RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 54001-23-33-000-2023-00031-03

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00031-03

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00031-03

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la petición para que se dicte sentencia de unificación en el presente asunto. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 22 de mayo de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que frente a esta decisión no procede recurso alguno. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 54001-23-33-000-2023-00031-03

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

3 de abril de 2025

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)
54001-23-33-000-2023-00030-00
54001-23-33-000-2023-00019-00
Demandantes: Veeduría ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la Universidad Francisco de
Paula Santander (UFPS), periodo 2022-2026

Temas: Procedimiento de elección de rector de la UFPS. Autonomía
universitaria. Necesidad de acreditar la inobservancia de una
formalidad sustancial con capacidad de alterar el resultado
de la decisión definitiva. Conflicto de interés

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la veeduría
ciudadana PROCURA UFPS1 y el señor Jorge Heriberto Moreno Granados2 contra la
sentencia del 22 de mayo de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander negó las pretensiones de las demandas.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demandas

1. Los ciudadanos Jorge Heriberto Moreno Granados y Jonnathan Alexander Carrillo
Prieto3, así como la veeduría ciudadana PROCURA UFPS, en ejercicio del medio de
control del artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, presentaron demandas el 23 y 26 de
enero de 2023, en las que solicitaron la nulidad del Acuerdo 47 del 22 de noviembre de
2022, mediante el cual el Consejo Superior Universitario4 de la Universidad Francisco
de Paula Santander5, designó a la señora Sandra Ortega Sierra como rectora de la
institución educativa, para el periodo 2022-2026.

1.2. Hechos

2. Los demandantes plantearon los siguientes supuestos fácticos:

3. El Consejo de Estado, mediante sentencia del 16 de junio de 20226, declaró la
nulidad de la designación del señor Héctor Miguel Parra López como rector de la UFPS,

1
Demandante del radicado 2023-00031-00.
2
Demandante del radicado 2023-00019-00.
3
Demandante del radicado 2023-00030-00.
4
En adelante CSU.
5
En adelante UFPS.
6
En el proceso con el radicado 54001-23-33-000-2021-00199-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

periodo 2021-2025, decisión que quedó ejecutoriada el 12 de julio de la misma
anualidad.

4. A través del Acuerdo 33 del 1° de agosto de 2022, se convocó a la comunidad
universitaria a consulta democrática para los días 21 y 22 de octubre del mismo año, a
efectos de definir los candidatos que se presentarían al CSU a fin de designar al rector
para el periodo 2022-2026.

5. El 19 de octubre de 2022, el demandante Carrillo Prieto presentó una acción de
tutela alegando vulneración del derecho al sufragio, por cuanto los estudiantes de
posgrado no estaban habilitados para votar y, en razón a ello, el 20 del mismo mes y
año, un día antes de la jornada electoral, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta
ordenó la suspensión de la consulta programada; sin embargo, el 21 siguiente se
levantó la medida, en razón a que el actor contaba con las debidas garantías para
participar.

6. En sesión extraordinaria del 26 de octubre de 2022, el CSU decidió reprogramar la
jornada electoral y, mediante el Acuerdo 45 de 2022, convocó a la comunidad para los
días 28 y 29 del mismo mes y año.

7. El Consejo Electoral Universitario, a través del Boletín 31 del 1° de noviembre de
2022, declaró válida la consulta democrática porque concurrió a las urnas el 75.80% del
potencial electoral, conjunto y ponderado, de los estamentos universitarios con derecho
al voto, resultando como candidatos de la lista de elegibles los dos mejor puntuados, a
saber, la señora Sandra Ortega Sierra y el señor Jhan Piero Rojas Suárez.

8. El 22 del mismo mes y año se reunió extraordinariamente el CSU de la UFPS y
designó a la demandada como rectora.

1.3. Concepto de la violación

1.3.1. Demandante Jorge Heriberto Moreno Granados (2023-00019)

Desconocimiento de los numerales 1° y 6° del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011

9. Estimó que los señores Luis Eduardo Trujillo Toscano, Érika Alejandra Maldonado
Estévez, Pedro Avilio Ontiveros Gil, César Augusto Luna Anaya y José Leonardo
Sánchez Quintero, integrantes del CSU de la UFPS, estaban incursos en conflicto de
interés porque desde el 5 de octubre de 2022, tenían conocimiento que la Procuraduría
Regional de Norte de Santander dictó auto de apertura de investigación disciplinaria en
su contra, por haber designado de manera ilegal al señor Héctor Miguel Parra López
como rector para el periodo 2021-2025, ya que la noticia la publicó el periódico regional
La Opinión.

10. Por lo tanto, la demandada, en su calidad de docente de carrera y secretaria
general de la universidad y del CSU para esa época, debió denunciarlos penal y
disciplinariamente, y al no hacerlo, recaía en ellos un interés particular y directo en su
nombramiento como rectora por un presunto agradecimiento en razón a su conducta
omisiva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

11. En los anteriores términos sustenta la vulneración del numeral 1° del artículo 11 de
la Ley 1437 de 2011: «[t]ener interés particular y directo en la […] decisión del asunto».

12. Además, con la omisión en la presentación de las denuncias, permitió que no se
declararan impedidos como lo dispone el numeral 6° de la misma disposición: «[h]aber
formulado alguno de los interesados en la actuación […] denuncia penal».

13. El 26 de septiembre de 2022, en la red social Twitter, el periodista Gabriel Angarita
realizó una publicación en la que señaló que la señora Sandra Ortega Sierra debía ser
denunciada por no haber puesto en conocimiento de las autoridades la comisión de
presuntos delitos por parte de los miembros del CSU de la UFPS, por lo que se
trasgredieron igualmente los numerales 1° y 2° del artículo 56 de la Ley 1952 de 2019
(Código General Disciplinario).

14. En la reforma de su demanda, agregó que se presentaban los elementos objetivos
y subjetivos del conflicto de intereses respecto de los integrantes del CSU y la
demandada; quienes recibieron como beneficio particular y directo, que la señora
Sandra Ortega Sierra no los denunciara penal y disciplinariamente, ya que todavía lo
puede hacer, en la medida que las acciones no han prescrito.

Voto ilegal del gobernador de Norte de Santander

15. Consideró que el gobernador Silvano Serrano Guerrero conocía el conflicto de
intereses que recaía sobre los 5 miembros del CSU de la UFPS y los candidatos a
rector, por lo tanto, debió recusarlos, por lo que, al no hacerlo, su voto por la señora
Ortega Sierra es inválido.

1.3.2. Demandante Jonnathan Alexander Carrillo Prieto (2023-00030)

Vulneración del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011

16. El Acuerdo 47 del 22 de noviembre de 2022, mediante el cual se realiza el
nombramiento demandado y se resuelven las impugnaciones, fue notificado el 26 del
mismo mes y año, es decir que no estaba en firme cuando la señora Sandra Ortega
Sierra se posesionó como rectora.

Indebida comunicación del Acuerdo 45 de 2022 y falta de publicación del censo

17. El 26 de octubre de 2022, aproximadamente a las 6:00 p.m., el CSU expide el acto
que convoca al certamen democrático a toda su comunidad universitaria los días 28 y
29 del mismo mes y año.

18. El 27 de octubre de 2022, fue un día no hábil en la universidad, por lo tanto, la
convocatoria no tuvo la suficiente publicidad porque se profirió apenas 43 horas antes
de la apertura de las urnas.

19. Por lo tanto, al no convocar 3 días antes, ni publicar el listado de cédulas
habilitadas, se desconocieron los artículos 36 y 107 del Acuerdo 13 de 1995 (Estatuto
Electoral) y no se permitió a los candidatos o sufragantes oponerse a lo allí dispuesto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

Restricción de los derechos políticos de los estudiantes de posgrado y a distancia

20. Se impidió el ejercicio del derecho al sufragio de estos grupos de estudiantes
porque no se asignaron mesas para votar ni se permitió la votación virtual.

Constreñimiento al elector (docentes, personal administrativo y estudiantes)

21. La presencia y actuación del exrector Héctor Miguel Parra López en la jornada
electoral, no garantizó la imparcialidad de las elecciones, ni permitió votar libremente a
quienes tenían derecho, en razón a su filiación a la candidatura de la señora Sandra
Ortega y su íntima relación de amistad con las figuras más relevantes de la clase
política del departamento e incluso de los últimos presidentes de la República, lo cual
devela un foco de poder que irradió intimidación y miedo.

22. Además, se presentaron actos de violencia de partidarios de la campaña de Sandra
Ortega hacia otras aspiraciones.

Financiación indebida de la campaña

23. Mencionó que en la consulta electoral se incurrió en gastos excesivos por parte de
las candidaturas de Sandra Ortega y Jhan Piero Rojas «miles de camisas, gorras,
alimentación, actos de campaña» y que no han sido reportados por estos.

1.3.3. Demandante veeduría ciudadana PROCURA UFPS (2023-00031)

Irregularidad del acto administrativo que convoca

24. Contra el Acuerdo 45 del 26 de octubre de 2022 del CSU, que fijó el certamen de
consulta democrática dentro de las 43 horas siguientes, procedía el recurso de
reposición de conformidad con los artículos 128 del Acuerdo 91 de 1993 (Estatuto
General) y 6 y 25 del Acuerdo 19 de 1994.

25. Por lo tanto, el 3 de noviembre de 2022 antes de que dicho acto cobrara firmeza,
interpuso recurso en su contra, en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011,
toda vez que la jornada debía programarse con la debida antelación y estaba en curso
una acción de tutela tramitada por el Consejo de Estado (radicado
11001031500020220557700), en la que se discutía la interpretación del artículo 115 del
Estatuto Electoral de la UFPS, sobre el cómputo de los votos.

26. Adicionalmente, no se publicó el listado de cédulas habilitadas para ejercer el
derecho al voto con la antelación de 3 días previsto en el artículo 36 del Acuerdo 13 de
1995.

Cómputo de votos contrario al sistema constitucional y legalmente establecido

27. Para designar rector, la UFPS a través de sus boletines electorales en los últimos
22 años ha interpretado y aplicado el criterio de «ponderación» de los votos válidos por
cada estamento convocado a consulta democrática (estudiantes, docentes y
trabajadores), según la fórmula prevista en el artículo 112 del Estatuto Electoral, la cual

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

solo determina el cuórum necesario para que las elecciones se declaren válidas. Así lo
demuestra con los resultados oficiales de los años 2015, 2018 y 2021 en las consultas
a la rectoría.

28. Sin embargo, el parágrafo del artículo 115 del mismo estatuto prevé que: «Tienen
derecho a figurar en la lista de candidatos a Rector que será presentada ante el
Consejo Superior Universitario aquellos candidatos que hayan obtenido al menos el
veinte por ciento (20%) del total de los votos depositados en las urnas».

29. Por lo tanto, son elegibles quienes superen un 20% del voto universal y no los que
resulten del método de porcentaje ponderado de acuerdo con la votación por
estamentos.

30. Finalmente, aludió al voto universal, sin importar el estamento al que se pertenezca,
el que prevé la norma para escoger los candidatos y garantizar un resultado más
democrático que con la fórmula de ponderación por estamentos.

1.4. Trámite procesal de primera instancia

31. Mediante autos del 1°7, 168 y 179 de febrero de 2023 se admitieron las demandas.

32. La señora Sandra Ortega Sierra, a través de apoderado judicial, contestó y expuso
que su designación como rectora de la UFPS fue el resultado del estricto cumplimiento
de las normas propias de la universidad, amparadas constitucionalmente por el principio
de autonomía universitaria.

33. Por auto del 13 de abril del 2023 se acumularon los radicados 54001-23-33-000-
2023-00019-00, 54001-23-33-000-2023-00030-00 y 54001-23-33-000-2023-00031-00.

34. El 23 de agosto del 2023 se llevó a cabo la audiencia inicial, donde se fijó el litigio
en los siguientes términos:

[e]l Despacho considera que el problema jurídico que debe resolverse se contrae a
determinar si ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto de designación de la señora Sandra
Ortega Sierra como rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander para el periodo
2022-2026, contenido en el Acuerdo 047 del 22 de noviembre de 2022 y en consecuencia,
ordenar al Consejo Superior Universitario la realización de nueva elección, por encontrarse
configuradas las causales de nulidad invocadas por los demandantes, las cuales son: i)
haber sido expedido con violación de las normas en que debía fundarse, particularmente en
relación con el artículo 11 del CPACA sobre conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación, y el artículo 56 de la Ley 1952 ii) violación de las normas
contenidas en el Estatuto General y Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario,
así como del artículo 75 del CPACA sobre la procedencia del recurso de reposición contra
el acto que convocó a certamen democrático, iii) cómputo de votos contrario al sistema
constitucional y legalmente establecido, iv) violación de los artículos 13, 16 y 228 de la
Constitución Política, así como los artículos 9, 10, 27, 36 y 107 del Acuerdo 013 de 1995 y
artículo 387 del Código Penal, por no haber dado publicidad al Acuerdo 045 de 2022 y
haberse configurado el punible de constreñimiento al elector y ejercido violencia sobre los
electores, falta de regulación sobre topes económicos a las campañas, restricción de la
participación de un grupo significativo de estudiantes de posgrado y la imposibilidad de

7
Radicado 2023-00031-00.
8
Radicado 2023-00030-00. Igualmente se negó la medida cautelar solicitada.
9
Radicado 2023-00019-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

realizar votación virtual, o si por el contrario, deben negarse las pretensiones de la
demanda por no configurarse causal de nulidad alguna y permanecer incólume la
presunción de legalidad del acto acusado?

35. Luego, la magistrada ponente de primera instancia se pronunció sobre las pruebas
solicitadas y decretó unas de oficio.

36. Por auto del 9 de noviembre de 2023, se incorporaron las respuestas allegadas, se
prescindió de la celebración de la audiencia de pruebas y se corrió traslado para alegar
de conclusión.

1.5. Sentencia de primera instancia

37. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de providencia del 22 de
mayo de 2024, negó las pretensiones de las demandas, resolviendo los cargos de
nulidad de la siguiente manera:

1.5.1. Infracción de las normas en que debía fundarse, expedición irregular y
desviación de poder

38. Impedir la interposición del recurso de reposición contra el Acuerdo 45 de 2022, a
través del cual se convocó a la jornada de consulta democrática llevada a cabo los días
28 y 29 de octubre de 2022, no constituye un cargo contra el acto administrativo
demandado (Acuerdo 47 de 2022) sino contra el acto de convocatoria que no admite
juicio de legalidad por tratarse de un acto de trámite y no definitivo.

39. Frente a la no publicación del listado de sufragantes habilitados para votar con 3
días de anticipación a la jornada electoral programada, de conformidad con el artículo
107 del Acuerdo 13 de 1995 (Estatuto Electoral), planteó que en el boletín 24, el
Consejo Electoral Universitario lo dio a conocer en la página web de la institución, para
la jornada programada inicialmente para el 21 y 22 de octubre de 2022, sin que se
presentara reclamación alguna y, por ende, no era necesario efectuar una nueva
publicación, porque la orden de suspensión proferida en el trámite de tutela (radicado
54001405000520220084100), no invalidó ninguna de las etapas adelantadas durante el
curso del proceso electoral.

40. Sobre el presunto desconocimiento del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, señaló
que las conductas constitutivas de conflictos de interés y violación del régimen de
incompatibilidades, inhabilidades e impedimentos son de interpretación restrictiva, por
tanto, no hay lugar a subjetividades derivadas de interpretaciones extensivas de la
norma. En consecuencia, no encontró demostrado objetivamente el beneficio mutuo
entre los miembros del CSU y la señora Sandra Ortega Sierra, pues el actor solo alude
a sentimientos propios de la esfera individual de los involucrados, que, por su
subjetividad, no pueden concretarse.

41. Sobre la omisión de denuncia penal por parte de la demandada, señaló que
tampoco configura una vulneración de la norma invocada, toda vez que tiene un amplio
espectro de subjetividad, pues requeriría el convencimiento por parte de aquella de que
una determinada conducta constituye un hecho punible, contravencional o falta
disciplinaria. Además, no se probó la existencia de sentencia penal en firme o fallo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

disciplinario que demuestre la comisión de un delito o de una falta disciplinaria por parte
de los miembros del CSU.

42. Sostuvo que la firmeza del acto de designación demandado (Acuerdo 47 del 22 de
noviembre de 2022), antes de la posesión de la señora Ortega Sierra, no constituye
requisito de legalidad conforme a la normativa interna de la UFPS.

43. Indicó que, a los estudiantes de posgrado y modalidad a distancia, se les garantizó
su participación en la jornada electoral, pues se habilitó una mesa especial para otorgar
autorizaciones y garantizar el derecho al sufragio de quienes no estuvieran incluidos en
el listado de sufragantes del censo electoral.

44. Se abstuvo de emitir pronunciamiento frente a los reparos por no habilitar la
votación virtual y el presunto gasto excesivo en campaña, porque no constituyen cargos
que deban estudiarse en el marco del presente juicio de legalidad.

1.5.2. Cómputo de votos con violación del sistema establecido

45. Coincide con la veeduría demandante al considerar que la fórmula matemática de
ponderación del artículo 112 del Estatuto Electoral debe aplicarse exclusivamente para
el cálculo del cuórum reglamentario requerido para darle validez a la elección de
candidatos.

46. Sin embargo, esa irregularidad no tiene la entidad suficiente para anular el acto
demandado, pues incluso aplicando la interpretación planteada en el artículo 115
ibidem, el resultado final respecto a los nombres de los aspirantes que debían integrar
la lista presentada ante el CSU para la designación de rector por parte de ese órgano
colegiado sería el mismo, porque los que obtuvieron al menos el 20% del total de los
votos depositados en las urnas fueron Sandra Ortega Sierra y Jahn Piero Rojas Suárez.

1.5.3. Violencia sobre los electores

47. No encontró acreditadas situaciones constitutivas de violencia y constreñimiento al
elector, pues la participación del exrector de la universidad, Héctor Parra como testigo
electoral, no prueba esta causal; por el contrario, estaba permitida de conformidad con
el artículo 12 del Acuerdo 13 de 1995.

48. Tampoco se probó la coacción física o psicológica en contra de los nominadores,
electores o las autoridades electorales que viciaran el libre ejercicio del derecho al voto.

1.6. Recursos de apelación

1.6.1. Veeduría PROCURA UFPS (2023-00031)

49. Planteó los siguientes reparos frente a la sentencia de primera instancia:

Falta de firmeza del acto de designación previo a la posesión de la demandada

50. Sandra Ortega Sierra se posesionó como rectora el 23 de noviembre de 2022, al
día siguiente de su elección, antes de resolverse el recurso de reposición previsto en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

artículo 128 del Acuerdo 48 de 2007; es decir que el acto no había adquirido firmeza de
conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Incorrecto cómputo de votos, utilización de fórmula equivocada por parte del CSU
(ponderativa) y desconocimiento del voto universal

51. Pese a que el tribunal reconoció la irregularidad en la aplicación de la fórmula de
ponderación, consideró que no tenía la entidad suficiente para anular la designación
acusada, por lo tanto, estimó que el verdadero debate a plantear es frente al alcance
del vicio por las particularidades del caso que se explica a continuación.

52. Expuso que el estamento afectado por la ilegalidad invocada es el de estudiantes,
base fundacional de una institución de educación superior, y no cualquier población
estudiantil sino una que ha convivido con este fenómeno por uso de la fórmula
equivocada por 22 años; por tanto, debe adoptarse la decisión con fundamento en
valores superiores que devienen del mandato constitucional, pues debe dejarse un
mensaje social para los administrados, ya que mantener una situación de ilegalidad
electoral durante tantos años, devalúa el valor democrático del voto de los estudiantes,
afectando incluso su percepción sobre la participación.

53. Indicó que, en aquella jornada electoral, de un potencial electoral de 21.240
estudiantes, solo acudieron a las urnas 10.056, esto es un 47.34%, menos de la mitad
del total; por lo tanto, subsanar las irregularidades de esta naturaleza constituiría una
manifestación de justicia material y prevención de situaciones similares en el futuro. Por
ello, el cargo debió analizarse frente al contexto, los principios constitucionales y los
fines del Estado.

54. El tribunal desestimó que en el 2021 el voto universal daba victoria al voto en
blanco con más del 51% de los sufragios, diferente a más del 70% de favorabilidad de
votación ponderada, pese a que su votación total fuera 5.400, por debajo de los 7.200
votos en blanco. Este hecho, sumado al cómputo histórico irregular de votos, ha
demostrado falta de interés en la comunidad universitaria y desmotivado a los
estudiantes porque sus votos son ponderados y equivalen a 150 veces menos que los
administrativos y 100 veces menos que los docentes de planta.

Inoponibilidad del Acuerdo 45 de 2022 y su conexión sustancial con el Acuerdo 047 de
2022 y sus repercusiones en la participación electoral estudiantil

55. La jornada electoral fue reprogramada el 26 de octubre de 2022 por el CSU,
convocando a la comunidad para los días 28 y 29 siguientes, cambiando una situación
jurídica que, al fijar una fecha tan cercana, pudo poner en juego la posibilidad de
participación de muchos miembros de la UFPS, especialmente estudiantes, es decir
que se requería de un tiempo prudente para la oponibilidad del acuerdo.

56. Además, el Acuerdo 47 de 2022 que designó a la rectora es consecuencia de la
ejecución y trámite del Acuerdo 45 del mismo año, por lo que no son actos autónomos,
además, la carencia de tiempo prudente para reprogramar la jornada electoral es un
asunto sustancial para la legalidad de la elección. Es que una correcta convocatoria
materializa la posibilidad de participación efectiva en una jornada electoral; además, por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

ser un asunto que condiciona la posibilidad y capacidad de participación, puede ser
amparado a través de una tutela.

1.6.2. Jorge Heriberto Moreno Granados (2023-00031)

57. Previo a desarrollar los argumentos de su alzada, elevó las siguientes solicitudes:

i) Que la Sala Plena del Consejo de Estado decida el recurso de apelación con
fundamento en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011 al considerar que por
«importancia jurídica se debe sentar jurisprudencia sobre ellos», así:

a) La violación al régimen del conflicto de intereses planteado en su demanda:

Planteó que la demandada, como servidora pública, omitió su deber de poner en
conocimiento de la autoridad competente la incursión en el delito de prevaricato por
parte de 7 miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) en la sesión del 25 de
junio de 2021, cuando se eligió al señor Héctor Miguel Parra López como rector,
desconociendo los postulados del Decreto 1083 de 2015. Con dicha omisión,
permitió la participación en su elección de 5 miembros del CSU que no se declararon
impedidos como lo dispone el numeral 6° del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

b) Cargo de nulidad que no pudo presentar:

El 28 noviembre de 2022 solicitó a la secretaria general de la UFPS entregar el acta
y la grabación de la reunión del Consejo Superior del 22 de noviembre de 2022,
donde el CSU de la UFPS designó a la señora Sandra Ortega como rectora para el
período 2022-2026. Dichos documentos fueron entregados previa presentación de
tutela y, por ello no fue posible presentar oportunamente el cargo de nulidad en la
demanda.

Concluyó que el consejero Pedro Avilio Ontiveros debió declararse impedido de
conformidad con el numeral 8° del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, por manifestar
públicamente su «voto cariñoso» a favor de la señora Sandra Ortega Sierra.

c) Prueba decretada de oficio de la cual deriva un cargo de nulidad:

Con fundamento en la prueba de oficio decretada por la magistrada María Josefina
Ibarra10, el consejero Luis Eduardo Trujillo Toscano debió declararse impedido
porque el exrector Jhan Piero Rojas Suarez (quien aspiró nuevamente con la
demandada a esa dignidad) lo nombró vicerrector de Bienestar Universitario
(numeral 15 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011).

ii) Inaplicar con efectos interpartes, de conformidad con el artículo 148 de la Ley
1437 de 2011, los siguientes «actos administrativos»:

a) Acta de posesión de la demandada como rectora:

10
Oficiar a la UFPS para que allegara copia de la resolución de rectoría mediante la cual en el año 2018 fue nombrado el señor Luis
Eduardo Trujillo como vicerrector de Bienestar Universitario.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

Por considerar que la señora Sandra Ortega Sierra no aportó al momento de
posesionarse el acta aprobada de la reunión del CSU de la UFPS del 22 de
noviembre de 2022 donde consta el acto que la designó, desconociendo el artículo
33 del Decreto 19 de 2012.

b) boletín 31 del 1° de noviembre de 2022 que informa el resultado definitivo de la
consulta democrática realizada los días 28 y 29 de octubre de 2022;

c) acta 33 del 1° de noviembre de 2022 que aprueba los resultados del anterior
boletín y;

d) comunicación del presidente y de la secretaria del Consejo Electoral de la UFPS
del 16 de noviembre de 2022 informando la lista definitiva de elegibles de acuerdo a
la consulta democrática para la escogencia de rector período 2022-2026:

Dichos actos desconocieron el artículo 115 del Estatuto Electoral interno, porque la
lista de elegibles para ser rector no se conformó de acuerdo con esa disposición,
sino aplicando el artículo 112 ibidem, lo que afectó el principio de imparcialidad por
favorecer a unos elegibles o aspirantes en contra de otros.

Este cargo de nulidad fue planteado por la veeduría demandante en el radicado
54001-23-33-000-2023-00031-00 y la sentencia de primera instancia no le dio el
valor correspondiente.

iii) Exhortar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que en el futuro
cumpla los términos para fallar los procesos de nulidad electoral de conformidad con
el parágrafo del artículo 264 de la Constitución, dado que la sentencia se emitió un
año y veintisiete días después de que se avocara conocimiento.

58. Seguidamente, expuso los reparos en contra de la sentencia apelada, así:

59. Reprochó la manera como se resolvió el conflicto de intereses de los miembros del
CSU de la UFPS, pues en su concepto, se demostraron los elementos subjetivos
determinantes en la demanda, su reforma y las pruebas aportadas, pero no fueron
analizados en la sentencia de primera instancia porque se desconoció el deber de todo
servidor público de denunciar los hechos constitutivos de un delito.

60. Agrega que con la demanda se aportó auto de apertura disciplinaria contra los
miembros del CSU de la UFPS por la designación del señor Héctor Parra como rector,
además se allegó la denuncia penal por los mismos hechos, razón por la cual erró el a
quo al echar de menos la sentencia ejecutoriada.

61. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto del 21 de octubre
de 2024, concedió los recursos interpuestos.

1.7. Actuaciones en segunda instancia

62. La magistrada ponente de la presente decisión admitió los recursos de apelación
mediante auto del 14 de noviembre de 202411, corrió traslado a las partes para
11
Índice 5 de SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

presentar alegaciones finales y a la agente del Ministerio Público con el fin de que, si a
bien lo consideraba, rindiera concepto.

63. El demandante Jorge Heriberto Moreno Granados12 alegó de conclusión y reiteró
los argumentos de su impugnación.

64. En relación con la solicitud de inaplicación interpartes de algunos «actos
administrativos» en los términos del artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, agregó que
esta puede hacerse de oficio en segunda instancia, por lo tanto, no es extemporánea.

65. La veeduría PROCURA UFPS13, sintetizó las causales de nulidad, así: i) el
incorrecto cómputo de votos al utilizar la fórmula ponderativa que desconoce el voto
universal; ii) posesión de la demandada antes que el acto de designación cobrara
firmeza y; iii) el Acuerdo 045 de 2022, a través del cual se convocó a la jornada de
consulta democrática llevada a cabo los días 28 y 29 de octubre de 2022, fue inoponible
y ello tuvo repercusiones negativas en la participación electoral estudiantil.

66. La apoderada de la UFPS allegó escrito de cierre14 indicando que la veeduría
demandante expone un cargo nuevo en su alzada, esto es, la falta de firmeza del
Acuerdo 47 de 2022 en el que se efectuó la elección y, debe rechazarse por
extemporáneo.

67. El cargo relacionado con el sistema del cómputo de votos no fue sustentado en
debida forma, ya que la recurrente se limitó a realizar afirmaciones sin desarrollo
alguno.

68. Considera que el demandante Moreno Granados también trae un reproche nuevo,
al sustentar la configuración del supuesto conflicto de intereses en la «garantía» de que
la señora Sandra Ortega Sierra no denunciaría a los miembros del CSU por las
irregularidades en la designación del rector Héctor Parra, toda vez que en su demanda
solo aludió al «agradecimiento» por no haberlos denunciado; sin embargo, no desarrolla
los presupuestos mínimos del reproche relacionados con los elementos subjetivos y
objetivos de dicho conflicto de interés, es decir que carece de la carga argumentativa
para impugnar una decisión judicial.

69. No considera posible sostener que al momento de la designación del señor Héctor
Miguel Parra López, los integrantes del CSU incurrieron en una conducta con incidencia
penal o disciplinaria susceptible de denuncia y queja, pues la posición jurídica que la
sustentó resultaba por lo menos válida a la luz del ordenamiento jurídico vigente al ser
adoptada por diferentes autoridades judiciales en las decisiones enlistadas15.

70. Finalmente sostiene que la solicitud del señor Jorge Heriberto Moreno Granados
consistente en inaplicar algunos actos administrativos con efectos interpartes no fue
formulada oportunamente, es decir que, no hace parte de la litis.

12
Índice 13 de SAMAI.
13
Índice 12 de SAMAI.
14
Índice 14 de SAMAI.
15
Cita providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Consejo de Estado en el radicado 2021-
00195.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

71. El apoderado de la demandada, al igual que la de la UFPS, estimó que el
demandante Moreno Granados incorporó en su recurso un asunto que no fue objeto del
debate en primera instancia, consistente en inaplicar algunos actos administrativos, por
lo que el mismo no debe ser resuelto en esta etapa e indica que también la veeduría
pretende incorporar una censura nueva dirigida a cuestionar el acta de posesión de la
señora Ortega Sierra como rectora.

72. En relación con la presunta configuración de un conflicto de interés, señaló que este
no puede derivarse de una interpretación de responsabilidad objetiva que realizó el
demandante del derecho sancionatorio penal y disciplinario, sin sustento probatorio
alguno a partir de simples elucubraciones, especulaciones y conjeturas; además, que
este asunto no fue objeto de impedimento o recusación en sede administrativa.

73. Frente al mecanismo del cómputo de los votos, expuso que al aplicar la fórmula
matemática de la ponderación (artículo 112 de los Estatutos) únicamente para
determinar el cuórum y aplicar 20% del «voto universal» para integrar la lista de
candidatos, el resultado sería el mismo y por ello la censura carece de incidencia en el
resultado.

74. Pese a lo anterior, insistió en que la fórmula matemática empleada por la UFPS fue
la correcta no solo para determinar el cuórum sino también para hacer el cálculo de los
candidatos que obtuvieron más del 20%, pues no se entendería que el estatuto aplicara
dos metodologías diferentes.

75. Finalmente, se refirió al Acuerdo 45 del 26 de octubre de 2022 que fijó como fechas
para la realización de la consulta democrática los días 28 y 29 siguientes, para indicar
que no existió vulneración alguna porque no hay término mínimo fijado en el
ordenamiento para ese efecto.

76. La delegada del Ministerio Público no emitió concepto.

77. La veeduría demandante16 allegó un escrito el 1° de abril de 2025 a través del cual
aportaba información actualizada del voto nominal en la UFPS; sin embargo, este no
será tenido en cuenta por la sala en razón a que el término para alegar de conclusión
se encuentra vencido.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

78. La sala es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra
la sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 15017 y
152.7.c)18 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080

16
Índice 22 de SAMAI.
17
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
18
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia […] 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: […] c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto
popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo,
asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000)
habitantes o más, o que sean capital de departamento, independientemente de la autoridad nominadora […]».
Al respecto, resulta preciso señalar que la Universidad Francisco de Paula Santander, de conformidad con los estatutos que obran
en el plenario, es una institución oficial de educación superior de naturaleza pública del orden departamental; así mismo, el rector es

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1 De la solicitud para que dicte sentencia de unificación19

79. Como viene de indicarse en los antecedentes de esta providencia, el demandante
solicitó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asumiera conocimiento para
resolver las apelaciones y unificar jurisprudencia por importancia jurídica sobre los
aspectos reseñados en párrafos anteriores.

80. De conformidad con el contenido del artículo 271 de la Ley 1437 del 2011, en
concordancia con el desarrollo jurisprudencial sobre dicha figura, sin desconocer la
importante función que sobre el particular desarrolla la Sala Plena de lo Contencioso de
esta Corporación, lo cierto es que esta sección tiene la competencia para resolver sobre
la petición en particular, tal y como pasa a exponerse a continuación:

81. En primer lugar, la norma mencionada reconoce que, en los eventos allí señalados,
«el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de
decisión interlocutoria». Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1º
del artículo 237 superior, que refiere que son atribuciones de esta corporación judicial,
«[d]esempeñar las funciones del tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a
las reglas que señale la Ley».

82. De lo dicho, surge una primera conclusión relevante, esto es, que el legislador
asignó la competencia para adoptar sentencias o autos de unificación al Consejo de
Estado, como vértice de la jurisdicción, sin atribuir dicha facultad única o
exclusivamente a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

83. En línea con lo expuesto, el mismo artículo 271 del CPACA consagra que el
conocimiento puede asumirse por remisión de las secciones o subsecciones, de los
tribunales, o a petición de parte, así como por solicitud de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público.

84. Se indica, a su vez, que en estos casos corresponde a la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo dictar sentencias o autos de unificación respecto de
«asuntos que provengan de sus secciones». De otra parte, estas últimas podrán
adoptar providencias con las mismas características cuando se trate de aquellos que
provengan de las subsecciones, los despachos de los magistrados que las integran o
de los tribunales, según el caso.

85. Además, el Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434
del 2024, que contiene el reglamento interno del Consejo de Estado, refiere:

ARTÍCULO 14.- OTROS ASUNTOS ASIGNADOS A LAS SECCIONES SEGÚN SU
ESPECIALIDAD. Cada una de las Secciones de la Sala de lo Contencioso

un empleado del nivel directivo por tratarse del representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad de conformidad
con el artículo 66 de la Ley 30 de 1992.
19
Reitera marco teórico de la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el
proceso con radicado 05001-23-33-000-2023-01215-01, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

Administrativo, atendiendo al criterio de especialidad, también tendrá́ competencia
para:

[…] 2. Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial por razones de importancia
jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, en
relación con los asuntos que provengan de las Subsecciones o de los Tribunales
Administrativos. Las Secciones podrán asumir conocimiento a solicitud de parte, de oficio,
por petición del Ministerio Público o por remisión de las Subsecciones o de los Tribunales
Administrativos […]. (énfasis propio).

86. De lo señalado, es claro que la Sección Quinta puede decidir sobre la petición que
presenta el demandante para que se siente jurisprudencia, en tanto el artículo 271 de la
Ley 1437 del 2011 reconoce la competencia expresa de las secciones que la integran
para dictar una providencia con las características señaladas, cuando el asunto
«provenga» de un tribunal administrativo, lo que presupone la facultad para decidir de
manera oficiosa o resolver si la petición que eleve la parte, el Ministerio Público o la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene vocación de prosperidad.

87. Las decisiones que se han adoptado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo también reconocen la existencia de un criterio de especialidad y
preferencia para que los asuntos propios de cada sección sean fallados o decididos por
estas, tal como ocurrió en providencia del 16 de marzo del 202120, donde se dijo:

«46. Finalmente, en cuanto al “criterio de especialidad” a que hace referencia el apoderado
de la demandante en su solicitud, se observa que, adicional al hecho de no describir de
manera concreta a qué refiere por este aspecto, tampoco deviene relevante, porque ese
criterio, concepto o parámetro no se encuentra consagrado expresamente en las categorías
del artículo 271 del CPACA. En gracia de discusión, importa resaltar que es precisamente el
criterio de especialidad lo que conllevó la división o distribución de los asuntos que le
competen al Consejo de Estado entre sus secciones y subsecciones, y con ello se confirma
la competencia de la Sección Quinta para decidir el asunto, en tanto es la especializada en
materia electoral».

88. A su vez, en decisión del 24 de marzo del 202121, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo dio prevalencia al criterio de especialidad de la Sección Quinta y
determinó que, en atención a las particularidades de los cargos de nulidad elevados,
era esta última la llamada a resolver sobre los cuestionamientos de legalidad del acto
de elección del gobernador del Meta.

89. En providencia del 19 de marzo del 202422 se determinó que la procedencia del
mecanismo consagrado en el artículo 271 del CPACA, implica que aquel sea utilizado
«en aquellos eventos en los que se requiere necesariamente de un pronunciamiento de
la máxima instancia de la jurisdicción contencioso-administrativa, en orden a preservar
la competencia que por ley o reglamento se asigna a los tribunales administrativos o a
las subsecciones o secciones especializadas del Consejo de Estado».

90. En el mismo auto, sobre los temas asignados a la Sección Quinta del Consejo de
Estado, sostuvo:

20
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 16 de marzo del 20214. Radicación 11001-03-28-000-
2019-00024-00 (PPAL). M.P. Rocío Araújo Oñate.
21
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 24 de marzo del 2021- Radicación 11001-03-28-000-
2020-00034-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
22
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 19 de marzo del 2024. Radicación 11001-03-28-000-
2023-00038-00. M.P. (E) Luis Alberto Álvarez Parra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

«46. Si bien esta clase de asuntos inciden en el ejercicio democrático de los derechos
políticos consagrados en el artículo 40 de la Constitución, lo cierto es que la petición no
advierte aspectos subjetivos y objetivos que conlleven a determinar esa particular
trascendencia social que se alega en el presente caso, pues, en todos los temas que se
juzgan respecto de actos electorales o de actos de contenido electoral, cuya competencia se
asigna expresamente a la Sección Quinta, subyace una importancia en punto a la definición
del poder político, el impacto frente a la comunidad y la garantía efectiva de los derechos
políticos de todos los ciudadanos, y la vigencia de las instituciones democráticas. Así, la
finalidad propia del juez electoral, es justamente velar porque los actores de la contienda
política en la lucha por el poder y la conducción del Estado, así como también las
instituciones que cumplen un papel en el desarrollo de la democracia, lo hagan en el marco
de la legalidad.

47. En este orden, los asuntos que se radican en cabeza de la Sección Quinta, tienen una
connotación de impacto social, de manera que este litigio no es distinto a los ordinariamente
tratados ni tiene unas características excepcionales que desde el punto de vista social
impongan a esta Sala avocar conocimiento del asunto para dictar la sentencia
correspondiente, ya que, se reitera, la Agente del Ministerio Público omite exponer cuáles
son esos elementos de impacto, que la decisión de este caso concreto tendría para el
conglomerado social.

48. Consecuentemente con ello, al no estar superado dicho estándar básico que caracteriza
las competencias propias y especializadas de la Sección Quinta como órgano de cierre en
materia electoral, no hay evidencia de que, en efecto, en este asunto se materialice la
trascendencia social a la que alude la representante del Ministerio Público».

91. Así las cosas, lo que se puede concluir es que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha acudido al criterio de especialidad como un parámetro para reconocer
la posibilidad con la que cuentan las secciones del Consejo de Estado para fallar los
asuntos que les son propios, lo que incluye decidir en sede de unificación sobre
aquellos.

92. Este mismo criterio ha sido adoptado por otras secciones de la corporación, las
cuales han dictado sentencias de unificación en temas que de acuerdo al reglamento
interno y a criterios especialidad les corresponde conforme al numeral 2º del artículo 14
del Reglamento Interno del Consejo de Estado. Por ejemplo:

• Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 29 junio del 2023. Radicación 76-
001-23-31-000-2008-00846-01. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Decisión de
unificación sobre el siniestro y la prescripción en los seguros de cumplimiento de
disposiciones legales por imposición de sanciones administrativas en trámites
aduaneros.
• Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 4 de agosto del 2016. Radicación
05001-23-33-000-2013-00701-01, M.P. Guillermo Vargas Ayala. Unificación sobre el
principio de favorabilidad en materia cambiaria.
• Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 7 de abril del 2022. Radicación
52001-23-31-000-2009-00349-01 (4288-2016). Unificación sobre el retiro del personal
uniformado de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares por ejercicio de la facultad
discrecional del Gobierno Nacional.
• Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 11 de junio del 2020. Radicación
05001-23-33-00-2012-00572-01(1882-14) CE-SUJ-SII-020- 20. M.P. Sandra Lissette
Ibarra Vélez. Unificación sobre el ingreso base de liquidación en el régimen pensional
del Decreto 929 de 1976.
• Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 22 de octubre del 2015. Radicación
54001-23-31-000-2002-01809-01(42523)A. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Unificación sobre la sucesión procesal del DAS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

• Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 18 de julio del 2019. Radicación
73001-23-31-000-2009-00133-01(44572), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Decisión de unificación en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios
materiales por daño emergente y lucro cesante en los casos de privación injusta de la
libertad.
• Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de febrero del 2022. Radicación
250002326000201200291 01 (55.085). M.P. José Roberto Sáchica Méndez. Supuestos
para adelantar la acción de reparación directa.
• Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 2 de diciembre del 2021. Radicación
25000-23-37-000-2013-01107-01 (23424) 2021CE-SUJ-002. M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez. Unificación sobre el hecho generador del impuesto de industria y comercio.
• Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 7 de junio del 2016. Radicación
11001-03-28-0000-2015-00051-00 (SU). M.P. Alberto Yepes Barreiro. Unificación sobre
inhabilidad por coincidencia de períodos en cargo uninominales de elección popular.
• Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de septiembre del 2017.
Radicación 25000-23-4100-000-2015-02491-01(SU). M.P. Rocío Araújo Oñate.
Unificación sobre la obligación de resolver todos los cargos de nulidad elevados contra
los actos de elección.

93. Así las cosas, la Sección Quinta puede resolver sobre la petición elevada por el
demandante Jorge Heriberto Moreno Granados para que se siente jurisprudencia en su
caso, no solo por la expresa disposición de orden legal sino porque la solicitud se
refiere a asuntos propios de la competencia de esta sala. En consecuencia, se
efectuará el estudio correspondiente, así:

a) Requisitos de procedibilidad adjetiva

94. Oportunidad y legitimación: Sobre este particular, se encuentran acreditados los
elementos subjetivo y temporal del artículo 271 de la Ley 1437 del 2011, en tanto, la
petición se presenta por quien ostenta la condición de parte demandante y fue radicada
dentro de la oportunidad procesal permitida, esto es, antes de registrar ponencia de
fallo.

95. Carga argumentativa: El demandante sustenta la petición en la importancia
jurídica de sentar jurisprudencia en algunos tópicos como el conflicto de intereses, la
imposibilidad de estudiar la grabación de la reunión en la que se designó a la
demandada como rectora y un reparo respecto a la prueba de oficio decretada por el
tribunal de primera instancia; sin embargo, lo que se evidencia es la reproducción de
uno de los cargos de nulidad planteado en su demanda y dos nuevos temas que
expone con posterioridad a la obtención de unas pruebas.

96. Es evidente que el demandante alude a cargos de nulidad y aspectos probatorios
que están en discusión en el proceso y afectan una situación particular, es decir que la
resolución de estos no trasciende a áreas transversales, ni requiere sentar
jurisprudencia sobre ellos.

97. Por lo anterior, lo debatido en este medio de control de nulidad electoral y en el
marco de los problemas jurídicos planteados en la fijación del litigio, no es un asunto
que revista importancia jurídica y que amerite dictar una sentencia de unificación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

2.2.2. De la solicitud de control por vía de excepción

98. El demandante Moreno Granados en su escrito de apelación solicitó inaplicar unos
actos relacionados en el recurso, que fueron señalados como cargos novedosos por la
demandada y la UFPS en los alegatos de segunda instancia, toda vez que no se
plantearon oportunamente y, por ende, no fueron objeto de debate en la primera
instancia.

99. El recurrente citó el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 y en su escrito de cierre,
estimó que no era un planteamiento extemporáneo, porque el juez puede inaplicar los
actos administrativos de oficio.

100. La Ley 1437 de 2011, artículo 148, prevé:

Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con
efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación
con el proceso dentro del cual se adopte.

101. Frente a los ingredientes normativos de esta figura, la sección23 ha señalado:

• El control exceptivo puede ser usado en la universalidad de procesos tramitados en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, incluyendo, por consiguiente, los procesos
declarativos y ejecutivos.

• La activación del mecanismo está a cargo de las partes que intervienen en las cuerdas
procesales, pero también en cabeza del juez, que de manera oficiosa, puede emplearlo para
inaplicar un acto administrativo con efectos “inter-partes”.

• El medio de control erigido en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 conjuga 2
instrumentos a través de los cuales puede perseguirse la inaplicación de un acto
administrativo. Por un lado, la excepción de inconstitucionalidad, respecto de los actos
administrativos que contradicen el Texto Superior; por otro, la excepción de ilegalidad,
cuando las manifestaciones unilaterales de las autoridades administrativas transgreden la
ley. […]

• El mecanismo solo procede contra actos administrativos –generales y, en algunos
casos, particulares–, dejando a un lado los contratos suscritos por las entidades públicas y
los aspectos fácticos y probatorios de los procesos. […]

• Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad se limitan al proceso –
efectos “inter-partes”–, sin que la inaplicación suponga la expulsión del acto administrativo
del ordenamiento jurídico.

• Por último, el control por vía de excepción de que trata el artículo 148 de la Ley 1437 de
2011 procede cuando el acto administrativo que se busca inaplicar produce efectivamente
efectos entre las partes del proceso judicial del que se está conociendo, esto es, irradia
consecuencias sobre el objeto mismo del debate que explica la presencia de las partes.

102. Lo primero que se advierte es que, efectivamente el demandante Jorge Heriberto
Moreno Granados solicitó inaplicar los actos en el recurso de alzada; es decir que, no
fue objeto de debate en la primera instancia.

23
Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia el 16 de junio de 2022, Radicación:
54001-23-33-000-2021-00195-03 (principal).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

103. El inciso 1° del artículo 320 del Código General del Proceso indica que «el recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente
en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión».

104. Además, el artículo 322 del mismo estatuto, relativo a los requisitos del
mencionado medio de impugnación, enuncia que el apelante deberá precisar «los
reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación
que hará ante el superior» y que «será suficiente que el recurrente exprese, las razones
de su inconformidad con la providencia apelada».

105. En consonancia con lo anterior, el inciso 1° del artículo 328 del Código General del
Proceso precisa la competencia del superior, al sostener que «el juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley».

106. Por lo tanto, la competencia de la sección en este caso se limita a los reparos
concretos efectuados contra la decisión dictada por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, el 22 de mayo de 2024, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento
sobre aspectos que no hicieron parte de la litis.

107. Es cierto que, como lo dispone el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, el control
por vía de excepción puede realizarse incluso de oficio por el juez y que no requiere
solicitud de parte, pues justamente tal atribución es potestativa del juzgador.

108. Con todo, la petición de inaplicar el acta de posesión de la demandada como
rectora no afecta la decisión definitiva de la designación por tratarse de un acto
posterior que, incluso, «no constituye un acto administrativo sino una solemnidad para
que los servidores públicos ejerzan el cargo para el que han sido nombrados,
designados o elegidos»24, por lo que no es susceptible de control judicial.

109. La solicitud de inaplicar los demás actos se fundamenta en uno de los cargos de
apelación de la veeduría demandante en el radicado 54001-23-33-000-2023-00031-00,
que será resuelto por esta corporación al momento de analizar el fondo del asunto.

2.2.3. De la solicitud de exhortar al tribunal de instancia

110. El recurrente Moreno Granados pidió exhortar al a quo para que en el futuro
cumpla los términos del artículo 264 Constitucional para fallar los procesos de nulidad
electoral.

111. Si bien el texto superior establece que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo decidirá la acción de nulidad electoral en el término máximo de un año,
este proceso se compone de 3 demandas acumuladas que conllevan mayor
complejidad en su trámite por el número de intervenciones y solicitudes que debieron
resolverse y que demoraron la decisión definitiva.

24Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 5 de septiembre de 2018, MP: Germán Bula Escobar,
Radicado 11001-03-06-000-2018-00169-00(2399).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

112. Además, desde el auto del 25 de abril de 2023, cuando la magistrada ponente
asumió el conocimiento de los medios de control acumulados, se presentaron varias
solicitudes de coadyuvancia; se allegó un recurso reposición frente a la decisión que
admitió la intervención de unos terceros; se dio trámite a la apelación presentada por el
mismo demandante frente a la negativa de la medida cautelar; se resolvió la recusación
en contra del delegado del Ministerio Público impetrada por aquel; se aceptó su
impedimento; se aplazó la audiencia inicial por solicitud de una de las partes y luego por
un saneamiento; se requirió a la UFPS para que allegara una respuesta completa a un
requerimiento, y se resolvió recurso de reposición en contra del auto que ordenó correr
traslado para alegar de conclusión.

113. Por lo anterior, no se advierte mora judicial injustificada en el presente asunto.

2.2.4. Del presunto cargo nuevo planteado por la veeduría demandante

114. Los apoderados de la demandada y de la UFPS, expusieron en sus alegaciones
finales que debe rechazarse por extemporáneo un cargo nuevo propuesto en la alzada
por la veeduría PROCURA UFPS, que no hizo parte de su demanda ni de la fijación del
litigio, esto es, la falta de firmeza del Acuerdo 47 de 2022 que realizó la designación
demandada.

115. En la demanda presentada por el señor Jonnathan Alexander Carrillo Prieto
(radicado 2023-00030), se planteó el desconocimiento del artículo 87 de la Ley 1437 de
2011, en razón a que el acto acusado no estaba en firme cuando la señora Sandra
Ortega Sierra se posesionó como rectora de la UFPS, aspecto frente al cual propuso
argumentos de defensa la parte pasiva.

116. En ese orden, en la sentencia de primera instancia se resolvió negativamente el
anterior reproche porque la normativa interna de la UFPS no prevé que la firmeza de la
designación del rector esté supeditada a la notificación del acto que resuelve las
reclamaciones presentadas dentro del proceso electoral.

117. Resulta pertinente recordar la finalidad de la acumulación de procesos en materia
electoral, frente a lo que la sección25 ha señalado:

[L]os diversos cargos de nulidad expuestos en las demandas cuyos procesos se acumulan,
se constituyen en un interés jurídico superior que tiene como fundamento común de los
demandantes, la defensa del ordenamiento jurídico en abstracto que caracteriza el medio de
control de nulidad electoral. Por consiguiente, el despacho no censura que en el recurso
objeto de estudio, el apelante, además de exponer las razones que sustentaron su libelo
inicial, insista en que se analicen aquellas que motivaron las otras demandas, pues ello no
tendría otro fin que no fuera el de someter a un nuevo estudio por parte del ad quem otros
aspectos de la litis que, si bien no hicieron parte de su escrito primigenio, tienen como fin
común el que se revise la legalidad del acto de elección.

118. Adicional, si bien no fue señalado taxativamente en la fijación del litigio, allí se
indicó de manera general que uno de los cargos a resolver era el relacionado con que
el acto se había expedido con violación de las normas en que debía fundarse, razón por

25
Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra, auto del 8 de abril de 2021, Radicación:
54001-23-33-000-2019-00329-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 19
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

la cual se resolvió en el fallo impugnado, lo que habilitó a la demandante para exponer
reparos frente a lo decidido.

119. En ese orden, no se trata de un cargo nuevo y, por lo tanto, la sala lo estudiará
con los demás reproches planteados por los recurrentes.

2.3. Problemas jurídicos

120. De conformidad con los recursos de apelación, corresponde a la sala determinar si
confirma, modifica o revoca, la sentencia del 22 de mayo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con los argumentos de
los demandantes, que particularmente conllevan a establecer:

i) Si la designación demandada (Acuerdo 47 de 2022) estaba sujeta a la firmeza
de los actos administrativos prevista en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

ii) Si la utilización de la fórmula de ponderación por parte del CSU para elaborar la
lista de candidatos a rector, afectó la elección realizada.

iii) Si la inoponibilidad del acuerdo que convocó a la comunidad para la consulta
democrática (Acuerdo 45 de 2022), es un asunto sustancial que da lugar a la
nulidad del acto enjuiciado.

iv) Si se configuró un conflicto de interés por parte de algunos miembros del CSU
de la UFPS y de la demandada, dado que esta omitió denunciar a los primeros por
las presuntas irregularidades en la designación del señor Héctor Miguel Parra
López como rector.

121. Para resolver los cuestionamientos planteados, la sección se referirá de manera
general al procedimiento de escogencia del rector de la UFPS y, luego, emprenderá el
análisis de cada uno de los cargos de apelación en el caso concreto.

2.4. Del trámite de elección del rector de la UFPS

122. Con fundamento en el principio de autonomía universitaria, consagrado en el
artículo 6926 de la Constitución y desarrollado por el artículo 2827 de la Ley 30 de 1992,
el CSU de la UFPS expidió el Acuerdo 13 del 10 de febrero de 1995, mediante el cual
adoptó el reglamento para las elecciones en la universidad y, en relación con la del
rector, dispuso las siguientes etapas28:

• Fase de convocatoria29, a cargo del Consejo Superior, autoridad que a través
de acuerdo informará sobre la apertura del procedimiento, las fechas de
inscripción para los aspirantes y las pautas de la consulta de los diversos

26
«Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de
acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado».
27
«La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce
a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear,
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional».
28
Se reiteran las consideraciones de la sentencia del 16 de junio de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en
el proceso con radicado 54001-23-33-000-2021-00195-03 (principal), con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
29
Artículos 102 y 103 del Acuerdo No. 013 de 1995.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 20
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

estamentos que componen la institución para la definición de la lista de
candidatos, de la que resultará elegido el rector.

• Fase de inscripción30: en la que los interesados, previo cumplimiento de los
requisitos para acceder al cargo, postulan sus candidaturas. De acuerdo con el
artículo 104 del Acuerdo No. 013 de 1995, la inscripción deberá realizarse en la
Secretaría General de la UFPS con la presencia de 2 testigos, y la radicación de
la agenda o plan de trabajo que orientará las labores del aspirante, en caso de
ser elegido en ese empleo.

• Fase de consulta31: en la que participan (I) los docentes de dedicación
exclusiva, tiempo completo y medio tiempo de la universidad; (II) los estudiantes
de pregrado y posgrado regularmente registrados en los programas académicos
ofrecidos, en las modalidades presencial y a distancia; y (III) el personal
administrativo y de servicios vinculado de manera permanente a la UFPS.

El propósito de esta etapa es conformar la lista definitiva de aspirantes, cuyos
nombres serán sometidos al Consejo Superior Universitario, como órgano
competente para la selección del rector.

El parágrafo único del artículo 115 del Acuerdo No. 013 de 1995 prescribe que la
lista se integrará con los candidatos que hayan obtenido en la consulta “…al
menos el veinte por ciento (20%) del total de los votos depositados en las urnas.”

• Fase de elección32: que, como se anticipó, corre por cuenta del Consejo
Superior, el cual, apoyado en la lista definitiva de aspirantes, elige al rector.

123. Conforme a los anteriores presupuestos normativos, el CSU de la UFPS designó a
la demandada como rectora de la universidad para el periodo 2022-2026, decisión
plasmada en el Acuerdo 47 del 22 de noviembre de 2022.

124. Contextualizado el procedimiento que llevó a la expedición del acto demandado,
esta sala emprende a continuación el análisis de los reparos de los recurrentes.

2.5. Caso concreto

2.5.1. Falta de firmeza de la designación previo a la posesión de la demandada

125. La veeduría demandante expuso en su apelación que la señora Sandra Ortega
Sierra se posesionó al día siguiente de su elección, sin que el acto de designación
adquiriera firmeza conforme a la Ley 1437 de 2011, artículo 87 porque el Acuerdo 47 de
2022 era susceptible del recurso de reposición.

126. El tribunal señaló en la sentencia de primera instancia que la normativa interna de
la UFPS no prevé que la firmeza de este acto esté supeditada a la notificación de otro
que resuelva las reclamaciones presentadas dentro del proceso electoral.

127. La veeduría demandante, al apelar insistió en que la señora Sandra Ortega Sierra
se posesionó el día siguiente a su elección, ignorando que el Acuerdo 47 de 2022 era
susceptible del recurso de reposición y, por tanto, no había adquirido firmeza.

30
Artículo 104 del Acuerdo No. 013 de 1995.
31
Artículos 105 y s.s. del Acuerdo No. 013 de 1995.
32
Artículo 102 del Acuerdo No. 013 de 1995.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 21
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

128. El Estatuto General de la UFPS contenido en el Acuerdo 48 de 2007, establece en
su artículo 29 lo siguiente:

El Rector de la Universidad Francisco de Paula Santander una vez designado por el Consejo
Superior Universitario tomará posesión del cargo ante el Gobernador del Departamento
Norte de Santander y demás miembros de dicho organismo.

129. En consecuencia, el acto de designación de la rectora de la UFPS no es
susceptible de recursos que condicionen su posesión, por el contrario, una vez
proferido surte sus efectos particulares y concretos para su destinataria, porque se trata
de un acto electoral que refleja la decisión tomada por el CSU de la UFPS en la sesión
extraordinaria del 22 de noviembre de 2022, según consta en el acta 15.

130. Además, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 del Estatuto Electoral, solo
es procedente interponer impugnaciones en contra de los resultados definitivos de los
escrutinios de la consulta universitaria, y si bien las que se presentaron fueron resueltas
en la misma reunión mediante el Acuerdo 46 de la misma fecha, la notificación de este
acto no impide que la designación surtiera sus efectos y la señora Sandra Ortega Sierra
se hubiera posesionado.

131. Por lo tanto, tampoco puede equipararse este acto electoral con los demás que
expide el CSU en ejercicio de sus funciones administrativas.

132. Adicional, el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 prevé el medio de control de
nulidad electoral, para que cualquier persona pueda pedir la nulidad de los actos de
elección y nombramiento, momento en el cual el juez administrativo deberá revisar si el
acto se encuentra viciado o no por alguna de las causales contenidas en la misma ley,
como ocurre en este caso.

133. En ese orden de ideas, este cargo de la apelación de la veeduría no está llamado
a prosperar.

2.5.2. Inoponibilidad del Acuerdo 45 de 2022, su conexión sustancial con el
Acuerdo 047 de 2022 y sus repercusiones en la participación electoral estudiantil

134. Cuestiona el recurrente la imposibilidad de interponer recurso de reposición contra
el Acuerdo 45 de 2022, a través del cual se convocó a la jornada de consulta
democrática llevada a cabo los días 28 y 29 de octubre de 2022 y que, en la sentencia
impugnada se consideró un acto de trámite, no enjuiciable y que no constituía censura
alguna contra el Acuerdo 47 de 2022.

135. La veeduría expuso en su impugnación que la jornada electoral fue reprogramada
el 26 de octubre de 2022 por el CSU, convocando a la comunidad para los días 28 y 29
siguientes, por lo que fijar una fecha tan cercana pudo poner en riesgo la posibilidad de
participación de muchos miembros de la UFPS, especialmente estudiantes, por lo que
se requería de un tiempo prudente para que ese acuerdo fuera oponible, pues una
correcta convocatoria permitiría materializar la posibilidad de participación efectiva en
una jornada electoral.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 22
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

136. Se encuentra probado en el expediente que mediante el Acuerdo 33 del 1° de
agosto de 2022, el CSU de la UFPS convocó a la comunidad universitaria a la consulta
democrática para los días 21 y 22 de octubre de 2022, en la cual se definirían los
candidatos para la designación de rector en el periodo 2022-2026 y, el Juzgado 5 Civil
Municipal de Cúcuta suspendió las elecciones al decretar medida cautelar en acción de
tutela el 20 de octubre de 2022. Esta medida fue levantada al día siguiente, esto es, el
21 de octubre del mismo año.

137. En consecuencia, el CSU de la UFPS expidió el Acuerdo 45 del 26 de octubre de
2022 convocando de nuevo a la comunidad universitaria a la consulta para los días 28 y
29 del mismo mes y año, para conformar la lista de candidatos a rector para el periodo
2022-2026.

138. Realizada la consulta universitaria, se estableció que la jornada electoral contó
con el cuórum reglamentario de validez previsto en el artículo 112 del Estatuto
Electoral, esto es, acudieron a las urnas más del 50,01% del censo, específicamente el
75.80% de acuerdo al Boletín 31 del 1° de noviembre de 2022; por lo tanto, no hay
prueba de la afectación de la participación estudiantil como lo refiere la demandante.

139. De conformidad con el oficio 11000.20.01-7881 del 8 de noviembre de 2022, la
veeduría demandante interpuso recurso de reposición frente al referido acto
administrativo, el cual fue rechazado por no ser susceptible de recursos, ya que no
contenía ninguna decisión de fondo, pues se limitaba a impulsar o permitir la concreción
del acto definitivo.

140. Considera la sección que el Acuerdo 45 de 2022 no era susceptible de recursos,
toda vez que en los artículos 10333 y 11034 del Estatuto Electoral no los consagra ni
dispone un término de expedición previo a la consulta, además, según el recuento
realizado, se reanudó la jornada que se había programado desde el 1° de agosto de
2022, por lo que ya se habían surtido entre otras, la etapa de publicación de la lista de
sufragantes prevista en el artículo 10735 ibidem.

141. Finalmente, la recurrente dice que, al condicionarse la posibilidad y capacidad de
participación, podía ser sujeto de contradicción a través de acción de tutela para la
búsqueda de amparo de derechos fundamentales vulnerados; sin embargo, no
demuestra de manera puntual cuáles garantías constitucionales se afectaron y la forma
en que esto incidió en la designación acusada. Por lo tanto, tampoco prospera este
reparo frente a la sentencia de primera instancia.

2.5.3. Incorrecto cómputo de votos, utilización de fórmula equivocada por parte
del CSU (ponderativa) y desconocimiento del voto universal

142. Si bien es cierto que, el a quo acepta que la fórmula matemática de ponderación
del artículo 112 del Estatuto Electoral debe aplicarse exclusivamente para el cálculo del
cuórum reglamentario requerido para darle validez a la elección de candidatos, no

33
«La convocatoria a elecciones universitarias para escoger la lista de candidatos a Rector de la UFPS, de la cual el CSU designará
Rector, será hecha por Acuerdo del Organismo Superior. […]».
34
«La jornada electoral se desarrollará en la fecha, sitio, horario y forma como se disponga la convocatoria a elecciones y el
proceso seguirá los lineamientos establecidos en el capítulo de este reglamento, contentivo el instructivo de la jornada electoral.»
35
«Con tres (3) días de anticipación al día de la jornada electoral programada, el Secretario del Consejo Electoral deberá publicar
en lugares visibles de las sedes de la universidad la lista de sufragantes que serán usadas en la jornada electoral, para efecto de
verificación de los votantes que se consideren en capacidad de votar».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 23
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

consideró que la irregularidad advertida tuviera la entidad suficiente para anular el acto
demandado, ya que incluso aplicando el artículo 115 ibidem, quienes obtuvieron al
menos el 20% del total de los votos depositados en las urnas fueron Sandra Ortega
Sierra y Jahn Piero Rojas Suárez.

143. La veeduría insistió en su apelación sobre la existencia de la irregularidad y,
estimó que el verdadero debate consistía en plantear el alcance del vicio por las
particularidades del caso, dado que este afectaba la participación de los estudiantes por
la utilización de una fórmula equívoca, durante 22 años y, por ello, deben adoptarse
decisiones con fundamento en valores superiores, derivados del mandato constitucional
que incentiven la participación de este estamento institucional.

144. El recurrente agregó que el tribunal desestimó que en el 2021 el voto universal
daba victoria al voto en blanco con más del 51% de los sufragios y no debía
considerarse en un 70% de favorabilidad de votación ponderado.

145. Reitera que ha existido un cómputo histórico irregular de votos que ha generado
desinterés en la comunidad universitaria reflejada en la abstención; sin embargo, ello
hace parte del campo de la especulación porque no se demuestra que sea producto de
la aplicación de la fórmula que se aduce irregular, ni se señala la manera cómo esta
desconoce las disposiciones vigentes.

146. El artículo 111 del Estatuto Electoral, establece lo siguiente:

Realizado el proceso de elecciones y ejecutados por parte del Consejo Electoral con base
en los escrutinios realizados por el Jurado, la sumatoria o contabilización total de votos este
Organismo declarará válida las elecciones de candidatos a Rector, si y solo verifica que
han concurrido a las urnas por lo menos un número de sufragantes equivalente al 50.01%
del potencial electoral conjunto y ponderado de los estamentos universitarios con derecho a
voto.

147. El artículo 112 siguiente dispone que el cuórum reglamentario requerido para darle
validez a la elección se calculará con base en pesos porcentuales de ponderación
asignado a cada estamento:

• El 100% del potencial electoral del estamento docente equivale a un peso porcentual del
40%.
• El 100% del potencial electoral del estamento estudiantil equivale a un peso porcentual
del 40%.
• El 100% del potencial electoral del estamento administrativo equivale a un peso
porcentual del 20%.

148. El cálculo será establecido con la siguiente fórmula:

S= 100 a * 0.4 + 100 b * 0.2 + 100 c * 0.4
A B C

149. En donde A, B y C, corresponden al número de sufragantes que representen el
100% del potencial electoral por cada uno de los estamentos docentes, administrativo y
estudiantil, respectivamente, y a, b y c, representen el número de sufragantes que
realmente acudieron a las urnas, por cada uno de los estamentos citados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 24
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

150. Si la sumatoria S, es mayor o igual a 50.01% las elecciones serán declaradas
válidas.

151. Ahora bien, el artículo 115 del mismo cuerpo normativo estableció que una vez se
declaran válidas las elecciones, el Consejo Electoral procedería a conformar la lista de
los candidatos a rector que sería presentada ante el CSU, y en el parágrafo señaló:

Parágrafo: Tienen derecho a figurar en la lista de candidatos a rector que será presentada
ante el Consejo Superior Universitario aquellos candidatos que hayan obtenido al menos el
veinte por ciento (20%) del total de los votos depositados en las urnas.

152. En los mismos términos, el literal b) del artículo 34 del Estatuto General de la
UFPS contenido en el Acuerdo 48 de 2007, estipuló lo siguiente:

La Secretaría General hará la presentación de los candidatos al Consejo Superior
Universitario teniendo en cuenta lo siguiente:
[…]
b. Del ciento por ciento (100 %) de la votación obtenida, siempre y cuando ésta sea válida,
se presentarán al Consejo Superior Universitario aquellos candidatos que hayan obtenido al
menos el veinte por ciento (20%) del total de los votos.
[…]

153. En el caso bajo estudio, de conformidad con el boletín 31 del 1° de noviembre de
2022, el resultado definitivo de los escrutinios de la consulta democrática realizada los
días 28 y 29 de octubre de 2022, para la posterior conformación de la lista de
candidatos fue la siguiente:

Candidato Docentes Administrativos Estudiantes Votación
ponderada
01 José Fabio Torres Parada 1 0 615 2,63%
02 Miller Riaño Solano 0 0 80 0,32%
03 Doris Yolima Gómez Parada 0 0 103 0,41%
05 Jhan Piero Rojas Suárez 59 22 2360 24,61%
06 Carlos Humberto Flórez Góngora 30 4 1251 11,26%
07 Sandra Ortega Sierra 127 71 4575 55,74%
Voto blanco 2 1 925 4,25%
Voto nulo 0 1 147 0,79%
Total 219 99 10.056 100%

154. Conforme a lo anterior, de acuerdo con el artículo 111 del Estatuto Electoral, se
declaró válida la consulta democrática, teniendo en cuenta que concurrió a las urnas el
75.80% del potencial electoral conjunto y ponderado de los estamentos universitarios
con derecho a voto.

155. Luego, en sesión ordinaria del Consejo Electoral Universitario, en acta 33 del 1° de
noviembre de 2022, aprobó los anteriores resultados.

156. Así las cosas, el órgano electoral definió la lista definitiva de aspirantes a rector
que se presentó al CSU con aplicación de la fórmula ponderada por cada candidato, y
aquellos que superaron el 20% en esos términos, a saber, el señor Jhan Piero Rojas
Suárez (24,61%) y Sandra Ortega Sierra (55,74%), hicieron parte de esta.

157. Tal como lo concluyó el a quo, la fórmula ponderada por estamentos prevista en el
artículo 112 del Estatuto Electoral se utiliza exclusivamente para determinar el cuórum
reglamentario requerido para darle validez a la elección, el cual debe superar el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 25
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

50,01%, y no para escoger los candidatos definitivos que se presentaran al CSU.

158. Para ello, se debe acudir a lo previsto en el parágrafo del artículo 115 del mismo
cuerpo normativo que es concordante con el literal b) del artículo 34 del Estatuto
General, esto es, que harán parte de esa lista final aquellos candidatos que hayan
obtenido al menos el veinte por ciento (20%) del total de los votos depositados en las
urnas, sin remitir a la aplicación de ninguna fórmula.

159. En ese orden, como el total de votos en la jornada del 28 y 29 de octubre de 2022
fue 10.374, el 20% equivale a 2.074,8, por lo tanto, el total de votos por aspirante y
aquellos que superaron ese porcentaje fue el siguiente:

Candidato Docentes Administrativos Estudiantes Total
01 José Fabio Torres Parada 1 0 615 616
02 Miller Riaño Solano 0 0 80 80
03 Doris Yolima Gómez Parada 0 0 103 103
05 Jhan Piero Rojas Suárez 59 22 2360 2.441
06 Carlos Humberto Flórez Góngora 30 4 1251 1.285
07 Sandra Ortega Sierra 127 71 4575 4.773
Voto blanco 2 1 925 928
Voto nulo 0 1 147 148
Total 219 99 10.056 10.374

160. Por lo tanto, los señores Jhan Piero Rojas Suárez y Sandra Ortega Sierra fueron
quienes obtuvieron al menos el 20% del total de los votos, y son los mismos candidatos
que se presentaron ante el CSU para la designación del rector.

161. En ese orden de ideas no acompaña la razón a la impugnante cuando pide acudir
a valores superiores, inspirados en principios constitucionales y fines del Estado, debido
a que la expedición irregular por el desconocimiento de una formalidad o procedimiento
como causal de nulidad, debe ser sustancial y tener la capacidad de alterar el resultado
de la decisión definitiva, conforme a la jurisprudencia de la corporación36 que, al
respecto, ha dicho:

113. Este vicio se genera por afectación del elemento formal del acto administrativo, es decir,
se materializa si en su formación y expedición se desconocieron las formalidades y el
procedimiento que legamente se fijó para ello,37 pues este último constituye una garantía tanto
para la administración como para los asociados al evitar la existencia de arbitrariedades en el
trámite y permitir la materialización del debido proceso.38

114. Sin embargo, no todo desconocimiento de una formalidad o procedimiento acarrea la
nulidad del acto administrativo; por el contrario, tal consecuencia solo se origina ante la
inobservancia de una formalidad sustancial,39 esto es, aquella que de omitirse tenga la
capacidad de generar una arbitrariedad o alterar la transparencia del trámite o es determinante
para la existencia del acto o para el resultado de la decisión definitiva.40 Entonces, se
descartan las que no inciden de manera transcendente en su contenido, ya que se correría el
riesgo de que el mínimo desconocimiento de una formalidad genere la nulidad de la decisión,
pese a su insignificancia o a que no se afectó el derecho al debido proceso del asociado.

36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de septiembre de 2023, radicado 11001-03-25-000-2022-
00348- 00 (2832-2022).
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2016, radicado 54001-23-31-000-2009-
00166-01 (0851-15).
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 29 de marzo de 2017, radicado: 11001-03-25-000-2016-01189-00
(5266-2016).
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de 2017, radicado: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034-
2016).
40
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 23 de marzo de 2007, radicado 11001-03-28-000-2006-00172-01(4120).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 26
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

115. Para identificar si se está en presencia de una formalidad sustancial o accesoria, «el
operador jurídico debe preguntarse qué habría sucedido si se hubieran seguido las formas
dejadas de lado».41

162. Los criterios generales de contexto, o principios constitucionales o los fines del
Estado no constituyen un criterio para afectar la legalidad de una designación como la
que aquí se acusa, pues es indispensable demostrar una irregularidad sustancial que
tenga incidencia en la decisión final, tal como habría ocurrido, a título de ejemplo, si
fuera de Jhan Piero Rojas Suárez y Sandra Ortega Sierra, otros aspirantes hubieran
alcanzado el 20% de los votos depositados en las urnas y no hubieran integrado el
listado definitivo, toda vez que ello desconocería el artículo 115 del Estatuto Electoral42.

163. Acorde con lo expuesto, tampoco prospera este cargo.

2.5.4. Conflicto de interés

164. El demandante Moreno Granados expuso que los señores Luis Eduardo Trujillo
Toscano, Érika Alejandra Maldonado Estévez, Pedro Avilio Ontiveros Gil, César
Augusto Luna Anaya y José Leonardo Sánchez Quintero, integrantes del CSU de la
UFPS, estaban incursos en un conflicto de interés porque la Procuraduría Regional de
Norte de Santander inició investigación disciplinaria en su contra y, tenían conocimiento
de ello desde el 5 de octubre de 2022. En consecuencia, la demandada, como docente
de carrera y secretaria general de la universidad debió denunciarlos penal y
disciplinariamente, al no hacerlo, como un presunto «agradecimiento» y la «garantía»
de que no lo hará, votaron por ella.

165. Dicho cargo fue desechado por el tribunal de primera instancia, pero el
demandante impugnó la decisión argumentando que todo servidor público debe poner
en conocimiento de las autoridades los hechos constitutivos de un delito y señalando
que exigir sentencia ejecutoriada de tipo penal o disciplinario constituía un error;
máxime que con la demanda se allegó auto de apertura de proceso disciplinario contra
los miembros del CSU de la UFPS por la designación del señor Héctor Parra como
rector y copia de la denuncia penal por los mismos hechos.

166. Invocó como vulnerado el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 cuyo texto es el
siguiente:

Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor
público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o
sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o
tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios
de hecho o de derecho.

[…] 6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o

41
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de octubre de 2016, radicado 68001-23-31-000-2008-
00129-01 (4357-2013).
42
Tienen derecho a figurar en la lista de candidatos a rector que será presentada ante el Consejo Superior Universitario aquellos
candidatos que hayan obtenido al menos el veinte por ciento (20%) del total de los votos depositados en las urnas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 27
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente
hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de
iniciarse la actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos
ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. […]

167. Sobre las características del interés para que se configure el conflicto, esta
corporación43 ha señalado:

[S]ólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se, el alegado
beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el
legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o
quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el
momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos
contingentes, futuros o imprevisibles. [Resaltado de la sala]

168. Por su parte, la sección44 ha señalado que el régimen de conflicto de interés
constituye un instrumento valioso que busca evitar que el servidor, prevalido de su
cargo, se ubique en una posición de ventaja o provecho personal, para sí o para un
tercero, a costa de la salvaguarda del interés general. Se trata de una garantía de
rectitud e imparcialidad en el ejercicio de la administración pública como regla
legitimadora del poder del Estado.

169. Para la sala, este cargo no pasa de constituir una simple afirmación sin soporte
probatorio, teniendo en cuenta que en el expediente únicamente están acreditados los
siguientes hechos: i) la designación del señor Héctor Miguel Parra López como rector
de la UFPS para el periodo 2021-2025, la cual fue anulada mediante sentencia
proferida por esta sección el 16 de junio de 2022 en el radicado 54001-23-33-000-2021-
00195-03; ii) que 5 de los consejeros que votaron en la anterior elección, también
participaron en la sesión donde se designó a la demandada y; iii) que el señor Jorge
Heriberto Moreno Granados interpuso queja disciplinaria en contra de algunos
integrantes del CSU que participaron en dicha designación con apertura de
investigación del 27 de septiembre de 2022, radicado IUS 2022-379128 y denuncia
penal por los mismos hechos con radicado 540016001131202258625.

170. Ahora, más allá de lo anterior, no se evidencian otros elementos de convicción que
permitan, en efecto, concluir que la elección demandada obedeció al intercambio de
favores alegado por el señor Jorge Heriberto Moreno Granados, esto es, por no
haberlos denunciado o la garantía de no hacerlo.

171. Si bien es cierto la jurisdicción declaró la nulidad de la designación del señor
Héctor Miguel Parra López, también lo es que esta sola circunstancia no conlleva a la
configuración de faltas de naturaleza penal o disciplinaria, pues para esto último se
requiere el pronunciamiento de las autoridades con la competencia para ello.

172. Ahora, si bien el señor Jorge Heriberto Moreno Granados presentó queja
disciplinaria y denuncia penal por los hechos descritos, ello no implicaba que la
demandada hiciera lo propio, porque corresponde a la apreciación de una determinada

43
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de Decisión, Magistrada Ponente:
Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 29 de marzo de 2023. Radicado: 11001031500020220671400 PI. Resulta necesario
señalar que en esta providencia se analizó el conflicto de interés como causal de pérdida de investidura, sin embargo, sus
características también se predican en las actuaciones de cualquier servidor público.
44
Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra Bogotá, sentencia del 7 de diciembre de
2022. Radicación: 11001-03-28-000-2022-00014-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 28
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS y otros
Demandada: Sandra Ortega Sierra, rectora de la UFPS, periodo 2022-2026
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00031-03 (principal)

circunstancia y su omisión no implica, en sí misma, la configuración de un conflicto de
interés, en tanto sobre este último particular, es necesario demostrar que, en efecto, se
presenta un favorecimiento propio o a terceros, aspecto que, en el presente caso,
carece del material probatorio necesario para ser demostrado.

173. Conforme con lo anterior, es claro que en este caso no está demostrado que,
respecto de la señora Sandra Ortega Sierra o de quienes participaron en su
designación, se hubiere configurado un interés directo, cierto, actual y en beneficio
propio o de terceros, que hubiere sido contrario a la finalidad de la función electoral en
la institución universitaria.

174. En consecuencia, como no prosperaron los argumentos de las apelaciones, se
impone confirmar la sentencia de primera instancia, mediante la cual se negaron las
pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la petición para que se dicte sentencia de unificación en el
presente asunto.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander el 22 de mayo de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que frente a esta decisión no procede
recurso alguno.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 29
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.