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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00451-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2022-00451-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial

Tema: nivelación salarial cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores
de distrito judicial y tribunales administrativos. Subtema: fijación del régimen
salarial y prestacional en la Rama Judicial.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia proferida el 10 de diciembre
de 2025, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Dora Elcy Buitrago López prestó sus servicios como «abogado asesor
grado 23» en el Tribunal Superior de Cali. En el presente proceso solicitó la nulidad
de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento de las diferencias
salariales y prestacionales derivadas del desempeño del cargo de abogado asesor
grado 23. El Tribunal consideró que el Consejo Superior de la Judicatura carecía de
competencia para fijar la categoría salarial del cargo de «abogado asesor», dado
que dicha atribución le corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las
facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, declaró la nulidad de
los actos acusados y reconoció las diferencias salariales y prestacionales existentes
entre los cargos en mención. Igualmente, ordenó a la accionada efectuar los aportes
al Sistema General en Pensiones con base en las diferencias causadas desde el 30
de abril de 2015 hasta el 14 de diciembre de 2021.

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

Esta Subsección confirmará la decisión de primera instancia, por cuanto se
configura el derecho al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales derivadas del cotejo entre el cargo de abogado asesor y el de
abogado asesor grado 23, conforme a lo resuelto por el Tribunal.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Dora Elcy Buitrago López mediante apoderado judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de conformidad con las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan1.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte demandante formuló como pretensiones las siguientes:

• Declarar la nulidad de la Resolución DESAJCLR21-1480 del 2 de junio de
2021, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cali, mediante la cual se negó la inaplicación por inconstitucionalidad e ilegalidad
de la expresión «Grado 23» contenida en los artículos 16 numeral 1 y 17 literal a)
del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 y 2 del Acuerdo PSAA12-9268 del 24 de
febrero de 2012, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura.

• Declarar la nulidad del acto ficto o presunto configurado por la falta de
respuesta al recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución.

• A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad accionada el
pago del salario de conformidad con la asignación salarial establecida en el artículo
4 numeral 2 del Decreto 194 de 2014 modificado por los decretos 1257 de 2015,
245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y los demás que se profieran con
posterioridad.

• Condenar a la demandada a reconocer la diferencia entre el salario que ha
percibido frente al salario establecido para los abogados asesores, respecto de los
años 2015 a 2018. Así como, la reliquidación y pago de las prestaciones sociales y
demás consecuencias prestacionales devengadas desde su vinculación en el cargo
hasta la fecha, de conformidad con la asignación salarial establecida para los
abogados asesores.

• Ordenar el cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
1Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal pdf 1EXPEDIENTEDIGITAL,

pdf 01. Demanda y anexos.

2

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

Contencioso Administrativo2. Igualmente, las costas y agencias en derecho según
lo dispuesto en el artículo 188 de la norma citada.

2.1.2. Hechos

3. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así3:

• La señora Dora Elcy Buitrago López labora en el cargo de abogado asesor
grado 23 en provisionalidad en el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil fija de decisión
especialidad de Restitución de Tierras.

• La demandante presentó reclamación administrativa, el 24 de mayo de 2021
ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del
Cauca, para el reconocimiento de la diferencia salarial suscitada entre el cargo que
ejerce y el de abogado asesor.

• La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del
Cauca, mediante la Resolución núm. DESAJCLR21- 1480 del 2 de junio de 2021 y
notificada el mismo día, no accedió a lo pretendido.

• La actora, interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. No
obstante, la entidad guardó silencio, lo que dio lugar a la configuración del acto ficto
o presunto, cuya nulidad se pretende.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. La demandante citó como vulneradas la Constitución Política, artículos 1, 2,
4, 5, 9, 13, 25, 29, 53, 93 y 209. Las leyes 54 de 1962, 16 de 1972, 4 de 1992, 270
de 1996, 319 de 1996 y 1496 de 2011 y los decretos 1039 de 2011, 874 de 2012,
1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de
2018 que fijaron la remuneración anual para los servidores públicos de la Rama
Judicial y la Justicia Penal Militar.

5. Expuso que, con ocasión de los acuerdos mediante los cuales se adoptaron
medidas de descongestión para los tribunales del país entre 2011 y 2015, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura extralimitó su potestad, pues
disminuyó el salario del empleo de abogado asesor grado 23, y fijó una
remuneración distinta de la establecida por el Gobierno nacional, autoridad a la que,
por mandato constitucional y legal, corresponde determinar mediante decreto la
asignación salarial de dicho cargo en los tribunales.

6. Adujo que los actos acusados se profirieron de forma irregular y con

2 En adelante CPACA.
3Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf 001, folios 3 al 17.

3

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

infracción de la normativa aplicable, comoquiera que la negativa de la entidad
accionada se fundó en los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, los
cuales desconocieron el régimen salarial del cargo de abogado asesor.

7. Refirió que la decisión negativa de la entidad accionada está viciada de falsa
motivación, por cuanto se sustentó en razones que no analizan los postulados
normativos que rigen la materia.

2.2. Contestación de la demanda

8. La Dirección Seccional de Administración Judicial Cali, Valle del Cauca
presentó escrito de contestación de la demanda4 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones.

9. Explicó que, mediante el Acuerdo No. PSAA15-10402 de 2015 «Por el cual
se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos
judiciales y cargos en todo el territorio nacional», el Consejo Superior de la
Judicatura creó en los tribunales del país, el cargo de abogado asesor, grado 23.

10. Aunado a lo anterior, precisó lo siguiente:

«1. Que el Consejo Superior de la Judicatura, adopto y creo para los Tribunales el
cargo de ABOGADO ASESOR GRADO 23 y no ABOGADO ASESOR.
2. Que el Decreto 194 de 2014, estableció la escala remuneración salarial de los
servidores públicos de la Rama Judicial, señalando para el cargo de ABOGADO
ASESOR el salario correspondiente a $5.746.978.
3. Que acorde con artículo 6 del Decreto 194 de 2014, la remuneración del
ABOGADO ASESOR GRADO 23, es la de $4,299.956, para el 2014.
4. Que el cargo de ABOGADO ASESOR, existe únicamente en el Nivel Central, esto
es en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con sede en la Ciudad de
Bogotá, NO en las Seccionales de Administración Judicial, mientras que los cargos
de ABOGADO ASESOR GRADO 23 fueron creados para las Seccionales»

11. Por otra parte, refirió que todos los emolumentos salariales y prestacionales
fueron pagados a la demandante conforme a lo dispuesto en los decretos anuales
expedidos por el Gobierno nacional para los servidores judiciales del país, razón por
la cual no se configura ninguna diferencia salarial a su favor.

12. Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos administrativos
demandados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, sin incurrir en
irregularidad o vicio de nulidad alguno.

13. Propuso como excepciones: (i) inexistencia de causa para demandar,
ausencia de causa petendi; (ii) prescripción trienal; y (iii) innominada o genérica.

4 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 016Contestación.

4

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Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

2.3. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 10 de
diciembre de 20255 en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, y dispuso:

PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad e ilegalidad las expresiones “grado
23” contenidas en los artículos 2 del Acuerdo PSAA12-9268 del 24 de febrero de
2012 y 16 y 17 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 expedidos
por el Consejo Superior de la Judicatura, y, en su lugar, se entenderá que la
remuneración del cargo de Abogado Asesor creado por estos es la fijada en los
decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional, conforme lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución DESAJCLR21-1480 del 2 de
junio de 2021 de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali y
del acto ficto configurado por la falta de resolución al recurso de apelación
interpuesto el 2 de junio de 2021 contra la anterior decisión, que negó el reajuste
salarial y prestacional de la señora Dora Elcy Buitrago López, conforme las
consideraciones de esta sentencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que reconozca,
liquide y pague a la señora Dora Elcy Buitrago López las diferencias salariales y
prestacionales existentes entre el cargo de Abogado Asesor de Tribunal Judicial y
el cargo de abogado asesor grado 23, de carácter nominado, conforme al numeral
2 del artículo 4 del Decreto 194 de 2014, modificado por los Decretos 1257 de 2015,
245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018 expedidos por el Gobierno Nacional
durante el tiempo de su vinculación en el cargo en el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cali, pero desde 24 de mayo de 2018 hasta el 14 de diciembre de 2021,
por prescripción trienal.

El reconocimiento de las anteriores diferencias salariales y prestacionales deberá
ser en forma indexada conforme la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial que realice los aportes a pensión de la señora Dora Elcy
Buitrago López a la administradora o fondo de pensión al que se encuentre afiliada,
con base en las diferencias salariales y prestacionales causadas desde el 30 de abril
de 2015 hasta el 14 de diciembre de 2021, periodo de vinculación legal y
reglamentaria de la demandante en el cargo de Abogado Asesor en el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cali.

QUINTO: NO CONDENAR en costas procesales en esta instancia.
[…]6

15. El Tribunal expuso que mediante el Acuerdo PSAA12-9268 del 24 de febrero
de 2012 el Consejo Superior de la Judicatura creó una sala civil especializada en
restitución de tierras en los tribunales superiores de distritos judiciales de Bogotá,
Cali, Cartagena, Cúcuta y en Antioquia, a partir del 9 de abril de 2012.

5Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 031Sentencia.
6 Se transcribe con errores de texto.

5

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

16. Igualmente, mencionó que en el artículo 16 de dicho acuerdo se estableció la
planta de personal para los tribunales superiores del país, de conformidad con las
clasificaciones de mayor y menor demanda. Por consiguiente, creó un cargo de
magistrado, uno de auxiliar judicial grado 1; y otro cargo de abogado asesor grado
23.

17. A su turno, el artículo 17 creo en cada uno de los despachos de magistrado,
entre los cuales se encuentra el Tribunal Superior de Cali, un cargo de abogado
asesor, grado 23.

18. El Tribunal, precisó que es el Consejo Superior de la Judicatura la entidad
encargada de remunerar los empleos de abogado asesor, grado 23, conforme a la
escala salarial fijada para ese grado. Indicó que, en el presente asunto, tal
circunstancia se acreditó con la certificación de la coordinadora del Área de Talento
Humano de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cali, según la cual la asignación de la demandante
corresponde al grado referido. Por su parte, señaló que el cargo de abogado asesor
ostenta la condición de empleo nominado.

19. En ese orden de ideas, refirió que el Consejo Superior de la Judicatura carece
de la competencia para asignar a los cargos nominados, grados, códigos y
remuneración diferente a los previstos en el Decreto 57 de 1993, y demás decretos
anuales expedidos por el Gobierno nacional. En este sentido, destacó que la
remuneración para el cargo de abogado asesor grado 23 de los tribunales del país
es la fijada para el cargo de abogado asesor en los decretos anuales expedidos por
el Ejecutivo.

20. Afirmó que las expresiones «grado 23», contenidas en los artículos 2 del
Acuerdo PSAA12-9268 de 24 de febrero de 2012 y 16 y 17 del Acuerdo PSAA15-
10402 de 29 de octubre de 2015, expedidos por el Consejo Superior de la
Judicatura, contrarían la ley y vulneran el derecho a la igualdad previsto en el
artículo 13 de la Constitución Política, pues dispensan un trato discriminatorio e
injustificado a quien ocupa el mismo cargo de abogado asesor de tribunal, con
idénticas funciones y responsabilidades. Por consiguiente, inaplicó dicha expresión
por inconstitucional e ilegal y, en su lugar, estableció que la remuneración del
referido empleo es la fijada en los decretos anuales que expide el Gobierno
nacional.

21. El Tribunal declaró la nulidad de la Resolución DESAJCLR21-1480 del 2 de
junio de 2021 expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali y del acto ficto o presunto configurado por el silencio administrativo
negativo frente al recurso de apelación interpuesto contra la resolución referida.

22. Igualmente, ordenó a la entidad accionada a reconocer, liquidar y pagar las
diferencias salariales y prestacionales que pudiesen existir desde el 30 de abril de
2015 hasta el 14 de diciembre de 2021.

6

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

23. En relación con la prescripción, adujo que la reclamación administrativa se
presentó el 24 de mayo de 2021, circunstancia que interrumpió el término
prescriptivo por tres (3) años. Dentro de dicho lapso, la demandante acudió ante la
jurisdicción, el 30 de septiembre de 2021 por lo que, están prescritas las diferencias
salariales y prestacionales causadas con anterioridad al 24 de mayo de 2018, con
excepción de los aportes al sistema pensional.

2.4. Recurso de apelación

24. La Nación, Rama Judicial al interponer el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia 7, solicitó que fuera revocada.

25. Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, tiene la facultad para crear cargos, lo que implica
determinar su nivel y denominación. Es así, que para el cargo ocupado por la
demandante se le otorgó el «grado 23», en atención a las funciones y
responsabilidades, cuya asignación salarial es la fijada por el Gobierno nacional
para este tipo de empleos.

26. Que, en atención a las necesidades de las diferentes jurisdicciones y
especialidades, el Consejo Superior de la Judicatura determinó la creación, en
principio transitoria, del cargo de «abogado asesor grado 23» para descongestionar
los tribunales administrativos y superiores, y precisó que dicho empleo difiere del de
abogado asesor innominado previsto en la Ley 4ª de 1992.

27. Explicó que las funciones administrativas del Consejo Superior de la
Judicatura se han materializado mediante diversos acuerdos expedidos sobre la
materia. Afirmó que la actora pretende generar confusión en la denominación de los
cargos con fines de beneficio particular, sin hacer referencia a la finalidad del plan
de descongestión de la Rama Judicial, el cual se encuentra regulado por una ley
estatutaria.

28. Manifestó que no existe disponibilidad presupuestal para atender las órdenes
de reconocimiento de las acreencias laborales de los servidores judiciales
beneficiarios, limitación que apoyó en el artículo 86 de la Ley 38 de 1989, conforme
al cual ninguna autoridad puede contraer obligaciones sobre apropiaciones
inexistentes, y en el artículo 16 de la Ley 225 de 1995, que condiciona los actos con
incidencia presupuestal a la expedición del certificado y del registro de
disponibilidad, todo ello sin perjuicio del parágrafo 2º del artículo 115 de la Ley 2220
de 2022.

7 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal pdf. 034 Apelación.

7

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

29. Mediante auto del 27 de abril de 20268, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial contra la sentencia de primera instancia. Ordenó notificar
personalmente al Ministerio Público de conformidad con lo previsto en el artículo
198 del CPACA, y a las partes según el artículo 205 de la misma norma, modificado
por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. Dispuso que, una vez surtidas las
notificaciones, el proceso ingresara al despacho para proferir sentencia, salvo que
las partes solicitaran la práctica de pruebas.

30. El Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

31. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

32. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
presentado por la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial contra la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, corresponde a la Sala definir lo siguiente:

33. ¿Excedió la autoridad administrativa sus competencias constitucionales y
legales al asignar la denominación «grado 23» al cargo de «abogado asesor», en la
medida en que ello implicó la modificación del régimen salarial y prestacional fijado
por los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para dicho empleo?

34. ¿Es procedente condicionar el reconocimiento de acreencias laborales a la
existencia de disponibilidad presupuestal?

35. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala considera necesario
abordar los siguientes aspectos: (i) la remuneración salarial prevista para el cargo
de «abogado asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de
Estado; y (ii) el caso concreto.

8 Samai, índice 004.

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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

3.2.1. De la remuneración salarial establecida para el cargo de «abogado
asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado.
Reiteración de jurisprudencia.

36. Con ocasión de las múltiples controversias que se suscitaron en torno a la
existencia de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado asesor», sin
grado, y «abogado asesor grado 23», esta Sección, en sentencia del 2 de noviembre
de 2023, unificó su jurisprudencia en torno a esta cuestión, y fijó la siguiente regla
jurisprudencial9:

«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignarle a los
cargos nominados, grados, códigos y remuneración diferente a lo regulado en el
Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional,
mediante los cuales se determine el régimen salarial y prestacional de los
empleados de la rama judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la
República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los
Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor» en los decretos
anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia».

37. Para llegar a la citada conclusión, esta Sección abordó aspectos relevantes
que fueron considerados para su resolución, tales como: (i) la competencia para fijar
el régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; (ii) la
competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la
Rama Judicial; y (iii) las consideraciones frente a la remuneración del cargo de
«abogado asesor grado 23».

38. Así las cosas, teniendo en cuenta la relevancia de estas consideraciones, la
Sala procede a referirse, en los siguientes términos:

3.2.1.1. Competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
cargos existentes en la planta de personal de la Rama Judicial

39. El artículo 150 de la Constitución Política atribuye al Congreso de la
República, entre otras funciones, la de fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos y la Fuerza Pública, así:

«Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:

[…]

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-

2018-00529-01 (3071-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

[…]

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]» (Negrilla de la Sala).

40. En cumplimiento de este mandato constitucional, el Congreso de la
República expidió la Ley 4ª de 199210, mediante la cual estableció los criterios que
debe observar el Gobierno nacional para la determinación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, incluidos los pertenecientes a la Rama
Judicial, en los siguientes términos:

«Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

[…]

b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General
de la República…»

«Artículo 2º. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto
del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se
podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;

[…]

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
[…]». (Negrilla de la Sala).

«Artículo 3º. El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los
siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las
funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada
cargo o categoría de cargos».

«Artículo 4º. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2º. el
Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada
año, modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados
enumerados en el artículo 1o. liberal a), b) y d), aumentando sus
remuneraciones11.

10 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para

la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política».
11
Declarada inexequible las expresiones tachadas (inciso 1 y 3) mediante sentencia C- 710 de 1999 de la Corte Constitucional.

10

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

[…]».

41. En ejercicio de las competencias previstas por la Ley 4ª de 1992, el
presidente de la República expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 1993, mediante
el cual se estableció el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar. En punto de sus efectos,
precisó que el referido régimen sería obligatorio para quienes se vincularan al
servicio con posterioridad a su entrada en vigor.

42. Esta normativa estableció en su artículo 2 que los servidores públicos
vinculados a la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar podían optar, por una sola
vez y antes del 28 de febrero de 1993, por acogerse al régimen salarial y
prestacional previsto en el mencionado decreto. Igualmente, dispuso que quienes
no ejercieran dicha opción continuarían sujetos al régimen anterior.

43. De conformidad con lo expuesto, la autoridad competente para fijar el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es el
Gobierno nacional, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 4ª de 1992.
Asimismo, en ejercicio de esta facultad, expidió los decretos anuales que
determinaron los salarios de los cargos con denominación específica según el
Decreto 57 de 1993 y, de manera subsidiaria, estableció una escala de grados
salariales para aquellos empleos no incluidos en dicha clasificación.

3.2.1.2. Competencia del Consejo Superior de la Judicatura en materia de
creación de cargos de la Rama Judicial

44. Por su parte, el artículo 256 de la Constitución Política atribuyó al Consejo
Superior de la Judicatura la función de administrar la carrera judicial, en los
siguientes términos:

«Artículo 256.- Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y de acuerdo a la
ley, las siguientes atribuciones:

[…]

1. Administrar la carrera judicial.

[…]».

45. En el mismo sentido, la Constitución Política, en los numerales 2 y 3 del
artículo 257, atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para
crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia, sin que
pueda imponer obligaciones que excedan el monto global fijado en la ley de
apropiaciones iniciales. Asimismo, le asignó la función de dictar los reglamentos
necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, en los

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aspectos no previstos por el legislador12.

46. En desarrollo de lo anterior, la Ley 270 de 199613 en su artículo 85,
modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de 202414, reguló las funciones del
Consejo Superior de la Judicatura, dentro de las cuales se destacan las siguientes
atribuciones:

«Artículo 85. Funciones del Consejo Superior de la Judicatura. <Artículo modificado
por el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Al Consejo
Superior de la Judicatura le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

[…]

12. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales,
las Salas de estos y los Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en
ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las
necesidades de estos. Para el efecto deberá establecer un mecanismo de atención
oportuna y eficaz de los requerimientos formulados por los Juzgados y Tribunales,
para su correcto funcionamiento.

13. Determinar la estructura y planta de personal de las corporaciones judiciales y
los Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño
que no hayan sido fijados por la Ley, previo concepto de la Comisión
Interinstitucional.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el servicio de justicia en la ley
de apropiaciones iniciales.

[…] ».

47. Ahora bien, se precisa que la Ley 1285 de 200915, modificó el artículo 63 de
la Ley 270 de 1996, vigente para el momento en que se expidieron los acuerdos,
que confirió al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para la
implementación del Plan Nacional de Descongestión Judicial, con fundamento en el

12 «ARTÍCULO 257. <Texto original revivido según la Sentencia C-285-16> Con sujeción a la ley, el Consejo
Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
[…]
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el
Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto
global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los
relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los
trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos
por el legislador.
[…]».
13 «Estatutaria de la Administración de Justicia».
14 «Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras

disposiciones».
15 «Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».

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cual se crearon los cargos de «abogado asesor grado 23». No obstante, dicha
disposición no le atribuyó la potestad para fijar el régimen salarial y prestacional de
los funcionarios y empleados vinculados a dichos cargos16.

48. Con fundamento en lo expuesto, si bien la entonces Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura estaba facultada para administrar la carrera
judicial, crear cargos necesarios para la administración de justicia y reglamentar
aspectos relacionados con dicha carrera, esta atribución no se extendía a materias
reservadas de manera exclusiva al legislador, conforme en los artículos 125 y 150,
numeral 23, de la Constitución Política.

3.2.1.3. De la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23»

49. En congruencia con los aspectos previamente expuestos, la sentencia de
unificación analizó la competencia para establecer el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos, incluidos los de la Rama Judicial, así como las
consecuencias jurídicas derivadas de asignar una categoría salarial a cargos cuya
asignación ya había sido expresamente fijada por el Gobierno nacional como
«nominados».

50. En estos términos, la sentencia de unificación en cita concluyó que la
remuneración del empleo «abogado asesor grado 23» de los de tribunales
superiores de distrito judicial y tribunales administrativos debía estar determinada
por el régimen previsto para los cargos nominados (sin grado) en los decretos
expedidos por el presidente de la República, en ejercicio de las competencias
conferidas por la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, su salario debía fijarse conforme
al artículo 4 de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de
2014.

16 «Artículo 63. Plan y Medidas de Descongestión. Habrá un plan nacional de descongestión que será
concertado con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho
plan se definirán los objetivos, los indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de
evaluación de la aplicación de las medidas.
Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejecutar el plan nacional de
descongestión y adoptar las medidas pertinentes, entre ellas las siguientes:
a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá
redistribuir los asuntos que los Tribunales y Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma
jerarquía que tengan una carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita;
b) La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción
para atender las mayores cargas por congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para
tramitar y sustanciar los procesos dentro de los despachos ya establecidos, asumiendo cualquiera de las
responsabilidades previstas en el artículo 37 del C. P. C.; los procesos y funciones serán las que se señalen
expresamente;
c) Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser
practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban
trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en proceso que estén conociendo otros
jueces;
d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores de
acuerdo con la ley de presupuesto;
e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de realizar funciones que se definan en el
plan de descongestión de una jurisdicción, de un distrito judicial, o de despachos judiciales específicos, y
f) Contratar a término fijo profesionales expertos y de personal auxiliar para cumplir las funciones de apoyo que
se fijen en el plan de descongestión».

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51. Por tanto, no resultaba viable que el Consejo Superior de la Judicatura
modificara la denominación establecida en el artículo 3, numeral 2, del Decreto 57
de 1993, ya que la inclusión del «grado 23» al cargo de «abogado asesor» afectó
de manera negativa su régimen salarial y prestacional, configurando una actuación
ilegal e inconstitucional. Las diferencias salariales entre ambos cargos se pueden
constatar en el siguiente cuadro:

Decreto anual proferido Abogado asesor Abogado asesor grado 23
por el presidente de la nominado «sin grado»
República en uso de las
facultades previstas en
la Ley 4ª de 1992
1039 de 2011 $5´140.170 $3´845.934
874 de 2012 $5´397.179 $4.038.231
1024 de 2013 $5´582.842 $4´177.147
194 de 2014 $5´746.978 $4´299.956
1257 de 2015 (4.66%) $6´014.797 $4´500.333
245 de 2016 (7.77%) $6´482.146 $4´850.008
1013 de 2017 (6.75%) $6´919.690 $5´177.383
337 de 2018 (5.09%) $7´271.902 $5´440.912
991 de 2019 (4.5%) $7´599.137 $5´685.753
299 de 2020 (5.12%) $7´988.212 $5´976.863
Tabla realizada por la Sala.

3.2.1.4. Del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 a través del cual se modificó la
denominación al cargo de «abogado asesor grado 23»

52. Es importante precisar que la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro
del proceso en el cual se dictó la sentencia de unificación advirtió que, para ese
momento ya se había proferido el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 a través del
cual se modificó la denominación del cargo de «abogado asesor grado 23» por el
de «profesional especializado grado 23». Esta situación fue valorada al tenor del
artículo 281 del CGP, toda vez que comportaba un hecho sobreviniente que
modificó la situación jurídica objeto de debate, respecto del cual se resolvió en el
caso en concreto lo siguiente:

«INAPLICAR en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad,
la denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se hace referencia
en el artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11-8346 de 29 de julio de 2011; el Acuerdo
PSAA15- 10402 de 2015 que incluyó en forma permanente el mencionado empleo
en la planta de cargos de los tribunales administrativos; y finalmente, el Acuerdo
PCSJA22-11968 de 2022 mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo
“abogado asesor grado 23”, por la de “profesional especializado grado 23”».

53. Frente a los efectos en el tiempo de la decisión adoptada en la citada
providencia, se señaló:

«ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituyen precedente
vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los

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casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los
efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos.

Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán inmodificables».

54. Finalmente, en relación con la aplicación del término de prescripción frente
al derecho de pago de las diferencias salariales y prestacionales que haya lugar a
reconocer, precisó que debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969; los cuales prevén el
término de prescripción de 3 años, que se interrumpe por una sola vez mediante el
reclamo escrito del trabajador.

3.3. De la nulidad del aparte «grado 23» previsto en algunos de los Acuerdos
de la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

55. Se considera pertinente precisar que esta corporación con posterioridad a
la sentencia de unificación antes referida decretó la nulidad del aparte «grado 23»
respecto del cargo de «abogado asesor» contenido en varios acuerdos17 expedidos
por el Consejo Superior de la Judicatura para los tribunales judiciales de la
jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, a través
de sentencia del 23 de octubre de 202418.

56. Las consideraciones que fundamentaron la declaratoria de nulidad
advirtieron que existe una reserva material de ley atribuida al Congreso de la
República para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos,
mediante postulados generales y de obligatorio cumplimiento. Con base en ello, se
consolida la competencia reglamentaria del Gobierno nacional para determinar, en
estricto sentido, las escalas salariales que regulan la remuneración y las
asignaciones básicas mensuales de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial.

57. Por lo anterior, se concluyó que la fijación de la remuneración mensual del

17 El articulado de los siguientes acuerdos: Acuerdo PSAA11-7886 del 28 de febrero de 2011; Acuerdo
PSAA11-8356 del 29 de julio de 2011; Acuerdo PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012; Acuerdo PSAA12-9781
del 18 de diciembre de 2012; Acuerdo PSAA13-9897 del 30 de abril de 2013; Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de
septiembre de 2013, con excepción del aparte que se refiere a la jurisdicción disciplinaria; Acuerdo PSAA13-
9962 del 31 de julio de 2013; Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de septiembre de 2013; Acuerdo PSAA14-10195
del 31 de julio de 2014; Acuerdo PSAA14-10197 del 5 de agosto de 2014; Acuerdo PSAA15-10288 del 29 de
enero de 2015; Acuerdo PSAA15-10323 del 26 de marzo de 2015; Acuerdo PSAA15-10335 del 29 de abril de
2015; Acuerdo PSAA15-10356 del 29 de mayo de 2015; Acuerdo PSAA15-10363 del 30 de junio de 2015;
Acuerdo PSAA15-10371 del 31 de julio de 2015; Acuerdo PSAA15-10385 del 23 de septiembre de 2015.
Asimismo, en esa decisión se resolvió:
«Segundo. DECLARAR la nulidad del aparte “Grado 23” contenido en los numerales 1 a 4 del artículo 13; 1 y 2
del artículo 14; 1 del artículo 16; el literal a del artículo 17; numerales 1 a 16 del artículo 86, numerales 1 y 2 del
artículo 87, numerales 1 y 2 del artículo 88 y numeral 1 del artículo 89 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015, “Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos
judiciales y cargos en todo el territorio nacional”.
Tercero. DECLARAR la nulidad del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 “Por medio del cual se ajusta la
denominación de unos cargos a nivel nacional”, que sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado
23” por la de “profesional especializado grado 23”».
18 Consejo de Estado, Sección Segunda Sentencia del 23 de octubre de 2024, radicado 11001-03-25-000-2017-

00617-00 (2965-2017), M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Seccional de Cali

empleo de «abogado asesor» de los tribunales judiciales, a partir de la creación del
«grado 23» y su posterior modificación a «profesional especializado grado 23»,
constituye el ejercicio de una competencia atribuida de manera concurrente entre el
legislador y el Gobierno nacional. En consecuencia, el Consejo Superior de la
Judicatura excedió sus atribuciones, al asumir una función que corresponde de
forma privativa al legislador y Gobierno nacional.

3.4. Análisis de la Sala

58. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PSAA15-10402
del 29 de octubre de 2015, dispuso la creación del cargo de «abogado asesor grado
23» con carácter permanente para todos los despachos de los tribunales del
territorio nacional.

59. En el presente proceso se acreditó, mediante certificación del 3 de diciembre
de 2024, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que la
señora Dora Elcy Buitrago López, prestó sus servicios como abogada asesora grado
23, en el Tribunal Superior de Cali, en los periodos comprendidos entre el 6 de
marzo de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2014, y desde el 30 de abril de 2015
hasta el 14 de diciembre de 202119. No obstante, se advierte que las pretensiones
se circunscriben a las acreencias reclamadas a partir de la anualidad 2015.

CARGO ESTADO DEL DESPACHO FECHA FECHA FINAL SECCIONAL
SERVIDOR INICIAL
ESCRIBIENTE Provisionalidad JUZGADO 019 CIVIL 06/05/2004 30/05/2004 CALI
MUNICIPAL - MUNICIPAL DE CALI
Grado 00
ESCRIBIENTE Provisionalidad JUZGADO 019 CIVIL 24/08/2004 26/08/2004 CALI
MUNICIPAL - MUNICIPAL DE CALI
Grado 00
ESCRIBIENTE Provisionalidad JUZGADO 030 CIVIL 11/03/2005 24/03/2005 CALI
MUNICIPAL - MUNICIPAL DE CALI
Grado 00
ESCRIBIENTE Provisionalidad JUZGADO 030 CIVIL 01/04/2005 20/04/2005 CALI
MUNICIPAL - MUNICIPAL DE CALI
Grado 00
ASISTENTE Provisionalidad JUZGADO 033 CIVIL 01/05/2005 15/05/2005 CALI
JUDICIAL - MUNICIPAL DE CALI
Grado 06
ASISTENTE Provisionalidad JUZGADO 033 CIVIL 16/05/2005 31/05/2005 CALI
JUDICIAL - MUNICIPAL DE CALI
Grado 06
OFICIAL Provisionalidad JUZGADO 017 CIVIL 21/06/2005 30/06/2005 CALI
MAYOR MUNICIPAL DE CALI
MUNICIPAL -
Grado 00
ESCRIBIENTE Provisionalidad JUZGADO 015 CIVIL 05/07/2005 31/07/2005 CALI
CIRCUITO - DEL CIRCUITO DE
Grado 00 CALI

19 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 025_MEMORIAL.

16

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

ESCRIBIENTE Provisionalidad JUZGADO 005 08/08/2005 19/08/2005 CALI
CIRCUITO - LABORAL DE CALI
Grado 00
ESCRIBIENTE Provisionalidad JUZGADO 008 CIVIL 01/09/2005 26/09/2005 CALI
CIRCUITO - MUNICIPAL DE CALI
Grado 00
OFICIAL Provisionalidad JUZGADO 008 CIVIL 27/09/2005 30/11/2009 CALI
MAYOR MUNICIPAL DE CALI
MUNICIPAL -
Grado 00
OFICIAL Propiedad JUZGADO 005 01/12/2009 A la fecha CALI
MAYOR LABORAL DE CALI
CIRCUITO -
Grado 00
AUXILIAR Provisionalidad DESPACHO 001 DE 01/06/2012 05/03/2014 CALI
JUDICIAL I - LA SALA CIVIL
Grado 00 ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS DEL
TRIBUNAL
SUPERIOR DE CALI
ABOGADO Provisionalidad DESPACHO 001 DE 06/03/2014 30/09/2014 CALI
ASESOR - LA SALA CIVIL
Grado 23 ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS DEL
TRIBUNAL
SUPERIOR DE CALI
AUXILIAR Provisionalidad DESPACHO 001 DE 01/10/2014 29/04/2015 CALI
JUDICIAL I - LA SALA CIVIL
Grado 00 ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS DEL
TRIBUNAL
SUPERIOR DE CALI
ABOGADO Provisionalidad DESPACHO 001 DE 30/04/2015 03/05/2017 CALI
ASESOR - LA SALA CIVIL
Grado 23 ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS DEL
TRIBUNAL
SUPERIOR DE CALI
ABOGADO Provisionalidad DESPACHO 001 DE 05/05/2017 02/05/2019 CALI
ASESOR - LA SALA CIVIL
Grado 23 ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS DEL
TRIBUNAL
SUPERIOR DE CALI
ABOGADO Provisionalidad DESPACHO 001 DE 03/05/2019 14/12/2021 CALI
ASESOR - LA SALA CIVIL
Grado 23 ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS DEL
TRIBUNAL
SUPERIOR DE CALI
JUEZ Provisionalidad JUZGADO 15/12/2021 26/04/2023 CALI
CIRCUITO - SEGUNDO CIVIL
Grado 00 DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO

17

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

EN RESTITUCION
DE TIERRAS BUGA
JUEZ Provisionalidad JUZGADO 28/04/2023 A la fecha CALI
CIRCUITO - SEGUNDO CIVIL
Grado 00 DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO
EN RESTITUCION
DE TIERRAS BUGA

60. La coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de
Cali, el 24 de junio de 2021 emitió constancia mediante la cual precisó que la actora
se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el 21 de junio de 2005. Que, en la
actualidad, ocupa el cargo de «Abogado Asesor Grado 23» en la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras 001 del Tribunal Superior de Cali, con
nombramiento en provisionalidad conforme a la Resolución 002. Igualmente, indicó
que pertenece al régimen salarial de acogidos de la planta permanente y percibe
los siguientes conceptos salariales20:

Concepto Valor
Asignación básica 5.976.866
Bonificación judicial 3.079.034
[…]»
Tabla extraída de la certificación referida.

61. La señora Dora Elcy presentó reclamación administrativa el 24 de mayo de
202121, a través de la cual solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales entre el empleo de «abogado asesor grado 23» y «abogado asesor» sin
grado; así como la respectiva reliquidación salarial y prestacional.

62. Por su parte la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cali, mediante Resolución DESAJCLR21-1480 del 2 de junio de 202122, negó la
solicitud presentada por la demandante, al considerar que la remuneración de la
actora se ha liquidado y pagado íntegramente, y en debida forma mes a mes según
la escala salarial aplicable, fijada por el Gobierno nacional, para el cargo de
«abogado asesor grado 23».

63. La demandante inconforme con la negativa de la administración interpuso
recurso de apelación23. A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

20 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, carpeta Expediente digital,

pdf 01 Demanda y anexos, folio 39.
21 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
1_EXPEDIENTEDIGITAL, pdf 01. Demanda y anexos folio 28 y Samai, gestión en otras corporaciones,
visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 004_MemorialWeb_Peticion. También consta la fecha en la
Resolución DESAJCLR21-1480 del 2 de junio de 2021 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial.
22 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
1_EXPEDIENTEDIGITAL, pdf 01. Demanda y anexos folios 29 al 33.
23 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 004_Memorial_Recurso.

18

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

de Cali, concedió el recurso24 ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Nivel Central25. No obstante, la entidad accionada guardó silencio.

64. Posteriormente, la demandante interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través de la cual solicitó la nulidad de la Resolución
DESAJCLR21-1480 del 2 de junio de 2021, por medio de la cual se negó la
inaplicación por inconstitucionalidad de la expresión «grado 23» contenida en los
acuerdos salariales y prestacionales expedidos por el Consejo Superior de la
Judicatura, a través de los cuales se creo el cargo de «abogado asesor grado 23»;
el reconocimiento de su salario según los decretos expedidos por el Gobierno
nacional; las diferencias salariales existentes entre el empleo que venía
desempeñando frente al salario establecido para los abogados asesores; y la
reliquidación y pago de las prestaciones sociales. Igualmente, pidió la nulidad del
acto ficto o presunto configurado por el silencio administrativo negativo respecto al
recurso de apelación interpuesto contra la decisión anterior.

65. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de
la demanda, al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura no era
competente para fijar la categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto
dicha potestad le corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades
previstas en la Ley 4ª de 1992.

66. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura, creo el cargo de
abogado asesor grado 23, asignándole dicho nivel en atención a sus funciones y
responsabilidades. Expuso que lo que pretende el actor es confundir la
denominación de los cargos para obtener un beneficio personal. Reiteró, que el
cargo fue creado dentro del marco de autonomía administrativa.

67. Ahora bien, al descender al caso concreto, es importante precisar que,
según los criterios adoptados por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, la competencia para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Congreso
de la República, el cual a su vez establece los criterios que orientan el ejercicio de
la potestad reglamentaria del Gobierno nacional en dicha materia 26.

68. A su turno, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la creación
de cargos y la incorporación de personal a las plantas de los despachos judiciales,
lo cual implica la determinación de las funciones y requisitos para el desempeño de
los empleos, sin que pueda establecer obligaciones a cargo del tesoro público que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales. En tal sentido, a dicha corporación, no se le atribuyó competencia para fijar

24 Mediante Resolución núm. DESAJCLR21-1565 del 11 de junio de 2021.
25 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf
1_EXPEDIENTEDIGITAL, pdf 01. Demanda y anexos folio 35.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-
2018-00529-01 (3071-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

o modificar el régimen salarial y prestacional de los empleos pertenecientes a la
planta de personal de la Rama Judicial.

69. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 150, numeral 19, literal e), de
la Constitución faculta al Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos establecidos por el legislador. En desarrollo de dicha disposición, se
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual se fijaron los parámetros que se debe
observar el Gobierno nacional para determinar el régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos, incluidos los de la Rama Judicial.

70. Por las razones expuestas, el Consejo Superior de la Judicatura, en
ejercicio de sus funciones, no puede atribuirse la competencia legal y reglamentaria
para establecer la remuneración de un cargo perteneciente a la planta de personal
de la Rama Judicial ni asignarle grados o códigos adicionales, dado que esta
atribución corresponde de manera concurrente al legislador y el Gobierno nacional.

71. No obstante, lo anterior, en el caso bajo estudio, el Consejo Superior de la
Judicatura profirió el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, mediante
el cual asignó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor». Con dicha actuación,
desconoció las disposiciones que regulan el régimen salarial y prestacional de los
empleados de la Rama Judicial, en particular lo previsto en el artículo 4 de los
decretos 1257 de 2015 y 245 de 2016, en los cuales se puede advertir que el cargo
de «abogado asesor» ya existía en la planta de empleos de la entidad y tenía
prevista una asignación salarial y prestacional acorde con el Decreto 57 de 1993.

72. Esta modificación impactó negativamente la remuneración correspondiente
al cargo de «abogado asesor grado 23», tal como se observa de los decretos
anuales expedidos por el Gobierno nacional, en los que se advierte que la
asignación salarial del cargo de «abogado asesor» era superior a la del cargo de
«abogado asesor grado 23» desempeñado por la demandante, pese a tratarse
materialmente del mismo empleo.

73. En otras palabras, la inclusión de la expresión «grado 23» en el acuerdo de
creación del cargo generó que las personas que lo desempeñaron no percibieran la
remuneración correspondiente al empleo de «abogado asesor». En el caso
concreto, ello implicó que durante el tiempo en que la parte actora ejerció funciones
como «abogado asesor grado 23», se le pagara un salario inferior al fijado
anualmente por el presidente de la República para el cargo nominado de «abogado
asesor», lo que, a su vez, impactó negativamente el valor de sus prestaciones
sociales, al haberse utilizado dicho salario como base para su liquidación.

74. En los mismos términos, esta Subsección se ha pronunciado a través de
providencia del 6 de marzo de 202527, respecto a los casos en los que se discute el

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 06 de marzo de 2025, radicado 05001-

23-33-000-2018-02117-01 (6930-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

reconocimiento de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado asesor
grado 23» y «abogado asesor», consideró lo siguiente:

«46. En esas condiciones, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» desconoció lo previsto en
el artículo 4 de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de
2018, entre otros, según el cual «[n]inguna autoridad podrá establecer o modificar
el régimen salarial o prestacional establecido en el presente decreto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier
disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».
Esto, debido a que se excedió en el ejercicio de sus competencias al modificar el
régimen salarial y prestacional previsto por el gobierno nacional para el cargo de
«abogado asesor», en perjuicio de los servidores que desempeñaron tales
empleos, entre ellos el del demandante […].

[…]

52. No obstante, lo expuesto por la entidad y la valoración en conjunto del
contenido del acuerdo que creó los cargos de «abogado asesor grado 23» y demás
elementos de juicio antes descritos, lleva a deducir lo siguiente: i) la remuneración
del abogado asesor (nominado) se ha regulado anualmente, a partir del Decreto
57 de 1993; ii) por medio del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015,
el Consejo Superior de la Judicatura creó los cargos de «abogado asesor grado
23» en uno de los cuales se nombró a Fabián Enrique Yara Benítez; y iii) en los
despachos de magistrado de los tribunales administrativos y superiores no se creó
el cargo de «abogado asesor» pero sí el de «abogado asesor grado 23».

53. En consecuencia, el cargo «grado 23» que desempeñó el demandante
correspondía al de «abogado asesor» (nominado), por lo tanto, tenía derecho a las
prestaciones económicas de este durante el tiempo que lo ejerció.»

75. A partir de todo lo expuesto, la Sala concluye que el Consejo Superior de la
Judicatura excedió en el ejercicio de sus competencias al atribuirle la denominación
«grado 23» al cargo de «abogado asesor» de los tribunales superiores de distrito
judicial y tribunales administrativos, y con ello fijar una remuneración inferior a la
prevista para el abogado asesor nominado, la cual ya se encontraba expresamente
establecida en los decretos anuales que regulan el régimen salarial y prestacional
de la Rama Judicial.

76. Por lo anterior, la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23» de
tribunales superiores de distrito judicial y administrativos, se encuentra comprendida
dentro del listado de los cargos nominados en los decretos expedidos por el
presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de
1992, por lo que su labor debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4°. de los
decretos 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015 y 245 de 2016, es decir,
conforme al empleo «abogado asesor sin grado», sin que sea aceptable que el
Consejo Superior de la Judicatura pueda variar la denominación establecida en el
artículo 3º, numeral 2° del Decreto 57 de 1993.

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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
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77. Por ello no le asiste razón a la entidad recurrente, en la medida en que la
demandante tiene derecho a percibir las prestaciones económicas correspondientes
al cargo de «abogado asesor» sin grado. Ello, por cuanto durante el período en que
prestó sus servicios se le pagó el salario asignado al cargo de «abogado asesor
grado 23», el cual resulta inferior al establecido anualmente por el presidente de la
República para el primero de los empleos mencionados.

78. En este sentido, la Sala reitera la regla jurisprudencial establecida en la
sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, según la cual el Consejo
Superior de la Judicatura carecía de competencia para modificar la denominación
de cargos incluidos en los listados de empleos definidos por decretos del presidente
de la República, expedidos en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 4ª de
1992, razón por la cual dicha actuación resulta ilegal e inconstitucional. Por
consiguiente, la respuesta al primer problema jurídico es afirmativa.

79. Por otra parte, en lo que respecta al argumento de la demandada de no contar
con la disponibilidad material y presupuestal para incluir en nómina el pago adicional
correspondiente al reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales, la
Sala recuerda que las restricciones presupuestales no constituyen una causa válida
para negar el reconocimiento de un derecho prestacional. Es decir, las dificultades
financieras o de ejecución presupuestal no eximen a la administración del deber de
reconocer y pagar los derechos que hayan sido debidamente causados. Sobre el
punto, la Corte Constitucional28 ha reiterado que «la situación económica y
presupuestal que afrontan un gran número de entidades públicas no justifica el
incumplimiento de las obligaciones laborales».

80. Consecuente con ello, la falta de apropiación presupuestal no puede ser
utilizada como justificación para desconocer derechos laborales adquiridos,
especialmente cuando estos han sido reconocidos mediante sentencia judicial y
permitir tal conducta implicaría una vulneración a los principios constitucionales
como a la seguridad jurídica y el respeto por las decisiones judiciales. La
observancia de las decisiones judiciales no es opcional, sino un deber legal y
constitucional que debe ser acatado por todas las autoridades administrativas. En
ese orden de ideas, la respuesta al segundo problema es negativa.

4. Conclusión de la decisión

81. En atención a lo consignado, la Sala concluye que es procedente confirmar
la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca. Es claro que la demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de
«abogado asesor grado 23», que ejercía y el de «abogado asesor sin grado», con
base en que el Consejo Superior de la Judicatura al asignarle un grado y categoría
salarial al primero de estos, incurrió en un exceso en el ejercicio de sus facultades

28 Ver sentencias T-399 de 1998, SU-995 de 1999, SU-484 de 2008.

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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
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como quedó establecido por la jurisprudencia unificada de esta Corporación, tal
como se resolvió en la sentencia de primera instancia, por las consideraciones
desarrolladas en esta providencia y conforme con la pauta de unificación
establecida en la sentencia del 2 de noviembre de 2023.

5. Costas

82. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 29 de
la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

83. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 10 de diciembre de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, conforme a las consideraciones de la parte motiva de
esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 76001-23-33-000-2022-00451-01 (0700-2026)
Demandante: Dora Elcy Buitrago López
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional de Cali

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

24

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