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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02117-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02117-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal 6 de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 23 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, en cuanto condenó en costas a la parte demandada, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente providencia. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 23 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Fabián Enrique Yara Benítez contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, conforme con lo expuesto en la presente sentencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. 22 Radicado: 05001-23-33-000-2018-02117-01 (6930-2023) Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23-33-000-2020- 00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM 23

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-02117-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02117-01 (6930-2023)
Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín

Tema: Nivelación salarial del cargo de «abogado asesor grado 23» de
tribunal judicial

Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 23 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala cuarta de Decisión, mediante la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Fabián Enrique Yara Benítez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se inaplicaran los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura en lo que se
refiere a la creación de forma temporal y definitiva del empleo denominado
«abogado asesor, grado 23», perteneciente a los despachos de descongestión y
permanentes del Tribunal Administrativo de Antioquia, así como las sucesivas
prórrogas.

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2018-02117-01 (6930-2023)
Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez

2. Asimismo, se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
Resolución DESAJMR 16-7205 del 21 de julio de 2016, por medio de la cual la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín le negó la
solicitud de pago de las diferencias salariales y prestacionales causadas entre el
empleo de «abogado asesor grado 23», el cual ocupó entre el 1 de diciembre de 2015
y el 21 de agosto de 2018, y el de «abogado asesor» sin grado; ii) Resolución
DESAJMER 17-7279 del 25 de octubre de 2017, que confirmó la anterior decisión
al resolver un recurso de reposición en su contra; y iii) acto negativo ficto por la
falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto contra el acto inicial.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de que, para todos los efectos, ejerció el cargo de «abogado
asesor» sin grado; ii) el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y
prestacional entre lo que percibió como «abogado asesor grado 23» y lo que debía
recibir según el salario establecido para el cargo de «abogado asesor» sin grado,
con respecto a cada uno de los meses en los que trabajó en el Tribunal
Administrativo de Antioquia; y iii) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

4.1. Fabián Enrique Yara Benítez ocupó el empleo de «abogado asesor grado 23» en
el Tribunal Superior de Antioquia entre el 1 de diciembre de 2015 y el 20 de marzo
de 2017 y del 22 de marzo de 2017 al 21 de agosto de 2018, cargo que fue creado
mediante Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, que dispuso «la
creación de (1) cargo de abogado asesor grado 23 adscrito al Despacho de Magistrado de
Tribunal, en forma permanente, desde el 1 de noviembre de 2015».

4.2. El10 de junio de 2016, solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales causadas entre el empleo que desempeñó como
«abogado asesor grado 23» y el de «abogado asesor» sin grado.

4.3. Mediante la Resolución DESAJMR16-7205 del 21 de julio de 2016, la entidad
negó la anterior petición, toda vez que, en consideración de las facultades
otorgadas en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, avaladas por la Corte
Constitucional, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tenía
competencia tanto para crear cargos en descongestión, como para determinar sus
funciones y los requisitos para su desempeño. Asimismo, la única limitante que se

2

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Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez

había impuesto a la entidad para la creación de cargos en descongestión es que
no podía establecerse a cargo del tesoro obligaciones que excedieran el monto
global fijado para el plan de descongestión en la ley de apropiaciones iniciales.

4.4. El 9 de febrero de 2017, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de
apelación contra el anterior acto administrativo, el primero resuelto a través de la
Resolución DESAJMER 17-7279 del 25 de octubre de 2017 en el sentido de
confirmar la decisión, mientras que el segundo no fue decidido.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución
Política; la Ley 4ª de 1992; y el Decreto 57 de 1993.

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:

6.1. El Consejo Superior de la Judicatura cuando estableció el «grado 23» para el
cargo de abogado asesor en los acuerdos que crearon y prorrogaron la
descongestión judicial, recientemente incluido como parte de la planta permanente
de los tribunales administrativos, desbordó sus facultades legales y
reglamentarias, toda vez que carecía de la facultad para ello y, además, no era el
competente para fijar su remuneración, pues ese empleo ya había sido creado,
nominado y su asignación fijada por el Decreto 57 de 1993, por lo que al haber
tomado un grado y asignárselo implicó fijarle un régimen salarial distinto, esto
último competencia del Congreso y solo por vía de autorización expresa de este al
Gobierno Nacional, a través de la Ley 4ª de 1992.

6.2. No estaba en discusión la facultad del Consejo Superior de la Judicatura de
crear cargos en descongestión o permanentes; sino la asignación de un grado,
cuando el empleo de abogado asesor fue creado por el Gobierno Nacional en el
artículo 3 del Decreto 57 de 1993 sin grado alguno y le estipuló su salario,
disposición que pretendió burlar la demandada, pues era claro que el artículo 16
del citado decreto estableció que: «[…] ninguna autoridad podrá establecer o modificar
el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en
concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992. Cualquier
disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».

6.3. En consecuencia, la entidad carecía de la facultad para determinarle un grado

2 Samai, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_9112023(.zip) NroActua 2», carpeta
«00.ExpedienteDigitalizado», archivo «002Demanda.pdf».

3

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Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez

y de la competencia para fijar su remuneración. Adicionalmente, no existían
razones constitucionales que hayan justificado un trato diferenciado entre los
cargos transitorios creados por descongestión y los que hacían parte de la planta
permanente de los tribunales.

1.2. Contestación de la demanda

7. La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, se opuso a las
súplicas de la demanda bajo los siguientes argumentos3:

7.1. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura contaba con la
facultad de crear cargos, pues dentro de sus competencias, según lo previsto en el
numeral 2 del artículo 257 de la Constitución Política, se encontraba la de «(c)rear,
suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales».

7.2. Esta competencia otorgada en forma directa por el constituyente fue reiterada
y desarrollada por el legislador en la Ley 270 de 19964, en la que se dispuso en el
artículo 85 que correspondía al Consejo Superior de la Judicatura lo siguiente:

«Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados.
Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial,
determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan
sido fijados por la ley.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales».

7.3. Con base en las facultades otorgadas por el artículo 63 de la Ley 270 de 1996,
se avaló al Consejo Superior de la Judicatura para que creara cargos en
descongestión con el carácter de transitorios, asimismo para que determinara
funciones y requisitos para su desempeño, medida que fue adoptada en desarrollo
del Plan Nacional de Descongestión, con el fin de que se disminuyeran los graves
problemas de congestión judicial.

7.4. No se atentó contra el principio de igualdad, pues era facultativo del Consejo

3 Samai, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_9112023(.zip) NroActua 2», carpeta
«00.ExpedienteDigitalizado», archivo «008ContestacionDeLaDemanda.pdf».
4 «Estatutaria de la Administración de Justicia».

4

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Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez

Superior de la Judicatura conforme a la demanda de justicia en cada distrito, crear
y estructurar cargos dentro de los despachos judiciales.

7.5. Era improcedente acceder a la nivelación salarial solicitada, en razón a que el
cargo desempeñado, «abogado asesor grado 23», con los requisitos señalados y el
salario fijado, fueron condiciones establecidas desde su creación, las cuales fueron
aceptadas por la demandante al momento de su posesión.

7.6. Propuso las excepciones de: i) presunción de legalidad de los actos
administrativos; ii) ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho y cobro de
lo no debido; y iii) innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia
proferida el 23 de agosto de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandada. Al efecto dispuso lo siguiente5:

«Primero: Declarar configurado el silencio administrativo negativo, frente al recurso de
apelación presentando el 9 de febrero de 2017, por el señor Fabián Enrique Yara
Benítez, a través de apoderado, en contra de la Resolución No. DESAJMR16-7205 del
21 de julio de 2016.

2. Segundo: Inaplicar los Acuerdos PSAA11-8419 del 1° de agosto de 2011 y Acuerdo
No. PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, por medio de los cuales se “adoptan
unas medidas de descongestión complementarias a las adoptadas en el Plan Nacional
de Descongestión en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia”, Y “se crean
con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos
en todo el territorio nacional”; así como las sucesivas prórrogas, en cuanto a la
asignación del Grado 23 al cargo de Abogado Asesor.

Tercero: Declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJMR16-7205 del 21 de julio de
2016, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial
Medellín - Antioquia, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de una
diferencia salarial al demandante, así como la resolución que resolvió el recurso de
reposición, esto es, la Resolución No DESAJMER17-7279 del 25 de octubre de 2017 y
del acto ficto configurado con el silencio administrativo negativo de la entidad, y por el
cual se entiende resuelto un recurso de apelación.

Cuarto: Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la Nación – Rama Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de la Administración Judicial
de Medellín - Antioquia, reconocer, liquidar y pagar al señor Fabián Enrique Yara
Benítez, desde que ejerció el cargo, esto es, desde el 01 de diciembre de 2015 al 20

5 Samai, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_9112023(.zip) NroActua 2», archivo
«04.SentenciaPrimeraInstancia.pdf».

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Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez

de marzo de 2017 y del 22 de marzo de 2017 al 21 de agosto de 2018 las diferencias
salariales y prestacionales, existentes entre el cargo de Abogado Asesor de Tribunal
Judicial y el cargo Grado 23, de conformidad con los decretos expedidos por el
Gobierno Nacional, y en desarrollo de la Ley 4ª de 1992

Quinto: Las sumas que resulten a favor del demandante y los aportes tanto en salud
como pensión que deban deducirse, se ajustaran en la forma expresada en esta
sentencia.

(…)» (sic).

9. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

9.1. El Consejo Superior de la Judicatura excedió las facultades que le fueron
otorgadas tanto por la Constitución Política, como en la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, pues el único competente para fijar el régimen salarial
y prestacional de los servidores de la Rama Judicial era el Gobierno Nacional, el
cual a través de todos los decretos emitidos año a año reguló de forma clara y
precisa la remuneración mensual que tendrían las personas que ocuparan el cargo
de «Abogado Asesor, sin Grado», por tanto la entidad no debió darle un grado a tal
cargo y haber modificado la asignación mensual que le correspondía.

9.2. Si bien es cierto que al Consejo Superior de la Judicatura le correspondía crear
cargos, determinar la planta de personal de la Rama Judicial y por ende su
estructura, también lo es que no se encontraba facultado para fijar la escala salarial
de ningún servidor público. Por tanto, a los cargos creados por dicho órgano les
correspondía la asignación salarial fijada por el Gobierno Nacional en uso de las
facultades conferidas por el artículo 150 de la Constitución Nacional y la Ley 4ª de
1992.

9.3. Al demandante le fueron menguados los ingresos mensuales, sobre los que
debió haber percibido, toda vez que el cargo ocupado como «Abogado Asesor -
Grado 23» no recibía la asignación que correspondía para cargos con la misma
denominación, estos son los de «Abogado Asesor, sin Grado». Bastaba con revisar
la remuneración fijada para estos cargos para evidenciar que la del segundo era
superior a la que se estableció para el primero.

9.4. En esa medida, lo que procedía era acceder a las pretensiones de la demanda,
puesto que la entidad demandada excedió sus facultades y competencias al
haberle otorgado a un cargo ya creado y denominado una escalara salarial y
prestacional diferente, y en ese sentido haber disminuido la remuneración con
respecto de la ya fijada por el competente para ello, esto es el Gobierno Nacional.

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9.5. La condena en costas era procedente, en consideración a lo previsto en los
artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso6.

1.4. El recurso de apelación

10. La
parte demandada interpuso recurso de apelación bajo los siguientes
argumentos7:

10.1. El Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio del artículo 63 de la Ley 270
de 1996, estaba facultado para crear cargos de descongestión de carácter
transitorio, ello en cumplimiento de lo dispuesto en el plan de descongestión
judicial. Para cumplir con tal atribución, el artículo 85 de la mencionada ley dispuso
determinar las funciones y señalar los requisitos para el desempeño de los cargos;
no obstante, la norma estableció una única limitación para el ejercicio de tal
facultad, la cual consistía en no fijar a cargo del tesoro obligaciones que excedieran
el monto global determinado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales.

10.2. Al efecto, por medio de sus funciones administrativas y con base en las
necesidades de la jurisdicción y especialidad, determinó que el cargo que se debía
crear, inicialmente de manera transitoria, para descongestionar los tribunales
administrativos era el de «abogado asesor grado 23» el cual no hacía relación al de
«abogado asesor» innominado, sino que se estableció un grado específico cuya
remuneración es proporcional a las funciones y responsabilidades del empleo.

10.3. No era posible acceder a la nivelación salarial pretendida, en razón a que el
cargo de «abogado asesor grado 23» desde el momento de su creación fue
establecido con los requisitos y el salario fijado, condiciones que fueron aceptadas
por el demandante desde el momento de su posesión.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.

6 En adelante CGP.
7 Samai, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_9112023(.zip) NroActua 2», archivo «06.Memorial 4.09.2023
RecursoApelacionSentencia 2018 2117.pdf».

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Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez

1.6. Concepto del Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso8, la competencia
del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en
el recurso de apelación, en esas condiciones el problema jurídico consiste en
determinar ¿si el Consejo Superior de la Judicatura se excedió en el ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales al asignarle el «grado 23» al empleo
de «abogado asesor», pues con ello modificó el régimen salarial y prestacional
establecido por los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional para dicho
cargo?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de
los cargos de la Rama Judicial

14. La Constitución Política previó en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f),
como atribución del Congreso de la República aquella concerniente a dictar las
normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debía
sujetarse el gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos9.

10
15. En desarrollo de esta potestad, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992
, en cuyo
artículo 1 otorgó al gobierno nacional facultades extraordinarias para que, con

8 En lo que sigue CGP.
9 «Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes

funciones:
(…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública […]»
10 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

8

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sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en la citada ley, fijara el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial11. A
su vez, el parágrafo del artículo 14 ejusdem dispuso que el ejecutivo revisaría el
sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre
la base de la nivelación o reclasificación en atención a criterios como el de equidad.
Con base en ello, se expidieron anualmente los decretos en materia salarial y
prestacional de dichos empleados.

16. En efecto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4ª de 1992, se
expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 199312, en el cual el presidente de la
República estableció el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama
Judicial. En el artículo 1 dispuso que sería de obligatorio cumplimiento para
quienes se vincularan al servicio con posterioridad a su vigencia y que no se tendría
en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de
cualquiera de las otras ramas, organismos o instituciones del sector público.

17. El artículo 2 ibidem preceptuó que los servidores públicos vinculados a la Rama
Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de
febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto
57 de 1993 y advirtió que quienes no se acogieran a aquel, continuarían rigiéndose
por las normas vigentes a esa fecha.

18. El artículo 3 señaló lo siguiente:

«A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleados de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:
[…]

2.- Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior
Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:
[…]
Abogado asesor $1.125.000 […]»

19. El artículo 4 previó que la remuneración mensual para los empleos de la Rama
Judicial y la Justicia Penal Militar, cuya denominación del cargo no estuviera
señalada en el artículo anterior, se regiría por la escala allí establecida.

11 «Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos

en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
(…)
b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General
de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República […]» (se resalta)
12 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos

de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».

9

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Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez

20. El artículo 11 señaló: «[l]a incorporación del personal a los cargos con diferentes
grados establecidos en el artículo 3.º se hará con base en los requisitos y condiciones
establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura».

21. Posteriormente, el gobierno nacional expidió los decretos 110 de 1993, 106 de
1994, 43 de 1995, 65 de 1998, 388 de 2006, 657 de 2008, 1388 de 2010, 1039 de
2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013
de 2017, 337 de 2018 y 991 de 201913. En ellos fijó las remuneraciones anuales
de los empleados de la Rama Judicial que no se acogieron al régimen salarial y
prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, entre ellos el de abogado
asesor de tribunal judicial.

14
22. El Decreto 1039 de 2011 que fijó la remuneración mensual de ese año,
estableció en su artículo 4 lo siguiente:

«A partir del 1.° de enero de 2011, la remuneración mensual de los empleos de la Rama
Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:(…)

2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar
y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:

Abogado Asesor 5.140.170

[…]».

13 Por medio de estos decretos se reguló el «[…]régimen salarial y prestacional para los servidores

públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar». En cada anualidad se determinó la
remuneración mensual del cargo abogado asesor, así:

Decreto Año Remuneración Decreto Año Remuneración
mensual mensual
106/94 1994 $1.361.250 618/07 2007 $4.131.340
43/95 1995 $1.606.275 658/08 2008 $4.366.414
36/96 1996 $1.847.217 723/09 2009 $4.744.983
76/97 1997 $1.994.995 1388/10 2010 $4.982.233
64/98 1998 $2.476.551 1039/11 2011 $5.140.170
44/99 1999 $2.798.503 874/12 2012 $5.397.179
2740/00 2000 $3.056.805 1024/13 2013 $5.582.842
2720/01 2001 $ 3.133.226 194/14 2014 $5.746.978
673/02 2002 $ 3.296.789 1257/15 2015 $6.014.797 (4.66%)
3569/03 2003 $ 3.425.364 245/16 2016 $6.482.146 (7.77%)
4172/04 2004 $ 3.568.887 1013/17 2017 $6.919.690 (6.75%)
936/05 2005 $3.765.176 337/18 2018 $7.271.902 (5.09%)
389/06 2006 $3.953.435 991/19 2019 $7.599.137 (4.5%)

14 «Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores

públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».

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23. De igual forma, en su artículo 6 fijó la escala de remuneración mensual de los
diferentes grados, para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar
cuya denominación del cargo no estuviese señalada en los artículos anteriores del
citado decreto.

24. En esa anualidad (2011), inició la implementación del Plan Nacional de
Descongestión a nivel nacional15 y se expidió el Acuerdo PSAA12-9139 del 17 de
enero de 201216 con base en este se profirieron varios acuerdos17 mediante los
cuales se crearon cargos de «abogado asesor grado 23» en distintos tribunales
administrativos del país desde el 2 de febrero de 2012 hasta el 30 de junio de ese
año18.

25. En este punto, conviene precisar que a través de los decretos 1039 de 2011,
874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de
2017 y 337 de 2018, 991 de 2019, 299 de 2020 y 982 de 2021 se fijaron las
remuneraciones anuales de los empleados de la Rama Judicial que se acogieron
al régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, entre ellos
el de abogado asesor de tribunal judicial. En todos ellos, la asignación salarial

15 Durante esta época se expidieron varios acuerdos que adoptaron medidas de descongestión,

entre otros, los acuerdos PSAA11-8531; PSAA11-8532; PSAA11-8533; PSAA11-8534; PSAA11-
8535; PSAA11-8536; PSAA11-8537; PSAA11-8538; PSAA11-8539; PSAA11-8540; PSAA11-
8541; PSAA11-8542; PSAA11-8543; PSAA11-8544; PSAA11-8545; PSAA11-8546; PSAA11-
8547; PSAA11-8548; PSAA11-8549; PSAA11-8550; PSAA11-8551; PSAA11-8552; PSAA11-
8553; PSAA11-8554; PSAA11-8555; PSAA11-8556; PSAA11-8557; PSAA11-8558; PSAA11-
8559; PSAA11-8560; PSAA11-8561; PSAA11-8562; PSAA11-8563; PSAA11-8564; PSAA11-
8565; PSAA11-8566; PSAA11-8567; PSAA11-8568; PSAA11-8569; PSAA11-8570; PSAA11-
8571; PSAA11-8572; PSAA11-8573; PSAA11-8574; PSAA11-8575; PSAA11-8576; PSAA11-
8577; PSAA11-8578; PSAA11-8579; PSAA11-8580; PSAA11-8581; PSAA11-8582; PSAA11-
8583; PSAA11-8584; PSAA11-8585; PSAA11-8586; PSAA11-8587; PSAA11-8588; PSAA11-
8589; PSAA11-8590; PSAA11-8591; PSAA11-8592; PSAA11-8593; PSAA11-8594; PSAA11-
8595; PSAA11-8596; PSAA11-8597; PSAA11-8598; PSAA11-8599; PSAA11-8600; PSAA11-
8601; PSAA11-8602; PSAA11-8603; PSAA11-8604; PSAA11-8605; PSAA11-8606; PSAA11-
8607; PSAA11-8608; PSAA11-8609; PSAA11-8610; PSAA11-8611; PSAA11-8612; PSAA11-
8613; PSAA11-8614; PSAA11-8615; PSAA11-8616; PSAA11-8617; PSAA11-8618; PSAA11-
8619; PSAA11-8620; PSAA11-8621; PSAA11-8622; PSAA11-8623; PSAA11-8624; PSAA11-
8625; PSAA11-8626; PSAA11-8627; PSAA11-8628; PSAA11-8629; PSAA11-8630; PSAA11-
8631; PSAA11-8632; PSAA11-8633; PSAA11-8634; PSAA11-8635; PSAA11-8636; PSAA11-
8637; PSAA11-8638; PSAA11-8639; PSAA11-8640; PSAA11-8641; PSAA11-8642; PSAA11-
8643; PSAA11-8644; PSAA11-8645; PSAA11-8646; y PSAA11-8647 de 2011.
16 «Por el cual se adopta el Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo»
17 Acuerdos PSAA12-9213 de 2012; PSAA12-9214 de 2012; PSAA12-9215 de 2012; PSAA12-9216

de 2012; PSAA12-9217 de 2012; PSAA12-9218 de 2012; PSAA12-9219 de 2012; PSAA12-9220
de 2012; PSAA12-9221 de 2012; PSAA12-9222 de 2012; PSAA12-9223 de 2012.
18 «Artículo Primero.- Crear transitoriamente, a partir del 2 de febrero y hasta el 30 de junio de 2012,

un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23, en cada uno de los despachos de Magistrado del
Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda».

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correspondiente al cargo con esta denominación sin grado es superior a la que
corresponde al «grado 23».

26. En suma, la autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos de la Rama Judicial es el gobierno nacional, con sujeción
a los lineamientos contenidos en la Ley 4ª de 1992, el cual, en ejercicio de tal
facultad, expidió los decretos anuales que fijaron el salario para los cargos que
mantuvieron la denominación señalada en el Decreto 57 de 1993, y, de manera
subsidiaria, previó una escala de remuneración en grados para aquellos empleos
no enlistados en dicha clasificación.

2.2.2. Competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de
cargos de la Rama Judicial

27. La Constitución Política estableció en el numeral 2 del artículo 257 que el
Consejo Superior de la Judicatura podrá: «[c]rear, suprimir, fusionar y trasladar cargos
en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, no podrá establecer a cargo
del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en
la ley de apropiaciones iniciales».

28. En desarrollo del mencionado precepto constitucional, la Ley 270 de 1996 en su
artículo 85, modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024, señaló entre las
funciones del Consejo Superior de la Judicatura:

«Artículo 85. Funciones del Consejo Superior de la Judicatura. <Artículo
modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:>
Al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde el ejercicio de las siguientes
funciones:

[…]

12. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las
Salas de estos y los Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de
estos. Para el efecto deberá establecer un mecanismo de atención oportuna y eficaz
de los requerimientos formulados por los Juzgados y Tribunales, para su correcto
funcionamiento.

13. Determinar la estructura y planta de personal de las corporaciones judiciales y los
Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la
Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño
que no hayan sido fijados por la Ley, previo concepto de la Comisión Interinstitucional.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el servicio de justicia en la ley de
apropiaciones iniciales.

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[…]».

29. En ejercicio de las anteriores facultades y en desarrollo del Plan Nacional de
Descongestión Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura creó distintos
despachos de descongestión judicial a lo largo del territorio nacional.

30. Posteriormente, el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 creó en
forma permanente para los despachos de magistrados de tribunales superiores, un
cargo de «abogado asesor grado 23», al señalar:

«ARTÍCULO 14.- Salas Laborales: Crear en la Sala Laboral de los Tribunales que se
enuncian a continuación, los siguientes despachos judiciales: 1. Tres (3) Despachos de
magistrado en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, cada uno conformado por
Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar Judicial grado 1 y (1) cargo de Abogado Asesor
grado 23. 2. Un (1) despacho de magistrado en la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Pereira, conformado por Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar Judicial grado 1 y (1)
cargo de Abogado Asesor grado 23.

[…]

ARTÍCULO 16.- Adopción de planta para el modelo de gestión de los tribunales:
Adoptar la siguiente planta de personal para los Tribunales Superiores del país:

1. Tribunales de mayor demanda: Un (1) cargo de Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar
Judicial grado 1 y un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23.

[…]

ARTÍCULO 17.- Creación de cargos en despachos de magistrado de los Tribunales
Superiores: Crear en cada uno de los despachos de magistrado de los Tribunales
Superiores que se enuncian a continuación los siguientes cargos:

a. Tribunales Superiores de Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali,
Cartagena, Cúcuta, Cundinamarca, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira,
Popayán y Villavicencio, excepto en los despachos de Magistrado de la Sala de Justicia
y Paz: Un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23.

[…]».

31. En definitiva, la entidad demandada tiene la facultad constitucional y legal para
crear los cargos que estime necesarios para la administración de justicia, siempre
y cuando no exceda el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales. Sin embargo, la competencia para fijar el régimen salarial
y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es constitucional y
reside de manera concurrente en el Congreso y en el gobierno nacional. Así, el
primero expide la ley marco contentiva de los lineamientos generales, al tiempo

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que el segundo regula la materia por medio de los decretos anuales que emite con
sujeción a la anterior.

2.2.3. Reglas de unificación en relación con la remuneración de los abogados
asesores grado 23 de los tribunales judiciales

32. La Sección Segunda de Esta Corporación, en la sentencia SUJ-033-CE-S2-
2023 del 2 de noviembre de 202319, unificó su jurisprudencia en relación con la
remuneración que corresponde al abogado asesor de tribunales y definió la
siguiente regla:

«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos
nominados, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en el Decreto 57
de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional en los que se
regule el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta
potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades
previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de
“abogado asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el
“abogado asesor” en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la
materia».

33. Lo anterior,luego de realizar el análisis de la competencia para definir el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, entre ellos, los de la
Rama Judicial y los efectos de otorgarles un grado de remuneración a los cargos
para los cuales el gobierno nacional establece expresamente una asignación
salarial como «nominados». Dicho estudio llevó a la siguiente conclusión:

«[…] la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de Tribunales
Administrativos, se encuentra dentro del listado de los cargos nominados20 en los
Decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias
señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor debe remunerarse de acuerdo con
el artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 201
4, sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la Judicatura pueda variar la
denominación contemplada en el artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo
cual resulta ilegal e inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo denominado
“abogado asesor”, afectó negativamente la remuneración salarial y prestacional del
mismo».

34. Asimismo, la providencia advirtió que, durante el trámite del proceso, el Consejo
Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-11968 del 30 de junio de
2022 a través del cual modificó la denominación del cargo de «abogado asesor grado

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicación: 08001-

23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019)
20 «Entendido como el que se menciona con un nombre indicativo de la función y no con la

referencia numérica».

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23» por la de «profesional especializado grado 23». Esta situación se valoró a la luz
del artículo 281 del CGP, toda vez que comportaba un hecho sobreviniente que
modificó la situación jurídica objeto de debate, respecto del cual se resolvió en el
caso concreto lo siguiente:

«INAPLICAR en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la
denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se hace referencia en el
artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11-8346 de 29 de julio de 2011; el Acuerdo PSAA15-
10402 de 2015 que incluyó en forma permanente el mencionado empleo en la planta
de cargos de los tribunales administrativos; y finalmente, el Acuerdo PCSJA22-11968
de 2022 mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor
grado 23”, por la de “profesional especializado grado 2 3”».

35. En relación con los efectos en el tiempo de la decisión allí adoptada, la sentencia
señaló:

«ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituye precedente
vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos
en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la
presente sentencia de unificación son retrospectivos.

Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán inmodificables».

2.3. Caso en concreto

36. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

36.1. Según certificación y constancia del 30 de mayo de 2019 21, expedidas por el
coordinador de Asuntos Laborales del Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, Dirección Seccional de Antioquia, Fabián Enrique Yara Benítez
desempeñó el cargo de «abogado asesor grado 23» en la Sala Civil de Familia del
Tribunal Superior de Antioquia entre el 1 de diciembre de 2015 y el 20 de marzo
de 2017 y del 22 de marzo de 2017 al 21 de agosto de 2018.

36.2. El 10 de junio de 2016, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, el pago de las
diferencias salariales y prestacionales causadas entre el empleo que desempeñó

21 Samai, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_9112023(.zip) NroActua 2», carpeta
«00.ExpedienteDigitalizado», archivo «010RespuestaOficio.pdf», folios 3 a 39.

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como «abogado asesor grado 23» y el de «abogado asesor» sin grado22.

36.3. Con la Resolución DESAJMR16-7205 del 21 de julio de 201623, expedida por
el director ejecutivo de administración judicial de Medellín, se negó la anterior
petición, toda vez que con base en las facultades otorgadas por la Ley 270 de 1996
el Consejo Superior de la Judicatura tenía la competencia para crear cargos en
descongestión, así como para determinar las funciones y requisitos para su
desempeño.

36.4. El 9 de febrero de 2017, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de
apelación contra el anterior acto administrativo24, el primero resuelto a través de la
Resolución DESAJMER 17-7279 del 25 de octubre de 201725 en el sentido de
confirmar la decisión, mientras que el segundo no fue decidido.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

37. La Sala advierte que el demandante acudió en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la anulación de los actos
administrativos cuestionados, por medio de los cuales se negó el pago de las
diferencias salariales y prestacionales entre los cargos de «abogado asesor grado
23», creado mediante Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, y de
«abogado asesor» de tribunal judicial.

38. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, accedió a las
pretensiones, puesto que la entidad demandada excedió sus facultades y
competencias al haberle otorgado a un cargo ya creado y denominado una
escalara salarial y prestacional diferente, y en ese sentido haber disminuido la
remuneración con respecto de la ya fijada por el competente para ello, esto es el
Gobierno Nacional.

39. En el recurso de apelación, la parte demandada aseguró que se encontraba
facultada para la creación de cargos según el artículo 63 de la Ley 270 de 1996.
Con ello no se excedió en el ejercicio de sus competencias, puesto que la
remuneración que correspondía al «grado 23» fue regulada por el gobierno

22 Samai, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_9112023(.zip) NroActua 2», carpeta
«00.ExpedienteDigitalizado», archivo « 002Demanda.pdf», folios 26 a 30.
23 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 3, actuación «Expediente digital»,

documento «3_EXPEDIENTEDIGITAL_02PODERANEXOS(.PDF) NroActua 3», folios 8 a 10.
24 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 3, actuación «Expediente digital»,

documento «3_EXPEDIENTEDIGITAL_02PODERANEXOS(.PDF) NroActua 3», folios 32 a 41.
25 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 3, actuación «Expediente digital»,

documento «3_EXPEDIENTEDIGITAL_02PODERANEXOS(.PDF) NroActua 3», folios 42 a 49.

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nacional. Agregó que el cargo de «abogado asesor grado 23» no estaba relacionado
con el de «abogado asesor» nominado, sino que se determinó un grado específico
cuya remuneración era proporcional a las funciones y responsabilidades del
empleo.

40. Sobre el particular, se precisa que si bien el Consejo Superior de la Judicatura
por virtud del mandato constitucional y legal que se le otorgó se encontraba
facultado para crear cargos en los tribunales cuando así era requerido para la
rápida y eficaz administración de justicia, atribución que comprendía la
determinación de las funciones y los requisitos para el desempeño de los empleos
y no fijar obligaciones a cargo del tesoro público que excedieran el monto global
determinado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales,
también lo es que en ningún lugar de la norma se facultó a la entidad para fijar o
variar el régimen salarial de los empleos que haya creado.

41. Tal atribución radica exclusivamente en el Gobierno Nacional, a quien por virtud
de la Constitución en el artículo 150 numeral 19, literal e), se le autorizó para que
fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, siempre y
cuando se sujetara a los objetivos y criterios establecidos por el legislativo. Con tal
propósito se expidió la Ley 4ª de 1992 en cuyo artículo primero señaló que el
Gobierno Nacional con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en
esta ley, fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la
Rama Judicial.

42. Asimismo, conviene destacar que, en el ejercicio de sus funciones públicas,
tanto el Consejo Superior de la Judicatura como cualquier otro ente o persona que
tuviera a su cargo el desarrollo de funciones de tal naturaleza, debía abstenerse
de invadir el ámbito de las competencias de otras autoridades, tal y como se
derivaba de los artículos 6 y 113.3 de la Constitución Política26. De ahí que no era
admisible que expidiera actos administrativos que regulaban materias que no le
habían sido asignadas.

43. En ese contexto, el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, por
medio del cual se le asignó el «grado 23» al cargo de abogado asesor del Tribunal
Superior de Distrito Judicial conllevó a que las personas que desempeñaron dicho
empleo recibieran la remuneración correspondiente al «grado 23» y no a la del

26 «Artículo 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
[…]
Artículo 113. […] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines».

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«abogado asesor». Según se verificó en los decretos anuales del gobierno nacional,
esta última era mayor a la que correspondía al mencionado grado. Es así por
cuanto el Decreto 1039 de 2011, en el numeral 2 del artículo 4 fijó una
remuneración de $5.140.170 al «abogado asesor», mientras que en el artículo 6
señaló la suma de $3.845.934 para el «grado 23». Como se expuso, el reajuste
anual del gobierno nacional a través del Decreto 1257 de 2015, año en el que
ingresó el demandante al servicio de la Rama Judicial, era de $6.014.797, superior
a la remuneración que fue asignada al «grado 23», esto es $4.500.333.

44. Adicionalmente, en el Decreto 1039 de 2011 las escalas de remuneración que
se determinaron para los cargos con grados salariales en el artículo 6 se definieron
a partir de la condición de que su denominación no fuera una de las que estaban
expresamente señaladas en el mismo decreto, así se desprendía de la expresión
«cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores». En este
caso, la denominación del cargo de «abogado asesor» correspondía a una de las
señaladas en el artículo 4 ibidem. Tal situación se predicó asimismo de las
anualidades subsiguientes según los decretos 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194
de 2014 y los que, en adelante, se limitaron a ajustar las remuneraciones así
previstas según los decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de
2018, 991 de 2019, 299 de 2020 y 982 de 2021, entre otros.

45. Esta afectación salarial también tuvo impacto en el valor de las prestaciones
sociales de los servidores nombrados en tales plazas, al haber sido el referente
para su liquidación. De manera que, la expresión «grado 23» llevó implícita la
afectación al régimen prestacional de los servidores de la Rama Judicial, materia
cuya regulación tampoco le correspondía a la entidad demandada.

46. En esas condiciones, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» desconoció lo previsto en el
artículo 4 de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de
2018, entre otros, según el cual «(n)inguna autoridad podrá establecer o modificar el
régimen salarial o prestacional establecido en el presente decreto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario
carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos». Esto, debido a que se
excedió en el ejercicio de sus competencias al modificar el régimen salarial y
prestacional previsto por el gobierno nacional para el cargo de «abogado asesor»,
en perjuicio de los servidores que desempeñaron tales empleos, entre ellos el del
demandante, tal y como se constata en el siguiente cuadro:

Decretos Salario fijado por el Salario fijado por el Diferencia entre
anuales del artículo 4 para el artículo 6 para los las

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-02117-01 (6930-2023)
Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez

Gobierno cargo de abogado cargos sin remuneraciones
Nacional asesor de Tribunal denominación grado 23 mensuales
D. 1257 de 2015 6.014.797 4.500.333 1.514.464
D. 245 de 2016 6.482.146 4.850.010 1.632.138
D. 1013 de 2017 6.919.690 5.177.383 1.742.307
D. 337 de 2018 7.271.902 5.440.912 1.830.990

47. En suma, la expresión «grado 23» que modificó la denominación del cargo de
«abogado asesor» que fue fijada en el artículo 3, numeral 2, del Decreto 57 de 1993,
contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 del 2015, conllevó una modificación del
régimen salarial y prestacional dispuesto por el gobierno para tal empleo, que
afectó negativamente a quienes lo desempeñaron, como era el caso del actor.

48. De otra parte, la parte apelante afirmó que el cargo de «abogado asesor grado
23» no se encontraba relacionado con el de «abogado asesor» nominado y que la
remuneración del primero era proporcional a las funciones y responsabilidades del
empleo. En relación con este argumento, es necesario poner de presente que era
incuestionable que las denominaciones de ambos cargos resultaban idénticas, por
lo tanto, la comprobación del argumento de la recurrente exigía la valoración de
las pruebas que así lo demostraran.

49. En particular, ello es viable a partir del estudio del manual específico de
funciones y de competencias laborales que daba cuenta de las diferencias entre
ambos empleos, el cual no se aportó al proceso. A ello se agrega que la entidad
demandada tampoco cumplió con la carga que le impone el parágrafo 1 del artículo
175 del CPACA, en cuanto dispuso que durante el término para contestar la
demanda «deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de
la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder».

50. En esa medida, no es posible establecer que el cargo de «abogado asesor grado
23» creado por el Consejo Superior de la Judicatura difiera del estipulado en los
decretos 57 de 1993, 1039 de 2011 y sucesivos como «abogado asesor»
(nominado), porque dada la complejidad funcional y responsabilidades asignadas
a este último cargo, las funciones desarrolladas por la parte demandante como
«abogado asesor grado 23» en realidad fueran distintas de las que le correspondían
a aquel.

51. Así las cosas, la ausencia del manual específico de funciones y de
competencias laborales que acreditara la diferencia de perfiles y responsabilidades
de ambos cargos impide que se adelante el estudio de las diferencias entre uno y
otro cargo.

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-02117-01 (6930-2023)
Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez

52. No obstante, lo expuesto por la entidad y la valoración en conjunto del contenido
del acuerdo que creó los cargos de «abogado asesor grado 23» y demás elementos
de juicio antes descritos, lleva a deducir lo siguiente: i) la remuneración del
abogado asesor (nominado) se ha regulado anualmente, a partir del Decreto 57 de
1993; ii) por medio del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, el
Consejo Superior de la Judicatura creó los cargos de «abogado asesor grado 23» en
uno de los cuales se nombró a Fabián Enrique Yara Benítez; y iii) en los despachos
de magistrado de los tribunales administrativos y superiores no se creó el cargo de
«abogado asesor» pero sí el de «abogado asesor grado 23».

53. En consecuencia, el cargo «grado 23» que desempeñó el demandante
correspondía al de «abogado asesor» (nominado), por lo tanto, tenía derecho a las
prestaciones económicas de este durante el tiempo que lo ejerció.

54. De otra parte, la entidad demandada argumentó que no era posible acceder a
la nivelación salarial en razón a que el cargo de «abogado asesor grado 23» desde
el momento de su creación fue establecido con los requisitos y el salario fijado para
este, condiciones que fueron aceptadas por el demandante desde el momento de
su posesión.

55. Al respecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política,
la regla general en materia laboral es que los derechos relacionados con el trabajo
humano son irrenunciables, a menos que la ley disponga expresamente lo
contrario. En consecuencia, el hecho que el actor haya manifestado la aceptación
del cargo del cual tomó posesión no implicaba ello que renunciara expresa o
tácitamente a los beneficios mínimos laborales a los que tenía derecho en su
condición de servidor público.

56. Asimismo, haber conocido previamente las funciones y los requisitos
establecidos para el ejercicio del cargo no generaba la aceptación de un régimen
salarial desnivelado en comparación con la remuneración fijada por el Gobierno
Nacional, como tampoco implicaba la renuncia a demandar el pago de las
diferencias salariales a que tenía derecho como resultado de una asignación
salarial inequitativa y desprovista de competencia.

57. Por tanto, el argumento de que el demandante conocía previamente las
funciones, requisitos y salario del cargo y que posteriormente aceptó cuando se
posesionó en este, no tiene sustento legal ni constitucional, pues como ya se dejó
visto, desconoció el precepto de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos
laborales, como lo son, el salario y el acceso a la administración de justicia.

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-02117-01 (6930-2023)
Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez

58. Porlo analizado, los reparos formulados por la parte recurrente no se
encuentran llamados a prosperar, por lo que se confirmará en lo analizado la
sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda, según las
consideraciones expuestas con anterioridad.

2.4. Costas

59. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

60. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

61. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma27.

62. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

63. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y
revocará la condena impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el
análisis aquí expuesto.

27 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-02117-01 (6930-2023)
Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez

4. Conclusión

64. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el Consejo Superior de
la Judicatura se excedió en el ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales al haberle asignado el «grado 23» al empleo de «abogado asesor», pues con
ello modificó el régimen salarial y prestacional establecido por los decretos anuales
expedidos por el gobierno nacional para este último cargo.

65. Lo anterior por cuanto la remuneración del cargo denominado «abogado asesor»
de los tribunales judiciales se encontraba dentro del listado de los cargos
nominados en los decretos expedidos por el presidente de la República en ejercicio
de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, su labor
debía remunerarse de acuerdo con el artículo 4 de los decretos 1257 de 2015, 245
de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y los subsiguientes que regularan las
asignaciones para tal denominación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal 6 de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 23
de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión, en cuanto condenó en costas a la parte demandada, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la presente providencia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 23 de agosto de 2023
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, que accedió
a las pretensiones de la demanda presentada por Fabián Enrique Yara Benítez
contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín, conforme con lo expuesto en la
presente sentencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-02117-01 (6930-2023)
Demandante: Fabián Enrique Yara Benítez

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV.05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM

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