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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00007-01

Fecha
14 de agosto de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00007-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar no probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia del 3 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Tercero: Sin condena en costas de las dos instancias. Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. 30 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias las razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00007-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

14 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00007-01 (1164-2022)
Demandante: Andrés Felipe Bohórquez Villalba
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga, (Santander)

Tema: nivelación salarial cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores de
distrito judicial y tribunales administrativos. Subtema: fijación del régimen salarial y
prestacional en la Rama Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 3 de agosto de 2020, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el Tribunal
Administrativo Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el
mencionado cargo, y el de «abogado asesor» sin grado. En el presente proceso,
pretende la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo pedido. A su turno,
el tribunal consideró que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para
fijar la categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto dicha potestad le
corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley
4 de 1992.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El señor Andrés Felipe Bohórquez Villalba, por conducto de apoderada judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00007-01 (1164-2022)
Demandante: Andrés Felipe Bohórquez Villalba
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, (Santander)

derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a
continuación se señalan2.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó que se inaplique parcialmente por inconstitucional:

• La expresión «grado 23» contenida en el Acuerdo PSAA 15-10402 del 29 de
octubre de 20153, expedido por la entonces Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, en lo que respecta a la creación del cargo que se
denominó «abogado asesor grado 23», en los despachos de magistrados del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.

3. Asimismo, pidió la nulidad de la Resolución DESAJBUR17-6134 del 5 de diciembre
de 2017, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de
Bucaramanga (Santander), por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales reclamadas entre el cargo de «abogado asesor grado 23»
que ocupaba el demandante y el de «abogado asesor» sin grado.

4.De igual manera, solicitó la nulidad del acto ficto generado por la falta de resolución
del recurso de apelación interpuesto en contra del primer acto.

5. A título de restablecimiento del derecho, el demandante reclamó el reconocimiento
y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el empleo de «abogado
asesor grado 23» que desempeñó y el de «abogado asesor» sin grado; así como la
reliquidación de las prestaciones salariales y sociales.

6. Que se condenara a la demandada a actualizar las sumas adeudadas con base en
el índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo 187 del CPACA, y se le
ordenara el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 ibidem. Solicitó la
condena en costas.

2.1.2. Hechos

7. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

8. El señor Andrés Felipe Bohórquez Villalba fue nombrado en el cargo de «abogado
asesor grado 23» del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, desde el
1 de diciembre de 2015 hasta el 30 de enero de 2017 y desde el 1 de febrero de 2017
hasta la presentación de la demanda.

9. El empleo fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, con carácter permanente para todos los
despachos de tribunal del territorio nacional.

1
El 14 de diciembre de 2018.
2
Samai, exp. 68001-23-33-000-2019-00007-01, índice 2, certificado núm. 0A80007B11DA29C2 B2116C0A19CBED09
5276E50FFBE2EC4C F43D2078A994FBF2 «Expediente Digital» «ED_ONEDRIVE_1_732022(.zip)».
3
«Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio
nacional».
2

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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00007-01 (1164-2022)
Demandante: Andrés Felipe Bohórquez Villalba
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, (Santander)

10. El señor Andrés Felipe Bohórquez Villalba presentó escrito, el 20 de noviembre de
2017, ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga, mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia
salarial existente entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía
desempeñando, y el empleo de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación,
con efectos retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.

11. LaDirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga,
mediante DESAJBUR17-6134 del 5 de diciembre de 2017, negó la petición del
demandante, con el argumento de que los salarios y prestaciones del actor se pagaron
conforme las escalas salariales definidas por el Gobierno nacional.

12. El demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión; sin
embargo, la entidad omitió resolver su requerimiento, lo que dio lugar a la configuración
del silencio administrativo negativo en los términos del artículo 86 del CPACA.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocan las siguientes normas:

14. De la Constitución Política, los artículos 1,2, 4, 5, 9, 13, 25, 53 y 150; las leyes 54
de 1962, 4 de 1992, 270 de 1996; los decretos 1950 de 1973, 1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337
de 2018.

15.La parte actora en el concepto de violación manifestó que el acto administrativo
demandado se encuentra viciado de nulidad porque fue expedido con infracción de las
normas superiores en las que debían fundarse, por las siguientes razones:

16. Al respecto, explicó que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo
150 de la Constitución le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos los servidores de la Rama
Judicial.

17. Asimismo, refirió que el Gobierno nacional en desarrollo de los criterios fijados en
la Ley 4 de 1992 ha expedido anualmente los decretos de ajuste salarial para los
servidores de la Rama Judicial, en los cuales estableció la remuneración mensual para
el cargo de «abogado asesor de tribunal judicial», e indicó expresamente que «La
remuneración mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar
cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores», se
regiría por una escala de grados, entre los cuales se encontraba el «GRADO 23».

18. Afirmó que, si bien el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 faculta al Consejo Superior
de la Judicatura para «crear», suprimir, fusionar y trasladar cargos de acuerdo a las
necesidades institucionales, así como determinar sus funciones y señalar los requisitos
para su desempeño, lo cierto es que ello encuentra su límite en cuanto se trate de
empleos que «no cuenten con regulación en la ley», por lo tanto, dicha autoridad se
extralimitó al expedir el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 en donde asignó el «grado
23» al cargo de «abogado asesor», pues con ello le asignó una remuneración inferior
a la fijada por los decretos del Gobierno nacional al empleo de «abogado asesor».

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Demandante: Andrés Felipe Bohórquez Villalba
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, (Santander)

19. De esta manera, precisó que la anterior situación ocasionó que desde que fue
nombrado en el cargo de «abogado asesor grado 23» ha recibido una remuneración
salarial disminuida que ha afectado sus prestaciones sociales.

20. Refirió que el artículo 53 de la Constitución Política prohíbe la extinción de
derechos laborales adquiridos por leyes posteriores, y protege los derechos
adquiridos. Además, indicó que la actuación de la administración genera un trato
desigual que desconoce el artículo 13 constitucional, en cuanto establece una
remuneración distinta «para un cargo igual, [que] sólo se diferencia en la denominación
indicada en el acto de creación, esto eso Grado 23».

21. En este orden, expuso que la decisión negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bucaramanga es contraria a derecho, por cuanto no tuvo
en cuenta que el reconocimiento del salario del demandante se debe hacer con base
en el valor que se le otorgó al empleo de «abogado asesor», pues este cargo existe
en la planta de empleos de la Rama Judicial y, por ello, no era posible efectuar una
discriminación injustificada asignándole un grado determinado.

22. Con base en lo anterior, concluyó que las decisiones administrativas cuestionadas
fueron expedidas con desconocimiento de las normas constitucionales y legales en las
que debían fundamentarse.

2.2. Contestación de la demanda

23. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga4,. se
opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos demandados
fueron expedidos con sujeción a la normatividad vigente para la época, debido a que
el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con facultades legales y constitucionales
para administrar y reglamentar la carrera judicial.

24. Así pues, explicó que el acuerdo cuestionando, se basó en la potestad
reglamentaria y en la facultad de regulación que tiene el Consejo Superior de la
Judicatura, según los artículos 256 y 257 de la Constitución y el artículo 85 de la Ley
270 de 1996, y en ese contexto determinó que el cargo de «abogado asesor grado 23»
era el adecuado para descongestionar los tribunales administrativos y superiores, cuya
remuneración es proporcional al grado de funciones y responsabilidades que requiere
el perfil, sin que ello implicara una asimilación al cargo de «abogado asesor», que tiene
un régimen salarial diferente.

25. Indicó que desde que entró en vigor el Acuerdo PSSAA 15 — 10402 a la fecha,
existen en los despachos de magistrado de tribunal, el cargo de «abogado asesor
grado 23», el cual no se asimila ni es equiparable al empleo creado en la planta de
personal de la Rama Judicial con fundamento en la Ley 4 de 1992.

26. Mencionó que el acuerdo cuestionado por la parte actora mantiene su presunción
de legalidad, toda vez que no ha sido revocado ni suspendido o declarado nulo por
autoridad judicial, por lo que no es posible pretender que se utilice de forma errónea e

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incluso abusiva la figura de la «inaplicación por inconstitucionalidad» de dicho acto
administrativo que creó el cargo de abogado asesor grado 23 en uso de sus facultades,
toda vez que no desconoce lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 194 de 2014.

27. Expuso que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga ha venido cancelando los salarios y prestaciones sociales de los
servidores judiciales, con fundamento en la Ley 4 de 1992 y el Decreto 194 de 2004,
en cuyo artículo 6 establece una remuneración mensual por grados, para los empleos
que no estén establecidos expresamente. Además, cualquier erogación debe estar
acorde con las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, es decir, tener un título
legítimo de gasto.

28. Así pues, expresó que los argumentos de la parte actora se fundamentan en una
premisa basada en generar una confusión en la denominación de cargos para un
beneficio personal y no menciona la teleología del plan de descongestión de la Rama
Judicial que se regula por una ley estatutaria.

29. Por otro lado, refirió que los valores pagados al demandante se hicieron conforme
con lo dispuesto en los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para los
servidores judiciales del país, y por ello, no se configura ninguna diferencia salarial a
su favor.

30. Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos administrativos
demandados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, sin incurrir en
irregularidad o vicio de nulidad alguno.

2.3. Sentencia de primera instancia.

31.El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 3 de agosto de
20205, accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

«PRIMERO. INAPLICAR por inconstitucional del artículo 88 del Acuerdo No PSAA 15
– 10402 del 29 de octubre de 2015 en cuanto a la denominación “grado 23” asignada
al cargo ABOGADO ASESOR, para el caso concreto del actor.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de Resolución No DESAJBUR17-6134 del 5 de
diciembre de 2017, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga y del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo
por la no decisión de fondo del recurso de apelación interpuesto contra el anterior acto.

TERCERO. Como restablecimiento del derecho, ORDENAR a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL:

i) Reconocer, liquidar y pagar al señor ANDRES FELIPE BOHORQUEZ VILLALBA
identificado con c.c. 1.110.952.415 las diferencias salariales y prestacionales
existentes entre el cargo de ABOGADO ASESOR DE TRIBUNAL JUDICIAL y el de
ABOGADO ASESOR GRADO 23 conforme a los Decretos 194 de 2014, 1257 de 2015,
245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018 y los que sean expedidos por el Gobierno
Nacional en adelante, por los siguientes periodos:

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• Del 1 de diciembre de 2015 hasta el 30 de enero de 2017.

• Del 1 de febrero de 2017 al 16 de julio de 2019 – fecha de expedición de la certificación
de vinculación laboral -, y en adelante durante el tiempo en que el demandante esté
efectivamente vinculado en el mencionado cargo en Tribunal Superior de Distrito
Judicial o Tribunal Administrativo.

ii) Los salarios y prestaciones sociales que a futuro cause el señor ANDRES FELIPE
BOHORQUEZ VILLALBA identificado con c.c. 1.110.952.415 en el cargo de
ABOGADO ASESOR GRADO 23 se regirán por lo contemplado en los Decretos que
para el efecto expida el Gobierno Nacional para el cargo de ABOGADO ASESOR DE
TRIBUNAL JUDICIAL.

CUARTO. La suma reconocida con motivo del reajuste ordenado en esta providencia
será indexada conforme a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO. La entidad dará cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los
artículos 188 y 192 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO. CONDENAR en costas a la entidad demandada, conforme a lo expuesto en
la aparto motiva […]6».

32. El Tribunal expuso que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura no tiene competencia para fijar un grado al cargo de abogado asesor, pues
la «denominación y remuneración» del cargo de «ABOGADO ASESOR» ya se
encuentra establecida en el decreto que para el efecto expide al Gobierno nacional,
mientras que la facultad para asignar grados a los cargos, se predica de aquellos que
no se encuentren ubicados dentro de la denominación establecida siendo esta la razón
de la creación de la tabla de escala salarial por grado.

33. Afirmó que el artículo 4 del Decreto 194 de 2015 estableció la escala salarial de
los empleos de la Rama Judicial, incluido el de abogado asesor, por lo que esta
situación impedía a la entidad acudir a la remuneración prevista para el grado 23, pues
esta escala por grados tiene el carácter de residual o supletoria.

34. Manifestó que en el evento de aceptar que el Consejo Superior de la Judicatura se
encuentra facultado para asignar grados en forma discrecional y definir escalas
salariales, implicaría desconocer la competencia asignada al Ejecutivo para estos
asuntos, lo cual resultaría contrario a lo dispuesto en la Ley 4 de 1992, en cuanto
establece que «todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo
las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos».

35. En este orden, aseveró que el Consejo Superior de la Judicatura carecía de
facultad legal para asignar la expresión «grado 23» al cargo de abogado asesor, pues
si bien le asiste la atribución de creación, no tenía la potestad para asignarle un grado
a un empleo previamente establecido, pues ello implicaba otorgarle una asignación
salarial, cuya función está dada para el Gobierno nacional.

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Se corrigieron los errores de digitación del aparte transcrito.
6

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Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, (Santander)

36. A partir de lo anterior, consideró que el artículo 88 del Acuerdo No PSAA 15 –
10402 del 29 de octubre de 2015 es contrario al artículo 150 numeral 19 literal e) de la
Constitución Política, así como de la Ley 4 de 1992, que facultan al Gobierno nacional
para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama
Judicial.

37. Con fundamento en lo expuesto, concluyó que era procedente inaplicar por
inconstitucional el artículo 88 del referido acuerdo, declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenar a la entidad demandada reconocer, liquidar y
pagar al demandante las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el
cargo de «Abogado Asesor de Tribunal Judicial» y el de «Abogado Asesor Grado 23».

38. Finalmente, advirtió que la vinculación del demandante en el cargo de abogado
asesor grado 23 se presentó a partir del 1 de diciembre de 2015, y la petición de pago
de la diferencia salarial el 20 de noviembre de 2017, por lo que en el presente asunto
no operó la figura de la prescripción.

2.4. Recurso de apelación

39.La parte demandada interpuso recurso de apelación7 en contra de la sentencia
que accedió a las pretensiones de la demanda.

40. Indicó que la remuneración del demandante corresponde a la de abogado asesor
grado 23, de acuerdo con el nombramiento de carácter legal y reglamentario que en
su momento se le hizo al interior del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, por lo que no es posible acceder a las pretensiones de nulidad de los
actos demandados y de reliquidación de los emolumentos salariales y prestaciones
reclamados con una asignación (Abogado Asesor de Tribunal) distinta a la que le
corresponde (Abogado Asesor Grado 23), en contravía de lo previsto en el artículo 122
de la Constitución.

41. De este modo, refirió que al actor se le han cancelado los salarios y prestaciones
según lo fijado en los decretos del Gobierno nacional, que regularon su asignación
básica para el grado que ocupa como abogado asesor grado 23, conforme se
menciona en los decretos salariales correspondientes, donde efectivamente se
destaca que «Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992. Cualquier disposición en contrario
carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».

42. Adicionalmente, reiteró que el Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de
sus facultades constitucionales y legales previstas en el artículo 256 de la Constitución
y los artículos 63 y 85 de la Ley 270 de 1996, determinó que el cargo que se debía
crear, inicialmente de manera transitoria para descongestionar los Tribunales
Administrativos y Superiores era el «abogado asesor grado 23», el cual no hace
relación al cargo de abogado asesor innominado previsto en el Decreto 194 de 2014.
43. Explicó que en uso de las anteriores facultades, se expidieron los acuerdos
PSAA11-7886, PSAA13-9991, PSAA14-10197, PSAA15-10288, PSAA15-10323,
PSAA15-10335, PSAA15-10356, PSAA15-10363, PSAA15-10371, PSAA15-10377 y
7
Samai, exp. 17001-23-33-000-2019-00418-01, índice 47, certificado núm. F7DBF6C1495FC8E1 04B512FAA1FBEA66
15DF3D836505A73D 0FB67B7EC18EA820 «ExpedienteDigitalizado».
7

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PSAA15-10385, y para las medidas administrativas de creación de cargos con carácter
permanente conforme el Acuerdo PSAA15-10402, donde se buscaba atender las
necesidades de las diferentes jurisdicciones y especialidades, en razón a la autonomía
que tiene el Consejo Superior de la Judicatura y con base en los documentos técnicos
expedidos sobre la materia.

44. Afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura, al expedir los referidos acuerdos
actuó en ejercicio de su autonomía para crear cargos y fijar la correspondiente
asignación salarial, lo cual le permite establecer el empleo de abogado asesor grado
23 con una asignación salarial específica para el grado correspondiente, según la
escala fijada por el Gobierno nacional.

45. En este orden, expuso que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga pagó los sueldos y prestaciones sociales del demandante,
de acuerdo con los decretos expedidos por el Gobierno nacional, los cuales son de
obligatoria aplicación, por lo que no puede exigírsele una carga administrativa diferente
a la asignada por la Constitución Política, la ley y los reglamentos, que han fijado el
régimen salarial y prestacional de los servidores judiciales.

46. Así pues, resaltó que los actos administrativos demandados se ajustaron a la
normativa vigente para el momento de su emisión, por lo que no se puede inferir que
la entidad transgredió preceptos superiores del ordenamiento jurídico colombiano
previstos en la Constitución.

47. Por otra parte, propuso la excepción de caducidad, por cuanto, en su criterio, la
parte demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales que fijaron su
salario dentro del término previsto en el artículo 138 del CPACA, puesto que las
pretensiones de la demanda se dirigen a obtener un restablecimiento automático de
un derecho (reliquidación de salarios y prestaciones causados desde el 2015), por lo
que al no haberse demandado las normas que regulan su remuneración ni la
naturaleza de su cargo, esta demanda resulta extemporánea.

48. Agregó que el actor tampoco demandó el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015 ni los actos administrativos de nombramiento y posesión por medio
de los cuales se formalizó su nombramiento y posesión como abogado asesor grado
23, por lo que a su juicio no hay lugar a inaplicar el acuerdo cuestionado ni acceder a
las pretensiones económicas de la demanda.

49. Por último, expuso que en el evento de confirmar la providencia que accedió a las
pretensiones de la demanda, se estaría reiterando la orden a las entidades
ordenadoras del gasto en la Rama Judicial de reconocer pagos que no se encuentran
autorizados y, por tanto, se estaría actuando en contravía de lo previsto en el artículo
71 del Decreto 111 de 1996, con el riesgo de incurrir en conductas tales como las
previstas en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 y en el artículo 413 del Código Penal.

50.Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo del Tribunal
Administrativo de Santander y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la
demanda.

8

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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00007-01 (1164-2022)
Demandante: Andrés Felipe Bohórquez Villalba
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, (Santander)

2.5. Trámite procesal en segunda instancia.

51. Mediante auto del 23 de junio de 20228, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada. Posteriormente, con auto del 11 de mayo de
20239, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al Ministerio
Público para que emitiera concepto.

2.5.1. La parte demandante.

52. La parte actora10 solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia porque
en el presente asunto resulta evidente que el Consejo Superior de la Judicatura se
extralimitó en sus funciones al establecer el cargo de abogado asesor grado 23 con
una remuneración inferior a la previamente establecida para el cargo de abogado
asesor sin grado fijado en los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional,
lo cual vulneró los derechos laborales de los servidores que han ocupado el cargo de
abogado asesor, entre ellos el demandante, tal cual lo verificó el Tribunal
Administrativo de Santander, en la sentencia apelada.

2.5.2. La parte demandada

53. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga11
reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación e insistió en que el caso
bajo estudio es procedente revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda, toda vez que las actuaciones dela entidad fueron
ajustadas conforme a derecho, por lo que no hay lugar a ordenar el reconocimiento y
pago de suma alguna a favor del actor por encima del régimen salarial que está fijado
para su empleo en el ordenamiento jurídico vigente.

54. Destacó que no es procedente legal ni jurídicamente viable la «inaplicación»
solicitada por la parte accionante de la expresión «grado 23» contenida en el artículo
Acuerdo núm. PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, comoquiera que la
denominación de dicho empleo fue determinada por el competente para crear cargos
en la Rama Judicial, esto es, el Consejo Superior de la Judicatura, conforme a las
escalas salariales determinadas por el Gobierno nacional, sin que se evidencie que
dicha norma sea inconstitucional o ilegal. Además, el accionante no probó haber
demandado la legalidad de dicho acto administrativo de carácter general,
encontrándose cobijado el mismo con la presunción de legalidad que le da el artículo
88 de la Ley 1437 de 2011.

8
Samai, exp. 68001-23-33-000-2019-00007-01, índice 4, certificado núm. D8895237E780C9FE 540656FE7F90F014
B2196CC176BEEDC0 3231C483721632BE.
9
Samai, exp. 68001-23-33-000-2019-00007-01, índice 15, certificado núm. 488A78699397583A C690BA08BD22193D
07375501FF8F1D26 2ADA5D2950F75FC2.
10
Samai, exp. 68001-23-33-000-2019-00007-01, índice 20, certificado núm. D63F022277C7C5AB 6B632858151A37DE
83020716C02B0B0E 6EA50B5BD074A56A.
11
Samai, exp. 68001-23-33-000-2019-00007-01, índice 22, certificado núm. 1A2AE683A4A57243 9D303CFAEB8DBE59
0C9596D1692ACDCB 7B6513DD76E5C611.

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Demandante: Andrés Felipe Bohórquez Villalba
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2.6. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

55. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión preliminar

56.Antes de establecer los principales problemas jurídicos a resolver en esta
oportunidad, la Sala considera necesario pronunciarse sobre la excepción de
caducidad planteada por la parte demandada en el recurso de apelación.

3.2.1. Análisis de la excepción de caducidad

57. La parte demandada propuso la excepción de caducidad porque, en su criterio el
demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales expedidos por el
Gobierno nacional que fijaron el salario de los servidores judiciales dentro del término
previsto en el artículo 138 del CPACA, puesto que las pretensiones de la demanda se
dirigen a obtener un restablecimiento automático de un derecho (la reliquidación de
salarios y prestaciones causados desde el 2015), por lo que al no haberse demandado
las normas que regulan su remuneración ni la naturaleza de su cargo, este medio de
control judicial es extemporáneo.

58. Asimismo, indicó que el actor tampoco demandó el Acuerdo PSAA15-10402 del
29 de octubre de 2015 ni los actos administrativos de nombramiento y posesión por
medio de los cuales se le nombró y posesionó como abogado asesor grado 23, por lo
que a su juicio no hay lugar a inaplicar el acuerdo cuestionado ni acceder a las
pretensiones económicas de la demanda.

59. Al respecto, se observa que los argumentos de la accionada lejos de proponer un
debate en torno a los actos administrativos demandados por el señor Andrés Felipe
Bohórquez Villalba, esto es, Resolución DESAJBUR17-6134 del 5 de diciembre de
2017, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de
Bucaramanga y el acto ficto generado por la falta de resolución del recurso de
apelación interpuesto en contra de la mencionada resolución, lo que plantea es una
discusión en relación a la aptitud de la demanda, pues a su juicio son otras decisiones
administrativas las que lesionan los derechos reclamados por el actor.

60. En criterio de la autoridad demandada, se configura una ineptitud de la demanda,
pues se planteó una controversia sobre la validez de unos actos administrativos que,
en su decir, no se profirieron de manera indebida ni afectaron los derechos del actor.

61. Sobre el particular, es pertinente aclarar que el señor Andrés Felipe Bohórquez
Villalba estructuró su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de
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las actuaciones de la administración que resolvieron su situación jurídica frente a la
reclamación que presentó dirigida al reconocimiento y pago de las diferencias
salariales existentes entre el cargo de «abogado asesor grado 23» que ocupaba el
demandante y el de «abogado asesor» sin grado, por lo que la competencia del juez
de lo contencioso-administrativo en este asunto se limitaba a definir la legalidad de
dichas decisiones.

62. En este punto, conviene precisar que las irregularidades alegadas por el
accionante se derivan de la negativa de la administración a reconocer las acreencias
laborales reclamadas por el tiempo que laboró como abogado asesor grado 23, de
acuerdo con los criterios jurídicos que en materia salarial definió el Gobierno nacional
por los cargos de abogado asesor en los decretos anuales, por lo que no son los actos
del Ejecutivo ni los actos administrativos de nombramiento y posesión los que
transgreden los derechos del actor, sino las decisiones que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga.

63. En atención a lo anterior, la Sala considera que no hay lugar a efectuar un análisis
de la caducidad del medio de control judicial, respecto de los decretos salariales
expedidos por el Gobierno nacional y los actos administrativos de nombramiento y
posesión por medio de los cuales se le nombró y posesionó como abogado asesor
grado 23, debido a que estos no fueron el objeto central de la demanda promovida por
el actor.

64. Conforme con lo anterior, el cargo planteado por la parte demandada en el escrito
de apelación, consistente en la «caducidad» no está llamada a prosperar.

65. Ahora en cuento al el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, se debe
advertir que este fue parte del objeto de la demanda, en cuanto se solicitó la
inaplicación por inconstitucional de las expresiones que afectaban los derechos del
actor, lo cual fue estudiado por el juez de primera instancia en el contexto y los efectos
que correspondían según las pretensiones expuestas por la parte actora.

3.3. Problema jurídico

66. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir lo
siguiente:

67. ¿El Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias constitucionales
y legales al asignar la denominación «grado 23» al cargo de «abogado asesor», en la
medida en que ello conllevó la modificación del régimen salarial y prestacional fijado
por los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para dicho empleo?

68. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala considera necesario abordar los
siguientes aspectos: (i) la remuneración salarial prevista para el cargo de «abogado
asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado; (ii) la nulidad
del aparte «grado 23» previsto en algunos de los acuerdos de la entonces Sala
administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y (iii) caso concreto.

11

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3.3.1. De la remuneración salarial establecida para el cargo de «abogado asesor
grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Reiteración de
jurisprudencia.

69. Con ocasión de las múltiples controversias que se suscitaron en torno a la
existencia de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado asesor», sin grado,
y «abogado asesor grado 23», esta Sección, en sentencia del 2 de noviembre de 2023,
unificó su jurisprudencia en torno a esta cuestión, y fijó la siguiente regla
jurisprudencial12:

«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignarle a los cargos
nominados, grados, códigos y remuneración diferente a lo regulado en el Decreto 57 de
1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional, mediante los cuales
se determine el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta
potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades
previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado
asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor»
en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia».

70. Para llegar a la citada conclusión, esta Sección abordó aspectos relevantes que
fueron considerados para su resolución, tales como: (i) la competencia para fijar el
régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; (ii) la competencia
del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la Rama Judicial;
y (iii) las consideraciones frente a la remuneración del cargo de «abogado asesor
grado 23».

71. Así las cosas, teniendo en cuenta la relevancia de estas consideraciones, la Sala
procede a referirse, en los siguientes términos:

3.3.1.1. Competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
cargos existentes en la planta de personal de la Rama Judicial

72. El artículo 150 de la Constitución Política atribuye al Congreso de la República,
entre otras funciones, la de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos y la Fuerza Pública, así:

«Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones:

[…]

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

[…]

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros

12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-
2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
12

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del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]» (Negrilla de la Sala).

73. En cumplimiento de este mandato constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 199213, mediante la cual estableció los criterios que debe observar
el Gobierno nacional para la determinación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, incluidos los pertenecientes a la Rama Judicial, en los siguientes
términos:

«Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

[…]

b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la
República…»

«Artículo 2º. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto
a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán
desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;

[…]

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
[…]». (Negrilla de la Sala).

«Artículo 3º. El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los
siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones
que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o
categoría de cargos».

«Artículo 4º. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2º. el
Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año,
modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en
el artículo 1o. liberal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones14 […]». (Negrilla
de la Sala).

74. En ejercicio de las competencias previstas por la Ley 4 de 1992, el presidente de
la República expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 1993, mediante el cual se
estableció el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar. En punto de sus efectos, precisó que el
referido régimen sería obligatorio para quienes se vincularan al servicio con
posterioridad a su entrada en vigor.

13
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para
la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
14
Declarada inexequible las expresiones tachadas (inciso 1 y 3) mediante sentencia C- 710 de 1999 de la Corte Constitucional.
13

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75. La normativa en cita estableció en su artículo 2 que los servidores públicos
vinculados a la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar podían optar, por una sola vez
y antes del 28 de febrero de 1993, por acogerse al régimen salarial y prestacional
previsto en el mencionado decreto. Igualmente, dispuso que quienes no ejercieran
dicha opción continuarían sujetos al régimen anterior.

76. De conformidad con lo expuesto, la autoridad competente para fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es el Gobierno
nacional, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 4ª de 1992. Asimismo,
en ejercicio de esta facultad, expidió los decretos anuales que determinaron los
salarios de los cargos con denominación específica según el Decreto 57 de 1993 y, de
manera subsidiaria, estableció una escala de grados salariales para aquellos empleos
no incluidos en dicha clasificación.

3.3.1.2. Competencia del Consejo Superior de la Judicatura en materia de
creación de cargos de la Rama Judicial

77. Por su parte, el artículo 256 de la Constitución Política atribuyó al Consejo Superior
de la Judicatura la función de administrar la carrera judicial, en los siguientes términos:

«Artículo 256.- Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y de acuerdo a la
ley, las siguientes atribuciones:

[…]

1. Administrar la carrera judicial.

[…]».

78. En el mismo sentido, la Constitución Política, en los numerales 2 y 3 del artículo
257, atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para crear, suprimir,
fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia, sin que pueda imponer
obligaciones que excedan el monto global fijado en la ley de apropiaciones iniciales.
Asimismo, le asignó la función de dictar los reglamentos necesarios para el eficaz
funcionamiento de la administración de justicia, en los aspectos no previstos por el
legislador15.

79. En desarrollo de lo anterior, la Ley 270 de 199616 en su artículo 85, modificado por
el artículo 35 de la Ley 2430 de 202417, reguló las funciones del Consejo Superior de
la Judicatura, dentro de las cuales se destacan las siguientes atribuciones:

15
«ARTÍCULO 257. <Texto original revivido según la Sentencia C-285-16> Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la
Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
[…]
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior
de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio
en la ley de apropiaciones iniciales.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la
organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que
se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.
[…]».
16
«Estatutaria de la Administración de Justicia».
17
«Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones».
14

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«Artículo 85. Funciones del Consejo Superior de la Judicatura. <Artículo modificado por
el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Al Consejo
Superior de la Judicatura le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

[…]

12. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las
Salas de estos y los Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de
estos. Para el efecto deberá establecer un mecanismo de atención oportuna y eficaz
de los requerimientos formulados por los Juzgados y Tribunales, para su correcto
funcionamiento.

13. Determinar la estructura y planta de personal de las corporaciones judiciales y los
Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama
Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no
hayan sido fijados por la Ley, previo concepto de la Comisión Interinstitucional.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el servicio de justicia en la ley de
apropiaciones iniciales.

[…] ».

80. Ahora bien, se precisa que la Ley 1285 de 200918, modificó el artículo 63 de la Ley
270 de 1996, vigente para el momento en que se expidieron los acuerdos, que confirió
al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para la implementación del Plan
Nacional de Descongestión Judicial, con fundamento en el cual se crearon los cargos
de «abogado asesor grado 23». No obstante, dicha disposición no le atribuyó la
potestad para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados
vinculados a dichos cargos19.

81. Con fundamento en lo expuesto, si bien la entonces Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura estaba facultada para administrar la carrera judicial,
crear cargos necesarios para la administración de justicia y reglamentar aspectos
relacionados con dicha carrera, esta atribución no se extendía a materias reservadas
18
«Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».
19
«Artículo 63. Plan y Medidas de Descongestión. Habrá un plan nacional de descongestión que será concertado con la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los objetivos, los
indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de evaluación de la aplicación de las medidas.
Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar
las medidas pertinentes, entre ellas las siguientes:
a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá redistribuir los
asuntos que los Tribunales y Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una carga
laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita;
b) La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción para atender las
mayores cargas por congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para tramitar y sustanciar los procesos
dentro de los despachos ya establecidos, asumiendo cualquiera de las responsabilidades previstas en el artículo 37 del C. P. C.;
los procesos y funciones serán las que se señalen expresamente;
c) Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante
comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para
instruir y practicar pruebas en proceso que estén conociendo otros jueces;
d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley
de presupuesto;
e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de realizar funciones que se definan en el plan de
descongestión de una jurisdicción, de un distrito judicial, o de despachos judiciales específicos, y
f) Contratar a término fijo profesionales expertos y de personal auxiliar para cumplir las funciones de apoyo que se fijen en el plan
de descongestión».

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Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, (Santander)

de manera exclusiva al legislador, conforme con los artículos 125 y 150, numeral 23,
de la Constitución Política.

3.3.1.3. De la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23»

82. En congruencia con los aspectos previamente expuestos, la sentencia de
unificación analizó la competencia para establecer el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos, incluidos los de la Rama Judicial, así como las
consecuencias jurídicas derivadas de asignar una categoría salarial a cargos cuya
asignación ya había sido expresamente fijada por el Gobierno nacional como
«nominados».

83. En estos términos, la sentencia de unificación en cita concluyó que la remuneración
del empleo «abogado asesor grado 23» de los de tribunales superiores de distrito
judicial y tribunales administrativos debía estar determinada por el régimen previsto
para los cargos nominados (sin grado) en los decretos expedidos por el presidente de
la República, en ejercicio de las competencias conferidas por la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, su salario debía fijarse conforme al artículo 4 de los Decretos 1039 de
2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014.

84. Por tanto, no resultaba viable que el Consejo Superior de la Judicatura modificara
la denominación establecida en el artículo 3, numeral 2, del Decreto 57 de 1993, ya
que la inclusión del «grado 23» al cargo de «abogado asesor» afectó de manera
negativa su régimen salarial y prestacional, configurando una actuación ilegal e
inconstitucional. Las diferencias salariales entre ambos cargos se pueden constatar en
el siguiente cuadro:

«[…]
Decreto anual proferido Abogado asesor Abogado asesor grado 23
por el presidente de la nominado «sin grado»
República en uso de las
facultades previstas en
la Ley 4ª de 1992
1039 de 2011 $5´140.170 $3´845.934
874 de 2012 $5´397.179 $4.038.231
1024 de 2013 $5´582.842 $4´177.147
194 de 2014 $5´746.978 $4´299.956
1257 de 2015 (4.66%) $6´014.797 $4´500.333
245 de 2016 (7.77%) $6´482.146 $4´850.008
1013 de 2017 (6.75%) $6´919.690 $5´177.383
337 de 2018 (5.09%) $7´271.902 $5´440.912
991 de 2019 (4.5%) $7´599.137 $5´685.753
299 de 2020 (5.12%) $7´988.212 $5´976.863
[…]»

3.3.1.4. Del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 a través del cual se modificó la
denominación al cargo de «abogado asesor grado 23»

85. Es importante precisar que la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
proceso en el cual se dictó la sentencia de unificación advirtió que, para ese momento
ya se había proferido el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 a través del cual se modificó
la denominación del cargo de «abogado asesor grado 23» por el de «profesional
especializado grado 23». Esta situación fue valorada al tenor del artículo 281 del CGP,
toda vez que comportaba un hecho sobreviniente que modificó la situación jurídica

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Demandante: Andrés Felipe Bohórquez Villalba
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, (Santander)

objeto de debate, respecto del cual se resolvió en el caso en concreto lo siguiente:

«INAPLICAR en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la
denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se hace referencia en el
artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11-8346 de 29 de julio de 2011; el Acuerdo PSAA15-
10402 de 2015 que incluyó en forma permanente el mencionado empleo en la planta de
cargos de los tribunales administrativos; y finalmente, el Acuerdo PCSJA22-11968 de
2022 mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado 23”,
por la de “profesional especializado grado 23”».

86. Frente a los efectos en el tiempo de la decisión adoptada en la citada providencia,
se señaló:

«ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituyen precedente
vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente
sentencia de unificación son retrospectivos.

Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán inmodificables».

87. Finalmente, en relación con la aplicación del término de prescripción frente al
derecho de pago de las diferencias salariales y prestacionales que haya lugar a
reconocer, precisó que debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969; los cuales prevén el término de
prescripción de 3 años, que se interrumpe por una sola vez mediante el reclamo escrito
del trabajador.

3.4. De la nulidad del aparte «grado 23» previsto en algunos de los Acuerdos de
la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

88. Resulta pertinente precisar que esta corporación con posterioridad a la sentencia
de unificación antes referida decretó la nulidad del aparte «grado 23» respecto del
cargo de «abogado asesor» contenido en varios acuerdos20 expedidos por el Consejo
Superior de la Judicatura para los tribunales judiciales de la jurisdicción ordinaria y de
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, a través de sentencia del 23 de octubre
de 202421.

89. Las consideraciones que fundamentaron la declaratoria de nulidad señalaron que

20
El articulado de los siguientes acuerdos: Acuerdo PSAA11-7886 del 28 de febrero de 2011; Acuerdo PSAA11-8356 del 29 de
julio de 2011; Acuerdo PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012; Acuerdo PSAA12-9781 del 18 de diciembre de 2012; Acuerdo
PSAA13-9897 del 30 de abril de 2013; Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de septiembre de 2013, con excepción del aparte que se
refiere a la jurisdicción disciplinaria; Acuerdo PSAA13-9962 del 31 de julio de 2013; Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de septiembre
de 2013; Acuerdo PSAA14-10195 del 31 de julio de 2014; Acuerdo PSAA14-10197 del 5 de agosto de 2014; Acuerdo PSAA15-
10288 del 29 de enero de 2015; Acuerdo PSAA15-10323 del 26 de marzo de 2015; Acuerdo PSAA15-10335 del 29 de abril de
2015; Acuerdo PSAA15-10356 del 29 de mayo de 2015; Acuerdo PSAA15-10363 del 30 de junio de 2015; Acuerdo PSAA15-
10371 del 31 de julio de 2015; Acuerdo PSAA15-10385 del 23 de septiembre de 2015.
Asimismo, en esa decisión se resolvió:
«Segundo. DECLARAR la nulidad del aparte “Grado 23” contenido en los numerales 1 a 4 del artículo 13; 1 y 2 del artículo 14; 1
del artículo 16; el literal a del artículo 17; numerales 1 a 16 del artículo 86, numerales 1 y 2 del artículo 87, numerales 1 y 2 del
artículo 88 y numeral 1 del artículo 89 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, “Por el cual se crean con carácter
permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional”.
Tercero. DECLARAR la nulidad del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 “Por medio del cual se ajusta la denominación de unos
cargos a nivel nacional”, que sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado
grado 23”».
21
Consejo de Estado, Sección Segunda Sentencia del 23 de octubre de 2024, radicado 11001-03-25-000-2017-00617-00 (2965-
2017), M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Demandante: Andrés Felipe Bohórquez Villalba
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
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existe una reserva material de ley atribuida al Congreso de la República para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, mediante postulados
generales y de obligatorio cumplimiento. Con base en ello, se consolida la competencia
reglamentaria del Gobierno nacional para determinar, en estricto sentido, las escalas
salariales que regulan la remuneración y las asignaciones básicas mensuales de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

90. Por lo anterior, se concluyó que la fijación de la remuneración mensual del empleo
de «abogado asesor» de los tribunales judiciales, a partir de la creación del «grado
23» y su posterior modificación a «profesional especializado grado 23», constituye el
ejercicio de una competencia atribuida de manera concurrente entre el legislador y el
Gobierno nacional. En consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus
atribuciones, al asumir una función que corresponde de forma privativa al legislador y
Gobierno nacional.

3.5. Caso concreto

91. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29
de octubre de 2015, dispuso la creación del cargo de «abogado asesor grado 23» con
carácter permanente para todos los despachos de tribunal del territorio nacional.

92. Así pues, con fundamento en lo previsto en el referido acuerdo, el señor Andrés
Felipe Bohórquez Villalba fue nombrado en el cargo de «abogado asesor grado 23»
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante Decreto núm. 009
del 1 de diciembre de 201522.

93. En el proceso se acreditó, mediante certificación del 16 de julio de 2019, expedida
por el coordinador del área talento humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
administración Judicial de Bucaramanga, que el señor Andrés Felipe Bohórquez
Villalba prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga, en los siguientes períodos23:

Cargo Estado Despacho Fecha de inicio Fecha de terminación

Abogado Provisionalidad Tribunal Superior
asesor 23 del Distro Judicial 01/12/2015 30/01/2017
de Bucaramanga
Abogado Provisionalidad Tribunal Superior
asesor 23 del Distro Judicial 01/02/2017 30/01/2019
de Bucaramanga
Abogado Provisionalidad Tribunal Superior
asesor 23 del Distro Judicial 01/02/2019 ------
de Bucaramanga

94. Junto con la referida certificación, también se aportó constancia de los salarios y
prestaciones pagadas a favor del demandante por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga como «abogado asesor grado 23», desde el
2015 hasta el año 2019.

22
Samai, exp. 68001-23-33-000-2019-00007-01, índice 2, certificado núm. 0A80007B11DA29C2 B2116C0A19CBED09
5276E50FFBE2EC4C F43D2078A994FBF2 «ED_ONEDRIVE_1_732022(.zip)» «Expediente Digital» «PRUEBA
3»«CERTIFICACIONES LABORALES».
23
Samai, exp. 68001-23-33-000-2019-00007-01, índice 2, certificado núm. 0A80007B11DA29C2 B2116C0A19CBED09
5276E50FFBE2EC4C F43D2078A994FBF2 «ED_ONEDRIVE_1_732022(.zip)» «Expediente Digital».
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95. La parte actora presentó petición el 20 de noviembre de 2017 ante la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, a través de la cual
solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales entre el empleo de
«abogado asesor grado 23» y «abogado asesor» sin grado; así como la respectiva
reliquidación salarial y prestacional24.

96. La demandada mediante Resolución DESAJBUR17-6134 del 5 de diciembre de
2017, negó la solicitud presentada por el demandante, al considerar que la
remuneración del actor se ha liquidado y pagado íntegramente, y en debida forma mes
a mes según la escala salarial aplicable, fijada por el Gobierno Nacional, para el cargo
de «abogado asesor grado 23»25. Contra dicha decisión propuso el recurso de
apelación; sin embargo, la entidad omitió resolver su requerimiento, lo que dio lugar al
silencio administrativo negativo en los términos del artículo 86 del CPACA.

97. En virtud de lo anterior, la parte demandante interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual solicitó la inaplicación por
inconstitucionalidad del literal a) del artículo 17 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en lo que respecta
a la creación del cargo que se denominó «abogado asesor grado 23» de tribunales
superiores de distrito judicial. Igualmente pidió la nulidad del acto administrativo que le
negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el
empleo de «abogado asesor grado 23» que venía desempeñando y el de «abogado
asesor» sin grado.

98. El Tribunal Administrativo de Santander accedió a las pretensiones de la demanda,
al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para fijar la
categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto dicha potestad le
corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley
4 de 1992.

99. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación,
al considerar que el cargo de «abogado asesor grado 23» no hace relación al empleo
de «abogado asesor» nominado, pues en el primero se determinó un grado específico,
cuya remuneración es proporcional al nivel de funciones y responsabilidades que
demanda el perfil. Adicionalmente, indicó que el empleo ocupado por el actor se creó
en ejercicio de las competencias legales y constitucionales que le asisten al Consejo
Superior de la Judicatura.

100. Ahora bien, al descender al caso concreto, y conforme a los criterios adoptados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 2 de
noviembre de 2023, se concluyó que la competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos corresponde al Congreso de la República, el
cual a su vez establece los criterios que orientan el ejercicio de la potestad
reglamentaria del Gobierno nacional en dicha materia26.

101. Por su parte, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la creación de

24
Ibidem.
25
Ibidem.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-
2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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cargos y la incorporación de personal a las plantas de los despachos judiciales, lo cual
implica la determinación de las funciones y requisitos para el desempeño de los
empleos, sin que pueda establecer obligaciones a cargo del tesoro público que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales. En tal sentido, a dicha corporación, no se le atribuyó competencia para fijar
o modificar el régimen salarial y prestacional de los empleos pertenecientes a la planta
de personal de la Rama Judicial.

102. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 150, numeral 19, literal e), de la
Constitución faculta al Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, con sujeción a las normas, criterios y objetivos establecidos
por el legislador. En desarrollo de dicha disposición, se expidió la Ley 4 de 1992,
mediante la cual se fijaron los parámetros que debe observar el Gobierno nacional
para determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluidos
los de la Rama Judicial.

103. Por las razones expuestas, el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de
sus funciones, no puede atribuirse la competencia legal y reglamentaria para
establecer la remuneración de un cargo perteneciente a la planta de personal de la
Rama Judicial a través de la asignación de grados o códigos adicionales, dado que
esta atribución corresponde de manera concurrente al legislador y el Gobierno
nacional.

104. No obstante, lo anterior, en el caso bajo estudio, el Consejo Superior de la
Judicatura profirió el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, mediante el
cual asignó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor». Con dicha actuación,
desconoció las disposiciones que regulan el régimen salarial y prestacional de los
empleados de la Rama Judicial, en particular lo previsto en el artículo 4 de los decretos
1257 de 2015 y 245 de 2016, en los cuales se puede advertir que el cargo de «abogado
asesor» ya existe en la planta de empleos de la entidad y tenía prevista una asignación
salarial y prestacional acorde con el Decreto 57 de 1993.

105. Esta modificación impactó negativamente la remuneración correspondiente al
cargo de «abogado asesor grado 23», tal como se evidencia de los decretos anuales
expedidos por el Gobierno nacional, en los que se advierte que la asignación salarial
del cargo de «abogado asesor» era superior a la del cargo de «abogado asesor grado
23» desempeñado por el demandante, pese a tratarse materialmente del mismo
empleo.

106. En otras palabras, la inclusión de la expresión «grado 23» en el acuerdo de
creación del cargo generó que las personas que lo desempeñaron no percibieran la
remuneración correspondiente al empleo de «abogado asesor». En el caso concreto,
ello implicó que durante el tiempo en que la parte actora ejerció funciones como
«abogado asesor grado 23», se le pagara un salario inferior al fijado anualmente por
el presidente de la República para el cargo nominado de «abogado asesor», lo que, a
su vez, impactó negativamente el valor de sus prestaciones sociales, al haberse
utilizado dicho salario como base para su liquidación.

107. Para mayor claridad, se expone un cuadro comparativo con las diferencias
salariales entre ambos cargos en el período en que el demandante se desempeñó en
el empleo, de acuerdo con los porcentajes de aumento fijados por el Gobierno nacional
20

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en los decretos que se describen a continuación:

Año Decreto anual gobierno Salario fijado para Salario Diferencia
nacional el cargo de devengado por salarial
«abogado asesor» la parte actora
sin grado en el cargo de
«abogado
asesor grado
23»
2015 Decreto 1257 de 2015 $6.014.797 $4.500.333 $1.514.464
2016 Decreto 245 de 2016 $6.482.146 $4.850.008 $1.632.135
2017 Decreto 1013 de 2017 $5.177.386 $6.919.690 $1.742.304
2018 Decreto 337 de 2018 $7.271.137 $5.440.912 $1.830.225
2019 Decreto 991 de 2019 $7.599.137 $5.685.753 $1.913.384

108. En los mismos términos, esta Subsección se ha pronunciado recientemente a
través de providencia del 6 de marzo de 202527, respecto a los casos en los que se
discute el reconocimiento de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado
asesor grado 23» y «abogado asesor», consideró lo siguiente:

«46. En esas condiciones, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» desconoció lo previsto en el artículo
4 de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, entre otros,
según el cual «[n]inguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional establecido en el presente decreto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto
y no creará derechos adquiridos». Esto, debido a que se excedió en el ejercicio de sus
competencias al modificar el régimen salarial y prestacional previsto por el gobierno
nacional para el cargo de «abogado asesor», en perjuicio de los servidores que
desempeñaron tales empleos, entre ellos el del demandante […]

[…]

52. No obstante, lo expuesto por la entidad y la valoración en conjunto del contenido del
acuerdo que creó los cargos de «abogado asesor grado 23» y demás elementos de juicio
antes descritos, lleva a deducir lo siguiente: i) la remuneración del abogado asesor
(nominado) se ha regulado anualmente, a partir del Decreto 57 de 1993; ii) por medio del
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura
creó los cargos de «abogado asesor grado 23» en uno de los cuales se nombró a Fabián
Enrique Yara Benítez; y iii) en los despachos de magistrado de los tribunales
administrativos y superiores no se creó el cargo de «abogado asesor» pero sí el de
«abogado asesor grado 23».

53. En consecuencia, el cargo «grado 23» que desempeñó el demandante correspondía
al de «abogado asesor» (nominado), por lo tanto, tenía derecho a las prestaciones
económicas de este durante el tiempo que lo ejerció.»

109. A partir de todo lo expuesto, la Sala concluye que el Consejo Superior de la
Judicatura excedió en el ejercicio de sus competencias al atribuirle la denominación
«grado 23» al cargo de «abogado asesor» de los tribunales superiores de distrito

27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 06 de marzo de 2025, radicado 05001-23-33-000-2018-
02117-01 (6930-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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judicial y tribunales administrativos, y con ello fijar una remuneración inferior a la
prevista para el abogado asesor nominado, la cual ya se encontraba expresamente
establecida en los decretos anuales que regulan el régimen salarial y prestacional de
la Rama Judicial.

110. Por lo anterior, la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23» de
tribunales superiores de distrito judicial y administrativos, se encuentra comprendida
dentro del listado de los cargos nominados en los decretos expedidos por el presidente
de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo
que su labor debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4 de los decretos 1024 de
2013, 194 de 2014, 1257 de 2015 y 245 de 2016, es decir, conforme al empleo
«abogado asesor sin grado», sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la
Judicatura pueda variar la denominación establecida en el artículo 3º, numeral 2° del
Decreto 57 de 1993.

111. Por ello no le asiste la razón a la entidad recurrente, en la medida en que el
demandante sí tiene derecho a percibir las prestaciones económicas correspondientes
al cargo de «abogado asesor» sin grado. Ello, por cuanto durante el período en que
prestó sus servicios se le pagó el salario asignado al cargo de «abogado asesor grado
23», el cual resulta inferior al establecido anualmente por el presidente de la República
para el primero de los empleos mencionados.

112. En este sentido, la Sala reitera la regla jurisprudencial establecida en la sentencia
de unificación del 2 de noviembre de 2023, según la cual el Consejo Superior de la
Judicatura carecía de competencia para modificar la denominación de cargos incluidos
en los listados de empleos definidos por decretos del presidente de la República,
expedidos en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 4 de 1992, razón por la
cual dicha actuación resulta ilegal e inconstitucional.

113. Por las razones expuestas, resultaba procedente inaplicar por inconstitucionalidad
la expresión «grado 23» contenida en el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10402 del 29
de octubre de 2015, tal como se resolvió en la sentencia de primera instancia, por las
consideraciones desarrolladas en esta providencia y conforme con la pauta de
unificación establecida en la sentencia del 2 de noviembre de 2023.

114. Adicional a lo anterior, conviene aclarar que, si bien la parte demandada en el
recurso de apelación indicó que el cargo de «abogado asesor grado 23» no guardaba
relación con el de «abogado asesor» sin grado y que su remuneración era proporcional
a las funciones y responsabilidades asignadas, lo cierto es que no se aportó prueba
alguna, como documento técnico, informe o manual de funciones, que acreditara las
diferencias en los requisitos del cargo, funciones, criterios de desempeño, evaluación
o responsabilidades entre ambos empleos.

115. Por otro lado, la entidad demandada argumentó que las pretensiones del
demandante implicarían reconocer pagos que no se encuentran autorizados, toda vez
que no existe disponibilidad presupuestal para ello, por tanto, se estaría actuando en
contravía de lo previsto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, con el riesgo de
incurrir en conductas tales como las previstas en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 y
en el artículo 413 del Código Penal.

116. Al respecto, es pertinente señalar que la falta de disponibilidad o apropiación
22

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presupuestal no es razón suficiente para no reconocer los derechos laborales mínimos
de los empleados, pues las entidades públicas están en la obligación de mantener y
garantizar los recursos económicos necesarios para atender tales obligaciones. Sobre
el particular esta corporación ha precisado lo siguiente:

En cuanto a la previsión respecto de la existencia de certificado de disponibilidad
presupuestal previo otorgamiento de la prima técnica no impide la configuración legal del
derecho ni su reconocimiento, pues como en otras oportunidades lo ha manifestado esta
Corporación28, ello constituye un procedimiento obligatorio de orden presupuestal que
obedece al principio constitucional de legalidad en el gasto público, cuya finalidad es
garantizar la existencia de recursos para el pago de la prima técnica dentro de la
respectiva vigencia presupuestal, pero no un requisito adicional o condición legal para su
reconocimiento29.

117. Así las cosas, las autoridades, no pueden sustraerse al cumplimiento de sus
obligaciones, so pretexto de no disponer de los recursos presupuestales necesarios
para ello. En consecuencia, en atención de los derechos laborales considerados como
irrenunciables y ciertos, no puede someterse al servidor a dilaciones que corresponden
únicamente a la administración.

118. En este orden, es claro que las entidades tienen el deber de aprovisionar los
recursos de funcionamiento necesarios para cumplir con todas las obligaciones de
personal a su cargo e iniciar de manera oportuna el trámite para la adición o
modificación del presupuesto, pues cuando no se cancelan oportunamente
emolumentos de carácter salarial se desconocen preceptos constitucionales como el
mínimo vital y se vulneran los principios de eficacia у celeridad de la función
administrativa correspondiente y el cumplimiento de los fines del Estado.

119. En esas condiciones, el argumento concerniente a la ausencia de autorización
para efectuar pagos laborales por falta de disponibilidad presupuestal planteado por la
parte demandada no tiene vocación de prosperidad, en la medida en que es su deber
efectuar las gestiones presupuestales necesarias para garantizar a los servidores el
pago puntual tanto de su salario como de sus prestaciones sociales.

4. Conclusión de la decisión

120. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el demandante tiene derecho
al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre
el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando y el de «abogado
asesor sin grado», teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle un grado y categoría salarial al primero de estos, incurrió en un exceso en el
ejercicio de sus facultades como quedó establecido por la jurisprudencia unificada de
esta corporación, tal como se resolvió en la sentencia de primera instancia, por las
consideraciones desarrolladas en esta providencia y conforme con la pauta de
unificación establecida en la sentencia del 2 de noviembre de 2023.

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 17 de abril de 2008, radicado interno núm. 2351 de 2006
y del 21 de octubre de 2009, radicado interno núm. 2356-de 2007.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2013, radicado núm. 68001-23-31-000-
2009-00028-01.
23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00007-01 (1164-2022)
Demandante: Andrés Felipe Bohórquez Villalba
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, (Santander)

5. Costas

121. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 30 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad se revocará la condena en costas impuestas en primera instancia y no se
condenará en la presente, porque no se advierte que la parte vencida, haya incurrido
en las anteriores conductas.

6. Decisión

122. En atención a las anteriores consideraciones, esta Subsección confirmará el fallo
apelado que accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
razones expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Declarar no probada la excepción de caducidad propuesta por la parte
demandada, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia del 3 de agosto de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones
de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Tercero: Sin condena en costas de las dos instancias.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

30
La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias las razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia
de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo,
el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP,
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su
causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
24

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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00007-01 (1164-2022)
Demandante: Andrés Felipe Bohórquez Villalba
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, (Santander)

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
JAS/SEJV.

25

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