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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02879-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02879-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia proferida Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Ausente con excusa 37 38 Número interno: 0088-2026 Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Gustavo Leonel Gutiérrez Toro CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. FNM 38

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-02879-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado 05001-23-33-000-2017-02879-01 (0088-2026)1
Demandante Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandado Gustavo Leonel Gutiérrez Toro
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Topes mesadas pensionales Decreto 546 de 1971
Decisión Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, en
contra de la sentencia del Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo Antioquia, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda2.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1. Las pretensiones

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -
Administrativo, en orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo
contenido en la Resolución No. RDP 013302 del Treinta (30) de Marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017), por medio de la cual, se dio cumplimiento al fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia de fecha Tres (3) de Agosto de Dos Mil
Dieciséis (2016) y en consecuencia reliquidó la pensión vejez a favor del señor
Gustavo Leonel Gutiérrez Toro, en cuantía de $8.950.000 m/cte. Equivalente a la

1 Expediente hibrido
2 Expediente digital – gestión otros despachos - índice No. 036

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Número interno: 0088-2026
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandado: Gustavo Leonel Gutiérrez Toro

suma de 25 SMMLV, efectiva a partir del Veinticuatro (24) de Agosto de Dos Mil
Cuatro (2004), con efectos fiscales a partir del Diecisiete (17) de Septiembre de
Dos Mil Siete (2007) por prescripción trienal.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó

• Declarar que al señor Gustavo Leonel Gutiérrez Toro, no le asistía el
derecho a la reliquidación de la pensión en los términos planteados en la
Resolución No. RDP 013302 del Treinta (30) de Marzo de Dos Mil Diecisiete
(2017), expedida por la UGPP, teniendo en cuenta que, la entidad al
momento de expedir el acto administrativo demandado, omitió el ajuste de
los topes máximos de 20 S.M.M.L.V., establecidos en el artículo 2 del
Decreto 314 de 1994.

• Ordenarle reintegrar la totalidad de las sumas canceladas en virtud del acto
demandado, por concepto de reliquidación de la pensión.

• Asimismo, solicita que, la condena que ponga fin al proceso reúna los
requisitos de los artículos 99 y 187 de la Ley 1437, que en ella conste una
obligación, clara, expresa y actualmente exigible con el que preste mérito
ejecutivo.

1.2. La demanda fue subsanada3, y en punto al acápite de hechos en que se
fundan las pretensiones expuso los siguientes:

3. El señor Gustavo Leonel Gutiérrez Toro, nació el Veintiséis (26) de Febrero de
Mil Novecientos Treinta y Siete (1937) y laboró al servicio del Estado, cotizando el
régimen de pensión a Cajanal durante los siguientes tiempos:

• Municipio de Medellín, desde Tres (3) de Octubre de Mil Novecientos

3 Expediente físico folios 648-650

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandado: Gustavo Leonel Gutiérrez Toro

sesenta y Tres (1963) hasta el Diez (10) de Diciembre de Mil Novecientos
Sesenta y Cinco (1965). (Cotización a CAJANAL).

• En la Rama Jurisdiccional, desde el Quince (15) de Diciembre de Mil
Novecientos Sesenta y Cinco (1965) hasta el Cuatro (4) de Julio de Mil
Novecientos Sesenta y Ocho (1968), desde el Ocho (8) de Julio de Mil
Novecientos Sesenta y Ocho (1968) hasta el Veintiocho (28) de Febrero de
Mil Novecientos Sesenta y Nueve (1969). (Cotización a CAJANAL).

• En la Procuraduría General de la Nación de la Nación, desde el Tres (3) de
Marzo de Mil Novecientos Sesenta y Nueve (1969) hasta el Dieciocho (18)
de Octubre de Mil Novecientos Sesenta y Nueve (1969), el Nueve (9) de
Enero de Mil Novecientos Setenta (1970) hasta el Treinta (30) de Septiembre
de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979), el Cuatro (4) de Octubre de Mil
Novecientos Setenta y Nueve (1979) hasta el Quince (15) de Marzo de Mil
Novecientos Ochenta y Cuatro (1984). (Cotización a CAJANAL).

• En la Procuraduría General de la Nación, desde el Veintinueve (29) de Marzo
de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995) hasta el Treinta (30) de Enero
de Dos Mil Dos (2002). (Cotización a ISS).

4. Afirma que, adquirió su estatus jurídico de pensionado el Veintiséis (26) de
Febrero de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992) y fue retirado del servicio oficial,
por medio del Decreto 110 de Enero Treinta (30) de Dos Mil Dos (2002), su último
cargo desempeñado fue el de Procurador 132 Judicial II Penal de Medellin, Código
3PJ, Grado EC.

5. Indica que, por medio de la Resolución No. 11394 del primero (1) de Septiembre
de (2000), el Instituto de los Seguros Sociales, le negó el reconocimiento de la
pensión vejez, al considerar que, no cumplió con los requisitos estipulados en el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el Decreto 758 de 1990.

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6. Inconforme con la anterior decisión, interpuso acción de tutela, la cual, fue
conocida por el juzgado segundo laboral del circuito de Medellín quien en sentencia
del Trece (13) de Agosto del (2001), ordenó tutelar sus derechos fundamentales y
ordenó al Instituto de los Seguros Sociales, pagarle la pensión teniendo en cuenta
únicamente las cotizaciones efectuadas a su favor, a sus órdenes el bono pensional
que obligatoriamente debe expedir la Caja Nacional de Previsión Social y el reajuste
en los pagos a que tenga derecho. A su vez, dispuso que, para el reconocimiento
de la pensión deberá exigirle a Cajanal, tener en cuenta todos los factores salariales
percibidos en el último año de servicio con los cuales, debe liquidar el bono
pensional, esto es, con fundamento en el Decreto 546 de 1971.

7. En virtud de lo anterior, la Caja Nacional por medio de la resolución No. 9625 del
(10) de mayo del (2002) le negó la solicitud de pensión de jubilación, bajo el
argumento que solo tiene competencia para reconocer el bono pensional y no la
pensión, tal como lo ordenó el fallo de tutela transitorio.

8. Mediante la Resolución No. 7916 del (27) de noviembre del (2002) la hoy
liquidada Cajanal, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución
antes mencionada la cual confirmó en todas y cada una de sus partes.

9. El instituto de los seguros sociales por medio de la Resolución 8980 del (25) de
Agosto del (2003) reconoció de manera definitiva la pensión de vejez del
demandante.

10. Indica que, por medio de fallo ordinario laboral proferido por el juzgado 13
laboral del circuito de Medellín, bajo el radicado 2002 -1124, condenó a la Caja
Nacional de Previsión Social a reconocer y pagarle la suma de $245.628.064 por
concepto de mesadas pensionales de jubilación, adeudadas del desde el Veintidos
(22) de Febrero del Dos Mil Dos (2002), de igual forma, dispuso que, la Caja
Nacional de Previsión Social, continuaría pagándole a partir del 2004, una pensión
de vejez en cuantía de $7.501.804, sin perjuicio de los reajustes a que, para los

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Demandado: Gustavo Leonel Gutiérrez Toro

años subsiguientes y de conformidad con la ley se deban efectuar.

11. Mediante la Resolución 2104 del (25) de Abril del (2005), la extinta Cajanal dio
cumplimiento a la sentencia preferida por el juzgado 13 laboral del circuito de
Medellín y, en consecuencia, le reconoció la pensión de vejez al demandante en
cuantía de $7.501.804, efectiva a partir del Veinticuatro (24) de Agosto del Dos Mil
Cuatro (2004), con efectos fiscales a partir de la fecha en que el Instituto los
Seguros Sociales lo excluyera de nómina.

12. A través de la Resolución 14032 del primero (1) de Agosto del (2005), el
Instituto de Seguros Sociales dio cumplimiento al fallo ordinario laboral proferido
por el juzgado 13 laboral del circuito de Medellín de fecha (24) de Agosto del (2004)
y en consecuencia ordenó revocar en su totalidad la Resolución 8980 del (25) de
Agosto de (2003), mediante la cual, se reconoció de manera definitiva la pensión
de vejez al demandado y de los demás actos administrativos que anteceden a la
presente resolución, por lo tanto, ordenó el retiro de nómina de pensionados del
Instituto a partir de agosto del 2005 que se pagó en septiembre del mismo año.

13. Mediante fallo preferido por el tribunal administrativo de Antioquia, el Tres (3)
de Agosto del Dos Mil dieciséis (2016) ordenó declarar la nulidad de los actos fictos,
derivados del silencio administrativo, respecto de las peticiones presentadas por el
demandante el Diecisiete (17) de Septiembre de Dos Mil Diez (2010) y Treinta (30)
de Noviembre del mismo año, en tanto, negaron la reliquidación de la pensión de
jubilación, con la inclusión del 75% de la diferencia por el valor mayor de la
bonificación por compensación reconocida en la sentencia del Dieciséis (16) de
Julio del Dos Mil Nueve (2009), emitida por el tribunal administrativo de Antioquia,
como consecuencia se ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación
percibida por el demandante, adicionando en la base de liquidación al rubro de
bonificación por compensación el 75% de la diferencia reconocida.

14. Por medio de la Resolución RDP 013302 del Treinta (30) de Marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017), dio cumplimiento al fallo preferido por el tribunal administrativo

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de Antioquia y en consecuencia, reliquidó la pensión de vejez a favor del
demandante en cuantía de $8.950.000 equivalente a la suma de (25) salarios
mínimos mensuales legales vigente, efectiva a partir del (24) de Agosto de (2004),
con efecto fiscales a partir del Diecisiete (17) de Septiembre del Dos Mil Siete
(2007), por prescripción trienal, omitiendo en esta fórmula el ajuste de los topes
máximos de (20) salarios mínimo mensuales legales vigentes, establecidos en el
artículo 2 del Decreto 314 de 1994, de conformidad a la situación fáctica y jurídica
del hoy demandado

15. Posteriormente, y en atención a que, la entidad advierte que, por un error en la
resolución antes mencionada no se aplicaron los topes máximos de liquidación
pensional establecidos en la ley, procedió a modificar la parte resolutiva de la
resolución antes mencionada y profirió la Resolución RDP 033 744 del (29) de
Agosto del (2017).

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

16. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 121, 128 y 209 de la
Constitución Política; 18 de la Ley 100 de 1993; 6 del Decreto 546 de 1971 y 2 del
Decreto 314 de 1994.

17. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

18. Los actos demandados vulneraron el orden constitucional y legal, en tanto el
reconocimiento pensional superó el tope máximo de 20 SMLMV previsto en el
artículo 2 del Decreto 314 de 1994, aplicable a las pensiones del régimen de prima
media.

19. En ese orden, sostiene que, es procedente el medio de control de la
referencia, en aras de expulsar del ordenamiento jurídico la resolución RDP 013302
del 30 de marzo de 2017, expedida por la UGPP, la cual no constituye un mero acto
de ejecución judicial, en razón a que reliquidar la pensión de vejez del demandante
sin aplicar el tope pensional legal de 20 SMMLV, creó una situación jurídica nueva.

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20. Por lo anterior, el acto acusado se constituye en un acto administrativo
autónomo, susceptible de control judicial mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del CPACA, pues, vulnera
el principio de legalidad consagrado en los artículos 1, 2, 6, 121, 128 y 209 de la
Constitución Política, al comprometer recursos públicos sin sustento normativo y
desconocer el interés general.

21. Alega que, con su expedición excedió sus competencias al reconocer una
mesada pensional por encima del límite legal, incurriendo en extralimitación de
funciones y afectando la moralidad administrativa, la igualdad y la eficacia del
servicio público.

22. Con dicho proceder, afirma se infringieron disposiciones como el artículo 2
del Decreto 314 de 1994, el cual, establece que, las pensiones en el régimen de
prima media con prestación definida no pueden superar los 20 SMMLV. Norma que
desarrolla el parágrafo 3° del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, aplicable al régimen
pensional del demandado.

23. Resalta que, aun cuando el demandante consolidó su derecho bajo el
Decreto 546 de 1971, esta norma no contempla excepción alguna al tope pensional,
y los funcionarios de la Rama Judicial fueron incorporados al Sistema General de
Pensiones, mediante el Decreto 692 de 1994, quedando sujetos a sus límites.
Aspecto sobre el cual la jurisprudencia constitucional ha sido clara. Nótese que en
la sentencia C-258 de 2013, la Corte Constitucional reafirmó que no existen
excepciones tácitas al tope pensional, y, que incluso los magistrados de las altas
cortes están sujetos a estos los límites legales.

24. Ante la ausencia de norma expresa que exceptúe la aplicación de los topes,
debe aplicarse entonces la regla general del sistema, interpretación que se
encuentra conforme con los principios constitucionales y refleja las decisiones de
la legislación.

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25. Colige que, bajo el control de legalidad del acto acusado, debe verificarse si
el acto administrativo demandado se ajusta al ordenamiento jurídico, toda vez que,
de su análisis advierte una contradicción directa entre la resolución y las normas
superiores, por parte es procedente declarar su nulidad y ordenar el
restablecimiento del derecho, ajustando la pensión al límite legal de 20 SMMLV, a
efectos de garantizar la seguridad jurídica y la protección del interés y finanzas
públicas.

1.2. Contestación de la demanda

26. Actuado por medio de apoderado judicial, presentó escrito de contestación
de la demanda, por medio del cual, indica frente a los hechos que unos son ciertos,
en otros está equivocada la demandante, y, algunos son falsos, para con ello, pasar
a exponer sus argumentos de defensa, tendientes a que no se declare la nulidad
del acto acusado.

27. Lo anterior, por cuanto considera que, el reconocimiento previo de su
derecho pensional surge de una sentencia judicial en firme, así como, en la
aplicación de normas especiales que regulan su situación particular.

28. Sostiene que, adquirió el estatus pensional desde el (26) de Febrero de
(1992), al cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio, tal como fue
reconocido por el Juzgado 13 Laboral de Medellín, por medio de la sentencia del
(24) de agosto de (2004). Por ello, considera que, no es procedente aplicar el
Decreto 314 de 1994, que establece topes pensionales, por tratarse de una norma
general posterior a la consolidación de su derecho.

29. Aduce que, su pensión fue reconocida a la luz del Decreto 546 de 1971,
norma especial que no contempla límites en el monto pensional, y que debe
prevalecer sobre normas generales conforme al artículo 5 de la Ley 57 de 1887, y
con ello garantizar, el respeto a los derechos adquiridos, conforme lo dispuesto en
la Ley 4 de 1992, la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, por tanto,
CAJANAL como la UGPP han dado cumplimiento a las decisiones judiciales que

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reconocieron su pensión, sin que se haya vulnerado el debido proceso.

30. Finalmente, formuló las siguientes excepciones:

31. Caducidad: Por cuanto considera que, la demanda fue presentada
extemporáneamente, esto es, por fuera de los 4 meses establecido en el artículo
138 del CPACA. El acto administrativo demandado (Resolución RDP 013302 del
30 de marzo de 2017) fue notificado el 17 de abril de 2017, y la demanda fue
interpuesta el 30 de octubre de 2017, excediendo el plazo legal, lo que configura la
caducidad de la acción.

32. Inepta demanda: Considera está configurada, en razón a que, la entidad
omitió incluir como objeto de control la Resolución RDP 033744 del 29 de agosto
de 2017, que modificó de oficio la resolución inicialmente demandada. Resalta que,
aun cuando, el despacho requirió corrección, el extremo activo de la litis consideró
que no era objeto de demanda, lo que impide un análisis integral de los actos
administrativos y configura una ineptitud sustancial de la demanda.

33. Falta de interés jurídico, por cuanto considera que la UGPP no tiene
legitimación para invocar normas posteriores a la consolidación del derecho
pensional que le fue reconocido, pues, quien cumplió los requisitos antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993. Por tanto, no procede aplicar el Decreto 314 de
1994, y no existe interés jurídico para solicitar la nulidad del reconocimiento
pensional.

34. Cosa juzgada: Aduce se configura dicha excepción, en razón a que, el
derecho pensional le fue reconocido mediante sentencia judicial que se encuentra
en firme, pues, en contra de dicha decisión la UGPP no interpuso recurso alguno.
Por ello, discrepa del proceder de la accionante al pretender reabrir nuevamente un
litigio sobre el mismo tema, en razón a que implicaría desconocer el principio de
seguridad jurídica y la inmutabilidad de las decisiones judiciales, lo que configura la
excepción de cosa juzgada.

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35. Prevalencia de la ley especial sobre la general: Bajo el entendido que la
pensión fue reconocida conforme a una norma especial (Decreto 546 de 1971), la
cual, no contempla topes pensionales, luego entonces, no procede aplicar el
Decreto 314 de 1994.

1.4. La sentencia apelada

36. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del Veintiséis (26) de
Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, al resolver lo siguiente4:

«PRIMERO. DENEGAR la prosperidad de las excepciones de caducidad del
medio de control y de cosa juzgada alegadas por el demandado, de
conformidad a los considerandos que anteceden.

SEGUNDO. Se DECLARA la nulidad parcial de la Resolución RDP 013302 del
30 de marzo de 2017, en lo relativo al establecimiento del tope máximo de la
mesada pensional en 25 SMMLV reliquidada al señor Gustavo Leonel Gutiérrez
Toro; y, en su lugar, se fijará el valor máximo de la prestación vigente para la
fecha de su efectividad, esto es, conforme a lo prescrito en el artículo 2° del
Decreto 314 de 1994, que no podrá sobrepasar los 20 SMMLV. Esto, en razón
con lo expuesto en el acápite de consideraciones de esta sentencia.

TERCERO. NO SE ACCEDE a las demás pretensiones de restablecimiento
invocadas en la demanda, según lo expuesto.

CUARTO. NO SE CONDENA en costas en esta instancia.»

37. Para arribar a la anterior decisión, el A-quo previo a entrar a estudiar el fondo
del asunto, descartó los medios exceptivos relacionados con la extemporaneidad
de la misma, toda vez que, se trata de una prestación periódica que podía
reclamarse en cualquier tiempo.

38. De igual manera, no encontró configurado los efectos de cosa juzgada, en
razón a que, lo relativo a los topes de las mesadas pensionales no fue objeto de
discusión en el proceso que ordenó la reliquidación pensional con la inclusión de
algunos factores salariales adicionales.

4 Expediente hibrido, gestión otros despachos, Índice 36 de Samai.

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39. Establecido lo anterior, con fundamento en el marco normativo y
jurisprudencial esbozado en la providencia, concluyó que, el tope de 20 SMMLV
aplica para el caso concreto, dado que este límite hace parte integral del sistema
de seguridad social en pensiones, independientemente del régimen al que
pertenezca el beneficiario o de que este lo establezca o no.

40. Por lo expuesto, consideró que, era procedente expulsar parcialmente del
ordenamiento jurídico el acto acusado, en tanto que, el monto máximo de la mesada
concedida estableciendo otra cuantía límite.

41. Finalmente, desestimó el reintegro de los dineros pagados en exceso como
aspiración de restablecimiento, porque no se demostró el acceso a la prestación en
contravía del principio de buena fe. Además, consideró que no había lugar a
imponer condena en costas, las cuales tienen un carácter subjetivo y, no constató
sus elementos de causación.

42. Por otra parte, se advierte que el A-quo por auto del Diecinueve (19) de Mayo
de Dos Mil Veintitrés (2023), resolvió la excepción de ineptitud de la demanda, en
el sentido de declararla no probada, al considerar:

«2.4 De la Ineptitud de la demanda

Se propone la excepción en los siguientes términos:

“(…) Si bien la togada hizo alusión como lo rodeno el despacho,
termina afirmando que la modificación hecha en la resolución No.
RDO 033744 del 29 de agosto de 2017, no es objeto de demanda,
porque se encuentra acorde a derecho. Como esta jurisdicción es
rogada estimo que no debe insistir en que se considere ese acto
administrativo motivo de adición, porque se desprende de lo
transcrito que no debe sufrir los rigores del exmn judicial que se hace
por medio de este proceso, luego no hay integralidad de actos por
cuanto debe respetarse el querer de la accionante por consiguiente
se presenta la excepción de inepta demanda al no hacer como lo
advierte la judicatura.»

Para este Despacho no es de recibo la excepción propuesta por lo
siguiente: La demanda es inepta cuando carece de alguno de los
requisitos esenciales o cuando no se individualizan las pretensiones

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(artículos 161, 162 y 163 del CPACA). En este caso, revisada la demanda
se constata que aparecen los acápites de hechos, pretensiones,
fundamento jurídico (en el que se exponen las normas que se consideran
infringidas, el concepto de vulneración), la estimación razonada de la
cuantía, las pruebas y los anexos.

Es la entidad demandada quien señala cuales son las pretensiones de la
demanda conforme lo dispuesto en el artículo 162 del CPACA. Si bien el
Despacho en providencia del 1 de marzo de 2018 inadmitió la demanda
para que fueran aclaradas las pretensiones, la entidad demandante en
escrito radicado el 20 de marzo de 2018 se pronunció al respecto y se
ratificó en las pretensiones propuestas12, fue así como el Despacho
admitió la demanda en providencia del 20 de marzo de 2018.

Debe tenerse en cuenta además que es en el transcurso del proceso,
luego del debate probatorio y que las partes aleguen de conclusión se
verifican los hechos que se alegan y los que resulten probados y si
determinará si se accede o no a las pretensiones con base en las normas
aplicables al caso.

Las demás excepciones propuestas por la parte demandada de
caducidad, falta de interés jurídico y cosa juzgada, no son excepciones
previas, por lo tanto, serán resueltas con el fondo del asunto, esto es en
la sentencia.”

1.5. El recurso de apelación

1.5.1. La parte demandada interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo
siguiente5:

43. Considera que, el despacho actuó en contra del principio de favorabilidad
laboral y del “indubio pro operario”, argumentando que debía aplicarse la condición
más beneficiosa al pensionado.

44. Además, sostiene que, hubo una aplicación errónea de la norma al basarse
en el artículo 2° del Decreto 314 de 1994, ignorando normas posteriores más
favorables, como la Ley 797 de 2003, que amplió el tope aplicable. También, critica
que se hayan mantenido decisiones judiciales que, según afirma, fueron anuladas
de hecho por la entidad demandante sin consentimiento del pensionado, lo cual,
considera una vulneración de derechos fundamentales de una persona adulta
mayor.

5 Expediente hibrido, gestión otros despachos, Índice 40 de Samai.

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Protección Social (UGPP)
Demandado: Gustavo Leonel Gutiérrez Toro

45. Sostiene que, la pensión en discusión es especial, pues, está regulada por
el Decreto-Ley 546 de 1971, el cual, no establecía límites estrictos para quienes ya
cumplían los requisitos antes de la Ley 100 de 1993.

46. Señala que, muchas personas continuaron trabajando para mejorar sus
ingresos y obtener una pensión acorde con su nivel de vida, por lo que, no puede
aplicarse únicamente una norma restrictiva ignorando otras disposiciones más
favorables.

47. También, argumenta que el Acto Legislativo 01 de 2005 fijó un tope de 25
salarios mínimos mensuales legales, pero, que dicha limitación no debería aplicarse
retroactivamente ni restringir derechos adquiridos después de tantos años de
vigencia. Por ello, insiste en que debe prevalecer el principio de favorabilidad
laboral y constitucional, evitando interpretaciones desfavorables que afecten los
derechos humanos y pensionales.

48. Aduce que, el Tribunal desconoció normas importantes como el Decreto 546
de 1971, la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005 en el caso de Gutiérrez
Toro.

49. Discrepa de la decisión del A-quo porque, considera que, contradice fallos
anteriores ejecutoriados y desconoce derechos pensionales consolidados. Afirma
que no puede aplicarse retroactivamente una interpretación contraria al Decreto-
Ley 546 de 1971, y, sostiene que, sí acepta los límites establecidos en 2003 y 2005,
especialmente el tope constitucional de 25 salarios mínimos, el cual, considera el
máximo aplicable a su caso.

50. Asimismo, señala que, la decisión desconoce principios jurídicos como la
caducidad, la cosa juzgada y la prevalencia de la ley especial sobre la general.
Considera que, el análisis judicial afecta derechos y garantías constitucionales de
un exservidor público de avanzada edad, generándole inseguridad jurídica sobre
sus derechos pensionales.

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51. Finalmente, insiste en que debía aplicarse el régimen especial de transición,
ya que el pensionado tenía expectativa legítima de jubilarse bajo las normas
anteriores. También, argumenta que los pagos y reconocimientos posteriores
provinieron de decisiones judiciales válidas y que no debieron verse afectados por
nuevas demandas o interpretaciones posteriores.

1.5.2. Apelación en adhesiva6

52. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP, dentro de la oportunidad procesal7,
interpuso y sustentó el recurso de apelación en adhesiva contra la sentencia
proferida el Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia- que concedió parcialmente las pretensiones
de la demanda.

53. Sustenta que no está conforme, particularmente en lo que respecta a la
restitución de los valores percibidos por el demandado en virtud de la reliquidación
pensional, y la no condena en costa a la parte demandada.

1.5. Trámite de en segunda instancia

54. A través de auto del Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), se
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y, en virtud del
numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la
Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.

1.5.1. El Ministerio Público

55.El Ministerio Público, no presentó concepto dentro del presente asunto.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

6 Sistema Samai - índice 42
7 Artículo 322 CGP

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56. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328
del Código General del Proceso9, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problemas jurídicos

57. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

i) ¿Si la resolución que reliquidó la pensión del demandado se ajustó a
derecho, o si vulnera el ordenamiento jurídico al reconocer una mesada
superior al tope legal de 20 SMLMV?;
ii) ¿Si es procedente ordenar el reintegro de las sumas pagadas en exceso
por concepto de mesadas pensionales?
iii) ¿Si es dable imponer condena en costas a la parte demandada?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial10

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos
de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación
de jurisprudencia.
9 El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por

el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.
10 El presente marco normativo y jurisprudencial corresponde al esbozado por la Sala en casos de

similares contornos fácticos y jurídicos al sub examine. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso - Administrativo Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar, sentencia del cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026), expediente radicado
No. 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025)

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2.3.1. El régimen pensional de los servidores de la Rama Judicial y el
Ministerio Público

58.- El Decreto 546 del 27 de marzo de 1971, mediante el cual se estableció el
«régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares», en su artículo 6 previó los
requisitos que debían acreditar los destinatarios de esa disposición para efectos de
ser beneficiarios de la pensión de jubilación, en los siguientes términos:

«Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».

59.- De otra parte, el artículo 12 del Decreto 717 del 20 de abril de 1978 11 se
encargó de desarrollar lo relacionado con los factores salariales con base en los
cuales se debían liquidar las pensiones de los empleados destinatarios del régimen
en mención, frente a lo cual dispuso:

«De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la ley
para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:

a) Los gastos de representación.
b) La prima de antigüedad.
c) El auxilio de transporte.
d) La prima de capacitación.
e) La prima ascensional.
f) La prima de servicio.
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo
de comisiones de servicio».

60. Igualmente, el artículo 9 del referido Decreto 546, de manera clara señaló que,
para la liquidación de las pensiones de que trata dicha norma no serían incluidos
los viáticos recibidos por el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de

11 «Por el cual se establecen las equivalencias de nomenclatura, clasificación y grado de
remuneración para los empleos señalados en los Decretos-ley 0717 y 0719 de 1978»

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carácter permanente y se hubiese recibido dentro de los últimos tres años, durante
un lapso continuo de seis meses o mayor.

61. A su turno, el artículo 7 de esta normativa frente al tiempo mínimo de servicio
prestado de manera exclusiva a la Rama Judicial y/o al Ministerio Público, indicó
que: «(s)i el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del Artículo anterior se hubiere
prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público en lapso menor de 10 años,
la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados
de la rama administrativa del Poder Público» (resalta la Sala).

62. En conclusión, el monto de la pensión de los servidores de la Rama Judicial y
del Ministerio Público, beneficiarios del régimen previsto en el Decreto 546 de 1971,
comprende la asignación mensual más elevada que hubieren devengado en el
último año de servicios, en un valor equivalente al 75% de todos los factores
percibidos durante dicho lapso.

2.3.2. Ingreso base de liquidación en el régimen pensional previsto en el
Decreto 546 de 1971, de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley
100 de 1993

63. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar
el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez
y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de los derechos adquiridos de
los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la entrada en vigencia
de la citada norma (1º de abril de 1994), se estipuló un régimen de transición en el
artículo 36 ibidem, en el cual se estableció:

«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual
la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62
para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».

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64. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición
el trabajador que al 1° de abril de 1994 contara con alguno de los siguientes
requisitos: i) 35 años de edad o más si es mujer, ii) 40 años o más si es hombre o
iii) 15 años o más de servicios cotizados, es decir, es suficiente reunir uno solo de
estos para gozar del derecho adquirido.

65. El mencionado régimen de transición no solo aplica para los regímenes que
regulan el sistema prestacional a gran escala como la Ley 6 de 1945, el Decreto
3135 de 1968, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, sino que también, procede
para los regímenes especiales, como son los decretos 546 de 1971 referente a los
empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, 929
de 1976 y 720 de 1978 referentes a los empleados de la Contraloría General de la
República, entre otros.

66. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación unificó
la interpretación frente a la forma en la que debía ser liquidada la pensión de
quienes eran beneficiarios de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1996,
en el sentido de entender que el ingreso base de liquidación sí hacía parte del
régimen de transición, es decir, que debía ser liquidado conforme con las
disposiciones especiales anteriores. En ese sentido, en sentencia del 4 de agosto
de 201012 esta corporación señaló:

«(…) Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que
ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a
la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se
sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados».

67. Con posterioridad, la Sala Plena de la Corporación, en sentencia del 28 de
agosto de 201813, rectificó la referida interpretación y concluyó que el ingreso base

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-

25-000-2006-07509-01.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de
Montenegro.

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de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía
aplicarse también a quienes eran beneficiarios del régimen de transición, es decir,
que solo podía aplicarse el régimen anterior en los aspectos relacionados con la
edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo.

68. En esa misma línea, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 11 de junio de 202014, señaló que, el
funcionario o empleado de la Rama Judicial o del Ministerio Público que sea
beneficiario del régimen de transición previsto en el mencionado artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, tendría derecho al reconocimiento pensional conforme con las
disposiciones del Decreto 546 de 1971, en los siguientes términos:

«(…) 4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes
presupuestos:

i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial,
tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o
más de servicios efectivamente cotizados.

ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar
el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de
55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos
anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de
1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.»

«iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b)
el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la
vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan
sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que
tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si
le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de

2020, radicación: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20. Demandante:
Cándida Rosa Araque de Navas.

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será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii)
el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con
base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados
por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley
4ª. De 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.°
del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008;
y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama
Judicial o del Ministerio Público».

69. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos del Decreto 546 de 1971, se les aplicarán las disposiciones de esa norma
en cuanto a tiempo de servicio, edad y tasa de reemplazo; pero, el ingreso base de
liquidación será el establecido en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de
1993, según sea el caso.

70. Finalmente, la Sala Plena de la Sección Segunda precisó que, las
consideraciones expuestas en la mencionada decisión de unificación tendrían
aplicación retrospectiva y que la regla fijada será vinculante en los asuntos similares
que no contaran con sentencia ejecutoriada al momento de la citada providencia.
Asimismo, advirtió que, en caso de presentarse recurso extraordinario de revisión
contra sentencias proferidas con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la
corporación, deberá prevalecer el carácter de cosa juzgada, en tanto no hay lugar
a entender que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley. En ese sentido
dispuso:

«SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en
esta providencia en relación con el tema que se unifica jurisprudencia, tienen aplicación
retrospectiva, y que la regla jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos:
(i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno de
la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en
juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene
efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En
tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa
juzgada y en consecuencia resultan inmodificables».

71. Tampoco, puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del

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derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso
extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la
pensión con fundamento en jurisprudencia diferente de la ratio decidendi aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en
las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.

2.3.3. Límites al reconocimiento de la pensión

72. Los límites máximos de la prestación que protege la contingencia de la vejez
fueron previstos en el ordenamiento desde la Ley 4ª de 1976 y se reiteraron en las
leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003.

73. En efecto, el artículo 2 de la Ley 4ª de 197615 dispuso que, las pensiones de
jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial,
semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al
salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario». [Se
resalta]. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 señaló que ninguna
pensión podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual 16, disposición
que también está contenida en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 que limitó la
base de cotización a 20 SMLVM. No obstante, esta disposición fue modificada por la
Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM. Al respecto, el Acto
Legislativo 1 de 2005 precisó que «a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse
pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con
cargo a recursos de naturaleza pública».

74. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que «el legislador puede,
por razones de política legislativa, señalar cuáles son los límites máximos y mínimos que
deben implantarse para que las reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones,
tanto en el sector público como en el privado, no pierdan por un lado su capacidad
adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el pago de las

15 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y

privado y se dictan otras disposiciones
16 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.

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pensiones (C.P. art. 48 y 53)»17. Lo anterior, pues, consideró que, dentro de ciertos
límites, el legislador tiene libertad para determinar el monto y los alcances de los
recursos a fin de lograr el mejor uso de ellos en un sistema solidario de seguridad
social, en armonía con el deber de protección de los recursos existentes para el
pago de las pensiones, a fin de asignarlos preferencialmente a aquellos que se
encuentran en una escala económica inferior.

75. En aquella oportunidad, la Corte recordó que «los topes máximos pensionales, en
tratándose de la pensión de vejez, continúan produciendo efectos jurídicos frente a las
situaciones jurídicas consolidadas al amparo de su vigencia [la de la Constitución],
valga decir, las leyes 4 de 1976 y 71 de 1988 continúan irradiando sus efectos en estas
materias» [Se resalta].

76. A su vez, la Corte Constitucional18 ha precisado que, también les son aplicables
las normas generales que fijan los topes pensionales a los regímenes especiales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial; y consideró inaceptable predicar la ausencia de topes para los
beneficiarios de leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de
un grupo de pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha
previsto para el reconocimiento y valor de las pensiones»19.

77. Asimismo, y para el caso específico de los regímenes especiales de pensiones,
en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esa corporación sostuvo que,
en caso de que las normas especiales de tales regímenes no dispusieran un
límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las
reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la
modifican en lo pertinente. Análisis que se expuso en la Sentencia C-258 de 2013,
en los siguientes términos:

«Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las
más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además desde
antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la
promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes anteriores, desde la

17 Sentencia C-155 de 1997.
18 Sentencia C-089 de 1997.
19 Sentencia C-089 de 1997.

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Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y máximos el valor que una
persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa normativa estableció un valor
máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 disminuyó el tope a 15 smmlv
y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18, a 20 smmlv para los afiliados al régimen
de prima media. Más recientemente, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a
25 smmlv; ese mismo criterio fue luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.

En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los
regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997,
esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales de tales
regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse
el tope señalado en las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las
disposiciones que la modifican en lo pertinente.

Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de la
ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como en el
caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio de igualdad en
tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un grupo de personas
que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el
contrario, por regla general pertenecen a un sector privilegiado de la población; y (ii)
avalaría la continuidad de un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades
de la seguridad social» (sic) [se resalta].

78. En esas condiciones, la aplicación de topes a la totalidad de las pensiones, ya
sean ordinarias o especiales, resulta indispensable para salvaguardar la estabilidad
financiera del sistema pensional. Así pues, desde la expedición de la Ley 4ª de
1976, se ha establecido que las pensiones de los servidores públicos deben
sujetarse a límites máximos en su cuantía, dado que esta restricción permite
garantizar una distribución justa y proporcional de los recursos públicos limitados
destinados a la seguridad social. De este modo, se materializan los principios
constitucionales y legales de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y
sostenibilidad fiscal, pilares fundamentales para la viabilidad del régimen pensional.

2.3. Hechos probados

79. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente20:

80.El señor Gustavo Leonel Gutiérrez Toro, nació el (26) de febrero de 193721.

81. Prestó sus servicios en las siguientes entidades:

20 Expediente hibrido.
21 Expediente físico – folio 440

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Protección Social (UGPP)
Demandado: Gustavo Leonel Gutiérrez Toro

Entidad Cargo Fecha de inicio Fecha de Administradora de
terminación pensiones
Municipio de Inspector en el (3) de octubre de (10) de Caja Nacional de
Medellín programa I y II, (1963) diciembre de Previsión Social -
Sociedad (1965) CAJANAL-23.
Protectora de
Animales,
secretaría de
Salud Pública22
Rama Judicial Cargo de juez 15 de diciembre 04 de julio de -CAJANAL-25.
penal municipal de 1965 1968
de la Estrella –
Antioquia24.
Rama Judicial Cargo de juez 08 de julio de 28 de febrero -CAJANAL-
penal municipal 1968 de 1969
de la Estrella –
Antioquia.
Procuraduría Fiscal 4 03 de marzo de 18 de octubre -CAJANAL-26.
General de la instructor, en 1969 de 1969
Nación interinidad
Procuraduría Jefe de oficina 09 de enero de 30 de -CAJANAL-
General de la seccional de la 1970 septiembre de
Nación Procuraduría del 1979
Distrito Judicial
de Medellín con
sede en
Yolombo
Procuraduría Abogado 04 de octubre de 15 de marzo -CAJANAL-
General de la asesor, grado 19 1979 de 1984
Nación de la
Procuraduría
delgada para la
policía judicial
con sede en la
Unidad
seccional de
Medellín
Procuraduría Procurador 132 29 de marzo de 30 de enero Instituto de los
General de la Judicial II Penal 1995 de 2002 Seguros Sociales -
Nación con sede en ISS-27.
Medellín

En torno al reconocimiento de la pensión de jubilación

82. La Caja Nacional de Previsión Social, mediante Resolución No. 09625 del 10
de mayo de 2002, proferida por la Subdirección General de Prestaciones

22 Expediente físico – testigo documental CD – folio 21, archivo 2
23 Expediente físico – folio 109 reverso.
24 Expediente físico – folio 87
25 Expediente físico – folio 87 y reverso / 109.
26 Expediente físico – folio 87 - 90 y reverso.
27 Expediente físico – folio 91.

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Económicas, negó el reconocimiento de una pensión de vejez al señor Gutiérrez
Toro Gustavo Leonel, por no reunir los requisitos de ley28.

83. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación, el cual, fue
resuelto mediante Resolución No. 7916 del 27 de noviembre de 2002, en el sentido
de confirmar en todas sus partes la resolución recurrida.

84. Como consecuencia de lo anterior, el señor Gutiérrez Toro instauró demanda
laboral, dentro de la cual, el juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín en
audiencia de juzgamiento celebrada el 24 de agosto de 2.004, condenó a la Caja
Nacional de Previsión Social a reconocer y pagar al demandante ($245.626.064)
por concepto de mesadas pensiónales de jubilación adeudadas desde el 22 de
febrero de 2002, suma de la cual podía descontarse el total de lo que al mismo se
le hubiese pagado por concepto de mesadas y retroactivo pensional por jubilación,
desde el día en que el ISS le reconociera dicha prestación29.

85. De igual forma, dispuso que, la Caja Nacional de Previsión Social, continuaría
pagándole al señor Gustavo Leonel Gutiérrez Toro, a partir del año 2004, una
pensión de vejez en cuantía de siete millones quinientos unos mil ochocientos
cuatro pesos ($57,501.804), sin perjuicio de los reajustes que para los años
subsiguientes y de conformidad con la ley deban efectuarse; A su vez, absolvió a
la Caja Nacional de Previsión Social de los restantes cargos formulados en su
contra.

86. A tono con lo anterior, CAJANAL por medio de la Resolución No. 2104 de abril
25 de 2005, resolvió: “Dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado Trece Laboral
del Circuito de Medellín del 24 de agosto de 2004 y en consecuencia reconocer una
pensión de vejez al señor Gutiérrez Toro Gustavo Leonel, efectiva a partir del 24

28 Expediente físico – testigo documental CD – folio 21, archivo ecm 763052, folios 107-109
29 Expediente físico – testigo documental CD – archivo ecm 763052, folios 88-93, información que
se obtiene de la Resolución No. 2104 de abril 25 de 2005.

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de agosto de 2004, pero con efectos fiscales a partir de la fecha en que el Instituto
de Seguros Sociales lo incluya de la nómina de pensionados30.”

87. A través de la Resolución No. RDP 013302 de 30 de marzo de 2017, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP- resolvió, en cumplimiento al fallo proferido por Tribunal
Administrativo de Antioquia, el 3 de agosto de 2016, reliquidar la pensión de vejez
del señor Gutiérrez Toro Gustavo Leonel, en cuantía de suma de $8,950,000 (ocho
millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte), efectiva a partir del 24 de agosto
de 2004, con efectos fiscales a partir del 17 de septiembre de 2007, por prescripción
trienal de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento31.

88. En la parte motiva de dicha resolución, expuso

“Que mediante fallo proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA de
03 de agosto de 2016, ordeno:

(. . .) Como fue determinado con precedencia, con las pruebas obrantes en el proceso
se logró establecer que al señor Gustavo Leonel Gutiérrez Toro, le fue reconocida la
pensión de jubilación en los términos del decreto 546 de 1971, es decir, con base en la
asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios comprendido
entre el 22 de febrero de 2001 y el 21 de febrero de 2002, incluyendo expresamente en
la base de liquidación la bonificación por compensación mensual en la suma de
$2.814.340 que fue certificada por los Jefes de Tesorería y División de Gestión Humana
de la Procuraduría General de la Nación según constancia N 0795 del 18 de diciembre
de 2002.

Interpuesta acción de nulidad y restablecimiento del derecho pretendiendo el
reconocimiento y pago de la diferencia en la bonificación por compensación en los
términos del decreto 610 de 1998, fue resuelta mediante sentencia adiada 16 de julio
de 2009 expedida el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Conjueces, en la cual
se dispuso reconocer y pagar la suma correspondiente a la diferencia salarial
presentada durante los años 1999, 2000, 2001 y hasta el 22 de febrero de 2002,
teniendo en cuenta lo recibido y la asignación a que tenía derecho, aplicando a partir
del 1 de enero de cada año citado, el 60%, el 70% y el 80% para los dos últimos, de
los ingresos que por todo concepto recibieron los Magistrados y demás funcionarios
enumerados en los Decretos 610 de 1998 y 1239 del mismo año Consecuencia de lo
anterior y acorde al certificado N 7195 del 20 de octubre de 2010, expedido por el Jefe
de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación,
correspondió al demandante para el año 2002 por concepto de bonificación por
compensación mensual la suma de $7.130.070

En lo anterior se evidencia que hay una diferencia reconocida en este rubro por valor
de $4.315.730, implicando que de conformidad con el decreto 546 de 1971, debe

30 Expediente físico – testigo documental CD – folio 21, archivo ecm 763052, folios 88-93
31 Expediente físico – testigo documental CD – folio 21, archivo ecm 763052, folios 417-423

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adicionarse el 75% a la base de liquidación pensional esto es, la suma de $3.236.797,5,
precisándose además que si bien este valor fue reconocido en favor del demandante
con posterioridad al retiro definitivo del servicio, lo cierto es que se originó con
anterioridad es decir, durante el desempeño de funciones como Procurador Judicial II,
en consecuencia siendo un factor de salario, al variar su cuantía aun después de
adquirida la pensión, tiene incidencia en el monto de la misma.

Así las cosas, se concluye que la diferencia reconocida y pagada por concepto de
bonificación por compensación consagrada en el decreto 610 de 1998, en virtud de la
sentencia del 16 de julio de 2009, debe ser incluida en el mayor valor para efectos de
reliquidar la pensión, de tal manera que se ordenará liquidar esta prestación incluyendo
en la base de liquidación el 75% de la diferencia de la bonificación por compensación,
es decir, la suma de $3.236.797,5. . .”

(...)
Que de conformidad con lo ordenado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA es procedente la liquidación así:

Año Factor Valor IBL
2002 ASIGNACIÓN BASICA 2.304.249
MES
2002 BONIFICACIÓN POR 8.123.549
COMPENSACIÓN
2002 BONIFICACIÓN POR 948.808
SERVICIOS
PRESTADOS
2002 GASTOS DE 2.304.249
REPRESENTACIÓN
2002 PRIMA DE NAVIDAD 428.829
2001 PRIMA DE 188.714
SERVICIOS
2001 PRIMA DE VACIONES 194.577
2001 PRIMA DE SERVICIO 1.264.279
ESPECIAL

QUE LOS VALORES DEL IPC UTILIZADOS PARA ACTUALIZAR EL VALOR DEL IBL
FUERON: 2002: 6.99%, 2003: 6.49%

IBL: 15.759.254 X 75.0 = $11.819.441
SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.

La pensión aquí reconocida se ajusta de conformidad con las reglas aplicables al valor
mínimo o máximo de la pensión, según corresponda, vigentes para la fecha de

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efectividad, por la cual la suma a reconocer será de 8.950.000 (OCHO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA IL PESOS M/CTE).

(...)”

89. En la parte resolutiva de la anterior resolución

“ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento al fallo proferido por TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA el 3 de agosto de 2016, se Reliquida la pensión
de VEJEZ del (a) señor(a) GUTIERREZ TORO GUSTAVO LEONEL, ya identificado
(a), elevando la cuantía de la misma a la suma de $8,950,000 (OCHO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE), efectiva a partir del 24 de
agosto de 2004, con efectos fiscales a partir del 17 de septiembre de 2007 por
prescripción trienal de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Previa liquidación delárea de nómina, el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado (a) las diferencias que resultaren de
aplicar el artículo anterior y la(s) Resolución(es) No(s). 2104 del 25 de abril de 2005
teniendo especial cuidado en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa,
con los reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley, con
observancia del turno respectivo.

ARTÍCULO TERCERO: Esta pensión estará a cargo de

ENTIDAD DÍAS VALOR CUOTA
FONDO DE 9748 $8,950,000.00
PENSIONES
PUBLICAS -
FOPEP-

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la 2104 de 25 de abril
de 2005.
ARTÍCULO QUINTO: Se le advierte al interesado (a) que para efecto de incluir en
nómina el retroactivo, si a ello hubiere lugar en virtud del cumplimiento del fallo al de
que trata esta resolución, previamente el área de nómina deberá validar con la
Dirección Jurídica que no existan pagos efectuados como consecuencia de un proceso
ejecutivo, ni que se encuentra en curso proceso ejecutivo alguno por este mismo
concepto, caso en el cual deberá efectuar las compensaciones necesarias.

ARTÍCULO SEXTO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional en
cumplimiento al fallo objeto del presente acto administrativo, pagará la indexación
ordenada en el artículo 178 del C.C.A, a favor del interesado(a).

ARTÍCULO SÉPTIMO: En cumplimiento al fallo objeto del presente acto administrativo,
los intereses moratorios en los términos del artículo 177 del C.C.A., estarán a cargo de
la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP-, a favor del
interesado(a) y se liquidarán por la Subdirección de Nomina de Pensionados, siendo
parte integral de ésta resolución la liquidación respectiva. PARÁGRAFO: Una vez sea
incluida en nómina la presente resolución, la Subdirección de Nomina de Pensionados,
deberá reportar a la Subdirección Financiera, la liquidación detallada de los intereses
moratorios, a fin de que se efectúe la ordenación del gasto y el pago correspondiente
según disponibilidad presupuestal vigente.

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ARTÍCULO OCTAVO: Descontar de las mesadas atrasadas a las que tiene derecho
el(a) señor(a) GUTIERREZ TORO GUSTAVO LEONEL, la suma de CIEN MILLONES
CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos ($ 100,150,276.00
m/cte) por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados. Lo
anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se determine que el pensionado adeuda
valores adicionales o superiores por el referido concepto, o se establezca que los
aportes inicialmente descontados deben ser objeto de la aplicación de algún tipo de
actualización o ajuste en su valor, y en consecuencia se proceda a adelantar su cobro,
para lo cual se deberá enviar una copia de la presente resolución al área competente.
Igualmente la Subdirección de Nómina tendrá especial cuidado en deducir los valores
previamente ordenados y descontados en actos administrativos anteriores por el
mismo concepto.

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente resolución al área competente
para que efectúe los trámites pertinentes al cobro de lo adeudado por concepto de
aporte patronal por PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, por un monto de
TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS pesos ($300,450,826.00 m/cte), , a quienes se les notificará
personalmente del contenido el presente artículo informándoles que contra el mismo
proceden los recursos de reposición y apelación ante LA SUBDIRECTORA DE
DETERMINACIÓN DE DERECHOS PENSIONALES. De estos recursos podrán
hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por
escrito las razones de inconformidad, según el C.P.A.C.A. Lo anterior, sin perjuicio de
que con posterioridad se determine que se adeudan valores adicionales o superiores
por el referido concepto, o se establezca que la suma indicada debe ser objeto de la
aplicación de algún tipo de actualización o ajuste en su valor, y en consecuencia se
deba proceder a adelantar su cobro. Igualmente la Subdirección de Nómina tendrá
especial cuidado en deducir los valores previamente ordenados y descontados en
actos administrativos anteriores por el mismo concepto.

ARTÍCULO DÉCIMO: De acuerdo a lo expresado en la parte considerativa de la
presente resolución, envíese copia a SUBDIRECCION FINANCIERA - UGPP,
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SECRETARIA GENERAL, para lo
fines pertinentes.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Notifíquese al Doctor (a) VENEGAS AVILAN EVERARDO
haciéndole saber que contra la presente providencia no procede recurso alguno.”

90. Ahora, por medio de la Resolución No. RDP 033744 de 29 de agosto de 2017,
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, resolvió:32

“ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la parte motiva de la Resolución No. RDP 13302
del 30 de marzo de 2017, en el sentido de indicar que la fecha del status del
interesado es el día 19 de enero de 1995.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar los artículos primero y tercero de la resolución
No. RDP 13302 del 30 de marzo de 2017, el cual quedara así:

ARTICULO PRIMERO: En cumplimiento al fallo proferido por TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA el 03 de agosto de 2016, se Reliquida la

32 Expediente físico – testigo documental CD – folio 21, archivo ecm 763052, folios 312-323

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pensión de VEJEZ del (a) señor(a) GUTIERREZ TORO GUSTAVO LEONEL, ya
identificado (a), elevando la cuantía de la misma a la suma de $9.821.159.00
(NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE UN MIL CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE), efectiva a partir del 22 de febrero de 2002, con efectos
fiscales a partir del 17 de septiembre de 2007 por prescripción trienal de
conformidad con el fallo objeto de cumplimiento.

PARAGRAFO: A partir del 01 de julio de 2013 conforme a la sentencia C 258 de
2013, se establece que la mesada pensional anteriormente reliquidada se debe
ajustar a 25 salarios mínimos vigentes para la fecha de efectividad, de conformidad
con lo señalado en la ley y la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Esta pensión estará a cargo de: ENTIDAD -FONDO DE
PENSIONES PUBLICAS - FOPEP- DÍAS 9748, VALOR CUOTA $9.821.159.00

ARTICULO CUARTO: Los demás apartes de la resolución No. RDP 13302 del 30
de marzo de 2017, no sufren aclaración, adición ni modificación alguna y deberá
darse estricto cumplimiento a lo establecido en ellos.”

2.3.2. Caso concreto

91. En el presente asunto se controvierte la legalidad de la Resolución No. RDP
013302 del 30 de marzo del 2017, expedida por la UGPP, acto administrativo por
medio del cual, se dio cumplimiento al fallo preferido por el tribunal administrativo
de Antioquia de fecha Tres (3) de Agosto de Dos Mil Dieciséis (2016) y en
consecuencia de líquido la pensión vejez a favor del señor Gustavo León Gutiérrez
toro en cuantía de 8.950.000 equivalente a la suma de 25 salarios mínimos legales
mensuales vigente.

92. Lo anterior, por cuanto aduce la UGPP que, la resolución en mención debe ser
ajustada a los topes máximos de 20 S.M.M.L.V establecido en el artículo 2 del
Decreto 314 de 1994 de conformidad con la situación fáctica y jurídica del
demandante.

93. De cara a la naturaleza jurídica de la Resolución RDP 013302 del 30 de marzo
del 2017, esto es, acto de ejecución, en tanto que, dio cumplimiento al fallo proferido
por el Tribunal Administrativo de Antioquia del 03 de agosto de 2016, para la Sala
es necesario reexaminar si, tal como lo advirtió el A-quo, es pasible de juicio de
control de legalidad.

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94. Para ello, se recuerda que, sobre los actos administrativos de ejecución
susceptibles de control de legalidad por vía judicial la Sala ha establecido:

«El acto administrativo es toda declaración unilateral de la voluntad de la
administración pública o de un particular, efectuada en ejercicio de la función
administrativa otorgada por la Constitución o la ley, capaz de producir efectos
jurídicos directos o definitivos, es decir el mecanismo por el cual la
administración crea, modifica o extingue una situación jurídica determinada.

Respecto de la anterior definición, esta Corporación ha destacado las
siguientes características33: i) Es una declaración unilateral; ii) Se profiere en
ejercicio de la función administrativa; y iii) Produce efectos jurídicos.

Las múltiples manifestaciones de la actividad de la administración pública han
hecho que la jurisdicción y la doctrina delimitaran conceptualmente el acto
administrativo con el fin de determinar la susceptibilidad de su control de
legalidad por vía judicial. En ese orden hay tres tipos de actos a saber: el
primero, denominado acto preparatorio o de trámite, por medio del cual, si bien
la administración no resuelve el fondo de la controversia, sí impulsa la
actuación administrativa a fin de llevarla hasta su culminación34; el segundo,
correspondiente al acto definitivo, esto es aquel que resuelve o decide directa
o indirectamente el fondo de un asunto o hacen imposible continuar la
actuación; y el tercero, que ha sido previsto como acto de ejecución, a
través del cual la administración se limita a dar cumplimiento a una orden
judicial o administrativa.

Ciertamente, respecto de este último tipo de actos, esta Corporación de manera
reiterada35 ha determinado que, por si solos, no son enjuiciables ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, comoquiera que haría nugatorio
el principio de cosa juzgada material36, máxime en atención a que cualquiera
fuere la forma en que se manifieste, dicho acto no crea, modifica o extingue
situación jurídica alguna.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 31

de marzo de 2005, radicado 11001-03-24-000-1999-02477-01, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13

de noviembre de 1997, expediente 3762, M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez.
35 Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, sentencia del 9 de agosto de 1991, expediente CE-SEC3-EXP1191-N5934, M.P. Julio
césar Uribe Acosta; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 4 de septiembre de 1997, expediente 4598, M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; De la
Sección Segunda, sentencias del 27 de septiembre de 2007, expediente 25000-23-25-0001999-
03741-01 (7392-05), M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado; del 5 de junio de 2014, expediente 11001-
03-25-000-2011-00015-00 (0044-11), M.P. Bertha lucía Ramírez de Páez; del 4 de noviembre de
2010, expediente 25000-23-25-000-2003-01124-02 (1712-2008), M.P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila; del 4 de noviembre de 2010, expediente 15001-23-31-000-2002-01595-02 (1717-2009), M.P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. De la Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2013, T-153 de
2015, T-464 de 2015 y T-228 de 2016
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia de 23 de enero de 2020. Radicación 25000-23-42-000-2013-04019-01(3927-15)

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Así las cosas, para esta Sala es claro que los actos de ejecución son aquellos
a través de los cuales la administración ejecuta las órdenes impartidas por una
autoridad judicial o administrativa, razón por la cual no son controlables
judicialmente, ya que no contienen la expresión de la voluntad de la
administración, sino que, por el contrario, se limitan a materializar esas
decisiones. Distinto es que de su contenido se pueda advertir que la
administración se apartó de lo dispuesto por la autoridad y, como
consecuencia, creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular lo que
conllevaría a considerar que se trata de un verdadero acto administrativo
susceptible de control.

Ahora bien, y sin perjuicio de lo expuesto, el criterio moderno señala que
cuando los oficios contienen declaraciones de voluntad, de ciencia o cognición
proferida en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
directos y definitivos sobre determinados asuntos, son verdaderos actos
administrativos y por ende susceptibles de control de legalidad por vía judicial.
De ahí que, se haya sostenido que no puede el juez inhibirse para efectuar un
pronunciamiento de fondo, cuando a través de estos la administración
exterioriza directamente su voluntad sobre la reclamación puesta a su
consideración37.

Lo anterior, comoquiera que lo importante, para que tenga la connotación de
acto administrativo susceptible de control judicial es que contenga una decisión
producto de la función administrativa y que produzca efectos jurídicos, sin que
dependa de su denominación ni clasificación.

En consecuencia, en aquellos casos en los que el acto cree, modifique o
extinga una situación jurídica diferente, se está frente a un verdadero acto
administrativo, el cual puede ser objeto de control de legalidad por vía judicial,
toda vez que.»

95. Es ese contexto, queda claro que, el acto cuestionado aun cuando haya sido
expedido en cumplimiento de orden impartida por autoridad judicial, no lo excluye
del control de legalidad atribuido a esta jurisdicción, toda vez que, conservan su
naturaleza de actos administrativos, mantienen la presunción de legalidad y pueden
ser sometidas a juicio de control de legalidad, en el evento que exceda parcial o
totalmente lo dispuesto en la providencia que lo originó.

37 Sobre el particular ver: Consejo de estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de marzo de 2006,

expediente 25000-23-27-000-2005-01131-01 (15784), M.P. Consuelo Sarria Olcos. Consejo de
Estado, Sección Segunda, providencia del 18 de febrero de 2010, expediente 25000-23-25-
0002001-10589-01 (1712-2008), M.P. Gustavo Gómez Aranguren; Consejo de Estado, Sección
Segunda, providencia 4 de noviembre de 2010, expediente 25000-23-25-000-2003-01124-02
(17122008), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado, Sección Segunda,
providencia 4 de noviembre de 2010, expediente 15001-23-31-000-2002-01595-02 (1717-2009),
M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2013, T-153 de
2015, T-464 de 2015 y T-228 de 2016.

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96. Así las cosas, del estudio de la demanda se advierte que, el reproche formulado
por la entidad se limita a la superación del tope pensional, en razón a que, en el
acto acusado y sin estar ordenado en la sentencia que dio razón a su existencia,
dispuso el reajuste de la mesada pensional al equivalente de 25 SMMLV.

97. Lo anterior, por cuanto en dicha resolución se dispuso que en cumplimiento del
fallo de proferido por el Tribunal de Antioquia el IBL correspondió 15.759.254 X 75.0
= $11.819.441, (son: once millones ochocientos diecinueve mil cuatrocientos
cuarenta y un pesos m/cte.)

98. No obstante, señaló que, la pensión reconocida debía ser ajustada de
conformidad con las reglas aplicables al valor mínimo o máximo de la pensión,
según corresponda, vigentes para la fecha de efectividad, por la cual la suma a
reconocer será de 8.950.000 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA IL
PESOS M/CTE). Valor que, equivale 25 SMMLV, pues al realizar la operación
aritmética con el salario del año 2004, ($358.000 – Decreto 4360 de 2003), se
corrobora que dicha cuantía alcanzó el tope de los salarios en mención.

99. Circunstancia, que se vislumbra no fue objeto de la orden judicial proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia y que debía cumplir la hoy demandante,
pues, nótese que en dicha providencia se resolvió lo siguiente:38

“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de "COSA JUZGADA", "AUSENCIA DE
VICIOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS" "INEXISTENCIA DE LA
OBLIGACIÓN" e "INEPTITUD DE LA DEMANDA POR ELECCIÓN INCORRECTA DE LA
ACCIÓN", y declarar parcialmente probada la excepción de "PRESCRIPCIÓN" formuladas por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar la NULIDAD de los actos fictos derivados del silencio administrativo
respecto de las peticiones presentadas por el demandante el 17 de septiembre de 2010 y el 30
de noviembre del mismo año, en tanto negaron la reliquidación de la pensión de jubilación: con
la inclusión del 75% de la diferencia por el mayor valor de la bonificación por compensación
reconocido en la sentencia del 16 de julio de 2009, emitida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

TERCERO: como consecuencia de lo anterior, a TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, se condena a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, a reliquidar la pensión
de jubilación percibida por el señor GUSTAVO LEONEL GUTIÉRREZ TORO, adicionando en la

38 Expediente físico – testigo documental CD – folio 21, archivo ecm 763052, folios 13-34

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base de liquidación al rubro de bonificación por compensación el 75% de la diferencia reconocida
en la sentencia del 16 de julio de 2009, emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, es
decir, la suma de $3.236.797,5. En virtud de la prescripción trienal, deberá pagar
retroactivamente el reajuste respecto de las mesadas causadas con posterioridad al 17 de
septiembre del año 2007, sumas que deberán ser indexadas de conformidad con la fórmula
expresada en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: AUTORIZAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAD Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-
descontar los aportes correspondientes a las diferencias que genera la; inclusión del mencionado
rubro, advirtiendo que los mismos deben efectuarse w debidamente indexados.

QUINTO: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAD Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP dará cumplimiento
al presente fallo en los términos previstos en los artículos 176 y 177.del CPACA.

SEXTO: Sin condena en costas en la presente instancia de conformidad con el artículo 171 del
Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO: EJECUTORIADA la presente providencia, LIQUÍDENSE los gastos ordinarios del
proceso; DEVUÉLVANSE los remanentes, si los hubiere, al interesado y ARCHÍVESE el
expediente.

OCTAVO: EXPÍDANSE a costa de la parte interesada las coplas auténticas que sean solicitadas,
con las constancias secretariales requeridas, con observancia de los parámetros legales.
(Artículo 114 del C.G.P)

NOVENO: NOTIFÍQUESE este proveído al señor Procurador Judicial.”

100. En sintonía con lo expuesto, resulta totalmente acertado el análisis fáctico y
jurídico efectuado por el A-quo, con el cual, concluyó que, lo correspondiente al
tope de las mesadas pensionales no constituye capítulo ni apartado alguno de la
sentencia cuya ejecución se pretende, toda vez que, en efecto no puede
considerarse como parte de la decisión judicial ejecutable, razón por la cual, resulta
susceptible de control de legalidad a través de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

101. En este orden de ideas, el objeto del recurso se circunscribe al tope máximo
pensional, pues, de conformidad con el marco normativo aplicable, se evidencia
que desde la expedición de la Ley 4ª de 1976 el legislador estableció límites
máximos a las pensiones, política que se ha mantenido de manera constante en el
ordenamiento jurídico.

102. Así, la Ley 100 de 1993 dispuso [en su artículo 18] que la base de cotización
no podía exceder de 20 SMLMV, límite que operaba como referente máximo dentro
del régimen de prima media y que solo fue modificado con la expedición de la Ley

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797 de 2003, la cual, elevó dicho tope a 25 SMLMV, regla que posteriormente fue
consolidada a nivel constitucional mediante el Acto Legislativo 1 de 2005.

103. Así las cosas, el análisis debe efectuarse a la luz de la vigencia normativa
aplicable al momento en que se consolidó el derecho. De manera que, si el
demandado adquirió su estatus pensional en el año 1995 y la mesada pensional se
hizo efectiva a partir del 22 de febrero de 2002, día siguiente al último día de servicio
laborado, para dichas fechas se encontraba plenamente vigente el límite de 20
SMLMV previsto en la Ley 100 de 1993, sin que aún hubiera entrado a regir la
modificación introducida por la Ley 797 de 2003 ni, por supuesto, la reforma
constitucional del año 2005. En consecuencia, el reconocimiento debía sujetarse al
tope de 20 SMLMV, por ser el límite legal vigente al momento de la consolidación
del estatus pensional.

104. Finalmente, en cuanto a la eventual devolución de sumas pagadas en exceso,
la jurisprudencia ha precisado que, frente a pagos indebidos efectuados sin que
medie mala fe del beneficiario, la recuperación de las sumas debe analizarse a la
luz de los principios de confianza legítima, buena fe y protección del mínimo vital;
en esos eventos, la corrección de la situación jurídica suele proyectarse hacia el
futuro, y la repetición de lo pagado solo resulta procedente cuando se acredita
conducta dolosa, fraude o abuso del derecho. Empero, no se acreditó en el proceso
que el demandado hubiera actuado con mala fe o con intención fraudulenta.

105. En este caso no obra prueba que permita afirmar la existencia de tales
circunstancias, de modo que, no puede predicarse mala fe de la demandada por el
solo hecho de haber recibido una mesada pensional ajustada por decisión de la
demandante al tope de los 25 SMMLV.

106. Por otra parte, es oportuno precisar que, si bien la Sala en cuanto a la
pretensión encaminada a ordenar la devolución de los dineros pagados al

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demandado esta Colegiatura39 ha precisado que, en línea de principio, en los casos
en los que se discuten prestaciones periódicas y, principalmente, cuando la
pretensión de restablecimiento corresponde a la devolución de sumas de dinero
pagadas, en tanto y en cuanto no eran debidas, el CPACA, en el artículo 164.1,
literal c), establece que, “no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares
de buena fe”.

107. Además, en reciente pronunciamiento la Sala, específicamente, en
providencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)40, señaló que,
en asuntos como el presente, se debe examinar si el demandado recibió sumas
provenientes del tesoro público que encuadren dentro de la proscripción
contemplada en el artículo 128 Constitucional, en armonía con lo dispuesto en la
Ley 4ª de 1992.

108. En la misma oportunidad, se dijo que, como el juez administrativo está obligado
a preservar el ordenamiento jurídico y el patrimonio público, era procedente
ordenar la devolución de los valores recibidos por el actor, por concepto de
mesadas pensionales, durante el lapso en que también percibió otra asignación del
tesoro.

109. Los anteriores supuestos facticos distan del sub examine, pues, en esta
ocasión no se trata de la prohibición de recibir doble asignación, sino el pago
excedente en la mesada pensional, motivo por el cual, se reafirma que no hay lugar
a ordenar a la parte demandada la devolución de las sumas de dinero que recibió
de más en virtud de la reliquidación pensional.

Condena en costas.

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,

sentencia del 16 de abril de 2026, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 25000-23-42-
000-2017-04450-01 (3450-2025).
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,

sentencia del 28 de mayo de 2026, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 05001-23-33-
000-2023-00962-01 (0251-2026).

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110. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia proferida Veintiséis (26) de
Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo
Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a
lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM

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