Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00422-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2018-00422-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2018-00422-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2018-00422-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
24 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional
de Administración Judicial Tunja, Boyacá
Temas: Nivelación salarial del cargo de abogado asesor grado 23 de
tribunal judicial.
Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 25 de junio de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión 3, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la
demanda.
Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1, María Alejandra Guevara Cifuentes presentó demanda en orden a:
• Inaplicar los acuerdos de creación de las medidas de descongestión del Consejo
Superior de la Judicatura, en lo que se refiere a la creación del cargo que se
denominó «abogado asesor, grado 23», en los despachos de descongestión y
permanentes del Tribunal Administrativo de Boyacá, así como las sucesivas
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
prórrogas. De igual manera, el acuerdo que creó el mencionado empleo de forma
definitiva en la planta de cargos de dicha corporación.
• Declarar la nulidad del Oficio DESAJTUO18-195 del 1 de febrero de 2018, que
denegó la solicitud de reliquidación de las diferencias salariales, entre el empleo
de «abogado asesor grado 23» y el de «abogado asesor» sin grado, y del acto ficto
derivado del silencio administrativo frente al recurso de apelación interpuesto por
la titular de ese acto el 21 de los mismos mes y año.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
i) declarar para todos los efectos que ha ejercido el cargo de abogado asesor, sin
grado, desde su posesión; ii) condenar a la demandada a reconocer y pagar la
diferencia salarial y prestacional entre lo que percibió como «abogado asesor grado
23» y lo que debía recibir según el salario establecido para el cargo de «abogado
asesor» sin grado; iii) pagar las sumas adeudadas con respecto a cada uno de los
meses en los que ha ejercido como abogada asesora en el Tribunal Administrativo
de Boyacá y hasta la fecha de la sentencia que ponga fin al proceso, en caso de
que la demandante aún se encontrara ejerciendo dicho cargo; iv) ordenar al Consejo
Superior de la Judicatura que expida un acuerdo en el que se indique expresamente
que el cargo de «abogado asesor», adscrito a la planta de cargos del Tribunal
Administrativo de Boyacá, no tiene asignación de grado alguno, con las
implicaciones salariales y prestacionales que ello comporta; v) condenar a la
demandada en costas y agencias en derecho; y vi) dar cumplimiento al fallo en los
términos de los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes2:
• Por medio del Acuerdo PSAA117-7855 del 28 de febrero de 20113, el Consejo
Superior de la Judicatura dispuso la creación de un cargo de «abogado asesor,
grado 23» para los despachos de magistrado del Tribunal Administrativo de
Boyacá4 y posteriormente se estableció como permanente por medio del
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015.
2 Folios 263 a 266.
3 «Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión para el Tribunal Administrativo de
Boyacá», a partir del 1 de marzo hasta el 16 de diciembre de 2011.
4 El cual fue prorrogado por medio de los acuerdos PSAA12-9213 del 2 de febrero de 2012 y
PSAA12- 9524 del 21 de junio de 2012, entre otros actos administrativos de igual naturaleza hasta
el año 2015.
2
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
• María Alejandra Guevara Cifuentes se ha desempeñado como «abogado
asesor, grado 23» en los siguientes periodos: i) desde el 3 de marzo de 2011
hasta el 15 de julio de 2012; ii) entre el 1 de octubre de 2012 y el 31 de julio
de 31 de julio de 2014; iii) del 6 de agosto al 15 de noviembre de 2014; iv)
desde el 20 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2014; v) entre el16 de
febrero y el 31 de octubre de 2015; y vi) a partir del 1 de noviembre de 2015
hasta la fecha de expedición del certificado, esto es, el 30 de noviembre de
2017.
• El 30 de octubre de 2017, elevó petición ante la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Tunja, en orden a «inaplicar bajo la excepción de
inconstitucionalidad la expresión “grado 23” contenida en los citados acuerdos y sus
prórrogas, en tanto le otorgaron una remuneración diferente a los empleados que
ocupan el cargo de abogado asesor en tribunales a nivel nacional […]»; y el
reconocimiento y pago de la consecuente reliquidación con efectos
retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.
• A través del Oficio DESAJTUO18-195 del 1 de febrero de 2018, el director
ejecutivo seccional de Tunja negó la anterior reclamación. De conformidad
con el artículo 63 de la Ley 270 de 19965 y en desarrollo del Plan Nacional de
Descongestión, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
se encuentra facultada para crear cargos de carácter transitorio, siempre que
no exceda el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales. Además, las condiciones laborales del empleo fueron
aceptadas al momento de la posesión.
• El 21 de febrero de 2018 interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, frente al cual se configuró el silencio administrativo negativo.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 9, 13, 25, 29, 53, 93
y 209 de la Constitución Política; las leyes 54 de 1962, 16 de 1972, 4 de 1992, 270
de 1996, 1496 de 2011; y los decretos 1950 de 1973 (artículo 8), 1039 de 2011, 874
de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y
337 de 2018.
En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos6:
5 Modificado por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009.
6 Folios 269 a 314.
3
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
i) Infracción de la Constitución Política
La asignación de «grado 23» impuesta al abogado asesor de tribunal judicial
desconoció los derechos a la igualdad dentro del marco jurídico y económico, pues
dispuso la creación de un empleo público con un grado de asignación que dio lugar
a una remuneración distinta en la escala salarial, con lo cual se excedió en el
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales. Esto además implicó el
desconocimiento del derecho al trabajo que, como uno de los principios fundantes
del Estado, debe retribuirse en los términos señalados en la Norma Superior y la ley
a fin de que el trabajador pueda mejorar sus condiciones de vida.
La actuación de la administración acusada vulneró el principio de «trabajo igual,
salario igual» previsto en el artículo 53 Superior, porque no ha recibido la
remuneración proporcional a la función que desempeña como abogado asesor,
máxime cuando este también constituye un derecho de carácter irrenunciable. Así
mismo, conlleva el desconocimiento de normas de orden supranacional7 que
integran el bloque de constitucionalidad, en las que se definió el salario como la
ganancia justa por los servicios que haya prestado, en aras de garantizar
condiciones justas, equitativas y satisfactorias a favor de los trabajadores y en
salvaguarda de sus derechos humanos.
ii) Infracción a la ley
En cumplimiento de los objetivos y criterios establecidos en la Ley 4 de 1992, el
gobierno nacional expidió los decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y
194 de 2014, en los que se fijó la remuneración mensual para el «abogado asesor»
de tribunal judicial8, el cual no tiene escala de graduación y determinó en forma
expresa la aplicación subsidiaria del «grado 23», solo en el evento en que la
denominación del cargo no se hubiere señalado en los artículos anteriores9.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes
términos10:
7 Convenio 95 de 1949 de la OIT sobre la protección al trabajo ratificado mediante la Ley 54 de 1962
y la Convención Americana de DD.HH. y su protocolo adicional, ratificado por medio de las leyes 16
de 1972 y 319 de 1996.
8
Artículo 4.
9
Artículo 6.
10 Folios 338 a 342.
4
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
• De conformidad con la Constitución Política (artículo 150, numeral 19, literales
e y f), y la Ley 4 de 1992, le corresponde al gobierno nacional fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, como en efecto lo hizo en
el Decreto 57 de 1993, por el cual reguló el de los servidores de la Rama
Judicial.
• El vínculo con la demandante está sustentado en una relación legal y
reglamentaria que inicia con el acto de nombramiento y la posesión, momento
en el que conoció y aceptó las funciones a desempeñar y el valor de la
contraprestación a sus servicios, pues estos se determinaron en forma previa,
según lo dispuesto en el artículo 122 Superior.
• El Acuerdo PSAA 15-10402 del 2 de octubre de 2015, creó el cargo de
«abogado asesor grado 23» en cada despacho del Tribunal Administrativo de
Boyacá, como «nominado», es decir «sin escala de grado», lo cual «sí implicaría
que se le aplicara la tabla de remuneración propia para los cargos nominados de
Tribunales Judiciales y que para el caso serían las remuneraciones para abogado
asesor que establecen cada uno de los decretos que fijan el régimen salarial y
prestacional de los empleos de la Rama Judicial (decretos 874 de 2012, 1024 de
2013, 194 de 2014, 1269 de 2015, 245 de 2016 y 1003 de 2017)».
• La denominación «grado 23» que ostenta la demandante como abogada
asesora de un despacho del Tribunal Administrativo de Boyacá, «[…] genera
la obligación para la entidad de aplicarle otras disposiciones que los mismos decretos
indican», entre ellas el Decreto 45 de 2016, en cuyo artículo 1, indicó
«[r]eajústese, a partir del 1° de enero de 2016, en siete punto setenta y siete por
ciento (7.77%) las escalas salariales que regulan la remuneración mensual y
asignaciones básicas mensuales de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial, de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo
señaladas en los Decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014, modificados por el Decreto
1257 de 2015».
• En todo caso, de acuerdo con el certificado laboral aportado, se demuestra
que a la demandante le fueron liquidadas y pagadas todas las
remuneraciones, prestaciones y demás emolumentos laborales definidos en
los decretos anuales que gozan de presunción de legalidad.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3, en sentencia proferida el
25 de junio de 2020 accedió a las pretensiones de la demanda.
5
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
Para tal efecto se pronunció en estos términos11:
• De conformidad con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, al
Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la administración de la Rama
Judicial (artículo 75) y se le facultó para crear, suprimir, fusionar y trasladar
cargos con el consecuente señalamiento de requisitos y funciones para su
desempeño, siempre que no hayan sido fijados por la ley (artículo 85, numeral
9).
• Los cargos de la Rama Judicial contenidos en el artículo 4 de los decretos 1039
de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, entre estos, el de «abogado
asesor» de tribunales judiciales, de tribunal superior militar y de los consejos
seccionales de la judicatura, se encontraban expresamente nominados, y para
los años subsiguientes -2015 a 2019-, las remuneraciones de estos fueron
reajustadas porcentualmente.
• Por lo anterior, no queda duda de que, existiendo el cargo de «abogado asesor»
de tribunal judicial como empleo nominado, carecía de competencia el Consejo
Superior de la Judicatura para crear uno paralelo asignándole grado de
remuneración, esto es «abogado asesor grado 23», lo cual es suficiente para
declarar la nulidad del acto administrativo que negó el pago de las diferencias
salariales y prestacionales demandadas tal como lo ha considerado el Consejo
de Estado12.
• Si bien, como lo señaló́ la entidad demandada en su contestación, el
nombramiento y la posesión determinan el salario, no lo es menos que, cuando
en la creación del empleo se exceden los cánones constitucionales y legales,
aquellos no purgan tales vicios, si se tiene en cuenta que la falta de competencia
resulta ser el elemento sustancial, fundamental e imprescindible para lograr
mantener una decisión estatal, por lo que es necesario su retiro. Ese solo vicio
amerita su retiro del ordenamiento jurídico.
• Comoquiera que lo que se anula no son las decisiones que han soportado la
prestación del servicio, lo procedente es inaplicar por inconstitucionalidad la
expresión «grado 23», de manera que la relación laboral de la demandante
quedará subsumida en el cargo «abogado asesor» de tribunal judicial durante todo
el tiempo en el que ha desempeñado tal labor, empleo que ha permanecido en
11 CD que obra a folio 455 del expediente.
12 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila, radicación 68001-23-15-000-2003-02985-01(1895-08).
6
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
la estructura salarial de la Rama Judicial desde la expedición del Decreto 57 de
199313.
• Ahora, al clasificar el empleo y determinar su remuneración, se produjo una
disminución de los ingresos que la servidora judicial debía recibir por mandato
legal, razón por la cual surgió el deber de restablecer el derecho y al efecto,
deberán pagarse las diferencias correspondientes con las implicaciones
prestacionales que ello conlleva.
• Por todo lo anterior, el a quo: i) inaplicó por inconstitucional la expresión «grado
23» asignada al cargo «abogado asesor» contenida en los acuerdos expedidos
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura14; ii) anuló los
actos administrativos acusados; iii) declaró la prescripción de los derechos
económicos por las diferencias salariales y prestacionales causadas con
anterioridad al 30 de octubre de 201415, con excepción de los aportes
correspondientes a seguridad social en pensión; iv) a título de restablecimiento
del derecho, condenó a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a reconocer y pagar las diferencias salariales y prestacionales existentes
entre el cargo de «abogado asesor grado 23», y de «abogado asesor», desde el 30
de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2017, debidamente indexadas hasta
la fecha de la sentencia.
1.4. El recurso de apelación
La parte demandada interpuso recurso de apelación16 con el fin de que se revocara
la decisión de primera instancia y para tal efecto argumentó lo siguiente:
• La Ley Estatutaria de Administración de Justicia otorgó en el artículo 63 plenas
facultades al Consejo Superior de la Judicatura para que dentro de su autonomía
13 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones.»
14 PSAA11-7855 del 28 de febrero de 2011 (artículo 1), PSAA 12-9213 del 2 de febrero de 2012
(artículo 1), PSAA 12-9524 del 21 de junio de 2012, PSAA12 9781 de 2012 (artículo 67), PSAA13-
9897 de 2013 (artículo 1), PSAA13-9962 de 2013 (artículo 24), PSAA13- 9991 de 2013 (artículo 44),
PSAA13-10048 de 2013 (artículo 1), PSAA13-10068 de 2013 (artículo 1), PSAA14-10156 de 2014
(artículo 41), PSAA14-10195 de 2014 (artículo 55), PSAA14-10197 de 2014 (artículo 1), PSAA14-
10251 de 2014 (artículo 29), PSAA14-10277 de 2014, aclarado mediante Acuerdo PSAA15-10288
de 2015 (artículo 20), PSAA15-10323 de 2015 (artículo 11), PSAA15-10335 de 2015 (artículo 12),
PSAA15-10356 de 2015 (artículo 11), PSAA15-10363 de 2015 (artículo 13), PSAA15-10371 de 2015
(artículo 14), PSAA15-10377 de 2015 (artículo 14) y PSAA15-10385 de 2015 (artículo 14), PSAA15-
10402 del 29 de octubre de 2015 (artículo 88).
15 Según el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 que reglamentó el Decreto 3135 de 1968, debido
a que las diferencias laborales se hicieron exigibles desde el 3 de marzo de 2011, y la reclamación
se presentó hasta el 30 de octubre de 2017.
16 CD que obra a folio 455 del expediente.
7
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
administrativa procediera con la implementación del Plan Nacional de
Descongestión, determinara el tipo de cargo que se requería crear de manera
transitoria, el seguimiento de las medidas, el control y la revisión de metas. En
consonancia con lo dispuesto en el artículo 85 ibidem y con base en las
necesidades de la jurisdicción y especialidad, determinó que el cargo que se
debía crear, inicialmente de manera transitoria, para descongestionar los
tribunales administrativos era el de «abogado asesor grado 23» el cual no hace
relación al de «abogado asesor» nominado de la Ley 4 de 1992, sino que se
determinó un grado específico cuya remuneración es proporcional a las
funciones y responsabilidades del empleo.
• Las facultades otorgadas al Consejo Superior de la Judicatura le confieren
autonomía para adoptar decisiones encaminadas al mejoramiento del
funcionamiento de la administración de justicia, como la de creación,
modificación o supresión de cargos, previo seguimiento de las necesidades de
la administración de justicia y con base en los documentos técnicos que indican
las necesidades a satisfacer de todas las especialidades, la finalidad de la
medida y sus costos.
• De conformidad con las facultades especiales establecidas en la Constitución
Política y los objetivos generales señalados en la Ley 4 de 1992 se expidió el
Decreto 194 de 2004 que, en el artículo 6, determinó la remuneración mensual
para los empleos de la Rama Judicial cuya denominación del cargo no estuviera
prevista en los artículos 4 y 5 ibidem, la cual se regiría por una escala que para
el caso es el grado 23 y no el de abogado asesor previsto en su artículo 4. Es
así como la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
ha pagado los sueldos y prestaciones sociales de acuerdo con los decretos del
gobierno nacional, los cuales son de obligatoria aplicación.
• La demandante se posesionó en forma voluntaria y consciente en el cargo
designado, es decir, como «abogado asesor grado 23», de modo que no puede
pretender cambiar la denominación del cargo o equipararlo al de «abogado
asesor», para el cual no fue designada.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
La parte demandante solicitó que se confirmara el fallo de primera instancia, en
razón a que se demostró la extralimitación de funciones por parte del Consejo
Superior de la Judicatura, en la medida en que finalmente eliminó el cargo de
«abogado asesor» de tribunal judicial nominado creado por el gobierno nacional, cuya
remuneración mensual se encuentra definida en los decretos anuales. Esto conllevó
8
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
la vulneración de sus derechos con fundamento en una graduación salarial, tal y
como lo verificó el a quo17.
La entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en la impugnación de la
sentencia18.
1.6. Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación guardó silencio 19.
2. Consideraciones
2.2. El problema jurídico
Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿El Consejo Superior de la Judicatura se excedió en el ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales al asignarle el grado 23 al empleo de
«abogado asesor», pues con ello modificó el régimen salarial y prestacional
establecido por los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional para dicho
cargo?
Para su resolución se abordarán los siguientes temas: i) la autoridad competente
para fijar el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; ii) la
competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la
Rama Judicial y iii) estudio del caso concreto.
2.3. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídico
planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo aplicable
al caso concreto.
2.3.1. Autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los
cargos de la Rama Judicial
La Constitución Política previó, en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), como
atribución del Congreso de la República aquella concerniente a dictar las normas
generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el
gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos:
17 Índice 16 de Samai
18 Índice 15 de Samai
19 Según el informe de la Secretaría de la Sección Segunda que obra a folio 462 del expediente.
9
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
«Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones:
(…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]»
En desarrollo de dicha potestad, el Congreso expidió la Ley 4 de 199220, en cuyo
artículo 1 señaló que el gobierno nacional con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta ley fijaría el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos de la Rama Judicial:
«Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
(…)
b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la
República…» (Subrayas fuera del texto original)
A su vez, el parágrafo del artículo 14 ejusdem dispuso que el ejecutivo revisaría el
sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la
base de la nivelación o reclasificación en atención a criterios como el de equidad.
Con base en ello, se expidieron anualmente los decretos en materia salarial y
prestacional de dichos empleados.
En efecto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4 de 1992, se expidió
el Decreto 57 del 7 de enero de 199321, en el cual el presidente de la República
estableció el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama Judicial. En el
artículo 1 dispuso que sería de obligatorio cumplimiento para quienes se vincularan
al servicio con posterioridad a su vigencia y que no se tendría en cuenta para la
determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas,
organismos o instituciones del sector público.
El artículo 2 ibidem preceptuó que los servidores públicos vinculados a la Rama
Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de
20 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
21 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».
10
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57
de 1993 y advirtió que quienes no se acogieran a aquel, continuarían rigiéndose por
las normas vigentes a esa fecha.
El artículo 3 señaló lo siguiente:
«A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleados de
la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:
[…]
2.- Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior
Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:
[…]
Abogado asesor $1.125.000 […]»
El artículo 4 previó que la remuneración mensual para los empleos de la Rama Judicial y la
Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no estuviera señalada en el artículo
anterior, se regiría por la escala allí establecida:
GRADO REMUNERACIÓN
01 91.377
02 107.068
03 127.989
04 151.764
05 184.415
06 217.067
[…]»
El artículo 11 previó que «[l]a incorporación del personal a los cargos con diferentes
grados establecidos en el artículo 3.º se hará con base en los requisitos y condiciones
establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura».
Posteriormente, el gobierno nacional expidió los decretos 110 de 1993, 106 de 1994,
43 de 1995, 65 de 1998, 388 de 2006, 657 de 2008, 1388 de 2010, 1039 de 2011,
874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de
2017, 337 de 2018, 991 de 201922. En ellos fijó las remuneraciones anuales de los
22
Por medio de estos decretos se reguló el «[…]régimen salarial y prestacional para los servidores públicos
de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar» . En cada anualidad se determinó la remuneración
mensual del cargo abogado asesor, así:
11
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
empleados de la Rama Judicial que no se acogieran al régimen salarial y
prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, entre ellos el de abogado asesor
de tribunal judicial.
El Decreto 1039 de 201123 que fijó la remuneración mensual de ese año, estableció
en su artículo 4 lo siguiente:
«A partir del 1° de enero de 2011, la remuneración mensual de los empleos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:(…)
2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior
Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:
Abogado Asesor 5.140.170
[…]».
De igual forma, en su artículo 6 fijó la escala de remuneración mensual de los
diferentes grados, para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar
cuya denominación del cargo no estuviese señalada en los artículos anteriores del
citado decreto.
En esa anualidad (2011), se implementó el Plan Nacional de Descongestión y con
base en este se profirió el Acuerdo PSAA117-7855 del 28 de febrero de 2011
mediante el cual se creó el «cargo de abogado asesor grado 23» en el Tribunal
Administrativo de Boyacá desde el 1 de marzo de 2011 hasta el 16 de diciembre de
ese año24.
Decreto Año Remuneración mensual Decreto Año Remuneración
mensual
106/94 1994 $1.361.250 618/07 2007 $4.131.340
43/95 1995 $1.606.275 658/08 2008 $4.366.414
36/96 1996 $1.847.217 723/09 2009 $4.744.983
76/97 1997 $1.994.995 1388/10 2010 $4.982.233
64/98 1998 $2.476.551 1039/11 2011 $5.140.170
44/99 1999 $2.798.503 874/12 2012 $5.397.179
2740/00 2000 $3.056.805 1024/13 2013 $5.582.842
2720/01 2001 $ 3.133.226 194/14 2014 $5.746.978
673/02 2002 $ 3.296.789 1257/15 2015 $6.014.797 (4.66%)
3569/03 2003 $ 3.425.364 245/16 2016 $6.482.146 (7.77%)
4172/04 2004 $ 3.568.887 1013/17 2017 $6.919.690 (6.75%)
936/05 2005 $3.765.176 337/18 2018 $7.271.902 (5.09%)
389/06 2006 $3.953.435 991/19 2019 $7.599.137 (4.5%)
23
«Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».
24 «Artículo Primero.- Crear transitoriamente, a partir del 1 de marzo y hasta el 16 de diciembre de
2011, un (1) cargo de Auxiliar Judicial grado 1 y un (1) cargo de Abogado Asesor Grado 23, en los
despachos de Magistrado 1, 2, 3, 4 y 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá».
12
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
Luego, el Decreto 1024 del 201325, estableció en su artículo 4 que la remuneración
mensual del empleo de abogado asesor de los tribunales judiciales, del Tribunal
Superior Militar y de los consejos seccionales de la judicatura, devengaría
$5.582.842 y en su artículo 6, la escala de remuneración mensual en grados para
los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación no
estuviese señalada en los artículos anteriores.
De acuerdo con lo anterior, la autoridad competente para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es el gobierno nacional,
el cual, en ejercicio de tal facultad, expidió anualmente los decretos que fijaron el
salario para los cargos que con ocasión del nuevo régimen dispuesto por el Decreto
57 de 1993 mantendrían la misma denominación y, de manera subsidiaria, previó
una escala de remuneración en grados para aquellos empleos no enlistados en
dicha clasificación.
2.3.2 Competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de
cargos de la Rama Judicial
La Constitución Política estableció en el numeral 2 del artículo 257 que el Consejo
Superior de la Judicatura podrá: «[c]rear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, no podrá establecer a cargo del
Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley
de apropiaciones iniciales».
En desarrollo del mencionado precepto constitucional, la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, en su artículo 85, señaló las funciones del Consejo
Superior de la Judicatura:
«Artículo 85. Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura:
[…]
5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las
Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz
administración de justicia, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de
éstos.
[…]
9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados.
Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial,
determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan
sido fijados por la ley.
25
«Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».
13
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley
de apropiaciones iniciales».
En ejercicio de la facultad para crear cargos en las distintas corporaciones de la
Rama Judicial y en desarrollo del Plan Nacional de Descongestión Judicial, el
Consejo Superior de la Judicatura creó distintos despachos de descongestión
judicial a lo largo del territorio nacional. A través del Acuerdo PSAA117-7855 del 28
de febrero de 2011, creó 5 cargos en el Tribunal Administrativo de Boyacá, así:
«Artículo 1º.- Crear transitoriamente, a partir del 1 de marzo y hasta el 16 de diciembre
de 2011, un (1) cargo de Auxiliar Judicial grado 1 y un (1) cargo de Abogado Asesor
Grado 23, en los despachos de Magistrado 1, 2, 3, 4 y 5 del Tribunal Administrativo
de Boyacá.»
Posteriormente, el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 creó en forma
permanente para los despachos de magistrados del Tribunal Administrativo de
Boyacá, un cargo de «abogado asesor grado 23», al señalar:
«Artículo 88.- Creación de cargos en Tribunales Administrativos. Crear en cada uno
de los despachos de magistrado de los Tribunales Administrativos de los Distritos de
Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño,
Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, los siguientes cargos: 1. Un
(1) cargo de Abogado Asesor grado 23»
En definitiva, la entidad demandada tiene la facultad constitucional y legal para crear
los cargos que estime necesarios para la administración de justicia, siempre y
cuando no exceda el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales. Sin embargo, la competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es constitucional y reside
de manera concurrente en el Congreso y en el gobierno nacional. Así, el primero
expide la ley marco contentiva de los lineamientos generales, al tiempo que el
segundo regula la materia por medio de los decretos anuales que emite con sujeción
a la anterior.
2.4. Caso concreto
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
• Mediante constancia del 30 de noviembre de 2017, la coordinadora del área de
talento humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja
certificó que María Alejandra Guevara Cifuentes ejerció como «abogado asesor
14
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
grado 23», en los siguientes períodos26:
Cargo Estado Despacho Fecha de inicio Fecha de terminación
Tribunal
Abogado Descongestión Administrativo 3/3/2011 15/07/2012
asesor 23 de Boyacá
Tribunal
Abogado Descongestión Administrativo 1/10/2012 31/07/2014
asesor 23 de Boyacá
Tribunal
Abogado Descongestión Administrativo 6/8/2014 15/11/2014
asesor 23 de Boyacá
Tribunal
Abogado Descongestión Administrativo 20/11/2014 19/12/2014
asesor 23 de Boyacá
Tribunal
Abogado Descongestión Administrativo 16/02/2015 31/10/2015
asesor 23 de Boyacá
Tribunal
Abogado Descongestión Administrativo 1/11/2015 A la fecha
asesor 23 de Boyacá
• Con la demanda se aportaron los reportes de nómina del 30 de noviembre de
201727, en los que se observa el sueldo básico de la demandante como «abogado
asesor grado 23», desde el 2011 hasta esa fecha, así:
Año Remuneración mensual
2011 $3.845.934
2012 $4.038.231
2013 $4.177.147
2014 $4.299.956
2015 $4.500.333
2016 $4.850.008
2017 $5.177.383
• La demandante presentó petición el 30 de octubre de 2017 al director ejecutivo
seccional de administración judicial de Tunja, mediante el cual solicitó el pago de
las diferencias salariales entre el empleo de «abogado asesor grado 23» y «abogado
asesor» sin grado; así como la diferencia de las primas, bonificaciones, cesantías y
demás conceptos de orden salarial y prestacional que se ven afectados.
• A través del Oficio DESAJTUO18-195 del 1 de febrero de 2018, el director ejecutivo
de administración judicial de Tunja negó la solicitud28.
26 Folio 91 del expediente
27
Reverso del folio 93 al 99.
28
Folio 103.
15
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
• El 21 de febrero de 2018, la solicitante interpuso recurso de apelación29, frente al
cual se configuró el silencio administrativo negativo.
• En virtud de una petición de información radicada el 3 de mayo de 201830, el
director administrativo de la División de Asuntos Laborales expidió el oficio
DEAJRHO18-4205 del 18 de mayo de 201831, por el cual manifestó que «[e]n la
actualidad en la planta de personal, [en] el cargo de Abogado Asesor Nominado no se
encuentra persona alguna».
Análisis de la Sala
María Alejandra Guevara Cifuentes quien se desempeñó como abogado asesor
grado 23 en descongestión en el Tribunal Administrativo de Boyacá, en los periodos
señalados en precedencia, y como contraprestación de sus servicios devengó el
salario asignado a dicho grado, razón por la cual, demandó la nulidad del acto que
le negó el pago de las diferencias salariales y prestacionales, respecto del empleo
que tiene la misma denominación, pero no un grado de asignación. En su criterio,
el Consejo Superior de la Judicatura modificó el régimen salarial que el gobierno
nacional determinó para el empleo de abogado asesor, al asignarle el mencionado
grado de remuneración. Con ello, excedió el ámbito de su competencia de crear
cargos para la Rama Judicial. En su criterio, el CSJ modificó el régimen salarial que
se había dispuesto para ese cargo sin competencia, pues esta recae en el gobierno
nacional.
Por su parte, la entidad apelante insistió en que estaba investida de plena
autonomía para la creación de cargos en desarrollo del Plan Nacional de
Descongestión, según el artículo 63 de la Ley Estatutaria de Justicia. Con ello no se
excedió en el ejercicio de sus competencias, puesto que la remuneración que
correspondía al grado 23 fue regulada por el gobierno nacional. Agregó que el cargo
de «abogado asesor grado 23» no está relacionado con el de «abogado asesor»
nominado de la Ley 4 de 1992, sino que se determinó un grado específico cuya
remuneración es proporcional a las funciones y responsabilidades del empleo.
Sobre el particular se precisa que, según el marco jurídico expuesto, es cierto que
el Consejo Superior de la Judicatura es competente para crear cargos de
descongestión de carácter transitorio, en la Rama Judicial. Tal atribución solo
29
Folios 84 a 89.
30
La parte demandante consultó «[c]uántos cargos de Abogado Asesor de Tribunal Judicial
Nominado existen en la actualidad en el territorio nacional, de conformidad con lo preceptuado en el
numeral 2º del artículo 4º de los Decretos […] debidamente discriminados por ciudades, y por
Tribunales Administrativos y Superiores de Distrito Judicial».
31
Folio 127.
16
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
comprende la determinación de las funciones y los requisitos para el desempeño de
los cargos. Para el efecto, también debe observar que no puede fijar obligaciones a
cargo del tesoro público que excedan el monto global determinado para el
respectivo servicio, en la ley de apropiaciones iniciales.
Asimismo, conviene destacar que, en el ejercicio de sus funciones públicas, tanto el
Consejo Superior de la Judicatura como cualquier otro ente o persona que tenga a
su cargo el desarrollo de funciones de tal naturaleza, debe abstenerse de invadir el
ámbito de las competencias de otras autoridades, tal y como se deriva de los
artículos 6 y 113.3 de la Carta Política32. De ahí que, no es admisible que expida
actos administrativos que regule materias que no le han sido asignadas.
En ese contexto, el análisis del Acuerdo PSAA117-7855 del 28 de febrero de 2011
que le asignó el «grado 23» al cargo de abogado asesor conlleva a que las personas
que desempeñaron dicho empleo reciban la remuneración correspondiente al grado
23 y no a la del abogado asesor. Según se verifica en los decretos anuales del
gobierno nacional, esta última es mayor a la que corresponde al mencionado grado.
Es así, por cuanto, el Decreto 1039 de 2011, en el numeral 2 del artículo 4 fijó una
remuneración de $5.140.170 al abogado asesor, mientras que el artículo 6 del citado
acuerdo señaló la suma de $3.845.934 para el grado 23.
Adicionalmente, es preciso destacar que en el Decreto 1039 de 2011 las escalas de
remuneración que se determinan para los cargos con grados salariales en el artículo
6 se definen a partir de la condición de que su denominación no sea una de las que
están expresamente señaladas en el mismo decreto, así se desprende de la
expresión «cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores».
En este caso, la denominación del cargo de «abogado asesor» corresponde a una
de las señaladas en el artículo 4 de la misma norma. Tal situación se predica
asimismo de las anualidades subsiguientes según los decretos 874 de 2012, 1024
de 2013 y 194 de 2014 y los que, en adelante, se limitaron a ajustar las
remuneraciones así previstas según los decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013
de 2017, 337 de 2018, 991 de 2019, 299 de 2020 y 982 de 2021, entre otros.
Esta afectación salarial también tiene impacto en el valor de las prestaciones
sociales de los servidores nombrados en tales plazas, al ser el referente para su
liquidación. De manera que, la expresión «grado 23» lleva implícita la afectación al
32 «Artículo 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
[…]
Artículo 113. […] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines».
17
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
régimen prestacional de los servidores de la Rama Judicial, materia cuya regulación
tampoco le corresponde a la corporación demandada.
En esas condiciones, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» desconoció lo previsto en el
artículo 4 del Decreto 1039 de 2011, y se excedió en el ejercicio de sus
competencias en la medida en que tal decisión impone una modificación al régimen
salarial y prestacional previsto por el gobierno nacional para el cargo de abogado
asesor, en perjuicio de los servidores que desempeñaron tales empleos, entre ellos
la aquí demandante, tal y como se constata en el siguiente resumen:
Decretos anuales Salario fijado por el Salario fijado por el Diferencia entre las
del Gobierno artículo 4 para el cargo artículo 6 para los cargos remuneraciones
Nacional de abogado asesor de sin denominación grado 23 mensuales
Tribunal
Dto. 1039 de 2011 5.140.170 3.845.934 1.294.236
Dto. 874 de 2012 5.397.179 4.038.231 1.358.948
Dto.1024 de 2013 5.582.842 4.177.147 1.405.695
Dto. 194 de 2014 5.746.978 4.299.956 1.447.022
Dto. 1257 de 2015 6.014.797 4.500.333 1.514.464
Dto. 245 de 2016 6.482.146 4.850.008 1.632.138
Dto. 1013 de 2017 6.919.690 5.177.383 1.742.307
En suma, la expresión «grado 23» que modifica la denominación del cargo de
«abogado asesor» fijada en el artículo 3, numeral 2, del Decreto 57 de 1993,
contenida en el Acuerdo PSAA117-7855 del 28 de febrero de 2011, conlleva una
modificación del régimen salarial y prestacional dispuesto por el gobierno para tal
empleo, que afecta negativamente a quienes lo desempeñan.
De otra parte, la apelante afirma que el cargo de «abogado asesor grado 23» no está
relacionado con el de «abogado asesor» nominado de la Ley 4 de 1992 y que la
remuneración del primero es proporcional a las funciones y responsabilidades del
empleo. En relación con este argumento, es necesario poner de presente que es
incuestionable que las denominaciones de ambos cargos son idénticas, por lo tanto,
la comprobación del argumento de la recurrente exige la valoración de las pruebas
que así lo demuestren. En particular, ello es viable a partir del estudio del manual
específico de funciones y de competencias laborales que dé cuenta de las
diferencias entre ambos empleos, el cual no se aportó al proceso.
En esa medida, no es posible establecer que el cargo de «abogado asesor grado 23»
creado por el Consejo Superior de la Judicatura difiera de aquel estipulado en el
Decreto 57 de 1993 y del 1039 de 2011 como abogado asesor (nominado) porque
dada la complejidad funcional y responsabilidades asignadas al cargo de abogado
18
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
asesor, las funciones desarrolladas por la demandante como abogada asesora
grado 23 en realidad fueran distintas de las que le correspondían a aquel.
En este punto, se advierte que la parte actora allegó el oficio DEAJRHO18-4205 del
18 de mayo de 201833, en el cual el director administrativo de la División de Asuntos
Laborales informa que «[e]n la actualidad en la planta de personal, [en] el cargo de
Abogado Asesor Nominado no se encuentra persona alguna». Esta respuesta y la
ausencia del manual específico de funciones y de competencias laborales que
acredite la diferencia de perfiles y responsabilidades de ambos cargos impiden que
se adelante el estudio de la presunta vulneración al derecho de igualdad, que acusa
la actora. Es así, dado que no existen elementos suficientes para precisar siquiera
los supuestos de hecho que sean susceptibles de comparación, lo que impide
concluir que se transgredió ese derecho fundamental en materia salarial.
No obstante, la valoración de tal documento en conjunto con el contenido del
acuerdo que creó los cargos de abogado asesor grado 23 y demás elementos de
juicio antes descritos, lleva a deducir lo siguiente:
• La remuneración del abogado asesor (nominado) se ha regulado a partir del
Decreto 57 de 1993.
• Por medio del Acuerdo PSAA117-7855 del 28 de febrero de 2011 el Consejo
Superior de la Judicatura creó los cargos de «abogado asesor grado 23» en uno de
los cuales se nombró a María Alejandra Guevara Cifuentes.
• Ningún cargo de «abogado asesor nominado» de la planta de personal de la Rama
Judicial regulada por el Consejo Superior había sido provisto para el 18 de mayo de
201834.
En consecuencia, el cargo grado 23 que desempeñó la demandante corresponde al
de «abogado asesor nominado» y tenía derecho a las prestaciones económicas de
aquel, durante el tiempo que lo desempeñó.
Por último, la entidad recurrente insistió en que la aceptación voluntaria y consciente
de la demandante de las condiciones laborales establecidas en forma previa al inicio
de la relación legal y reglamentaria como «abogado asesor grado 23», entre ellas, la
denominación del empleo y la remuneración laboral, con el mismo acto de la
posesión, le impiden solicitar la denominación del cargo y sus prestaciones
económicas.
33
Folio 127.
34
Fecha de expedición del oficio DEAJRHO18-4205 del 18 de mayo de 2018.
19
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
Para la Sala esta aseveración tampoco es de recibo, pues el hecho de aceptar y
posesionarse en un cargo público en la Rama Judicial no puede interpretarse como
un impedimento para el reclamo de derechos fundamentales, mucho menos
tratándose de aquellos que según el artículo 53 de la Constitución se instituyen en
mínimos e irrenunciables. Es cierto que en algunos casos la misma Norma Superior
y el legislador imponen algunas restricciones a ciertas libertades en razón a
situaciones particulares o a especiales funciones públicas, como puede ser el
derecho a la negociación colectiva o a la huelga. Empero, aquellas limitaciones son
taxativas y deben ser proporcionales al fin que persiguen y en ningún caso prevé la
imposibilidad de reclamar el reconocimiento de derechos laborales.
Así las cosas, los argumentos expuestos por la entidad demandada no tienen
vocación de prosperidad ni sirve de sustento para modificar lo resuelto en la
sentencia de primera instancia.
2.5. Costas.
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.35
35En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
20
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandada.
3. Conclusión
El Consejo Superior de la Judicatura se excedió en el ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales al asignarle el grado 23 al empleo de «abogado asesor»,
pues con ello modificó el régimen salarial y prestacional establecido por los decretos
anuales expedidos por el gobierno nacional para este último cargo. Lo anterior por
cuanto la remuneración del cargo denominado «abogado asesor» de los tribunales
administrativos se encuentra dentro del listado de los cargos nominados en los
decretos expedidos por el presidente de la República en ejercicio de las
competencias señaladas en la Ley 4.ª de 1992. En consecuencia, su labor debe
remunerarse de acuerdo con el artículo 4 de los Decretos 1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y los subsiguientes que regulen las asignaciones
para tal denominación.
En esas condiciones, se confirmará la sentencia recurrida del 25 de junio del 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3, que inaplicó
la expresión «grado 23» asignada al cargo «abogado asesor» contenida el Acuerdo
PSAA117-7855 del 28 de febrero de 2011, así como las sucesivas prórrogas y el
Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 que adoptó el mencionado empleo de forma
permanente en las plantas de cargos de la entidad, decretó la nulidad de los actos
demandados y ordenó a la demandada pagar a María Alejandra Guevara Cifuentes
las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de «abogado
asesor grado 23» y el de abogado asesor sin grado, establecido por los decretos
anuales del gobierno nacional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
21
Radicado: 15001-23-33-000-2018-00422-01 (0810-2021)
Demandante: María Alejandra Guevara Cifuentes
Demandante:
F A L L A:
Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 25 de junio del 2020 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por María Alejandra Guevara Cifuentes
contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Seccional de Administración Judicial de Tunja.
Segundo. - Sin condena en costas.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
22
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.