Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04450-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04450-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04450-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2017-04450-01 (3450-2025)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Demandados: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro2
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reliquidación de pensión de vejez-acción de
nulidad y restablecimiento del derecho - Lesividad
Decisión: Sentencia de segunda instancia
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del Veintidós (22) de Septiembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3
1.1. Pretensiones
2. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, por
intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
1
Expediente digital.
2
Nueva Empresa Promotora de Salud E.P.S “Nueva EPS”.
3
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 93, archivo 45ED_20170445unipdf(.pdf), págs. 6-20.
2
Número Interno: 3450-2025
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Demandado: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro
CPACA, para que se declare la nulidad de la Resolución GNR 62628 del 3 de
marzo de 2015, expedida por esa misma entidad, mediante la cual reliquidó la
pensión de vejez del demandado.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la devolución de las
sumas pagadas en virtud de la reliquidación de la pensión de vejez, desde la
fecha de inclusión en nómina de pensionados, hasta que se ordene la
suspensión provisional del acto acusado o se declare su nulidad; (ii) el
reintegro de los valores girados por concepto de aportes al sistema de salud,
durante el mismo período; y (iii) que las sumas a devolver sean debidamente
indexadas o se reconozcan los intereses a que haya lugar.
4. Asimismo, dentro del cuerpo de la demanda, solicitó el decreto de la medida
cautelar de suspensión provisional sobre los efectos del acto demandado, la
cual fue negada por el Tribunal mediante auto del 20 de junio de 2023.
1.2. Hechos
5. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones expuso, en la
demanda, los hechos que la Sala sintetiza a continuación:
6. El señor Juan Evangelista Ismael Tapias Forero, nacido el 74 de junio de
1941, obtuvo el reconocimiento de su pensión de vejez mediante la Resolución
No. 019086 del 27 de agosto de 2001, expedida por el Instituto de Seguros
Sociales - ISS (hoy Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones), con una mesada de $286.000, efectiva desde el 1 de
septiembre de 2001, calculada con 1.372 semanas cotizadas.
7. Mediante la Resolución GNR 62628 del 3 de marzo de 2015, la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones reliquidó la pensión,
con base en 1.419 semanas cotizadas, un ingreso base de liquidación de
$1.206.205 y una tasa de reemplazo del 85%, fijando una mesada de
$1.025.274, efectiva desde el 17 de julio de 2010.
4
En la demanda se afirma que la fecha de nacimiento del demandado es el 7 de junio de 1941, pero revisado el
registro civil de nacimiento del señor Tapias Forero, figura que nació el 8 de junio de 1941.
3
Número Interno: 3450-2025
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Demandado: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro
8. El 3 de junio de 2015, el pensionado solicitó nuevamente la reliquidación de
su pensión y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a
través de la Resolución 419859 del 30 de diciembre de 2015, se abstuvo de
resolver la solicitud y remitió el asunto a su Vicepresidencia Jurídica y
Secretaría General para iniciar el proceso de revocatoria de la Resolución
GNR 62628 del 3 de marzo de 2015, previo agotamiento de la solicitud de
consentimiento para revocar el acto administrativo, que realizó en oficio del 30
de octubre de 2015.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
9. La parte actora invocó como normas violadas las siguientes:
• Constitución Política.
• Ley 100 de 1993.
• Decreto 758 de 1990.
• Decreto 1154 de 1994.
10. Y expuso el concepto de violación, que procede a sintetizar la Sala, así:
11. La Resolución GNR 62628 del 3 de marzo de 2015, mediante la cual se
reliquidó la pensión de vejez reconocida al señor Juan Evangelista Ismael
Tapias Forero, vulneró las disposiciones constitucionales y legales que regulan
la determinación del ingreso base de liquidación y de los factores salariales
que deben tenerse en cuenta para el cálculo de las prestaciones del Sistema
General de Pensiones.
12. Al efectuar la reliquidación pensional, se tomó como fundamento una
certificación salarial expedida por el Ministerio de Defensa Nacional
correspondiente al último año laborado por el afiliado. No obstante, al revisar
la información empleada para la liquidación, evidenció que los valores
registrados como asignación básica para los periodos comprendidos entre los
años 1961 y 1963, fueron ingresados de manera incorrecta, pues, se
incluyeron montos superiores a los realmente certificados: mientras la
certificación salarial reportaba asignaciones básicas mensuales de $15 para
los años 1961 y parte de 1962; $30 para el resto de 1962 y $50 para el año
4
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1963, en la reliquidación prestacional se registraron valores de $1.500, $3.000
y $5.000, respectivamente, lo cual generó una alteración en los factores
salariales utilizados para el cálculo de la prestación.
13. A consecuencia de dicho error, la Resolución GNR 62628 de 2015 fijó una
mesada pensional equivalente a $1.025.274 para el año 2010, cuando el valor
que correspondía reconocer ascendía aproximadamente a $792.493.
14. Concluyó que, el acto administrativo acusado se encontraba viciado por
una indebida aplicación de las normas que regulan la determinación del
ingreso base de liquidación y de los factores salariales computables para el
cálculo de la pensión, lo cual generó un reconocimiento prestacional superior
al que legalmente correspondía.
2. Contestación de la demanda.
2.1. Juan Evangelista Ismael Tapias Forero5
15. Se opuso a las pretensiones de la demanda y aceptó algunos hechos
expuestos en la demanda, pero alegó que el error en la reliquidación pensional
era atribuible exclusivamente a la administración.
16. Manifestó que la Resolución 62628 del 3 de marzo de 2015, fue expedida
por el entonces Instituto de Seguros Sociales, hoy (Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones), y que la entidad omitió solicitar el
consentimiento escrito del pensionado para proceder a su revocatoria,
circunstancia que, a su juicio, le ha ocasionado perjuicios.
17. Asimismo, indicó que era una persona de avanzada edad y con bajo nivel
educativo, por lo que acudió a la Defensoría del Pueblo en busca de
orientación, sin que se le hubiera informado de manera clara sobre la
necesidad de otorgar autorización escrita para la revocatoria del acto
administrativo.
5
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 93, archivo 45ED_20170445unipdf(.pdf), págs. 35-37.
5
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18. De otra parte, cuestionó las pruebas allegadas por la entidad demandante,
en particular aquellas encaminadas a demostrar que al pensionado se le
hubiese solicitado su consentimiento para revocar el acto administrativo.
19. Finalmente, propuso como excepción la caducidad de la acción, al estimar
que la demanda fue presentada por fuera del término de dos años previsto
para que una entidad pública demande su propio acto administrativo.
2.2. Nueva EPS6
20. Se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que carece de
legitimación en la causa por pasiva, especialmente frente a aquella elevada
para procurar el reintegro de los aportes en salud descontados de la pensión
del señor Juan Evangelista Ismael Tapias Forero, toda vez que, dichos
recursos, no pertenecen a las Entidades Promotoras de Salud, sino al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 182 de la Ley 100 de 1993.
21. Indicó que, el demandante omitió exponer los fundamentos jurídicos o
fácticos que justifiquen una obligación de restitución a cargo de Nueva EPS,
respecto de los aportes en salud recaudados.
22. De otra parte, manifestó que los aportes al sistema de salud tienen
naturaleza de contribuciones parafiscales y se causan y extinguen una vez son
pagados al sistema, razón por la cual no procede su devolución, máxime
cuando la entidad ha cumplido con la prestación del aseguramiento y de los
servicios de salud a favor del afiliado mientras ha permanecido vinculado al
sistema.
23. Agregó que, no existe nexo causal entre la eventual nulidad del acto
administrativo que reconoció la pensión y la obligación de efectuar aportes al
sistema de salud, pues, dicha obligación surge de la afiliación al sistema y del
carácter obligatorio del aseguramiento en salud.
6
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 93, archivo 45ED_20170445unipdf(.pdf), págs. 185-189.
6
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Demandado: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro
24. Finalmente, sostuvo que, las pretensiones de reintegro de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, configuran un cobro de lo no
debido, por cuanto los recursos aportados fueron ejecutados por el sistema
para garantizar el aseguramiento en salud del afiliado.
25. En cuanto a la excepción genérica, solicitó que se declaren probadas
todas aquellas que resulten acreditadas dentro del proceso.
3. La sentencia de primera instancia7
26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, mediante sentencia proferida el 22 de septiembre de 2025,
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
Como fundamento de su decisión, el Tribunal señaló que:
27. En la reliquidación pensional se registraron valores superiores a los
certificados por el Ministerio de Defensa Nacional para el período comprendido
entre 1962 y 1963. No obstante, esa circunstancia no incidió en la
determinación del ingreso base de liquidación (IBL), toda vez que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, este se
calcula con el promedio de los salarios cotizados durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión, lapso que en el caso concreto
correspondía al período 2000-2010, dentro del cual no se encuentran los años
cuestionados.
28. En consecuencia, concluyó que la inclusión de dicho periodo únicamente
tuvo incidencia en el cómputo de las semanas cotizadas, lo que permitió aplicar
una tasa de reemplazo del 85%, sin afectar el ingreso base de liquidación ni el
valor final de la mesada pensional.
29. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal determinó que no se configuró
causal de nulidad del acto administrativo demandado, razón por la cual negó
las pretensiones de la demanda. Igualmente, indicó que, al no prosperar la
pretensión de nulidad, no había lugar a ordenar la devolución de sumas
pagadas ni de aportes al sistema de salud.
7
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 106.
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Número Interno: 3450-2025
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Demandado: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro
30. Adicionalmente, advirtió posibles imprecisiones frente al régimen
pensional aplicado al caso pero que, como ello no fue cuestionado en la
demanda, no había lugar a emitir pronunciamiento alguno:
«Por último, es menester dejar de presente, para lo de competencia y estime
pertinente COLPENSIONES, que si bien dentro del presente asunto se solicitó
exclusivamente la nulidad de la Resolución GNR 62628 del 3 de marzo de 2015,
bajo el argumento de que “se registraron de manera errónea los factores
salariales correspondientes a los años 1961 a 1963”, circunstancia que no fue
probada y por tanto desestimada; lo cierto es que podrían existir eventuales
inconsistencias e irregularidades respecto del régimen jurídico aplicado para
efectos de la reliquidación de la pensión de vejez, considerando que el
demandado es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y, primeramente, le fue reconocida la prestación de
conformidad con el Decreto 758 de 1990; aspecto que no fue objeto de debate
ni de prueba, por lo que no fue materia de decisión en esta providencia».
31. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas, al no evidenciar
que la demanda hubiera sido presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal.
4. El recurso de apelación8
32. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia, al considerar que el Tribunal incurrió en errores de
interpretación jurídica, al reconocer la existencia de valores salariales erróneos
en la reliquidación pensional contenida en la Resolución GNR 62628 del 3 de
marzo de 2015 y, pese a ello, concluir que tales inconsistencias no afectaban
la legalidad del acto administrativo. A su juicio, el reconocimiento pensional se
fundamentó en datos incorrectos que alteraron la base de cálculo de la
prestación y generaron un incremento injustificado de la mesada, lo que
compromete la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones.
33. Sostuvo que, la decisión desconoció el principio de legalidad, al mantener
un acto administrativo sustentado en hechos erróneos, y que aplicó de manera
8
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 92.
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indebida el principio de favorabilidad, el cual no puede emplearse para
convalidar errores administrativos en la liquidación de prestaciones
pensionales.
34. Asimismo, señaló que el Tribunal omitió analizar de fondo el régimen
jurídico aplicable, pese a advertir posibles inconsistencias relacionadas con el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 758 de 1990.
35. Concluyó que, la decisión vulnera el deber de protección del patrimonio
público, en la medida en que impide la recuperación de recursos
presuntamente pagados en exceso por concepto de la reliquidación pensional.
Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, declarar la nulidad de la Resolución GNR 62628 de 2015, ordenar
la devolución de las sumas presuntamente pagadas en exceso y condenar en
costas a la parte demandada.
5. Trámite de segunda instancia
36. Con auto de 12 de diciembre de 20259, este Despacho admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA.
37. El Procurador Delegado de Intervención Tercero ante el Consejo de Estado,
rindió concepto a través del cual solicitó confirmar la sentencia apelada,
comoquiera que para la reliquidación de la pensión, el periodo laborado por el
demandado durante los años 1961 y 1963, solo se tuvieron en cuenta para
efectos de calcular el tiempo de servicio, mas no el valor de la mesada pensional
reliquidada, que se calculó con fundamento en los salarios devengados en los
10 años anteriores al reconocimiento pensional, esto es del año 2000 al año
2010.
38. En cuanto a las eventuales irregularidades advertidas por el Tribunal y
alegadas por el apelante en el recurso, el Ministerio Público señaló que no eran
procedentes por cuanto, en la demanda se atacó la legalidad de la reliquidación
de vejez por la diferencia en los valores de asignación básica de 1961 a 1963,
9
Samai, índice 4.
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Demandado: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro
pero no se cuestionó en momento alguno la indebida aplicación del régimen
pensional «lo cual en todo caso fue definido en la resolución No. 5739 de 2003 en la cual se
reconoció la pensión de vejez al señor JUAN EVANGELISTA ISMAEL TAPIAS FORERO y cuya
presunción de legalidad no fue atacada en el presente trámite […]».
39. Al no existir pruebas que decretar en segunda instancia y una vez vencido
el plazo para presentar los alegatos de conclusión, el proceso ingresó al
Despacho para fallo.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
40. La Subsección es competente10 para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA.
41. De igual forma, cabe destacar que, de conformidad con el artículo 32811
del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
10
Como es la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, quien acude a la jurisdicción para demandar
su propio acto administrativo -acción de lesividad-, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente
para dirimir el conflicto, tal como lo definió la Corte Constitucional, al fijar la regla de decisión en el auto A-316 de 17
de junio de 2021: «8.6. Regla de Decisión. Por lo expuesto, la Corte Constitucional precisa que cuando la
administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011».
En la mencionada providencia, la Corte resolvió el conflicto de jurisdicción presentado con ocasión de la controversia
suscitada con ocasión de la demanda presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
en la cual pretendía la nulidad del acto administrativo que expidió y en el que concedió a un menor de edad, el
beneficio pensional como sobreviviente. Para tal efecto, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, 104 y 138
de la Ley 1437 de 2011, concluyó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la competente para conocer
los procesos en los que la propia Administración, demanda sus actos administrativos:
«8.4. Visto lo precedente, la Sala considera que el caso referido, a pesar de tratarse de un acto administrativo que
definió una garantía prestacional de la seguridad social, no hace parte de la competencia de la jurisdicción ordinaria
en su especialidad laboral y de la seguridad social, toda vez que se encontró legislación expresa que determina la
competencia de los jueces administrativos en este tipo de situaciones fácticas. Por tanto, se excluye la competencia
del juez laboral y de la seguridad social toda vez que corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los
asuntos no atribuidos expresamente por la ley a otra jurisdicción10.
Así las cosas, la aplicación normativa que corresponde es la cláusula general de competencia del artículo 104 de la
Ley 1437 de 2011 cuando dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá las controversias
suscitadas por “actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”. Disposición en la que
se encuentra contenido, como se vio en la parte considerativa de este auto, el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en cabeza de COLPENSIONES al controvertir un acto propio».
11
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».
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Número Interno: 3450-2025
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Demandado: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2. Problemas jurídicos.
42. Con fundamento en la sentencia apelada y en los argumentos expuestos
en el recurso de apelación, la Sala identifica los siguientes problemas jurídicos
que se deben resolver en este caso:
43. ¿Hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo frente al régimen
pensional aplicado, cuando el mismo no fue cuestionado en la demanda?
44. ¿Los valores registrados por la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones en la reliquidación de la pensión de jubilación del actor,
superiores a los certificados por el Ministerio de Defensa Nacional, incidieron
en el monto de la pensión?
45. Y solo en caso de resultar afirmativo al último problema jurídico:
46. ¿El señor Juan Evangelista Ismael Tapias Forero está obligado a
reembolsar la suma de dinero, pagada en exceso, por la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con ocasión de la reliquidación de
la pensión de vejez?
47. ¿Se debe ordenar a la Nueva EPS la devolución de los pagos destinados
a la prestación del servicio de aseguramiento en salud del demandado?
3. Caso concreto
48. La Sala entrará a resolver cada uno de los problemas jurídicos
planteados, con fundamento en la valoración de las pruebas que obran en el
expediente, en las normas aplicables y en los derroteros trazados por la
jurisprudencia.
3.1. ¿Hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo frente al
régimen pensional aplicado, cuando el mismo no fue
11
Número Interno: 3450-2025
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Demandado: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro
cuestionado en la demanda?
49. En la sentencia apelada, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, el Tribunal advirtió sobre «eventuales inconsistencias e
irregularidades respecto del régimen jurídico aplicado para efectos de la reliquidación de la
pensión de vejez» respecto de los cuales no se pronunció, comoquiera que ese
asunto no fue cuestionado en momento alguno.
50. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones alegó en el
recurso de apelación, que el Tribunal debió resolver el asunto de fondo y de
oficio, toda vez que era un asunto relacionado con la legalidad del acto
administrativo demandado.
51. La Sala encuentra que no le asiste razón al apelante al pretender que se
resuelvan de fondo aspectos que no fueron objeto de la demanda 12, como lo
es, en este caso, el régimen pensional aplicado para la reliquidación de la
pensión de vejez del demandado, tal como se evidenció en el capítulo de
antecedentes de este proveído y lo concluyó el Tribunal de primera instancia.
52. No obstante lo anterior, de la liquidación efectuada por la parte
demandante, la Sala observa que realizó el ejercicio de comparar los
diferentes regímenes y aplicó el más favorable para el demandado.
53. Por consiguiente, la Sala entrará a analizar el siguiente problema jurídico,
12
En la demanda, la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, elevó las siguientes pretensiones,
que se sintetizaron en el capítulo de antecedentes:
«1. Que se declare la Nulidad de la Resolución GNR 62628 del 03 de Marzo de 2015, proferida por la Administradora
Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, mediante la cual se reliquidó la Pensión de Vejez, a solicitud del señor
TAPIAS FORERO JUAN EVANGELISTA ISMAEL, teniendo en cuenta para el efecto un total de 1.419 semanas
cotizadas, con un Ingreso Base de Liquidación de $1.206.205.00 y una tasa de remplazo del 85%, obteniendo una
mesada que asciende al [sic] $1.025.274.00 efectiva a partir del 17 de Julio de 2010, iingresada [sic] en la nómina del
periodo 201503 que se paga en el periodo 201504.
El anterior acto administrativo resulta contrario al ordenamiento jurídico, toda vez que ingresó mayor valor de los
factores salariales, lo que generó un grave error, puesto que elevó la mesada pensional sin tener derecho a ello.
2. Con base en lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene al señor TAPIAS FORERO JUAN
EVANGELISTA ISMAEL a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, la devolución
de lo pagado por la reliquidación de la pensión de vejez realizada a partir de la fecha de inclusión en nómina de
pensionados de la, [sic] hasta que se ordene la suspensión provisional o se declare su nulidad y los valores producto
del reconocimiento ordenado anteriormente.
3. A título de restablecimiento del derecho se ordene a la Entidad Promotora de Salud en este caso, SALUD NUEVA
EPS S.A., a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, el reintegro d los valores
girados por concepto de salud en favor del señor TAPIAS FORERO JUAN EVANGELISTA ISMAEL desde la fecha
de inclusión en nómina de pensionados de la Resolución GNR 62628 del 03 de Marzo de 2015, hasta que se ordene
la suspensión provisional o se declare su nulidad.
4. Las sumas reconocidas a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones deberán ser indexadas o reconocer
los intereses a que haya lugar, según el caso, con la finalidad de no causar un detrimento patrimonial a la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo
de la moneda»
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Número Interno: 3450-2025
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Demandado: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro
que sí fue planteado en las pretensiones y que delimitó el objeto de la
controversia, planteado por la misma entidad demandante.
3.2. ¿Los valores registrados por la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, en la reliquidación de la pensión de
jubilación del actor, superiores a los certificados por el
Ministerio de Defensa Nacional, incidieron en el monto de la
pensión?
54. Una vez revisado el material probatorio, la Sala encuentra probados los
siguientes hechos:
55. El 8 de junio de 1941, nació el señor Juan Evangelista Ismael Tapias
Forero, como se observa del registro civil de nacimiento.
56. A través de la Resolución 19086 de 27 de agosto de 2001, el Instituto de
Seguros Sociales – ISS reconoció la pensión de vejez al señor Juan
Evangelista Tapias Forero, correspondiente a 1.372 semanas cotizadas, con
un ingreso base de liquidación de $280.927
57. El 17 de julio de 2013, el señor Tapias Forero solicitó ante la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la reliquidación de
la pensión de vejez, para que se incluyeran los tiempos de servicio que prestó
como soldado, según certificación del Ministerio de Defensa Nacional.
58. Por medio de la Resolución GNR 62628 de 3 de marzo de 2015 – acto
administrativo cuya nulidad fue demandada en este proceso-, la gerente
nacional de reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones
de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, dispuso la
reliquidación del pago de la pensión de vejez del señor Juan Evangelista
Ismael Tapias Forero, a partir del 17 de julio de 2010, con fundamento en los
siguientes argumentos:
«Que el(la) señor(a) TAPIAS FORERO JUAN EVANGELISTA ISMAEL, solicita
el 17 de julio de 2013 la reliquidación de la pensión de vejez con inclusión de
los tiempos de servicio prestados como soldado en el Ministerio de Defensa
Nacional, petición reiterada el 21 de agosto de 2014 bajo el Radicado No.
13
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Demandado: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro
2014_6826545.
Que el(la) peticionario(a) ha presentado los siguientes servicios:
Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 9.939 días
laborados, correspondientes a 1.419 semanas.
Que nació el 713 de junio de 1941 y actualmente cuenta con 73 años de edad.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
los requisitos para obtener la pensión de vejez, son los siguientes: […]
Que para obtener el ingreso base de liquidación de la presente prestación, se
dará aplicación a lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993: el cual
establece: “Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones p revistas
en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado
el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de
invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación
del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre
los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto
en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema siempre y
cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.
13
Si bien se afirma que nació el 7 de junio de 1941, lo cierto es que revisado el registro civil de nacimiento del señor
Tapias, se observa que nació el 8 de junio de 1941.
14
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Que igualmente el monto de la presente prestación se define de acuerdo con
lo establecido en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes
términos: “El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las
primeras 1000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso
base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1000 hasta las
1200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2% llegando a este
tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50
semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400, este porcentaje se
incrementará en 3% en lugar del 2% hasta completar un monto máximo del
85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser
superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima
de que trata el artículo siguiente”
[…]
Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el(la)
peticionario (a) cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión,
siendo aplicada por favorabilidad el indicado en la columna “Aceptada
Sistema”:
59. Como se observa, se reliquidó la pensión del demandado en un valor
mensual de $1.187.745, bajo el régimen de la Ley 100 de 1993, que resulta
del valor del IBL 2, equivalente a $1.206.205, correspondientes a 1.419
semanas.
60. Ahora, al revisar la liquidación efectuada con fundamento en el anterior
acto administrativo, se observa que se incluyeron los tiempos y los valores
correspondientes al servicio que prestó como soldado, pero que, éstos últimos,
es decir, los valores de la asignación básica mensual difieren de aquellos
efectivamente certificados por el Ministerio de Defensa Nacional.
61. En efecto, en el oficio CERT13AG-576-23-MDSGDAGAG-12.12 del 19 de
junio de 2013, la coordinadora del Grupo Archivo General del Ministerio de
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Defensa Nacional certificó los salarios y factores salariales de los años
laborados por el señor Tapias Forero como soldado, así:
62. La anterior información fue complementada por el Ministerio de Defensa
Nacional, con el Formato No. 3, en el que se reflejan los tiempos de servicio y
factores salariales, así:
63. Por su parte, en la reliquidación efectuada por la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, derivada de la Resolución 62628
del 3 de marzo de 2015, se reflejaron los siguientes valores en los tiempos en
que prestó servicios como soldado:
16
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64. De la comparación entre los tiempos y valores certificados por el Ministerio
de Defensa Nacional y aquellos tenidos en cuenta por la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se encuentran las siguientes
diferencias:
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PENSIONES – COLPENSIONES
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
AÑO MES BÁSICA AÑO MES BÁSICA
MENSUAL MENSUAL
1961 Noviembre $15 1961 Noviembre $1.500
1961 Diciembre $15 1961 Diciembre $1.500
1962 Enero $15 1962 Enero $1.500
1962 Febrero $15 1962 Febrero $1.500
1962 Marzo $15 1962 Marzo $1.500
1962 Abril $15 1962 Abril $1.500
1962 Mayo $30 1962 Mayo $3.000
1962 Junio $30 1962 Junio $3.000
1962 Julio $30 1962 Julio $3.000
1962 Agosto $30 1962 Agosto $3.000
1962 Septiembre $30 1962 Septiembre $3.000
1962 Octubre $30 1962 Octubre $3.000
1962 Noviembre $30 1962 Noviembre $3.000
1962 Diciembre $50 1962 Diciembre $3.000
1963 Enero $50 1963 Enero $5.000
1963 Febrero $50 1963 Febrero $5.000
1963 Marzo $50 1963 Marzo $5.000
1963 Abril $50 1963 Abril $5.000
1963 Mayo $50 1963 Mayo $5.000
1963 Junio $50 1963 Junio $5.000
1963 Julio $50 1963 Julio $5.000
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PENSIONES – COLPENSIONES
ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN
AÑO MES BÁSICA AÑO MES BÁSICA
MENSUAL MENSUAL
1963 Agosto $50 1963 Agosto $5.000
1963 Septiembre $50 1963 Septiembre $5.000
1963 Octubre $50 1963 Octubre $5.000
65. Del anterior cuadro se observa que la parte demandante incurrió en
errores al momento de registrar los valores de la asignación básica mensual
certificada por el Ministerio de Defensa Nacional, cuando reliquidó la pensión
del señor Tapias Forero.
66. El 3 de junio de 2015, el señor Tapias solicitó nuevamente ante la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la reliquidación de
su pensión de vejez, solicitud respecto de la cual, la entidad demandante,
mediante la Resolución GNR 419850 del 30 de diciembre de 2015, se abstuvo
de resolver y ordenó remitir el asunto a la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría
General de la misma entidad, para tramitar lo pertinente a efectos de iniciar el
trámite de revocatoria del acto administrativo de reliquidación de la pensión de
vejez, comoquiera que se había tenido en cuenta valores superiores a los
certificados por el Ministerio de Defensa Nacional.
67. En consideración a lo anterior, la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, a través del oficio BZ2015_4181019-2975561 del
30 de octubre de 2015, informó al señor Tapias Forero que al momento de
reliquidar la pensión ordenada en la Resolución GNR 62628 del 3 de marzo
de 2015, incurrió en un error al incluir los valores certificados por el Ministerio
de Defensa Nacional, situación que dio lugar a un mayor valor de la mesada,
de forma injustificada, razón por la cual, le solicitó autorización expresa para
revocar el acto administrativo. Explicó:
«[…] después de revisar detalladamente la forma de reconocimiento se
evidencia que el mismo se realizó obteniendo el ingreso base de liquidación
con el total de la vida laboral, toda vez que se cuenta con más de 1250
semanas cotizadas. Que por tanto se evidencia en la trazabilidad de la
liquidación que se incluyeron erróneamente los valores de los periodos del 01
de noviembre de 1961 al 24 de octubre de 1963 certificados por el Formato No.
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3 Certificado de Salario Mes a Mes emitido por el Ministerio de Defensa
Nacional, por cuanto se incluyó para el año 1961 $1.500, 1962 (mes de enero
a abril) $1.500, 1962 (mes de mayo a diciembre) $3.000, 1963 $5.000, siendo
lo anterior erróneo a lo certificado, pues los valores correctos son 1961 $15.00,
1962 (mes de enero a abril) $15.00, 1962 (mes de mayo a diciembre) $30.00,
1963 $50.00.
Que por lo anterior, se evidencia que la Resolución GNR 62628 del 03 de marzo
de 2015 al ingresar mayor valor de los actores [sic] salariales señalado, generó
un grave error puesto que se infló la mesada sin tener un sustento jurídico para
hacerlo, por tanto la mesada se reliquidó».
68. Posteriormente, el demandado solicitó precisar a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones qué acto administrativo sería
revocado.
69. Por medio de la Resolución GNR108924 de 19 de abril de 2016, resolvió
la solicitud elevada por el demandado, para lo cual procedió a explicar en
detalle los errores en que incurrió al momento de reliquidar la pensión de vejez,
ordenada en la Resolución 62628 del 3 de marzo de 2015. La Sala destaca
los siguientes apartes:
«Que la mesada pensional para el año 2010 debió haber sido en cuantía de
$792.493.00 y no de $1.025.274.00, como se consideró en la Resolución GNR
No. 62628 del 03 de marzo de 2015, mediante la cual se registraron mal los
factores salariales de los años 1961 a 1963.
Que mediante oficio No. 2015_4981019 de fecha 30 de octubre de 2015,
COLPENSIONES procedió a solicitar al señor TAPIAS FORERO JUAN
EVANGELISTA ISMAEL, el consentimiento para revocar la Resolución GNR
No. 62628 del 03 de marzo de 2015 puesto que se ingresaron factores
salariales diferentes a los certificados en el Formato no. 3 emitido por el
Ministerio de Defensa, por lo que resulta que la decisión tomada en la citada
resolución, es abiertamente contraria a la ley, ya que causa un perjuicio al
erario público por ser esta Administradora de naturaleza pública.
Que la precitada comunicación fue entregada por la empresa THOMAS
EXPRESS […]
[…]
Que comoquiera que el asegurado no allegó a esta Administradora dentro del
plazo establecido, el consentimiento para revocar la Resolución GNR No.
19
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62628 del 03 de marzo de 2015, se envió copia del expediente y del presente
acto administrativo a la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General, para lo
de su competencia, por tratarse de un acto administrativo que debe ser
controvertido en su legalidad»
70. La Sala encuentra que la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones reliquidó la pensión de vejez del demandado con fundamento
en lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta «los
ingresos de toda la vida laboral del trabajador» , debido a que resultaba superior al
promedio de los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión.
71. Como se observa, le asiste razón a la parte demandante al afirmar que
incurrió en un error al reliquidar la pensión, en consideración a que computó
valores mayores a los certificados por el Ministerio de Defensa Nacional, lo
que efectivamente impactó el valor de la mesada pensional al resultar mayor
a aquél que realmente correspondía.
72. Teniendo en cuenta lo anterior, hay lugar a declarar la nulidad de la
Resolución 62628 del 3 de marzo de 2015 y a ordenar a la entidad
demandante, reliquidar la pensión con fundamento en los tiempos y valores
efectivamente certificados, corrigiendo cualquier error en el que pudo haber
incurrido, tal como lo aceptó en la demanda, para lo cual cabe igualmente
destacar que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, no
cuestiona en momento alguno el derecho pensional del señor Tapias Forero.
73. Para tal efecto, la parte demandante deberá mantener el criterio efectuado
al momento de liquidar la pensión del señor Tapias Forero, en el sentido de
analizar los diferentes regímenes aplicables y aplicar aquél que sea más
favorable al demandado.
74. Comoquiera que prospera la pretensión de nulidad del acto administrativo
demandado, procede la Sala a resolver los problemas jurídicos restantes:
3.3. ¿El señor Juan Evangelista Ismael Tapias Forero está obligado
a reembolsar la suma de dinero, pagada en exceso, por la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con
ocasión de la reliquidación de la pensión de vejez?
20
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75. El artículo 83 de la Constitución Política, consagra el principio de buena
fe, al disponer que «las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante estas».
76. En este orden de ideas, la buena fe es uno de los principios generales del
derecho y gobierna las relaciones entre la administración pública y los
ciudadanos, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-
131 de 2004:
«En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los
principios generales del derecho14, consagrado en el artículo 83 de la
Constitución, el cual gobierna las relaciones entre la Administración Pública y
los ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, informa
la labor del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del
sistema de fuentes colombiano.
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios,
como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad
que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas
actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante
éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema
jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe,
de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser
entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y
honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma.
En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá,
en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria
y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena
fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración
pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico».
77. En aplicación a de dicho postulado, desarrollado en el artículo 164,
14
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ,
1954 y Ch. Letourneur, « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ,
1980.
21
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numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011, entre otras normas, «[…] no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
78. Por ello, para que resulte procedente el reintegro de los valores recibidos
por aquellas personas a quienes se les ha reconocido una prestación, sin tener
derecho a ella, o por un monto mayor al que en realidad correspondía, -como
en este caso-, debe encontrarse plenamente demostrada la mala fe con la que
actuó para obtener el pago de tal beneficio.
79. Así lo expuso la Sala en sentencia del 23 de marzo de 201715, -posición
reiterada en el fallo del 16 de agosto de 201816-, al estimar que «[…] la devolución
de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan
mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a
obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a
ordenar reintegro alguno», dado que «[e]l concepto de buena fe hace referencia al
comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener
un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados.
Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se presume la buena fe
de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien
alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta».
80. En este caso, a título de restablecimiento del derecho, la parte
demandante pretende que se ordene la devolución de los dineros pagados al
señor Tapias Forero, por concepto de mesadas pensionales reconocidas en
exceso; así como a Nueva E.P.S., por concepto de los pagos destinados a
salud.
81. Al respecto, la nulidad de los actos administrativos de carácter particular,
por regla general, conlleva a retrotraer las cosas al estado inicial, como si la
decisión extinguida nunca hubiere existido.
82. Sin embargo, en los casos en los que se discuten prestaciones
periódicas, y principalmente cuando la pretensión de restablecimiento del
derecho es la devolución de sumas de dinero pagadas, en tanto no eran
debidas, la ley determinó que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas
15
Expediente: 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015), actora: UGPP, demandado: Antonio Claret Pérez
Cárdenas, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16
Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia
de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino
Cortés.
22
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a particulares de buena fe», tal como se expuso en líneas precedentes.
83. La Corte Constitucional ha explicado que el principio de la buena fe es el
contrapeso de la posición de superioridad de la cual gozan las autoridades
públicas, con ocasión de las prerrogativas propias de sus funciones. Y esta
Corporación17 también precisó que el principio de la buena fe incorpora una
presunción legal, que admite prueba en contrario, razón por la cual la mala fe
siempre debe ser probada por quien la alega.
84. En consecuencia, cuando la Administración incurre en el error al otorgar
una prestación, no puede alegar a su favor su propia culpa, para tratar de
recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe, salvo que
demuestre que el error lo indujo la mala fe del beneficiario.
85. En este caso, la misma parte demandante acepta que los mayores
valores pagados por concepto de mesadas pensionales obedecieron al error
en que incurrió esa misma entidad; tampoco expuso argumento alguno del
cual se pudiera inferir que el error fue generado por un actuar de mala de del
señor Juan Evangelista Ismael Tapias Forero, que por demás, tampoco está
acreditado. Por lo tanto, el error cometido por la Administradora Colombiana
de Pensiones – Colpensiones durante la reliquidación de la pensión de vejez
del demandado, no puede ser trasladado al señor Tapias.
86. En consideración a lo expuesto, resulta improcedente la recuperación de
las sumas pagadas a favor del señor Tapias Forero en virtud del acto
administrativo cuya nulidad será decretada en este proveído.
3.4. ¿Se debe ordenar a la Nueva EPS la devolución de los pagos
destinados a la prestación del servicio de aseguramiento en
salud del demandado?
87. Y en lo que atañe a la devolución de los aportes realizados a Nueva EPS
por concepto de salud, la Sala advierte que tampoco tiene vocación de
prosperidad, toda vez que se trata de aportes efectuados por los cotizantes y
pensionados, de naturaleza parafiscal, que tienen una destinación específica.
17
Sentencia del 1º de septiembre de 2014. Expediente 31301203 MP Gustavo Eduardo Gomez Aranguren
23
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88. En efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 4818 de la
Constitución Política, el derecho a la seguridad social integral, abarca el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual fue creado por la Ley
100 de 1993.
89. Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud19 tienen
destinación específica, razón por la cual no pueden ser utilizados para fines
distintos a los previstos para la seguridad social, porque con ellos se financia
la prestación directa o indirecta20 del Plan de Salud Obligatorio a sus
afiliados21, hoy Plan de Beneficios en Salud, y el servicio de aseguramiento,
que implica “la administración de riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la
articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad de la
prestación de los servicios de salud”22, entre otros, siendo recursos públicos dada su
naturaleza de contribución parafiscal23, tal como lo ha precisado la Corte
18
"Artículo 48. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que
comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán
destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella...”. 19
Cotizaciones de los afiliados al régimen contributivo, recaudadas por las EPS; pagos moderadores; parte del
Sistema General de Participaciones; recursos producto del monopolio de juegos de suerte y azar; recursos propios
de las entidades territoriales; sanciones por inasistencia a citas; reembolsos derivados de accidentes de tránsito;
atención de enfermedades de origen profesional o accidentes laborales; UPC que se reconoce a los regímenes
contributivo y subsidiado
20
Ley 100 de 1993, artículo 215: “Las direcciones locales, Distritales o Departamentales de salud suscribirán contratos
de administración del subsidio con las Entidades Promotoras de Salud que afilien a los beneficiarios del subsidio. Estos contratos se financiarán con los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector
oficial de salud que se destinen para el efecto. Las Entidades Promotoras de Salud que afilien a los beneficiarios del régimen subsidiado prestarán, directa o
indirectamente, los servicios contenidos en el Plan de Salud Obligatorio”. 21
Ley 100 de 1993, artículo 182: “Las cotizaciones que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos en el Plan de Salud Obligatorio para cada
afiliado, el Sistema General de Seguridad Social en Salud reconocerá a cada Entidad Promotora de Salud un valor
per cápita <sic>, que se denominará Unidad de Pago por Capitación UPC. Esta Unidad se establecerá en función del
perfil epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en
condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería, y será definida por el Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud<4>, de acuerdo con los estudios técnicos del Ministerio de Salud<1>. PARÁGRAFO 1o. <sic> Las Entidades Promotoras de Salud manejarán los recursos de la seguridad social originados
en las cotizaciones de los afiliados al sistema en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la entidad”
22
Ley 1122 de 2007, artículo 14: “Para efectos de esta ley entiéndase por aseguramiento en salud, la administración
del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo,
la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y
los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. Lo anterior exige que el asegurador asuma el riesgo
transferido por el usuario y cumpla con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud. Las Entidades Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de cumplir con las funciones indelegables
del aseguramiento. Las entidades que a la vigencia de la presente ley administran el régimen subsidiado se
denominarán en adelante Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS). Cumplirán con los
requisitos de habilitación y demás que señala el reglamento. A partir de la vigencia de la presente ley el Sistema tendrá las siguientes reglas adicionales para su operación:…
f) El valor total de la UPC del Régimen Subsidiado será entregado a las EPS del régimen subsidiado. Las actividades
propias del POS subsidiado incluidas las de promoción y prevención serán ejecutadas a través de las EPS del
Régimen Subsidiado”.
23
El artículo 182 de la Ley 100 dispone el reconocimiento a cada EPS del valor de la UPC, correspondiente al valor
requerido para cubrir la prestación del servicio de salud en los regímenes contributivo y subsidiado, que no
corresponde a recursos o rentas propias de dichas EPS, sino a recursos parafiscales, tal como lo ha sostenido el
Consejo de Estado: “los recursos de la seguridad social llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos
compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones no pueden ser utilizados con fines diferentes a los que
están destinados, de donde se deriva su carácter de recursos parafiscales, por lo cual tampoco pueden ser objeto del
giro ordinario de los negocios de las EPS, ni formar parte de los biens de tales entidades.…a partir de los criterios
jurisprudenciales expuestos por la Corte Constitucional y por esta Corporación que, con fundamento en el artículo 48
24
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Constitucional24 en varias oportunidades, en las cuales ha destacado su
destinación específica.
90. Es dable concluir que las Empresas Promotoras de Salud tiene el rol de
simples recaudadores de recursos públicos, tal como lo precisó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-480 de 1997, en la que también señaló que
las cotizaciones recaudadas por las EPS destinadas a cubrir la UPC, no podían
ser consideradas rentas propias de éstas.
91. Se tiene por tanto que el servicio de aseguramiento en salud, definido en
el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, es el objeto para el cual fueron creadas
legalmente las Entidades Promotoras de Salud, independientemente de su
naturaleza jurídica, pues, únicamente están habilitadas para la prestación de
dicho servicio a los usuarios, esto es, a los afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, en los términos del artículo 181 de la Ley 100 de
1993.
92. El Consejo de Estado explicó la naturaleza parafiscal y pública de los
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Así, en sentencia
de 10 de julio de 2004, expuso:
“Dada la naturaleza pública y parafiscal de dichos recursos [UPC], las EPS deben
asumir una administración absolutamente cuidadosa y prudente de los recursos
recibidos por concepto de UPC y solo pueden hacer uso de ellas para actividades
dirigidas esencialmente a la prestación del Plan Obligatorio de Salud a sus
afiliados y su administración, constituyéndose en irregular el uso de la unidad de
pago por capitación para otros fines.
Es preciso indicar que las Entidades Promotoras de Salud no pueden hacer uso
de los recursos de la seguridad social en salud, recibidos por concepto de la UPC,
para actividades diferentes a la aprobación del POS a sus afiliados” 25.
de la Carta, han precisado que los rubros de la seguridad social son inviolables, mandato que ha sido denominado
como ‘principio de exclusividad’, en atención a que es imperativo que los mismos se destinen únicamente a atender
los servicios del POS y, por tanto, no pueden formar parte de los ingresos propios de las entidades administradoras
de los mismos, ni éstas pueden emplearlos libremente” Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 10 de julio
de 2014, exp. 2008-00385-00, MP Marco Antonio Vellilla Moreno
24
Sentencias SU-480 de 1997, C-1489 de 2000, C-828 de 2001, C-1040 de 2003, C-549 de 2004, C-824 de 2004 y
C-262 de 2013
25
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 10 de julio de 2014, exp:. 11001-03-24-000-2008-00385-00, CP
Marco Antonio Velilla Moreno
25
Número Interno: 3450-2025
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Demandado: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro
93. Y en el concepto 2461 del 20 de mayo de 2021, la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado reafirmó la naturaleza parafiscal y pública
de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluso
cuando las Entidades Promotoras de Salud que los administraban, entraban
en liquidación, en tanto no podían ser objeto de la masa de créditos:
“…la obligación impuesta al agente liquidador de las EPS, en el artículo 12 de la
Ley 1797 de 2016, de cubrir los recursos adeudados al FOSYGA, hoy ADRES,
antes de aplicar la prelación de créditos sobre la masa liquidatoria, tiene su razón
de ser en la naturaleza especial atribuida a los recursos del SGSSS y la exigencia
de restituir estos recursos al Sistema, antes de aplicar la prelación de créditos,
de tal manera que no puedan ser destinados ni utilizados para fines diferentes a
los cuales fueron destinados”26
94. Lo anterior cobra mayor sustento si se recuerda la naturaleza parafiscal y
pública de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tal
como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia SU-480 de 1997, al
afirmar que “lo que se recauda no pertenece a las EPS, ni mucho menos entra al
presupuesto nacional ni a los presupuestos de las entidades territoriales, sino que pertenece
al SGSSS, es, pues, una contribución parafiscal”.
95. En consecuencia, con ocasión de la naturaleza parafiscal de los recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, no hay lugar a ordenar a
Nueva EPS la devolución de los mismos, comoquiera que, de una parte, tales
recursos no hacen parte de su presupuesto, pues, actúa como mero
recaudador y, de otra parte, tienen destinación específica, consistente en
financiar el servicio de aseguramiento en salud.
96. Con fundamento en todo lo anterior, se revocará la sentencia apelada para
declarar la nulidad del acto de reliquidación de la pensión de vejez del señor
Tapias Forero y ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, proceder a la reliquidación de la misma, con fundamento en los
valores efectivamente certificados por el Ministerio de Defensa Nacional
durante el periodo certificado como soldado. Y se negarán las demás
pretensiones de la demanda.
26
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2461 de 20 de mayo de 2021, rad. 11001-03-06-
000-2021-00019-00 CP Edgar González López.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Demandado: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro
4. Condena en costas
97. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, la Sala no
evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses.
Es decir, no se cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, por lo cual no hay lugar a condena en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de septiembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución GNR 62628 del 3 de
marzo de 2015, expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, mediante la cual reliquidó la pensión de vejez del señor Juan
Evangelista Ismael Tapias Forero.
TERCERO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, reliquidar la pensión de vejez del señor Juan Evangelista Ismael
Tapias Forero, con fundamento en los valores reportados por el Ministerio de
Defensa Nacional, durante el tiempo en el que se desempeñó como soldado,
para lo cual deberá mantener el criterio utilizado al momento de liquidar la
pensión, comparando los diferentes regímenes y aplicando el más favorable
para el demandado.
CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO. Sin condena en costas en ambas instancias.
SEXTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
27
Número Interno: 3450-2025
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Demandado: Juan Evangelista Ismael Tapias Forero y otro
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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