RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2018-00381-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2018-00381-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2018-00381-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Reconocer a María Paula Cabrera Coronado, como sucesora procesal del señor Jairo Cabrera Zuleta, en calidad de demandante, dentro del proceso de la referencia, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia del 27 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Tercero: Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto: Reconocer personería a la sociedad Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S, identificada con N.I.T. 900.998.405-7, quien, está representada por el abogado Jonathan Velásquez Sepúlveda identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813 y tarjeta profesional 199.083 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la señora María Paula Cabrera Coronado, en los términos del poder contenido en el expediente electrónico27. de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2018-00381-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva, (Huila)

Tema: nivelación salarial cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores de
distrito judicial y tribunales administrativos. Subtema: fijación del régimen salarial y
prestacional en la Rama Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 27 de febrero de 2024, que accedió
a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el Tribunal
Administrativo del Huila. Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
y prestacionales entre el mencionado cargo, y el de «abogado asesor» sin grado. En
el presente proceso, pretende la nulidad de los actos administrativos que le negaron
lo pedido. A su turno, el tribunal consideró que el Consejo Superior de la Judicatura no
era competente para fijar la categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto
dicha potestad le corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades
previstas en la Ley 4ª de 1992.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1.El señor Jairo Cabrera Zuleta, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1

1
11 de diciembre de 2018.

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación
se señalan2.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó que se inaplique parcialmente por inconstitucional lo
siguiente:

• El artículo 17 del Acuerdo PSAA 15-10402 del 29 de octubre de 20153, expedido
por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en lo
que respecta a la creación del cargo que se denominó «abogado asesor grado
23», en los despachos de magistrados del Tribunal Administrativo del Huila.

3. Asimismo, pidió la nulidad del oficio DESAJNEO17-5785 del 27 de noviembre de
2017, proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Neiva
(Huila), por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales reclamadas entre el cargo de «abogado asesor grado 23» que ocupaba el
demandante y el de «abogado asesor» sin grado.

4. De igual manera, solicitó que se declarara la nulidad del acto ficto generado por la
falta de resolución del recurso de apelación interpuesto en contra del primer acto.

5. A título de restablecimiento del derecho, el demandante reclamó el reconocimiento
y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el empleo de «abogado
asesor grado 23» que desempeñó y el de «abogado asesor» sin grado; así como la
reliquidación de las prestaciones salariales y sociales.

6.De igual manera, que se condenara a la demandada a actualizar las sumas
adeudadas con base en el índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo
187 del CPACA, y se le ordenara el cumplimiento del fallo en los términos del artículo
192 ibidem. Solicitó la condena en costas.

2.1.2. Hechos

7. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

8.El señor Jairo Cabrera Zuleta fue nombrado en el cargo de «abogado asesor grado
23» del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, a partir del 1 de diciembre de
2015, cuya designación fue prorrogada hasta el año 2018.

9. El empleo fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, con carácter permanente para todos los
despachos de tribunal del territorio nacional.

10. El señor Jairo Cabrera Zuleta presentó escrito, el 14 de noviembre de 2017, ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, mediante el cual
solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial existente entre el cargo de
2
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01, índice 47, certificado núm. F7DBF6C1495FC8E1 04B512FAA1FBEA66
15DF3D836505A73D 0FB67B7EC18EA820 «ExpedienteDigitalizado».
3
« Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio
nacional».
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

«abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y el empleo de «abogado
asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos retroactivos de las diferencias
salariales y prestacionales.

11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, mediante
oficio núm. DESAJNEO17-5785 del 27 de noviembre de 2017, negó la petición del
demandante, con el argumento de que el Consejo Superior de la Judicatura cuenta
con facultades constitucionales y legales para crear cargos al interior de la Rama
Judicial y que los salarios y prestaciones del actor se pagaron conforme las escalas
salariales definidas por el Gobierno nacional.

12. El demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión; sin
embargo, la entidad omitió resolver su requerimiento, lo que dio lugar a la configuración
del silencio administrativo negativo en los términos del artículo 86 del CPACA.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocan las siguientes normas:

De la Constitución Política, los artículos 1,2, 4, 5, 9, 13, 25, 29 53, 93, 150 (literales e
y f) y 209.
La Ley 54 de 1962
La Ley 16 de 1972
La Ley 4ª de 1992
La Ley 270 de 1996
La Ley 319 de 1996
La Ley 1496 de 2011
El Decreto 1095 de 1973
El Decreto 1039 de 2011
El Decreto 874 de 2012
El Decreto 1024 de 2013
El Decreto 194 de 2014
El Decreto 1257 de 2015
El Decreto 245 de 2016
El Decreto 1013 de 2017
El Decreto 337 de 2018

14.La parte actora en el concepto de violación manifestó que el acto administrativo
demandado se encuentra viciado de nulidad porque fue expedido con infracción de las
normas superiores en las que debían fundarse, por las siguientes razones:

15. Al respecto, explicó que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo
150 de la Constitución, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, fijando
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Allí estableció los criterios
y objetivos para el efecto, entre los cuales estaban, el establecimiento de rangos de
remuneración para los cargos de los niveles profesional y asesor al interior de la Rama
Judicial.

16.Asimismo, refirió que el Gobierno nacional en desarrollo de dicha normativa ha
expedido anualmente los decretos de ajuste salarial para los servidores de la Rama

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

Judicial, en los cuales ha fijado la remuneración mensual para el cargo de «abogado
asesor de tribunal judicial», y ha señalado expresamente que «La remuneración
mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya
denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores», se regiría
por una escala de grados, entre los cuales se encontraba el «GRADO 23».

17. Así pues, mencionó que los actos demandados no tuvieron en cuenta la
prohibición contenida en los decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337
de 2018, en los cuales se indica de manera expresa que «Ninguna autoridad podrá
establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del
presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4a de
1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos».

18. De este modo, afirmó que, si bien el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 faculta al
Consejo Superior de la Judicatura para «crear», suprimir, fusionar y trasladar cargos
de acuerdo a las necesidades institucionales, así como determinar sus funciones y
señalar los requisitos para su desempeño, lo cierto es que ello encuentra su límite en
cuanto se trate de empleos que «no cuenten con regulación en la ley», por lo tanto,
dicha autoridad se extralimitó al expedir el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 en donde
asignó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» y de contera varió su efecto
salarial frente a lo fijado por los decretos del Gobierno Nacional.

19. De esta manera, precisó que la anterior situación ocasionó que desde que fue
nombrado en el cargo de «abogado asesor grado 23» ha recibido una remuneración
salarial inferior que ha afectado sus prestaciones sociales.

20. En este orden, expuso que la decisión negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Neiva es contraria a derecho, por cuanto no tuvo en
cuenta que el reconocimiento del salario del demandante se debe hacer con base en
el valor que se le otorgó al empleo de «abogado asesor», pues este cargo existe en la
planta de empleos de la Rama Judicial y, por ello, no era posible efectuar una
discriminación injustificada asignándole un grado determinado.

21. Con base en lo anterior, concluyó que las decisiones administrativas cuestionadas
fueron expedidas con desconocimiento de las normas constitucionales y legales en las
que debían fundamentarse.

2.2. Contestación de la demanda

22. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva4,. se opuso
a las pretensiones de la demanda, al considerar que los acuerdos cuestionados, se
basan en la potestad reglamentaria y en la facultad de regulación que tiene el Consejo
Superior de la Judicatura, según los artículos 85, 256 y 257 de la Constitución y la Ley
270 de 1996, y en ese contexto adoptó planes de descongestión y determinó que el
cargo de «abogado asesor grado 23» era el adecuado para descongestionar los
tribunales administrativos y superiores, cuya remuneración es proporcional al grado de

4
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01, índice 47, certificado núm. F7DBF6C1495FC8E1 04B512FAA1FBEA66
15DF3D836505A73D 0FB67B7EC18EA820 «Expediente Digitalizado».
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

funciones y responsabilidades que requiere el perfil, sin que ello implicara una
asimilación al cargo de «abogado asesor», que tiene un régimen salarial diferente.

23. Así pues, expresó que los argumentos de la parte actora se fundamentan en
una premisa basada en generar una confusión en la denominación de cargos para un
beneficio personal y no menciona la teleología del plan de descongestión de la Rama
Judicial que se regula por una ley estatutaria.

24. Por otro lado, refirió que los valores pagados al demandante todos los
emolumentos salariales y prestacionales conforme con lo dispuesto en los decretos
anuales expedidos por el Gobierno nacional para los servidores judiciales del país, y
por ello, no se configura ninguna diferencia salarial a su favor.

25. Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos administrativos
demandados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, sin incurrir en
irregularidad o vicio de nulidad alguno.

26. Finalmente, propuso las excepciones de: i) inexistencia de la obligación; ii) falta de
causa para demandar; iii) cobro de lo no debido; iv) la innominada que se llegase a
probar en el proceso, y, subsidiariamente, solicitó que se declare la excepción de v)
prescripción, sobre las diferencias salariales e indemnizaciones no reclamadas en
tiempo.

2.3. Sentencia de primera instancia.

27. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 27 de febrero de
20245, declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada y, en
su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda. Dicha decisión fue corregida en
los numerales segundo, cuarto y quinto, a través de providencia del 22 de octubre de
2024 y, en concretó determinó lo siguiente:

«SEGUNDO: DECLARAR la existencia del acto ficto negativo frente al recurso de
apelación interpuesto por el demandante en contra del oficio DESAJNEO17-5785 del
27 de noviembre de 2017, emitido por la directora Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva.

TERCERO: INAPLICAR en este caso, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad,
únicamente la expresión “Grado 23” a la que se hace referencia en el artículo 17 del
Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 que incluyó en forma permanente el empleo de
“Abogado Asesor grado 23” en la planta de cargos de despachos de magistrado del
Tribunal Superior de Neiva.

CUARTO: DECLARAR nulo el oficio DESAJNEO17-5785 del 27 de noviembre de 2017
emitido por la directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y el
acto ficto negativo frente al recurso de apelación interpuesto por el demandante en
contra de dicho acto administrativo, por los cuales negó la reclamación laboral al actor

QUINTO: CONDENAR en consecuencia a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial:

5
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01, índice 47, certificado núm. F7DBF6C1495FC8E1 04B512FAA1FBEA66
15DF3D836505A73D 0FB67B7EC18EA820 «ExpedienteDigitalizado».
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

a.- Reconocer y pagar al señor Jairo Cabrera Zuleta, las diferencias de sueldo que
corresponde al cargo de “Abogado Asesor” de Tribunal Superior, consagrado en el
Decreto 57 de 1993 y siguientes del gobierno nacional, desde la fecha que ingresó a
tal cargo y en lo sucesivo mientras se desempeña en el mismo, y la respectiva
reliquidación pago de todas las prestaciones sociales que ha devengado el actor, como
primas, vacaciones, cesantías, bonificaciones y demás emolumentos salariales y
prestacionales causados y que se llegaren a causar, con base en el salario que por Ley
le corresponda al cargo de “Abogado Asesor” de Tribunal”.

[…]

SEXTO: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a que reconozca al demandante las diferencias relacionadas con los aportes
pensionales por los tiempos en que permaneció en el cargo de “Abogado Asesor” al
fondo pensional correspondiente, con los intereses e indexaciones a que haya lugar.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda

OCTAVO: SIN CONDENA en costas […]6».

28. El Tribunal expuso que el numeral 2 del artículo 3 del Decreto 57 de 1993
estableció como cargo nominado para los «Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior
Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura» el de «abogado asesor» y fijó
su remuneración. A su vez, el artículo 4 ibidem precisó una remuneración subsidiaria
para los empleos que no estuvieran referidos en el citado artículo 3, esto son, para
aquellos que se encontraran identificados por grado.

29. De este modo, afirmó que no era viable que la demandada variara la remuneración
del cargo de «abogado asesor», ya que al hacerlo desbordó su competencia, pues ello
está en cabeza del Congreso y por virtud de la Ley 4 de 1992 la facultad es del
Gobierno nacional, quien viene expidiendo anualmente los decretos respectivos y en
todo ese trasegar normativo, el Ejecutivo no ha variado de nominación y remuneración
el referido cargo, tal como se precisó en el marco jurídico.

30. Por otro lado, mencionó que la demandada no argumentó ni aportó prueba con la
cual se pudiera inferir que el Consejo Superior de la Judicatura justificó la necesidad
de crear el cargo de «abogado asesor grado 23» en condiciones diferentes al cargo
de «abogado asesor» que en forma nominada ya existía, pues conforme a las normas
de dicha entidad sobre el tema, no se indican requisitos, funciones y responsabilidades
distintas. Resaltó que en sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de
noviembre de 2023 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se
consideró que no existe razón justificable para variar la remuneración o hacer la
distinción entre los mencionados cargos.

31. Así pues, al revisar los decretos expedidos por el Gobierno nacional para los años
2014 a 2018, que fijaron el salario de para el empleo de «abogado asesor de tribunal
judicial» comparados con el salario asignado al empleo de «abogado asesor grado
23», concluyó que en efecto se evidenciaban diferencias salariales entre uno y otro.

32.En este sentido, indicó que las cifras registradas en el certificado del 24 de abril de
2018 reflejaban que el demandante en el 2016 percibió algunos sueldos básicos por
6
Se corrigieron los errores de digitación del aparte transcrito.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

4.850.010 pesos, en el 2017 percibió sueldos básicos por 5.177.000 y en el 2018
percibió sueldos básicos por 5.440.914, lo que coincidía con la remuneración del
«grado 23», esto es, una retribución inferior a la asignada para el cargo de «abogado
asesor», evidenciándose una desmejora en sus derechos laborales y de suyo en la
liquidación de las prestaciones.

33. Finalmente, el Tribunal expresó que no se configuraba la prescripción de las
diferencias salariales reclamadas porque el derecho se causó a partir del 1 de
diciembre de 2015, y la reclamación administrativa fue presentada el 14 de noviembre
de 2017.

2.4. Recurso de apelación

34.La parte demandada interpuso recurso de apelación7 en contra de la sentencia
que accedió a las pretensiones de la demanda.

35. Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales tiene la facultad de crear cargos, lo que implica determinar
su nivel y denominación. Es así, que para el cargo ocupado por el demandante se le
otorgó el «grado 23», en atención a las funciones y responsabilidades, cuya asignación
salarial es la fijada por el Gobierno nacional para este tipo de empleos, como consta
en el artículo 6 del Decreto 194 de 2014, por lo que el Acuerdo PSAA15-10402 goza
de presunción de legalidad, sin que a la fecha se haya determinado nulidad alguna de
los apartes atacados.

36.Mencionó que el referido acuerdo creó el cargo de «abogado asesor grado 23»,
en el que la autoridad competente no dispuso la creación de este empleo como
«NOMINADO», es decir, sin escala de grado, al que se le aplica la tabla de
remuneración propia para los cargos nominados de tribunales judiciales y que para el
caso serían las remuneraciones para «abogado asesor» que se establecen en cada
uno de los decretos que fijan el régimen salarial y prestacional de los empleados de la
Rama Judicial (decretos 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1269 de 2015, 245 de
2016 y 1003 de 2017, entre otros).

37. De este modo, reiteró que el Consejo Superior de la Judicatura no se abrogó la
competencia de establecer el régimen salarial de los empleados de la Rama Judicial,
pues la misma se encuentra fijada por el Gobierno nacional, ya que el cargo de
abogado «asesor grado 23» se rige en cuanto a su remuneración por lo dispuesto en
el artículo 6 del Decreto 194 de 2014.

38. Insistió en que el cargo de «abogado asesor grado 23» de ninguna manera puede
ser homologado al empleo de «abogado asesor» nominado, cuya remuneración se
encontraba prevista en el numeral 2 del artículo 4 de la misma norma, la cual viene
siendo igualmente actualizada anualmente por el Gobierno nacional.

39. Por otro lado, afirmó que la regla fijada en la sentencia de unificación del Consejo
de Estado se refiere a los empleos de «abogado asesor grado 23» únicamente de los
tribunales administrativos, por lo que no es aplicable al asunto objeto de estudio, dado
que el demandante desempeñó su cargo en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
7
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01, índice 47, certificado núm. F7DBF6C1495FC8E1 04B512FAA1FBEA66
15DF3D836505A73D 0FB67B7EC18EA820 «ExpedienteDigitalizado».
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

Neiva. En este sentido, consideró que no era procedente inaplicar una norma por
inconstitucional o ilegal, dando alcance a un pronunciamiento jurisprudencial usado
para un caso diferente.

40.Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo del Tribunal
Administrativo del Huila y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia.

41. Mediante auto del 26 de octubre de 20238, se admitió el recurso de apelación
interpuesto la parte demandada. Al no existir solicitud probatoria, se prescindió del
período para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67
de la Ley 2080 de 2021.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

42. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión preliminar
43.Antes de establecer los principales problemas jurídicos a resolver en esta
oportunidad, la Sala considera necesario pronunciarse sobre la sucesión procesal del
señor Jairo Cabrera Zuleta a favor de su hija, la señora María Paula Cabrera Coronado.

3.2.1. Análisis de la solicitud de sucesión procesal
44.
La sucesión procesal se encuentra establecida en el artículo 68 del CGP, modificado
por el artículo 59 de la Ley 1996 de 2019 y aplicable por remisión del artículo 306 del
CPACA, que dispone lo siguiente:

Artículo 68. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso
continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el
correspondiente curador.
Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona
jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer
para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos
respecto de ellos, aunque no concurran.

El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como
litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la
parte contraria lo acepte expresamente.
Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el
artículo 1971 del Código Civil se decidirán como incidente.
45. A partir de la lectura de la anterior norma, se advierte que la sucesión procesal

8
Samai, exp. 41001-23-33-000-2018-00381-01, índice 6, certificado núm. D8895237E780C9FE 540656FE7F90F014
B2196CC176BEEDC0 3231C483721632BE
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

tiene como finalidad que el proceso continue su curso a pesar del fallecimiento de
alguna de las partes, además, que los sucesores que tengan interés en el litigio
puedan intervenir en el trámite judicial.

46.Revisado el expediente, se observa que la solicitante de la sucesión procesal
aportó los siguientes medios de prueba9:

• Copia del registro civil de defunción del señor Jairo Cabrera Zuleta, fallecido
el 7 de marzo de 2022.
• Copia del registro civil de nacimiento de María Paula Cabrera Coronado, con
fecha de nacimiento el 20 de diciembre de 1995, en el que figuran como
padres el señor Jairo Cabrera Zuleta y la señora Nubia Coronado Narváez.

47.De conformidad con lo expuesto, se acreditó el fallecimiento del demandante, el
señor Jairo Cabrera Zuleta, así como la calidad de hija de la señora María Paula
Cabrera Coronado, conforme los registros civiles de defunción y nacimiento
aportados, respectivamente.
48.En ese orden de ideas, la Sala tendrá a María Paula Cabrera Coronado como
sucesora procesal del señor Jairo Cabrera Zuleta.
3.3. Problema jurídico

49. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir lo
siguiente:

50. ¿Si el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias
constitucionales y legales al asignar la denominación «grado 23» al cargo de «abogado
asesor», en la medida en que ello implicó la modificación del régimen salarial y
prestacional fijado por los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para
dicho empleo?

51. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala considera necesario abordar los
siguientes aspectos: (i) la remuneración salarial prevista para el cargo de «abogado
asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado; (ii) la nulidad
del aparte «grado 23» previsto en algunos de los acuerdos de la entonces Sala
administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y (iii) caso concreto.

3.3.1. De la remuneración salarial establecida para el cargo de «abogado asesor
grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Reiteración de
jurisprudencia.

52. Con ocasión de las múltiples controversias que se suscitaron en torno a la
existencia de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado asesor», sin grado,
y «abogado asesor grado 23», esta Sección, en sentencia del 2 de noviembre de 2023,

9 Samai, exp. 41001-23-33-000-2018-00381-01, índice 2.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

unificó su jurisprudencia en torno a esta cuestión, y fijó la siguiente regla
jurisprudencial10:

«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignarle a los cargos
nominados, grados, códigos y remuneración diferente a lo regulado en el Decreto 57 de
1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional, mediante los cuales
se determine el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta
potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades
previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado
asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor»
en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia».

53. Para llegar a la citada conclusión, esta Sección abordó aspectos relevantes que
fueron considerados para su resolución, tales como: (i) la competencia para fijar el
régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; (ii) la competencia
del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la Rama Judicial;
y (iii) las consideraciones frente a la remuneración del cargo de «abogado asesor
grado 23».

54. Así las cosas, teniendo en cuenta la relevancia de estas consideraciones, la Sala
procede a referirse, en los siguientes términos:

3.3.1.1. Competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
cargos existentes en la planta de personal de la Rama Judicial

55. El artículo 150 de la Constitución Política atribuye al Congreso de la República,
entre otras funciones, la de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos y la Fuerza Pública, así:

«Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:

[…]

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

[…]

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]» (Negrilla de la Sala).

56. En cumplimiento de este mandato constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 199211, mediante la cual estableció los criterios que debe observar
el Gobierno nacional para la determinación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, incluidos los pertenecientes a la Rama Judicial, en los siguientes
términos:

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-
2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
11
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para
la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

«Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

[…]

b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la
Contraloría General de la República…»

«Artículo 2º. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá
en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del
Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales.
En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales;

[…]

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
[…]». (Negrilla de la Sala).

«Artículo 3º. El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad
con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de
remuneración para cada cargo o categoría de cargos».

«Artículo 4º. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo
2º. el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero
de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los
empleados enumerados en el artículo 1o. liberal a), b) y d), aumentando
sus remuneraciones12.
[…]». (Negrilla de la Sala).

57. En ejercicio de las competencias previstas por la Ley 4ª de 1992, el presidente de
la República expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 1993, mediante el cual se
estableció el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar. En punto de sus efectos, precisó que el
referido régimen sería obligatorio para quienes se vincularan al servicio con
posterioridad a su entrada en vigor.

58. Asimismo, la normativa en cita estableció en su artículo 2 que los servidores
públicos vinculados a la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar podían optar, por una
sola vez y antes del 28 de febrero de 1993, por acogerse al régimen salarial y
prestacional previsto en el mencionado decreto. Igualmente, dispuso que quienes no
ejercieran dicha opción continuarían sujetos al régimen anterior.

59. De conformidad con lo expuesto, la autoridad competente para fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es el Gobierno
nacional, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 4ª de 1992. Asimismo,

12
Declarada inexequible las expresiones tachadas (inciso 1 y 3) mediante sentencia C- 710 de 1999 de la Corte Constitucional.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

en ejercicio de esta facultad, expidió los decretos anuales que determinaron los
salarios de los cargos con denominación específica según el Decreto 57 de 1993 y, de
manera subsidiaria, estableció una escala de grados salariales para aquellos empleos
no incluidos en dicha clasificación.

3.3.1.2. Competencia del Consejo Superior de la Judicatura en materia de
creación de cargos de la Rama Judicial

60. Por su parte, el artículo 256 de la Constitución Política atribuyó al Consejo Superior
de la Judicatura la función de administrar la carrera judicial, en los siguientes términos:

«Artículo 256.- Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y de
acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

[…]

1. Administrar la carrera judicial.

[…]».

61. En el mismo sentido, la Constitución Política, en los numerales 2 y 3 del artículo
257, atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para crear, suprimir,
fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia, sin que pueda imponer
obligaciones que excedan el monto global fijado en la ley de apropiaciones iniciales.
Asimismo, le asignó la función de dictar los reglamentos necesarios para el eficaz
funcionamiento de la administración de justicia, en los aspectos no previstos por el
legislador13.

62. En desarrollo de lo anterior, la Ley 270 de 199614 en su artículo 85, modificado por
el artículo 35 de la Ley 2430 de 202415, reguló las funciones del Consejo Superior de
la Judicatura, dentro de las cuales se destacan las siguientes atribuciones:

«Artículo 85. Funciones del Consejo Superior de la Judicatura. <Artículo modificado por
el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Al Consejo
Superior de la Judicatura le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

[…]

12. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las
Salas de estos y los Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de
estos. Para el efecto deberá establecer un mecanismo de atención oportuna y eficaz

13
«ARTÍCULO 257. <Texto original revivido según la Sentencia C-285-16> Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la
Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
[…]
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior
de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio
en la ley de apropiaciones iniciales.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la
organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que
se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.
[…]».
14
«Estatutaria de la Administración de Justicia».
15
«Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones».
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

de los requerimientos formulados por los Juzgados y Tribunales, para su correcto
funcionamiento.

13. Determinar la estructura y planta de personal de las corporaciones judiciales y los
Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama
Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no
hayan sido fijados por la Ley, previo concepto de la Comisión Interinstitucional.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el servicio de justicia en la ley de
apropiaciones iniciales.

[…] ».

63. Ahora bien, se precisa que la Ley 1285 de 200916, modificó el artículo 63 de la Ley
270 de 1996, vigente para el momento en que se expidieron los acuerdos, que confirió
al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para la implementación del Plan
Nacional de Descongestión Judicial, con fundamento en el cual se crearon los cargos
de «abogado asesor grado 23». No obstante, dicha disposición no le atribuyó la
potestad para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados
vinculados a dichos cargos17.

64. Con fundamento en lo expuesto, si bien la entonces Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura estaba facultada para administrar la carrera judicial,
crear cargos necesarios para la administración de justicia y reglamentar aspectos
relacionados con dicha carrera, esta atribución no se extendía a materias reservadas
de manera exclusiva al legislador, conforme en los artículos 125 y 150, numeral 23, de
la Constitución Política.

3.3.1.3. De la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23»

65. En congruencia con los aspectos previamente expuestos, la sentencia de
unificación analizó la competencia para establecer el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos, incluidos los de la Rama Judicial, así como las
consecuencias jurídicas derivadas de asignar una categoría salarial a cargos cuya

16
«Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».
17
«Artículo 63. Plan y Medidas de Descongestión. Habrá un plan nacional de descongestión que será concertado con la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los objetivos, los
indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de evaluación de la aplicación de las medidas.
Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar
las medidas pertinentes, entre ellas las siguientes:
a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá redistribuir los
asuntos que los Tribunales y Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una carga
laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita;
b) La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción para atender las
mayores cargas por congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para tramitar y sustanciar los procesos
dentro de los despachos ya establecidos, asumiendo cualquiera de las responsabilidades previstas en el artículo 37 del C. P. C.;
los procesos y funciones serán las que se señalen expresamente;
c) Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante
comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para
instruir y practicar pruebas en proceso que estén conociendo otros jueces;
d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley
de presupuesto;
e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de realizar funciones que se definan en el plan de
descongestión de una jurisdicción, de un distrito judicial, o de despachos judiciales específicos, y
f) Contratar a término fijo profesionales expertos y de personal auxiliar para cumplir las funciones de apoyo que se fijen en el plan
de descongestión».

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

asignación ya había sido expresamente fijada por el Gobierno nacional como
«nominados».

66. En estos términos, la sentencia de unificación en cita concluyó que la remuneración
del empleo «abogado asesor grado 23» de los de tribunales superiores de distrito
judicial y tribunales administrativos debía estar determinada por el régimen previsto
para los cargos nominados (sin grado) en los decretos expedidos por el presidente de
la República, en ejercicio de las competencias conferidas por la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, su salario debía fijarse conforme al artículo 4 de los Decretos 1039 de
2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014.

67. Por tanto, no resultaba viable que el Consejo Superior de la Judicatura modificara
la denominación establecida en el artículo 3, numeral 2, del Decreto 57 de 1993, ya
que la inclusión del «grado 23» al cargo de «abogado asesor» afectó de manera
negativa su régimen salarial y prestacional, configurando una actuación ilegal e
inconstitucional. Las diferencias salariales entre ambos cargos se pueden constatar en
el siguiente cuadro:

«[…]
Decreto anual proferido Abogado asesor Abogado asesor grado 23
por el presidente de la nominado «sin grado»
República en uso de las
facultades previstas en
la Ley 4ª de 1992
1039 de 2011 $5´140.170 $3´845.934
874 de 2012 $5´397.179 $4.038.231
1024 de 2013 $5´582.842 $4´177.147
194 de 2014 $5´746.978 $4´299.956
1257 de 2015 (4.66%) $6´014.797 $4´500.333
245 de 2016 (7.77%) $6´482.146 $4´850.008
1013 de 2017 (6.75%) $6´919.690 $5´177.383
337 de 2018 (5.09%) $7´271.902 $5´440.912
991 de 2019 (4.5%) $7´599.137 $5´685.753
299 de 2020 (5.12%) $7´988.212 $5´976.863
[…]»

3.3.1.4. Del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 a través del cual se modificó la
denominación al cargo de «abogado asesor grado 23»

68. Es importante precisar que la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
proceso en el cual se dictó la sentencia de unificación advirtió que, para ese momento
ya se había proferido el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 a través del cual se modificó
la denominación del cargo de «abogado asesor grado 23» por el de «profesional
especializado grado 23». Esta situación fue valorada al tenor del artículo 281 del CGP,
toda vez que comportaba un hecho sobreviniente que modificó la situación jurídica
objeto de debate, respecto del cual se resolvió en el caso en concreto lo siguiente:

«INAPLICAR en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la
denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se hace referencia en el
artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11-8346 de 29 de julio de 2011; el Acuerdo PSAA15-
10402 de 2015 que incluyó en forma permanente el mencionado empleo en la planta de
cargos de los tribunales administrativos; y finalmente, el Acuerdo PCSJA22-11968 de
2022 mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado 23”,
por la de “profesional especializado grado 23”».

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

69. Frente a los efectos en el tiempo de la decisión adoptada en la citada providencia,
se señaló:

«ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituyen precedente
vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente
sentencia de unificación son retrospectivos.

Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán inmodificables».

70. Finalmente, en relación con la aplicación del término de prescripción frente al
derecho de pago de las diferencias salariales y prestacionales que haya lugar a
reconocer, precisó que debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969; los cuales prevén el término de
prescripción de 3 años, que se interrumpe por una sola vez mediante el reclamo escrito
del trabajador.

3.4. De la nulidad del aparte «grado 23» previsto en algunos de los Acuerdos de
la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

71. Se considera pertinente precisar que esta corporación con posterioridad a la
sentencia de unificación antes referida decretó la nulidad del aparte «grado 23»
respecto del cargo de «abogado asesor» contenido en varios acuerdos 18 expedidos
por el Consejo Superior de la Judicatura para los tribunales judiciales de la jurisdicción
ordinaria y de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, a través de sentencia
del 23 de octubre de 202419.

72. Las consideraciones que fundamentaron la declaratoria de nulidad señalaron que
existe una reserva material de ley atribuida al Congreso de la República para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, mediante postulados
generales y de obligatorio cumplimiento. Con base en ello, se consolida la competencia
reglamentaria del Gobierno nacional para determinar, en estricto sentido, las escalas
salariales que regulan la remuneración y las asignaciones básicas mensuales de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

73. Por lo anterior, se concluyó que la fijación de la remuneración mensual del empleo
de «abogado asesor» de los tribunales judiciales, a partir de la creación del «grado

18
El articulado de los siguientes acuerdos: Acuerdo PSAA11-7886 del 28 de febrero de 2011; Acuerdo PSAA11-8356 del 29 de
julio de 2011; Acuerdo PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012; Acuerdo PSAA12-9781 del 18 de diciembre de 2012; Acuerdo
PSAA13-9897 del 30 de abril de 2013; Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de septiembre de 2013, con excepción del aparte que se
refiere a la jurisdicción disciplinaria; Acuerdo PSAA13-9962 del 31 de julio de 2013; Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de septiembre
de 2013; Acuerdo PSAA14-10195 del 31 de julio de 2014; Acuerdo PSAA14-10197 del 5 de agosto de 2014; Acuerdo PSAA15-
10288 del 29 de enero de 2015; Acuerdo PSAA15-10323 del 26 de marzo de 2015; Acuerdo PSAA15-10335 del 29 de abril de
2015; Acuerdo PSAA15-10356 del 29 de mayo de 2015; Acuerdo PSAA15-10363 del 30 de junio de 2015; Acuerdo PSAA15-
10371 del 31 de julio de 2015; Acuerdo PSAA15-10385 del 23 de septiembre de 2015.
Asimismo, en esa decisión se resolvió:
«Segundo. DECLARAR la nulidad del aparte “Grado 23” contenido en los numerales 1 a 4 del artículo 13; 1 y 2 del artículo 14; 1
del artículo 16; el literal a del artículo 17; numerales 1 a 16 del artículo 86, numerales 1 y 2 del artículo 87, numerales 1 y 2 del
artículo 88 y numeral 1 del artículo 89 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, “Por el cual se crean con carácter
permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional”.
Tercero. DECLARAR la nulidad del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 “Por medio del cual se ajusta la denominación de unos
cargos a nivel nacional”, que sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado
grado 23”».
19
Consejo de Estado, Sección Segunda Sentencia del 23 de octubre de 2024, radicado 11001-03-25-000-2017-00617-00 (2965-
2017), M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

23» y su posterior modificación a «profesional especializado grado 23», constituye el
ejercicio de una competencia atribuida de manera concurrente entre el legislador y el
Gobierno nacional. En consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus
atribuciones, al asumir una función que corresponde de forma privativa al legislador y
Gobierno nacional.

3.5. Caso concreto

74. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29
de octubre de 2015, dispuso la creación del cargo de «abogado asesor grado 23» con
carácter permanente para todos los despachos de tribunal del territorio nacional.

75. Así pues, con fundamento en lo previsto en el referido acuerdo, el señor Jairo
Cabrera Zuleta fue nombrado en el cargo de «abogado asesor grado 23» del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante Resolución núm. 004 del 30 de
noviembre de 201520.

76. En el proceso se acreditó, mediante certificación del 3 de diciembre de 2018,
expedida por el coordinador del área talento humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de administración Judicial de Neiva, que el señor Jairo Cabrera Zuleta prestó
sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, en los siguientes períodos21:

Cargo Estado Despacho Fecha de inicio Fecha de terminación

Abogado Provisionalidad Tribunal Superior
asesor 23 del Distro 01/12/2015 03/08/2016
Judicial de Neiva
Abogado Provisionalidad Tribunal Superior
asesor 23 del Distro 05/08/2016 ----
Judicial de Neiva

77. La referida certificación, también dejó constancia de los salarios y prestaciones
pagadas a favor del demandante por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva como «abogado asesor grado 23», desde el 2015
hasta el año 2018.

78. La parte actora presentó petición el 14 de noviembre de 2017 ante la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, a través de la cual solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales entre el empleo de «abogado
asesor grado 23» y «abogado asesor» sin grado; así como la respectiva reliquidación
salarial y prestacional22.

79. La demandada mediante oficio DESAJNEO17-5785 del 27 de noviembre de 2017,
negó la solicitud presentada por el demandante, al considerar que la remuneración del
actor se ha liquidado y pagado íntegramente, y en debida forma mes a mes según la
escala salarial aplicable, fijada por el Gobierno Nacional, para el cargo de «abogado

20
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01, índice 47, certificado núm. 47239B1CB2212C66 5ED78A5A94101A7B
4CCC9FBC0FC4DA1C AA45CFA4B396895F «ExpedienteDigitalizado».
21
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01, índice 47, certificado núm. 47239B1CB2212C66 5ED78A5A94101A7B
4CCC9FBC0FC4DA1C AA45CFA4B396895F «ExpedienteDigitalizado».
22
Ibidem.
16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

asesor grado 23»23.

80. En virtud de lo anterior, la parte demandante interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual solicitó la inaplicación por
inconstitucionalidad del literal a) del artículo 17 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en lo que respecta
a la creación del cargo que se denominó «abogado asesor grado 23» de tribunales
superiores de distrito judicial. Igualmente pidió la nulidad del acto administrativo que le
negó el reconocimiento y pago de las diferenciales salariales y prestacionales entre el
empleo de «abogado asesor grado 23» que venía desempeñando y el de «abogado
asesor» sin grado.

81. El Tribunal Administrativo del Huila accedió a las pretensiones de la demanda, al
considerar que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para fijar la
categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto dicha potestad le
corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley
4ª de 1992.

82. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación,
al considerar que el cargo de «abogado asesor grado 23» no hace relación al empleo
de «abogado asesor» nominado, pues en el primero se determinó un grado específico,
cuya remuneración es proporcional al nivel de funciones y responsabilidades que
demanda el perfil.

83. Ahora bien, al descender al caso concreto, y conforme a los criterios adoptados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 2 de
noviembre de 2023, se concluyó que la competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos corresponde al Congreso de la República, el
cual a su vez establece los criterios que orientan el ejercicio de la potestad
reglamentaria del Gobierno nacional en dicha materia24.

84. Por su parte, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la creación de
cargos y la incorporación de personal a las plantas de los despachos judiciales, lo cual
implica la determinación de las funciones y requisitos para el desempeño de los
empleos, sin que pueda establecer obligaciones a cargo del tesoro público que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales. En tal sentido, a dicha corporación, no se le atribuyó competencia para fijar
o modificar el régimen salarial y prestacional de los empleos pertenecientes a la planta
de personal de la Rama Judicial.

85. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 150, numeral 19, literal e), de la
Constitución faculta al Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, con sujeción a las normas, criterios y objetivos establecidos
por el legislador. En desarrollo de dicha disposición, se expidió la Ley 4ª de 1992,
mediante la cual se fijaron los parámetros que se debe observar el Gobierno nacional
para determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluidos
los de la Rama Judicial.
23
Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, archivo
«01ExpedienteDigital.pdf», pág. 37.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-
2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

86. Por las razones expuestas, el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de
sus funciones, no puede atribuirse la competencia legal y reglamentaria para
establecer la remuneración de un cargo perteneciente a la planta de personal de la
Rama Judicial ni asignarle grados o códigos adicionales, dado que esta atribución
corresponde de manera concurrente al legislador y el Gobierno nacional.

87. No obstante, lo anterior, en el caso bajo estudio, el Consejo Superior de la
Judicatura profirió el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, mediante el
cual asignó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor». Con dicha actuación,
desconoció las disposiciones que regulan el régimen salarial y prestacional de los
empleados de la Rama Judicial, en particular lo previsto en el artículo 4 de los decretos
1257 de 2015 y 245 de 2016, en los cuales se puede advertir que el cargo de «abogado
asesor» ya existía en la planta de empleos de la entidad y tenía prevista una asignación
salarial y prestacional acorde con el Decreto 57 de 1993.

88. Esta modificación impactó negativamente la remuneración correspondiente al
cargo de «abogado asesor grado 23», tal como se evidencia de los decretos anuales
expedidos por el Gobierno nacional, en los que se advierte que la asignación salarial
del cargo de «abogado asesor» era superior a la del cargo de «abogado asesor grado
23» desempeñado por el demandante, pese a tratarse materialmente del mismo
empleo.

89. En otras palabras, la inclusión de la expresión «grado 23» en el acuerdo de
creación del cargo generó que las personas que lo desempeñaron no percibieran la
remuneración correspondiente al empleo de «abogado asesor». En el caso concreto,
ello implicó que durante el tiempo en que la parte actora ejerció funciones como
«abogado asesor grado 23», se le pagara un salario inferior al fijado anualmente por
el presidente de la República para el cargo nominado de «abogado asesor», lo que, a
su vez, impactó negativamente el valor de sus prestaciones sociales, al haberse
utilizado dicho salario como base para su liquidación.

90. Para mayor claridad, se expone un cuadro comparativo con las diferencias
salariales entre ambos cargos en el período en que el demandante se desempeñó en
el empleo, de acuerdo con los porcentajes de aumento fijados por el Gobierno nacional
en los decretos que se describen a continuación:

Año Decreto anual Salario fijado Salario Diferencia
gobierno nacional para el cargo de devengado salarial
«abogado por la parte
asesor» sin actora en el
grado cargo de
«abogado
asesor grado
23»
2015 Decreto 1257 de 2015 $6.014.797 $4.500.333 $1.514.464
2016 Decreto 245 de 2016 $6.482.146 $4.850.008 $1.632.135
2017 Decreto 1013 de 2017 $5.177.386 $6.919.690 $1.742.304
2018 Decreto 337 de 2018 $7.271.137 $5.440.912 $1.830.225

91. En los mismos términos, esta Subsección se ha pronunciado recientemente a
través de providencia del 6 de marzo de 2025, respecto a los casos en los que se
discute el reconocimiento de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado
18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

asesor grado 23» y «abogado asesor», consideró lo siguiente25:

«46. En esas condiciones, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» desconoció lo previsto en el artículo
4 de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, entre otros,
según el cual «[n]inguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional establecido en el presente decreto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto
y no creará derechos adquiridos». Esto, debido a que se excedió en el ejercicio de sus
competencias al modificar el régimen salarial y prestacional previsto por el gobierno
nacional para el cargo de «abogado asesor», en perjuicio de los servidores que
desempeñaron tales empleos, entre ellos el del demandante […]

[…]

52. No obstante, lo expuesto por la entidad y la valoración en conjunto del contenido del
acuerdo que creó los cargos de «abogado asesor grado 23» y demás elementos de juicio
antes descritos, lleva a deducir lo siguiente: i) la remuneración del abogado asesor
(nominado) se ha regulado anualmente, a partir del Decreto 57 de 1993; ii) por medio del
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura
creó los cargos de «abogado asesor grado 23» en uno de los cuales se nombró a Fabián
Enrique Yara Benítez; y iii) en los despachos de magistrado de los tribunales
administrativos y superiores no se creó el cargo de «abogado asesor» pero sí el de
«abogado asesor grado 23».

53. En consecuencia, el cargo «grado 23» que desempeñó el demandante correspondía
al de «abogado asesor» (nominado), por lo tanto, tenía derecho a las prestaciones
económicas de este durante el tiempo que lo ejerció.»

92. A partir de todo lo expuesto, la Sala concluye que el Consejo Superior de la
Judicatura excedió en el ejercicio de sus competencias al atribuirle la denominación
«grado 23» al cargo de «abogado asesor» de los tribunales superiores de distrito
judicial y tribunales administrativos, y con ello fijar una remuneración inferior a la
prevista para el abogado asesor nominado, la cual ya se encontraba expresamente
establecida en los decretos anuales que regulan el régimen salarial y prestacional de
la Rama Judicial.

93. Por lo anterior, la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23» de
tribunales superiores de distrito judicial y administrativos, se encuentra comprendida
dentro del listado de los cargos nominados en los decretos expedidos por el presidente
de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo
que su labor debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4°. de los decretos 1024 de
2013, 194 de 2014, 1257 de 2015 y 245 de 2016, es decir, conforme al empleo
«abogado asesor sin grado», sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la
Judicatura pueda variar la denominación establecida en el artículo 3º, numeral 2° del
Decreto 57 de 1993.

94. Por ello no le asiste la razón a la entidad recurrente, en la medida en que el
demandante sí tiene derecho a percibir las prestaciones económicas correspondientes
al cargo de «abogado asesor» sin grado. Ello, por cuanto durante el período en que
prestó sus servicios se le pagó el salario asignado al cargo de «abogado asesor grado
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 06 de marzo de 2025, radicado 05001-23-33-000-2018-
02117-01 (6930-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

23», el cual resulta inferior al establecido anualmente por el presidente de la República
para el primero de los empleos mencionados.

95. En este sentido, la Sala reitera la regla jurisprudencial establecida en la sentencia
de unificación del 2 de noviembre de 2023, según la cual el Consejo Superior de la
Judicatura carecía de competencia para modificar la denominación de cargos incluidos
en los listados de empleos definidos por decretos del presidente de la República,
expedidos en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 4ª de 1992, razón por la
cual dicha actuación resulta ilegal e inconstitucional.

96. Adicional a lo anterior, conviene aclarar que, si bien la parte demandada en el
recurso de apelación indicó que el cargo de «abogado asesor grado 23» no guardaba
relación con el de «abogado asesor» sin grado y que su remuneración era proporcional
a las funciones y responsabilidades asignadas, lo cierto es que no se aportó prueba
alguna, como documento técnico, informe o manual de funciones, que acreditara las
diferencias en los requisitos del cargo, funciones, criterios de desempeño, evaluación
o responsabilidades entre ambos empleos.

4. De la prescripción

97. En lo relativo a los términos de prescripción, la Sala acoge lo señalado en la
sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, en la cual se indicó que resultan
aplicables los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969,
disposiciones que establecen un término de prescripción de tres (3) años, el cual se
interrumpe por una sola vez con el reclamo formulado por el trabajador.

98. Ahora bien, en el expediente se encuentra acreditado que el demandante se
vinculó al cargo de abogado asesor grado 23 a partir del 1 de diciembre de 2015 y la
petición por medio de la cual solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales entre los cargos de «abogado asesor grado 23» y «abogado asesor» sin
grado, se presentó el 17 de noviembre de 2017. En consecuencia, no resultaba
procedente declarar la prescripción de las prestaciones reclamadas, como lo advirtió
el fallo de primera instancia.

5. Conclusión de la decisión
99. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el demandante tiene derecho al

reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre
el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando y el de «abogado
asesor sin grado», teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle un grado y categoría salarial al primero de estos, incurrió en un exceso en el
ejercicio de sus facultades como quedó establecido por la jurisprudencia unificada de
esta corporación, tal como se resolvió en la sentencia de primera instancia, por las
consideraciones desarrolladas en esta providencia y conforme con la pauta de
unificación establecida en la sentencia del 2 de noviembre de 2023.

6. Costas

100. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 26 de la
26
La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias las razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia
20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc.

101. En el presente asunto, tal y como lo indicó el Tribunal Administrativo del Huila en
la providencia de primera instancia, no se advierte que la vencida, haya incurrido en
las anteriores conductas.

7. Decisión

102. En atención a las anteriores consideraciones, esta Subsección confirmará el fallo
apelado que accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
razones expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Reconocer a María Paula Cabrera Coronado, como sucesora procesal del
señor Jairo Cabrera Zuleta, en calidad de demandante, dentro del proceso de la
referencia, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia del 27 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió a las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: Reconocer personería a la sociedad Legalgroup Especialistas en Derecho
S.A.S, identificada con N.I.T. 900.998.405-7, quien, está representada por el abogado
Jonathan Velásquez Sepúlveda identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813
y tarjeta profesional 199.083 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderado de la señora María Paula Cabrera Coronado, en los términos del poder
contenido en el expediente electrónico27.

de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo,
el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP,
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su
causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
27 Samai, exp. 41001-23-33-000-2018-00381-01, índice 2, certificado núm. 99DB82D0034A974F C3AAC7DC8AD5604E
56E6D612D72B4620 D70A51DE26CB7E5B.
21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00381-01 (0034-2025)
Demandante: Jairo Cabrera Zuleta
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva, (Huila)

Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.