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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00418-01

Fecha
14 de agosto de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2019-00418-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 16 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2019-00418-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

14 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021)
Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales, (Caldas)

Tema: nivelación salarial cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores de
distrito judicial y tribunales administrativos. Subtema: fijación del régimen salarial y
prestacional en la Rama Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 16 de abril de 2021, que accedió
a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el Tribunal
Administrativo de Caldas. Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales entre el mencionado cargo, y el de «abogado asesor» sin
grado. En el presente proceso, pretende la nulidad de los actos administrativos que le
negaron lo pedido. A su turno, el tribunal consideró que el Consejo Superior de la
Judicatura no era competente para fijar la categoría salarial del cargo de «abogado
asesor», en tanto dicha potestad le corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo
de las facultades previstas en la Ley 4 de 1992.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Sandra Marcela Gómez Osorio, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021)
Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a
continuación se señalan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se inaplique parcialmente por inconstitucional lo
siguiente:

• La expresión «grado 23» contenida en los acuerdos PSAA12-9214 del 2 de
febrero de 2012, PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012 y sus respectivas
prorrogas hasta el Acuerdo PSAA 15-10402 del 29 de octubre de 20153, todos
expedidos por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, en lo que respecta a la creación del cargo que se denominó
«abogado asesor grado 23», en los despachos de magistrados del Tribunal
Administrativo de Caldas.

3. Asimismo, pidió la nulidad de la Resolución DESAJMAR17-1432 del 13 de
diciembre de 2017, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
de Manizales (Caldas), por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales reclamadas entre el cargo de «abogado asesor grado 23» que
ocupaba la demandante y el de «abogado asesor» sin grado.

4. De igual manera, solicitó que se declarara la nulidad del acto ficto generado por la
falta de resolución del recurso de apelación interpuesto en contra del primer acto.

5. A título de restablecimiento del derecho, la demandante reclamó el reconocimiento
y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el empleo de «abogado
asesor grado 23» que desempeñó y el de «abogado asesor» sin grado; así como la
reliquidación de las prestaciones salariales y sociales.

6.Solicitó también que se condenara a la demandada a actualizar las sumas
adeudadas con base en el índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo
187 del CPACA, y se le ordenara el cumplimiento del fallo en los términos del artículo
192 ibidem. Solicitó la condena en costas.

2.1.2. Hechos

7. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

8.La señora Sandra Marcela Gómez Osorio fue nombrada en el cargo de «abogado
asesor grado 23» del Tribunal Administrativo de Caldas, a partir del 10 de febrero de
2012, cuya designación fue prorrogada hasta el año 2018.

9. El empleo fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo
PSAA12-9214 del 2 de febrero de 2012, para los despachos del Tribunal Administrativo
de Caldas. La medida de descongestión prevista en el referido acto administrativo fue

1
28 de agosto de 2019.
2
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021), índice 32, certificado núm. EFF50AECEF6910F4
B4DB8084F2034240 67572F43EEA05C9A D465F9C485277348 «Expediente Digitalizado».
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«Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio
nacional».
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021)
Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

prorrogada sucesivamente4. Posteriormente, a través del Acuerdo PSAA15-10402 del
29 de octubre de 2015, se creó el cargo de «abogado asesor grado 23» con carácter
permanente para todos los despachos de tribunal del territorio nacional.

10. La señora Sandra Marcela Gómez Osorio presentó escrito, el 5 de diciembre de
2017, ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales,
mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial existente
entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y el empleo
de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos retroactivos de
las diferencias salariales y prestacionales.

11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales,
mediante Resolución DESAJMAR17-1432 del 13 de diciembre de 2017, negó la
petición de la demandante, con el argumento de que el Consejo Superior de la
Judicatura cuenta con facultades constitucionales y legales para crear cargos al interior
de la Rama Judicial y que los salarios y prestaciones de la actora se pagaron conforme
las escalas salariales definidas por el Gobierno nacional.

12. La demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión; sin
embargo, la entidad omitió resolver su requerimiento, lo que dio lugar a la configuración
del silencio administrativo negativo en los términos del artículo 86 del CPACA.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocan las siguientes normas:

14. De la Constitución Política, los artículos 1,2, 4, 5, 9, 13, 25, 29 53, 93, 150 (literales
e y f) y 209; las leyes 1, 2, 4, 5, 9, 13, 25, 29, 53, 93 y 209 de la Constitución Política
de Colombia; Leyes 54 de 1962, 16 de 1972, 4 de 1992, 270 de 1996, 319 de 1996 y
1496 de 2011 y los Decretos 1950 de 1973 (artículo 8), 1039 de 2011, 874 de
2012,1024 de 2013,194 de 2014,1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de
2018.

15.La parte actora en el concepto de violación manifestó que el acto administrativo
demandado se encuentra viciado de nulidad porque fue expedido con infracción de las
normas superiores en las que debían fundarse, por las siguientes razones:

16. Al respecto, explicó que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo
150 de la Constitución, el Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, fijando
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Allí estableció los criterios
y objetivos para el efecto, entre los cuales estaban, el establecimiento de rangos de
remuneración para los cargos de los niveles profesional y asesor al interior de la Rama
Judicial.

4
Las medidas de descongestión fueron prorrogadas y establecidas a través de los siguientes acuerdos: PSAA 12-9545 del 21 del
junio de 2012, PSAA 12-9781 del 18 de diciembre de 2012, se prorrogó el referido empleo. PSAA 13-9897 del 30 de abril de
2013, PSAA 13-9962 del 31 de julio de 2013, PSAA 13-9991 del 26 de septiembre de 2013, PSAA 13-10048 del 3 de diciembre
de 2013, PSAA 13-10068 del 19 de diciembre de 2013, PSAA 14-10156 del 30 de mayo de 2014, PSAA 14-10197 dl 5 de agosto
de 2014, PSAA 14-10251 del 14 de noviembre de 2014, PSAA 15-10288 del 29 de enero de 2015, PSAA 15-10323 del 26 de
marzo de 2015, PSAA 15-10335 del 29 de abril de 2015, PSAA 15-10356 del 29 de mayo de 2015, PSAA 15-10363 del 3 de junio
de 2015, PSAA 15-10371 del 31 de julio de 2015, PSAA 15-10377 del 26 de agosto de 2015 y PSAA 15-10385 del 23 de
septiembre de 2015.
3

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021)
Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

17. Asimismo, refirió que el Gobierno nacional en desarrollo de dicha normativa ha
expedido anualmente los decretos de ajuste salarial para los servidores de la Rama
Judicial, en los cuales ha fijado la remuneración mensual para el cargo de «abogado
asesor de tribunal judicial», y ha señalado expresamente que «La remuneración
mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya
denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores», se regiría
por una escala de grados, entre los cuales se encontraba el «GRADO 23».

18. Así pues, mencionó que los actos demandados no tuvieron en cuenta la
prohibición contenida en los decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194
de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, en los cuales se
indica de manera expresa que «Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el
régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en
concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4a de 1992. Cualquier
disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».

19. De este modo, afirmó que, si bien el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 faculta al
Consejo Superior de la Judicatura para «crear», suprimir y fusionar los cargos que
estime necesarios para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia,
así como determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño, lo
cierto es que ello encuentra su límite en cuanto se trate de empleos que no cuenten
con regulación en la ley, por lo tanto, dicha autoridad se extralimitó al expedir los
acuerdos cuestionados en donde asignó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor»
pues con ello le asignó una remuneración inferior a la fijada por los decretos del
Gobierno nacional al empleo de «abogado asesor».

20. Precisó que la anterior situación ocasionó que desde que la demandante fue
nombrada en el cargo de «abogado asesor grado 23» ha recibido una remuneración
salarial inferior que ha afectado sus prestaciones sociales.

21. En este orden, expuso que la decisión negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Manizales es contraria a derecho, por cuanto no tuvo en
cuenta que el reconocimiento del salario de la demandante se debe hacer con base
en el valor que se le otorgó al empleo de «abogado asesor», pues este cargo existe
en la planta de empleos de la Rama Judicial y, por ello, no era posible efectuar una
discriminación injustificada asignándole un grado determinado.

22. Con fundamento en lo anterior, concluyó que las decisiones administrativas
cuestionadas fueron expedidas con desconocimiento de las normas constitucionales y
legales en las que debían fundamentarse.

2.2. Contestación de la demanda

23. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales5,. se
opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que la Constitución Política y
la Ley 4 de 1992 establecen que la facultad para fijar remuneraciones de los servidores
radica única y exclusivamente en el Gobierno nacional, tal como se dispuso en el

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Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021), índice 32, certificado núm. EFF50AECEF6910F4
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Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Decreto 57 de 1993, en el cual se estableció el nuevo régimen salarial y prestacional
de los servidores de la Rama Judicial.

24. Indicó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene
competencias para crear, suprimir y fusionar cargos con el fin de descongestionar los
despachos judiciales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 85 de la
Ley 270 de 1996.

25. Refirió que los acuerdos cuestionados, se basan en la potestad reglamentaria y en
la facultad de regulación que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, según los
artículos 256 y 257 de la Constitución y el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, y en ese
contexto adoptó los respectivos planes de descongestión en los que determinó que el
cargo de «abogado asesor grado 23» era el adecuado para descongestionar los
tribunales administrativos y superiores, cuya remuneración es proporcional al grado de
funciones y responsabilidades que requiere el perfil, sin que ello implicara una
asimilación al cargo de «abogado asesor», que tiene un régimen salarial diferente.

26. Resaltó que el cargo de abogado asesor grado 23 conforme a las necesidades de
las diferentes jurisdicciones y especialidad, el cual no hace relación al empleo de
abogado asesor innominado previsto con base en la Ley 4 de 1992.

27. Expresó que los argumentos de la parte actora se fundamentan en una premisa
basada en generar una confusión en la denominación de cargos para un beneficio
personal y no menciona la teleología del plan de descongestión de la Rama Judicial
que se regula por una ley estatutaria.

28. Manifestó que los valores pagados a la demandante se realizaron conforme con lo
dispuesto en los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para los
servidores judiciales del país, y por ello, no se configura ninguna diferencia salarial a
su favor.

29. Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos administrativos
demandados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, sin incurrir en
irregularidad o vicio de nulidad alguno.

30. Adicionalmente, propuso las excepciones que denominó así: i) falta de causa para
demandar; ii) legalidad de los actos administrativos y iii) la innominada que se llegase
a probar en el proceso.

2.3. Sentencia de primera instancia.

31.El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 16 de abril de 20216,
accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

«Primero: Declarar que se configuró silencio administrativo negativo frente al recurso
de apelación presentado el 22 de enero de 2018 por Sandra Marcela Gómez Osorio,
contra la Resolución No. DESAJMARl 7-1432 del 13 de diciembre de 2017.

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Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021), índice 32, certificado núm. EFF50AECEF6910F4
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Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Segundo: Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión “Grado 23” relacionada al
cargo de Abogado Asesor contenida en los Acuerdos: PSAA 12-9214 del 2 de febrero
de 2012 (artículo 1), PSAA 12-9524 del 21 de junio de 2012, PSAA12 9781 de 2012
(artículo 67), PSAA13-9897 de 2013 (artículo 1), PSAAl3-9962 de 2013 (artículo 24),
PSAA13-9991 de 2013 (artículo 44), PSAA13-10048 de 2013 (artículo 1), PSAA13-
10068 de 2013 (artículo 1), PSAA14-10156 de 2014 (artículo 41), PSAA14-10195 de
2014 (artículo 55), PSAA14-10197 de 2014 (artículo 1), PSAA14- 10251 de 2014
(artículo 29), PSAA14-10277 de 2014, aclarado mediante Acuerdo PSAA15-10288 de
2015 (artículo 20), PSAA15-10323 de 2015 (artículo 11), PSAA15-10335 de 2015
(artículo 12), PSAA15-10356 de 2015 (artículo 11), PSAA15-10363 de 2015 (artículo
13), PSAA15-10371 de 2015 (artículo 14), PSAA15-10377 de 2015 (artículo 14) y
PSAA15-10385 de 2015 (artículo 14), PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015
(artículo 88) expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Tercero: Declarar la nulidad de i) la Resolución No. DESAJMARl 7-1432 del 13 de
diciembre de 2017, expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración
Judicial de Manizales mediante el cual negó la reliquidación, con efectos retroactivos,
de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Abogado
Asesor "grado 23" y el de "Abogado Asesor de Tribunal Judicial" y ii) el Acto ficto o
presunto derivado del silencio administrativo negativo con ocasión de la falta de
respuesta al recurso de apelación interpuesto el 22 de enero de 2018 por Sandra
Marcela Gómez Osorio, contra la Resolución No. DESAJMARl7-1432 del 13 de
diciembre de 2017.

Cuarto: Declarar la prescripción de los derechos económicos por las diferencias
salariales y prestacionales causadas con anterioridad al 5 de diciembre de 2014. No
obstante, la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial estará
obligada a cancelar los aportes correspondientes a seguridad social en pensión por
todo lo causado.

Quinto: Condenar a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
a reconocer y pagar a favor de Sandra Marcela Gómez Osorio, por el tiempo en que
haya desempeñado, el cargo, las diferencias salariales y prestacionales existentes
entre el cargo de Abogada Asesor "grado 23", que se le venía cancelando, y el cargo
de "Abogada Asesora de Tribunal Judicial". Esto es entre los siguientes periodos:

Fecha de Inicio Fecha de Terminación
10/02/2012 31/07/2014
06/08/2014 31/12/2014
02/02/2015 31/10/2015
01/11/2015 18/09/2016
01/08/2017 04/02/2018

Sumas que deberán ser pagadas debidamente indexadas a la fecha de esta sentencia
en los términos del inciso último del artículo 187 del CPACA. La condena devengará
intereses en los términos del inciso 3° del artículo 192 en concordancia con el numeral
4 del artículo 195 del CPACA.

Los derechos laborales causados con anterioridad al 5 de diciembre de 2014 se
encuentran prescritos, con excepción de los aportes en pensiones.

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Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Sexto: Sin costas […]7».

32. El Tribunal expuso que el artículo 3 del Decreto 57 de 1993 estableció como cargo
nominado para los «Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los
Consejos Seccionales de la Judicatura» el de «abogado asesor» y fijó su
remuneración. A su vez, el artículo 4 ibidem precisó una remuneración subsidiaria para
los empleos que no estuvieran referidos en el citado artículo 3, esto son, para aquellos
que se encontraran identificados por grado.

33. Mencionó que el Gobierno nacional, a través de los Decretos 1039 de 2011, 874
de 2012,1024 de 2013 y 194 de 2014, estableció el valor de la remuneración mensual
para los cargos de la Rama Judicial, entre ellos, el de abogado asesor de tribunal
judicial y los empleos del grado 23; y a través de los Decretos 1257 de 2015, 245 de
2016,1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019 señaló el reajuste porcentual anual
de las escalas salariales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, entre
otros.

34. De igual manera, expuso que el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de
los acuerdos cuestionados, creó en forma transitoria y finalmente con carácter
permanente para el Tribunal Administrativo de Caldas un cargo de abogado asesor,
pero indicó que como grado de remuneración el 23, a pesar de que el Decreto 57 de
1993 como en los decretos anuales se señalaba expresamente la remuneración
mensual para dicho cargo.

35. Precisó que, al estar expresamente definida por el Gobierno nacional, la
remuneración del empleo de abogado asesor de tribunal judicial, el Consejo Superior
de la Judicatura carecía de competencia para acudir a la norma supletoria del artículo
4 del Decreto 57 de 1993 para variar la remuneración y así ubicarla en el grado 23, la
cual es inferior, por lo que resulta evidente que asumió una facultad que es exclusiva
del ejecutivo.

36. Así pues, revisó los decretos expedidos por el Gobierno nacional entre los años
2011 y 2019 y comparó el salario asignado al empleo de abogado asesor de tribunal
judicial con el del cargo de abogado asesor grado 23, y concluyó que en efecto se
evidenciaban diferencias salariales entre uno y otro.

37. De esta manera, concluyó que en el caso bajo estudio era procedente inaplicar por
inconstitucional la expresión «Grado 23» para nominar el cargo de abogado asesor,
contenida en los acuerdos que crearon y prorrogaron dicho cargo para el Tribunal
Administrativo de Caldas, por cuanto el Consejo Superior de la Judicatura no tenía
competencia para variar la remuneración aplicable a ese empleo.

38. En consecuencia, consideró que la Nación, Rama Judicial debía reconocer,
liquidar y pagar en favor de la señora Sandra Marcela Gómez Osorio las diferencias
salariales y prestacionales existentes entre el cargo de abogado asesor de Tribunal
Judicial y el grado 23, conforme a los decretos expedidos por el Gobierno nacional,
durante el tiempo de vinculación en el Tribunal Administrativo de Caldas, para los
períodos referidos.

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Se corrigieron los errores de digitación del aparte transcrito.
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Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

39. Finalmente, el Tribunal determinó que las diferencias salariales reclamadas por la
demandante se hicieron exigibles desde el 2 de febrero de 2012, fecha a partir de la
cual se vinculó en el cargo, y la reclamación se presentó hasta el 5 de diciembre de
2017, lo que significa que los valores causados con anterioridad al 5 de diciembre de
2014 se encuentran prescritos, con excepción de los aportes pensionales.

2.4. Recurso de apelación

40.La parte demandada interpuso recurso de apelación8 en contra de la sentencia
que accedió a las pretensiones de la demanda.

41. Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura tiene la facultad de crear, suprimir,
fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, definir lo relacionado con las funciones
y requisitos de los empleos y determinar las plantas de personal de los despachos
judiciales a nivel nacional.

42. Que la entidad en ejercicio de competencias previstas en los numerales 9 y 12 del
artículo 85 y el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 desarrolló el plan de descongestión
de los despachos judiciales a nivel nacional, en el cual analizó las necesidades de las
diferentes jurisdicciones y especialidades, y determinó que el cargo que se debía crear,
inicialmente, de manera transitoria para descongestionar los Tribunales
Administrativos y Superiores del país, era el de abogado asesor grado 23, que no tiene
relación alguna con el de abogado asesor innominado, sino que se determinó un grado
específico con una remuneración proporcional al nivel de funciones y
responsabilidades que demanda el perfil.

43. Reiteró que el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con la facultad para
determinar el nivel y la denominación de los cargos que crea. Es así, que para el
empleo ocupado por la demandante se le otorgó el «grado 23», en atención a las
funciones y responsabilidades, cuya asignación salarial es la fijada por el Gobierno
nacional para este tipo de empleos, como consta en el artículo 6 del Decreto 194 de
2014, por lo que el Acuerdo PSAA15-10402 goza de presunción de legalidad, sin que
a la fecha se haya determinado nulidad alguna de los apartes atacados.

44.Mencionó que el referido acuerdo creó el cargo de «abogado asesor grado 23»,
en el que la autoridad competente no dispuso la creación de este empleo como
«NOMINADO», es decir, sin escala de grado, al que se le aplica la tabla de
remuneración propia para los cargos nominados de tribunales judiciales y que para el
caso serían las remuneraciones para «abogado asesor» que se establecen en cada
uno de los decretos que fijan el régimen salarial y prestacional de los empleados de la
Rama Judicial (decretos 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1269 de 2015, 245 de
2016 y 1003 de 2017, entre otros).

45. Asimismo, destacó que desde la vigencia del Acuerdo PSAA15-10402 a la fecha,
existe en los despachos de magistrado de los tribunales administrativos y superiores
el cargo de abogado asesor grado 23 y no el de abogado asesor, por lo que estos
empleos no pueden ser homologados o asimilados, pues no existe ni se acreditó la
igualdad de funciones entre uno y otro, así como la identidad de responsabilidades y
la carga laboral.
8
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021), índice 32, certificado núm. EFF50AECEF6910F4
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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021)
Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

46. Agregó que los argumentos expuestos por la parte demandante corresponden a
un asunto de mera legalidad que deben ser planteados en ejercicio del medio de
control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los acuerdos,
que su juicio, lesionaron sus garantías laborales.

47.Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo del Tribunal
Administrativo de Caldas y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia.

48. Mediante auto del 28 de abril de 20229, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada. Al no existir solicitud probatoria, se prescindió del
período para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67
de la Ley 2080 de 2021.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

49. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

50. De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir lo
siguiente:

51. ¿El Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias constitucionales
y legales al asignar la denominación «grado 23» al cargo de «abogado asesor», en la
medida en que ello implicó la modificación del régimen salarial y prestacional fijado por
los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para dicho empleo?

52. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala considera necesario abordar los
siguientes aspectos: (i) la remuneración salarial prevista para el cargo de «abogado
asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado; (ii) la nulidad
del aparte «grado 23» previsto en algunos de los acuerdos de la entonces Sala
administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y (iii) caso concreto.

9
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021), índice 8, certificado núm. 9CD2C5664697ED48
24DCA8D04FA006D5 165A6056AB596B57 67C8546F08FC8B8A.
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3.2.1. De la remuneración salarial establecida para el cargo de «abogado asesor
grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Reiteración de
jurisprudencia.

53. Con ocasión de las múltiples controversias que se suscitaron en torno a la
existencia de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado asesor», sin grado,
y «abogado asesor grado 23», esta Sección, en sentencia del 2 de noviembre de 2023,
unificó su jurisprudencia en torno a esta cuestión, y fijó la siguiente regla
jurisprudencial10:

«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignarle a los cargos
nominados, grados, códigos y remuneración diferente a lo regulado en el Decreto 57 de
1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional, mediante los cuales
se determine el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta
potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades
previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado
asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor»
en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia».

54. Para llegar a la citada conclusión, esta Sección abordó aspectos relevantes que
fueron considerados para su resolución, tales como: (i) la competencia para fijar el
régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; (ii) la competencia
del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la Rama Judicial;
y (iii) las consideraciones frente a la remuneración del cargo de «abogado asesor
grado 23».

55. Así las cosas, teniendo en cuenta la relevancia de estas consideraciones, la Sala
procede a referirse, en los siguientes términos:

3.2.1.1. Competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
cargos existentes en la planta de personal de la Rama Judicial

56. El artículo 150 de la Constitución Política atribuye al Congreso de la República,
entre otras funciones, la de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos y la Fuerza Pública, así:

«Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:

[…]

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

[…]

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]» (Negrilla de la Sala).

57. En cumplimiento de este mandato constitucional, el Congreso de la República

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-
2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
10

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expidió la Ley 4ª de 199211, mediante la cual estableció los criterios que debe observar
el Gobierno nacional para la determinación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, incluidos los pertenecientes a la Rama Judicial, en los siguientes
términos:

«Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

[…]

b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la
Contraloría General de la República…»

«Artículo 2º. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá
en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del
Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales.
En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales;

[…]

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
[…]». (Negrilla de la Sala).

«Artículo 3º. El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad
con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de
remuneración para cada cargo o categoría de cargos».

«Artículo 4º. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo
2º. el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero
de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los
empleados enumerados en el artículo 1o. liberal a), b) y d), aumentando
sus remuneraciones12.
[…]». (Negrilla de la Sala).

58. En ejercicio de las competencias previstas por la Ley 4ª de 1992, el presidente de
la República expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 1993, mediante el cual se
estableció el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar. En punto de sus efectos, precisó que el
referido régimen sería obligatorio para quienes se vincularan al servicio con
posterioridad a su entrada en vigor.

59. La anterior normativa estableció en su artículo 2 que los servidores públicos

11
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para
la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
12
Declarada inexequible las expresiones tachadas (inciso 1 y 3) mediante sentencia C- 710 de 1999 de la Corte Constitucional.
11

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vinculados a la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar podían optar, por una sola vez
y antes del 28 de febrero de 1993, por acogerse al régimen salarial y prestacional
previsto en el mencionado decreto. Igualmente, dispuso que quienes no ejercieran
dicha opción continuarían sujetos al régimen anterior.

60. De conformidad con lo expuesto, la autoridad competente para fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es el Gobierno
nacional, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 4ª de 1992. Asimismo,
en ejercicio de esta facultad, expidió los decretos anuales que determinaron los
salarios de los cargos con denominación específica según el Decreto 57 de 1993 y, de
manera subsidiaria, estableció una escala de grados salariales para aquellos empleos
no incluidos en dicha clasificación.

3.2.1.2. Competencia del Consejo Superior de la Judicatura en materia de
creación de cargos de la Rama Judicial

61. Por su parte, el artículo 256 de la Constitución Política atribuyó al Consejo Superior
de la Judicatura la función de administrar la carrera judicial, en los siguientes términos:

«Artículo 256.- Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y de
acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

[…]

1. Administrar la carrera judicial.

[…]».

62. En el mismo sentido, la Constitución Política, en los numerales 2 y 3 del artículo
257, atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para crear, suprimir,
fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia, sin que pueda imponer
obligaciones que excedan el monto global fijado en la ley de apropiaciones iniciales.
Asimismo, le asignó la función de dictar los reglamentos necesarios para el eficaz
funcionamiento de la administración de justicia, en los aspectos no previstos por el
legislador13.

63. En desarrollo de lo anterior, la Ley 270 de 199614 en su artículo 85, modificado por
el artículo 35 de la Ley 2430 de 202415, reguló las funciones del Consejo Superior de
la Judicatura, dentro de las cuales se destacan las siguientes atribuciones:

13
«ARTÍCULO 257. <Texto original revivido según la Sentencia C-285-16> Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la
Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
[…]
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior
de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio
en la ley de apropiaciones iniciales.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la
organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que
se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.
[…]».
14
«Estatutaria de la Administración de Justicia».
15
«Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones».
12

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«Artículo 85. Funciones del Consejo Superior de la Judicatura. <Artículo modificado por
el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Al Consejo
Superior de la Judicatura le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

[…]

12. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las
Salas de estos y los Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de
estos. Para el efecto deberá establecer un mecanismo de atención oportuna y eficaz
de los requerimientos formulados por los Juzgados y Tribunales, para su correcto
funcionamiento.

13. Determinar la estructura y planta de personal de las corporaciones judiciales y los
Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama
Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no
hayan sido fijados por la Ley, previo concepto de la Comisión Interinstitucional.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el servicio de justicia en la ley de
apropiaciones iniciales.

[…] ».

64. Ahora bien, se precisa que la Ley 1285 de 200916, modificó el artículo 63 de la Ley
270 de 1996, vigente para el momento en que se expidieron los acuerdos, que confirió
al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para la implementación del Plan
Nacional de Descongestión Judicial, con fundamento en el cual se crearon los cargos
de «abogado asesor grado 23». No obstante, dicha disposición no le atribuyó la
potestad para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados
vinculados a dichos cargos17.

65. Con fundamento en lo expuesto, si bien la entonces Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura estaba facultada para administrar la carrera judicial,
crear cargos necesarios para la administración de justicia y reglamentar aspectos
relacionados con dicha carrera, esta atribución no se extendía a materias reservadas
16
«Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».
17
«Artículo 63. Plan y Medidas de Descongestión. Habrá un plan nacional de descongestión que será concertado con la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los objetivos, los
indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de evaluación de la aplicación de las medidas.
Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar
las medidas pertinentes, entre ellas las siguientes:
a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá redistribuir los
asuntos que los Tribunales y Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una carga
laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita;
b) La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción para atender las
mayores cargas por congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para tramitar y sustanciar los procesos
dentro de los despachos ya establecidos, asumiendo cualquiera de las responsabilidades previstas en el artículo 37 del C. P. C.;
los procesos y funciones serán las que se señalen expresamente;
c) Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante
comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para
instruir y practicar pruebas en proceso que estén conociendo otros jueces;
d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley
de presupuesto;
e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de realizar funciones que se definan en el plan de
descongestión de una jurisdicción, de un distrito judicial, o de despachos judiciales específicos, y
f) Contratar a término fijo profesionales expertos y de personal auxiliar para cumplir las funciones de apoyo que se fijen en el plan
de descongestión».

13

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de manera exclusiva al legislador, conforme en los artículos 125 y 150, numeral 23, de
la Constitución Política.

3.2.1.3. De la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23»

66. En congruencia con los aspectos previamente expuestos, la sentencia de
unificación analizó la competencia para establecer el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos, incluidos los de la Rama Judicial, así como las
consecuencias jurídicas derivadas de asignar una categoría salarial a cargos cuya
asignación ya había sido expresamente fijada por el Gobierno nacional como
«nominados».

67. En estos términos, la sentencia de unificación en cita concluyó que la remuneración
del empleo «abogado asesor grado 23» de los de tribunales superiores de distrito
judicial y tribunales administrativos debía estar determinada por el régimen previsto
para los cargos nominados (sin grado) en los decretos expedidos por el presidente de
la República, en ejercicio de las competencias conferidas por la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, su salario debía fijarse conforme al artículo 4 de los Decretos 1039 de
2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014.

68. Por tanto, no resultaba viable que el Consejo Superior de la Judicatura modificara
la denominación establecida en el artículo 3, numeral 2, del Decreto 57 de 1993, ya
que la inclusión del «grado 23» al cargo de «abogado asesor» afectó de manera
negativa su régimen salarial y prestacional, configurando una actuación ilegal e
inconstitucional. Las diferencias salariales entre ambos cargos se pueden constatar en
el siguiente cuadro:

«[…]
Decreto anual proferido Abogado asesor Abogado asesor grado 23
por el presidente de la nominado «sin grado»
República en uso de las
facultades previstas en
la Ley 4ª de 1992
1039 de 2011 $5´140.170 $3´845.934
874 de 2012 $5´397.179 $4.038.231
1024 de 2013 $5´582.842 $4´177.147
194 de 2014 $5´746.978 $4´299.956
1257 de 2015 (4.66%) $6´014.797 $4´500.333
245 de 2016 (7.77%) $6´482.146 $4´850.008
1013 de 2017 (6.75%) $6´919.690 $5´177.383
337 de 2018 (5.09%) $7´271.902 $5´440.912
991 de 2019 (4.5%) $7´599.137 $5´685.753
299 de 2020 (5.12%) $7´988.212 $5´976.863
[…]»

3.2.1.4. Del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 a través del cual se modificó la
denominación al cargo de «abogado asesor grado 23»

69. Es importante precisar que la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
proceso en el cual se dictó la sentencia de unificación advirtió que, para ese momento
ya se había proferido el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 a través del cual se modificó
la denominación del cargo de «abogado asesor grado 23» por el de «profesional
especializado grado 23». Esta situación fue valorada al tenor del artículo 281 del CGP,
toda vez que comportaba un hecho sobreviniente que modificó la situación jurídica

14

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objeto de debate, respecto del cual se resolvió en el caso en concreto lo siguiente:

«INAPLICAR en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la
denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se hace referencia en el
artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11-8346 de 29 de julio de 2011; el Acuerdo PSAA15-
10402 de 2015 que incluyó en forma permanente el mencionado empleo en la planta de
cargos de los tribunales administrativos; y finalmente, el Acuerdo PCSJA22-11968 de
2022 mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado 23”,
por la de “profesional especializado grado 23”».

70. Frente a los efectos en el tiempo de la decisión adoptada en la citada providencia,
se señaló:

«ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituyen precedente
vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente
sentencia de unificación son retrospectivos.

Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán inmodificables».

71. Finalmente, en relación con la aplicación del término de prescripción frente al
derecho de pago de las diferencias salariales y prestacionales que haya lugar a
reconocer, precisó que debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969; los cuales prevén el término de
prescripción de 3 años, que se interrumpe por una sola vez mediante el reclamo escrito
del trabajador.

3.3. De la nulidad del aparte «grado 23» previsto en algunos de los Acuerdos de
la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

72. Se considera pertinente precisar que esta corporación con posterioridad a la
sentencia de unificación antes referida decretó la nulidad del aparte «grado 23»
respecto del cargo de «abogado asesor» contenido en varios acuerdos 18 expedidos
por el Consejo Superior de la Judicatura para los tribunales judiciales de la jurisdicción
ordinaria y de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, a través de sentencia
del 23 de octubre de 202419.

73. Las consideraciones que fundamentaron la declaratoria de nulidad señalaron que

18
El articulado de los siguientes acuerdos: Acuerdo PSAA11-7886 del 28 de febrero de 2011; Acuerdo PSAA11-8356 del 29 de
julio de 2011; Acuerdo PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012; Acuerdo PSAA12-9781 del 18 de diciembre de 2012; Acuerdo
PSAA13-9897 del 30 de abril de 2013; Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de septiembre de 2013, con excepción del aparte que se
refiere a la jurisdicción disciplinaria; Acuerdo PSAA13-9962 del 31 de julio de 2013; Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de septiembre
de 2013; Acuerdo PSAA14-10195 del 31 de julio de 2014; Acuerdo PSAA14-10197 del 5 de agosto de 2014; Acuerdo PSAA15-
10288 del 29 de enero de 2015; Acuerdo PSAA15-10323 del 26 de marzo de 2015; Acuerdo PSAA15-10335 del 29 de abril de
2015; Acuerdo PSAA15-10356 del 29 de mayo de 2015; Acuerdo PSAA15-10363 del 30 de junio de 2015; Acuerdo PSAA15-
10371 del 31 de julio de 2015; Acuerdo PSAA15-10385 del 23 de septiembre de 2015.
Asimismo, en esa decisión se resolvió:
«Segundo. DECLARAR la nulidad del aparte “Grado 23” contenido en los numerales 1 a 4 del artículo 13; 1 y 2 del artículo 14; 1
del artículo 16; el literal a del artículo 17; numerales 1 a 16 del artículo 86, numerales 1 y 2 del artículo 87, numerales 1 y 2 del
artículo 88 y numeral 1 del artículo 89 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, “Por el cual se crean con carácter
permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional”.
Tercero. DECLARAR la nulidad del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 “Por medio del cual se ajusta la denominación de unos
cargos a nivel nacional”, que sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado
grado 23”».
19
Consejo de Estado, Sección Segunda Sentencia del 23 de octubre de 2024, radicado 11001-03-25-000-2017-00617-00 (2965-
2017), M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
15

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021)
Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

existe una reserva material de ley atribuida al Congreso de la República para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, mediante postulados
generales y de obligatorio cumplimiento. Con base en ello, se consolida la competencia
reglamentaria del Gobierno nacional para determinar, en estricto sentido, las escalas
salariales que regulan la remuneración y las asignaciones básicas mensuales de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

74. Por lo anterior, se concluyó que la fijación de la remuneración mensual del empleo
de «abogado asesor» de los tribunales judiciales, a partir de la creación del «grado
23» y su posterior modificación a «profesional especializado grado 23», constituye el
ejercicio de una competencia atribuida de manera concurrente entre el legislador y el
Gobierno nacional. En consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus
atribuciones, al asumir una función que corresponde de forma privativa al legislador y
Gobierno nacional.

3.4. Caso concreto

75. El Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PSAA12-9214 del 2 de
febrero de 2012, creó el cargo de «abogado asesor grado 23» para los despachos
permanentes del Tribunal Administrativo de Caldas.

76.Así pues, con fundamento en lo previsto en el referido acuerdo, la señora Sandra
Marcela Gómez Osorio fue nombrada en provisionalidad en el cargo de «abogado
asesor grado 23» del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante Resolución núm.
010 del 10 de febrero de 201220.

77. La designación de la demandante fue prorrogada sucesivamente en atención a las
medidas de descongestión definidas por el Consejo Superior de la Judicatura hasta el
año 201521, cuando se expidió el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015,
a través del cual se dispuso la creación del cargo de «abogado asesor grado 23» con
carácter permanente para todos los despachos de tribunal del territorio nacional.

78. Con base en el referido acuerdo, la señora Sandra Marcela Gómez Osorio fue
nombrada en el cargo de «abogado asesor grado 23», del Tribunal Administrativo de
Caldas, a través de la Resolución núm. 023 del 30 de octubre de 2015.

79.En el proceso se acreditó, mediante certificación del 23 de marzo de 2018,
expedida por el coordinador del área talento humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, que la señora Sandra Marcela
Gómez Osorio prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el Tribunal
Administrativo de Caldas, en los siguientes períodos22:

20
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021), índice 32, certificado núm. EFF50AECEF6910F4
B4DB8084F2034240 67572F43EEA05C9A D465F9C485277348 «Expediente Digitalizado».
21
Las medidas de descongestión fueron prorrogadas y establecidas a través de los siguientes acuerdos: PSAA 12-9545 del 21
del junio de 2012, PSAA 12-9781 del 18 de diciembre de 2012, se prorrogó el referido empleo. PSAA 13-9897 del 30 de abril de
2013, PSAA 13-9962 del 31 de julio de 2013, PSAA 13-9991 del 26 de septiembre de 2013, PSAA 13-10048 del 3 de diciembre
de 2013, PSAA 13-10068 del 19 de diciembre de 2013, PSAA 14-10156 del 30 de mayo de 2014, PSAA 14-10197 dl 5 de agosto
de 2014, PSAA 14-10251 del 14 de noviembre de 2014, PSAA 15-10288 del 29 de enero de 2015, PSAA 15-10323 del 26 de
marzo de 2015, PSAA 15-10335 del 29 de abril de 2015, PSAA 15-10356 del 29 de mayo de 2015, PSAA 15-10363 del 3 de junio
de 2015, PSAA 15-10371 del 31 de julio de 2015, PSAA 15-10377 del 26 de agosto de 2015 y PSAA 15-10385 del 23 de
septiembre de 2015.
22
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021), índice 32, certificado núm. EFF50AECEF6910F4
B4DB8084F2034240 67572F43EEA05C9A D465F9C485277348 «Expediente Digitalizado».
16

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021)
Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

Cargo Estado Despacho Fecha de inicio Fecha de terminación

Abogado Provisionalidad Tribunal
asesor 23 Administrativo 10/02/2012 31/07/2014
de Caldas
Abogado Provisionalidad Tribunal
asesor 23 Administrativo 06/08/2014 31/12/2014
de Caldas
Abogado Provisionalidad Tribunal
asesor 23 Administrativo 02/02/2015 31/10/2015
de Caldas
Abogado Provisionalidad Tribunal
asesor 23 Administrativo 01/11/2015 18/09/2016
de Caldas
Abogado Provisionalidad Tribunal
asesor 23 Administrativo 01/08/2017 04/02/2018
de Caldas

80. Con la referida certificación, también aportó constancia de los salarios y
prestaciones pagadas a favor de la demandante por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Manizales como «abogado asesor grado 23», desde el
2012 hasta el año 2018.

81. La parte actora presentó petición el 5 de diciembre de 2017 ante la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, a través de la cual solicitó
el reconocimiento y pago de las diferencias salariales entre el empleo de «abogado
asesor grado 23» y «abogado asesor» sin grado; así como la respectiva reliquidación
salarial y prestacional23.

82. La demandada mediante Resolución DEAJMAR17-1432 del 13 de diciembre de
2017, negó la solicitud presentada por la demandante, al considerar que la
remuneración la actora se ha liquidado y pagado íntegramente, y en debida forma mes
a mes según la escala salarial aplicable, fijada por el Gobierno Nacional, para el cargo
de «abogado asesor grado 23»24. Contra dicha decisión propuso recurso de apelación;
sin embargo, la entidad omitió resolver su requerimiento, lo que dio lugar al silencio
administrativo negativo en los términos del artículo 86 del CPACA.

83. En virtud de lo anterior, la parte demandante interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual solicitó la inaplicación por
inconstitucionalidad del Acuerdo PSAA12-9214 del 2 de febrero de 2012 y sus
prorrogas, así como el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, expedidos
por el Consejo Superior de la Judicatura, en lo que respecta a la creación del cargo
que se denominó «abogado asesor grado 23» en el Tribunal Administrativo de Caldas.
Igualmente pidió la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento
y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el empleo de «abogado
asesor grado 23» que venía desempeñando y el de «abogado asesor» sin grado.

84. El Tribunal Administrativo de Caldas accedió a las pretensiones de la demanda, al
considerar que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para fijar la
categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto dicha potestad le

23
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021), índice 32, certificado núm. EFF50AECEF6910F4
B4DB8084F2034240 67572F43EEA05C9A D465F9C485277348 «Expediente Digitalizado».
24
Ibidem.
17

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021)
Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley
4 de 1992.

85. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación,
al considerar que el cargo de «abogado asesor grado 23» no hace relación al empleo
de «abogado asesor» nominado, pues en el primero se determinó un grado específico,
cuya remuneración es proporcional al nivel de funciones y responsabilidades que
demanda el perfil.

86. Ahora bien, al descender al caso concreto, y conforme a los criterios adoptados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 2 de
noviembre de 2023, se concluyó que la competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos corresponde al Congreso de la República, el
cual a su vez establece los criterios que orientan el ejercicio de la potestad
reglamentaria del Gobierno nacional en dicha materia25.

87. Por su parte, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la creación de
cargos y la incorporación de personal a las plantas de los despachos judiciales, lo cual
implica la determinación de las funciones y requisitos para el desempeño de los
empleos, sin que pueda establecer obligaciones a cargo del tesoro público que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales. En tal sentido, a dicha corporación, no se le atribuyó competencia para fijar
o modificar el régimen salarial y prestacional de los empleos pertenecientes a la planta
de personal de la Rama Judicial.

88. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 150, numeral 19, literal e), de la
Constitución faculta al Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, con sujeción a las normas, criterios y objetivos establecidos
por el legislador. En desarrollo de dicha disposición, se expidió la Ley 4ª de 1992,
mediante la cual se fijaron los parámetros que debe observar el Gobierno nacional
para determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluidos
los de la Rama Judicial.

89. Por las razones expuestas, el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de
sus funciones, no puede atribuirse la competencia legal y reglamentaria para
establecer la remuneración de un cargo perteneciente a la planta de personal de la
Rama Judicial ni asignarle grados o códigos adicionales, dado que esta atribución
corresponde de manera concurrente al legislador y el Gobierno nacional.

90. No obstante, lo anterior, en el caso bajo estudio, el Consejo Superior de la
Judicatura profirió el Acuerdo PSAA14-91214 del 2 de febrero de 2012 y sus siguientes
prorrogas hasta el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, mediante los
cuales asignó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor». Con dichas actuaciones,
desconoció las disposiciones que regulan el régimen salarial y prestacional de los
empleados de la Rama Judicial, en particular lo previsto en el artículo 4 de los decretos
874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017
y 337 de 2018, en los cuales se puede advertir que el cargo de «abogado asesor» ya
existía en la planta de empleos de la entidad y tenía prevista una asignación salarial y
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-
2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

18

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Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio
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prestacional acorde con el Decreto 57 de 1993.

91. Esta modificación impactó negativamente la remuneración correspondiente al
cargo de «abogado asesor grado 23», tal como se evidencia de los decretos anuales
expedidos por el Gobierno nacional, en los que se advierte que la asignación salarial
del cargo de «abogado asesor» era superior a la del cargo de «abogado asesor grado
23» desempeñado por el demandante, pese a tratarse materialmente del mismo
empleo.

92. En otras palabras, la inclusión de la expresión «grado 23» en el acuerdo de
creación del cargo generó que las personas que lo desempeñaron no percibieran la
remuneración correspondiente al empleo de «abogado asesor». En el caso concreto,
ello implicó que durante el tiempo en que la parte actora ejerció funciones como
«abogado asesor grado 23», se le pagara un salario inferior al fijado anualmente por
el presidente de la República para el cargo nominado de «abogado asesor», lo que, a
su vez, impactó negativamente el valor de sus prestaciones sociales, al haberse
utilizado dicho salario como base para su liquidación.

93. Para mayor claridad, se expone un cuadro comparativo con las diferencias
salariales entre ambos cargos en el período en que el demandante se desempeñó en
el empleo, de acuerdo con los porcentajes de aumento fijados por el Gobierno nacional
en los decretos que se describen a continuación:

Año Decreto anual gobierno Salario fijado para Salario Diferencia
nacional el cargo de devengado por salarial
«abogado asesor» la parte actora
sin grado en el cargo de
«abogado
asesor grado
23»

2012 Decreto 874 de 2012 $5.397.179 $4.038.231 $1.358.948
2013 Decreto 1024 de 2013 $5.582.842 $4.177.147 $1.405.695
2014 Decreto 194 de 2014 $5.746.978 $4.299 956 $1.447.022
2015 Decreto 1257 de 2015 $6.014.797 $4.500.333 $1.514.464
2016 Decreto 245 de 2016 $6.482.146 $4.850.008 $1.632.135
2017 Decreto 1013 de 2017 $5.177.386 $6.919.690 $1.742.304
2018 Decreto 337 de 2018 $7.271.137 $5.440.912 $1.830.225

94. En los mismos términos, esta Subsección se ha pronunciado recientemente a
través de providencia del 6 de marzo de 202526, respecto a los casos en los que se
discute el reconocimiento de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado
asesor grado 23» y «abogado asesor», consideró lo siguiente:

«46. En esas condiciones, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» desconoció lo previsto en el artículo
4 de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, entre otros,
según el cual «[n]inguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional establecido en el presente decreto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto

26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 06 de marzo de 2025, radicado 05001-23-33-000-2018-
02117-01 (6930-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
19

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y no creará derechos adquiridos». Esto, debido a que se excedió en el ejercicio de sus
competencias al modificar el régimen salarial y prestacional previsto por el gobierno
nacional para el cargo de «abogado asesor», en perjuicio de los servidores que
desempeñaron tales empleos, entre ellos el del demandante […]

[…]

52. No obstante, lo expuesto por la entidad y la valoración en conjunto del contenido del
acuerdo que creó los cargos de «abogado asesor grado 23» y demás elementos de juicio
antes descritos, lleva a deducir lo siguiente: i) la remuneración del abogado asesor
(nominado) se ha regulado anualmente, a partir del Decreto 57 de 1993; ii) por medio del
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura
creó los cargos de «abogado asesor grado 23» en uno de los cuales se nombró a Fabián
Enrique Yara Benítez; y iii) en los despachos de magistrado de los tribunales
administrativos y superiores no se creó el cargo de «abogado asesor» pero sí el de
«abogado asesor grado 23».

53. En consecuencia, el cargo «grado 23» que desempeñó el demandante correspondía
al de «abogado asesor» (nominado), por lo tanto, tenía derecho a las prestaciones
económicas de este durante el tiempo que lo ejerció.»

95. A partir de todo lo expuesto, la Sala concluye que el Consejo Superior de la
Judicatura excedió en el ejercicio de sus competencias al atribuirle la denominación
«grado 23» al cargo de «abogado asesor» de los tribunales superiores de distrito
judicial y tribunales administrativos, y con ello fijar una remuneración inferior a la
prevista para el abogado asesor nominado, la cual ya se encontraba expresamente
establecida en los decretos anuales que regulan el régimen salarial y prestacional de
la Rama Judicial.

96. Por lo anterior, la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23» de
tribunales superiores de distrito judicial y administrativos, se encuentra comprendida
dentro del listado de los cargos nominados en los decretos expedidos por el presidente
de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4 de 1992, por lo que
su labor debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4 de los decretos 1024 de 2013,
194 de 2014, 1257 de 2015 y 245 de 2016, es decir, conforme al empleo «abogado
asesor sin grado», sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la Judicatura
pueda variar la denominación establecida en el artículo 3º, numeral 2° del Decreto 57
de 1993.

97. Por ello, no le asiste la razón a la entidad recurrente, en la medida en que la
demandante sí tiene derecho a percibir las prestaciones económicas correspondientes
al cargo de «abogado asesor» sin grado. Ello, por cuanto durante el período en que
prestó sus servicios se le pagó el salario asignado al cargo de «abogado asesor grado
23», el cual resulta inferior al establecido anualmente por el presidente de la República
para el primero de los empleos mencionados.

98. En este sentido, la Sala reitera la regla jurisprudencial establecida en la sentencia
de unificación del 2 de noviembre de 2023, según la cual el Consejo Superior de la
Judicatura carecía de competencia para modificar la denominación de cargos incluidos
en los listados de empleos definidos por decretos del presidente de la República,
expedidos en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 4 de 1992, razón por la
cual dicha actuación resulta ilegal e inconstitucional.

20

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Radicación: 17001-23-33-000-2019-00418-01 (3929-2021)
Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

98. Por las razones expuestas, resultaba procedente inaplicar por inconstitucionalidad
la expresión «grado 23» contenida en los acuerdos expedidos por el Consejo Superior
de la Judicatura que establecieron el cargo de «abogado asesor grado 23» para el
Tribunal Administrativo de Caldas, tal como se resolvió en la sentencia de primera
instancia, por las consideraciones desarrolladas en esta providencia y conforme con
la pauta de unificación establecida en la sentencia del 2 de noviembre de 2023.

99. Adicional a lo anterior, conviene aclarar que, si bien la parte demandada en el
recurso de apelación indicó que el cargo de «abogado asesor grado 23» no guardaba
relación con el de «abogado asesor» sin grado y que su remuneración era proporcional
a las funciones y responsabilidades asignadas, lo cierto es que no se aportó prueba
alguna, como documento técnico, informe o manual de funciones, que acreditara las
diferencias en los requisitos del cargo, funciones, criterios de desempeño, evaluación
o responsabilidades entre ambos empleos.

4. Conclusión de la decisión

100. Con fundamento en lo hasta aquí planteado, se concluye que la demandante
tiene derecho al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales
existentes entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando y
el de «abogado asesor sin grado», teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la
Judicatura al asignarle un grado y categoría salarial al primero de estos, incurrió en un
exceso en el ejercicio de sus facultades como quedó establecido por la jurisprudencia
unificada de esta corporación, tal como se resolvió en la sentencia de primera
instancia, por las consideraciones desarrolladas en esta providencia y conforme con
la pauta de unificación establecida en la sentencia del 2 de noviembre de 2023.

5. Costas

101. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 27 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc.

102. En el presente asunto, tal y como lo indicó el Tribunal Administrativo de Caldas en
la providencia de primera instancia, no se advierte que la vencida, haya incurrido en
las anteriores conductas.

27
La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias las razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia
de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo,
el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP,
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su
causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
21

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Demandante: Sandra Marcela Gómez Osorio
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Manizales, (Caldas)

6. Decisión

103. En atención a las anteriores consideraciones, esta Subsección confirmará el fallo
apelado que accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
razones expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 16 de abril de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de
la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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