Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01648-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01648-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01648-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01648-02 (1701-2026)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: José Encarnacion Corredor Núñez
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Incompatibilidad pensional
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los extremos de la litis, contra
la sentencia del diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de conceder parcialmente las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
1. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones por intermedio de
apoderada judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar:
«1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 010017 del 26 de Abril de 2004
proferida por el Instituto de Seguro Social hoy COLPENSIONES, la cual reconoció
una pensión de vejez a favor del señor JOSE ENCARNACIÓN CORREDOR
NUÑEZ, efectiva a partir del 01 de Octubre de 2003, en cuantía a 2004 de
$2,093,084,00,con un retroactivo por valor de $22.433.092.00 prestación liquidada
con base en 1.156 semanas de cotización, con un Ingreso Base de Liquidación de
$3.233.336,00 al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 84% prestación que
ingresó en nómina en el período 200405 que se pagó en el período 200406,
reconocida bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990. Debido a que por medio
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Expediente digital
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Expediente digital, sistema Samai – gestión otros despachos, archivo 027.
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Demandado: José Encarnacion Corredor Núñez
de la Resolución No.480 de 15 de Abril de 1996 proferida por el FONDO DE
PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA FONPRECON se
reconoció una pensión de vejez al señor JOSE ENCARNACIÓN CORREDOR
NUÑEZ razón por la cual el reconocimiento de la prestación realizado por el ISS
hoy COLPENSIONES es incompatible, ya que los periodos cotizados fueron
usados para el financiamiento de la prestación reconocida por FONPRECON.
Con base en lo anterior a título de restablecimiento de derecho
2) Se declare que el señor JOSE ENCARNACIÓN CORREDOR NUÑEZ no tiene
derecho a la pensión de vejez reconocida mediante la Resolución No. 010017 del
26 de Abril de 2004 proferida por el ISS hoy COLPENSIONES.
3) Se ordene al señor JOSE ENCARNACIÓN CORREDOR NUÑEZ a favor de la
Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, la devolución de lo
pagado por concepto de pensión de vejez a partir de la fecha de inclusión en
nómina de pensionados de la Resolución No. 010017 del 26 de abril de 2004 hasta
que se ordene su suspensión provisional o se declare su nulidad y los valores
producto del reconocimiento ordenado anteriormente.
4) Las sumas reconocidas a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones,
deberán ser indexadas con la finalidad de no causar un detrimento patrimonial a
la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, teniendo en cuenta
la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.» (sic)
2. Los hechos en que, se fundan las pretensiones son los siguientes:
3. El señor José Encarnación Corredor Núñez, nació el cuatro (4) de septiembre de
mil novecientos cuarenta y tres (1943), y por medio de la Resolución No. 480 del quince
(15) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996), el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República, FONPRECON, le reconoció una pensión de vejez.
4. El doce (12) de septiembre de dos mil tres (2003), solicitó al extinto Instituto de
Seguros Sociales, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, dicha entidad por
medio de la Resolución No. 010017 del veintiséis (26) de abril de dos mil cuatro (2004),
accedió a su reconocimiento, efectiva a partir del primero (1) de octubre de dos mil tres
(2003), en cuantía al 2004, de $2,093,084,00, con un retroactivo por valor de
$22.433.092.00; liquidada con base en 1.156 semanas de cotización, con un Ingreso
Base de Liquidación de $3.233.336,00, al que se le aplicó una tasa de remplazo del 84%;
prestación que ingresó en nómina en el período 2004-05 y se pagó en el ciclo 2004-06,
reconocida bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990.
5. Por medio del oficio con radicado Bizagi 2018_113957, enviado en el mes de
diciembre de 2017 con guía No. GA87020392514 y entregado el once (11) de enero de
dos mil dieciocho (2018), solicitó al señor José Encarnación Corredor Núñez, autorización
expresa para revocar la Resolución No. 010017 del veintiséis (26) de abril de dos mil
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Número Interno: 1701-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: José Encarnacion Corredor Núñez
cuatro (2004), toda vez que, dicho reconocimiento es incompatible con la prestación
reconocida por FONPRECON.
6. Mediante la Resolución No. SUB 82518 de veintisiete (27) de marzo de dos mil
dieciocho (2018), se estudió la solicitud de revocatoria, en donde se ordenó remitir a la
dirección de procesos.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
7. La parte demandante argumentó que, los actos acusados vulneran:
8. El artículo 128 de la Constitución Política, así como, el artículo 19 de la Ley 4 de
1992 y el Decreto 758 de 1990.
9. En el concepto de violación, sostiene que, con la expedición del acto acusado
incurrió en violación directa de la ley o el quebrantamiento de las normas en que debió
fundarse, toda vez que, el demandado durante su vinculación a la Unión de Trabajadores
de Cundinamarca, UTRACUN, cotizó a FONPRECON durante el tiempo comprendido
entre el dieciséis (16) de mayo de mil novecientos sesenta y siete (1967) y el veintiuno
(21) de julio de mil novecientos ochenta y siete (1987), para un total de 7.265 días.
10. A su turno, el extinto Instituto de Seguro Social, para el reconocimiento de la
prestación, tuvo en cuenta la misma información laboral y cotizaciones a pensión antes
mencionada, es decir, los periodos con los que se reconoció la pensión de vejez a favor
del señor José Encarnación Corredor Núñez, por parte de FONPRECON en la Resolución
No.480 de quince (15) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996), prestaciones
que resultan incompatibles, debido a que se tratan de dos entidades de naturaleza
pública.
11. Dicho proceder afecta al erario, en razón a que, el asegurado se encuentra
percibiendo dos asignaciones provenientes del mismo. Además, se tratan de tiempos
públicos, lo cual resultaría incompatible.
1.3. Contestación de la demanda3
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Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento 38.
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Demandado: José Encarnacion Corredor Núñez
12. El señor José Encarnacion Corredor Núñez, por medio de Curador Ad Litem
presentó contestación de la demanda, en la que, señala no le constan algunos hechos y
frente a otros se atiene a lo que se encuentra acreditado en el expediente.
13. En relación con la pretensión de revocatoria de la Resolución 010017 del veintiséis
(26) de abril del dos mil cuatro (2004), se atiene a lo que se disponga conforme a derecho
y a las pruebas válidamente presentadas en el proceso.
14. Considera que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, para
revocar un acto administrativo, la administración debe demostrar no solo la ilegalidad del
acto impugnado, sino también, la falta de buena fe del beneficiario del error para que la
demanda prospere.
15. Así, Colpensiones debía demostrar (i) la ilegalidad del acto administrativo, (ii) la
ausencia de buena fe; sin embargo, ello no acaeció, toda vez que, no cumplió con la
carga probatoria. Por lo tanto, no es suficiente hacer referencia a la ilegalidad de un acto,
pues, existe una legítima confianza en la actuación pública dada por la presunción de
legalidad que gozan los actos administrativos.
16. Colige que, cuando hay buena fe por parte de los particulares no hay lugar a
devolución de prestaciones periódicas.
1.4. La sentencia de primera instancia4.
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por
medio de la sentencia del diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026), accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas de la siguiente
manera:
«PRIMERO. – DECLARAR probada la excepción de buena fe, propuesta por la parte
demandada, de conformidad con el análisis desarrollado en esta providencia.
SEGUNDO. – DECLARAR la incompatibilidad entre la pensión de jubilación
reconocida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República al señor
José Encarnación Corredor Núñez a través de la Resolución No. 480 del 15 de abril
de 1996, y la pensión de vejez otorgada por el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales a dicho ciudadano mediante la Resolución No. 010017 de 2004; con
fundamento en lo expuesto en la parte motiva.
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Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento 72.
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TERCERO. – DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 010017 del 26 de abril de
2004 proferida por el ISS, hoy Colpensiones.
CUARTO. – NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO. – Sin condena en costas en esta instancia
SEXTO. – Ejecutoriada la presente decisión, archívese el expediente.»
18. A la anterior decisión arribó el Tribunal, luego de considerar conforme a las
pruebas obrantes en el expediente, que le asiste razón a Colpensiones, pues, el
demandado no puede devengar dos prestaciones pensionales provenientes del tesoro,
en razón a que, son incompatibles en virtud de lo dispuesto en el artículo 128 de la
Constitución Política, el que establece una prohibición de percibir más de una asignación
que provenga del erario, y esta regla comprende erogaciones como el pago de las
pensiones de jubilación reconocidas por entidades públicas, en cuanto constituyen
asignaciones periódicas financiadas con recursos del Estado.
19. En efecto, el extinto Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, reconoció la
pensión de vejez al demandado, a través de la Resolución No. 010017 de 2004, con
fundamento en que cumplía con las condiciones del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, al tener en cuenta 1.053,14 semanas cotizadas hasta el año 1987,
sobre las cuales, también FONPRECON reconoció la prestación.
20. Resalta que, aun cuando el demandado realizó aportes de forma independiente
en los ciclos 10/2001 y 09/2003, lo cierto es, que ambas prestaciones fueron reconocidas
con fundamento en el grueso de las cotizaciones que ya había efectuado, motivo por el
cual, se configuró la prohibición antes referida.
21. Concluyó que, resulta viable la declaratoria de nulidad del acto acusado, en
especial si la prestación reconocida en la misma (por valor de $2.716.002 para octubre
de 2003), contiene un valor inferior al reconocido por parte de FONPRECON (por valor
de $3.231.726 para enero de 1995), cuestión que resulta relevante al momento de
determinar cuál prestación resulta cuantitativamente más beneficiosa.
22. De cara a la pretensión de reintegro de lo pagado por las mesadas pensionales
con ocasión de la declaratoria de nulidad del acto acusa, consideró que, no era
procedente, pues, conforme con las pruebas obrantes en el expediente, no evidenció
acciones del señor José Encarnación Corredor Núñez, que permitieran desvirtuar la
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Número Interno: 1701-2026
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Demandado: José Encarnacion Corredor Núñez
presunción de buena fe, porque no existe prueba orientada a demostrar fraude,
maniobras o actos ilegales tendientes a lograr el beneficio pensional.
1.5. De los recursos de apelación.
23. La parte demandante5 señala que, su inconformidad se circunscribe
exclusivamente a la decisión mediante la cual, se negaron las pretensiones restitutorias
derivadas de la nulidad del acto administrativo y se exoneró al demandado de reintegrar
los recursos públicos percibidos indebidamente.
24. Aduce que, el argumento de no estar acreditada la mala fe por parte del
demandado, para negar la restitución de las mesadas pagadas, desconoce que la
obligación de restituir recursos públicos indebidamente percibidos no depende
exclusivamente de la demostración de conductas fraudulentas o dolosas.
25. En el presente caso quedó plenamente acreditado que el demandado percibió
simultáneamente dos prestaciones incompatibles financiadas con recursos públicos y
sustentadas, en lo esencial, sobre los mismos tiempos de servicio y cotización.
26. La protección del patrimonio público y el principio de sostenibilidad financiera del
sistema pensional exigen la devolución de las sumas indebidamente percibidas, toda vez
que, la permanencia de dichos recursos en el patrimonio del demandado genera un
enriquecimiento sin causa a expensas del sistema pensional y perpetúa el detrimento
patrimonial que precisamente motivó la presente acción de lesividad.
27. Como consecuencia de la devolución de los recursos públicos indebidamente
percibidos, resulta procedente la actualización monetaria de dichas sumas. La indexación
no constituye una sanción para el demandado, sino un mecanismo destinado a preservar
el valor real del dinero y evitar que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda continúe
afectando a la entidad pública.
28. Por otra parte, e inconforme parcialmente con la decisión de primera instancia, el
demandado6, también interpuso recurso de apelación, en el cual, sustenta que, el sub
examine debe declarase la ineptitud de la demanda, pues, de lo contario se vulnera el
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Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento 81
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Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento 86
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debido proceso, en razón a que, Colpensiones debió demandar los actos administrativos
contenido en las Resoluciones 480 de 1996 y 010017 de 2004. Además, tampoco se
ordenó la vinculación de FONPRECON, parte esencial del conflicto, luego entonces, lo
procedente habría sido un fallo inhibitorio.
29. Aduce que, la protección especial a personas de la tercera edad, en razón a que, el
demandado tiene 82 años, superando la expectativa de vida en Colombia, ante lo cual,
la Corte Constitucional exige trato reforzado en pensiones y salud para adultos mayores,
pues, la pensión está ligada al mínimo vital y vida digna, por lo que, su supresión afecta
gravemente su bienestar y núcleo familiar, debió a que durante 22 años ha recibido la
mesada, generando estabilidad y calidad de vida que no puede reemplazar.
30. Señala que, en virtud del principio de proporcionalidad y tiempo transcurrido desde el
reconocimiento pensional, el error estatal no debe trasladarse al pensionado, por lo tanto,
la decisión judicial afecta más al demandado que a la entidad, al desconocer su condición
de vulnerabilidad.
1.6. Trámite de segunda instancia
31. Por auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)7, el despacho
sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos por los extremos de la
litis, de acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
32. De acuerdo con el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar.
1.7. Concepto del Ministerio Público.
33. El representante del Ministerio Público delegado ante el H. Consejo de Estado, se
abstuvo de rendir concepto de fondo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
34. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
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Expediente digital – Sistema Samai, índice 004
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el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia,
cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, este se resolverá sin limitaciones.
2.2. Problemas jurídicos
35. Corresponde a la Sala, resolver los siguientes:
i) ¿Colpensiones además de demandar la Resolución No. 010017 de 2004, en la
que, el extinto Instituto de los Seguros Sociales, reconoció pensión de vejez al señor
José Encarnación Corredor Núñez, también, debió hacerlo en contra de la
Resolución No. 480 de 1996, a través de la cual, el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República le concedió la pensión de jubilación, a efectos de
determinar la incompatibilidad alegada entre estas prestaciones?
ii) ¿Es necesaria la vinculación a la litis del Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República, por ser la entidad que expidió la Resolución No. 480 del 15 de abril
de 1996, o su ausencia, impide que se emitida decisión de fondo?
iii) ¿La condición de adulto mayor del señor José Encarnación Corredor Núñez, es
habilitante para mantener simultáneamente el reconocimiento de las pensiones de
vejez y jubilación?
iv) De resultar negativa la respuesta al anterior interrogante, se determinará
¿Resulta procedente ordenar al señor José Encarnacion Corredor Núñez, la
devolución de las sumas percibidas por concepto de la pensión de vejez, en
atención a los principios de sostenibilidad financiera del Sistema General de
Pensiones, defensa del patrimonio público y prohibición del enriquecimiento sin
causa, o si, por el contrario, no se desvirtuó la buena fe y por ello no hay lugar a
ordenar la restitución de las mesadas pensionales indebidamente pagadas?
36. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos probados; 2.5. Caso
concreto y 2.6. Condena en costas.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la prohibición de percibir doble asignación del tesoro
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37. En este asunto, la Sala parte de recordar que, la incompatibilidad para percibir más
de una asignación proveniente del tesoro público, encuentra su fundamento directo en el
artículo 128 de la Constitución Política, disposición que consagra una regla general
orientada a preservar la moralidad administrativa, la equidad en el acceso a los recursos
públicos y la sostenibilidad del gasto estatal. Tal prohibición, como lo ha precisado la
Sección Segunda de esta Corporación8, comprende las pensiones de jubilación
reconocidas por entidades públicas, en tanto y en cuanto, constituyen asignaciones
periódicas financiadas con recursos del erario.
38. Sobre el alcance de dicha regla, la Corte Constitucional ha señalado que “la
prohibición de recibir más de una asignación del tesoro público responde a la necesidad
de evitar privilegios injustificados y de garantizar una distribución equitativa de los
recursos estatales”9, precisando que su aplicación no desconoce el derecho a la
seguridad social, sino que, por el contrario, lo armoniza con el interés general.
39. En el ámbito legal, el régimen de incompatibilidades en materia prestacional se
desarrolla, entre otras disposiciones, en el artículo 31 del Decreto 3135 10 de 1968 y el
artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, normas que establecen que las prestaciones
sociales incompatibles no pueden disfrutarse simultáneamente y que, en caso de
concurrencia, el interesado debe optar por la más favorable; sin embargo, esta Sección
ha advertido, de manera reiterada, que estas disposiciones no pueden interpretarse de
forma aislada ni literal, pues, su aplicación debe realizarse dentro del marco constitucional
y bajo el control del juez administrativo.
40. Así, la jurisprudencia de esta Sala ha construido una línea, según la cual, la función
del juez contencioso administrativo no se agota en constatar la existencia de una
incompatibilidad, sino que se extiende a la definición de sus efectos jurídicos concretos.
41. Así, se ha señalado que “la declaratoria de incompatibilidad entre prestaciones
periódicas a cargo del erario impone al juez el deber de precisar sus efectos, en particular,
determinar cuál prestación subsiste, desde cuándo y bajo qué condiciones”11. En esa
8
Ver sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, rad. 05001-23-31-000-2003-02191-01,
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 25 de agosto de 2016, rad. 11001-03-25-000-2012-00369-00
9
Corte Constitucional, sentencia C-103 de 2015.
10
«ARTÍCULO 31. Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá
optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas.»
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 10 de junio de 2021, rad. 73001-23-33-000-2019-00022-01
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misma dirección, esta Sala de Subsección ha enfatizado que, no resulta conforme al
ordenamiento jurídico proferir decisiones incompletas o condicionadas, que trasladen al
beneficiario la definición de aspectos esenciales del fallo.
42. Al respecto, se ha precisado que “la incompatibilidad no puede quedar reducida a una
declaración abstracta ni sus efectos diferirse a una actuación posterior del interesado,
pues corresponde al juez, como garante del orden jurídico, resolver de manera integral
la situación jurídica debatida”12. Entonces, cuando el operador judicial advierte que dos
pensiones de jubilación reconocidas por entidades públicas distintas resultan
incompatibles, su labor no consiste únicamente en anular el acto administrativo que dio
lugar a la doble asignación, sino en definir de manera expresa y directa, cuál de las
prestaciones debe mantenerse y cuál debe cesar.
43. Esta exigencia se encuentra estrechamente vinculada con los principios de seguridad
jurídica y equidad, en la medida en que evita decisiones fragmentarias, incertidumbre
sobre la situación prestacional del beneficiario y eventuales tratamientos desiguales,
frente a casos similares. Al respecto, la Sala ha explicado que, dejar la decisión en manos
del beneficiario, mediante el ejercicio del denominado derecho de opción, puede resultar
problemático, cuando no existe una delimitación judicial previa, pues, ello “desdibuja la
función jurisdiccional y puede conducir a soluciones contrarias al interés general y al
equilibrio del sistema pensional”13. Por esta razón, el derecho de opción ha sido
entendido, no como una facultad absoluta del pensionado, sino como un elemento que
debe operar dentro de los parámetros fijados por el juez, y no en sustitución de su función
decisoria.
44. Ahora bien, para definir cuál prestación debe subsistir, la jurisprudencia de esta
Corporación ha admitido la utilización de criterios objetivos y verificables, entre los cuales
se destacan la prioridad temporal en el reconocimiento y la mayor favorabilidad
económica, siempre que su aplicación sea razonada y compatible con el marco
constitucional. En este sentido, la Sala ha indicado que “la determinación de la prestación
subsistente debe responder a criterios que permitan armonizar la protección del derecho
pensional con los principios de equidad y sostenibilidad financiera del sistema”14.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia 00994 de 2018
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 17 de noviembre de 2022, rad. 25000-23-42-000-2015-04018-01
14
Ibidem.
11
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2.3.2. Devolución de sumas pagadas en materia pensional15
45. En principio, debe señalarse que, según el artículo 8316 de la Constitución Política, la
buena fe se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las
autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-131 de
200417, definió el principio general de la buena fe, así:
“En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los principios generales
del derecho18, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, el cual gobierna las relaciones entre
la Administración Pública y los ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico,
informa la labor del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del sistema de
fuentes colombiano.
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben
someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante
éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera,
cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del
principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la
misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el
hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos
usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De
igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración
pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico».
46. En tal virtud, para que resulte procedente el reintegro de los valores recibidos por
aquellas personas a las que se les haya reconocido una prestación sin tener derecho a
ella, o por un monto mayor al debido, en el proceso deberá quedar probada la mala fe
con que pudieron actuar para obtener el pago de tal beneficio, en atención a que la buena
fe es una presunción que debe ser desvirtuada.
47. En ese sentido se pronunció esta Sala de Subsección en providencia del Veintitrés
(23) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017)19, al estimar que “[…] la devolución de las
sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan mediado
conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener
tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a
ordenar reintegro alguno”, dado que “el concepto de buena fe hace referencia al
comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciocho
(18) de julio de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 05001-23-33-000-2019-00643-01 (7801-2023).
16
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
17
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
18
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ, 1954 y Ch.
Letourneur, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ, 1980.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Expediente: 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-
2015), actora: UGPP, demandado: Antonio Claret Pérez Cárdenas, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12
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mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de
los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se
presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado,
siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se
fundamenta”. Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección, entre otros, en el
proveído del Dieciséis (16) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)20.
48. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, y en la norma
aplicable al caso concreto, se procede a decidir el presente asunto.
2.4. Hechos probados.
49. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala encuentra
acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:
a) Por medio del registro civil de nacimiento No.14557412, se tiene que, el señor José
Encarnacion Corredor Núñez, nació el cuatro (4) de septiembre de mil novecientos
cuarenta y tres (1943)21.
b) El veintiocho (28) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), el señor
José Encarnacion Corredor Núñez solicitó bajo el radicado 350, al Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República, el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación22.
c) El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por medio de la
Resolución No. 00010 de veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y
cinco (1995), negó el reconocimiento pensional deprecado por el accionado bajo
la radicación No. 35023. Al considerar concretamente «Que actualmente, el Doctor
Corredor Núñez, tiene un total de tiempo de servicio al Estado, acumulando los
tiempos laborados al Departamento Administrativo de la Función y de la Gestión
Pública, Asamblea de Cundinamarca, Congreso de la República y Caja de
Previsión Distrital de Bogotá de 21 años 7 meses 14 días. En consecuencia, no le
corresponde asumir la pensión de jubilación a esta Entidad, ya que no fue está la
20
Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia de 7 de
septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino Cortés.
21
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento No. 061, página 10
22
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento No. 061, página 1
23
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento No. 061, página 13-16
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última Entidad donde laboró el peticionario y por lo tanto no reúne los requisitos
requeridos para acceder a la Pensión Mensual de Jubilación como Congresista.»
d) Inconforme con la anterior decisión, la parte accionada interpuso recurso de
reposición, en el que, resaltó «Debo señalar que al tenor de lo dispuesto por la
norma creadora, Ley 33 de 1985, es al Fondo de Previsión Social del Congreso a
quien corresponde efectuar el reconocimiento y pago de la prestación reclamada
la cual solicito a partir del día Treinta (30) de Diciembre de 1994, fecha a partir de
la cual me separé del cargo de Gerente de la Caja de Previsión Social de Santafé
de Bogotá y no del Cuatro (4) de Septiembre de 1993, cuando cumplí la edad de
jubilación para observar lo dispuesto por el Artículo 128 de la Constitución
Nacional24.»
e) El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por medio de la
Resolución No. 00455 del catorce (14) de junio de mil novecientos noventa y cinco
(1995) 25, resolvió el recurso de reposición en el sentido de no reponer la decisión
recurrida, al considerar que el señor José Encarnacion Corredor Núñez, no era
beneficiario del régimen de transición establecido en el Decreto No. 1239 de 1994,
toda vez que, al momento de desvincularse de la H. Cámara de Representantes
no cumplía con los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en el
Decreto 1359 de 1993. Además, porque a la luz de lo establecido en el artículo 4
del Decreto 1239 de 1994, perdió el beneficio del régimen de transición, ya que al
momento de desvincularse definitivamente de la Cámara de Representantes no
cumplía con el tiempo de servicio exigido por la ley para tener derecho al
mencionado beneficio.
f) El primero (1) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), el señor
José Encarnación Corredor Núñez, nuevamente solicitó bajo el radicado 968, al
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación26.
g) El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, elaboró proyecto de
reconocimiento de la pensión de jubilación a favor del señor José Encarnación
Corredor Núñez y previo a su expedición formal, ordenó remitir copia de este, al
24
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento No. 061, página 35-37
25
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento No. 061, página 42-37
26
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento No. 061, página 49-50
14
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departamento de Cundinamarca y al Instituto de los Seguros Sociales, para que
manifestaran dentro del término legal establecido, su aceptación u objeción a la
cuota parte correspondiente27.
h) En respuesta a la anterior solicitud, el Instituto de los Seguros Sociales, por medio
del oficio 961304 del cuatro (4) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro
(1994), informó que no aceptaba la cuota parte asignada, en razón a que: «El
Decreto 1293 de 1994 que establece el régimen de transición para los Senadores
y Representantes a la Cámara, claramente dispone en el parágrafo del artículo 2
que se exceptúa del mismo a aquellos representantes que al 1 de abril de 1994
tuvieran un régimen aplicable diferente en cuyo caso se aplica el último, situación
en la cual se encuentra inmersa el señor CORREDOR NUÑEZ, toda vez que para
esa fecha desempeñaba el cargo de Gerente en la Caja de Previsión Social de
Bogotá (05-06-92 a 16-10-94), conforme se manifiesta en el certificado número
935 del 19 de octubre de 1994 suscrito por el doctor Duban Fernando Lobo
Barragan, Secretario General de la entidad en mención. Por lo anterior esta
entidad considera que no es viable conceder la pensión especial de jubilación para
los congresistas al señor CORREDOR NUÑEZ por no reunir los preceptos
exigidos para tal fin y por ende no aceptamos la cuota parte asignada en la
misma»28.
i) Por su parte, el departamento de Cundinamarca por medio del oficio SPE-095.96,
objetó la cuota parte consultada, en razón a que: «De conformidad a la Ley 71 de
1988, Artículo 7o., para efectos de la pensión por aportes, la edad requerida es de
sesenta (60) años, fecha a partir de la cual esta Entidad entraría a concurrir con la
cuota parte pensional. Además de lo anterior, EL FONDO DE PENSIONES
PUBLICAS DE CUNDINAMARCA, concurrirá en el pago, liquidando ésta teniendo
en cuenta los factores ordenados en la Ley 33 de 198529.»
j) El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por medio de la
Resolución No. 480 del quince (15) de abril de mil novecientos noventa y seis
(1996), resolvió reconocer a favor del señor José Encarnacion Corredor Núñez, el
derecho a disfrutar de una pensión mensual vitalicia de jubilación por cumplir con
27
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento No. 061, página 89-94
28
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento No. 061, página 95
29
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento No. 061, página 96
15
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los requisitos de tiempo de servicios y edad exigidos por la ley para los
congresistas, en cuantía de tres millones doscientos treinta y un mil setecientos
veintiséis pesos ($3.231.726.00) mcte., efectiva a partir del primero (1) de enero
de mil novecientos noventa y cinco (1995). A su vez, dispuso que, el valor de la
presente pensión estará a cargo de las siguientes entidades:
«Departamento de Cundinamarca, la suma de UN MILLON DIECISIETE MIL UN PESOS
CON 49/100 ($1.017.001.49) MCTE.)
Instituto Seguros Sociales, la suma de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 19/100 ($1.636.579.19) MCTE.)
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, la suma de QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 32/100
($578.145.32) MCTE.)»
Lo anterior, al considerar que laboró al servicio del Estado así:
Entidad Periodo Año Mes Días
Departamento de 5/01/1960 al 7 4 11
Cundinamarca 16/05/1967
Instituto de los 16/05/1967 al 16 8 4
seguros sociales 21/07/1987
– cotizaciones
1/10/1980 al 6
30/09-1981
01/10/1981 al 6
Asamblea de 21/12/1981
Cundinamarca - 01/10/1982 al 6
diputado 8/03/1983
01/10/1983 al 6
15/12/1983
01/10/1984 al 6
31/07/1985
01/10/1985 al 6
30/09/1985
20/07/1986 al 1
19/07/1987
20/07/1987 al 11 29
Cámara de 19/07/1988
representantes 20/07/1988 al 1
19/07/1989
20/07/1989 al 1
19/07/1990
20/07/1990 al 1
19/07/1991
20/07/1991 al 10 22
30/11/1991
Total 32 11 6
Cuadro de elaboración propia, con la información contenida en la Resolución No. 480 del quince (15) de abril de mil
novecientos noventa y seis (1996).
Que estaba afiliado a esta Entidad el 30 de Noviembre de 1991.
Que cuenta con más de cincuenta (50) años de edad nació el 4 de Septiembre de 1943.
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Que el doctor JOSE ENCARNACION CORREDOR NUÑEZ fue gerente de la Caja de
Previsión Social de Bogotá del 5 de Junio de 1992, hasta el 30 de Diciembre de 1994 por
consiguiente la efectividad de la pensión es a partir del 1 de Enero de 1995.
Que la Ley 4 de 1992 en su artículo 19 dice: “nadie podrá desempeñar simultáneamente más
de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de
Empresas o de Instituciones en la que tenga parte mayoritaria el estado...”
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, este despacho ordena efectuar la liquidación de
la Pensión mensual vitalicia de jubilación considerando el ingreso mensual promedio que por
todo concepto devengan los Representantes y Senadores de conformidad con el Decreto
1359/93 debe negarla en proporción al tiempo servido en las Entidades en las cuales el
peticionario trabajó durante el tiempo aportado.
Que la liquidación deberá realizarse en los siguientes términos:
TOTAL PROMEDIO DEL ÚLTIMO AÑO DE UN CONGRESISTA DE ENERO A
DICIEMBRE
• Salario base ............................................. $ 1.041.870,00
• Gastos de Representación ..................... $ 1.852.213,00
• Prima Localiz. y Vivienda ......................... $ 1.125.477,00
• Prima de salud ......................................... $ 289.408,00
• TOTAL ......................................................$ 4.308.968,00
PROMEDIO DE: $ 4.308.968,00 X 0.0625 = 3.231.726,00
SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS
PESOS MCTE.-
Distribución a cargo de:
Entidad Año Mes Día Tiempo días
DEPARTAMENTO 10 4 11 3.731
CUNDINAMARCA
INSTITUTO 16 8 4 6.004
SEGUROS
SOCIALES
FONDO DE 5 10 21 2.121
PREVISION SOCIAL
DEL CONGRESO DE
LA REPUB
Total 32 11 6 11.856
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA $ 3.231.726,00 X 3.731 = $ 1.017.001,49
11.856
INSTITUTO SEGUROS SOCIALES $ 3.231.726,00 X 6.004 = $ 1.636.579,19
11.856
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
$ 3.231.726,00 X 2.121 = $ 578.145,32
11.856
$ 3.231.726,75
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Demandado: José Encarnacion Corredor Núñez
Que se envió proyecto de Resolución a las entidades obligadas al pago de la pensión con
oficios No.0296 y 0297 de Febrero 27 del año en curso.
Que el I.S.S. mediante comunicación 961304 VF-GNAF del 4 de Marzo último, no acepta la
cuota parte pensional asignada por la siguiente razón.
(…)
Que mediante comunicación SFE-09596, radicada el 13 de Marzo último, el Departamento
Administrativo de la Función y la gestión Pública, objeta la cuota parte consultada con los
siguientes argumentos.
(…)
Que las anteriores objeciones no son de recibo toda vez que existe la norma clara y precisa
del Artículo 3o. del Decreto 1293 de 1994 que a la letra dice:
"Articulo 3o. Beneficios del Régimen de Transición.
Los senadores y representantes que cumplan con alguno de los requisitos previstos en el
artículo anterior tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando
cumplan con los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas
establecidos en el decreto 1359 de 1993, así como el monto de la pensión forma de liquidación
de la misma e ingreso base de liquidación establecidos en el mismo decreto.
Los empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso
que cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior tendrán derecho al
reconocimiento de su pensión de jubilación cuando cumpla con los requisitos de edad, tiempo
de servicios, número de semanas cotizadas y el monto de la pensión establecidos en el
artículo 20 del acuerdo 26 de 1986, del acuerdo 26 de 1986, del Fondo de Previsión Social del
Congreso, aprobado por el decreto 2837 de 1986.
Parágrafo. El régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará también para
aquellos senadores y representantes que durante la legislatura que termina el 20 de Junio de
1994 tuvieren una situación jurídica consolidada al cumplir antes dicha fecha, veinte (20) años
de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes Entidades de derecho público
incluido el Congreso de la República, o que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el
sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad. En cuanto a la
edad de jubilación se aplicará lo dispuesto en el literal b) del artículo 20. del decreto 1723 de
1964, es decir que tales congresistas, una vez cumplido el tiempo de servicios aquí previsto,
podrán obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación a la edad de cincuenta (50) años.
Que son normas aplicables: Ley 4/92, Decreto 1359 de 1993, Ley 33/85 30»
k) El doce (12) de septiembre de dos mil tres (2003), el señor José Encarnacion
Corredor Núñez, solicitó al extinto Instituto de Seguros Sociales, el reconocimiento
y pago de la pensión de vejez31.
l) En atención a la anterior petición, el extinto Instituto de los Seguros Sociales, por
medio de la Resolución No. 010017 de 2004, reconoció a favor del señor José
Encarnacion Corredor Núñez, pensión de vejez bajo las siguientes
30
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, documento No. 061, página 100-106
31
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, índice 89 en el archivo denominado "95ED_201801648zip(.zip),
información se toma de la resolución No. 010017 de 2004
18
Número Interno: 1701-2026
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características32:
«Que el día 12 de SEPTIEMBRE de 2003, el asegurado(a) JOSE ENCARNACION
CORREDOR NUÑEZ, con fecha de nacimiento 04 de SEPTIEMBRE de 1943, C.C.
17.088.072, afiliación 917088072 0109779005 de la Seccional CUNDINAMARCA
elevó solicitud de pensión por vejez, teniendo como último patrono JOSE
CORREDOR N Patronal 0199999999.
Que según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el régimen de
transición se aplica a quienes al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema
general de pensiones tenían 35 años la mujer o 40 años el hombre o 15 años de
servicios cotizados, para reconocer la pensión con la edad, tiempo y monto en el
establecida.
Que el régimen aplicable en transición para los afiliados al ISS exige tener 60 años o
más de edad el hombre o 55 la mujer y 500 semanas pagadas dentro de los últimos
20 años anteriores al cumplimiento de la referida edad o 1000 semanas cotizadas en
cualquier época, para adquirir el derecho a la pensión, según lo dispuesto por el
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
Que en el caso concreto del peticionario, se cumplen las condiciones anteriormente
indicadas para ser beneficiario del régimen de transición y cumple los requisitos de
edad y semanas exigidas para adquirir el pretendido derecho, razón por la cual se
procederá a conceder la pensión de vejez solicitada a partir del 01 de OCTUBRE de
2003.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO: Reconocer pensión por vejez a el(a) asegurado(a) JOSE
ENCARNACION CORREDOR NUÑEZ así:
• A PARTIR DE PENSION
• 01 OCT 2003 $ 2,716,002
• 01 ENE 2004 $ 2,892,271
• Valor Pensión Retroactiva $19,717,090
• Más Primas Retroactivas $ 2,716,002
• Total Valor a Pagar $22,433,092
La liquidación se basó en 1,156 semanas cotizadas, con ingreso base de liquidación
de $3,233,336.00 al cual se le aplicó una tasa de reemplazo equivalente al 84.00%.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los valores reconocidos en la presente resolución serán
incluidos en la nómina del mes de mayo, la cual se cancela a partir del 01 de junio de
2004 (…).»
m) La Administradora Colombiana de Pensiones, por medio del oficio adiado
diciembre de 2017, informó al accionado33:
«Una vez revisado su expediente pensional se evidenció que el FONDO DE
PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA – FONPRECON,
reconoció una Pensión de Vejez, mediante resolución No. 480 del 15 de Abril de
1996 al señor JOSÉ ENCARNACIÓN CORREDOR NÚÑEZ, identificado con C.C
32
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, índice 89 en el archivo denominado "95ED_201801648zip(.zip), archivo
Resolución.pdf
33
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, índice 89 en el archivo denominado "95ED_201801648zip(.zip), archivo
3156AB6D
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No. 17.088.072. Posteriormente, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
reconoció una Pensión de VEJEZ al asegurado mediante Resolución No. 010017
del 26 de Abril de 2004. No obstante lo anterior, se evidenció que los tiempos
tenidos en cuenta para el estudio y reconocimiento de la Pensión de Vejez en el
Instituto del Seguro Social hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES - COLPENSIONES al señor JOSÉ ENCARNACIÓN CORREDOR
NÚÑEZ, fueron también tenidos en cuenta en el FONDO DE PREVISIÓN
SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA – FONPRECON para el
reconocimiento de la pensión de Vejez; por lo tanto, resultan incompatibles
dichas prestaciones, tal como se establece en el artículo 128 de la C.P. Nadie
podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de
una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la
Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas. Congruente
con lo que viene de puntualizarse y en aplicación de la Ley 549 de 1999, no era
posible en su momento el reconocimiento de dicha prestación por parte del
Instituto del Seguro Social, dado que los aportes deben ser utilizados para
financiar la pensión ya mencionada.»
n) En virtud de lo anterior, solicitó al demandado autorización expresa para
revocar el acto administrativo No. 010017 del veintiséis (26) de abril de dos
mil cuatro (2004), por estar incurso en la causal establecida en el numeral
1 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
o) La Administradora Colombiana de Pensiones por medio de la Resolución
SUB 82518 del veintisiete (27) de marzo de dos mil dieciocho (2018),
ordenó remitir copia del expediente del demandado, a la Vicepresidencia
Jurídica y Doctrina de la Gerencia Nacional de Defensa Judicial, para que
tramite y evalúe la posibilidad de iniciar las acciones legales a las que
hubiere lugar34.
p) Que, de conformidad con la historia laboral aportada por Colpensiones, el
demandado registra las siguientes semanas cotizadas, así:
34
Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, índice 89 en el archivo denominado "95ED_201801648zip(.zip), archivo
3EB73788
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2.5. Análisis del caso concreto
50. En el asunto sub examine, Colpensiones pretende la nulidad de la Resolución No.
010017 del veintiséis (26) de abril de dos mil cuatro (2004), proferida por el Instituto de
Seguro Social hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), la cual
reconoció una pensión de vejez a favor del señor José Encarnación Corredor Núñez,
efectiva a partir del primero (1) de octubre de dos mil tres (2003), en cuantía a 2004 de
$2,892,271, con un retroactivo por valor de $22.433.092.00 prestación liquidada con
base en 1.156 semanas de cotización, incluida en nómina del mes de mayo y su pago
se efectuó a partir del primero (1) de junio de dos mil cuatro (2004). A título de
restablecimiento del derecho, solicita la devolución de lo pagado por concepto de pensión
de vejez a partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados, hasta que se ordene
la suspensión provisional o se declare su nulidad del acto acusado.
51. El Tribunal declaró la nulidad del acto administrativo enjuiciado, al encontrar
acreditado que, al demandado le fueron reconocidas dos (2) pensiones que cubrían el
mismo riesgo (vejez), pues, por un lado, mediante la resolución acusada el extinto
Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, le reconoció una pensión de vejez,
efectiva desde el tres (3) de octubre de dos mil tres (2003) y, por el otro lado, el Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República, por medio de la Resolución No. 480
del quince (15) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996), le reconoció una
pensión mensual vitalicia de jubilación, por cumplir con los requisitos de tiempo de
servicios y edad exigidos por la ley para los congresistas, efectiva a partir del diez (10)
de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995).
52. En criterio del A-quo, los reconocimientos pensionales antes mencionados,
desconocen la prohibición constitucional del artículo 128, al tratarse de una doble
asignación del tesoro.
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53. Sin perjuicio de la nulidad que fue declarada, el Tribunal no evidenció acciones del
señor José Encarnación Corredor Núñez, que permitieran desvirtuar la presunción de
buena fe, porque no existe prueba orientada a demostrar fraude, maniobras o actos
ilegales tendientes a lograr el beneficio pensional.
54. Inconformes con la decisión de primera instancia, tanto la parte demandante, como
el demandado, interpusieron el recurso de apelación, con arreglo al cual solicitaron la
revocatoria parcial del fallo recurrido. En el primer caso, frente a la negativa a acceder a
la devolución de las sumas percibidas. En el segundo caso, frente a la nulidad que declaró
el A-quo. Para efectos metodológicos, la Sala procederá con el estudio de los reparos
esgrimidos por cada una de las partes.
2.5.1. De los cargos de apelación
55. En lo relacionado con la proposición jurídica incompleta, la parte accionada aduce
que Colpensiones solo demandó la Resolución No. 010017 del veintiséis (26) de abril de
dos mil cuatro (2004), proferida por el Instituto de Seguro Social hoy COLPENSIONES,
la cual reconoció una pensión de vejez a favor del señor José Encarnación Corredor
Núñez, pero omitió someter a control de legalidad la Resolución No. 480 del quince (15)
de abril de mil novecientos noventa y seis (1996), por medio de la cual, el Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República, reconoció a favor del demandado una
pensión mensual vitalicia de jubilación. Situación que, además, requería la vinculación
del fondo en mención a la presente litis, no obstante, como ello no ocurrió, aduce que no
era dable emitir decisión de fondo, sino fallo inhibitorio.
56. Establecido lo anterior, la Sala no pasa por inadvertido que Colpensiones aun cuando
alega incompatibilidad entre las pensiones reconocidas a favor del demandado por medio
de las Resoluciones No. 480 del quince (15) de abril de mil novecientos noventa y seis
(1996) y No. 010017 del veintiséis (26) de abril de dos mil cuatro (2004), proferidas por
el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República y el extinto Instituto de los
Seguros Sociales, respectivamente, solo demanda el acto administrativo contenido en la
segunda resolución, lo que en principio podría dar lugar a que se tenga por acreditado la
configuración de la excepción de indebida proposición jurídica, y por contera, emitir un
fallo inhibitorio como lo depreca el extremo pasivo de la litis.
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Demandado: José Encarnacion Corredor Núñez
57. No obstante, tal como lo precisó el A quo, esta Subsección ha tenido la oportunidad
de analizar litis de contornos fácticos y jurídicos similares al sub examine, en la que, sobre
la situación en particular, indicó35:
«Si bien se ha aceptado en casos como el presente que la proposición jurídica presentada
por la entidad de previsión social se concrete a la nulidad de su propio acto administrativo
cuando se sustenta en una incompatibilidad con otro acto proferido por una autoridad
diferente, lo cierto que es que dicha proposición, así formulada, genera ciertos
inconvenientes al momento de definirse la situación prestacional del pensionado, puesto
que el hecho de no ejercer un control de legalidad respecto del segundo, en la medida en
que este no fue demandado, impide un análisis integral de las prestaciones sociales
reconocidas y como consecuencia a concluir con certeza la que le resulte más favorable
a sus intereses.
En ese sentido, esta Subsección36 considera que lo procedente es, desde el punto de vista
procesal, que se demanden ambos actos administrativos, puesto que de prosperar la
pretensión anulatoria se deberá determinar cuál pensión y por qué es la que debe
permanecer dentro del ordenamiento jurídico, lo que requiere del examen de legalidad del
reconocimiento hecho en cada uno y examinar cuál prestación le es la más favorable para
el demandado.
La proposición jurídica así formulada permite emitir un pronunciamiento de fondo y, de
encontrar algún vicio en los elementos de validez, en estos casos la vulneración de la
prohibición prevista en el artículo 128 Constitucional según la cual nadie podrá recibir más
de una asignación que provenga del tesoro público, se podrá definir de qué forma se
restablecerá el derecho conculcado para el sistema pensional sin afectar los derechos del
pensionado.
En el presente asunto, Colpensiones demandó las resoluciones GNR103022 del 20 de
mayo de 2013 y GNR147669 del 30 de abril de 2014 a través de las cuales reconoció y
reliquidó la pensión de vejez de Darío Alfonso Arango Galindo a partir del 1° de diciembre
de 2010, pero no la Resolución 442.1.31-JGPI-0084 del 2 de febrero de 2005 con la que
el municipio de Santiago de Cali le concedió la pensión de jubilación y tampoco se vinculó
a tal entidad.
Lo anterior, en principio, daría lugar a que se declarara probada la excepción de «indebida
proposición jurídica» y, por lo tanto, que se profiriera una sentencia inhibitoria. Sin
embargo, la Sala considera que en el presente caso debe prevalecer el derecho de acceso
a la administración de justicia de las partes y en tal virtud es menester que se profiera una
sentencia que resuelva de manera definitiva la controversia porque se discute la viabilidad
de que el demandado reciba dos pensiones y, por ende, la protección del erario y del
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Lo anterior se acompasa con lo dispuesto en los artículos 229 de la Constitución Política
y 2 de la Parte II del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 37 que define el
derecho aludido como el que tiene toda persona de interponer «un recurso efectivo» ante
una autoridad competente. Asimismo, porque el artículo 25.1 de la Convención Americana
de los Derechos Humanos38 indica que tal derecho implica la garantía de «[…] un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes […]» para lograr el amparo de los derechos.
En esa línea, pese a que no se demandó la Resolución 442.1.31-JGPI-0084 del 2 de
febrero de 2005 del municipio de Cali debe garantizarse una decisión de fondo.
Ciertamente, en virtud de lo anotado, la jurisprudencia ha señalado que los jueces una vez
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B Consejero Ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar, sentencia del siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), expediente 76001-23-33-000-2018-00370-011
(1107-2024).
36
Auto de sala del 24 de octubre de 2024, proferido dentro del expediente con radicado 25000-23 42-000-2021-00707-01 (3332-
2024).
37
Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y ratificado por el Estado Colombiano a
través de la Ley 74 del 26 de diciembre de 1968.
38
Adoptado por el Estado Colombiano con la Ley 16 de 1972.
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asuman la competencia de un caso tienen el deber de proferir una sentencia de mérito y
solo en eventos excepcionales y en los que no exista alternativa procede la inhibición,
puesto que «[…] una inhibición no justificada es ajena a los deberes constitucionales y
legales del juez y configura una verdadera denegación de justicia […]» 39.
Por tal razón, la sentencia inhibitoria ha sido considerada como la «antítesis» 40 de la
función judicial, máxime cuando el juez, de acuerdo con los postulados de los artículos
228 y 229 Constitucionales, tiene el deber de decidir de fondo la controversia. Igualmente,
porque el artículo 42 del CGP en su numeral 5 le ordena sanear los vicios del
procedimiento «e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del
asunto». En tal virtud, es su deber desentrañar las reglas procesales de tal modo que se
garantice un acceso efectivo a la justicia y de la primacía del derecho sustancial sobre el
procedimental41.
Así las cosas, en el caso presente es posible decidir de fondo aun cuando no se demandó
la Resolución 442.1.31-JGPI-0084 del 2 de febrero de 2005, puesto que de prosperar las
pretensiones de nulidad las medidas de restablecimiento del derecho en favor de
Colpensiones pueden ser ajustadas a lo que afecte menos el derecho pensional del
demandado.
Con todo, ante la posibilidad de que existan algunos asuntos en los que ello no sea posible
se hace necesario indicar a Colpensiones que para evitar sentencias inhibitorias es preciso
que demande todos los actos administrativos que reconocieron la pensión cuando se pida
la nulidad del reconocimiento por incompatibilidad e integrar en debida forma el
contradictorio, si es del caso.»
58. Bajo este criterio, queda claro que, en el presente caso, aun cuando no se demandó
la Resolución No. 480 del quince (15) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996),
proferida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, lo cierto es que,
también es posible decidir el fondo de la litis, toda vez que, de prosperar las pretensiones
de nulidad, las medidas de restablecimiento del derecho en favor de Colpensiones
pueden ser ajustadas a lo que afecte menos el derecho pensional del demandado, lo
cual, se puede establecer con meridiana claridad, en razón a que, la Sala cuenta con el
contenido de los actos administrativos de reconocimiento pensional.
59. De cara a la anterior situación, debe prevalecer el derecho de acceso a la
administración de justicia de las partes y en tal virtud es menester que se profiera una
sentencia que resuelva de manera definitiva la controversia porque se discute la viabilidad
de que el demandado reciba dos pensiones. Así las cosas, queda claro que la no
vinculación del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República sea impedimento
para resolver el fondo de la litis.
60. Por otra parte, sostiene el demandado que, la pensión reconocida por el extinto
Instituto de los Seguros Sociales hoy Colpensiones, está ligada al mínimo vital y vida
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de octubre de 2020, radicado 25000-23-25-000-2011-00806-
01 (0256-14).
40
Ver la sentencia C-666 del 28 de noviembre de 1996.
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado 17001-23-33-000-2017-00363-
01 (2723-2020).
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digna, en razón a que, la ha percibido por espacio de más de veinte (20) años, generando
estabilidad y calidad de vida que no puede reemplazar dada su condición de adulto
mayor, lo que, además lo hace sujeto especial de protección constitucional.
61. Para la Sala, no es de recibo la anterior inconformidad en razón a que, la actuación
primigenia de la entidad no puede proyectarse, inexcusablemente, en el tiempo, cuando
la misma atenta contra postulados constitucionales, específicamente, la prohibición de
percibir doble asignación del erario; además, en el plenario no aparece probado el
alegado impacto a la estabilidad económica del demandado y su núcleo familiar, aspecto
que tampoco es dable presumir por el solo hecho de tratarse de un adulto mayor, luego
entonces, dicho reparo no tiene vocación de prosperidad. No puede olvidarse que,
atendiendo a lo preceptuado por el artículo 167 del Código General del Proceso, “ incumbe
a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”.
De la pretensión de reintegro de mesadas pensionales.
62. A su turno, la entidad demandante discrepa de la decisión de primera instancia, por
cuanto considera, debió acceder a la pretensión encaminada a ordenar la devolución de
los dineros pagados al señor José Encarnacion Corredor Núñez, toda vez que, con ella,
se busca la protección del patrimonio público y guarda del principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional.
63. Alega que, es dable exigir al accionado la devolución de las sumas indebidamente
percibidas por el demandado, pues de lo contrario, la permanencia de dichos recursos
en el patrimonio del demandado genera un enriquecimiento sin causa a expensas del
sistema pensional y perpetúa el detrimento patrimonial.
64. A contrario sensu, el demandado, aduce que dichos dineros los recibió de buena fe,
la cual no fue desvirtuada por Colpensiones, por lo tanto, no es dable que se imponga la
obligación de restituirlos.
65. Del análisis de la decisión objeto del recurso de apelación, observa la Sala que, el A
quo consideró que, no había lugar a ordenar la devolución de las mesadas pensionales
pagadas por Colpensiones, en razón a que, de las pruebas obrantes en el expediente,
no evidenció acciones del señor José Encarnación Corredor Núñez, que permitieran
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desvirtuar la presunción de buena fe, tales como: fraude, maniobras o actos ilegales
tendientes a lograr el beneficio pensional.
66. Sobre el tema en discusión, la Sala42 ha precisado que, en línea de principio, en los
casos en los que se discuten prestaciones periódicas y, principalmente, cuando la
pretensión de restablecimiento corresponde a la devolución de sumas de dinero pagadas,
en tanto y en cuanto no eran debidas, el CPACA, en el artículo 164.1, literal c), establece
que “no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”, lo
que guarda correspondencia con la presunción contenida en el canon 83 de la
Constitución Política.
67. A la luz del anterior marco normativo, la Sala, ha sido de tal criterio, que en situaciones
de contornos fácticos y jurídicos similares al sub examine, es carga de la administración
cuando impugna su propio acto, y en tanto invoca como tema de la controversia un error
que le es imputable, no solo demostrar el fenómeno de la ilegalidad dentro del que se
contextualiza el error que hace anulable el acto, sino además la ausencia de la buena fe
en el sujeto del derecho que resulta beneficiado del error.
68. Así, la presunción constitucional del artículo 83 superior, es de aquellas que la
doctrina denomina iuris tantum, esto es, que puede ser desvirtuada probatoriamente, por
lo tanto, la parte actora para sacar avante la totalidad de las pretensiones de la demanda
le corresponde asumir las cargas tendientes a demostrar no solo la ilegalidad del acto
sino, además, aquella que toca con los elementos que logren infirmar tal presunción de
rango constitucional.
69. De acuerdo con lo anterior, es claro que el principio de la buena fe incorpora una
presunción legal, que admite prueba en contrario por lo que le corresponde a quien alega
una conducta contraria, probar el actuar de mala fe. En ese sentido, cuando se trata del
error de la administración al conceder una pretensión, la entidad no puede alegar a su
favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona
de buena fe, le corresponde a esta demostrar fehacientemente una actitud del
beneficiario por fuera de estos postulados43.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de abril de 2026,
M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 25000-23-42-000-2017-04450-01 (3450-2025).
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Magistrado Ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024), radicado 05001-23-33-000-2019-00643-
01 (7801-2023).
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70. En punto de acceder a la pretensión del reintegro de las sumas de dinero
perseguidas por Colpensiones con ocasión del presente medio de control, le
correspondía centrar su esfuerzo procesal en demostrar además de la ilegalidad del
reconocimiento pensional, también, que la obtención de tal derecho por parte del
demandado se hizo con desconocimiento de los postulados de la buena fe, que como
hemos precisado son presumibles.
71. En otros términos, tratándose del ejercicio de la «lesividad» contra actos que
versan sobre prestaciones periódicas, no opera de manera automática el consecuencial
restablecimiento del derecho, que permite retrotraer las cosas al estado anterior, sino que
debe desvirtuarse la presunción de buena fe en cuanto a la consecución del derecho
inicialmente obtenido.
72. En tal razón, al descender al caso concreto, se observa que Colpensiones no
expone y mucho menos acredita las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
pudieron haber acaecido conductas de mala fe por parte del accionado para acceder al
reconocimiento pensional, luego entonces, el solo hecho de no conceder el señor José
Encarnacion Corredor Núñez su consentimiento para revocar el acto administrativos de
reconocimiento y reliquidación pensional por parte de la entidad demandante, no
constituye un elemento demostrativo de mala fe del administrado. Por el contrario, se
trata del ejercicio de un derecho que le asistía para conservar su pensión, amparada en
la expectativa y confianza legítima que mantuvo durante años al cumplir con los requisitos
que lo hicieron beneficiario de la prestación pensional hoy demandada.
73. Como consecuencia de lo anterior, se tiene que, la imprecisión administrativa
resulta imputable a la propia administradora, sin que se hubiese demostrado una
conducta dolosa del demandado en la configuración del error en que se incurrió al
momento de reconocerle la pensión de vejez por medio de la Resolución No. 010017 del
veintiséis (26) de abril de dos mil cuatro (2004).
74. Por lo tanto, como la Sala no encuentra prueba tendiente a demostrar que el
pensionado desplegó conducta fraudulenta, deshonesta o maliciosa para lograr que la
entidad demandante accediera al reconocimiento pensional, confirmará la negativa del
reembolso o la devolución de las sumas pagadas por concepto de las mesadas
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pensionales.
75. Finalmente, en el sub judice, es claro que la incompatibilidad alegada entre las
pensiones reconocidas a favor del accionado no se discute, en razón a que, es un hecho
probado que los tiempos comprendidos entre el dieciséis (16) de mayo de mil novecientos
sesenta y siete (1967) al veintiuno (21) de julio de mil novecientos ochenta y siete (1987),
tenidos en cuenta para el estudio y reconocimiento de la pensión de vejez en el extinto
Instituto del Seguro Social hoy Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES- fueron también tenidos en cuenta por el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República – FONPRECON- para establecer el cumplimiento del requisito
de semanas cotizadas, es decir, se tomó un mismo periodo para hacer dos
reconocimientos pensionales pagados con recursos del erario.
76. En tal razón, se advierte que le asiste razón al A - quo al declarar la nulidad del
acto acusado, para que el demandado acorde con el ordenamiento jurídico perciba una
mesada pensional pagada con recursos del erario y que para el caso concreto, es la
reconocida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, que en virtud
de lo establecido en la Resolución No. 480 del quince (15) de abril de mil novecientos
noventa y seis (1996), a partir del primero (1) de enero de mil novecientos noventa y cinco
(1995), empezó a pagar al demandado la pensión mensual vitalicia de jubilación en
cuantía de tres millones doscientos treinta y un mil setecientos veintiséis pesos
($3.231.726.00) mcte, es decir, en valor superior al reconocido en el acto anulado.
77. Siendo así las cosas, la Sala confirmará en su integridad la sentencia de primera
instancia, en razón a que, al estar acreditada la incompatibilidad entre las pensiones
reconocidas a favor del demandado, la consecuencia, por una parte, no podía ser otra
que, declarar la nulidad del acto administrativo sometido a control de legalidad y, por otra
parte, como Colpensiones no logró desvirtuar la presunción de buena fe, de quien se
benefició con el doble reconocimiento pensional, no puede tener vocación de
prosperidad, el pedido de obtener el reintegro de las mesadas pensionales que pagó en
virtud de lo estableció en la resolución objeto de nulidad.
2.6. Condena en costas.
78. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
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temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón por la
cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
2.7. Conclusión
79. La Sala concluye que, los motivos de inconformidad expuestos por los extremos de
la litis no están llamados a prosperar, razón por la cual, se confirmará la sentencia
apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia del diecinueve (19) de mayo de
dos mil veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada
Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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