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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00335-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2018-00335-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en su lugar: Segundo. Declarar la incompatibilidad entre las pensiones que fueron reconocidas a Gladys Martha Cuesta Ruiz a través de la Resolución RDP 025622 del 21 de agosto de 2014 expedida por la Ugpp y la Resolución 78434 del 14 de marzo de 2015, proferida por Colpensiones. En consecuencia: Tercero. Declarar la nulidad de la Resolución GNR 78434 del 14 de marzo de 2015, emitida por Colpensiones, mediante la cual reconoció una pensión de sobrevivientes a Gladys Martha Cuesta Ruiz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. Declarar que, por favorabilidad, Gladys Martha Cuesta Ruiz tiene derecho a la pensión de jubilación reconocida por la Ugpp a través de la Resolución RDP 025622 del 21 de agosto de 2014. 55 Samai, índice 22. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Radicado: 54001-23-33-000-2018-00335-01 (4865-2023) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones Quinto. Ordenar a Colpensiones que, de acuerdo con su competencia, adelante ante la Ugpp las actuaciones pertinentes con el fin de que las cotizaciones que efectuó Evelio de Jesús Mora Gutiérrez durante toda su vida laboral financien la pensión reconocida por esta entidad, a la cual tiene derecho por favorabilidad. Sexto. Poner en conocimiento de la Ugpp la presente decisión. Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda interpuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones contra Gladys Martha Cuesta Ruiz. Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. Noveno. Sin condena en costas en esta instancia. Décimo. Reconocer personería para actuar en representación de Colpensiones a Angélica Margoth Cohen Mendoza identificada con cédula de ciudadanía 32709957 y tarjeta profesional 102275 del C.S. de la J., como apodera principal y a Ángela Carolina González Álvarez identificada con cédula de ciudadanía 1.085.279.009 y […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2018-00335-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2018-00335-01 (4865-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: Gladys Martha Cuesta Ruiz

Tema: Incompatibilidad pensional, sustitución pensional y pensión de
sobrevivientes por tiempos de servicios en los sectores público
y privado. Sistema tripartita de financiación de la seguridad
social

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución GNR 78434 del 14 de marzo de 2015,
emitida por esa entidad, mediante la cual reconoció una pensión de sobrevivientes
a Gladys Martha Cuesta Ruiz, al considerar que esta prestación era incompatible

1 En adelante Colpensiones.
2 En adelante CPACA.

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

con la reconocida por Cajanal hoy Ugpp3.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la devolución de las sumas de
dinero pagadas por concepto de pensión de sobrevivientes a partir de la fecha de
inclusión en nómina de pensionados y hasta la declaratoria de nulidad de tal
reconocimiento; y ii) la indexación de esas sumas de dinero.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

4. Cajanal, hoy Ugpp, a través de la Resolución 37314 del 31 de julio de 2006
reconoció una pensión de vejez a Evelio de Jesús Mora Gutiérrez, en cuantía de
$7.697.756 a partir del 1 de marzo de 2005, condicionada al retiro del servicio.

5. A través de la Resolución UGM 51019 del 29 de junio de 2012 Cajanal reliquidó
la anterior pensión de vejez, elevándola a la cuantía de $12.678.680, a partir del 1
de marzo de 2011 y condicionada al retiro del servicio, en cumplimiento del fallo de
tutela proferido el 21 de mayo de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial,
Sala Penal4.

6. Cajanal a través de la Resolución RDP 19972 del 18 de diciembre de 2012, volvió
a reliquidar la pensión de vejez de Evelio de Jesús Mora Gutiérrez, por la cuantía
de $14.167.500 efectiva a partir del 1 de agosto de 2012 y condicionada al retiro del
servicio, en cumplimiento del fallo del 1 de junio de 2012 proferido por el Juzgado 4
Administrativo del Circuito de Cúcuta.

7. Evelio de Jesús Mora Gutiérrez falleció el 1 de junio de 2014.

8. Mediante la Resolución RDP 25622 del 21 de agosto de 2014, Cajanal reconoció
una pensión de «sobrevivientes» a Gladys Martha Cuesta Ruiz en calidad de
«cónyuge o compañera» de Evelio de Jesús Mora Gutiérrez, en un 50%, a favor de
Víctor Hernando Mora Cuesta en calidad de hijo menor de edad en un 16.67% y se
dejó en suspenso el posible derecho y porcentaje que le pudiera corresponder a
Evelio Sebastián Mora Cuesta y a Juan Camilo Mora Cuesta, en calidad de hijos del
causante.

9. El 2 de enero de 2015 a través de la Resolución RDP 15, Cajanal levantó la
suspensión anterior y ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a
Sebastián Mora Cuesta y a Juan Camilo Mora Cuesta, en calidad de hijos mayores
con estudio.

3 Samai, índice 2, archivos «14ED_48652023docx» y «001. Demanda 2018-00335».
4 No se indicó el distrito.

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

10. Los actos administrativos expedidos por Cajanal, hoy la Ugpp, tuvieron en
cuenta los períodos del 1 de septiembre de 1973 al 28 de febrero de 1978, desde
el 1 de agosto de 1985 hasta el 28 de febrero de 2005, del 1 de julio de 2009 al 31
de julio de 2013, laborados por el causante en la Rama Judicial.

11. Posteriormente, el 11 de agosto de 2014 Gladys Martha Cuesta Ruiz presentó
ante Colpensiones una solicitud de reconocimiento de otra pensión de
sobrevivientes causada por Evelio de Jesús Mora Gutiérrez.

12. Por lo anterior, mediante la Resolución GNR 78434 del 14 de marzo de 2015,
Colpensiones le reconoció la mencionada prestación a la demandada, para lo cual
tuvo en cuenta los siguientes períodos laborados por el causante para la
Universidad Libre de Colombia:

EMPLEADOR DESDE HASTA
Universidad Libre de
01/09/1988 15/12/1989
Colombia
Universidad Libre de
10/02/1992 30/11/1992
Colombia
Universidad Libre de
27/05/1993 30/11/1993
Colombia
Universidad Libre de
25/03/1994 30/11/1994
Colombia
Corporación Universidad
01/10/1999 31/10/1999
Libre
Corporación Universidad
01/04/2005 23/04/2006
Libre
Corporación Universidad
01/05/2006 31/10/2008
Libre
Corporación Universidad
01/12/2008 01/06/2014
Libre

13. Asimismo, los períodos laborados para la Rama Judicial, así:

EMPLEADOR DESDE HASTA
27 Rama Judicial 01/09/1973 28/02/1978
27 Rama Judicial 01/08/1985 28/02/2005
27 Rama Judicial 01/07/2009 31/07/2013

14. Y los tiempos laborados para la Universidad de Santander, esto es:

EMPLEADOR DESDE HASTA
Universidad de Santander 01/08/2009 28/08/2009
Universidad de Santander 01/09/2009 24/11/2009
Universidad de Santander 01/01/2010 06/01/2010
Universidad de Santander 01/02/2010 25/05/2010

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

Universidad de Santander 01/08/2010 29/08/2010
Universidad de Santander 01/09/2010 23/11/2010
Universidad de Santander 01/02/2011 31/05/2011
Universidad de Santander 08/01/2011 23/11/2011
Universidad de Santander 01/02/2012 29/05/2012

15. Mediante auto de pruebas APSUB 2214 del 29 de junio de 2018 Colpensiones
solicitó a la demandada su consentimiento para revocar la Resolución 78434 del 14
de marzo de 2015, por cuanto consideró que los tiempos tenidos en cuenta por esa
entidad para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes eran igual a los
computados por la Ugpp para el reconocimiento pensional.

16. A través de la Resolución SUB 218354 del 17 de agosto de 2018, Colpensiones
resolvió remitir el caso a la Dirección de Procesos Judiciales.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

17. Como tales se señalaron los artículos 128 de la Constitución Política, 19 de la
Ley 4 de 1992, la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.

18. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente5:

19. Las dos prestaciones reconocidas a favor de Gladys Martha Cuesta Ruiz en
calidad de cónyuge de Evelio de Jesús Mora Gutiérrez eran incompatibles, por
cuanto Colpensiones tomó el mismo período tenido en cuenta por Cajanal, hoy la
Ugpp, para aquel reconocimiento, lo que generó una afectación al erario.

20. El causante no cumplió con los requisitos dispuestos en el artículo 12 de la Ley
797 de 2003, pues para el momento de su fallecimiento no contaba con 50 semanas
cotizadas en los 3 años anteriores a su muerte, esto es, entre el 1 de junio de 2011
al 1 de junio de 2014, toda vez que solo acreditó 33 semanas. Lo anterior,
comoquiera que «el principio de la condición más beneficioso no tenía carácter indefinido
por ello se dispuso un límite temporal entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de
2006».

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Gladys Martha Cuesta Ruiz

21. Se opuso a las pretensiones de la demanda con sustento en lo siguiente6:

5 Samai, índice 2, archivos «14ED_48652023docx» y «001. Demanda 2018-00335».
6Samai, índice 2, archivos «14ED_48652023docx» y «016.Contestación de la Demanda 2018-
00335».

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22. El reconocimiento de la pensión de sobrevivientes efectuado por Colpensiones
se dio con ocasión del fallecimiento de Evelio de Jesús Mora Gutiérrez el 1 de junio
de 2014, el cual se realizó con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de
2003 y 28 del Decreto 758 de 1990.

23. El causante acreditó un total de 4.499 días laborados correspondientes a 642
semanas, que fueron cotizadas desde el 1 de septiembre de 1988 hasta el 1 de
junio de 2014 por su empleador la Universidad Libre de Colombia, «existieron
cotizaciones simultaneas dentro del período antes señalado», pero en forma discontinua
con la Universidad de Santander.

24. El causante cotizó más de 50 semanas en los 3 años anteriores a su
fallecimiento, pues existía un aproximado de 278.75 semanas cotizadas desde el «1
de diciembre de 2008 al 1 de junio de 2014», por la Universidad Libre de Colombia, es
decir que cumplió con las cotizaciones exigidas por los artículos 12 y 13 de la Ley
797 de 2003.

25. No era cierto que la entidad demandante hubiese tenido en cuenta los tiempos
públicos que el causante había cotizado a Colpensiones, comoquiera que de la
resolución acusada se evidenció que solo tuvo en cuenta las semanas
correspondientes a las aportadas por la Universidad Libre de Colombia.

26. Cajanal, hoy la Ugpp, expidió la Resolución RDP 045040 del 27 de septiembre
de 2013 que ordenó incluir en nómina de pensionados a Evelio de Jesús Mora
Gutiérrez, por cuanto se retiró del servicio el 31 de julio de 2013, por lo que empezó
a gozar de la pensión de vejez, a partir del 1 de agosto de 2013.

27. Por otro lado, la pensión de sobrevivientes reconocida mediante la Resolución
RDP 025622 del 21 de agosto de 2014, expedida por la Ugpp a la demandada se
fundamentó en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en la que se estableció que sí
cumplía con el requisito para ser beneficiaria de esa prestación como cónyuge del
causante, razón por la cual le fue reconocida en el 50% del valor que venía
recibiendo Evelio de Jesús Mora Gutiérrez, pues el otro 50% les correspondió a los
3 hijos.

28. Existían notables diferencias entre las 2 prestaciones objeto de debate, por
cuanto la reconocida por Colpensiones era una «PENSIÓN NUEVA» que se incorporó
al sistema el 2 de junio de 2014 con ocasión del fallecimiento del causante, mientras
que la reconocida por la Ugpp era una «PENSIÓN RECONOCIDA» desde el 1 de
marzo de 2005, pues el causante ya gozaba de una pensión, por lo tanto, a la familia
Mora Cuesta le correspondió una sustitución pensional.

29. El tiempo de servicio prestado por Evelio de Jesús Mora Gutiérrez a la Rama
Judicial no se oponía a la pensión de sobrevivientes reconocida por Colpensiones,
pues el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 solo exigía acreditar 50 semanas

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anteriores al fallecimiento para adquirir el derecho, como efectivamente se demostró
en las cotizaciones realizadas por la Universidad Libre.

30. No era cierto que Gladys Martha Cuesta Ruiz estuviera percibiendo una doble
asignación del erario, pues las pruebas eran claras y precisas en cuanto al derecho
que le asistía a recibir la pensión de sobrevivientes reconocida por Colpensiones.

31. Las sumas pagadas por Colpensiones fueron recibidas en virtud del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, de buena fe y bajo el principio de
legitimidad y legalidad del acto administrativo demandado.

32. Propuso las excepciones de i) «legalidad de la Resolución GNR 78434 del 14
de marzo de 2015»; ii) «buena fe de la parte demandada en aplicación del principio
de la confianza legitima e inexistencia del restablecimiento del derecho solicitado»;
iii) «prescripción» iv) y la «genérica».

1.3. La sentencia apelada

33. En sentencia proferida el 11 de mayo de 20237, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda al encontrar probadas las
excepciones de «legalidad de la Resolución GNR 78434 del 14 de marzo de 2015»
e «inexistencia del restablecimiento del derecho solicitado», por cuanto:

34. En el acto acusado se citó como tiempos laborados en la Rama Judicial por el
causante desde el 1 de julio de 2009 hasta el 31 de julio de 2013, así como los
tiempos laborados en las universidades de Santander y Libre de Colombia, sin
embargo, al sumar los tiempos se indicó un total de 4.499 días laborados,
correspondientes a 642 semanas, lo cual no era cierto, pues al realizar la sumatoria
de esos tiempos se obtuvo un total de 6.666 días, por lo que a pesar de que en el
citado acto se relacionaron tiempos laborados por el causante en la Rama judicial,
se encontró que únicamente se tuvieron en cuenta los días laborados para la
Universidad Libre, ya que coinciden con los 4.449 días laborados que se señalaron
en el acto acusado.

35. Por lo tanto, el acto administrativo demandado constituía la prueba que
desvirtuaba los supuestos fácticos y los cargos de violación, al evidenciarse que
para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de Gladys Martha
Cuesta Ruiz solo tomó en consideración un total de 4.499 días laborados
correspondientes a los aportes efectuados por el fallecido como docente de la
Universidad Libre.

36. Asimismo, se evidenció del reporte de semanas cotizadas en pensiones a

7 Samai, índice 2, archivos «14ED_48652023docx» y «058.Sentencia-
NiegaPretensionesDemanda».

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Colpensiones que, si bien se efectuaron cotizaciones por la Rama Judicial entre el
período comprendido del 1 de julio de 2009 al 31 de julio de 2013, lo cierto es que
por ese mismo período también se hicieron cotizaciones por parte de las
universidades de Santander y Libre de Colombia.

37. La coexistencia entre la pensión de vejez, reconocida en su momento al
causante por Cajanal, y la concedida por Colpensiones, no generaba
incompatibilidad establecida en el artículo 128 Constitucional, por cuanto la primera
se reconoció por tiempos laborados en el sector público y la segunda se reconoció
con base en tiempo de cotización de empleadores particulares.

38. En relación con la naturaleza del Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 2 de
diciembre de 20198, dijo que ese instituto se había convertido en un mero
administrador de dineros que aportaban asalariados y empleadores con el
compromiso de manejarlos, lo cual significaba que no todas las pensiones pagadas
por aquel denotaran la calidad de públicas o provenientes del tesoro público, pues
muchas de ellas eran sufragadas con dineros provenientes de patrones particulares.

39. En providencia del 10 de junio de 2021, la citada Corporación9 concluyó que el
ordenamiento jurídico y la línea jurisprudencial vigentes habilitaban la
compatibilidad entre 2 pensiones de vejez a favor de un beneficiario, siempre y
cuando sus fuentes de financiación en materia de aportes fueran diferentes, en
punto a la esencia de los vínculos laborales que sustentaban ambas prestaciones,
esto es, que se trate de cotizaciones derivadas de tiempos de servicios a diferentes
empleadores del sector público y privado, respectivamente.

40. Las pensiones causadas a favor del cotizante, Evelio de Jesús Mora Gutiérrez
tuvieron origen diferente, la primera fue reconocida por Cajanal en el año 2006
mediante Resolución 37314 del 31 de julio de esa anualidad, la cual fue reliquidada
con Resolución 019972 del 18 de diciembre de 2012, que se originó de los aportes
efectuados como funcionario de la Rama Judicial, es decir, que provenía del erario,
en tanto que la pensión de sobrevivientes reclamada por Gladys Martha Cuesta
Ruiz como beneficiaria del afiliado se originó de los aportes efectuados por aquel
como docente de las universidades Libre de Colombia y de Santander, ambas de
naturaleza privada, y en esa medida no se estructuró la incompatibilidad prevista en
el artículo 128 superior, reiterada en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992.

41. Contrario al argumento de nulidad expuesto por la entidad demandante,
relacionado con que al momento del fallecimiento del causante no acreditó 50
semanas de cotización en los últimos 3 años anteriores a su deceso, conforme lo

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicado 25000-23-42-000-2012-10293-01

(0775-15)
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. CP William Hernández Gómez. Fallo del 10

de julio de 2021. Radicado 73001-23-33-000-2014-00178-01 (4981-14)

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exigía el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, se evidenció del reporte de semanas
cotizadas en pensiones emitido por Colpensiones con fecha de actualización del 2
de junio de 2021, que el causante acumuló un total de 192.85 semanas equivalentes
a los aportes derivados de la relación laboral con las universidades desde el 1 de
junio de 2011 al 31 de mayo de 2014, esto es, 3 años anteriores al deceso.

1.4. El recurso de apelación

42. La parte demandante presentó recurso de apelación10 en el que solicitó revocar
la sentencia de primera instancia con fundamento en lo siguiente:

43. El reconocimiento de la pensión de sobrevivientes efectuada por Colpensiones
mediante la Resolución GNR 78434 del 14 de marzo de 2015 a favor de Gladys
Martha Cuesta Ruiz era contraria a derecho, toda vez que se tomaron tiempos que
ya se habían tenido en cuenta para el reconocimiento de una pensión de vejez y
posterior a ello el reconocimiento de una sustitución pensional reconocida por
Cajanal a la demandada, lo que implicaba una doble asignación del erario, es así
como las dos prestaciones resultaban incompatibles.

44.Además de ello, no cumplió con las 50 semanas de cotización dentro de los 3
años inmediatamente anteriores al fallecimiento, esto es, desde el 1 de junio de
2011 hasta el 1 de junio de 2014.

45. Se configuró un perjuicio inminente en contra de la estabilidad financiera del
Sistema General de Pensiones en la medida en que debía disponer de un flujo
permanente de recursos que permitiera su mantenimiento y adecuado
funcionamiento; y continuar con el pago de una prestación a favor de una persona
que no acreditaba todos los requisitos para su reconocimiento afectaba gravemente
su capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que sí tenían
derecho a una prestación de igual naturaleza, lo que vulneraba el principio de
progresividad y el acceso a las pensiones de todos los colombianos.

1.5. Trámite en segunda instancia

46. En auto del 28 de junio de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante contra la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander11.

47. El Ministerio Público no presentó concepto.

10 Samai, índice 2, archivos «060.RecursoApelación».
11 Samai, índice 16.

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II. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

48. Si bien se ha aceptado en casos como el presente que la proposición jurídica
presentada por la entidad de previsión social se concrete a la nulidad de su propio
acto administrativo cuando se sustenta en una incompatibilidad con otro acto
proferido por una autoridad diferente, lo cierto que es que dicha proposición, así
formulada, genera ciertos inconvenientes al momento de definirse la situación
prestacional del pensionado, puesto que el hecho no ejercer un control de legalidad
respecto del segundo, en la medida en que este no fue demandado, impide un
análisis integral de las prestaciones sociales reconocidas y como consecuencia a
concluir con certeza la que le resulte más favorable a sus intereses.

49. En ese sentido, esta Subsección considera que lo procedente es, desde el punto
de vista procesal, que se demanden ambos actos administrativos, puesto que de
prosperar la pretensión anulatoria se deberá determinar cuál pensión y por qué es
la que debe permanecer dentro del ordenamiento jurídico, lo que requiere del
examen de legalidad del reconocimiento hecho en cada uno y examinar cuál
prestación le es la más favorable para el demandado.

50. La proposición jurídica así formulada permite emitir un pronunciamiento de
fondo y, de encontrar algún vicio en los elementos de validez, en estos casos la
vulneración de la prohibición prevista en el artículo 128 Constitucional según la cual
nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, se
podrá definir de qué forma se restablecerá el derecho conculcado para el sistema
pensional sin afectar los derechos del pensionado.

51. En el presente asunto, Colpensiones demandó la la Resolución GNR 78434 del
14 de marzo de 2015, emitida por esa entidad, mediante la cual reconoció una
pensión de sobrevivientes a Gladys Martha Cuesta Ruiz, pero no la Resolución RDP
025622 del 21 de agosto de 2014, mediante la cual la Ugpp reconoció una pensión
de sobrevivientes a aquella en calidad de cónyuge o compañera de Evelio de Jesús
Mora Gutiérrez y tampoco se vinculó a tal entidad o a la que la hubiese reemplazado
o asumido sus obligaciones.

52. Lo anterior, en principio, daría lugar a que se declarara probada la excepción de
«indebida proposición jurídica» y, por lo tanto, que se profiriera una sentencia
inhibitoria. Sin embargo, la Sala considera que en el presente caso debe prevalecer
el derecho de acceso a la administración de justicia de las partes y en tal virtud es
menester que se profiera una sentencia que defina de manera definitiva la
controversia porque se discute la viabilidad de que el demandado reciba dos
pensiones y, por ende, la protección del erario y del principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional.

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53. Lo anterior se acompasa con lo dispuesto en los artículos 229 de la Constitución
Política y 2 de la Parte II del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 12
que define el derecho aludido como el que tiene toda persona de interponer «un
recurso efectivo» ante una autoridad competente. Asimismo, porque el artículo 25.1
de la Convención Americana de los Derechos Humanos13 indica que tal derecho
implica la garantía de «[…] un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes […]» para lograr el amparo de los
derechos.

54. En esa línea, pese a que no se demandó la Resolución RDP 025622 del 21 de
agosto de 2014 emitida por la Ugpp debe garantizarse una decisión de fondo.
Ciertamente, en virtud de lo anotado, la jurisprudencia ha señalado que los jueces
una vez asuman la competencia de un caso tienen el deber de proferir una sentencia
de mérito y solo en eventos excepcionales y en los que no exista alternativa procede
la inhibición, puesto que «[…] una inhibición no justificada es ajena a los deberes
constitucionales y legales del juez y configura una verdadera denegación de justicia
[…]»14.

55. Por tal razón, la sentencia inhibitoria ha sido considerada como la «antítesis»15
de la función judicial, máxime cuando el juez, de acuerdo con los postulados de los
artículos 228 y 229 Constitucionales, tiene el deber de decidir de fondo la
controversia. Igualmente, porque el artículo 42 del CGP en su numeral 5 le ordena
sanear los vicios del procedimiento «e interpretar la demanda de manera que
permita decidir el fondo del asunto». En tal virtud, es su deber desentrañar las reglas
procesales de tal modo que se garantice un acceso efectivo a la justicia y de la
primacía del derecho sustancial sobre el procedimental16.

56. Así las cosas, en el caso presente es posible decidir de fondo aun cuando no
se demandó la Resolución RDP 025622 del 21 de agosto de 2014, puesto que de
prosperar las pretensiones de nulidad las medidas de restablecimiento del derecho
en favor de Colpensiones pueden ser ajustadas a lo que afecte menos el derecho
pensional de la demandada.

57. Con todo, ante la posibilidad de que existan algunos asuntos en los que ello no
sea posible se hace necesario indicar a Colpensiones que para evitar sentencias
inhibitorias es preciso que demande todos los actos administrativos que
reconocieron la pensión cuando se pida la nulidad del reconocimiento por

12 Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y ratificado

por el Estado Colombiano a través de la Ley 74 del 26 de diciembre de 1968.
13 Adoptado por el Estado Colombiano con la Ley 16 de 1972.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de octubre de 2020,

radicado 25000-23-25-000-2011-00806-01 (0256-14).
15 Ver la sentencia C-666 del 28 de noviembre de 1996.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado

17001-23-33-000-2017-00363-01 (2723-2020).

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incompatibilidad e integrar en debida forma el contradictorio, si es del caso.

58. Por lo anterior, la sala pasará a resolver de fondo la controversia.

2.2. Competencia

59. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.3. Problema jurídico

60. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver el siguiente
interrogante: ¿existe compatibilidad entre la sustitución pensional reconocida a la
demandada por la Ugpp y la pensión de sobrevivientes reconocida por
Colpensiones? y, en el evento de que las dos prestaciones resulten incompatibles
¿si hay lugar a ordenar la devolución de los dineros percibidos con ocasión del
reconocimiento pensional efectuado por Colpensiones?

61. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
(i) de la compatibilidad pensional y (ii) del sistema de seguridad social creado por la
Ley 100 de 1993; segundo, se expondrán los hechos probados; y tercero, se
resolverá el caso concreto.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Sobre la compatibilidad pensional

62. El artículo 6417 de la Constitución Política de 1886 señaló la prohibición de
recibir más de una erogación proveniente del erario. Sin embargo, con el fin de
determinar algunas excepciones, el gobierno nacional expidió el Decreto 1713 de
1960, así:

«Artículo 1.- Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las
excepciones que se determinan a continuación:

a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;

17«Artículo 64. Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos
especiales determinen las leyes».

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b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario,
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular
de tales cargos.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre
que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de
mil doscientos pesos ($1.200.oo) mensuales.
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las
Fuerzas Armadas.

Parágrafo- Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto, se
entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas».

63. Ahora bien, para cubrir, entre otros, el riesgo ocasionado por invalidez, vejez y
muerte la Ley 90 de 194618 estableció el seguro social obligatorio y creó el ISS, con
el fin de administrar los recursos necesarios para cubrir las prestaciones que
reconocía y, en tal sentido, fijó un sistema triple de contribución forzosa de los
asegurados, patronos y el Estado19. En cuanto a los aportes del Estado el artículo
31 del Decreto Ley 433 de 1971 modificó tal forma de financiación, así:

«Artículo 31. Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y en
dinero, y [l]os servicios sociales que se llegaren a establecer, correspondientes a los
seguros sociales y los gastos de administración de los mismos, serán obtenidos así:

a). Mediante cotización que deberán pagar los trabajadores asalariados y todos los que
perciban retribución por los servicios prestados bajo la subordinación de otra persona,
siempre que no fueren ocasionales ni ajenos a la actividad de la empresa. La cotización
laboral se pagará sobre la remuneración total que por concepto de salario o de otras
retribuciones de carácter ordinario y normal, perciba el trabajador en razón de tales
servicios. Esta cotización se destinará al financiamiento del Seguro social establecido en
beneficio de este grupo de asegurados;

18 «Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros

Sociales».
19
«Artículo 16. ‹Modificado por el artículo 2 del Decreto 3850 de 1949. El nuevo texto es el siguiente›:
Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y en dinero, correspondientes a los
seguros obligatorios y los gastos generales de los mismos serán obtenidos, salvo en los casos
expresamente exceptuados, por el sistema de triple contribución forzosa de los asegurados, de los
patronos y del Estado. Cuando a este último le corresponda contribuir, su cuota no será inferior a la
mitad de la cuota del patrono. Además, para las empresas cuyo capital no exceda de treinta mil
pesos ($ 30.000) o de ciento veinticinco mil pesos ($ 125.000), tratándose de empresas agrícolas o
mineras explotadoras de metales preciosos, el Estado podrá contribuir con una parte de la respectiva
cuota patronal, cuando sus circunstancias financieras lo permitan y el gobierno así lo determine
mediante decreto ejecutivo, previa consulta al Instituto Colombiano de seguros Sociales. En tal caso
la contribución del Estado será fijada entre un diez por ciento (10%) y un cuarenta por ciento (40%)
de la cuota patronal. Los aportes del Estado se financiarán en primer término, con los productos de
las rentas especiales de que trata el artículo 29, pero si no fueren suficientes, el Gobierno arbitrará
los recursos ordinarios y extraordinarios que sean indispensables.
Parágrafo. Cuando se trate de asegurados obligatorios, que tengan efectivamente más de cuatro
personas a su cargo, de aquellas a las que está obligado a alimentar de acuerdo con las
prescripciones del Código Civil, el Estado podrá contribuir hasta con la mitad del aporte que le
corresponda al Asegurado, lo que regulará el Departamento Matemático-Actuarial, teniendo en
cuenta el excedente de personas que vivan a cargo de éste».

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b). Mediante cotización a cargo de la persona natural o jurídica a la cual o por cuya
cuenta el trabajador presta el servicio, que se pagará sobre la remuneración total que
por concepto de salario o de otras retribuciones de carácter ordinario y normal, perciba
el trabajador en razón del servicio prestado. Esta cotización se destinará al
financiamiento del seguro social establecido en beneficio de los trabajadores
asalariados;

c). Mediante cotización sobre los ingresos de los trabajadores independientes y de los
autónomos o pequeños patronos que será pagada por éstos, siempre que tales ingresos
tuvieren carácter de regularidad o fueren controlables individualmente. Dicha cotización
será señalada de acuerdo con la capacidad económica de los respectivos sectores o
grupos d ella (sic) población económicamente activa, y se pagará en la forma y en la
cuantía que se determinen en atención a las prestaciones y servicios de los seguros
sociales que se otorguen al correspondiente grupo de población económicamente
activa.

d). Mediante cotización sobre los ingresos globales o sobre la base económica relativa
a la naturaleza o a las condiciones de trabajo de los grupos de población
económicamente activa, cuyos medios de vida no tengan el carácter de periódicos ni
permanentes, cotización que se fijará de acuerdo con la capacidad económica del
respectivo grupo y en atención a los servicios de seguros sociales que se les otorgue.

e). el (sic) Estado contribuirá al financiamiento de los seguros sociales mediante un
aporte anual que se señalará en los presupuestos de renta y gastos de la Nación, en
proporción al costo total de las prestaciones y servicios de aquellos. El aporte del Estado
se aplicará a incrementar los fondos de solidaridad destinados a contribuir al
financiamiento de las prestaciones y servicios de los seguros sociales en beneficio de
los sectores de la población y de las zonas económicamente más débiles del país. El
aporte anual del estado para los programas de los seguros sociales no podrá ser inferior
a una cuarta parte del costo anual global de las prestaciones y servicios otorgados por
el Instituto Colombiano de Seguros Sociales».

64. Por lo que se refiere a la fuente de financiación de las prestaciones que otorga
el régimen de los seguros sociales obligatorios, el artículo 17 del Decreto 1650 de
197720 distinguió sus orígenes, así:

«Articulo 17. De la financiación. Los recursos para la financiación de las prestaciones
y de los servicios que corresponden a los seguros sociales obligatorios serán obtenidos,
de las cuantías y condiciones señaladas en los reglamentos generales, de las siguientes
fuentes:
a). Aportes exclusivos de los patronos o empleadores.
b). Aportes exclusivos de los trabajadores.
c). Aportes de unos y otros.
d). Aportes de los pensionados por invalidez y vejez.
e). Aportes de otros afiliados, según los reglamentos.
f). Impuestos o tasas específicas.
g). Transferencias de los presupuestos nacional, departamentales, municipales y
de los territorios nacionales.
h). Rendimiento obtenido de la inversión de las reservas.
i). Ingresos derivados de la actividad encomendada a los organismos administradores.
j). Aportes provenientes de la extensión de los seguros a los sectores de población, y

20 «Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y

se dictan otras disposiciones».

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k). Otros ingresos». [Resalta la Sala].

65. De manera que, si bien las pensiones reconocidas por el ISS son pagadas, entre
otros, con los aportes realizados por los trabajadores y sus patronos, lo cierto es
que estas prestaciones también se encuentran financiadas con recursos
provenientes del erario, tales como impuestos y transferencias presupuestales, lo
que, por su fuente, las haría incompatibles con otras asignaciones provenientes del
tesoro público.

66. Ahora bien, respecto de la compatibilidad de las pensiones e indemnizaciones
sustitutivas que cubría el ISS, esta Corporación en la sentencia del 3 de abril de
199521 compartió el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia22 y por tanto
declaró la nulidad de los literales a) y b) del artículo 49 del Acuerdo 049 del 1 de
febrero de 199023. Al respecto señaló:

«El artículo 49 del acuerdo 049 de 1990 reitera que la prohibición allí establecida se
refiere a prestaciones que cotizó un afiliado a quien no puede reconocérsele
simultáneamente pensión de invalidez y pensión de vejez o alguna de ellas y una
indemnización sustitutiva. Debe recordarse que el régimen de seguridad social (artículo
16, decreto 1650 de 1977), distingue entre los afiliados y los derechohabientes, porque
mientras los primeros tienen un derecho subjetivo por tal condición y porque han
contribuido con cotizaciones, puede ocurrir que el cónyuge sobreviviente y demás
derechohabientes reciban un derecho derivado de su vinculación familiar con aquellos;
en tal virtud, la prohibición que consagra la norma examinada debe comprender
solamente ciertas prestaciones de los afiliados y nunca los derechos de terceros
beneficiarios porque sería incongruente; en otras palabras no existe impedimento para
que una persona adquiera prestaciones como afiliado del ISS y simultáneamente como
derechohabiente de otra persona ya fallecida.

Obsérvese que las prestaciones de vejez y de sobrevivientes no amparan el mismo
riesgo, pues las contingencias son diferentes y ese postulado lo recoge el inciso 2o. del
artículo 11 del tantas veces citado decreto 1650 de 1977 que establece que ‹para
determinar las cotizaciones y recaudar los aportes correspondientes, las contingencias
de que trata el artículo 3o. de este decreto se agrupan así: invalidez, vejez y muerte›.

Sobre el tópico, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 11 de noviembre de 1994
señalo (sic):

‹... no puede el Instituto de Seguros Sociales a su amparo excusarse de reconocer una
de ellas, porque no se trata de cubrir dos veces el mismo riesgo sino de pagar las
prestaciones que amparan riesgos distintos, generados en una causa diferente y que por
esa sola razón no quedan comprendidos entre la incompatibilidad que eventualmente
podrían presentarse entre las pensiones de jubilación y de vejez de una misma persona,
las cuales si cubren el mismo riesgo y se conceden como contraprestación de los
servicios prestados por el afiliado.

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia

del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P. Álvaro
Lecompte Luna.
22 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995,

expediente 7109. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23 Aprobado por el Decreto 758 del 11 de abril de 1990.

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La Sala Plena de Casación Laboral en la sentencia de 21 de mayo de 1991, en la que
se apoya la recurrente, tuvo la oportunidad de precisar la diversa naturaleza de las
pensiones antes mencionadas: la de sobrevivientes que ampara el estado de viudez y
orfandad y se adquiere por ministerio de la ley, que bajo determinadas condiciones hace
surgir un nuevo derecho en cabeza del cónyuge o compañero permanente, o de sus
demás beneficiarios dentro de un orden preestablecido, y la de vejez que cubre el riesgo
de la eventual pérdida de la capacidad para trabajar por razón de llegar el trabajador a
una edad avanzada, y la cual por ello se muestra como una contraprestación de los
servicios prestados por la persona y para la que contribuyó durante su vida laboral.

Diferencia -que así se dijo en el fallo- resulta de distinguir entre el carácter de
contraprestación por un trabajo pretérito que se rindió por el pensionado que tiene la
pensión por servicio, de la índole eminentemente tuitiva del estado de viudedad que tiene
la pensión por sustitución, conforme resulta de la condición que indistintamente han
impuesto todos los estatutos reguladores de dicho instituto jurídico. Tal condición ha sido
en el pasado, y lo es en el presente, que la viuda mantenga su estado civil de tal, y ni
siquiera haga vida marital, so pena de perder la sustitución que precisamente en razón
de su viudez se le otorga y mantiene›. (Gaceta Judicial, Tomo CCX, página 614).

Y en cuanto a lo que atañe al ordinal b) del artículo 49 que se examina, debe decirse:

Recuérdese que en virtud de la Ley 90 de 1946, artículo 16 se adoptó el sistema tripartito
para financiar los seguros que cubrirían el entonces ISS que consistía en aportes de los
trabajadores, empleadores y Estado. Más tarde, el Decreto ley 433 de 1971, en cuanto
a aportes mensuales del Estado, se sustituyó por ‹un aporte anual que se señalará en
los presupuestos de rentas y gastos de la Nación›. Y al dictarse el decreto ley 1650
de 1977, el aporte del Estado quedó completamente eliminado, puesto que en su artículo
22 se dijo:

‹De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de enfermedad en general,
maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o empleadores aportarán el 67% de
la cotización total y los trabajadores el 33%.

La cotización para el seguro de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional estará
exclusivamente a cargo del patrono o empleador›.

Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 27 de enero de 1995
(expediente No. 7109, Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio.) ‹puede decirse entonces que el ISS se convirtió en un mero
administrador de los dineros que aportarán asalariados y empleadores con el
compromiso de manejarlos; por consiguiente no puede afirmarse que las pensiones que
éste otorgue provinieron del Tesoro Público›. La Sala comulga con tal apreciación. Se
trata de dos asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente. La
pensión que reciba la persona de la Caja Nacional de Previsión Social o de cualquiera
otra similar, y la que reclame del ISS; una obedece a servicios prestados al Estado; la
otra por haber prestado servicios laborales a otra entidad, a un ente particular llamado
patrono o empleador, todo lo cual conduce a indicar que las dos pensiones sean
compatibles por cuanto no se opone a lo señalado en la norma constitucional que
prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del
Tesoro Público›.

Y en cuanto al ordinal c) de tantas veces mencionado artículo 49 que se juzga debe
precisarse lo siguiente:

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A) La ley 71 de 1988 en su artículo 1 estableció lo siguiente:

‹A partir de la vigencia de la presente ley los empleados oficiales y trabajadores que
acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o
varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y el Instituto de los
Seguros Sociales tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan
sesenta (60) años o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas›.

Como se observa, se trata de una pensión conformada por aportes provenientes de
personas que han laborado consecutivamente al servicio de entidades privadas y de
entidades públicas y que sumados den el número de años señalados en la ley.

Resulta lógico entonces que no pueda concurrir la mencionada pensión por aportes de
que habla la citada Ley 71 de 1988 con las otras pensiones que cubra el ISS». [Resalta
la Sala].

67. Sin embargo, contrario a lo señalado en aquella oportunidad, el sistema tripartita
de financiación de las pensiones mantuvo su vigencia, pues es justamente a partir
de lo dispuesto en el literal g) del artículo 17 del Decreto 1650 de 1977, que dispone
como una de las fuentes de financiación de las prestaciones y de los servicios que
corresponden a los seguros sociales obligatorios las transferencias de los
presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios nacionales,
que debe entenderse la participación de los recursos del erario en el reconocimiento
de las pensiones.

68. En efecto, de la lectura de los artículos 17 y 22 del Decreto 1650 de 1977 que
determinaron el origen de los recursos y la forma de financiación de las
prestaciones, se advierte que una de las fuentes de financiación de las prestaciones
y de los servicios que corresponden a los seguros sociales obligatorios serían
obtenidos de las transferencias de los presupuestos nacional, departamentales,
municipales y de los territorios nacionales. Además, el artículo 22 ibidem señala lo
siguiente:

«Artículo 22. De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de
enfermedad en general, maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o
empleadores aportarán el sesenta y siente por ciento de la cotización total y los
trabajadores el treinta y tres por ciento.

La cotización para el seguro de accidente de trabajo y de enfermedad profesional estará
exclusivamente a cargo del patrono o empleador».

69. Lo anterior permite concluir que se conservó el sistema tripartita de financiación
de la seguridad social (trabajador, empleador y Estado), pues lo cierto es que, pese
a que los empleadores y trabajadores estén obligados a realizar cotizaciones en un

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porcentaje cada uno hasta completar un 100%, a efectos de realizar los pagos de
las prestaciones reconocidas, debe acudirse, entre otras a las «transferencias de los
presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios nacionales».

70. Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición
contenida en el artículo 64 de la Constitución de 1886 se mantuvo en los siguientes
términos:

Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas
o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas [Resalta la Sala].

71.En atención a lo anterior, la Ley 4ª de 1992, estableció las siguientes
excepciones:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes
asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.

Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho
(8) horas diarias de trabajo a varias entidades».

72.Ahora bien, la Corte Constitucional24 al analizar la constitucionalidad del
mencionado artículo concluyó:

«si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es
menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de
los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más
cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que
provenga del erario público. El término ‹asignación› comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc.

(…)

24 Sentencia C-133 de 1993

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«El artículo 19 de la ley 4 de 1992 que, como se ha repetido a lo largo de esta sentencia,
consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar en forma
simultánea más de un cargo público y por tanto el recibo de más de una asignación que
provenga de las arcas del Estado, guarda perfecta armonía con la finalidad u objetivo
general de la ley a la cual pertenece -4a. de 1992-, pues en ésta se señalan las normas,
objetivos y criterios generales que debe observar el Gobierno Nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso
Nacional y Fuerza Pública, como también el régimen prestacional de los trabajadores
oficiales. Y, como es obvio, las ‹asignaciones› tienen íntima relación con el tema salarial
de que trata la norma». [Resalta la Sala]

73. No se desconoce que la jurisprudencia de esta Corporación25 y de la Corte
Suprema de Justicia26, de tiempo atrás, ha sostenido que el aporte realizado por el
Estado desapareció y que el ISS se convirtió en un mero administrador de los
dineros que aportan los trabajadores y sus empleadores y que la compatibilidad
debe analizarse desde el punto de vista de la naturaleza del empleador que efectuó
las cotizaciones «pues muchas de ellas son sufragadas con dineros provenientes de
patronos particulares», razón por la cual deberá determinarse la calidad de quien
realizó los aportes para determinar si la prestación es pública o privada 27; sin
embargo, se hace necesario replantear tal argumentación para concluir que tales
prestaciones son incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro
público con independencia de su origen28.

2.4.2. Del sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993

74. Ahora bien, con el fin de desarrollar el derecho a la seguridad social previsto en
el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el legislador por medio de la Ley
100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo
a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte.

25Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

providencia del 24 de marzo de 1983, radicación: CE-SEC3-EXP1983-N959. M.P: José Jesús,
Laverde Ospina. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
providencia del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P.
Álvaro Lecompte Luna. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1° de
julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández
Gómez; y del 22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de
diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
26 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995,

expediente 7109. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27 Entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1.° de julio de

2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y del
22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas. : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de diciembre
de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
28Recientemente esta Subsección se pronunció en igual sentido en la sentencia del 31 de octubre

de 2024, expediente 25000-23-42-000-2018-02824-03 (1845-2023); y en el fallo del 18 de
septiembre de 2025, expediente 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023).

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Este ambicioso sistema, entre otras, pretendió desarrollar los principios
constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad en materia pensional.
Además, procuró resolver el «crecimiento incontrolable del correspondiente gasto
público, y aun mayor aumento de un pasivo escondido», toda vez que el «pago de
pensiones en el sector público se realiza[ba] con cargo a los presupuestos nacional
y territorial, o a los recursos de las entidades, sin contribución de los trabajadores,
ni con rendimiento de inversiones de reservas»29.

75. Sobre el sistema general de seguridad social integral y su incidencia en la
aludida incompatibilidad, esta Sala recuerda que aquel sistema, entre otras, fue
creado para cubrir las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte,
a través del reconocimiento de las pensiones y prestaciones previstas en la ley, así
como propender por la ampliación de cobertura a la población no cubierta con un
sistema de pensiones30.

76. No obstante, con la creación del sistema de seguridad integral no pararon las
reformas al sistema, pues las preocupaciones por el déficit fiscal y la financiación
del pasivo pensional llevaron al legislador a expedir normas para resolver problemas
de racionalización del gasto público, entre las cuales se encuentran la Ley 344 de
1996, el Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 de 2001, la Ley 797 de 2003, el
Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 1151 de 2007, la Ley 1328 de 2009, la Ley 1450
de 2011, la Ley 1753 de 2015, entre otras, de las que se puede inferir que, sobre la
cobertura de las pensiones, la Nación en atención a la variación del IPC y el
aumento del salario mínimo termina contribuyendo a la financiación parcial de las
pensiones de los colombianos, lo cual supone un componente de gasto público.

77. En tal sentido, y con el fin de darle vigencia al carácter solidario del sistema
que impone políticas de racionalización del gasto, el legislador buscó, sin
desproteger los riesgos que ampara, que al cubrir esas contingencias desaparezca
la necesidad de su protección. En tal sentido, la regla del sistema es la
incompatibilidad entre pensiones que aseguren igual riesgo. Al respecto, la Corte
Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente31:

«Para el Tribunal, la pretensión en el reconocimiento de una pensión de vejez, con
tiempos prestados a empleadores privados reñía con el hecho de que el accionante ya
contaba con una pensión de jubilación de Ley 33 de 1985 reconocida por el ISS; que
como ambas tenían idéntica naturaleza y además preservaban el mismo riesgo, no
era viable cargar al sistema con esa condena.

Para esta Sala de la Corte, las conclusiones jurídicas a las que arribó el juzgador de
segundo grado no son equivocadas, pues finalmente lo que hizo fue evidenciar que

29 Exposición de motivos de la Ley 100 de 1993, Gaceta 087 de 1992.
30 Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL536-2018 del 28 de febrero

de 2018, radicado 48880, M.P. Gerardo Botero Zuluaga.

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bajo la Ley 100 de 1993, no era posible la asignación de dos pensiones de vejez,
independientemente del origen de los servicios prestados.

[…]

En ese sentido deben leerse las decisiones que esta Sala de la Corte ha decantado,
esto es que únicamente bajo el evento de que cualquiera de las dos prestaciones
de las que se pide su compatibilidad, hubiesen sido causadas antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, es que puede predicarse su compatibilidad, cuando
provengan de distintos tiempos, como los públicos y privados, pues de lo contrario se
entenderá que es inviable. [Resalta la Sala].

78. En ese orden, el sistema pensional no permite que se acceda a una segunda
prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que resulta
intrascendente su origen como sí su finalidad, esto es, proporcionarle al
extrabajador que cumple con los requisitos, lo necesario para subsistir. En igual
sentido lo ha considerado esta corporación, al señalar que «al entrar en vigor [la Ley
100] esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el canon constitucional
precitado, en el entendido de que no era posible devengar dos prestaciones destinadas a
contener el mismo riesgo de vejez»32.

2.5. Caso concreto

2.5.1. Hechos probados

79. En el expediente se encuentran acreditados lo siguientes:

80. Evelio de Jesús Mora Gutiérrez prestó sus servicios a la Rama Judicial desde
el 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de junio de 2009 y desde el 1 de julio de
2009 hasta el 30 de julio de 2013, el último cargo que ocupó fue como magistrado33.

81. Cajanal EICE mediante Resolución 37314 del 31 de julio de 2006 reconoció una
pensión mensual vitalicia de vejez a Evelio de Jesús Mora Gutiérrez por los tiempos
laborados en la Rama Judicial desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 28 de
febrero de 1978 y del 1 de agosto de 1985 al 28 de febrero de 2005, en cuantía de
$7.697.756, efectiva a partir del 1 de marzo de 2005, condicionada a demostrar el
retiro definitivo del servicio34.

82. Mediante Resolución 13236 del 31 de marzo de 2009 resolvió el recurso de
reposición presentado por el causante contra el anterior acto, en el sentido de

32Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
sentencia del 1.º de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P.
William Hernández Gómez.
33 Samai, índice 2, archivos «14ED_48652023docx», «Cuaderno Medida Cautelar 2018-00335» y

«004. Oposición a la Medida Cautelar 2018-00335», página 29.
34 Samai, índice 2, archivos «14ED_48652023docx», «003. Expediente Administrativo 2018-00335»

y «GEN-REQ-IN-2018_4129742_9-20180814101249».

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confirmarlo en cada una de sus partes35.

83. A través de la Resolución 051019 del 29 de junio de 2012, la Ugpp reliquidó la
pensión de vejez de Evelio de Jesús Mora Gutiérrez, en cuantía de $12.678.680, en
cumplimiento del fallo de tutela del 21 de mayo de 2010 proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial Sala Penal36, a partir del 1 de marzo de 2011, pero con
efectos fiscales una vez demostrara el retiro definitivo del servicio37.

84. Con Resolución RDP 019972 del 18 de diciembre de 2012, la Ugpp reliquidó la
anterior prestación, en cuantía de $14.167.500, de acuerdo con los servicios
prestados a la Rama Judicial desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de junio
de 2009 y del 1 de julio de 2009 al 30 de julio de 2012, efectiva a partir del 1 de
mayo de 2005, pero con efectos fiscales una vez se demostrara el retiro definitivo
del servicio, en cumplimiento al fallo del 1 de junio de 2012 proferido por el Juez
Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta38.

85. Evelio de Jesús Mora Gutiérrez falleció el 1 de junio de 201439.

86. A través de la Resolución RDP 025622 del 21 de agosto de 2014, la Ugpp
reconoció una pensión de sobrevivientes a Gladys Martha Cuesta Ruiz en calidad
de cónyuge o compañera de Evelio de Jesús Mora Gutiérrez en un 50% de la
pensión de vejez de la que era beneficiario y a Víctor Hernando Mora Cuesta, en
calidad de hijo menor de edad en un 16.67%, hasta el 13 de agosto de 2022, día
anterior al cumplimiento de los 25 años de edad, siempre y cuando acreditara
escolaridad, conforme con las normas vigentes40.

86.1. Asimismo, se indicó que, en caso de llegar al límite de la pensión, la cuota
correspondiente acrecerá en forma proporcional a favor de quienes continuaran
disfrutando del derecho. Y se dejó en suspenso el porcentaje que les pudiera
corresponder a Sebastián Evelio Mora Cuesta en un 16.66% y Juan Camilo Mora
Cuesta en 16.67%, en su calidad de hijos41.

87. Mediante la Resolución 78434 del 14 de marzo de 2015, Colpensiones
reconoció una pensión de sobrevivientes a Gladys Martha Cuesta Ruiz en calidad
de cónyuge de Evelio de Jesús Mora Gutiérrez, en un 100%, por cuantía de

35 Samai, índice 2, archivos «14ED_48652023docx», «003. Expediente Administrativo 2018-00335»

y « GEN-REQ-IN-2018_4129742_9-20180823081214».
36 No se indicó el distrito.
37 Samai, índice 2, archivos «14ED_48652023docx», «Cuaderno Medida Cautelar 2018-00335» y

«004. Oposición a la Medida Cautelar 2018-00335», páginas 13 a 18.
38 Ibidem.
39 Samai, índice 2, archivos «14ED_48652023docx», «003. Expediente Administrativo 2018-00335»

y «GEN-RCD-AP-2014_6469287-20140811091518».
40 Samai, índice 2, archivos «14ED_48652023docx», «Cuaderno Medida Cautelar 2018-00335» y

«004. Oposición a la Medida Cautelar 2018-00335», páginas 22 a 27.
41 Ibidem.

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$3.718.690, a partir del 1 de junio de 201442, toda vez que acreditó un total de «4,499
días laborados correspondientes a 642 semanas», para lo cual relacionó los siguientes
tiempos de servicios:

EMPLEADOR DESDE HASTA DIAS
Universidad Libre de
01/09/1988 15/12/1989 471
Colombia
Universidad Libre de
10/02/1992 30/11/1992 295
Colombia
Universidad Libre de
27/05/1993 30/11/1993 188
Colombia
Universidad Libre de
25/03/1994 30/11/1994 251
Colombia
Corporación Universidad
01/10/1999 31/10/1999 30
Libre
Corporación Universidad
01/04/2005 23/04/2006 383
Libre
Corporación Universidad
01/05/2006 31/10/2008 900
Libre
Corporación Universidad
01/12/2008 01/06/2014 1981
Libre
27 Rama Judicial 01/07/2009 31/07/2013 1470
Universidad de Santander 01/08/2009 28/08/2009 28
Universidad de Santander 01/09/2009 24/11/2009 84
Universidad de Santander 01/01/2010 06/01/2010 6
Universidad de Santander 01/02/2010 25/05/2010 115
Universidad de Santander 01/08/2010 29/08/2010 29
Universidad de Santander 01/09/2010 23/11/2010 83
Universidad de Santander 01/02/2011 31/05/2011 120
Universidad de Santander 08/01/2011 23/11/2011 113
Universidad de Santander 01/02/2012 29/05/2012 119

TOTAL 6666

88. Colpensiones mediante auto de pruebas APSUB 2214 del 29 de junio de 2018,
solicitó el consentimiento de la demandada para revocar la Resolución 78434 del
14 de marzo de 2015, con ocasión del fallecimiento de Evelio de Jesús Mora
Gutiérrez43, por cuanto consideró que era incompatible la pensión de sobrevivientes
con la sustitución pensional que le había reconocido la Ugpp.

89. Colpensiones emitió el 2 de junio de 2021 un reporte de semanas cotizadas por

42 Samai, índice 2, archivos «14ED_48652023docx», «003. Expediente Administrativo 2018-00335»

y «GEN-REQ-IN-2018_4129742_9-20180823081215».
43 Samai, índice 2, archivos «14ED_48652023docx», «003. Expediente Administrativo 2018-00335»

y «GCE-AUT-AP-2018_4129742_9-20180629060451».

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Evelio de Jesús Mora Gutiérrez ante Colpensiones desde 1 de septiembre de 1988
hasta el 30 de junio de 201444.

2.6. Análisis del caso concreto

90. En primer lugar, se debe indicar que la competencia de la Sala se delimita a
establecer si hay lugar a declarar la nulidad del acto demandado por cuanto las
prestaciones reconocidas por Cajanal y Colpensiones son incompatibles y, de ser
así, si es procedente ordenar la devolución de los dineros pagados de más, de
conformidad con el recurso de apelación presentado.

91. Así las cosas, se tiene que el tribunal de primera instancia declaró probada la
«excepción de legalidad de la Resolución GNR 78434 del 2015» y «la inexistencia del
restablecimiento del derecho», como consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda, por cuanto determinó que Colpensiones no había tenido en cuenta los
tiempos laborados por el causante en la Rama Judicial para efectuar el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, aun cuando en el acto acusado se
relacionaron estos, pues se evidenció que solo se tomó en consideración los 4.499
días laborados como docente para la Universidad Libre.

92. Asimismo, se determinó que la pensión de vejez reconocida al causante por
Cajanal y la pensión de sobrevivientes reconocida por Colpensiones, no generaban
la incompatibilidad establecida en los artículos 128 Constitucional y 19 de la Ley 4
de 1992, toda vez que la primera se había reconocido con tiempos del sector público
y la segunda con tiempos del sector privado. Además, se acreditó que el causante
cumplió con la exigencia de las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años
anteriores al deceso, conforme con el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

93. Por su parte la entidad demandada solicitó que se revocara la decisión del a
quo, por cuanto el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes efectuada por
Colpensiones mediante la Resolución GNR 78434 del 14 de marzo de 2015 a favor
de Gladys Martha Cuesta Ruiz era contraria a derecho, toda vez que se tomaron
tiempos que ya se habían tenido en cuenta para el reconocimiento de una pensión
de vejez y posterior a ello el reconocimiento de una sustitución pensional reconocida
por Cajanal a la demandada, lo que implicaba una doble asignación del erario, por
lo que las dos prestaciones resultaban incompatibles.

94. Asimismo, señaló que el causante no había cumplido con las 50 semanas de
cotización de los 3 años inmediatamente anteriores al fallecimiento, esto es, desde
el 1 de junio de 2011 hasta el 1 de junio de 2014.

95. De acuerdo con lo anterior, encuentra la Sala que le asiste razón al a quo

44 Samai, índice 2, archivo «041. Respuesta Colpensiones 2018-00335 »

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cuando advirtió que, si bien en el acto acusado Colpensiones relacionó los tiempos
prestados por el causante en la Rama Judicial y en la Universidad de Santander,
como se evidencia en el párrafo 74 del acápite de hechos probados, lo cierto es que
la entidad solo tuvo en cuenta para efectos del reconocimiento pensional efectuado
al causante los tiempos laborados para la Universidad Libre.

96. En efecto, en la Resolución GNR 78434 del 14 de marzo de 2015 se concluyó
que se le reconocería la pensión de sobrevivientes a la demandada comoquiera que
se acreditó un total de «4,499 días laborados correspondientes a 642 semanas» y que
esa pensión estaría a cargo de Colpensiones por los «4,499 días y por el valor de la
cuota de $3,587,391.00», 4,499 días que corresponde a los laborados por el fallecido
como docente para la Universidad Libre, pues si se suman los tiempos laborados
para la Rama Judicial y las universidades Libre de Colombia y de Santander arroja
un total de 6666 días.

97. Frente al argumento relacionado con que el causante no cotizó 50 semanas
dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento exigidas por la Ley 797 del 200345,
la Sala encuentra acreditado que el causante falleció el 1 de junio de 2014 y de
acuerdo con el reporte de semanas cotizadas a pensiones emitido por la entidad
demandada el 2 de junio de 2021, se observa que la Universidad Libre cotizó más
de 100 semanas a favor del causante desde el 1 de junio de 2011 hasta el 30 de
junio de 2014, razón por la cual no tiene vocación de prosperidad el mencionado
argumento.

98. No obstante, se evidenció que la Ugpp a través de la Resolución RDP 025622
de 21 de agosto de 2014 reconoció una «pensión de sobrevivientes» a la
demandada, sobre el 50% de la pensión de vejez reconocida al causante y que, a
su vez, Colpensiones mediante la Resolución GNR 78434 del 14 de marzo de 2015
le reconoció una pensión de sobrevivientes, que si bien en cada prestación se
tuvieron en cuenta tiempos laborados ante empleadores diferentes, lo cierto es que
ambas cubrían la misma contingencia.

45 «ARTÍCULO 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que
fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere
cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al
fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:
PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el
régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66
de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.
El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con
los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido
en una pensión de vejez. »

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99. Al respecto, el legislador estableció la denominada pensión de sobrevivientes y
sustitución pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina
del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar
que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de
subsistencia de las personas beneficiarias de tal prestación. Es decir, que su
reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un
desarrollo del principio de solidaridad46.

100. Ahora, esta Sala no pasa por alto que si bien el a quo fundamentó su decisión
en la jurisprudencia de esta Corporación47, en la cual se ha sostenido que el aporte
realizado por el Estado desapareció y que el ISS se convirtió en un mero
administrador de los dineros que aportan los trabajadores y sus empleadores y que
la compatibilidad debe analizarse desde el punto de vista de la naturaleza del
empleador que efectuó las cotizaciones, se advierte que esta postura fue
replanteada como se expuso en el marco normativo, porque estas prestaciones
también se encuentran financiadas con recursos provenientes del erario, tales como
impuestos y transferencias presupuestales, lo que, por su fuente, las haría
incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro público, con
independencia de su origen.

101. Por lo tanto, se observa que la demandada actualmente se encuentra
disfrutando de 2 prestaciones que cubren idéntica contingencia, una reconocida por
Cajanal, hoy Ugpp, y otra por Colpensiones, pues ambas tienen como fin
proporcionarle lo necesario para subsistir debido a la ausencia de quien brindaba el
apoyo económico a la familia. Así las cosas, como se explicó en el marco normativo
y jurisprudencial de esta providencia, se encuentra que estas son incompatibles,
puesto que el sistema pensional no permite que se acceda a una segunda
prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que resulta
intrascendente su origen.

102. Ahora bien, el control de legalidad del acto demandado debe estudiarse bajo lo
dispuesto en el artículo 49.c del Decreto 758 de 1990, según el cual las pensiones
e indemnizaciones sustitutivas que cubre el ISS [hoy Colpensiones] son
incompatibles, entre otras, con las demás pensiones y asignaciones del sector

46 Sentencia del 4 de marzo de 2021. Expediente 23001-23-33-000-2014-00074-02 (6180-18)
Sección Segunda. Consejo de Estado.
47Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

providencia del 24 de marzo de 1983, radicación: CE-SEC3-EXP1983-N959. M.P: José Jesús,
Laverde Ospina. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
providencia del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P.
Álvaro Lecompte Luna. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1° de
julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández
Gómez; y del 22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de
diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.

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público, «sin embargo, el beneficiario podrá optar por la más favorable cuando haya
concurrencia entre ellas» [se resalta].

103. En consonancia con lo anterior se advierte que a Gladys Martha Cuesta Ruiz le
fueron reconocidas dos pensiones una como sustitución pensional48 y otra de
sobrevivientes así: i) con Resolución RDP 025622 del 21 de agosto de 2014 la
Ugpp reconoció una «pensión de sobrevivientes»49, sobre el 50% de la pensión de
vejez reconocida al causante en cuantía de $14.167.500 a partir del 2 de junio de
2014; y ii) mediante la Resolución 78434 del 14 de marzo de 2015, Colpensiones le
reconoció una pensión de sobrevivientes en un 100%, por cuantía de $3.718.690, a
partir del 1 de junio de 2014.

104. Pese a lo expuesto, esta Subsección advierte que no cuenta con la competencia
para emitir pronunciamiento frente a la prestación reconocida por Cajanal, hoy
Ugpp, por cuanto ese acto no es objeto de litigio en el presente asunto, sin embargo,
con el fin de lograr una tutela judicial efectiva y propender por la estabilidad
financiera del sistema de pensiones, se declarará la incompatibilidad de las
prestaciones de las que es beneficiaria la demandada y se ordenará a Colpensiones
que, con base en el principio de coordinación armónica que rige a la administración,
proceda a adelantar las gestiones tendientes a lograr que las cotizaciones que
efectuó Evelio de Jesús Mora Gutiérrez durante el periodo que prestó sus servicios
como docente en las universidades Libre de Colombia y de Santander, financien la
prestación reconocida por la Ugpp y a la que tiene derecho por favorabilidad la
demandada.

105. En razón de lo expuesto, se concluye que las pensiones reconocidas por
Cajanal, hoy Ugpp, y por Colpensiones a la demandada son incompatibles, puesto
que las dos tienen por objeto cubrir igual contingencia y la fuente de financiación de
las prestaciones tienen carácter tripartito, es decir con aportes realizados por el
empleado, su empleador y con recursos de naturaleza pública, lo cual, de
conformidad con el artículo 128 Constitucional, las hace incompatibles, razón por la
cual se revocará la sentencia de primera instancia.

106. Ahora, frente a la solicitud de los dineros pagados por Colpensiones a la
demandada por concepto del reconocimiento pensional la Sala resalta que, el
principio de rango constitucional de la buena fe presupone obligaciones recíprocas
relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin embargo, se ha
considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites
demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional, tales como

48 Si bien la Ugpp se refirió al reconocimiento de una «pensión de sobrevivientes» en la Resolución

RDP 025622, lo cierto es que se trataba de una sustitución pensional, toda vez que, ya se le había
reconocido por parte de esa entidad una pensión de vejez al causante que estuvo condicionada al
retiro definitivo del servicio.
49 Ibidem.

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la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros50.

107. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del
artículo 164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en
contra de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas, previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y resaltó que
«no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe»,
postulado que tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones
periódicas como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.

108. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»51, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
de que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.

109. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario
de una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho,
es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la
expedición del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto
en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de
acceder al derecho.

110. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de
buena fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 18 de
marzo de 202152, sostuvo:

«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos
probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la
administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no
puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

50 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
51 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre

de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
52 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia

de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).

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111. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.

112. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación53.

113. Por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o apócrifo dentro
de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el reconocimiento de un
derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los
actos del peticionario, haciendo viable así, la recuperación de los dineros pagados
de manera indebida.

114. De acuerdo con lo anterior y con el numeral 1 del artículo 164 del CPACA, en
todos los actos de los particulares y de las autoridades se presume la buena fe,
razón por la cual ha debido probarse que la obtención del derecho prestacional se
hizo con desconocimiento de los postulados del mencionado principio.

115. Así las cosas, se concluye que el hecho de haber reclamado a Colpensiones su
derecho prestacional y este haberlo reconocido no implica un actuar contrario a la
ley dirigido a defraudar a la administración, pues se reitera, en el presente asunto
no se probó el actuar doloso o de mala fe por parte de la demandada para obtener
el pago de la pensión de sobrevivientes. Razón por la cual se se negará el
restablecimiento del derecho invocado por Colpensiones, por las razones expuestas
en esta providencia.

2.7. Conclusión

116. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que las pensiones
reconocidas por Cajanal y por Colpensiones a la demandada son incompatibles,

53 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».

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puesto que las 2 tienen por objeto cubrir igual contingencia y la fuente de
financiación de las prestaciones tienen carácter tripartito, es decir con aportes
realizados por el empleado, su empleador y con recursos de naturaleza pública, lo
cual de conformidad con el artículo 128 Constitucional las hace incompatibles, razón
por la cual se revocará la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, y en su lugar, se declarará la incompatibilidad
de la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes de las que es beneficiaria
la demandada.

117. Asimismo, se ordenará a Colpensiones que, poner en conocimiento con base
en el principio de coordinación armónica que rige a la administración, proceda a
adelantar las gestiones tendientes a lograr que las cotizaciones que efectuó el
causante durante el periodo que prestó sus servicios a las universidades Libre y de
Santander financien la prestación reconocida por la Ugpp, a la que tiene derecho
por favorabilidad la demandada.

2.8. Costas

118. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

119. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

120. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma54.

121. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si

54En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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se causaron dichas costas.

122. En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandada actuara
con temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en esta instancia.

2.9. Representación legal

123. En el expediente digital obra poder general55 otorgado por Colpensiones a
Angélica Margoth Cohen Mendoza identificada con cédula de ciudadanía
32.709.957 y tarjeta profesional 102,275 del C.S. de la J., representante legal de la
firma Paniagua y Cohen Abogados SAS, quien, a su vez, sustituyó poder a la
abogada Ángela Carolina González Álvarez identificada con cédula de ciudadanía
1.085.279.009 y tarjeta profesional 264.594. Comoquiera que se aportaron los
documentos que soportan el mandato previsto en los artículos 75 del CGP y 160 del
CPACA, se les reconocerá personería para actuar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en su lugar:

Segundo. Declarar la incompatibilidad entre las pensiones que fueron reconocidas
a Gladys Martha Cuesta Ruiz a través de la Resolución RDP 025622 del 21 de
agosto de 2014 expedida por la Ugpp y la Resolución 78434 del 14 de marzo de
2015, proferida por Colpensiones. En consecuencia:

Tercero. Declarar la nulidad de la Resolución GNR 78434 del 14 de marzo de 2015,
emitida por Colpensiones, mediante la cual reconoció una pensión de
sobrevivientes a Gladys Martha Cuesta Ruiz, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Cuarto. Declarar que, por favorabilidad, Gladys Martha Cuesta Ruiz tiene derecho
a la pensión de jubilación reconocida por la Ugpp a través de la Resolución RDP
025622 del 21 de agosto de 2014.

55 Samai, índice 22.

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Quinto. Ordenar a Colpensiones que, de acuerdo con su competencia, adelante
ante la Ugpp las actuaciones pertinentes con el fin de que las cotizaciones que
efectuó Evelio de Jesús Mora Gutiérrez durante toda su vida laboral financien la
pensión reconocida por esta entidad, a la cual tiene derecho por favorabilidad.

Sexto. Poner en conocimiento de la Ugpp la presente decisión.

Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda interpuesta por la
Administradora Colombiana de Pensiones contra Gladys Martha Cuesta Ruiz.

Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Noveno. Sin condena en costas en esta instancia.

Décimo. Reconocer personería para actuar en representación de Colpensiones a
Angélica Margoth Cohen Mendoza identificada con cédula de ciudadanía 32709957
y tarjeta profesional 102275 del C.S. de la J., como apodera principal y a Ángela
Carolina González Álvarez identificada con cédula de ciudadanía 1.085.279.009 y
tarjeta profesional 264.594 del C.S. de la J., como apoderada sustituta, en los
términos del poder que obra a índice 22 de Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV

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