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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00432-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00432-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 12 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone: Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 18232 del 24 de abril de 2006, únicamente en cuanto liquidó el IBL sobre el salario promedio de 8 años, 9 meses, cuando correspondía a los últimos 5 años, 11 meses y 25 días; asimismo, la nulidad total de las resoluciones ii) UGM 09467 del 25 de octubre de 2006, mediante la cual Cajanal la reliquidó con fundamento en la asignación más alta del último año de servicios; iii) UGM 001817 del 25 de julio de 2011, por medio de la cual la reliquidó nuevamente con la asignación más alta devengada en el año 2010, sin sujeción al límite máximo legal; y iv) UGM 053685 del 3 de agosto de 2012, en cuanto modificó la Resolución UGM 001817 de 2011. Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la entidad demandada reliquidar la pensión de Lilian Pájaro de Silvestri teniendo en cuenta que el ingreso base de liquidación deberá conformarse con los emolumentos percibidos durante los últimos 5 años, 11 meses y 25 días de servicio, esto es, el período que al 1º de abril de 1994 le faltaba para consolidar el derecho pensional. Así mismo, al efectuar la reliquidación, la entidad deberá aplicar el límite máximo pensional vigente a la fecha de efectividad de la prestación, el cual corresponde a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme con el período de cotizaciones acreditado. La entidad demandada contará con un término perentorio de 1 mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia para efectuar el ajuste correspondiente. Durante dicho término y hasta tanto se materialice la reliquidación ordenada, no podrá suspenderse ni disminuirse el pago de la mesada pensional que actualmente percibe la demandante. Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda. Cuarto. No condenar en costas en esta instancia. 27 Radicado: 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025) Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2016-00432-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandada: Lilian Pájaro de Silvestri

Tema: Reliquidación de pensión de jubilación. Ingreso base de
liquidación y topes pensionales. Decreto 546 de 1971

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 12 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Ugpp presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de

1 En lo que sigue Ugpp.
2 Índice 7 tribunal documento denominado
«7_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_01DEMANDAANEXOS(.pdf)
NroActua 7». Páginas 1 a 15. La demanda fue presentada el 23 de abril de 2015.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00432-01 (0093-2025)
Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3, en orden a
que se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) UGM 9467 del 25 de
octubre de 2006 mediante la cual Cajanal reliquidó y modificó la Resolución 18232
del 24 de abril de 2006 y fijó como monto de la pensión la suma de $10.352.059,94;
ii) UGM 001817 del 25 de julio de 2011 con la que se efectuó una nueva
reliquidación de la pensión con base en la asignación básica más elevada del
último año de servicio con inclusión de todos los factores salariales devengados
en dicho período, conforme con el Decreto 546 de 1971, y se elevó la mesada a
$13.784.275,63; y iii) UGM 053685 del 3 de agosto de 2012 mediante la cual
modificó el artículo sexto de la Resolución UGM 001817 del 25 de julio de 2011,
en lo relacionado «con los factores salariales».

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reintegro indexado de $156.042.046, suma pagada en exceso por
concepto de mesadas pensionales, causadas desde la entrada en vigencia de las
resoluciones demandadas y las que se causaran con posterioridad; ii) que se
declare que la Ugpp no estaba obligada al pago de la prestación pensional en los
términos liquidados en las resoluciones demandadas; y iii) la condena en costas y
gastos procesales.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. LilianPájaro de Silvestri nació el 25 de marzo de 1950. Se vinculó al
Departamento Administrativo Nacional de Estadística4 desde el 1 de abril de 1972
hasta el 28 de febrero de 1977 y a la rama judicial desde el 21 de agosto de 1978
hasta el 31 de diciembre de 2010.

3.2. Al acreditar más de 20 años de servicios y cumplir la edad requerida, solicitó a
Cajanal el reconocimiento de la pensión de jubilación.

3.3. Mediante Resolución 18232 del 24 de abril de 2006 Cajanal le reconoció la
prestación con aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, en cuantía de $4.936.439,69, efectiva a partir del 1 de enero de 2003.

3.4. Contra dicha decisión interpuso recurso de reposición, el cual se resolvió
mediante Resolución UGM 9467 del 25 de octubre de 2006, a través de la cual se
reliquidó y modificó dicha decisión y se fijó la mesada pensional en $10.352.059,94,

3 En adelante CPACA.
4 En adelante DANE.

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

efectiva a partir del 13 de septiembre de 2006, condicionada al retiro definitivo del
servicio.

3.5. En cumplimiento del fallo de tutela proferido el 5 de octubre de 2006 por el
Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante Resolución UGM
001817 del 25 de julio de 2011 Cajanal reliquidó la pensión con base en la
asignación básica más elevada del último año de servicio y con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en dicho período, conforme con el Decreto 546
de 1971. La mesada se fijó en $13.784.275,63, con efectos a partir del 1 de enero
de 2011.

3.6. Mediante Resolución UGM 053685 del 3 de agosto de 2012, la Ugpp modificó
el artículo sexto de la Resolución UGM 001817 del 25 de julio de 2011, en lo
relacionado con «los factores salariales».

3.7. Las resoluciones UGM 9467 del 25 de octubre de 2006, UGM 001817 del 25
de julio de 2011 y UGM 053685 del 3 de agosto de 2012 mantuvieron una
liquidación pensional superior al tope de 20 salarios mínimos mensuales legales
vigentes5 previsto en el artículo 2 del Decreto 314 de 1994.

3.8. La diferencia entre la suma que correspondía reconocer [$8.160.000] y el valor
efectivamente pagado [$13.784.275,63] ascendió a $5.624.275 mensuales, suma
que se pagó en exceso.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 48 y 83 de la Constitución Política; y 36
de la Ley 100 de 1993; la Ley 4ª de 1992; y los decretos 104, 314 y 1158 de 1994
y 43 de 1999.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

5.1. Los actos demandados vulneraron el orden constitucional y legal, en tanto el
reconocimiento pensional superó el tope máximo de 20 SMLMV previsto en el
artículo 2 del Decreto 314 de 1994, aplicable a las pensiones del régimen de prima
media.

5.2. De conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado para las pensiones
reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, dicho tope
constituye el límite máximo permitido, de manera que toda mesada que lo exceda
resulta contraria al ordenamiento jurídico. En ese contexto, aun cuando a la

5 En adelante SMLMV.

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

demandada se le aplicó el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, ello no habilitaba el
desconocimiento del tope legal, por lo que las reliquidaciones efectuadas en los
años 2006 y 2011 incrementaron la mesada por encima del máximo autorizado.
«Además porque se hizo teniendo en cuenta factores salariales sobre los cuales no se
cotizó», en contravía del mandato constitucional [artículo 58] según el cual las
pensiones deben liquidarse únicamente con base en los factores sobre los que se
realizaron aportes.

5.3. La presunción de buena fe se desvirtúa con la actuación de la demandada quien
promovió reliquidaciones que condujeron al reconocimiento de una mesada
superior a la legalmente permitida.

5.4. En consecuencia, los valores percibidos en exceso carecen de sustento jurídico
y generaron un detrimento al sistema pensional, lo cual justifica el reintegro de las
sumas pagadas en exceso.

1.2. Contestación de la demanda

6.Lilian Pájaro de Silvestri solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda
por las siguientes razones6:

6.1. Su estatus pensional se consolidó el 25 de marzo de 2000 tras más de 38 años
de servicios, gran parte de ellos en la rama judicial [desde el 21 de agosto de 1978
hasta el 1 de julio de 2013, periodo durante el cual se desempeñó como magistrada
por más de 24 años] bajo un régimen especial y con cumplimiento de los requisitos
de edad y tiempo de servicio, sin que mediara maniobra irregular o actuación
fraudulenta.

6.2. Era beneficiaria del régimen especial de la rama judicial y del de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al entrar en vigencia esta
norma ya cumplía con los requisitos de edad y tiempo de servicio, circunstancia que
consolidó su derecho a que la pensión se liquidara conforme con el régimen
anterior, en particular con fundamento en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y
bajo el principio de favorabilidad; en ese contexto, y atendiendo a las
particularidades de los regímenes especiales, no resultaba aplicable el tope de 20
SMLMV previsto en el Decreto 314 de 1994.

6.3. La reliquidación contenida en la Resolución UGM 001817 del 25 de julio de

6 Índice 7 tribunal documento denominado
«16_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_10CONTESTACIONA(.pdf)
NroActua7»

4

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

2011 fue expedida en cumplimiento de un fallo de tutela sin origen en una conducta
irregular que le sea atribuible. La Resolución UGM 053685 del 3 de agosto de 2012
no versó sobre factores salariales sino sobre ajustes por aportes pensionales,
revisados y pagados por la entidad.

6.4. En consecuencia, los actos administrativos conservan la presunción de
legalidad y las mesadas fueron percibidas de buena fe, lo que impide la procedencia
del reintegro; además, en la reforma de la demanda la Ugpp prescindió de
cuestionar las resoluciones iniciales de reconocimiento [18232 del 24 de abril y
UGM 9467 del 25 de octubre de 2006], circunstancia que comporta una aceptación
tácita de su validez.

6.5. Proceden las siguientes excepciones:

6.5.1. Previas7 de a) «ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales» al no
aportarse completo el expediente administrativo; b) «ineptitud de la demanda por no
haber precisión ni claridad en las pretensiones» ya que no se individualizaron
debidamente los actos demandados; y c) «habérsele dado a la demanda el trámite de
un proceso diferente al que corresponde» porque el mecanismo idóneo era el recurso
extraordinario de revisión; y

6.5.2. De fondo a) «principio de legalidad de los actos de reconocimiento y reliquidación
pensional» debido a que el derecho pensional fue reconocido bajo régimen especial
con amparo de la transición; existía un derecho adquirido; y las reliquidaciones
obedecieron a órdenes judiciales; b) «no se configura la nulidad de los actos
demandados» ante la inexistencia de las causales de nulidad previstas en el artículo
137 del CPACA; c) «buena fe de las actuaciones» al no demostrarse lo contrario;
d) «confianza legítima» por el tiempo de disfrute de la pensión [más de cinco años];
e) «inexistencia de la obligación» debido a que el retiro definitivo data del 1 de julio de
2013 y además actuó de buena fe; f) «aplicabilidad de la sentencia C-258 de 2013»

7 Mediante auto del 21 de enero de 2022, el tribunal las declaró no probadas porque ninguna
evidenciaba un defecto procesal que impidiera el trámite del proceso. En cuanto a la alegada
ineptitud por falta de requisitos formales, precisó que la no aportación de todos los antecedentes
administrativos no invalidaba la demanda, pues dichos documentos pueden ser solicitados
posteriormente o decretados de oficio, tratándose de un aspecto probatorio y no estructural;
respecto de la presunta falta de claridad y precisión en las pretensiones, consideró que los actos
administrativos demandados estaban suficientemente individualizados con número y fecha, de
modo que era posible comprender el objeto del control, sin que la omisión de señalar expresamente
la autoridad que la expidió generara ineptitud; y frente al argumento de trámite inadecuado, concluyó
que «el recurso extraordinario de revisión no procede contra fallos de tutela», por lo que la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho sí era el medio idóneo. Consideró que los demás
cuestionamientos estaban ligados al fondo del asunto, por lo que debían ser resueltos en la
sentencia. Índice 7 tribunal documento denominado
«19_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_13AUTOSENTENCIAA(.pdf)
NroActua 7».

5

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

que establece el tope de los 25 SMLMV en aplicación del Decreto 546 de 1971;
g) «caducidad del recurso extraordinario de revisión» si lo pretendido era el examen de
las prestaciones periódicas; h) «el criterio de sostenibilidad financiera del sistema de
seguridad social no es aplicable a los casos individuales en sede judicial», pues la entidad
sostuvo que sí se efectuaron todos los aportes a pensión; i) «aplicabilidad de la
sentencia del 4 de junio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico de
radicado 2011-00319-00» que ordenaba tener en cuenta el monto de la reliquidación
de la bonificación por compensación como factor salarial para determinar la pensión
de jubilación; y j) la innominada.

1.4. La sentencia apelada

7.El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, en
sentencia proferida el 20 de junio de 2024 negó las pretensiones de la demanda,
con fundamento en lo siguiente8:

7.1. La Ugpp cuestionó exclusivamente que se superaron los topes pensionales y
no la inclusión indebida de factores salariales, por lo que, en aplicación de los
principios de congruencia y justicia rogada, el análisis se limitó a ese aspecto.

7.2. En el caso concreto, las reliquidaciones pensionales cuestionadas
corresponden a actos de ejecución expedidos en cumplimiento de órdenes
impartidas por la jurisdicción constitucional en sede de tutela. A través de dichas
decisiones se dispuso la reliquidación de la pensión conforme con el régimen
especial previsto en el Decreto 546 de 1971, con el tiempo de servicio, la edad y el
ingreso base de liquidación aplicable.

7.3. Estas decisiones judiciales hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional al no
haber sido seleccionadas para revisión por la Corte Constitucional y además la
entidad no alegó ni acreditó la existencia de fraude procesal o cosa juzgada
fraudulenta que habilitara su eventual desconocimiento. En consecuencia, no
resultaba jurídicamente viable que el juez contencioso reabriera el debate sobre
aspectos ya resueltos por la jurisdicción constitucional, ni que reevaluara la forma
en que fue determinada la base de liquidación de la prestación.

7.4. Respecto de los topes pensionales, es cierto que el ordenamiento jurídico
impone que las pensiones tengan en cuenta esos límites, incluso de prestaciones
reconocidas bajo regímenes especiales o cobijadas por el régimen de transición;
no obstante, las reliquidaciones de la demandada datan de los años 2006 y 2011,
en un escenario jurisprudencial que aún no había consolidado de manera definitiva

8 Tribunales. Índice 55 de Samai.

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

la aplicabilidad general y uniforme de tales límites a los regímenes especiales; pues
para ese momento coexistían interpretaciones divergentes, y la posición que
posteriormente se consolidó, particularmente con la sentencia C-258 de 2013 en la
que se estableció que no era constitucionalmente admisible la existencia de
pensiones sin límite máximo cuando se financiaban con recursos públicos, incluso
si habían sido reconocidas al amparo de regímenes especiales, esta no tenía aún
el carácter pacífico y vinculante que hoy ostenta.

7.5. En el caso de Lilián Pájaro de Silvestri se acreditó que estuvo vinculada al
sector oficial entre el 1 de abril de 1972 y el 30 de junio de 2013, y en su último
cargo se desempeñó como magistrada de la Sala Civil, Familia, del Tribunal
Superior de Barranquilla. La pensión le fue reconocida por Cajanal con fundamento
en el Decreto 546 de 1971 en su condición de beneficiaria del régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993, efectiva a partir del 1 de julio de 2013, fecha de su
retiro definitivo. Para ese momento ya se encontraba vigente el artículo 18 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, que fijó el tope
máximo pensional en 25 SMLMV, límite que además fue elevado a rango
constitucional mediante el Acto Legislativo 01 de 2005; por lo tanto, aunque el
Decreto 546 de 1971 no prevé expresamente un tope máximo, en ausencia de
regulación especial debe acudirse a las disposiciones del régimen general y no del
Decreto 314 de 1994, norma que ya había sido derogada al momento del
reconocimiento pensional.

7.6. La situación jurídica de la pensionada se estructuró con fundamento en
decisiones judiciales y en la interpretación vigente para la época, sin que se hubiera
demostrado abuso del derecho, ocultamiento de información o actuación
fraudulenta de su parte, de tal manera que, pretender aplicar retroactivamente
criterios jurisprudenciales [CE-SUJ-S2-021-20] posteriores para modificar la forma
en que fue liquidada la pensión implicaría una afectación desproporcionada de los
principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del derecho a la
estabilidad de las situaciones jurídicas consolidadas de buena fe.

7.7. La mesada pensional reconocida nunca superó el límite de 25 SMLMV, de tal
manera que no se configuró vulneración del tope legal. En tales condiciones,
aunque en abstracto los topes pensionales resultaban obligatorios, dicha
circunstancia no era suficiente, en el caso concreto, para desvirtuar la presunción
de legalidad de los actos administrativos acusados ni para habilitar su anulación o
el reintegro de las sumas pagadas, máxime cuando estos fueron proferidos en
ejecución de decisiones judiciales en firme y dentro del marco interpretativo vigente
al momento de su expedición.

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

1.5. El recurso de apelación

8. La Ugpp interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo siguiente9:

8.1. Las resoluciones demandadas vulneraron el ordenamiento jurídico al reconocer
una mesada pensional que superó el tope legal de los 20 SMLMV debido a que la
reliquidación elevó la prestación a $13.784.275,63, pese a que el valor que
correspondía conforme con la normativa aplicable ascendía a $8.160.000. Esa
diferencia mensual constituyó un pago indebido que ocasionó un detrimento al
sistema pensional, por tal razón, dichas sumas debieron reintegrarse al carecer de
sustento legal y contrariar los principios de sostenibilidad financiera, legalidad del
gasto público y equilibrio del sistema.

8.2. El derecho pensional debe corresponder estrictamente a lo efectivamente
aportado pero la reliquidación incluyó factores salariales sobre los cuales no
existieron cotizaciones lo que conllevó al reconocimiento de un monto superior al
permitido por la ley; precisamente, ese fue el eje central de la demanda, respecto
del cual, el tribunal omitió su estudio de fondo y por ende no realizó el análisis
integral del litigio. De tal manera que no se pronunció sobre la ilegalidad de la
inclusión de factores salariales distintos de los cotizados con fundamento en la
existencia de decisiones previas en sede de tutela; aspecto sobre el que no se
configuró cosa juzgada habida cuenta de que la acción de tutela se limitó a la
protección de derechos fundamentales y no resolvió de manera definitiva la
legalidad de los actos administrativos.

8.3. Se desconoció la sentencia «CE-SUJ-S2-021-20» proferida el 11 de junio de
2020 por el Consejo de Estado en la que se estableció que, incluso en regímenes
especiales como el previsto en el Decreto 546 de 1971, la liquidación de la pensión
debía realizarse únicamente con factores salariales objeto de cotización y dentro
de los límites pensionales definidos por la ley; pese a esto, el tribunal adoptó un
criterio contrario al permitir una mesada que superó el tope legal.

8.4. La pensión se reconoció bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, circunstancia
que obligaba a aplicar los límites pensionales de 20 SMLMV; pero el tribunal
consideró procedente el tope superior.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de

9 Tribunales y Juzgados. Índice 29 de Samai.

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante esta corporación no rindió concepto11.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

11. Se circunscribe a establecer¿si la existencia de decisiones previas en sede de
tutela generan cosa juzgada material frente al control de legalidad de los actos
administrativos acusados?; ¿si las resoluciones que reliquidaron la pensión de la
demandada se ajustaron a derecho o si vulneraron el ordenamiento jurídico al
reconocer una mesada superior al tope legal de 20 SMLMV con inclusión de factores
salariales no cotizados?; y ¿si es procedente ordenar el reintegro de las sumas
pagadas en exceso por concepto de mesadas pensionales?

2.2. Cuestión previa

12. Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala considera necesario precisar que,
si bien la Ugpp inicialmente dirigió la demanda contra las resoluciones UGM 9467
del 25 de octubre de 2006, UGM 001817 del 25 de julio de 2011, y UGM 053685
del 3 de agosto de 2012, lo cierto es que en la reforma de la demanda 12 se suprimió
la pretensión de nulidad frente a la Resolución UGM 9467 de 2006; no obstante, al
fijarse el litigio mediante auto del 21 de enero de 202213 se incluyó expresamente
el estudio de los tres actos administrativos mencionados, sin que se advirtiera
recurso alguno de las partes contra dicha delimitación del objeto del proceso, razón
por la cual el análisis de legalidad se efectuará respecto de todos los actos
inicialmente demandados, en los términos en que quedó trabada la litis.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

10 Auto en el índice 8 de Samai.
11 Índice 12 de Samai.
12 Índice 7 tribunal documento denominado
«9_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_03SUBSANACIONJUZG(.pdf)
NroActua 7».
13 Índice 7 tribunal documento denominado
«19_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_13AUTOSENTENCIAA(.pdf)
NroActua 7».

9

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

2.2.1. El régimen pensional de los servidores de la Rama Judicial y el
Ministerio Público

13. El Decreto 546 del 27 de marzo de 1971, mediante el cual se estableció el
«régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares», en su artículo 6 previó los
requisitos que debían acreditar los destinatarios de esa disposición para efectos de
ser beneficiarios de la pensión de jubilación, en los siguientes términos:

«Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».

14. De otra parte, el artículo 12 del Decreto 717 del 20 de abril de 1978 14 se encargó
de desarrollar lo relacionado con los factores salariales con base en los cuales se
debían liquidar las pensiones de los empleados destinatarios del régimen en
mención, frente a lo cual dispuso:

«De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la ley
para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:

a) Los gastos de representación.
b) La prima de antigüedad.
c) El auxilio de transporte.
d) La prima de capacitación.
e) La prima ascensional.
f) La prima de servicio.
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo
de comisiones de servicio».

15. Igualmente, el artículo 9 del referido Decreto 546, de manera clara señaló que
para la liquidación de las pensiones de que trata dicha norma no serían incluidos
los viáticos recibidos por el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de
carácter permanente y se hubiese recibido dentro de los últimos tres años, durante
un lapso continuo de seis meses o mayor.

16. A su turno, el artículo 7 de esta normativa frente al tiempo mínimo de servicio
prestado de manera exclusiva a la Rama Judicial y/o al Ministerio Público, indicó

14 «Por el cual se establecen las equivalencias de nomenclatura, clasificación y grado de
remuneración para los empleos señalados en los Decretos-ley 0717 y 0719 de 1978»

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

que: «(s)i el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del Artículo anterior se hubiere
prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público en lapso menor de 10 años,
la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados
de la rama administrativa del Poder Público» (resalta la Sala).

17. En conclusión, el monto de la pensión de los servidores de la Rama Judicial y
del Ministerio Público, beneficiarios del régimen previsto en el Decreto 546 de 1971,
comprende la asignación mensual más elevada que hubieren devengado en el
último año de servicios, en un valor equivalente al 75% de todos los factores
percibidos durante dicho lapso.

2.2.2. Ingreso base de liquidación en el régimen pensional previsto en el
Decreto 546 de 1971, de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley
100 de 1993

18. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar
el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez
y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de los derechos adquiridos de
los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la entrada en vigencia
de la citada norma (1º de abril de 1994), se estipuló un régimen de transición en el
artículo 36 ibidem, en el cual se estableció:

«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual
la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62
para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».

19. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición
el trabajador que al 1 de abril de 1994 contara con alguno de los siguientes
requisitos: i) 35 años de edad o más si es mujer, ii) 40 años o más si es hombre o
iii) 15 años o más de servicios cotizados, es decir, es suficiente reunir uno solo de
estos para gozar del derecho adquirido.

20. El mencionado régimen de transición no solo aplica para los regímenes que
regulan el sistema prestacional a gran escala como la Ley 6 de 1945, el Decreto
3135 de 1968, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, sino que también procede

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para los regímenes especiales, como son los decretos 546 de 1971 referente a los
empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, 929
de 1976 y 720 de 1978 referentes a los empleados de la Contraloría General de la
República, entre otros.

21. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación unificó
la interpretación frente a la forma en la que debía ser liquidada la pensión de
quienes eran beneficiarios de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1996,
en el sentido de entender que el ingreso base de liquidación sí hacía parte del
régimen de transición, es decir, que debía ser liquidado conforme con las
disposiciones especiales anteriores. En ese sentido, en sentencia del 4 de agosto
de 201015 esta corporación señaló:

«(…) Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que
ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a
la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se
sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados».

22. Con posterioridad, la Sala Plena de la Corporación, en sentencia del 28 de
agosto de 201816, rectificó la referida interpretación y concluyó que el ingreso base
de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía
aplicarse también a quienes eran beneficiarios del régimen de transición, es decir,
que solo podía aplicarse el régimen anterior en los aspectos relacionados con la
edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo.

23. En esa misma línea, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 17, señaló que el
funcionario o empleado de la Rama Judicial o del Ministerio Público que sea
beneficiario del régimen de transición previsto en el mencionado artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, tendría derecho al reconocimiento pensional conforme con las
disposiciones del Decreto 546 de 1971, en los siguientes términos:

«(…) 4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-

25-000-2006-07509-01.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de
Montenegro.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de

2020, radicación: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20. Demandante:
Cándida Rosa Araque de Navas.

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adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes
presupuestos:

i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial,
tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o
más de servicios efectivamente cotizados.

ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar
el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de
55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos
anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de
1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.»

«iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b)
el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la
vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan
sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que
tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si
le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación
será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii)
el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con
base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados
por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley
4ª. De 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.°
del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008;
y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama
Judicial o del Ministerio Público».

24. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos del Decreto 546 de 1971, se les aplicarán las disposiciones de esa norma
en cuanto a tiempo de servicio, edad y tasa de reemplazo; pero el ingreso base de
liquidación será el establecido en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de
1993, según sea el caso.

25. Finalmente, la Sala Plena de la Sección Segunda precisó que las
consideraciones expuestas en la mencionada decisión de unificación tendrían
aplicación retrospectiva y que la regla fijada será vinculante en los asuntos similares
que no contaran con sentencia ejecutoriada al momento de la citada providencia.
Asimismo, advirtió que en caso de presentarse recurso extraordinario de revisión
contra sentencias proferidas con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la

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corporación, deberá prevalecer el carácter de cosa juzgada, en tanto no hay lugar
a entender que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley. En ese sentido
dispuso:

«SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en
esta providencia en relación con el tema que se unifica jurisprudencia, tienen aplicación
retrospectiva, y que la regla jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos:
(i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno de
la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en
juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene
efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En
tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa
juzgada y en consecuencia resultan inmodificables».

26. Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso
extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la
pensión con fundamento en jurisprudencia diferente de la ratio decidendi aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en
las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.

2.2.3. Límites al reconocimiento de la pensión

27. Los límites máximos de la prestación que protege la contingencia de la vejez
fueron previstos en el ordenamiento desde la Ley 4ª de 1976 y se reiteraron en las
leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003.

28. En efecto, el artículo 2 de la Ley 4ª de 197618 dispuso que las pensiones de
jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial,
semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al
salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario». [Se
resalta]. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 señaló que ninguna
pensión podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual19, disposición
que también está contenida en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 que limitó la
base de cotización a 20 SMLVM. No obstante, esta disposición fue modificada por la
Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM. Al respecto, el Acto
Legislativo 1 de 2005 precisó que «a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse

18 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y

privado y se dictan otras disposiciones
19 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.

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pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con
cargo a recursos de naturaleza pública».

29. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que «el legislador puede,
por razones de política legislativa, señalar cuáles son los límites máximos y mínimos que
deben implantarse para que las reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones,
tanto en el sector público como en el privado, no pierdan por un lado su capacidad
adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el pago de las
pensiones (C.P. art. 48 y 53)»20. Lo anterior, pues consideró que, dentro de ciertos
límites, el legislador tiene libertad para determinar el monto y los alcances de los
recursos a fin de lograr el mejor uso de ellos en un sistema solidario de seguridad
social, en armonía con el deber de protección de los recursos existentes para el
pago de las pensiones, a fin de asignarlos preferencialmente a aquellos que se
encuentran en una escala económica inferior.

30. En aquella oportunidad, la Corte recordó que «los topes máximos pensionales, en
tratándose de la pensión de vejez, continúan produciendo efectos jurídicos frente a las
situaciones jurídicas consolidadas al amparo de su vigencia [la de la Constitución],
valga decir, las leyes 4 de 1976 y 71 de 1988 continúan irradiando sus efectos en estas
materias» [Se resalta].

31. A su vez, la Corte Constitucional21 ha precisado que también les son aplicables
las normas generales que fijan los topes pensionales a los regímenes especiales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial; y consideró inaceptable predicar la ausencia de topes para los
beneficiarios de leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de
un grupo de pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha
previsto para el reconocimiento y valor de las pensiones»22.

32. Asimismo, y para el caso específico de los regímenes especiales de pensiones,
en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esa corporación sostuvo que en
caso de que las normas especiales de tales regímenes no dispusieran un
límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las
reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la
modifican en lo pertinente. Análisis que se expuso en la Sentencia C-258 de 2013,
en los siguientes términos:

«Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las
más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además desde
antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la
promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes anteriores, desde la

20 Sentencia C-155 de 1997.
21 Sentencia C-089 de 1997.
22 Sentencia C-089 de 1997.

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Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y máximos el valor que una
persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa normativa estableció un valor
máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 disminuyó el tope a 15 smmlv
y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18, a 20 smmlv para los afiliados al régimen
de prima media. Más recientemente, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a
25 smmlv; ese mismo criterio fue luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.

En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los
regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997,
esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales de tales
regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse
el tope señalado en las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las
disposiciones que la modifican en lo pertinente.

Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de la
ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como en el
caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio de igualdad en
tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un grupo de personas
que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el
contrario, por regla general pertenecen a un sector privilegiado de la población; y (ii)
avalaría la continuidad de un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades
de la seguridad social» (sic) [se resalta].

33. En esas condiciones, la aplicación de topes a la totalidad de las pensiones, ya
sean ordinarias o especiales, resulta indispensable para salvaguardar la estabilidad
financiera del sistema pensional. Así pues, desde la expedición de la Ley 4ª de
1976, se ha establecido que las pensiones de los servidores públicos deben
sujetarse a límites máximos en su cuantía, dado que esta restricción permite
garantizar una distribución justa y proporcional de los recursos públicos limitados
destinados a la seguridad social. De este modo, se materializan los principios
constitucionales y legales de solidaridad, eficiencia, equidad, universalidad y
sostenibilidad fiscal, pilares fundamentales para la viabilidad del régimen pensional.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

34. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente23:

2.3.1.1. Sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio
pensional

34.1. Lilian Pájaro de Silvestri nació el 25 de marzo de 195024

23 Índice 2 de Samai. Documento «4ED_CORREO_Oficio8759RemiteCons(.pdf) NroActua», carpeta

«Expediente administrativo» subcarpeta «CC22395456»
24 Según consta en el registro civil de nacimiento. PDF. «6-Registro civil de nacimiento-Causante».

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34.2. Se vinculó al DANE desde el 1 de abril de 1972 hasta el 28 de febrero de 1977
y desempeñó el cargo de analista de administración clase IV, grado 19, según
certificaciones del 16 y 21 de julio de 200425 emitidas por el tesorero de la entidad.

34.3. Se vinculó a la rama judicial desde el 16 de agosto de 1978, como consta en
las certificaciones del 23 de septiembre del 2005 expedidas por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla y la Secretaría General de la Corte Suprema de
Justicia así26:

Cargo Fecha de inicio Fecha de terminación
Juez Diecisiete Civil
21 de agosto de 1978 13 de mayo de 1982
Municipal de Barranquilla
Juez Décimo Civil del Circuito
14 de mayo de 1982 17 de septiembre de 1990
de Barranquilla
Licencia para desempeñar
1 de febrero de 1989 16 de septiembre de 1990
otro cargo
1 de julio de 1986 15 de agosto de 1986
Magistrada Tribunal Superior 31 de enero de 1989 12 de octubre de 1989
de Barranquilla, Sala Civil Sin desvinculación a la fecha
13 de octubre de 1989
de la certificación

34.4. Para la vigencia del año 2010 aún se desempeñaba como magistrada del
Tribunal Superior de Barranquilla; según constancias del 28 de enero de 2011
emitidas por el jefe de recursos humanos de la DEAJ en la que certificó el monto
de los salarios y prestaciones sociales pagados a Lilian Pajaro de Silvestri para las
vigencias del año 2006 hasta el año 201027.

2.3.1.1. En torno al reconocimiento de la pensión de jubilación

34.5. El 20 de octubre de 200528, Lilián Pájaro de Silvestri solicitó a Cajanal el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

34.6. A través de Resolución 18232 del 24 de abril de 2006 29, Cajanal reconoció y
ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez a favor de Lilián Pájaro
de Silvestri, tras establecer que se encontraba amparada por el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Para tal efecto, determinó que al
entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones [1 de abril de 1994] la
interesada ya superaba la edad y el tiempo de servicio requeridos en dicha norma;

25 PDF «3_Certificado de información laboral – Causante.pdf».
26 PDF «4_Certificado de información laboral – Causante.pdf» y «5_Certificado de información
laboral – Causante.pdf». La Sala advierte que se evidencia inconsistencias en algunas fechas por
cuanto se superponen, sin embargo, esta situación no afectará el fondo de la decisión.
27
PDF «67-Certificado de factores salariales-Causante».
28 PDF «2-Formato o comunicación de Solicitud de prestación económic»
29 PDF «24-Resoluciones que resuelve de fondo la petición-Causante».

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circunstancia que imponía aplicar los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto
de la prestación conforme con el régimen anterior propio de los servidores de la
rama judicial [Decreto 546 de 1971]. Precisó que la actora acreditó un total de 1505
semanas de servicio [10.538 días], que nació el 25 de marzo de 1950 y que su
último cargo fue el de magistrada del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Barranquilla, por lo que adquirió el estatus pensional el 25 de marzo de 2000. Con
fundamento en ello, liquidó la prestación con el 75 % sobre el salario promedio de
8 años, 9 meses [entre el 1 de abril de 1994 y el 30 de diciembre de 200230],
actualizado con el IPC, conforme con las reglas aplicables al IBL [artículo 36 de la
Ley 100 de 1993], y fijó una mesada inicial de $4.936.439,69, efectiva a partir del 1
de enero de 2003, condicionada al retiro definitivo del servicio.

34.7. El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla 31, mediante fallo de
tutela proferido el 5 de octubre de 200632, ordenó a Cajanal «reliquidar la pensión de
jubilación a que tiene derecho […] sobre la asignación mensual más elevada devengada
durante el último año de servicios, sin tope alguno, incluyendo todos los factores
devengados» a favor de la demandada, al concluir que la entidad había vulnerado
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad porque aunque
reconoció la pensión en el marco del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, aplicó de manera parcial dicha norma al acudir a las reglas generales
para determinar el ingreso base de liquidación, en lugar de aplicar integralmente el
régimen especial de la rama judicial previsto en el Decreto 546 de 1971. La
accionante se encontraba amparada por el régimen de transición y, en
consecuencia, la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión debían regirse
por el régimen anterior al cual estaba afiliada. No era jurídicamente admisible
fraccionar la aplicación de la transición utilizando parcialmente la Ley 100 de 1993,
pues ello desconocía la integralidad del régimen especial, afectaba un derecho
subjetivo reconocido y generaba un trato desigual frente a otros servidores
judiciales en la misma situación.

34.8. Mediante Resolución UGM 09467 del 25 de octubre de 200633, Cajanal resolvió
el recurso de reposición del 25 de mayo de 200634 interpuesto contra el acto de
reconocimiento pensional, y decidió dar cumplimiento al fallo de tutela referido35,
por lo que reliquidó la pensión con el 75 % de la asignación más alta devengada en
el último año de servicio [desde el 13 de septiembre de 2005 al 12 de septiembre
de 2006], fijó la mesada en $10.352.059,94 con efectos desde el 13 de septiembre

30 Al respecto indicó que cotizó al ISS «como servidor púbico a partir del 1 de enero del 2003 y no

aportó las certificaciones de las semanas cotizadas».
31 PDF «43-Fallo de tutela-Causante»
32 Con radicado 2006-0508.
33 PDF «33-Resoluciones que resuelve de fondo la petición-Causante».
34 PDF «28-Recurso de reposicion-Causante».
35 Con radicado 2006-0508.

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de 2006, condicionada al retiro definitivo del servicio, y modificó en lo pertinente la
Resolución 18232 de 2006 para ajustar la cuantía. Además, no aplicó topes en
cumplimiento de dicha orden.

37.7.1. Al respecto, dejó constancia de que, conforme con el parágrafo 3 del artículo
18 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 1 y 2 del Decreto 314 de 1994 [vigente
para la época del pago efectivo] la pensión se encontraba limitada a 20 SMLMV, sin
que el régimen de la rama judicial tuviera una excepción expresa a dicho tope
[artículo 6 del Decreto 546 de 1971]; asimismo, la liquidación debía realizarse con
los factores previstos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 que no incluían el
subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, ni las primas de navidad,
vacaciones y servicios. Además, ese límite máximo de 20 SMLMV rigió hasta el 5
de marzo de 2003, fecha a partir de la cual el tope se elevó a 25 SMLMV conforme
con el Decreto 510 de 2003.

34.9. Con escrito presentado el 8 de septiembre de 200936 la demandada solicitó que
se diera estricto cumplimiento al fallo tutela proferido por el Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Barranquilla.

34.10. En el marco del incidente de desacato, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, Sala de Decisión Laboral, mediante decisión proferida el 18 de
junio de 2010 revocó la decisión materia de consulta37 y ordenó ajustarla para que
Cajanal reliquidara la pensión de jubilación de Lilian Pájaro de Silvestri con base en
la asignación mensual más alta del último año de servicio, sin tope alguno con
inclusión de todos los factores salariales, conforme con el artículo 6 del Decreto 546
de 1971 y normas concordantes.

34.11. A través de la Resolución UGM 001817 del 25 de julio de 2011 38 Cajanal
reliquidó la pensión de vejez reconocida a Lilián Pájaro de Silvestri «con el fin de dar
cabal cumplimiento al fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala
de Decisión Laboral aplicando la asignación más alta en el último año de servicios aportado
por la solicitante, es decir, desde el 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, sin
aplicar tope alguno».

34.11.1. Para el efecto, estableció que la pensionada laboró en el DANE [del 1 de
abril de 1972 al 28 de febrero de 1977] y en la rama judicial [del 21 de agosto de
1978 al 30 de diciembre de 2010], con un total de 1.917 semanas cotizadas [13.420
días de servicio], que nació el 25 de marzo de 1950, por lo que contaba con 61 años
de edad y que su último cargo fue el de magistrada del Tribunal Superior de

36 Según lo registrado por la entidad en la Resolución UGM 001817 del 25 de julio de 2011.
37 Ibidem. No se hizo referencia puntual a la decisión de primer grado.
38 PDF «RESOLUCION 3».

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

Barranquilla. Liquidó la pensión con base en la asignación más alta del año 2010,
integrada por asignación básica, bonificación por compensación, bonificación por
servicios prestados, y primas de servicios y especial de servicios, para un ingreso
base de $18.379.034, sobre el cual aplicó el 75 %, fijando una mesada de
$13.784.275,63 efectiva a partir del 1 de enero de 2011, condicionada al retiro
definitivo del servicio.

34.12. Por medio de Resolución UGM 053685 del 3 de agosto de 201239 Cajanal
modificó parcialmente la Resolución UGM 001817 del 25 de julio de 2011. El ajuste
lo realizó con fundamento en el informe del 31 de julio de 2012 emitido por el Grupo
de Registro Nacional de Afiliados de Cajanal, el cual señaló que se adeudaban
aportes a pensión sobre factores salariales respecto de los cuales no se efectuó
cotización, debido a que en la liquidación anterior basada en el informe del 9 de
febrero de 2011 [soporte de la Resolución UGM 001817 del 25 de julio de 2011] no
se aplicaron los topes de 20 y 25 SMLMV para efectos de calcular los aportes
correspondientes, lo que hizo necesaria una nueva liquidación y la revisión de los
descuentos efectuados. Como resultado, se precisó que la afiliada adeudaba por
aportes pensionales la suma de $409.786, la cual debía descontarse de mesadas
atrasadas, y que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional
Atlántico adeudaba por aporte patronal $1.229.356, ordenándose su cobro por el
área de recaudo.

2.3.2. Análisis sustancial

35. En el presente asunto se controvierte la legalidad de las resoluciones UGM
09467 del 25 de octubre de 2006, UGM 001817 del 25 de julio de 2011 y UGM
053685 del 3 de agosto de 2012, mediante las cuales se reliquidó la pensión de
jubilación de Lilian Pájaro de Silvestri reconocida en el marco del régimen especial
del Decreto 546 de 1971 por ser beneficiaria del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, hasta fijar una mesada de $13.784.275,63 sin sujeción
a tope pensional. En consecuencia, y teniendo en cuenta los problemas jurídicos
planteados, la Sala debe establecer si las decisiones proferidas en sede de tutela
generaron cosa juzgada frente al control de legalidad de los actos acusados; si la
reliquidación se ajustó al ordenamiento jurídico, en particular respecto del IBL, la
inclusión de factores no cotizados y la aplicación del tope máximo legal; y si procede
el reintegro de las sumas pagadas en exceso.

36. Es ese contexto, es importante reiterar que la circunstancia de que los actos
cuestionados hayan sido expedidos en cumplimiento de órdenes impartidas en
sede de tutela no los excluye del control de legalidad atribuido a esta jurisdicción

39 PDF «RESOLUCION 4».

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

ya que las decisiones administrativas adoptadas para acatar fallos constitucionales
conservan su naturaleza de actos administrativos, mantienen la presunción de
legalidad y pueden ser sometidas al medio de control correspondiente. En
consecuencia, el juez de lo contencioso administrativo no pierde competencia para
conocer de su legalidad, pues el origen constitucional de la orden que les sirve de
fundamento no modifica su naturaleza jurídica ni los sustrae del escrutinio propio
de esta jurisdicción, por ello, resulta procedente examinar de fondo su conformidad
con el ordenamiento jurídico.

37. Ahora bien, del estudio de la demanda se advierte que el reproche formulado por
la entidad no se limita a la superación del tope pensional, sino que también se
cuestiona la forma en que se determinó el ingreso base de liquidación y la inclusión
de factores salariales respecto de los cuales no existieron cotizaciones. De tal
manera que, aunque el a quo entendió que la discusión giraba exclusivamente en
torno al tope máximo y consideró que la reliquidación obedeció al cumplimiento de
decisiones de tutela amparadas por la cosa juzgada constitucional, lo cierto es que
el debate planteado comprende 2 problemas jurídicos diferenciados: la regla
aplicable al IBL y la procedencia del límite máximo pensional; y toda vez que como
se precisó que en el presente asunto no se configuró el fenómeno de la cosa
juzgada que limitara el ejercicio del control de legalidad, en atención al principio de
congruencia y al deber de resolver integralmente los cargos formulados, la Sala
abordará el estudio de ambos aspectos. Por lo tanto, resulta necesario establecer
el régimen pensional aplicable a la demandada y verificar si se encontraba
amparada por el régimen de transición.

38. Así pues, en el expediente se acreditó que Lilian Pájaro de Silvestri nació el 25
de marzo de 1950 y que, al 1º de abril de 1994, contaba con más de 35 años de
edad y más de 15 años de servicios, circunstancia que la ubicó dentro del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; asimismo, se probó
que consolidó su estatus pensional el 25 de marzo de 2000 cuando cumplió 50 años
de edad y superó los 20 años de servicio, más de 10 de ellos en la rama judicial. A
partir de lo cual, le resultan aplicables las condiciones previstas en el artículo 6 del
Decreto 546 de 1971 en lo relativo a edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo,
esto es, 50 años de edad, 20 años de servicio y una pensión equivalente al 75 %.

39. Ahora bien, la condición de beneficiaria del régimen de transición no comporta
la aplicación íntegra del Decreto 546 de 1971, pues el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 circunscribió expresamente esa garantía a la edad, el tiempo de servicio y el
monto entendido como porcentaje. De ahí que el IBL constituya un elemento
autónomo que debe definirse conforme con las reglas vigentes al momento de
consolidarse el derecho; como en este caso el estatus pensional lo adquirió el 25
de marzo de 2000 cuando la Ley 100 ya se encontraba en plena vigencia, el IBL

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debía calcularse con arreglo a los artículos 21 y 36, inciso tercero, de esa normativa;
así, aunque el beneficio de la transición le permitía conservar la tasa del 75 %
prevista en el Decreto 546 de 1971, la base sobre la cual se aplica dicho porcentaje
se regía por el sistema general.

40. Esta interpretación se encuentra en consonancia con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, particularmente con las decisiones del 28 de agosto de 2018 y
la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, en las cuales se precisó que el
régimen de transición salvaguardaba los requisitos de edad y tiempo de servicio,
así como el porcentaje de la prestación, pero no el IBL; dicha regla jurisprudencial
resulta aplicable al presente asunto, no solo porque en esa providencia se dispuso
su aplicación retrospectiva a los procesos pendientes de decisión, sino también
porque el estatus pensional de la demandada se consolidó el 25 de marzo de 2000
cuando la Ley 100 de 1993 ya se encontraba en plena vigencia, de modo que el
IBL debía determinarse conforme con ese régimen, lo que descarta la existencia de
un derecho adquirido a liquidar la prestación con fundamento exclusivo en la
totalidad de las prerrogativas del Decreto 546 de 1971.

41. En tal sentido, tal y como lo alegó la Ugpp la prestación reconocida debía
liquidarse con el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho pensional y los
factores sobre los cuales se efectuaron aportes. En consecuencia, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará a la entidad reliquidar la prestación
para lo cual tendrá en consideración que el IBL deberá conformarse con los
referidos emolumentos percibidos durante los últimos 5 años, 11 meses y 25 días
de servicio [el periodo que al 1 de abril de 1994 le faltaba para consolidar el
derecho].

42. En cuanto al tope pensional, de conformidad con el marco normativo aplicable,
se evidencia que desde la expedición de la Ley 4ª de 1976 el legislador estableció
límites máximos a las pensiones, política que se ha mantenido de manera constante
en el ordenamiento jurídico. Así, la Ley 100 de 1993 dispuso [en su artículo 18] que
la base de cotización no podía exceder de 20 SMLMV, límite que operaba como
referente máximo dentro del régimen de prima media y que solo fue modificado con
la expedición de la Ley 797 de 2003, la cual elevó dicho tope a 25 SMLMV, regla
fue posteriormente consolidada a nivel constitucional mediante el Acto Legislativo
1 de 2005.

43. Así las cosas, el análisis debe efectuarse a la luz de la vigencia normativa
aplicable al momento en que se consolidó el derecho. De manera que, si la
demandada adquirió su estatus pensional en el año 2000, para esa fecha se
encontraba plenamente vigente el límite de 20 SMLMV previsto en la Ley 100 de
1993 sin que aún hubiera entrado a regir la modificación introducida por la Ley 797

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de 2003 ni, por supuesto, la reforma constitucional del año 2005. En consecuencia,
el reconocimiento debía sujetarse al tope de 20 SMLMV, por ser el límite legal
vigente al momento de la consolidación del estatus pensional.

44. No obstante, esta sala no pasa por alto que Lilian Pájaro de Silvestri continuó
laborando hasta el 31 de diciembre de 2010, lo que permite evidenciar que efectuó
aportes a pensión luego de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, lo que
permitiría considerar que durante los 5 años, 11 meses y 25 días que le faltaban
para acceder al beneficio pensional su IBC tuvo como límite los 25 SMLMV
señalados en la referida norma pues así lo dispone el artículo 18 de la Ley 100 de
199340.

45. Ahora bien, la Resolución 18232 del 24 de abril de 2006, mediante la cual
Cajanal reconoció la pensión de Lilian Pájaro de Silvestri no fue objeto de demanda
en el presente proceso; sin embargo, la Resolución UGM 09467 del 25 de octubre
de 2006 [que sí fue demandada] resolvió un recurso de reposición presentado en
contra de aquel acto, lo que impone considerar, de acuerdo con lo dispuesto en el

40 ARTÍCULO 18. BASE DE COTIZACIÓN. <Inciso 4 y parágrafos modificados por el artículo 5 de

la Ley 797 de 2003. (El artículo 5 de la Ley 797 de 2003 transcribe todo el artículo). El nuevo texto
es el siguiente:> La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior,
será el salario mensual.
El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.
El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el
Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992.

El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales
vigentes para trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más
de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será
reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales
para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales.

Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario
integral, se calculará sobre el 70% de dicho salario.
En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al
monto de la pensión.

PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más
empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como
contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en
forma proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán
para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal. Para estos efectos, será necesario que
las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base.

En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual
vigente. Las personas que perciban ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual vigente,
podrán ser beneficiarias del Fondo de Solidaridad Pensional, a efectos de que éste le complete la
cotización que les haga falta y hasta un salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con lo
previsto en la presente ley.

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artículo 163 del CPACA que la proposición jurídica completa debe comprender
también aquella decisión.

46. Al respecto, es importante precisar que en esa decisión la entidad determinó el
IBL conforme con la Ley 100 de 1993; no obstante, no señaló nada en torno al límite
máximo legal vigente que aplicaría; sin embargo, la consideración relativa a la
incorrecta liquidación de la prestación dio lugar a que la interesada promoviera
acción de tutela.

47. De acuerdo con ello [el fallo de tutela del 5 de octubre de 2006 y de la decisión
adoptada en el incidente de desacato] Cajanal expidió la Resolución 09467 del 25
de octubre de 2006 y, posteriormente, la Resolución UGM 001817 del 25 de julio
de 2011, mediante las cuales procedió a reliquidar la pensión con fundamento en
la asignación más alta devengada en el último año de servicio y sin sujeción a tope
pensional alguno; actuación que fue objeto de ulterior modificación a través de la
Resolución UGM 053685 del 3 de agosto de 2012. Situación que da lugar a declarar
su nulidad.

48. No se desconoce que en la Resolución 09467 del 25 de octubre de 2006 se dejó
constancia de que no se aplicaría tope pensional; sin embargo, en la Resolución
UGM 001817 del 25 de julio de 2011 se evidenció que la entidad sí mantuvo una
limitación en el acto anterior. Dicha circunstancia dio lugar al incidente de desacato
promovido por Lilian Pájaro de Silvestri y, en consecuencia, al cumplimiento de la
orden judicial a través de esta última resolución.

49. Con todo y la falta de claridad en los actos acusados, comoquiera que la
reliquidación efectuada continuó sustentándose en un IBL que no se ajustaba al
régimen jurídico aplicable, lo que permitió a esta sala concluir que correspondía
declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar la reliquidación de la prestación,
en la orden también se precisará que la pensión está sometida a los topes
señalados en la norma y que, para el efecto, se tendrá en consideración que a la
fecha de efectividad de la prestación y como consecuencia del periodo de
cotizaciones en pensión, el límite corresponderá a 25 SMLMV.

50. Finalmente, en cuanto a la eventual devolución de sumas pagadas en exceso,
la jurisprudencia ha precisado que, frente a pagos indebidos efectuados sin que
medie mala fe del beneficiario, la recuperación de las sumas debe analizarse a la
luz de los principios de confianza legítima, buena fe y protección del mínimo vital;
en esos eventos, la corrección de la situación jurídica suele proyectarse hacia el
futuro, y la repetición de lo pagado solo resulta procedente cuando se acredita
conducta dolosa, fraude o abuso del derecho. Empero, no se acreditó en el proceso

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que Lilian Pájaro de Silvestri hubiera actuado con mala fe o con intención
fraudulenta.

51. En este caso no obra prueba que permita afirmar la existencia de tales
circunstancias, de modo que no puede predicarse mala fe de la demandada por el
solo hecho de haber recibido una reliquidación ordenada judicialmente y de haber
promovido acciones judiciales con tal propósito. Por el contrario, está demostrado
que la reliquidación de la pensión obedeció al cumplimiento de decisiones
proferidas en sede de tutela y en el trámite de desacato, las cuales ordenaron
aplicar el último año de servicio sin tope alguno. La beneficiaria se limitó a ejercer
su derecho de acción y, como consecuencia de las decisiones allí proferidas, a
recibir las mesadas reconocidas mediante actos administrativos expedidos por la
entidad en acatamiento de tales providencias.

52. En consecuencia, se revocará la sentencia proferida el 12 de julio de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B mediante
la cual negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar se declarará la nulidad
parcial de la Resolución i) 18232 del 24 de abril de 2016 únicamente en cuanto
liquidó el IBL sobre el salario promedio de 8 años, 9 meses, cuando correspondía
a los últimos 5 años, 11 meses y 25 días; asimismo la nulidad total de las
resoluciones ii) UGM 09467 del 25 de octubre de 2006, mediante la cual Cajanal
la reliquidó con fundamento en la asignación más alta del último año de servicio;
iii) UGM 001817 del 25 de julio de 2011, por medio de la cual la reliquidó
nuevamente con la asignación más alta devengada en el año 2010, sin sujeción
al límite máximo legal; y iv) UGM 053685 del 3 de agosto de 2012, en cuanto
modificó la Resolución UGM 001817 de 2011.

2.4. Costas

53. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

54. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

del procedimiento para su liquidación y ejecución.

55. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma41.

56. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

57. En el caso concreto, como no se evidenció en esta instancia actuación temeraria
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, la Sala no condenará en costas.

3. Conclusión

58. De la valoración integral del acervo probatorio y del marco normativo y
jurisprudencial aplicable, la Sala concluye que, aunque los actos acusados fueron
expedidos en cumplimiento de órdenes impartidas en sede de tutela, ello no los
sustrae del control de legalidad propio de esta jurisdicción. Si bien la demandada
era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y le
resultaban aplicables el requisito de edad, tiempo de servicio y la tasa de reemplazo
del 75 % prevista en el Decreto 546 de 1971, el IBL debía determinarse conforme
con la Ley 100 de 1993 y la prestación sujetarse al tope de 25 SMLMV vigente al
momento en que se retiró del servicio [31 de diciembre de 2010].

59. Por consiguiente, se impone revocar la sentencia de primera instancia y declarar
la nulidad de las resoluciones 18232 de 2006, UGM 09467 de 2006, UGM 001817
de 2011 y UGM 053685 de 2012. No obstante, frente a las sumas pagadas en
exceso, al no acreditarse mala fe, dolo ni fraude por parte de la beneficiaria, quien
recibió tales sumas en cumplimiento de órdenes judiciales, no procede ordenar su
reintegro, pues no se desvirtuó la buena fe con la que actuó.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre

41En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 12 de julio de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 18232 del 24 de abril de
2006, únicamente en cuanto liquidó el IBL sobre el salario promedio de 8 años, 9
meses, cuando correspondía a los últimos 5 años, 11 meses y 25 días; asimismo,
la nulidad total de las resoluciones ii) UGM 09467 del 25 de octubre de 2006,
mediante la cual Cajanal la reliquidó con fundamento en la asignación más alta del
último año de servicios; iii) UGM 001817 del 25 de julio de 2011, por medio de la
cual la reliquidó nuevamente con la asignación más alta devengada en el año 2010,
sin sujeción al límite máximo legal; y iv) UGM 053685 del 3 de agosto de 2012, en
cuanto modificó la Resolución UGM 001817 de 2011.

Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la entidad demandada reliquidar la
pensión de Lilian Pájaro de Silvestri teniendo en cuenta que el ingreso base de
liquidación deberá conformarse con los emolumentos percibidos durante los últimos
5 años, 11 meses y 25 días de servicio, esto es, el período que al 1º de abril de
1994 le faltaba para consolidar el derecho pensional.

Así mismo, al efectuar la reliquidación, la entidad deberá aplicar el límite máximo
pensional vigente a la fecha de efectividad de la prestación, el cual corresponde a
25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme con el período de
cotizaciones acreditado.

La entidad demandada contará con un término perentorio de 1 mes contado a partir
de la ejecutoria de esta providencia para efectuar el ajuste correspondiente.
Durante dicho término y hasta tanto se materialice la reliquidación ordenada, no
podrá suspenderse ni disminuirse el pago de la mesada pensional que actualmente
percibe la demandante.

Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

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Demandante: Lilian Pájaro de Silvestri

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma samai del
Consejo de Estado.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM

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