
incorporaciones a las plantas de personal, de conformidad con las facultades otorgadas
por la Constitución Política y por la Ley 270 de 1996, también lo es que este último carece
de competencia para asignar grados, códigos y remuneración diferente a los empleos
nominados y, concretamente, no estaba facultado para asignar un grado y remuneración
diferente al cargo de abogado asesor de Tribunal.

26. En otras palabras, la citada sentencia de unificación señaló que el salario del
cargo de «abogado asesor grado 23» de Tribunales Administrativos, se encontraba
dentro del listado de los cargos nominados establecidos por el presidente de la República,
quien en uso de las competencias plasmadas en la Ley 4ª de 1992 expidió los Decretos
1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 que previamente ya habían
fijado cómo debía remunerarse el empleo de «abogado asesor». En consecuencia, afirmó
que la labor ejercida en el cargo de «abogado asesor grado 23» de Tribunales
Administrativos, debía remunerarse de acuerdo con el artículo 4° de los Decretos 1039
de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014.

15 En el numeral segundo de la resolutiva de la sentencia mencionada se dispuso: «ADVERTIR a la
comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema
objeto de unificación constituye precedente vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de
2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos
de la presente sentencia de unificación son retrospectivos. Los casos en los que haya operado la cosa
juzgada serán inmodificables».
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación

SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001 23 33 000 2018 00529 01 (3071-2019).
17 Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la referencia

numérica.

6

Radicación: 63001 23 33 000 2021 00174 01 (3955-2023)
Demandante: Víctor Hugo Arango Uribe

27. Por lo tanto, sostuvo que era inadmisible la interpretación realizada por el
Consejo Superior de la Judicatura, a partir de la cual al agregar «grado 23» al cargo de
«abogado asesor» creaba una categoría especial de empleo no regulada por el artículo
4° de los decretos salariales anuales y, en ese contexto, debía remunerar dicho empleo
con la escala del artículo 6° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013,
y 194 de 2014; ya que no es aceptable que aquella corporación «pueda variar la
denominación contemplada en el artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993,
lo cual resulta ilegal e inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo
denominado “abogado asesor”, afectó negativamente la remuneración salarial y
prestacional del mismo»18 [resaltado y comillas originales del texto], a saber19:

Decreto anual expedido por el
presidente de la República en “Abogado asesor de “Grado 23”
uso de las facultades previstas Tribunal Judicial”
en la Ley 4ª de 1992
1039 de 2011 $ 5.140.170 $ 3.845.934
874 de 2012 $ 5.397.179 $ 4.038.231
1024 de 2013 $ 5.582.842 $ 4.177.147
194 de 2014 $ 5.746.978 $ 4.299.956
1257 de 2015 (4.66%) $ 6.014.797 $ 4.500.333
245 de 2016 (7.77%) $ 6.482.146 $ 4.850.008
1013 de 2017 (6.75%) $ 6.919.690 $ 5.177.383
337 de 2018 (5.09%) $ 7.271.902 $ 5.440.912
991 de 2019 (4.5%) $ 7.599.137 $ 5.685.753
299 de 2020 (5.12%) $ 7.988.212 $ 5.976.863

28. Bajo este panorama, en virtud de lo probado y en aplicación de la regla fijada
en la sentencia de unificación citada se observa que la entidad demandada reconoció y
pagó al señor Víctor Hugo Arango Uribe derechos salariales y prestacionales como
«abogado asesor grado 23» del Tribunal Administrativo del Quindío, los cuales eran
inferiores a los fijados por el presidente de la República a través de los decretos anuales
para el cargo de «abogado asesor» de Tribunal Judicial.

29. Por lo expuesto, esta Sala concuerda con lo decidido por el a quo al acceder
a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, fue acertado que se dispusiera el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo
que le fue pagado como abogado asesor grado 23 y el cargo de abogado asesor de
Tribunal Judicial, desde la fecha en que ingresó al referido empleo y mientras se
encuentre vigente la relación laboral; teniendo en cuenta que la solicitud fue radicada
ante la entidad demandada el 13 de diciembre de 2019 y ejerció el cargo de abogado
asesor grado 23 desde el 1° de noviembre de 201720, luego el derecho no estaba
afectado por el fenómeno prescriptivo.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación

SUJ033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019).
19 Información tomada de ibidem.
20 Por los periodos mencionados en el párrafo 24 que antecede.

7

Radicación: 63001 23 33 000 2021 00174 01 (3955-2023)
Demandante: Víctor Hugo Arango Uribe

30. No obstante, se precisa que en sentencia del 23 de octubre de 202421, esta
Sección declaró la nulidad de los apartes que contenían la expresión «grado 23» del
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y la totalidad del Acuerdo PCSJA22-
11968 de 2022 mediante el cual se cambió la denominación del cargo de abogado asesor
grado 23 por la de profesional especializado grado 23, motivo por el cual se revocará el
numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, mediante el cual inaplicó
lo pertinente de los decretos salariales anuales. Adicionalmente, como a la vigencia de la
presente decisión tal expresión y el Acuerdo mencionado no hacen parte del
ordenamiento jurídico al haber sido anulados22, se ordenará estarse a lo dispuesto en
dicha providencia.

Condena en costas

31. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.

32. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

21 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección A, radicado 11001 03 25 000 2017 00617 00 (2965-

2017).
22 Al respecto ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 19001 23 33 004 2021

00205 02 (5011-2024) en donde se indicó: «Ley 1437 de 2011. “Artículo 189. Efectos de la sentencia. La
sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada
erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con
la causa petendi juzgada. (…)”. Cabe precisar que los efectos de la nulidad inciden en las situaciones que
se encuentran en discusión, ante la administración o ante el juez. En términos de esta Corporación: “Esta
consecuencia resarcitoria [refiriéndose al artículo 1746 del Código Civil] implica, en materia contenciosa
administrativa, que los efectos de los fallos que declaran la nulidad sean hacía el pasado, esto es ex tunc,
ya que no basta que el acto ilegal sea retirado del ordenamiento jurídico a partir de la decisión judicial, sino
que es necesario que las situaciones particulares que surgieron en su vigencia queden como estaban ab
initio, ya que no de otra manera podrían restituirse las cosas a su estado anterior. Sin embargo, estos
efectos ex tunc solo pueden predicarse de situaciones jurídicas particulares que no están consolidadas, es
decir, de aquellas que surgieron en virtud del acto declarado nulo, pero que aún no se han definido, porque
se encuentran cuestionadas en sede administrativa o judicial. No ocurre lo mismo respecto de las
situaciones consolidadas que ya no son susceptibles de ser discutidas en vía administrativa y/o judicial,
por cuanto los fallos de nulidad no las pueden afectar, porque sus efectos son ex nunc” (corchetes fuera
del original). Cfr.: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Novena Especial
de Decisión. Sentencia del 13 de agosto de 2021. Radicado 66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG)REV.
Sobre los efectos de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos cfr. también: Consejo de Estado.
Sección Cuarta. Sentencia del 6 de marzo de 2003. Radicado 25000-23-27-000-2000-0697-01 (13022).
Consejero Ponente: Juan Ángel Palacio Hincapié y Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 27
de octubre de 2005. Radicado 08001-23-31-000-2001-02351-01 (14979). Consejero Ponente: Héctor J.
Romero Díaz».

8

Radicación: 63001 23 33 000 2021 00174 01 (3955-2023)
Demandante: Víctor Hugo Arango Uribe

33. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

34. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada, por cuanto
no prosperaron los reparos del recurso de apelación. Para tal efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Quindío.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. Estarse a lo dispuesto en la sentencia del 23 de octubre de 2024, mediante
la cual se declaró la nulidad de los apartes que contenían la expresión «grado 23» del
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y la totalidad del Acuerdo PCSJA22-
11968 de 2022 mediante el cual se cambió la denominación del mencionado empleo por
la de profesional especializado «grado 23», según lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO. REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 2 de
febrero de 2023, emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío en cuanto inaplicó los
apartes y acuerdos allí mencionados.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia recurrida, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la entidad demandada, según
lo expuesto en las consideraciones.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

9

Radicación: 63001 23 33 000 2021 00174 01 (3955-2023)
Demandante: Víctor Hugo Arango Uribe

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CMTG

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.