Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00298-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2019-00298-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00298-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00298-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01(1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez, sucesores procesales Daniel Leal Pérez,
Esteban Leal Pérez y Marly Alderis Pérez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Pereira
Tema: nivelación salarial cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores de
distrito judicial y tribunales administrativos. Subtema: fijación del régimen salarial y
prestacional en la Rama Judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 17 de noviembre de 2020, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Alfredo Leal Vélez prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el
Tribunal Superior Sala Civil y Familia del Distrito Judicial de Pereira. Solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el
mencionado cargo, y el de «abogado asesor» sin grado. En el presente proceso,
pretende la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo pedido. A su turno,
el Tribunal consideró que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para
fijar la categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto dicha potestad le
corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley
4ª de 1992.
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. El Alfredo Leal Vélez, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 22 de marzo
de 20191 en los siguientes términos2:
2.1.1. Pretensiones
2. Que se inaplique parcialmente por inconstitucional:
• El artículo 17 del Acuerdo PSAA 15-10402 del 29 de octubre de 20153, expedido
por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en lo
que respecta a la creación del cargo que se denominó «abogado asesor grado
23», en los despachos de magistrados del Tribunal Superior.
3. Se declare la nulidad de los actos administrativos DESAJPE18-1046 del 18 de
octubre de 2018, expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Pereira, Risaralda, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales, prestacionales y demás emolumentos entre el cargo de
«abogado asesor grado 23» que ocupaba el demandante y el de «abogado asesor»
sin grado; así como el DESAJPER18-959 del 24 de octubre de 2018, que concedió
el recurso de apelación interpuesto contra el primero.
4. Que se declare la nulidad del acto ficto generado por la falta de resolución al recurso
de apelación interpuesto contra la resolución anterior.
5. A título de restablecimiento del derecho, el demandante reclamó el reconocimiento
y pago de la diferencia salarial y prestacional existentes entre el cargo de «abogado
asesor grado 23» que desempeñó y el de «abogado asesor» sin grado, así como la
reliquidación de las prestaciones salariales y sociales.
6. De igual manera, solicitó que se condenara a la entidad demandada a actualizar las
sumas adeudadas con base en el índice de precios al consumidor, en aplicación del
artículo 187 del CPACA, y se le ordenara el cumplimiento del fallo en los términos del
artículo 192 ibidem. Así como la condena en costas y agencias en derecho.
2.1.2. Hechos
7. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, que4:
1
SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda expediente 66001-23-33-000-2019-00298-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 001, folio 26.
2 SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda expediente 66001-23-33-000-2019-00298-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 001, folios 1 al 26.
3
«Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en
todo el territorio nacional».
4
SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda expediente 66001-23-33-000-2019-00298-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 001, folios 2 al 8.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
8. El señor Alfredo Leal Vélez fue nombrado en el cargo de «abogado asesor grado
23» del Tribunal Superior Sala Civil y Familia del Distrito Judicial de Pereira, a partir
del 18 de noviembre de 2015, sin interrupción, a la fecha de presentación de la
demanda.
9. El cargo fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, con carácter permanente para todos los
despachos de tribunal del territorio nacional.
10. El señor Alfredo Leal Vélez presentó reclamación administrativa, el 4 de octubre de
2018, ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira,
mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial existente
entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y el
empleo de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos
retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.
11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira, Risaralda,
mediante Oficio DESAJPE18-1046 del 18 de octubre de 2018, negó la solicitud del
demandante, con el argumento de que el Consejo Superior de la Judicatura
mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, creó el cargo de
Abogado Asesor Grado 23 en cada uno de los despachos de los tribunales
superiores del país, y a partir de esa creación los salarios y prestaciones se han
liquidado de acuerdo con los decretos salariales expedidos por el Gobierno
nacional.
12. El demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra la
anterior decisión. Mediante Resolución DESAJPER18-959 del 24 de octubre de
2018, se resolvió la reposición y se concedió el recurso de apelación. No obstante,
la entidad guardó silencio, lo que dio lugar a la configuración del acto ficto o
presunto, cuya nulidad se pretende.
13. Finalmente, el demandante solicitó audiencia de conciliación con el fin de agotar el
requisito de procedibilidad establecido en la Ley 640 de 2001. La Procuraduría 38
Judicial II Delegada para Asuntos Administrativos declaró fallida la conciliación en
la diligencia realizada el 12 de marzo de 2019.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
14. El demandante citó como normas vulneradas las siguientes : Constitución Política,
El preámbulo y los artículos 1,2, 4, 5, 9, 13, 25, 29 53, 93, y 209; La Ley 54 de 1962;
Ley 16 de 1972; La Ley 4ª de 1992; La Ley 270 de 1996; La Ley 319 de 1996; La Ley
1496 de 2011, Decreto 1095 de 1973; Decreto 1039 de 2011; Decreto 874 de 2012;
Decreto 1024 de 2013; Decreto 194 de 2014; Decreto 1257 de 2015; Decreto 245 de
2016; Decreto 1013 de 2017; y Decreto 337 de 2018.
15. La parte actora en el concepto de violación manifestó que los actos administrativos
demandados se encuentran viciados de nulidad porque fueron expedidos con
infracción de las normas superiores en las que debían fundarse.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
16. Al respecto, explicó que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo
150 de la Constitución, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, fijando
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Allí estableció los criterios
y objetivos para el efecto, entre los cuales estaban, el establecimiento de rangos de
remuneración para los cargos de los niveles profesional y asesor al interior de la Rama
Judicial.
17. De esta manera, precisó que a los servidores de la Rama Judicial que desempeñan
el cargo de abogado asesor no se les están salvaguardando sus derechos a la igualdad
dentro de un marco jurídico y económico, los cuales se ven menoscabados al negar el
reconocimiento y pago de la diferencia salarial a que tienen derecho
18. Por último, consideró que los actos administrativos demandados se encuentran
viciados de nulidad, por cuanto desconocieron las normas superiores en las que debía
fundarse, toda vez que no tuvo en cuenta que su función se limitaba a definir la
estructura organizacional y la planta de personal de la Rama Judicial, sin que le
asistiera atribución para establecer el régimen salarial de sus funcionarios y empleados
de la Rama Judicial.
2.2. Contestación de la demanda
19. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira, Risaralda5,.
se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que la vinculación de los
servidores de la Rama Judicial se fundamenta en una relación legal y reglamentaria
establecida por la ley, la cual se formaliza con la expedición de la resolución de
nombramiento, el cual debe identificar el cargo y grado que se va a proveer.
20. Manifestó que el cargo que ejerció el actor fue creado de manera transitoria
mediante el Acuerdo PSAA12-9222 del 2 de 2012, como parte del plan de
descongestión judicial, y que dicho cargo fue prorrogado en varias ocasiones por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
21. Posteriormente, mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015,
artículo 14 numeral 2, se creó: «Un (1) despacho de magistrado en la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Pereira, conformado por Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar
Judicial grado 1 y (1) cargó de Abogado Asesor grado 23». En este sentido, indicó que
el cargo creado corresponde a la denominación y grado de «ABOGADO ASESOR
GRADO 23», y no a un cargo nominado, es decir, sin escala de grado, lo cual implicaría
la aplicación de una tabla de remuneración distinta, correspondiente a los cargos
nominados de los tribunales judiciales.
22. Por otra parte, refirió que todos los emolumentos salariales y prestacionales fueron
pagados al demandante conforme a lo dispuesto en los decretos anuales expedidos
por el Gobierno nacional para los servidores judiciales del país, razón por la cual no se
configura ninguna diferencia salarial a su favor.
5 SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda expediente 66001-23-33-000-2019-00298-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 001, folios 76 al 82.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
23. Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos administrativos
demandados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, sin incurrir en
irregularidad o vicio de nulidad alguno.
2.3. Sentencia de primera instancia.
24. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia anticipada del 17 de
noviembre de 20206, dispuso lo siguiente:
1. INAPLICAR el literal a. del artículo 17 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015 en cuanto a la denominación grado 23 asignada al cargo de
Abogado Asesor creado en cada uno de los despachos de magistrado del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pereira, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta sentencia.
2. DECLÁRASE LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en los oficios
DESAJPER18-1046 del 18 de octubre de 2018 y No. DESAJPER18-959 del 24 de
octubre de 2018 expedidos por la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Pereira, así como del acto ficto o presunto negativo derivado del silencio
administrativo proveniente de la Dirección Ejecutiva de la misma entidad, mediante
los cuales se niega la reliquidación, con efectos retroactivos, de las diferencias
salariales y prestacionales existentes entre el grado 23 y el cargo de “Abogado
Asesor de Tribunal Judicial” conforme a los decretos de asignación salarial y
prestacional para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA A LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a pagar, en favor del
demandante o a quien sus derechos representen al momento de cumplir esta
sentencia, con efectos retroactivos, las diferencias salariales y prestacionales
existentes entre el cargo de Abogado Asesor de Tribunal Judicial y el grado 23
conforme al decreto 194 de 2014 expedido por el Gobierno Nacional, durante el
tiempo de vinculación del demandante en el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pereira, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
[…]
7. Sin costas en esta instancia, por lo motivado
[…]7
25. El Tribunal expuso que el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 20158
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dispuso
para el presente asunto:
ARTÍCULO 17.-Creación de cargos en despachos de magistrado de los Tribunales
Superiores; Crear en cada uno de los despachos de magistrado de los Tribunales
Superiores que se enuncian a continuación los siguientes cargos:
6
SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda expediente 66001-23-33-000-2019-00298-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 001, folios 119 al 145.
7 Se transcribe con errores de texto.
8
Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en
todo el territorio nacional.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
a. Tribunales Superiores de Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga,
Buga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Cundinamarca, Ibagué, Manizales,
Medellín, Neiva, Pereira, Popayán y Villavicencio, excepto en los
despachos de Magistrado de la Sala de Justicia y Paz: Un (1) cargo de
Abogado Asesor grado 23.
[…]
26. Consecuente con lo anterior, la Sala analizó si la indicación del grado 23 para el
cargo de abogado asesor, contenida en el mencionado acuerdo, implica el ejercicio de
la atribución de fijación de escala salarial, competencia exclusiva del Gobierno
nacional.
27. Precisó que a través del Decreto 194 de 2014 y otros anteriores expedidos en la
materia, el Gobierno nacional estableció la remuneración salarial de los servidores
judiciales, de acuerdo con la jerarquía del ente judicial en el que se encontrara el cargo
dentro de la Rama Judicial. En dichos decretos, se clasificaron los cargos, entre otros,
en la siguiente categoría:
[…]
2. De los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos
Seccionales de la Judicatura
[..]
28. Adujo que en el mencionado decreto se establece una segunda categoría
correspondiente al nivel de los tribunales judiciales, del Tribunal Superior Militar y de
los Consejos Seccionales de la Judicatura, para la cual se estableció una
remuneración salarial especifica. Dentro de esta categoría se incluyó el cargo de
abogado asesor, cuya remuneración mensual fue fijada en de $5.746.978 para el año
2014, con incrementos anuales del 4.66% en 2015); 7.77% en 2016); 6.75 en 2017) y
5.09 en 2018, periodos solicitados en el presente asunto.
29. Precisó que, dentro de la jerarquía de los tribunales judiciales, del Tribunal
Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, conforme a lo previsto
en el Decreto 194 de 2014, por medio del cual se fija por el Gobierno nacional fija la
escala de remuneración mensual de los empleos de la Rama Judicial, se encuentran
los Tribunales Superiores. En consecuencia, la remuneración para el cargo de
abogado asesor de tribunales judiciales, entre ellos el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira, está regulada en el citado decreto. Por tanto, no resulta procedente
acudir a la norma supletoria establecida en su artículo 6 del mismo decreto respecto a
la remuneración del cargo grado 23, cuya remuneración mensual para el año 2014 fue
de $4.299.956.
30. Agregó que la connotación de «grado 23», contenida en el artículo 17, literal 1 del
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, respecto al cargo de abogado
asesor creado en los despachos de los magistrados de los tribunales superiores, sí
constituye una disposición sobre la remuneración. Esto permite inferir que el cargo
creado en el acuerdo con la denominación de abogado asesor grado 23, no se
enmarca en el cargo de abogado asesor de tribunales judiciales, entre los cuales se
encuentra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
31. Manifestó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura carecía
de la facultad legal para asignar el grado 23 al cargo de abogado asesor. Si bien tenía
competencia para crear el cargo, se extralimitó al fijarle un grado, ya que ello genera
efectos salariales cuya determinación corresponde exclusivamente al Gobierno
nacional.
32. En este sentido, indicó que la remuneración del cargo de abogado asesor sin grado
sí fue prevista en los decretos de la escala salarial expedidos por el Gobierno nacional.
Por tanto, la asignación del grado 23 contenida en el acto administrativo acusado dio
lugar a la aplicación de una norma residual de remuneración que no correspondía, lo
que derivó en una remuneración inferior para el demandante. Esta situación configuró
una vulneración al derecho de igualdad, al otorgarse un trato desigual para un cargo
igual naturaleza.
2.4. Recurso de apelación
33.La parte demandada interpuso recurso de apelación9 en contra de la sentencia
que accedió a las pretensiones de la demanda.
34. Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, tiene la facultad para crear cargos, lo que implica determinar
su nivel y denominación. Es así, que para el cargo ocupado por el demandante se le
otorgó el «grado 23», en atención a las funciones y responsabilidades, cuya asignación
salarial es la fijada por el Gobierno nacional para este tipo de empleos, como consta
en el artículo 6 del Decreto 194 de 2014, por lo que el Acuerdo PSAA15-10402 goza
de presunción de legalidad, sin que a la fecha se haya determinado nulidad alguna de
los apartes atacados.
35. Agregó que las funciones administrativas del Consejo Superior de la Judicatura se
han materializado mediante diversos acuerdos expedidos sobre la materia. Señaló,
además, que el actor pretende generar confusión en la denominación de los cargos
con fines de beneficio particular, sin hacer referencia a la finalidad del plan de
descongestión de la Rama Judicial, el cual se encuentra regulado por una ley
estatutaria.
36. Insistió que el cargo de abogado asesor grado 23 fue creado dentro del marco de
autonomía administrativa y conforme a las necesidades de cada especialidad y desde
la vigencia del Acuerdo PSAA15-10402 hasta la fecha existe en los despachos de los
magistrados de los tribunales administrativos el cargo de abogado asesor grado 23 y
no abogado asesor, puesto que desde su creación ha sido muy clara su denominación.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia.
37. Mediante auto del 11 de mayo de 202310, se admitió el recurso de apelación
interpuesto la parte demandada. Posteriormente, mediante providencia del 16 de julio
de 202511, se saneó el proceso, se concedió a las partes la oportunidad de presentar
sus alegatos de conclusión, conforme a lo previsto en el artículo 212 del CPACA, y se
9
SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda expediente 66001-23-33-000-2019-00298-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 001, folios 149 al 153.
10
SAMAI índice 013.
11 SAMAI índice 027.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
reconoció como sucesores procesales del señor Alfredo Leal Vélez a los señores
Daniel Leal Pérez, Esteban Leal Pérez y a la señora Marly Alderis Pérez Pérez.
2.5.1 Concepto del Ministerio Público
38. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado presentó12
concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia dictada el 17 de
noviembre de 2020, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, al considerar que las
pretensiones del demandante están llamadas a prosperar.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
39. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
49. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir lo
siguiente:
50. ¿Si el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias
constitucionales y legales al asignar la denominación «grado 23» al cargo de «abogado
asesor», en la medida en que ello implicó la modificación del régimen salarial y
prestacional fijado por los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para
dicho empleo?
51. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala considera necesario abordar los
siguientes aspectos: (i) la remuneración salarial prevista para el cargo de «abogado
asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado; (ii) la nulidad
del aparte «grado 23» previsto en algunos de los acuerdos de la entonces Sala
administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y (iii) caso concreto.
3.2.1. De la remuneración salarial establecida para el cargo de «abogado asesor
grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Reiteración de
jurisprudencia.
52. Con ocasión de las múltiples controversias que se suscitaron en torno a la
existencia de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado asesor», sin grado,
y «abogado asesor grado 23», esta Sección, en sentencia del 2 de noviembre de 2023,
unificó su jurisprudencia en torno a esta cuestión, y fijó la siguiente regla
12 SAMAI, índice 031.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
jurisprudencial13:
«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignarle a los cargos
nominados, grados, códigos y remuneración diferente a lo regulado en el Decreto 57 de
1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional, mediante los cuales
se determine el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial. Esta
potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de las facultades
previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración del cargo de “abogado
asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la fijada para el «abogado asesor»
en los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional sobre la materia».
53. Para llegar a la citada conclusión, esta Sección abordó aspectos relevantes que
fueron considerados para su resolución, tales como: (i) la competencia para fijar el
régimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; (ii) la competencia
del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la Rama Judicial;
y (iii) las consideraciones frente a la remuneración del cargo de «abogado asesor
grado 23».
54. Así las cosas, teniendo en cuenta la relevancia de estas consideraciones, la Sala
procede a referirse, en los siguientes términos:
3.2.1.1. Competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
cargos existentes en la planta de personal de la Rama Judicial
55. El artículo 150 de la Constitución Política atribuye al Congreso de la República,
entre otras funciones, la de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos y la Fuerza Pública, así:
«Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública […]» (Negrilla de la Sala).
56. En cumplimiento de este mandato constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 199214, mediante la cual estableció los criterios que debe observar
el Gobierno nacional para la determinación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, incluidos los pertenecientes a la Rama Judicial, en los siguientes
términos:
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-
00529-01 (3071-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
14
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política».
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
«Artículo 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
[…]
b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la
Contraloría General de la República…»
«Artículo 2º. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá
en cuenta los siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del
Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales.
En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales;
[…]
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;
[…]». (Negrilla de la Sala).
«Artículo 3º. El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad
con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de
remuneración para cada cargo o categoría de cargos».
«Artículo 4º. Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo
2º. el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero
de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los
empleados enumerados en el artículo 1o. liberal a), b) y d), aumentando
sus remuneraciones15.
[…]». (Negrilla de la Sala).
57. En ejercicio de las competencias previstas por la Ley 4ª de 1992, el presidente de
la República expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 1993, mediante el cual se
estableció el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la
Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar. En punto de sus efectos, precisó que el
referido régimen sería obligatorio para quienes se vincularan al servicio con
posterioridad a su entrada en vigor.
58. Asimismo, la normativa en cita estableció en su artículo 2 que los servidores
públicos vinculados a la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar podían optar, por una
sola vez y antes del 28 de febrero de 1993, por acogerse al régimen salarial y
prestacional previsto en el mencionado decreto. Igualmente, dispuso que quienes no
ejercieran dicha opción continuarían sujetos al régimen anterior.
59. De conformidad con lo expuesto, la autoridad competente para fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es el Gobierno
15
Declarada inexequible las expresiones tachadas (inciso 1 y 3) mediante sentencia C- 710 de 1999 de la Corte Constitucional.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
nacional, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 4ª de 1992. Asimismo,
en ejercicio de esta facultad, expidió los decretos anuales que determinaron los
salarios de los cargos con denominación específica según el Decreto 57 de 1993 y, de
manera subsidiaria, estableció una escala de grados salariales para aquellos empleos
no incluidos en dicha clasificación.
3.2.1.2. Competencia del Consejo Superior de la Judicatura en materia de
creación de cargos de la Rama Judicial
60. Por su parte, el artículo 256 de la Constitución Política atribuyó al Consejo Superior
de la Judicatura la función de administrar la carrera judicial, en los siguientes términos:
«Artículo 256.- Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y de
acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:
[…]
1. Administrar la carrera judicial.
[…]».
61. En el mismo sentido, la Constitución Política, en los numerales 2 y 3 del artículo
257, atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para crear, suprimir,
fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia, sin que pueda imponer
obligaciones que excedan el monto global fijado en la ley de apropiaciones iniciales.
Asimismo, le asignó la función de dictar los reglamentos necesarios para el eficaz
funcionamiento de la administración de justicia, en los aspectos no previstos por el
legislador16.
62. En desarrollo de lo anterior, la Ley 270 de 199617 en su artículo 85, modificado por
el artículo 35 de la Ley 2430 de 202418, reguló las funciones del Consejo Superior de
la Judicatura, dentro de las cuales se destacan las siguientes atribuciones:
«Artículo 85. Funciones del Consejo Superior de la Judicatura. <Artículo modificado por
el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Al Consejo
Superior de la Judicatura le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
[…]
12. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las
Salas de estos y los Juzgados, así como crear Salas desconcentradas en ciudades
16
«ARTÍCULO 257. <Texto original revivido según la Sentencia C-285-16> Con sujeción a la ley, el Consejo
Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
[…]
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el
Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto
global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados
con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y
administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.
[…]».
17 «Estatutaria de la Administración de Justicia».
18
«Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras
disposiciones».
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de
estos. Para el efecto deberá establecer un mecanismo de atención oportuna y eficaz
de los requerimientos formulados por los Juzgados y Tribunales, para su correcto
funcionamiento.
13. Determinar la estructura y planta de personal de las corporaciones judiciales y los
Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama
Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no
hayan sido fijados por la Ley, previo concepto de la Comisión Interinstitucional.
En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro
obligaciones que excedan el monto global fijado para el servicio de justicia en la ley de
apropiaciones iniciales.
[…] ».
63. Ahora bien, se precisa que la Ley 1285 de 200919, modificó el artículo 63 de la Ley
270 de 1996, vigente para el momento en que se expidieron los acuerdos, que confirió
al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para la implementación del Plan
Nacional de Descongestión Judicial, con fundamento en el cual se crearon los cargos
de «abogado asesor grado 23». No obstante, dicha disposición no le atribuyó la
potestad para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y empleados
vinculados a dichos cargos20.
64. Con fundamento en lo expuesto, si bien la entonces Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura estaba facultada para administrar la carrera judicial,
crear cargos necesarios para la administración de justicia y reglamentar aspectos
relacionados con dicha carrera, esta atribución no se extendía a materias reservadas
de manera exclusiva al legislador, conforme en los artículos 125 y 150, numeral 23, de
la Constitución Política.
19 «Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».
20 «Artículo 63. Plan y Medidas de Descongestión. Habrá un plan nacional de descongestión que será concertado
con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán
los objetivos, los indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de evaluación de la
aplicación de las medidas.
Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejecutar el plan nacional de
descongestión y adoptar las medidas pertinentes, entre ellas las siguientes:
a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá
redistribuir los asuntos que los Tribunales y Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma
jerarquía que tengan una carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita;
b) La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción para
atender las mayores cargas por congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para tramitar y
sustanciar los procesos dentro de los despachos ya establecidos, asumiendo cualquiera de las responsabilidades
previstas en el artículo 37 del C. P. C.; los procesos y funciones serán las que se señalen expresamente;
c) Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas
mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del
lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en proceso que estén conociendo otros jueces;
d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores de acuerdo
con la ley de presupuesto;
e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de realizar funciones que se definan en el plan
de descongestión de una jurisdicción, de un distrito judicial, o de despachos judiciales específicos, y
f) Contratar a término fijo profesionales expertos y de personal auxiliar para cumplir las funciones de apoyo que se
fijen en el plan de descongestión».
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
3.2.1.3. De la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23»
65. En congruencia con los aspectos previamente expuestos, la sentencia de
unificación analizó la competencia para establecer el régimen salarial y prestacional
de los servidores públicos, incluidos los de la Rama Judicial, así como las
consecuencias jurídicas derivadas de asignar una categoría salarial a cargos cuya
asignación ya había sido expresamente fijada por el Gobierno nacional como
«nominados».
66. En estos términos, la sentencia de unificación en cita concluyó que la remuneración
del empleo «abogado asesor grado 23» de los de tribunales superiores de distrito
judicial y tribunales administrativos debía estar determinada por el régimen previsto
para los cargos nominados (sin grado) en los decretos expedidos por el presidente de
la República, en ejercicio de las competencias conferidas por la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, su salario debía fijarse conforme al artículo 4 de los Decretos 1039 de
2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014.
67. Por tanto, no resultaba viable que el Consejo Superior de la Judicatura modificara
la denominación establecida en el artículo 3, numeral 2, del Decreto 57 de 1993, ya
que la inclusión del «grado 23» al cargo de «abogado asesor» afectó de manera
negativa su régimen salarial y prestacional, configurando una actuación ilegal e
inconstitucional. Las diferencias salariales entre ambos cargos se pueden constatar en
el siguiente cuadro:
«[…]
Decreto anual proferido Abogado asesor Abogado asesor grado 23
por el presidente de la nominado «sin grado»
República en uso de las
facultades previstas en
la Ley 4ª de 1992
1039 de 2011 $5´140.170 $3´845.934
874 de 2012 $5´397.179 $4.038.231
1024 de 2013 $5´582.842 $4´177.147
194 de 2014 $5´746.978 $4´299.956
1257 de 2015 (4.66%) $6´014.797 $4´500.333
245 de 2016 (7.77%) $6´482.146 $4´850.008
1013 de 2017 (6.75%) $6´919.690 $5´177.383
337 de 2018 (5.09%) $7´271.902 $5´440.912
991 de 2019 (4.5%) $7´599.137 $5´685.753
299 de 2020 (5.12%) $7´988.212 $5´976.863
[…]»
3.2.1.4. Del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 a través del cual se modificó la
denominación al cargo de «abogado asesor grado 23»
68. Es importante precisar que la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
proceso en el cual se dictó la sentencia de unificación advirtió que, para ese momento
ya se había proferido el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 a través del cual se modificó
la denominación del cargo de «abogado asesor grado 23» por el de «profesional
especializado grado 23». Esta situación fue valorada al tenor del artículo 281 del CGP,
toda vez que comportaba un hecho sobreviniente que modificó la situación jurídica
objeto de debate, respecto del cual se resolvió en el caso en concreto lo siguiente:
«INAPLICAR en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se hace referencia en el
artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11-8346 de 29 de julio de 2011; el Acuerdo PSAA15-
10402 de 2015 que incluyó en forma permanente el mencionado empleo en la planta de
cargos de los tribunales administrativos; y finalmente, el Acuerdo PCSJA22-11968 de
2022 mediante el cual se sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado 23”,
por la de “profesional especializado grado 23”».
69. Frente a los efectos en el tiempo de la decisión adoptada en la citada providencia,
se señaló:
«ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con el tema objeto de unificación constituyen precedente
vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente
sentencia de unificación son retrospectivos.
Los casos en los que haya operado la cosa juzgada serán inmodificables ».
70. Finalmente, en relación con la aplicación del término de prescripción frente al
derecho de pago de las diferencias salariales y prestacionales que haya lugar a
reconocer, precisó que debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969; los cuales prevén el término de
prescripción de 3 años, que se interrumpe por una sola vez mediante el reclamo escrito
del trabajador.
3.3. De la nulidad del aparte «grado 23» previsto en algunos de los Acuerdos de
la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
71. Se considera pertinente precisar que esta corporación con posterioridad a la
sentencia de unificación antes referida decretó la nulidad del aparte «grado 23»
respecto del cargo de «abogado asesor» contenido en varios acuerdos21 expedidos
por el Consejo Superior de la Judicatura para los tribunales judiciales de la jurisdicción
ordinaria y de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, a través de sentencia
del 23 de octubre de 202422.
72. Las consideraciones que fundamentaron la declaratoria de nulidad señalaron que
21 El articulado de los siguientes acuerdos: Acuerdo PSAA11-7886 del 28 de febrero de 2011; Acuerdo PSAA11-
8356 del 29 de julio de 2011; Acuerdo PSAA12-9524 del 21 de junio de 2012; Acuerdo PSAA12-9781 del 18 de
diciembre de 2012; Acuerdo PSAA13-9897 del 30 de abril de 2013; Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de septiembre
de 2013, con excepción del aparte que se refiere a la jurisdicción disciplinaria; Acuerdo PSAA13-9962 del 31 de
julio de 2013; Acuerdo PSAA13-9991 del 26 de septiembre de 2013; Acuerdo PSAA14-10195 del 31 de julio de
2014; Acuerdo PSAA14-10197 del 5 de agosto de 2014; Acuerdo PSAA15-10288 del 29 de enero de 2015; Acuerdo
PSAA15-10323 del 26 de marzo de 2015; Acuerdo PSAA15-10335 del 29 de abril de 2015; Acuerdo PSAA15-10356
del 29 de mayo de 2015; Acuerdo PSAA15-10363 del 30 de junio de 2015; Acuerdo PSAA15-10371 del 31 de julio
de 2015; Acuerdo PSAA15-10385 del 23 de septiembre de 2015.
Asimismo, en esa decisión se resolvió:
«Segundo. DECLARAR la nulidad del aparte “Grado 23” contenido en los numerales 1 a 4 del artículo 13; 1 y 2 del
artículo 14; 1 del artículo 16; el literal a del artículo 17; numerales 1 a 16 del artículo 86, numerales 1 y 2 del artículo
87, numerales 1 y 2 del artículo 88 y numeral 1 del artículo 89 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de
2015, “Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos
en todo el territorio nacional”.
Tercero. DECLARAR la nulidad del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022 “Por medio del cual se ajusta la
denominación de unos cargos a nivel nacional”, que sustituyó la denominación del cargo “abogado asesor grado
23” por la de “profesional especializado grado 23”».
22
Consejo de Estado, Sección Segunda Sentencia del 23 de octubre de 2024, radicado 11001-03-25-000-2017-
00617-00 (2965-2017), M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
existe una reserva material de ley atribuida al Congreso de la República para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, mediante postulados
generales y de obligatorio cumplimiento. Con base en ello, se consolida la competencia
reglamentaria del Gobierno nacional para determinar, en estricto sentido, las escalas
salariales que regulan la remuneración y las asignaciones básicas mensuales de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
73. Por lo anterior, se concluyó que la fijación de la remuneración mensual del empleo
de «abogado asesor» de los tribunales judiciales, a partir de la creación del «grado
23» y su posterior modificación a «profesional especializado grado 23», constituye el
ejercicio de una competencia atribuida de manera concurrente entre el legislador y el
Gobierno nacional. En consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus
atribuciones, al asumir una función que corresponde de forma privativa al legislador y
Gobierno nacional.
3.4. Caso concreto
74. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29
de octubre de 2015, dispuso la creación del cargo de «abogado asesor grado 23» con
carácter permanente para todos los despachos de tribunal del territorio nacional.
75. En el proceso se acreditó, mediante certificación del 18 de julio de 2018, expedida
por la coordinadora del área talento humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Pereira, Risaralda, que el señor Alfredo Leal Vélez prestó
sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira, desde el 18 de noviembre23:
CARGO DESPACHO DESDE HASTA
JUEZ JUZGADO CIVIL 01/07/2014 31/10/2015
MUNICIPAL
DESCONGESTIÓN
EJECUCIÓN CIVIL
SECRETARIO JUZGADO DE FAMILIA 01/11/2015 04/11/2015
CIRCUITO PEREIRA
JUEZ JUZGADO CIVIL 05/11/2015 17/11/2015
MUNICIPAL
DESCONGESTIÓN
EJECUCIÓN CIVIL
ABOGADO ASESOR DESPACHO 3 SALA 18/011/2015 A LA FECHA
GRADO 23 CIVIL FAMILIA (18/07/2018)
TRIBUNAL SUPERIOR
DE PEREIRA
76. La referida certificación, también dejó constancia de los salarios y prestaciones
pagadas a favor del demandante por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Pereira como «abogado asesor grado 23», desde el 2015
hasta el año 201724.
23
SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda expediente 66001-23-33-000-2019-00298-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 001, folio 32.
24
SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda expediente 66001-23-33-000-2019-00298-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 001, folios 33 al 42.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
77. El señor Alfredo Leal Vélez presentó petición el 4 de octubre de 2018 ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira, a través de la cual
solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales entre el empleo de
«abogado asesor grado 23» y «abogado asesor» sin grado; así como la respectiva
reliquidación salarial y prestacional25.
78. La demandada mediante Oficio DESAJPE18-1046 del 18 de octubre de 2018,
negó la solicitud presentada por el demandante, al considerar que la remuneración del
actor se ha liquidado y pagado íntegramente, y en debida forma mes a mes según la
escala salarial aplicable, fijada por el Gobierno Nacional, para el cargo de «abogado
asesor grado 23»26.
79. El actor inconforme con la negativa de la administración interpuso recurso de
apelación y en subsidio apelación27. A su turno, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Pereira, confirmó la anterior decisión y en su lugar concedió
el recurso de apelación ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 28. No
obstante, la entidad demandada guardó silencio.
80. Posteriormente, el demandante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, a través de la cual solicitó la inaplicación por inconstitucionalidad del literal
a) del artículo 17 del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura, en lo que respecta a la creación del cargo que
se denominó «abogado asesor grado 23» de tribunales superiores de distrito judicial.
Igualmente pidió la nulidad de los actos acusados por medio de los cuales se le negó
el reconocimiento y pago de las diferenciales salariales y prestacionales entre el
empleo de «abogado asesor grado 23» que venía desempeñando y el de «abogado
asesor» sin grado.
81. El Tribunal Administrativo de Risaralda accedió a las pretensiones de la demanda,
al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para fijar la
categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto dicha potestad le
corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley
4ª de 1992.
82. Inconforme con esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación,
al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura, creó el cargo de abogado
asesor grado 23, asignándole dicho nivel en atención a sus funciones y
responsabilidades, conforme con el Decreto 194 de 2014. Expuso que lo que pretende
el actor es confundir la denominación de los cargos para obtener un beneficio personal.
Reitero, que el cargo fue creado dentro del marco de autonomía administrativa.
83. Ahora bien, al descender al caso concreto, y conforme a los criterios adoptados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 2 de
noviembre de 2023, se concluyó que la competencia para fijar el régimen salarial y
25 SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda expediente 66001-23-33-000-2019-00298-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 001, folios 43 al 45.
26SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda expediente 66001-23-33-000-2019-00298-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 001, folios 47 al 49.
27
SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda expediente 66001-23-33-000-2019-00298-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 001, folios 50 al 51.
28
SAMAI Tribunal Administrativo de Risaralda expediente 66001-23-33-000-2019-00298-00, gestionar documentos,
cuaderno principal, pdf 001, folio 52.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
prestacional de los empleados públicos corresponde al Congreso de la República, el
cual a su vez establece los criterios que orientan el ejercicio de la potestad
reglamentaria del Gobierno nacional en dicha materia29.
84. Por su parte, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la creación de
cargos y la incorporación de personal a las plantas de los despachos judiciales, lo cual
implica la determinación de las funciones y requisitos para el desempeño de los
empleos, sin que pueda establecer obligaciones a cargo del tesoro público que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales. En tal sentido, a dicha corporación, no se le atribuyó competencia para fijar
o modificar el régimen salarial y prestacional de los empleos pertenecientes a la planta
de personal de la Rama Judicial.
85. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 150, numeral 19, literal e), de la
Constitución faculta al Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, con sujeción a las normas, criterios y objetivos establecidos
por el legislador. En desarrollo de dicha disposición, se expidió la Ley 4ª de 1992,
mediante la cual se fijaron los parámetros que se debe observar el Gobierno nacional
para determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, incluidos
los de la Rama Judicial.
86. Por las razones expuestas, el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de
sus funciones, no puede atribuirse la competencia legal y reglamentaria para
establecer la remuneración de un cargo perteneciente a la planta de personal de la
Rama Judicial ni asignarle grados o códigos adicionales, dado que esta atribución
corresponde de manera concurrente al legislador y el Gobierno nacional.
87. No obstante, lo anterior, en el caso bajo estudio, el Consejo Superior de la
Judicatura profirió el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, mediante el
cual asignó el «grado 23» al cargo de «abogado asesor». Con dicha actuación,
desconoció las disposiciones que regulan el régimen salarial y prestacional de los
empleados de la Rama Judicial, en particular lo previsto en el artículo 4 de los decretos
1257 de 2015 y 245 de 2016, en los cuales se puede advertir que el cargo de «abogado
asesor» ya existía en la planta de empleos de la entidad y tenía prevista una asignación
salarial y prestacional acorde con el Decreto 57 de 1993.
88. Esta modificación impactó negativamente la remuneración correspondiente al
cargo de «abogado asesor grado 23», tal como se evidencia de los decretos anuales
expedidos por el Gobierno nacional, en los que se advierte que la asignación salarial
del cargo de «abogado asesor» era superior a la del cargo de «abogado asesor grado
23» desempeñado por el demandante, pese a tratarse materialmente del mismo
empleo.
89. En otras palabras, la inclusión de la expresión «grado 23» en el acuerdo de
creación del cargo generó que las personas que lo desempeñaron que no percibieran
la remuneración correspondiente al empleo de «abogado asesor». En el caso
concreto, ello implicó que durante el tiempo en que la parte actora ejerció funciones
como «abogado asesor grado 23», se le pagara un salario inferior al fijado anualmente
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001-23-33-000-2018-
00529-01 (3071-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
por el presidente de la República para el cargo nominado de «abogado asesor», lo
que, a su vez, impactó negativamente el valor de sus prestaciones sociales, al haberse
utilizado dicho salario como base para su liquidación.
90. En los mismos términos, esta Subsección se ha pronunciado recientemente a
través de providencia del 6 de marzo de 202530, respecto a los casos en los que se
discute el reconocimiento de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado
asesor grado 23» y «abogado asesor», consideró lo siguiente:
«46. En esas condiciones, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle el «grado 23» al cargo de «abogado asesor» desconoció lo previsto en el artículo
4 de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, entre otros,
según el cual «[n]inguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional establecido en el presente decreto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto
y no creará derechos adquiridos». Esto, debido a que se excedió en el ejercicio de sus
competencias al modificar el régimen salarial y prestacional previsto por el gobierno
nacional para el cargo de «abogado asesor», en perjuicio de los servidores que
desempeñaron tales empleos, entre ellos el del demandante […]
[…]
52. No obstante, lo expuesto por la entidad y la valoración en conjunto del contenido del
acuerdo que creó los cargos de «abogado asesor grado 23» y demás elementos de juicio
antes descritos, lleva a deducir lo siguiente: i) la remuneración del abogado asesor
(nominado) se ha regulado anualmente, a partir del Decreto 57 de 1993; ii) por medio del
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, el Consejo Superior de la Judicatura
creó los cargos de «abogado asesor grado 23» en uno de los cuales se nombró a Fabián
Enrique Yara Benítez; y iii) en los despachos de magistrado de los tribunales
administrativos y superiores no se creó el cargo de «abogado asesor» pero sí el de
«abogado asesor grado 23».
53. En consecuencia, el cargo «grado 23» que desempeñó el demandante correspondía
al de «abogado asesor» (nominado), por lo tanto, tenía derecho a las prestaciones
económicas de este durante el tiempo que lo ejerció.»
91. A partir de todo lo expuesto, la Sala concluye que el Consejo Superior de la
Judicatura excedió en el ejercicio de sus competencias al atribuirle la denominación
«grado 23» al cargo de «abogado asesor» de los tribunales superiores de distrito
judicial y tribunales administrativos, y con ello fijar una remuneración inferior a la
prevista para el abogado asesor nominado, la cual ya se encontraba expresamente
establecida en los decretos anuales que regulan el régimen salarial y prestacional de
la Rama Judicial.
92. Por lo anterior, la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23» de
tribunales superiores de distrito judicial y administrativos, se encuentra comprendida
dentro del listado de los cargos nominados en los decretos expedidos por el presidente
de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo
que su labor debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4°. de los decretos 1024 de
2013, 194 de 2014, 1257 de 2015 y 245 de 2016, es decir, conforme al empleo
«abogado asesor sin grado», sin que sea aceptable que el Consejo Superior de la
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 06 de marzo de 2025, radicado 05001-23-
33-000-2018-02117-01 (6930-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
Judicatura pueda variar la denominación establecida en el artículo 3º, numeral 2° del
Decreto 57 de 1993.
93. Por ello no le asiste la razón a la entidad recurrente, en la medida en que el
demandante sí tiene derecho a percibir las prestaciones económicas correspondientes
al cargo de «abogado asesor» sin grado. Ello, por cuanto durante el período en que
prestó sus servicios se le pagó el salario asignado al cargo de «abogado asesor grado
23», el cual resulta inferior al establecido anualmente por el presidente de la República
para el primero de los empleos mencionados.
94. En este sentido, la Sala reitera la regla jurisprudencial establecida en la sentencia
de unificación del 2 de noviembre de 2023, según la cual el Consejo Superior de la
Judicatura carecía de competencia para modificar la denominación de cargos incluidos
en los listados de empleos definidos por decretos del presidente de la República,
expedidos en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 4ª de 1992, razón por la
cual dicha actuación resulta ilegal e inconstitucional.
4. De la prescripción
95. En lo relativo a los términos de prescripción, la Sala acoge lo señalado en la
sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, en la cual se indicó que resultan
aplicables los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969,
disposiciones que establecen un término de prescripción de tres (3) años, el cual se
interrumpe por una sola vez con el reclamo formulado por el trabajador.
96. Ahora bien, en el expediente se encuentra acreditado que el demandante se
vinculó al cargo de abogado asesor grado 23 a partir del 18 de noviembre de 2015 y
la petición por medio de la cual solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales entre los cargos de «abogado asesor grado 23» y «abogado asesor» sin
grado, se presentó el 4 de octubre de 2018. En consecuencia, no se he configurado el
fenómeno prescriptivo.
5. Conclusión de la decisión
99.
Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre
el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando y el de «abogado
asesor sin grado», teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura al
asignarle un grado y categoría salarial al primero de estos, incurrió en un exceso en el
ejercicio de sus facultades como quedó establecido por la jurisprudencia unificada de
esta corporación, tal como se resolvió en la sentencia de primera instancia, por las
consideraciones desarrolladas en esta providencia y conforme con la pauta de
unificación establecida en la sentencia del 2 de noviembre de 2023.
6. Costas
100. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario31 de la
31
La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias las razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc.
101. En el presente asunto, tal y como lo indicó el Tribunal Administrativo de Risaralda
en la providencia de primera instancia, no se advierte que la vencida, haya incurrido
en las anteriores conductas.
7. Decisión
102. En atención a las anteriores consideraciones, esta Subsección confirmará el fallo
apelado que accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
razones expuestas en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 17 de noviembre de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones
de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segunda: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer
la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00298-01 (1918-2021)
Demandante: Alfredo Leal Vélez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pereira)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
MMCLL/ SEJV
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.