Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2020-00569-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2020-00569-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2020-00569-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 54001-23-33-000-2020-00569-01 (2963-2024)1
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado : Víctor Hugo González
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Pensión de vejez
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado, contra la
sentencia del catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el sentido de acceder las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1. Pretensiones3
1. La Administradora Colombiana de Pensiones, por intermedio de apoderada
judicial, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad
de la Resolución GNR 204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince (2015), mediante
la cual, decidió reconocer y ordenar el pago de una pensión de vejez a favor del señor
Víctor Hugo González, toda vez que, el reconocimiento pensional es irregular.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió: i) ordenar al señor Víctor Hugo
González reintegrar a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones, la suma de
cuarenta y cuatro millones quinientos treinta y ocho mil novecientos setenta y seis pesos
($44.538.976), por concepto de mesadas, retroactivo, aportes a salud y/o fondo de
solidaridad pensional recibidos de forma irregular con ocasión del reconocimiento de la
1
Expediente digital
2
Expediente digital, sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 15, archivo 3_ED_EXPEDIENTE_002DEMANDA(.pdf)
NroActua 15
3
Expediente digital, sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 15, archivo 3_ED_EXPEDIENTE_002DEMANDA(.pdf)
NroActua 15, folio 2
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Número interno: 2963-2024
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Víctor Hugo González
pensión de vejez. ii) la indexación de las sumas reconocidas en esta demanda y el pago
de intereses a los que hubiere lugar y iii) Se condene en costas a la parte demandada.
3. Los hechos4 en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes.
4. El señor Víctor Hugo González solicitó el veintidós (22) de enero de dos mil quince
(2015), el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de vejez ante la
Administradora Colombiana de Pensiones, radicada bajo el No 2015_482148, en la cual,
anexó formatos CLEBP5 expedidos por la alcaldía de San José de Cúcuta, en los cuales
consta que había laborado el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de mil
novecientos ochenta (1980) al veintiséis (26) de octubre de mil novecientos ochenta y
siete (1987).
5. El señor Víctor Hugo González nació el veintiocho (28) de abril de mil novecientos
cincuenta y tres (1953), razón por la cual, para el año 2015, acreditaba 62 años de edad
y 1.401 semanas cotizadas según formato CLEBP expedido por la alcaldía de San José
de Cúcuta y los aportes independientes.
6. A través de la Resolución No. GNR 204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince
(2015), la Administradora Colombiana de Pensiones, reconoció a favor del señor Víctor
Hugo González, la pensión de vejez a partir del primero (1) de enero de dos mil quince
(2015), bajo los lineamientos del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993
y la Ley 71 de 1988.
7. Para la liquidación de la pensión de vejez, tuvo en cuenta un total de 1.401
semanas, un IBL de $692.147, una fecha de estatus pensional de veintiocho (28) de
abril de dos mil trece (2013), al cual aplicó una tasa de remplazo del 75.00% de
conformidad con la Ley 71 de 1988.
8. Para el financiamiento de la prestación pensional, mediante Oficio 06053
expedido por la directora de contribuciones pensionales y egresos, realizó el cobro del
bono pensional tipo B, para emisión y pago al municipio de San José de Cúcuta por el
tiempo laborado por el demandado al servicio del Estado con anterioridad a la Ley 100
de 1993.
9. Por medio del oficio radicado 2017 11840563, la alcaldía de San José de Cúcuta,
les informó que, una vez realizada la validación de los tiempos laborados por el señor
4
Expediente digital, sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 15, archivo 3_ED_EXPEDIENTE_002DEMANDA(.pdf)
NroActua 15, folios 2-5
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CLEBP, significa Certificado Laboral para la Emisión de Bono Pensional. Los formatos CLEBP 1, 2 y 3 eran los formularios
utilizados para certificar información laboral y salarial con destino a la emisión de bonos pensionales y/o al reconocimiento de
pensiones. El formato 1 certificaba los períodos de vinculación laboral; el 2, el salario base, y el 3, los salarios mes a mes.
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Número interno: 2963-2024
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Víctor Hugo González
Víctor Hugo González en dicha entidad, constató que en el archivo no encontró
información alguna de nombramientos, posesiones, kardex, renuncia del señor Víctor
Hugo González; que igualmente, se revisó en libro de archivo masivo laboral base de
datos de los funcionarios que laboran en la alcaldía de San José de Cúcuta y sus
entidades descentralizadas en el periodo de 1939 a 1995, dentro del cual, no aparece
relacionado el señor en mención.
10. La Administradora Colombiana de Pensiones adelantó la investigación
administrativa especial ante la Gerencia de Prevención del fraude No. 2272-2017, toda
vez que, los formatos CLEBP aportados dentro de la solicitud, no fueron expedidos por
la alcaldía de San José de Cúcuta; es decir, no existe dentro del archivo central de la
entidad territorial soportes laborales para dicho afiliado. Apertura que a pesar de haber
sido notificada al señor Víctor Hugo González, guardó silencio.
11. Dentro de la investigación determinó que al señor Víctor González, le fue
reconocida una pensión de vejez teniendo en cuenta formatos CLEBP expedidos por la
alcaldía de San José de Cúcuta con información falsa, toda vez que, no se acreditaron
los tiempos laborados para dicha entidad territorial durante los períodos comprendidos
entre el primero (1) de enero de mil novecientos ochenta (1980) y el veintiséis (26) de
octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987).
12. Afirma que, el reconocimiento pensional fue con fundamento en 1.401 semanas,
por lo tanto, sin las semanas certificadas a través de los formatos CLEBS, las cuales
serían un total de 408, contaría únicamente con 993 semanas; cuando la Ley 71 de 1988
exige para el caso concreto un mínimo de 1.029 semanas cotizadas en tiempos públicos
y privados.
13. Con fundamento en las pruebas recaudadas en concordancia con el artículo 19
de la Ley 797 de 2003 y el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011, emitió la Resolución
SUB-274442 del cuatro (4) de octubre de dos mil diecinueve (2019), por medio de la
cual, ordenó la revocatoria de la Resolución GNR-204772 del ocho (8) de julio de dos
mil quince (2015), en la que había reconocido la pensión de vejez al señor Víctor Hugo
González.
14. Por medio de la Resolución SUB-281707 del doce (12) de octubre de dos mil
diecinueve (2019), ordenó al señor Víctor Hugo González reintegrar la suma de
$44.538.976 por concepto de retroactivo, mesadas pensionales, ajustes y descuentos
en salud correspondientes a los pagos realizados entre el primero (1) de enero de dos
mil quince (2015) hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), en
razón al reconocimiento pensional otorgado.
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Número interno: 2963-2024
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Víctor Hugo González
1.2. Normas violadas y concepto de violación6
15. La parte demandante considera que el acto demandado viola el artículo 48 de la
Constitución Política, y el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
16. Lo anterior, por cuanto afirma que la Resolución No. GNR 204772 del ocho (8) de
julio de dos mil quince (2015), mediante la cual, se reconoció una pensión de vejez a
favor del señor Víctor Hugo González, viola de manera ostensible la norma en que debió
fundarse, esta es, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y la Ley 71 de 1988.
17. Aduce que, la Resolución GNR-204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince
(2015), fue expedida con fundamento en información incluida de forma irregular, por lo
tanto, el material probatorio que fue tenido en cuenta para reconocer la pensión resulta
insuficiente e improcedente para el otorgamiento del derecho, razón por la cual, se
configura una imposibilidad de recibir mesadas pensionales por derechos de los cuales
no se tiene el cumplimiento de los requisitos de ley.
1.3. Contestación de la demanda
18. La parte demandada fue notificada personalmente de la demanda7, sin embargo,
guardó silencio8.
1.4. Sentencia de primera instancia9
19. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la sentencia
proferida el catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), resolvió:
«Primero: Declarar la nulidad de la Resolución No. GNR 204772 del 08 de julio
de 2015, “Por la cual se resuelve una solicitud de Prestaciones Económicas en el
Sistema General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con
Prestación Definida” de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Ordenar al señor Víctor Hugo González identificado con la cédula de
ciudadanía No.13.250.460, que en el plazo de 10 días, contados a partir de la
ejecutoria de la presente sentencia, proceda a reintegrar a la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, la suma total de cuarenta y
cuatro millones quinientos treinta y ocho mil novecientos setenta y ocho pesos
m/cte ($44.538.978.oo), que percibió con ocasión a la pensión de vejez que le fue
reconocida a través de la Resolución No.GNR204772 del 08 de julio de 2015,
debidamente indexada conforme lo dispone el artículo 187 del CPACA y de
conformidad con los parámetros señalados en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Abstenerse de condenar en costas, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
6
Expediente digital, sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 15, archivo 3_ED_EXPEDIENTE_002DEMANDA(.pdf)
NroActua 15, folios 5-17
7
Expediente digital, sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 15,
11_11_5400123330002020005690010EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20230927092446.pdf
8
Expediente digital, sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 15, archivo13_13_5400123330002020005.
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Expediente digital, sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 17
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Número interno: 2963-2024
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Víctor Hugo González
Cuarto: La parte demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos
de los artículos 192 y 194 del CPACA.
Quinto: Compulsar copias de la presente providencia a la Fiscalía General de la
Nación, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la
República, para lo de su competencia
(…)»
20. Lo anterior, en razón a que, luego de analizar el caso concreto a la luz de lo
establecido en la Ley 71 de 1988, en concordancia con la tesis de la parte demandante,
estimó que había lugar a acceder a la pretensión de nulidad del acto administrativo
demandado, toda vez que, en el proceso quedó probado que la documentación
presentada por el señor Víctor Hugo González para acceder a la pensión de vejez, no
correspondía con la realidad, motivo por el cual, no cumplía con el requisito de las
semanas mínimas para ser acreedor de la mesada pensional que le fue reconocida
mediante la Resolución No. GNR 204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince (2015).
21. Indica que, quedó acreditado que el demandado al realizar la solicitud de la
mesada pensional entregó tres formatos CLEBS, los cuales daban cuenta de la
cotización a pensión durante el período laboral comprendido entre el primero (1) de
enero de mil novecientos ochenta (1980) al veintiséis (26) de octubre de mil novecientos
ochenta y siete (1987), en la alcaldía de San José de Cúcuta, expedidos el veintinueve
(29) de diciembre de dos mil catorce (2014), con lo que, demostró cumplir los requisitos
de edad y semanas cotizadas.
22. Conforme con lo anterior, la Administradora Colombiana de Pensiones, por medio
de la Resolución No. GNR 204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince (2015),
reconoció a favor del señor Víctor Hugo González, una pensión vitalicia, a partir del
primero (1) de enero de dos mil quince (2015), en cuantía de $644.350 y ordenó el pago
de la mesada pensional con su respectivo retroactivo, ordenó la comunicación a la
Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos de la Vicepresidencia de Financiamiento e
Inversiones de Colpensiones para que, se iniciara el trámite de liquidación y cobro del bono
tipo B a las entidades respectivas.
23. El veintiuno (21) de octubre de dos mil diecisiete (2017), la Administradora
Colombiana de Pensiones realizó el cobro del bono pensional tipo B, para emisión y pago
a la alcaldía de San José de Cúcuta de la mesada pensional del señor Víctor Hugo
González, ante lo cual, la entidad territorial le informó que al cotejar con sus bases de datos
no encontró nombramiento, posesión, renuncia, kardex, por lo que, objetó la cuota parte
por la inexistencia del vínculo laboral.
24. A tono con lo anterior, encontró acreditado que la Gerencia de Prevención del
Fraude de Colpensiones profirió el Auto No. 29 del quince (15) de enero de dos mil
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Víctor Hugo González
dieciocho (2018), por medio del cual, dio apertura a la investigación bajo el No. 2272-
17, decisión que fue notificada al señor Víctor Hugo González por medio del Oficio No.
BZ 2015_482148-0208057 del veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho (2018).
25. Por medio del auto No. 1255 del trece (13) de agosto de dos mil diecinueve
(2019), ordenó el cierre de la investigación, decisión que igualmente, fue notificada al
accionado por medio del oficio No. BZG.2019_11364277 del veintitrés (23) de agosto de
dos mil diecinueve (2019).
26. Como resultado de la investigación, quedó acreditado que el señor Víctor Hugo
González, solo contaba con 993 semanas, razón por la cual, no cumplía con el requisito
establecido en la Ley 71 de 1988, para ser beneficiario de la pensión de vejez por
aportes.
27. En ese orden, resalta que la Administradora Colombiana de Pensiones, profirió la
Resolución No. SUB-274442 del cuatro (4) de octubre de dos mil diecinueve (2019), por
medio de la cual, revocó la Resolución No. GNR 204772 del ocho (8) de julio de dos mil
quince (2015) y negó la pensión de vejez.
28. De igual forma, encontró acreditado que, la accionante por medio de la
Resolución SUB-281707 del doce (12) de octubre de dos mil diecinueve (2019), ordenó
al señor Víctor Hugo González reintegrar los recursos girados a título de mesadas
pensionales desde el primero (1) de enero de dos mil quince (2015), por un valor de
cuarenta y cuatro millones quinientos treinta y ocho mil novecientos setenta y seis pesos
($44’538.976.00) reconocidos en virtud de la Resolución No. GNR 204772 del ocho (8)
de julio de dos mil quince (2015).
29. De lo acreditado en el expediente, concluyó que el acto administrativo acusado,
se expidió con vulneración del ordenamiento legal que se aplicó al momento de
reconocer la pensión de vejez al demandado, toda vez que, no cumplía con los
presupuestos fácticos y jurídicos establecidos para el reconocimiento de la pensión de
vejez, pues, los formatos CLEB aportados contenían una información que no pudo ser
comprobada por la alcaldía de San José de Cúcuta, y por medio de la investigación
realizada por la Gerencia de Prevención de Fraude de la Administradora Colombiana de
Pensiones, se determinó su falsedad, dado que, según la realidad fáctica el señor Víctor
Hugo González solo había cotizado un total de 993 semanas y no las 1.401 semanas
reportadas como cotizadas.
30. Ahora, en lo que atañe a la pretensión de restablecimiento del derecho, consideró
que tenía vocación de prosperidad ordenar la devolución de los dineros pagados, por
estar desvirtuada la presunción de buena fe, toda vez que, el reconocimiento indebido
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Número interno: 2963-2024
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Víctor Hugo González
de la pensión no se originó por un error de la Administración, sino en una conducta
contraria a la buena fe del demandado, de la cual, derivó beneficios económicos sin
tener derecho a ello.
31. Así, señala que, en el proceso quedó demostrado que el señor Víctor Hugo
González solicitó el veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015), el reconocimiento
de su pensión utilizando el Formato de Solicitud de Prestaciones Económicas con el
radicado NO. 2015_482148, consignando en los formatos CLEBS una información sobre
semanas cotizadas que no correspondían con la realidad.
32. De lo anterior, concluyó que el señor González tenía conocimiento de que la
Resolución No. GNR 204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince (2015), mediante la
cual, le fue reconocida la pensión de vejez, se expidió con base en una información
falsa, pues el número de semanas de cotización reportadas como producto de la relación
laboral con el Municipio de Cúcuta, no tenía respaldo en la realidad. Sin embargo y pese
a ello, recibió sin oposición ni reparo alguno el pago del retroactivo por valor de
$3866.100, así como las mesadas pensionales desde julio de 2015 hasta agosto de
2017, para un total de $44.538.978.
33. Por lo antes anotado, consideró que existen suficientes elementos indicadores,
que lo llevaron a tener por acreditado que la actuación del demandado fue determinante
para la consecución indebida del derecho pensional, y que no tuvo una conducta
honesta y transparente con la administración.
34. Aunado a lo anterior, precisó que es procedente ordenar el reintegro porque,
dicho proceder afecta la sostenibilidad financiera del sistema pensional, y por ello,
ordenó además la compulsa de copia a órganos de instrucción criminal, disciplinario y
fiscal para lo de su competencia.
1.5. Recurso de apelación10
35. La apoderada judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, y pide se revoque, por cuanto estimó que, no tuvo
defensa técnica ni jurídica en el proceso, dada su precariedad económica,
inconvenientes y quebrantos en salud, además «no recuerda» haber sido notificado de
este proceso por parte del Tribunal Administrativo de Norte de Santander como lo afirma
la sentencia en varios pasajes.
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Expediente digital, sistema Samai, gestión en otros despachos, índice 20
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Número interno: 2963-2024
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Víctor Hugo González
36. Señala que tampoco, «recuerda» haber sido notificado de la resolución que dio
por terminada la investigación administrativa adelantada por la Administradora
Colombiana de Pensiones, ni de la resolución que revocó su pensión.
37. Por otra parte aduce, que actuó de buena fe y bajo confianza legítima, por cuanto
afirma que, fue empleado del municipio de Cúcuta entre el primero (1) de enero de mil
novecientos ochenta (1980) hasta el veintiséis (26) de octubre de mil novecientos
ochenta y siete (1987), de conformidad con las certificaciones que se le expidieron de
manera legítima por parte de los funcionarios encargados de dichas funciones, las
cuales, envió a la Administradora Colombiana de Pensiones y luego, el mismo municipio
confirmó dichos tiempos con sus respectivos salarios devengados.
38. Considera que, no puede el municipio posteriormente cambiar dichas
certificaciones sin su consentimiento, ni tampoco llegar al extremo de calificarlas como
falsas o que su contenido sea falso porque fueron expedidas por los funcionarios
competentes de la administración municipal de Cúcuta en su respectivo momento, luego
entonces, no puede tacharse de falso por el simple hecho de no existir soportes en el
archivo después de haberlo certificado.
39. Alega que, no es de recibo tener por falsas las certificaciones expedidas por la
alcaldía de Cúcuta, por el solo hecho de no encontrar soportes en el archivo de la entidad
territorial, toda vez que, su custodia es su responsabilidad y si certificó su tiempo de
servicio en el municipio de ninguna manera puede tacharse de falsa esta documentación
o la información en ella contenida.
40. Afirma que, la Administradora Colombiana de Pensiones antes de instaurar el
presente medio de control ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, debió
solicitar a la entidad territorial la reconstrucción de su expediente laboral. Por ello,
considera que es ilegal el auto por medio del cual, la administración revocó su pensión
sin consentimiento, así como, la sentencia objeto de recurso de apelación, al declarar la
nulidad del acto que le reconoció su derecho pensional.
41. Transcribe jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la
reconstrucción de expedientes de historias laborales sentencia T- 398 de 2015, y la
sentencia SU182-2019, sobre el tratamiento de las inconsistencias en la información y
los medios de pruebas supletorios.
42. Concluye que, los hechos que se relatan en la sentencia objeto del recurso de
apelación limitan sus derechos por la no participación en el proceso, motivo por el cual,
busca revertir la decisión de primera instancia con apoyo en las pruebas que solicitará
en segunda instancia, para lograr la protección de su derecho pensional.
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Número interno: 2963-2024
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Víctor Hugo González
1.6. Trámite del recurso de apelación
43. Mediante auto del dieciocho (18) de junio de dos mil veinticuatro (2024)11, el
despacho sustanciador admitió el recurso de apelación, de acuerdo con lo establecido
por el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
44. En dicho auto, se consideró que la parte demandada solicitó pruebas en el
recurso de apelación, razón por la cual, el despacho debía pronunciarse antes que el
proceso ingresara a fallo.
45. No obstante, por medio del auto del veinticuatro (24) de agosto de dos mil
veintiséis (2026), se precisó que la parte recurrente solo aportó el certificado de entrega
de la empresa de servicios postales nacionales 4-72, relacionado con la notificación de
la sentencia impugnada, de tal suerte que, en estricto sentido, no se trata de un
requerimiento orientado a que se decreten y practiquen pruebas relacionadas con el
marco fáctico del particular, razón por la cual, no resultaba procedente emitir
pronunciamiento al respecto. En ese orden, dispuso que, una vez ejecutoriada la
decisión se reingresara al despacho el expediente para fallo, de conformidad con el
numeral 5 del artículo 247 del CPACA12.
1.7. Concepto Ministerio Público.
46. El Ministerio Público no emitió concepto de fondo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
47. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo13, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso14, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
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Expediente digital – Samai – índice 004
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Expediente digital – Samai – índice 015
13
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.
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Número interno: 2963-2024
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Víctor Hugo González
2.2. Problema jurídico
48. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:
i) ¿El tribunal administrativo de Norte de Santander omitió notificar en debida
forma al señor Víctor Hugo González de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por la Administradora Colombiana de
Pensiones bajo el radicado 54001-23-33-000-2020-00569-00, por medio de la
cual, pretende la nulidad del acto administrativo que reconoció pensión de
vejez al accionado y como consecuencia de ello, se le condene a reintegrar
las sumas de dinero percibidas por concepto de mesadas pensionales,
retroactivo y aportes a salud y/o fondo de solidaridad pensional?
ii) ¿El señor Víctor Hugo González acreditó en grado de certeza haber sido
empleado del municipio de San José de Cúcuta entre el primero (1) de enero
de mil novecientos ochenta (1980) hasta el veintiséis (26) de octubre de mil
novecientos ochenta y siete (1987)?
iii) De ser positiva la respuesta del anterior interrogante, se determinará ¿Debe
reposar en el municipio de San José de Cúcuta el expediente laboral del señor
Víctor Hugo González, o en caso de pérdida le corresponde a la entidad
territorial proceder a su reconstrucción?
iv) ¿Los tres formatos CLEBS, presentados por el accionado ante Colpensiones,
fueron expedidos el veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce (2014)
por la alcaldía de San José de Cúcuta y por contera son válidos para acreditar
en grado de certeza la cotización a pensión durante el período laboral entre el
primero (1) de enero de mil novecientos ochenta (1980) al veintiséis (26) de
octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987)?
v) ¿El señor Víctor Hugo González cumplía con los requisitos para acceder a la
pensión de vejez que le fue reconocida por medio de la Resolución No. GNR-
204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince (2015)?
vi) ¿De no acreditar los requisitos para acceder al derecho pensional, es dable
mantener su reconocimiento en razón a la condición de adulto mayor del señor
Víctor Hugo González?
vii) De estar viciado de nulidad el acto acusado, se determinará a título de
restablecimiento del derecho, ¿hay o no lugar a ordenar el reintegro de lo
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pagado por concepto de mesadas pensionales, retroactivo y aportes a salud
y/o fondo de solidaridad pensional con ocasión al reconocimiento de la
pensión de vejez, en atención a los principios de sostenibilidad financiera del
Sistema General de Pensiones, defensa del patrimonio público o si, por el
contrario, no se desvirtuó la buena fe y por ello no hay lugar a ordenar la
restitución de las mesadas pensionales indebidamente pagadas?
49. En aras de dar solución al problema jurídico planteado ab initio, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión de vejez
2.4. Hechos probados y 2.5. Caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto.
2.3.1. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
50. Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta normativa
entró en vigor a nivel nacional, el primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y
cuatro (1994) y, a nivel territorial, el treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y
cinco (1995), estableciendo un régimen de transición en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez,
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta
el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para
las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia
el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más
años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida
en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables
a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas
en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que
les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el
régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años
de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al
régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones
previstas para dicho régimen.
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con
solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.
Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a
la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se
hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a
que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento
en que cumplieron tales requisitos.
PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero
(1º) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a
la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de
seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos
cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio». (Subrayado de la Sala)
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51. De cara a la norma transcrita, quienes cumplan con los requisitos establecidos,
para ser beneficiarios del régimen de transición, tienen derecho a que se considere,
para el reconocimiento y pago de su pensión, la edad, el tiempo de cotización y el monto,
correspondientes al régimen anterior al cual se encuentren afiliados.
52. Este reconocimiento, responde a las expectativas legítimas de aquellos que han
venido realizando aportes para su pensión, bajo dicho régimen. En este sentido, para
los empleados públicos no sujetos a regímenes especiales, el régimen aplicable es el
previsto en la Ley 33 de 1985; para aquellos que han cotizado al Instituto de Seguro
Social (ISS), sería el Decreto 758 de 1990; y para quienes acreditan haber laborado
tanto en el sector público como en el privado, les resulta aplicable la Ley 71 de 1988.
2.3.2. La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance.
53. Antes de la expedición de la Ley 71 de 1988, no era posible que los trabajadores
del sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos sectores
para efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como consecuencia que unos
y otros no logran en varias oportunidades completar el tiempo para acceder a dicha
prestación.
54. A través de esta, el legislador buscó dar solución a esta contingencia consagrando
la “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el artículo 7º de esta
disposición, como aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización en el sector
público y privado. De acuerdo con ello, a partir de esta normatividad, los empleados
oficiales y públicos y los trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y
60 años si es varón, y 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o
varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados
ante el I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante la
acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u
oficial y la legal y reglamentaria.
55. Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la Ley
71 de 1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios de pensión
que existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado en el artículo 11º de
la misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975,
4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios,
contienen los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y
se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de
previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las
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entidades de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales
y jurídicas que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez".
56. La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que con
anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían
obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el tiempo servido en entidades
oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían
hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun
cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido
a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes
entidades de previsión social oficial o al ISS".
57. En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por aportes
se convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su historia laboral,
independientemente de si estas tuvieron origen en el sector público o privado, para
cubrir su riesgo de vejez.
58. La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que ha
tenido la expedición de la Ley 71 de 1998 al consagrar la pensión por aportes. Sobre
dicha prestación, esta Corporación15 también se ha pronunciado de la siguiente manera:
«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la
Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los
trabajadores del sector privado era diferente al aplicable a los servidores públicos,
al punto de que por regla general no era posible, para efectos de la pensión, sumar
el tiempo servido en una u otra calidad de vínculo laboral. Para remediar esta
situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual, en su artículo 7 de la Ley
71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación por acumulación de
aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización y de
servicios en el sector público y en el privado.»
59. De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad
para empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos pensionales.
60. Con fundamento en los derroteros trazados procede la Sala a decidir el presente
asunto.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Elementos probatorios objeto de valoración.
61. Reposan en el plenario las siguientes probanzas que resultan relevantes para dar
solución al caso concreto:
15
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-000-2005-
05520 01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
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• Cédula de ciudadanía16 y registro civil de nacimiento del señor Víctor Hugo
González17, con lo cual se acredita que su nacimiento fue el veintiocho (28) de
abril de mil novecientos cincuenta y tres (1953).
• Colpensiones el catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014), expidió el reporte
de semanas cotizadas en pensiones a nombre del señor Víctor Hugo González, en
el cual se anota la información del afiliado y se indica como fecha de afiliación el
trece (13) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), estado activo,
empleador Víctor Hugo González, actualizada a veintisiete (27) de mayo de dos
mil catorce (2014)18.
• Relación de Novedades Sistema de Autoliquidación de Aportes General,
expedida por el extinto Instituto de Seguro Social efectuado a nombre del señor
Víctor Hugo González19.
• Reporte de pago trabajadores independientes y servicio doméstico expedido por
el extinto Instituto de Seguro Social a nombre del señor Víctor Hugo González
correspondiente al periodo nueve (9) de abril de mil novecientos noventa y siete
(1997) a mayo de dos mil (2000)20.
• Formulario de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, por medio del cual, el
veintisiete (27) de mayo de dos mil catorce (2014), el señor Víctor Hugo González,
solicitó a Colpensiones historia laboral21.
• Formulario de actualización de datos en el sistema general de pensiones, por
medio del cual, el veintisiete (27) de mayo de dos mil catorce (2014), el señor Víctor
Hugo González, actualizó datos de ubicación calle 23 # 18B-34 Cúcuta – Norte de
Santander22.
• Oficio de treinta (30) de septiembre de dos mil catorce (2014), por medio del cual,
Colpensiones emite respuesta a la solicitud de corrección de historia laboral
presentada por el señor Víctor Hugo González23.
16
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 63
17
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 352
18
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 361-370
19
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 371
20
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 372
21
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 117
22
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 358
23
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 355
15
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• Formato solicitud de prestaciones económicas -pensión de vejez-, radicado el
veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015), por el señor Víctor Hugo
González ante Colpensiones, con la cual aportó declaración de no pensión 24,
formato No. 1 certificado de información laboral – certificación de periodos de
vinculación laboral para bonos pensionales y pensiones25, formato No. 2 certificado
de salario base – para calcular los bonos pensionales de las personas
incorporadas al Sistema General de Pensiones26, formato No. 3 certificación de
salarios mes a mes, para liquidar pensiones del régimen de prima media 27,
expedidas el veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce (2014), por la
alcaldía de San José de Cúcuta por intermedio de la funcionaria Edda Cáceres en
calidad de profesional universitaria del Fondo Territorial de Pensiones municipio
de Cúcuta. Documentos en los que se certifican los aportes a la Caja de Previsión
Social Municipal durante el periodo primero (1) de enero de mil novecientos
ochenta (1980) al veintiséis (26) de octubre de mil novecientos ochenta y siete
(1987), en razón al cargo desempeñado por el accionado de secretario de
inspección.
• El veintiséis (26) de enero de dos mil quince (2015), Colpensiones solicita a la
alcaldía de San José de Cúcuta «confirmar las certificaciones de tiempos públicos
(Certificación Laboral - Formato 1, Certificación salarial a fecha base – Formato 2
y Certificación Salarial – Formato 3B), expedidas por esa entidad, anexos a la
presente comunicación. La confirmación de lo solicitado deberá venir acompañado
de un oficio remisorio y soportarse con los Formatos respectivos (Certificación
Laboral - Formato 1, Certificación salarial a fecha base – Formato 2 y Certificación
Salarial – Formato 3B) los cuales deberán venir acompañados por el acto
administrativo y/o Acta de posesión de la persona delegada para expedir las
mismas, la cual debe ser concordante con las personas que las firman, donde se
especifique claramente, nombre y apellidos, número de documento y cargo28.»
• La señora Edda Cáceres, en calidad de profesional universitaria del Fondo
Territorial de Pensiones municipio de Cúcuta, mediante oficio No. 6 del dos (2) de
febrero de dos mil quince (2015), remitió a la gerente nacional de reconocimiento
de Colpensiones. confirmación de «tiempos públicos prestados en la Alcaldía
24
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 75
25
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 76
26
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 78
27
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 79
28
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 355-356
16
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Municipal de San José de Cúcuta de Víctor Hugo González entre el 01-01-1980
hasta 26-10-1987»29.
• Resolución No. GNR-204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince (2015), por
medio de la cual, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-
ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor del señor Víctor
Hugo González30, la cual fue notificada al interesado el catorce (14) de julio de dos
mil quince (2015)31.
• Oficio del veintiuno (21) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por medio del
cual, la directora de contribuciones pensionales y egreso de la gerencia de
financiamiento e inversiones de Colpensiones, presentó ante el municipio de San
José de Cúcuta la cuenta de cobro de bono pensional tipo B, para emisión y pago32.
• La señora Edda Cáceres en calidad de profesional universitaria del Fondo
Territorial de Pensiones municipio de Cúcuta, el tres (3) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), remitió a la presidencia y vicepresidencia de seguridad y riesgos
empresariales de Colpensiones el traslado de documentos con objeción a la cuota
parte que le corresponde del señor Víctor Hugo González de la pensión de vejez,
Ley 71 de 1988, por inexistencia del vínculo laboral con el municipio de Cúcuta
durante el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de mil novecientos
ochenta (1980) al veintiséis (26) de octubre de mil novecientos ochenta y siete
(1987)33.
• A la anterior comunicación anexó: Oficio de noviembre 03 de 2017, objeción de
cuenta de cobro dirigido a la Dra. Olga Lucía Sarmiento Mayorga 34 - directora de
Contribuciones Pensionales y Egresos de la Gerencia de Financiamiento e
Inversiones de Colpensiones-, Oficio noviembre 03 de 2017 con respuesta suscrita
por la Profesional Universitario Apoyo Archivo Central de la alcaldía de Cúcuta35,
Nuevos formatos Clebp36 consecutivo 1493 del 03 de noviembre de 2017,
corrigiendo consecutivo No. 1207 del 29 de diciembre de 2014 por falsedad de
29
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 105 y 117
30
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 21-26/83-89
31
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 28
32
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 102-104
33
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 89-90
34
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 95
35
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 91-92
36
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 93-94
17
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periodos no laborados, Oficio enviado Dr. Luis Fernando Ucroz Velásquez37 -
Gerente nacional de reconocimiento en Colpensiones, por medio del cual, informó
«graves inconsistencias y hallazgos en información laboral certificada, por lo que
solicitó la suspensión de decisiones pensionales».
• La señora Edda Cáceres, el tres (3) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), remitió
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el traslado de documentos con objeción a la
cuota parte que le corresponde del señor Víctor Hugo González de la pensión de vejez,
Ley 71 de 1988, por inexistencia del vínculo laboral con el municipio de Cúcuta durante el
periodo comprendido entre el primero (1) de enero de mil novecientos ochenta (1980) al
veintiséis (26) de octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987)38, al cual acompañó
con los anexos antes enlistados.
• Oficio No. 101 del tres (3) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), por medio
del cual, la señora Edda Cáceres, remitió al señor Víctor Hugo González, los
hallazgos e inconsistencias encontradas en el archivo de la entidad territorial al
verificar y constatar la información laboral certificada el doce (12) de septiembre
de dos mil catorce (2014) y que sirvieron de base para la expedición de los
formatos CLEBP Nos. 1, 2 y 3, consecutivo No. 1207 del veintinueve (29) de
diciembre de dos mil catorce (2014). De igual forma, lo requirió para que de contar
con soportes laborales tales como: decretos de nombramientos, actas de posesión,
desprendibles de pago, liquidación provisional o definitiva de cesantías, resolución
de vacaciones o aceptación de renuncia, los remitiera por escrito con radicación
en la alcaldía municipal39.
• Petición remitida el ocho (8) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), por la
funcionaria Edda Cáceres en calidad de profesional universitaria del fondo
territorial de pensiones del municipio de Cúcuta, al gerente nacional de
reconocimiento de Colpensiones, por medio de la cual, informó la existencia de
inconsistencias y hallazgos en información laboral certificada y por ello, solicitó la
suspensión de decisiones pensionales a favor del señor Víctor Hugo González40.
• Informe de verificación preliminar elaborado por la gerencia de prevención del
fraude de Colpensiones el veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)41.
37
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 97-98
38
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 99-100
39
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 101
40
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 70-71
41
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 66-69
18
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• Auto No. 029 del quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018), por medio del
cual, la Gerencia de Prevención del Fraude de Colpensiones ordenó la apertura de
la Investigación Administrativa Especial, conforme al procedimiento previsto en la
Resolución 555 del 30 de noviembre de 2015 y de acuerdo a las condiciones
establecidas en el artículo 19 de la ley 797 del 2003, en tal razón dispuso,
comunicar al señor Víctor Hugo González dicha decisión, otorgándole el término
de quince (15) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, para
presentar los argumentos y elementos de prueba que permitan esclarecer los
hechos y que quisiera hacer valer en el trámite42.
• En cumplimiento de lo anterior, la Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES, expidió la comunicación identificada con el radicado BZ
2015_482148-0208057, con destino al accionado, con el objeto de informarle que
mediante Auto Nº 29 del 15 de enero de 2018, se resolvió dar apertura a la
investigación administrativa especial con el fin de verificar en forma oficiosa los
soportes que sirvieron de fundamento para la expedición del acto administrativo
GNR 204772 del 8 de julio de 2015 por medio del cual se le reconoció su derecho
prestacional43.
• Auto No. 1255 del trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019), proferido
por la Gerencia de Prevención de Fraude de Colpensiones dentro del expediente
No. 2272-2017, por medio del cual, ordenó cerrar la investigación administrativa
especial y remitir dicha decisión a la Gerencia Nacional de Determinación de
Derechos para que dentro del ámbito de sus competencias proceda a tomar la
decisión que corresponda frente al Acto Administrativo GNR 204772 del ocho (8)
de julio de dos mil quince (2015)44.
• Oficio BZG.2019_11364277 del veintitrés (23) de agosto dos mil diecinueve
(2019), por medio del cual, se informó al señor Víctor Hugo González que mediante
auto No. 1255 del trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019), se resolvió el
cierre de la investigación administrativa especial No. 2272-1745, remitida por medio
de correo postal DOMINA ENTREGA TOTAL46.
• Resolución No. SUB-274442 del cuatro (4) de octubre de dos mil diecinueve
(2019), por medio de la cual Colpensiones resolvió revocar en todas y cada una de
42
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 120-121
43
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 341
44
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 106-114
45
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 131
46
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 132
19
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sus partes la Resolución GNR No. 204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince
(2015) mediante la cual se reconoció la pensión de vejez a favor del señor
González Víctor Hugo47. Decisión notificada personalmente al señor González
Víctor Hugo el veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019)48.
• Liquidación de retroactivo de mesadas, mesadas adicionales, descuentos en
salud en virtud del reconocimiento pensional a favor del señor Víctor Hugo
González, efectuada el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019)49.
• Resolución No. SUB-281707 del doce (12) de octubre de dos mil diecinueve
(2019), por medio de la cual, Colpensiones resolvió ordenar al señor González
Víctor Hugo, el reintegro de la totalidad de los recursos girados a título de mesadas
pensionales y aportes a salud por valor de $44.538.976, valores que corresponden
a las mesadas y descuentos en salud reconocidos en virtud del reconocimiento en
la Resolución GNR 204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince (2015)50.
Decisión notificada personalmente al señor González Víctor Hugo el veinticinco
(25) de octubre de dos mil diecinueve (2019)51.
• Oficio del diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020), por medio del cual, la
directora de prestaciones Económicas dio traslado al director de procesos
judiciales de Colpensiones de la sentencia con el fin de que se inicien las acciones
legales pertinentes. Con ocasión de la revocatoria del reconocimiento de la pensión
de vejez a favor del señor Víctor Hugo González52.
• Certificado de devengados y deducidos expedido por la directora de nóminas de
pensionados de Colpensiones el once (11) de marzo de dos mil veinte (2020)53.
• Formatos CLEBP No. 3 por medio de los cuales se certifica los salarios mes a
mes desde 1980 al 1987 a nombre del señor Víctor Hugo González54, elaborado
por Edda Cáceres en calidad de profesional universitaria del Fondo Territorial de
Pensiones del municipio San José de Cúcuta el veintinueve (29) de diciembre de
dos mil catorce (2014), en los cuales, se certifica únicamente los salarios mes a
mes para liquidar pensiones del régimen de prima media.
47
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 29-41/ 132-144
48
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 260
49
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 146
50
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 42-55
51
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 259
52
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 148-149
53
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 56
54
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 414-423
20
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2.5. Análisis del caso concreto
62. El presente asunto se contrae a determinar la legalidad del acto administrativo
contenido en la Resolución GNR 204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince (2015),
mediante la cual, Colpensiones reconoció la pensión de vejez a favor del señor Víctor
Hugo González, toda vez que, considera irregular dicho reconocimiento.
63. El a-quo a través de la sentencia objeto del recurso de apelación, resolvió declarar
la nulidad del acto sometido a control de legalidad y por contera condenó al accionado
a reintegrar las sumas que le fueron pagadas con ocasión del reconocimiento de la
pensión de vejez, en razón a los argumentos expuestos en los antecedentes de la
presente providencia.
64. Inconforme con la anterior decisión, la parte accionada acudió ante el A-quem,
para que la revoque y en su lugar niegue las pretensiones de la demanda, al considerar
que: i) El tribunal administrativo de Norte de Santander omitió notificar en debida forma
al señor Víctor Hugo González de la presente demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, ii) El señor Víctor Hugo González prestó sus servicios al municipio de San José
de Cúcuta entre el primero (1) de enero de mil novecientos ochenta (1980) hasta el
veintiséis (26) de octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987), iii) Debe reposar
en el municipio de San José de Cúcuta el expediente laboral del señor Víctor Hugo
González, o en caso de pérdida le corresponde a la entidad territorial proceder a su
reconstrucción, iv) Los tres formatos CLEBS, presentados por el accionado ante
Colpensiones, fueron expedidos el veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce
(2014) por la alcaldía de San José de Cúcuta y por contera son válidos para acreditar
en grado de certeza la cotización a pensión durante el período laboral entre el primero
(1) de enero de mil novecientos ochenta (1980) al veintiséis (26) de octubre de mil
novecientos ochenta y siete (1987), v) El señor Víctor Hugo González cumplía con los
requisitos para acceder a la pensión de vejez que le fue reconocida por medio de la
Resolución No. GNR-204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince (2015), vi) El señor
Víctor Hugo González, actuó de buena fe y bajo confianza legítima, y dada su condición
de adulto mayor no es razonable revocar su derecho pensional ni condenarlo a la
devolución de lo pagado por dicho concepto.
65. La Sala de cara a dilucidar los argumentos del recurso de apelación, en el orden
que se plantearon los problemas jurídicos, abordará como primera medida el tema
procesal, atinente a verificar si al demandado se le garantizó una debida notificación
personal del auto que admitió la demanda de la referencia que le permitiera ejercer sus
derechos al debido proceso y de defensa.
21
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66. Lo anterior, porque el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso,
establece que el proceso es nulo cuando no se practica en legal forma la notificación del
auto admisorio de la demanda a quienes deban ser citados como parte.
67. Así, es claro que la notificación del auto admisorio de la demanda es una garantía
esencial para la integración del contradictorio y para el ejercicio efectivo de los derechos
de defensa y contradicción, cuya inobservancia compromete la validez de la actuación
procesal.
68. Sobre las notificaciones de las providencias proferidas dentro de los medios de
control que son de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la
Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, dispone en el artículo 196 «Las
providencias se notificarán a las partes y demás interesados con las formalidades
prescritas en este Código y en lo no previsto, de conformidad con lo dispuesto en el
Código de Procedimiento Civil55.»
69. Seguidamente, el artículo 198 ibidem, ordena que: «Deberán notificarse
personalmente las siguientes providencias: 1. Al demandado, el auto que admita la
demanda. (…)».
70. A su turno, el artículo 199 ibidem, señala:
«NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO ADMISORIO Y DEL MANDAMIENTO
EJECUTIVO A ENTIDADES PÚBLICAS, AL MINISTERIO PÚBLICO, A PERSONAS
PRIVADAS QUE EJERZAN FUNCIONES PÚBLICAS Y A LOS PARTICULARES.
<Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra las
entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas, se deben
notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la
facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso,
y al Ministerio Público; mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones
judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.
A los particulares se les notificará el auto admisorio de la demanda al canal digital
informado en la demanda. Los que estén inscritos en el registro mercantil o demás
registros públicos obligatorios creados legalmente para recibir notificaciones judiciales, en
el canal indicado en este.
El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica de
la providencia a notificar. Al Ministerio Público deberá anexársele copia de la demanda y
sus anexos. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso al mensaje
electrónico por parte del destinatario. El secretario hará constar este hecho en el
expediente.
El traslado o los términos que conceda el auto notificado solo se empezarán a contabilizar
a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo
empezará a correr a partir del día siguiente.
(…).»
55
Hoy Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012.
22
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71. Finalmente, el artículo 200, de la norma en mención, indica: «Forma de practicar
la notificación personal del auto admisorio de la demanda a personas de derecho privado
que no tengan un canal digital. <Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 2080 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas de derecho privado que no tengan
un canal digital o de no conocerse este, se notificarán personalmente de acuerdo con
el artículo 291 del Código General del Proceso.»
72. Bajo este recuento normativo, en concordancia con el análisis efectuado sobre
las pruebas enlistadas en antelación, observa la Sala que, en ellas no reposa
información sobre correo electrónico alguno que corresponda al accionado.
73. En la demanda el medio que suministró la parte accionante para surtir la
notificación personal del accionado fue la dirección ubicada en la Calle 23 No. 18B-
34barrio Galan en San José de Cúcuta – Norte de Santander Cel 3158656425.
74. En ese orden, da cuenta el dossier procesal que el a-quo, el dos (02) de diciembre
de dos mil veinte (2020)56, profirió auto admite demanda, en cuyo ordinal cuarto dispuso
«Notifíquese personalmente la admisión de la demanda al señor Víctor Hugo González,
de conformidad con lo previsto en el artículo 200 de la Ley 1437 de 2011».
75. En cumplimiento de lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, surtió la notificación personal del auto admisorio de la demanda en los
términos que reposa en la siguiente acta:
56
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo 9_ED_EXPEDIENTE_008AUTOADMITEDEM(.pdf)
NroActua 15
23
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76. De acuerdo con lo anterior y de cara a la información personal del accionado que
reposa en los distintos formularios que diligenció para su trámite pensional ante
Colpensiones, se advierte que, sus datos son coincidentes con los plasmados en el acta
de notificación, razón para concluir con fuerza probatoria que el señor Víctor Hugo
González, contrario a lo expuesto en el recurso de apelación fue debidamente notificado
del auto que admitió la demanda y con ello, recibió copia de dicha providencia, de la
demanda y sus anexos contenidos en un cd, lo que garantizó su pleno conocimiento de
la situación fáctica y jurídica que conllevó a Colpensiones a instaurar el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que ocupa la atención de la Sala, razón por la
cual, este cargo de apelación no tiene vocación de prosperidad.
77. Resuelto el aspecto procesal, procede la Sala a resolver los demás problemas
jurídicos que atañen a lo sustancial sobre el derecho pensional bajo análisis.
78. En ese orden, el extremo pasivo de la litis señala que el señor Víctor Hugo González
prestó sus servicios al municipio de San José de Cúcuta entre el primero (1) de enero de
mil novecientos ochenta (1980) hasta el veintiséis (26) de octubre de mil novecientos
ochenta y siete (1987), para ello, se sustenta en la información que reposa en los
formularios formato No. 1 certificado de información laboral – certificación de periodos
24
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de vinculación laboral para bonos pensionales y pensiones57, formato No. 2 certificado
de salario base – para calcular los bonos pensionales de las personas incorporadas al
Sistema General de Pensiones58, formato No. 3 certificación de salarios mes a mes,
para liquidar pensiones del régimen de prima media59, expedidas el veintinueve (29) de
diciembre de dos mil catorce (2014), por la alcaldía de San José de Cúcuta por
intermedio de la funcionaria Edda Cáceres en calidad de profesional universitaria del
Fondo Territorial de Pensiones del municipio San José de Cúcuta. Así como, en el oficio
No. 6 del dos (2) de febrero de dos mil quince (2015), remitido por la funcionaria en
mención a la gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones. En el que confirma
«tiempos públicos prestados en la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta de Víctor
Hugo González entre el 01-01-1980 hasta 26-10-1987»60.
79. No obstante, tal situación entra en tensión, toda vez que, la entidad territorial al
recibir por parte de Colpensiones la cuenta de cobro de bono pensional tipo B, para
emisión y pago, la misma funcionaria que presuntamente había certificado la anterior
información, esta es, la señora Edda Cáceres, el tres (3) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), remitió a la presidencia y vicepresidencia de seguridad y riesgos
empresariales de Colpensiones61, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público62 objeción
a la cuota parte que le corresponde del señor Víctor Hugo González de la pensión de
vejez, Ley 71 de 1988, por inexistencia del vínculo laboral con el municipio de Cúcuta
durante el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de mil novecientos ochenta
(1980) al veintiséis (26) de octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987)63, de igual
forma, el ocho (8) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), informó al gerente nacional
de reconocimiento de Colpensiones, la existencia de inconsistencias y hallazgos en
información laboral certificada y por ello, solicitó la suspensión de decisiones
pensionales a favor del señor Víctor Hugo González64.
80. Lo anterior, conllevó a que Colpensiones adelantara la investigación administrativa
especial No. 2272-17, en la que concluyó «Conforme a todo lo expuesto, es claro que
nos encontramos frente a presuntos hechos de fraude respecto del reconocimiento de
pensión de vejez a favor del señor VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ; toda vez que el formato
CLEBP aportado en la solicitud y en el cual se acreditan tiempos con la ALCALDÍA DE
57
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 76
58
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 78
59
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 79
60
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 105 y 117
61
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 89-90
62
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 99-100
63
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 89-90
64
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 70-71
25
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SAN JOSÉ DE CÚCUTA carece de veracidad, pues como certificó dicha entidad, no
existen soportes que acrediten relación laboral alguna y dichos tiempos fueron
determinantes para el reconocimiento pensional otorgado.»
81. Dicha situación, llevó a Colpensiones a emitir las resoluciones No. SUB-274442
del cuatro (4) de octubre de dos mil diecinueve (2019), por medio de la cual, resolvió
revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución GNR No. 204772 del ocho (8)
de julio de dos mil quince (2015), en la que reconoció la pensión de vejez a favor del
señor González Víctor Hugo65. Decisión notificada personalmente al señor González
Víctor Hugo el veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019)66 y la No. SUB-
281707 del doce (12) de octubre de dos mil diecinueve (2019), por medio de la cual,
ordenó al señor González Víctor Hugo, el reintegro de la totalidad de los recursos
girados a título de mesadas pensionales y aportes a salud por valor de $44.538.976, en
virtud del reconocimiento en la Resolución GNR 204772 del ocho (8) de julio de dos mil
quince (2015)67. Decisión notificada personalmente al señor González Víctor Hugo el
veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019)68.
82. Del anterior recuento probatorio, observa la Sala que, desde el veinticinco (25) de
octubre de dos mil diecinueve (2019), fecha en la que se surtió la notificación personal
de la Resolución No. SUB-274442 del cuatro (4) de octubre de dos mil diecinueve
(2019), por medio de la cual, Colpensiones resolvió revocar en todas y cada una de sus
partes la Resolución GNR No. 204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince (2015), en
la que reconoció la pensión de vejez a favor del señor González Víctor Hugo y desde la
notificación personal de la demanda veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno
(2021), han trascurrido 7 y 5 años respectivamente, sin que el demandado asuma la
carga probatoria, que a bien considere para controvertir la información certificada por el
subsecretario de Talento Humano de la entidad territorial, Profesional Universitario
Apoyo Archivo Central de la alcaldía de Cúcuta y corregida por la profesional
universitaria del Fondo Territorial de Pensiones del municipio San José de Cúcuta.
83. En tal razón, el periodo que aduce el extremo pasivo de la litis prestó sus servicios
al municipio de San José de Cúcuta no tiene respaldo probatorio, pues, nótese que, el
subsecretario de Talento Humano de la entidad territorial certificó «En atención a la
solicitud de la referencia, me permito informarle que revisada la documentación que
reposa en el Archivo Central del Municipio de San José de Cúcuta no se encontró
información alguna (nombramiento, posesión, kardex, renuncia) del señor VICTOR
65
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 29-41/ 132-144
66
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 260
67
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 42-55
68
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 259
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HUGO GONZALEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 3250460 69.» la
profesional universitaria con funciones de archivo, informó «En atención a la solicitud de
la referencia, me permito informarle que revisada la documentación que se encuentra
en custodia en el archivo central del municipio de San José de Cúcuta, no se encontró
ningún acto administrativo tales como (Decreto de nombramiento, Acta de Posesión,
Acto de insubsistencias, Kardex) que vinculen laboralmente al señor VICTOR HUGO
GONZALEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 13.250.460 con la Alcaldía de
San José de Cúcuta. Igualmente, se revisó en el libro de archivo masivo laboral Base
de Datos de los funcionarios que laboraron en la Alcaldía de San José de Cúcuta, y sus
entidades descentralizadas en el periodo de 1939 a 1995 y no aparece relacionado el
señor VICTOR HUGO GONZALEZ.»
84. Por lo antes anotado, la funcionaria que presuntamente había emitido los formatos
CLEBS 1 (certificado de información laboral) y 2 (certificado de salario base), el
veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce (2014), comunicó a la directora de
Contribuciones Pensionales y Egresos de la Gerencia de Financiamiento e Inversiones
de Colpensiones- «que como fundamento para la objeción a la cuenta de cobro del
BONOP B, por parte del Municipio de San José Cúcuta, se allegan los FORMATOS
CLEBP Nos. 1,2, con las correcciones necesarias, por no existir Actos Administrativos
en el Archivo Central que demuestren el vínculo laboral del señor VICTOR HUGO
GONZALEZ con el Municipio de San José de Cúcuta.» los cuales fueron expedidos el
tres (3) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)70, en los que su contenido quedó sin
la certificación de la información del demandado, así71:
69
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 91
70
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folio 412
71
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 015, archivo
7_ED_EXPEDIENTE_006SUBSANACIONDEMA(.pdf), folios 93-94, 410-411
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85. Ahora, la parte accionada a pesar de estar debidamente notificada de la demanda,
guardó silencio y, por otra parte, aun cuando su apoderada en el escrito de alzada indicó
que por medio de su defensa técnica solicitaría pruebas en segunda instancia, para
lograr la protección del derecho pensional de su prohijado, ello no acaeció, pues, no
aportó prueba documental alguna, así como tampoco, las solicitó bajo los derroteros del
artículo 212 del CPACA, que permitieran llevar a la Sala al convencimiento de su teoría
del caso o al menor generar algún indicio de su afirmación.
86. La Sala recuerda que, a la luz de lo establecido en el artículo 167 del CGP,
«incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen», so pena que sus pretensiones no tengan vocación
de prosperidad.
87. Así, se responde el segundo problema jurídico en el sentido de afirmar que el señor
Víctor Hugo González, no acreditó en grado de certeza haber prestado sus servicios al
municipio de San José de Cúcuta entre el primero (1) de enero de mil novecientos
ochenta (1980) hasta el veintiséis (26) de octubre de mil novecientos ochenta y siete
(1987).
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88. Además, el hecho que la funcionaria Edda Cáceres en calidad de profesional
universitaria del Fondo Territorial de Pensiones municipio de Cúcuta en los formatos
CLEBP de fecha veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce (2014), certificara a
nombre del demandado aportes a la Caja de Previsión Social Municipal durante el
periodo primero (1) de enero de mil novecientos ochenta (1980) al veintiséis (26) de
octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987), en razón al cargo de secretario de
inspección, no es menos cierto que, tal información no cuenta con sustento probatorio
en la entidad territorial ni el actor demuestra lo contario, por lo tanto, al efectuar el juicio
valorativo de la situación fáctica que ocupa la atención de la Sala, cobra mayor peso
probatorio la tesis que entre la entidad territorial y el señor Víctor Hugo González no
existió vínculo laboral entre 1980 a 1987, pues, de haber ello acaecido, la parte
interesada en uso de su libertad probatoria y con pleno conocimiento del asunto de la
referencia desde hace un poco más de 7 años, algún medio probatorio hubiese
aportado.
89. Por lo expuesto, el presente cargo de apelación tampoco tiene vocación de
prosperidad.
90. Por otra parte, sustenta la parte apelante que debe reposar en el municipio de San
José de Cúcuta el expediente laboral del señor Víctor Hugo González, o en caso de pérdida
le corresponde a la entidad territorial proceder a su reconstrucción.
91. No obstante, reitera la Sala que el subsecretario de Talento Humano de la entidad
territorial y la profesional universitaria con funciones de archivo certificaron que en el
archivo central del municipio de San José de Cúcuta, libro de archivo masivo laboral
Base de Datos de los funcionarios que laboraron en la Alcaldía de San José de Cúcuta,
y sus entidades descentralizadas en el período de 1939 a 1995, no se encontró
información alguna (nombramiento, posesión, kardex, renuncia) del señor Víctor Hugo
González.
92. Frente a tal situación, no se observa gestión probatoria alguna en sede
administrativa ni judicial del extremo pasivo de la litis tendiente a desvirtuarla, además,
en el caso concreto, estamos de cara a la situación en la que, los funcionarios que tienen
la competencia de custodiar dicha documentación, expresamente certifican su no
existencia, y no así, su pérdida que podría dar lugar a la reconstrucción alegada por la
recurrente, pues, nótese que, la entidad territorial certifica nunca haber tenido vínculo
laboral con el accionado, lo que torna imposible, reconstruir algo que no existió.
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93. Ahora, el recurrente cita las sentencias T- 398 de 2015, y la SU182-2019, para
resaltar el deber de reconstrucción de expedientes de historias laborales y sobre el
tratamiento de las inconsistencias en la información y los medios de pruebas supletorios,
de las cuales, se advierte, gestión tanto de la administración como del interesado
tendiente a lograr tal finalidad, lo que no ocurre en el sub lite, toda vez que, la entidad
territorial realizó la búsqueda de la información laboral del accionado en sus archivos
centrales y descentralizados, sin obtener resultado alguno sobre (Decreto de
nombramiento, Acta de Posesión, Acto de insubsistencias, Kardex) que vincularan
laboralmente al señor Víctor Hugo González con la alcaldía de San José de Cúcuta,
ante lo cual, la gestión del accionado tendiente a acreditar los servicios que aduce haber
prestado a la entidad territorial fue nula.
94. Aduce la parte apelante, que en todo caso, los formatos CLEBS, presentados por el
accionado ante Colpensiones, fueron expedidos el veintinueve (29) de diciembre de dos
mil catorce (2014) por funcionaria competente de la alcaldía de San José de Cúcuta,
razón por la cual, son válidos para acreditar en grado de certeza la cotización a pensión
durante el período laboral entre el primero (1) de enero de mil novecientos ochenta
(1980) al veintiséis (26) de octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987), por lo que,
considera que no es de recibo desconocer su contenido o tenerlos por falsos, no
obstante, reitera la Sala que dicha información quedó sin soporte probatorio, tal como
se expuso en antelación, por lo tanto, no es posible tener por demostrado el vínculo
laboral bajo la información contenida en los formatos en mención y sobre los cuales se
apoyó el señor Víctor Hugo González, para solicitar su reconocimiento pensional ante
Colpensiones.
95. Bajo este contexto, se tiene que los formatos expedidos el veintinueve (29) de
diciembre de dos mil catorce (2014), con fines pensionales carecen de validez, dada su
posterior corrección el tres (3) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), e información
certificada por subsecretario de Talento Humano de la entidad territorial, Profesional
Universitario Apoyo Archivo Central de la alcaldía de Cúcuta, sin que el demandado en
uso de pruebas documentales o supletorias, demostrara oposición ante lo ocurrido.
96. Como argumento de la alzada, también se insiste en afirmar que el señor Víctor
Hugo González cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de vejez que le fue
reconocida por medio de la Resolución No. GNR-204772 del ocho (8) de julio de dos mil
quince (2015).
97. A tono con este cargo de apelación, encuentra la Sala que Colpensiones por medio
de la Resolución GNR 204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince (2015), sostuvo
que el señor Víctor Hugo González, solicitó el veintidós (22) de enero de dos mil quince
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(2015) el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de vejez, radicada
bajo el No 2015_482148, además que el peticionario había prestado los siguientes
servicios:
98. Que conforme lo anterior, el interesado acreditaba un total de 9,808 días
laborados, correspondientes a 1,401 semanas y al nacer el veintiocho (28) de abril de
mil novecientos cincuenta y tres (1953), contaba con 62 años de edad.
99. Que en virtud de la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
le resultaba aplicable la Ley 71 de 1988, la cual, dispone «los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer». Que el ingreso base de liquidación sería calculado de conformidad
con lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993 y a tono con los factores
salariales establecidos en el artículo 1º del decreto 1158 del 3 de junio de 1994.
100. Asimismo, dejó consignado en la Resolución GNR 204772 del ocho (8) de julio
de dos mil quince (2015), mediante la cual, Colpensiones reconoció y ordenó el pago de
una pensión de vejez a favor del señor Víctor Hugo González, que «para el
financiamiento de la prestación del asegurado procede el trámite de liquidación y cobro
de BONO PENSIONAL TIPO B por el tiempo laborado al servicio del estado con
anterioridad a la Ley 100 de 1993, de conformidad con la normatividad contenida en los
Decretos 1748 de 1995, 1474 de 1997, 1513 de 1998 y el Decreto 13 de 2001.»
101. En ese orden, resolvió reconocer el pago de una pensión de vejez a favor del
señor González Víctor Hugo a partir del primero (1) de enero de dos mil quince (2015),
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en cuantía de $644.350 y ordenó a la Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos de la
Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones de Colpensiones iniciar el trámite de
liquidación y cobro del BONO TIPO B ante la alcaldía de Cúcuta.
102. No obstante, Colpensiones por medio de la Resolución No. SUB-274442 del
cuatro (4) de octubre de dos mil diecinueve (2019), revocó en todas y cada una de sus
partes la anterior resolución, en razón a que el reconocimiento pensional se había
efectuado sin el cumplimiento de los requisitos de ley.
103. Se recuerda entonces, que el reconocimiento pensional a favor del accionado, se
efectuó a la luz de lo establecido en la Ley 71 de 1988, al acreditar con el tiempo de
servicio presuntamente cotizados a pensión con ocasión del servicio prestado a la
alcaldía de Cúcuta un total de 1.401 semanas; sin embargo, al quedar sin sustento
probatorio dicho vínculo laboral, solo demostró 7.022 días laborados, correspondientes
a 1.003 semanas cotizadas a Colpensiones desde el primero de enero de mil
novecientos noventa y cinco (1995) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce
(2014).
104. Por lo expuesto, tal como lo indicó Colpensiones, el señor González Víctor Hugo,
reporta en su historia laboral 1.003 semanas efectivamente cotizadas para pensión de
vejez, razón por la cual, no cumple el número de semanas cotizadas exigidas por la Ley
797 de 2003, para beneficiarse de la pensión de vejez, motivo por el cual, le asiste razón
a la parte demandante al pretender la nulidad del acto administrativo sometido a control
de legalidad y al a-quo al acceder a dicha pretensión, toda vez que, el reconocimiento
pensional no se ajusta al ordenamiento jurídico que le resultó aplicable.
105. Ahora, se recuerda que el señor Víctor González a la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993, tenía 40 años y, por ello, inicialmente estaba cobijado por el régimen de
transición. Sin embargo, al quedar excluido de su historia laboral el periodo comprendido
entre 1980 a 1987, resulta importante traer a colación lo atinente al parágrafo transitorio
4º del artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005, toda vez que, para conservar el régimen
de transición después del treinta y uno (31) de julio de dos mil diez (2010) debía acreditar
al veinticinco (25) de julio de dos mil cinco (2005) al menos 750 semanas o su
equivalente en tiempo de servicios.
106. En tal razón, una vez queda excluido el período con el municipio de San José de
Cúcuta, la información laboral que queda acreditada en el expediente no le permite al
accionado alcanzar las 750 semanas al veinticinco (25) de julio de dos mil cinco (2005);
por el contrario, los períodos efectivamente acreditados son sustancialmente posteriores
y conducen a la conclusión de que el actor no conservó la transición hasta 2014.
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107. Aunado a lo anterior, queda claro que, el accionado cuenta con 1.003 semanas,
las cuales, a la luz de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, no le dan,
por sí solas, una pensión de vejez bajo el régimen general vigente para 2015, toda vez
que, para un hombre, desde 2015 se exigían 62 años de edad y 1.300 semanas
(artículo36), razón por la cual, le faltarían 297 semanas.
108. Además, hay que tener presente que nació el veintiocho (28) de abril de mil
novecientos cincuenta y tres (1953), por lo tanto, para el primero (1) de enero de dos mil
quince (2015), no había cumplido 62 años; pues, solo los alcanzó el veintiocho (28) de
abril de dos mil quince (2015). Por tanto, tampoco podría simplemente trasladarse la
fecha de efectos de la pensión original al 1.º de enero de 2015 bajo la Ley 797.
109. En principio, con 1.003 semanas y sin transición, la prestación prevista por la Ley
100 sería la indemnización sustitutiva, siempre que se cumplan sus presupuestos, entre
ellos la declaración de imposibilidad de continuar cotizando. El artículo 37 de la Ley 100
contempla expresamente esa alternativa para quien haya llegado a la edad pensional
sin alcanzar las semanas mínimas.
110. De cara a la anterior situación, nótese que Colpensiones a través de la Resolución
No. SUB-274442 del cuatro (4) de octubre de dos mil diecinueve (2019), precisó al
demandado que podrá solicitar la indemnización sustitutiva de vejez, si a bien lo requiere
previa manifestación de la imposibilidad de continuar cotizando al Sistema, o en caso
de presentar inconformidad con la historia laboral, podrá solicitar su corrección
allegando con la petición, los soportes que pretenda hacer valer, tales como certificados
laborales y de pago de las cotizaciones con destino a pensión de los periodos sobre los
cuales se presente inconformidad, los cuales deberán ser expedidos por el empleador
o empleadores de los periodos sobre los cuales se reclama, que para el caso de
entidades públicas deberán ser aportados en formulario CLEBP 1, 2 y 3, exigidos por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, petición que podrá presentar en cualquier
punto de atención al ciudadano de Colpensiones.
111. Así, se observan las distintas opciones que se han brindado al accionado para
acceder a la indemnización sustitutiva de vejez o en caso de inconformidad con su
historia laboral también cuenta con la información de los documentos que requiere
aportar para dilucidar el derecho pensional, no obstante, a la fecha, en el expediente se
observa que nada de ello ha sido atendido por el accionado, razón por la cual, se instará
para que en cumplimiento de lo dispuesto por Colpensiones, proceda a adelantar la
gestión que le corresponda para acceder a las opciones anunciadas en la Resolución
No. SUB-274442 del cuatro (4) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
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112. Finalmente, en lo que corresponde a la oposición que hace el recurrente frente a
la orden de restituir las sumas de dinero pagadas por Colpensiones al accionado en
virtud del reconocimiento pensional, pues considera que su condición de adulto mayor
lo hace merecedor de protección constitucional, encuentra la Sala que, tal petición tiene
vocación de prosperidad, no por su condición de adulto mayor, pues ello, no es
habilitante, para que, una actuación de la administración que no se ajuste al
ordenamiento jurídico se extienda inexcusablemente en el tiempo, cuando atente contra
postulados constitucionales, específicamente, defensa del patrimonio público, sino
porque en el presente caso no quedó desvirtuada la buena fe que se presume sobre el
accionado.
113. Esta Sala72 ha precisado que, en línea de principio, en los casos en los que se
discuten prestaciones periódicas y, principalmente, cuando la pretensión de
restablecimiento corresponde a la devolución de sumas de dinero pagadas, en tanto y
en cuanto no eran debidas, el CPACA, en el artículo 164.1, literal c), establece que “no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.
114. En el sub judice, la entidad demandante puso de presente, de acuerdo con el
“certificado de devengados y deducidos” del once (11) de marzo de dos mil veinte
(2020), que el señor Víctor Hugo González, durante el período: 2017-03 a 2020-03 le
fueron girados los siguientes valores:
115. Sin embargo, la Sala no advierte, del material probatorio existente en el expediente
que el señor González hubiera falsificado, alterado o elaborado dichos documentos, ni
que hubiera intervenido en la irregularidad que conllevó a la entidad territorial a su
posterior corrección. Por el contrario, se trata de certificaciones expedidas por la propia
administración municipal y, además, inicialmente confirmadas por esta ante
Colpensiones.
116. Así, la valoración probatoria no permite establecer el hecho concreto que permitiera
atribuir al pensionado una conducta contraria a la buena fe, pues, aun cuando la solicitud
pensional la acompañó con los formularios CLEBS, de fecha veintinueve (29) de
diciembre de dos mil catorce (2014), los cuales, luego quedaron sin validez, no se logra
72
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 16 de abril de 2026,
M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 25000-23-42-000-2017-04450-01 (3450-2025).
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advertir actuación de mala fe, mediante fraude, maniobras o actos ilegales dirigidos a
obtener dicha información para con ella acceder al reconocimiento pensional.
117. En este orden de ideas, la sola circunstancia que llevó a que el reconocimiento
pensional haya resultado jurídicamente improcedente, o de que el interesado no haya
logrado demostrar posteriormente el tiempo de servicio discutido, no resulta suficiente,
para desvirtuar la presunción constitucional de buena fe y hacer procedente el reintegro
de las mesadas, de conformidad con el artículo 164.1.c del CPACA.
118. Así se ha considerado a través de la jurisprudencia de esta Subsección73, en la que
ha señalado que, para obtener la devolución de las mesadas, no basta acreditar la
ilegalidad del reconocimiento, sino que corresponde demostrar que el pensionado actuó
de mala fe, mediante fraude, maniobras o actos ilegales dirigidos a obtener la prestación,
conductas que se insiste no se encuentra demostradas en el sub examine, por lo que
resulta procedente revocar la decisión del a-quo correspondiente a la orden al accionado
de reintegrar las unas de dinero que le fueron pagadas en virtud del reconocimiento
pensional.
119. Siendo así las cosas, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, en razón a que, al estar acreditado el reconocimiento indebido de la pensión
de vejez a favor del demandado, la consecuencia, no podía ser otra que, declarar la
nulidad del acto administrativo sometido a control de legalidad, pero, por otra parte,
como Colpensiones no logró desvirtuar la presunción de buena fe, de quien se benefició
con el reconocimiento pensional, no tiene vocación de prosperidad, el pedido de obtener
el reintegro de las mesadas pensionales que pagó en virtud de lo establecido en la
resolución objeto de nulidad.
2.6. Condena en costas
120. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
2.7. Conclusión
La Sala concluye que, los motivos de inconformidad expuestos por el extremo pasivo de
la litis están llamados a prosperar parcialmente, razón por la cual, se confirmará en ese
sentido la sentencia apelada, toda vez que, se revocará el ordinal segundo para negar
la pretensión de reintegro de las sumas pagadas con ocasión del reconocimiento
73
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de marzo de 2021, rad. 25000-23-42-000-2017-02004-01.
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pensional y, de oficio se adicionará el ordinal séptimo, para instar al accionado para que,
en cumplimiento de lo dispuesto por Colpensiones, proceda a adelantar la gestión que
le corresponda para acceder a las opciones anunciadas en la Resolución No. SUB-
274442 del cuatro (4) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia del catorce (14) de marzo de
dos mil veinticuatro (2024), por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander ordenó al señor Víctor Hugo González reintegrar a la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, la suma total de cuarenta y cuatro
millones quinientos treinta y ocho mil novecientos setenta y ocho pesos m/cte
($44.538.978.oo), que percibió con ocasión a la pensión de vejez que le fue reconocida
a través de la Resolución No.GNR204772 del ocho (8) de julio de dos mil quince (2015),
debidamente indexada conforme lo dispone el artículo 187 del CPACA. En su lugar, se
dispone,
«SEGUNDO: Negar el reintegro a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA
DE PENSIONES - COLPENSIONES, de la suma total de cuarenta y cuatro
millones quinientos treinta y ocho mil novecientos setenta y ocho pesos
m/cte ($44.538.978.oo), que pagó con ocasión a la pensión de vejez que le
fue reconocida al accionado a través de la Resolución No. GNR 204772 del
ocho (8) de julio de dos mil quince (2015), por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.»
SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal séptimo a la sentencia del catorce (14) de marzo de
dos mil veinticuatro (2024), proferida Tribunal Administrativo de Norte de Santander, así:
«SÉPTIMO: Instar al señor Víctor Hugo González para que, en
cumplimiento de lo dispuesto por Colpensiones, proceda a adelantar la
gestión que le corresponda para acceder a las opciones anunciadas en la
Resolución No. SUB-274442 del cuatro (4) de octubre de dos mil
diecinueve (2019).»
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del catorce (14) de marzo de dos
mil veinticuatro (2024), por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, accedió a la pretensión de nulidad de la Resolución No. GNR-204772 del
ocho (8) de julio de dos mil quince (2015) y se abstuvo de imponer condena en costas
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
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QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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