Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03986-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03986-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03986-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
16 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-01
Demandante: Veeduría Ciudadana Procura UFPS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-01
Demandante: Veeduría Ciudadana Procura UFPS
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Temas: Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Requisito
de relevancia constitucional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 11 de agosto de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, que resolvió:
«(...)
SEGUNDO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por Procura UFPS.»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de junio de 2025, la Veeduría Ciudadana Procura UFPS interpuso acción de
tutela contra la sentencia de 3 de abril de 2025 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, al estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«Primero: Revocar la Sentencia de Segunda Instancia del 03 de abril de 2025, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con C.P. Gloria María Gómez dentro del
radicado 54001-23-33-000-2023-00031-03, y en su lugar, conceder el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de
la suscrita entidad por las razones expuestas en este proveído.
Segundo: Dejar sin valor y efectos jurídicos la Sentencia de Segunda Instancia del 03 de
abril de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con C.P. Gloria María
Gómez dentro del radicado 54001-23-33-000-2023-00031-0, para que, como
consecuencia, se ordene a esa autoridad judicial que, en un lapso no mayor a veinte (20)
días, profiera una providencia de reemplazo en la que valore la totalidad de las pruebas
en el expediente, haga un estudio serio y de fondo del cargo relacionado con la causal de
conteo irregular de votos conforme la utilización de fórmula ilegal, con base en el principio
constitucional invocado desde la visión de su carácter expansivo y sistemático, sin partir
de posturas restrictivas que desconozcan la supremacía de la constitución, y, finalmente,
valore conforme un estudio conjunto de normativa (estatutos en macro pero también la
Ley) respetando la jerarquía de las normas.»
2. Antecedentes
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Demandante: Veeduría Ciudadana Procura UFPS
De la designación como rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander
de Sandra Ortega Sierra
El 16 de junio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado dictó sentencia en la
que declaró la nulidad de la designación de Héctor Miguel Parra López como rector
de la Universidad Francisco de Paula Santander (en adelante UFPS) para el periodo
2021-2025, mediante sentencia del 16 de junio de 2022.
El 1 de agosto de 2022, el Consejo Superior Universitario (en adelante CSU) convocó
a consulta democrática para los días 21 y 22 de octubre de 2022, con el fin de definir
los candidatos a rector y el 26 de octubre de 2022, el CSU reprogramó la jornada
electoral para los días 28 y 29 del mismo mes y año, mediante el Acuerdo 45 de 2022.
El 1 de noviembre de 2022, el Consejo Electoral Universitario, mediante el Boletín 31,
declaró válida la consulta democrática con una participación del 75.80 % del potencial
electoral, resultando como candidatos Sandra Ortega Sierra y Jhan Piero Rojas
Suárez.
Finalmente, el 22 de noviembre de 2022, el CSU de la UFPS designó a la señora
Sandra Ortega Sierra como rectora, para el periodo 2022-2026, mediante el Acuerdo
47 del 22 de noviembre de 2022.
Del proceso de nulidad electoral presentado contra Sandra Ortega Sierra
El 23 y 26 de enero de 2023, la veeduría ciudadana Procura UFPS, y los ciudadanos
Jorge Heriberto Moreno Granados y Jonnathan Alexander Carrillo Prieto, presentaron
demandas de nulidad electoral contra Sandra Ortega Sierra, en calidad de Rectora de
la UFPS, a fin de que se declarara la nulidad del Acuerdo 47 del 22 de noviembre de
2022, proferido por el CSU.
Las demandas fueron acumuladas mediante auto del 13 de abril de 2023, bajo el
radicado principal 54001-23-33-000-2023-00031-00, junto con los radicados 54001-
23-33-000-2023-00019-00 y 54001-23-33-000-2023-00030-00.
En lo pertinente al presente asunto, la Veeduría Ciudadana Procura UFPS
fundamentó la demanda de nulidad electoral en dos causales principales, a saber:
(i) Se implementó un cómputo de votos contrario al sistema establecido en los
estatutos de la universidad, porque la fórmula de ponderación, descrita en el
artículo 112 del Estatuto Electoral, tiene como única y exclusiva finalidad el cálculo
del cuórum para declarar la validez de la consulta. Sin embargo, acusó al Consejo
Electoral Universitario de crear una norma al aplicar una fórmula distinta para
calcular el porcentaje de cada candidato (voto ponderado), pues dicho método no
estaba contemplado en ninguna normativa interna.
(ii) Afirmó que el criterio correcto para conformar la lista de elegibles era el previsto en
el parágrafo del artículo 115 del Estatuto Electoral, el cual establece que
clasificarán aquellos candidatos que obtengan al menos el 20 % del total de los
votos depositados en las urnas (voto universal), y no un porcentaje ponderado.
El señor Jorge Heriberto Moreno Granados fundamentó su demanda principalmente
en un presunto conflicto de intereses de cinco miembros del CSU, quienes, al ser
objeto de una investigación que Sandra Ortega Sierra (como Secretaria General)
debió denunciar y no lo hizo, habrían votado por ella en una especie de
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«agradecimiento», violando la Ley 1952 de 2019. Adicionalmente, alegó que otro
consejero debió declararse impedido por haber sido nombrado por un candidato rival
y uno más por expresar públicamente su «voto cariñoso». Asimismo, señaló que la
demora en la entrega del acta de la reunión le impidió presentar un cargo de nulidad
y, en consecuencia, solicitó la inaplicación de varios actos administrativos del proceso
electoral por desconocer el Estatuto Electoral interno.
Por su parte, el demandante Jonnathan Alexander Carrillo Prieto solicitó la nulidad
del Acuerdo 47 de 2022 con fundamento en que se desconoció lo previsto en el
artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, debido a que la rectora Sandra Ortega Sierra se
posesionó sin que el acto de designación estuviera en firme. También alegó indebida
comunicación del Acuerdo 45 de 2022; falta de publicación del censo electoral;
restricción de derechos políticos de estudiantes de posgrado y a distancia, al no
habilitar votación virtual ni mesas; constreñimiento al elector por la presencia del
exrector Héctor Miguel Parra López y; financiación indebida de la campaña por gastos
excesivos no reportados.
El 22 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las
pretensiones de la demanda. Para ello, abordó el estudio de los cargos presentados,
del siguiente modo:
(i) Respecto al cargo por el cual se alegó que el Acuerdo 045 de 2022, que reprogramó
la jornada de votación, no pudo ser objeto de recurso de reposición, consideró que
no se dirigía contra el acto administrativo demandado (Acuerdo 047 de 2022) sino
contra el Acuerdo 045 de 2022, el cual es un acto de trámite, por lo que no era
susceptible de control judicial.
En cuanto a la falta de publicación del listado de cédulas habilitadas para votar con
la debida antelación determinó que el artículo 36 del Acuerdo 013 de 1995 no era
aplicable al caso, ya que se refiere a la elección de representantes estudiantiles.
Sin embargo, al analizar el artículo 107 del mismo estatuto, encontró probado que la
lista de sufragantes sí fue publicada en la página web de la universidad, lo cual se
cumplió con la antelación requerida y sin que se presentaran reclamaciones sobre
dificultades de acceso o participación. Además, la suspensión de las elecciones por
orden judicial no invalidó las etapas previas del proceso.
(ii) Respecto a la falta de firmeza del Acuerdo 047 de 2022, explicó que, aunque la
posesión ocurrió antes de que las impugnaciones fueran resueltas, la norma interna
de la UFPS (Acuerdo 013 de 1995, artículos 124 y 125) no supedita la firmeza del
acto de designación a la notificación de la resolución de las impugnaciones.
(iii) Anotó que, a pesar de que se utilizó de forma incorrecta la fórmula ponderada del
artículo 112 del Estatuto Electoral, esa irregularidad no tuvo la capacidad de alterar
el resultado definitivo, pues incluso al aplicar la interpretación de los demandantes,
los únicos candidatos que alcanzaron el porcentaje fueron Sandra Ortega Sierra y
Jhan Piero Rojas Suárez, esto es, los mismos que integraron la lista presentada al
CSU.
(iv) En lo relacionado con que no se resolvieron las impugnaciones presentadas contra
el Acuerdo 047 de 2022, explicó que dicho acuerdo solo designó a la rectora y que,
en todo caso, las impugnaciones fueron resueltas por el Acuerdo 046 de 2022, acto
que no fue objeto de demanda.
Esa decisión fue apelada por los demandantes.
En lo concerniente al presente asunto, la Veeduría Ciudadana Procura UFPS sustentó
el recurso de apelación en los siguientes argumentos:
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(i) Se configuró una violación al debido proceso administrativo, toda vez que la rectora
designada tomó posesión de su cargo el 23 de noviembre de 2022, un día después
de su nombramiento mediante el Acuerdo 047 de 2022. En su criterio, dicho acto
administrativo no gozaba de presunción de legalidad por falta de firmeza.
Al respecto, argumentó que, conforme al artículo 128 del Estatuto General de la
Universidad, el Acuerdo 047 de 2022 era susceptible de recurso de reposición,
para el cual se contaba con un término de 10 días. Por lo tanto, en aplicación del
artículo 87 del CPACA, el acto solo adquiría firmeza una vez resueltos los recursos
o vencido el término para interponerlos. Al realizar la posesión de forma inmediata,
se impidió el ejercicio del derecho de contradicción.
(ii) Afirmó que el Tribunal confundió el acto que resolvió las impugnaciones contra la
consulta democrática (Acuerdo 046) con los eventuales recursos contra el acto de
designación (Acuerdo 047). Subrayó que, en todo caso, el Acuerdo 046 fue
notificado hasta el 26 de noviembre de 2022, fecha posterior a la posesión. En
segundo lugar, sostuvo que, ante el silencio de la norma especial, debía prevalecer
la norma general, es decir, el CPACA, razón por la cual era procedente la
interposición de recursos.
(iii) Si bien el Tribunal admitió y dio por probado que la universidad utilizó una fórmula
de conteo de votos ilegal (fórmula ponderativa), erró al considerarla una
irregularidad que no era sustancial por no haber alterado el resultado final de esa
elección. Argumentó que este análisis fue superficial y omitió la verdadera
dimensión del vicio.
Expuso que no se trataba de un error aislado, sino de una práctica
institucionalizada por 22 años que devaluó sistemáticamente el voto estudiantil.
Indicó que, bajo este sistema, el voto de un estudiante es ponderado 150 veces
menos que el de un administrativo y 100 veces menos que el de un docente de
planta.
Advirtió que aportó evidencia de que esta fórmula ilegal sí alteró los resultados en
otras elecciones, como en la elección de 2021, donde el voto en blanco habría
obtenido la victoria bajo un sistema de voto universal. Concluyó que esta práctica
ha generado una masiva abstención estudiantil, que en esta jornada fue inferior al
47.34 %, y que el Tribunal debió analizar el vicio a la luz de los principios
constitucionales y no desde una perspectiva meramente mecánica.
El 3 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia
de segunda instancia, en la que resolvió confirmar la decisión inicial. En lo relacionado
con el presente asunto, expresó lo siguiente:
En cuanto al cargo relacionado con que la rectora se posesionó sin que el acto de
designación (Acuerdo 47 de 2022) hubiese adquirido firmeza, señaló que el artículo
29 del Estatuto General de la universidad (Acuerdo 48 de 2007) establece que el rector
tomará posesión «una vez designado», lo que no supedita dicho acto a la resolución
de recursos. Por ello, concluyó que la designación es un «acto electoral» que surte
efectos de manera inmediata y no es susceptible de recursos que condicionen la
posesión, a diferencia de otros actos administrativos del Consejo Superior
Universitario. En esa misma línea, señaló que, de acuerdo con el artículo 123 del
Estatuto Electoral, solo se contempla la posibilidad de interponer impugnaciones
contra los resultados definitivos de los escrutinios de la consulta universitaria, pero no
frente al acto posterior de designación.
Indicó que, si bien las impugnaciones presentadas contra los resultados de la consulta
fueron resueltas el mismo día de la designación (mediante el Acuerdo 46 de 2022), la
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notificación de esta última decisión no era un requisito que impidiera que el acto de
nombramiento surtiera sus efectos y que la señora Sandra Ortega Sierra se
posesionara. Con base en estas consideraciones, concluyó que el cargo de la
apelación no estaba llamado a prosperar.
En segundo lugar, examinó el cargo relativo al incorrecto cómputo de votos y señaló
que, si bien la fórmula ponderada del artículo 112 del Estatuto Electoral se aplicó de
manera incorrecta (pues su uso es exclusivo para determinar el cuórum de validez de
la elección y no para definir los candidatos), concluyó que la irregularidad no fue
sustancial.
Para llegar a esta conclusión, procedió a realizar el cálculo que debió aplicarse.
Explicó que la norma correcta para conformar la lista de elegibles es el parágrafo del
artículo 115 del mismo estatuto, el cual dispone que pasan a la siguiente fase quienes
obtengan «al menos el veinte por ciento (20 %) del total de los votos depositados en
las urnas». Por ello, constató que el total de votos en la jornada fue de 10.374, por lo
que el umbral del 20 % equivalía a 2.074,8 votos. Al aplicar este criterio a los
resultados, determinó que los únicos aspirantes que superaron dicho umbral fueron
los señores Jhan Piero Rojas Suárez (con 2.441 votos) y Sandra Ortega Sierra (con
4.773 votos).
Dado que estos fueron los mismos dos candidatos que conformaron la lista definitiva
presentada al Consejo Superior Universitario, la Sección Quinta concluyó que la
irregularidad, aunque probada, no tuvo la capacidad de alterar el resultado de la
decisión final.
Asimismo, desestimó los argumentos sobre el desinterés histórico de la comunidad
universitaria por considerarlos no acreditados y afirmó que los «criterios generales de
contexto, o principios constitucionales o los fines del Estado no constituyen un criterio para
afectar la legalidad de una designación», pues es indispensable demostrar una
irregularidad sustancial con incidencia directa en el resultado. En consecuencia, este
cargo también fue desestimado.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora argumentó que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en
defecto sustantivo, al fundamentar su decisión en una interpretación aislada de los
estatutos de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), en
desconocimiento de lo previsto en el CPACA respecto a la notificación de actos
administrativos.
En concreto, explicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado no tuvo en cuenta
la falta de firmeza del Acuerdo 047 del 22 de noviembre de 2022, acto que designó a
la señora Sandra Ortega Sierra como rectora, pues aquella se posesionó al día
siguiente de su nombramiento, sin que dicho acto agotara los procedimientos de
publicidad y contradicción que garantizan su firmeza.
Según la accionante, la autoridad judicial accionada se limitó a aplicar el artículo 29
del Estatuto General de la UFPS (Acuerdo 48 de 2007) para concluir que la posesión
de la rectora es un efecto inmediato de la designación y que la norma interna no
supedita la firmeza del acto a la interposición de recursos. Asimismo, se basó en el
artículo 123 del Estatuto Electoral, el cual señala que solo proceden recursos contra
los resultados definitivos de los escrutinios.
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A partir de esa interpretación, a juicio del accionante, la autoridad judicial accionada
concluyó erróneamente que: (i) el acto de designación es un acto electoral y no uno
administrativo común, por lo que no es susceptible de recursos que condicionen su
posesión; y (ii) la normativa interna de la UFPS no exige agotar etapas de publicidad
y contradicción para que el acto surta efectos.
No obstante, la veeduría alegó que dicho razonamiento desconoció el numeral 2 del
artículo 87 del CPACA, el cual establece que los actos administrativos adquieren
firmeza «desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión
sobre los recursos interpuestos». Por lo tanto, al posesionarse la rectora un día después
de su designación, se impidió la publicidad del acto y la posibilidad de interponer el
recurso de reposición, por lo que se violó el requisito legal para la firmeza del acto.
Adicionalmente, señaló que el artículo 128 del Estatuto General de la UFPS establece
que «contra los actos administrativos proferidos por el Consejo Superior (…) sólo procederá
el recurso de reposición». De ahí que, siendo el Acuerdo 047 un acto proferido por el
Consejo Superior era susceptible de dicho recurso, lo que impedía su firmeza
inmediata.
Del mismo modo, la accionante indicó que, contrario a lo sostenido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, la jurisprudencia de la misma corporación ha precisado
que un acto electoral es un tipo de acto administrativo y, en consecuencia, le son
aplicables las reglas generales de procedimiento, publicidad y firmeza del CPACA.
Para reforzar su argumento, advirtió que cuando la rectora tomó posesión el 23 de
noviembre de 2022, aún no se había publicado el acuerdo que resolvía las
impugnaciones contra los resultados electorales (Acuerdo 046 de 22 de noviembre de
2022), el cual solo fue notificado hasta el 26 de noviembre de 2022. Por ello, afirmó
que, de conformidad con el artículo 87 del CPACA, ni la elección ni la designación se
encontraban en firme.
La accionante argumentó que la sentencia incurrió en defecto fáctico porque el
Consejo de Estado no valoró las pruebas que demostraban cómo el sistema de
cómputo de votos había causado históricamente desinterés y una masiva abstención
estudiantil. Sin embargo, resalta el accionante que la autoridad judicial accionada
calificó ese hecho como una mera «especulación», bajo el argumento de que no
existían pruebas de que la apatía electoral fuera producto de la referida fórmula.
Frente a ello, la tutelante advirtió que esa conclusión era contraria a la realidad
procesal, pues en el obraban pruebas que demostraban que el sistema de «voto
ponderado», es un mecanismo que devaluaba la participación estudiantil, pues el voto
de un estudiante valía 150 veces menos que el de un administrativo y 100 veces
menos que el de un docente de planta.
En contraposición a la supuesta falta de pruebas, la accionante señaló que en el
expediente reposaban, las siguientes pruebas:
(i) Declaraciones juramentadas de tres excandidatos a la rectoría, quienes testificaron
que los estudiantes se sentían desmotivados y manifestaban no votar porque,
debido a la fórmula ponderada, sentían que «su voto vale menos».
(ii) Una constancia de recolección de firmas de 275 miembros de la comunidad
universitaria, en la que se oponían explícitamente al «voto ponderado» y exigían
el «voto universal», donde cada voto tuviera el mismo valor.
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(iii) Los datos electorales de 2022, que reflejaban una abstención estudiantil superior
al 50 %.
Por todo lo anterior, la actora concluyó que la omisión de valorar estas pruebas fue
decisiva en el sentido del fallo.
La veeduría indicó que se configuró falta de motivación, porque la autoridad judicial
accionada, a pesar de que el reclamo por el uso de una fórmula de conteo ilegal se
fundamentó en la causal de «indebido cómputo de votos», lo estudió bajo el cargo de
«expedición irregular». Según la veeduría accionante, al situar el debate en la
«expedición irregular», el tribunal aplicó un criterio más restrictivo, según el cual el vicio
solo anula el acto si es «sustancial», es decir, si altera el resultado final de la elección.
Por ello, dijo que el tribunal se limitó a constatar que en este caso particular los
ganadores habrían sido los mismos, y así pudo desestimar el cargo y evitar así una
respuesta real a la controversia planteada.
Por el contrario, la accionante insistió en que un análisis bajo la causal correcta de
«indebido cómputo de votos» habría forzado un estudio diferente.
Afirmó que, en dicho escenario, el juez estaba obligado a determinar si la utilización
sistemática de una fórmula ilegal por más de 20 años constituía un « vicio grave y
ostensible que altera o desconoce la voluntad de los sufragantes». Este enfoque, por tanto,
no se limitaba al resultado puntual, sino que exigía valorar el impacto global del vicio
en el proceso democrático, incluyendo la reducción de la participación estudiantil y la
alteración de resultados en elecciones pasadas.
Además, reprochó que la providencia no solo eludió el análisis técnico, sino que se
negó a examinar los argumentos atinentes al estudio de los principios democráticos,
por lo que afirmó que «los principios constitucionales y los fines del Estado no constituyen
un criterio para afectar la legalidad de una designación».
Finalmente, argumentó se incurrió en violación directa de la Constitución Política,
porque se justificó la negativa a analizar el fondo del asunto con fundamento en que,
«Los criterios generales de contexto, o principios constitucionales o los fines del Estado no
constituyen un criterio para afectar la legalidad de una designación». Para la accionante,
esa afirmación equivale a una renuncia explícita del deber judicial de aplicar la
Constitución como norma superior y de interpretar la ley a la luz de sus principios.
Expuso el contexto particular del caso y reiteró que:
(i) El uso de la fórmula de conteo ilegal no fue un error aislado, sino una práctica
sistemática que la UFPS no ha mostrado intención de corregir, al punto de haberla
utilizado en elecciones anteriores y posteriores, a pesar de los pronunciamientos
judiciales que prohibían su utilización.
(ii) La ilegalidad no era inocua, pues ese mismo sistema de voto ponderado alteró de
manera definitiva los resultados electorales en 2015 y 2021. Sostuvo que, de
haberse aplicado el voto universal, en 2015 habría ganado el candidato Carlos
Flórez en lugar de Claudia Toloza, y en 2021 habría triunfado el voto en blanco
sobre el candidato Héctor Parra.
(iii) La consecuencia directa de esta práctica fue la creación de un profundo desánimo
y abstencionismo en el estamento estudiantil, afectando el núcleo esencial del
ejercicio democrático en la universidad.
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4. Trámite previo
El 4 de julio de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al demandante y a la autoridad judicial accionada. Adicionalmente, a los
señores Jorge Heriberto Moreno Granados, Jonnathan Alexander Carrillo Prieto,
Sandra Ortega Sierra, César Mauricio Arias Carreño, Albeiro Bohórquez Manrique,
Carlos Alberto Bolívar Corredor, Gabriel Augusto Angarita Tena, Carlos Martín Rojas
Carvajal, Mario Vicente Figueroa Fernández Jonathan Isaac García Pabón, Juan
Gabriel Baca López, Jhon Eddison Ortega Jácome, Gustavo Adolfo Gélvez Mojica,
Mohamed Hadi Dahan Makansi y Luis Jesús Botello Gómez, como terceros con
interés.
El 31 de julio de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia vinculó a la
Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) como tercero con interés.
5. Oposiciones
La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó negar las pretensiones o, en su
defecto, que se declare improcedente la solicitud de amparo, porque la acción de
tutela no debe ser utilizada como una instancia adicional para reabrir debates que ya
fueron resueltos por el juez electoral y que gozan de la presunción de cosa juzgada.
En este sentido, afirmó que la providencia judicial cuestionada resolvió de manera
razonada y suficiente cada uno de los reparos que la veeduría propuso en el recurso
de apelación, los cuales, señaló, son los mismos que ahora se plantean en sede de
tutela.
6. Terceros con interés
El señor Carlos Alberto Bolívar Corredor, en su calidad de Designado del presidente
de la República ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la UFPS, intervino en
el proceso para coadyuvar la acción de tutela.
En relación con el defecto sustantivo, el interviniente manifestó su conformidad con
que el acuerdo que resolvió las impugnaciones contra los resultados de la elección
solo se publicó el 26 de noviembre de 2022, es decir, tres días después de la posesión
de la rectora. Por lo tanto, afirmó que, al momento de la posesión, el acto de elección
se encontraba en firme. Sostuvo que la autonomía universitaria no puede ser un
pretexto para desconocer la jerarquía normativa y los parámetros legales del debido
proceso.
Respecto al defecto fáctico, concordó en que la Sección Quinta del Consejo de Estado
omitió valorar pruebas determinantes que fueron debidamente decretadas en el
proceso, pues no se tuvo en cuenta que en su calidad de miembro de la comunidad
universitaria y del CSU, testificó que la disminución de la participación estudiantil es
un hecho ocasionado por el uso de una fórmula que devalúa el voto estudiantil (hasta
150 veces menos que el de otros estamentos) y que ha sido acreditada como
«abiertamente ilegal y anti estatutaria».
Finalmente, sobre el defecto por falta de motivación y violación directa de la
Constitución, el interviniente coincidió en que el análisis debió realizarse bajo la causal
específica de «indebido cómputo de votos». Para demostrar la sustancialidad del vicio,
reiteró que la fórmula ilegal no solo alteró los resultados de las elecciones de rectoría
en 2015 y 2021.
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La Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) alegó la falta de
competencia de la Sección Tercera para conocer de la presente acción, con
fundamento en las reglas de reparto para tutelas masivas establecidas en el Decreto
1834 de 2015.
Al respecto, informó que el señor Jorge Heriberto Moreno Granados había presentado
una acción de tutela el 19 de mayo de 2025, contra la misma providencia judicial de
la Sección Quinta del Consejo de Estado. Dicha acción fue radicada con el número
11001031500020250298100 y su conocimiento fue avocado por la Sección Cuarta de
esta corporación.
En consecuencia, la interviniente sostuvo que se configuraba la triple identidad
requerida por la norma para acumular los procesos.
De manera subsidiaria, argumentó que la solicitud de amparo debe ser declarada
improcedente por no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional,
porque la accionante utilizó la tutela como una instancia judicial adicional con el claro
propósito de reabrir un debate ya zanjado.
El apoderado de la señora Sandra Ortega Sierra, rectora de la Universidad Francisco
de Paula Santander, solicitó la remisión del expediente a la Sección Cuarta del
Consejo de Estado para que fuera acumulado con la acción constitucional radicada
bajo el número 11001-03-15-000-2025-02981-00.
De manera subsidiaria, pidió que la acción de tutela fuera rechazada por
improcedente, pues sostuvo que el escrito de la veeduría accionante era confuso y
pretendía reabrir un debate ya concluido, máxime si se tenía en cuenta que todos los
cargos planteados fueron analizados en su totalidad tanto por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander como por la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander remitió el expediente que
contiene la acción de nulidad electoral.
7. Sentencia de primera instancia
El 11 de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
declaró improcedente la solicitud de amparo al no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
Como cuestión previa, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, al verificarse la configuración de la causal
prevista en el numeral 5 del artículo correspondiente del Código de Procedimiento
Penal, motivo por el cual se dispuso su separación del conocimiento de este asunto.
Igualmente, resolvió no acceder a la solicitud de remisión del presente expediente
para su acumulación con el radicado 2025-02981-00, al no advertirse identidad en las
pretensiones ni en los reparos planteados en ambos procesos.
Seguidamente, analizó cada uno de los defectos alegados por la veeduría y explicó
las razones por las cuales estos no demostraban una cuestión de relevancia
constitucional, sino una simple inconformidad con la decisión de la Sección Quinta,
pues los argumentos de la tutela eran una reiteración del recurso de apelación.
9
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8. Impugnación
Sostuvo que el juez de primera instancia se equivocó afirmar que sus alegatos no eran
meras discrepancias legales, sino que planteaban debates de raigambre
constitucional que sí superaban el requisito de relevancia.
Respecto al defecto sustantivo, aclaró que no buscaba reabrir el debate sobre la
firmeza de los actos, sino demostrar que la Sección Quinta incurrió en un defecto al
ignorar la jerarquía normativa, dando prevalencia a una interpretación restrictiva de un
estatuto universitario por sobre una norma de rango legal y orden público como el
CPACA.
Insistió en que la Sección Quinta evadió el análisis de fondo al estudiar el cargo bajo
la causal de «expedición irregular» en vez de la de «indebido cómputo de votos». Explicó
que esa diferencia no era trivial, porque la primera causal exige que el vicio sea
«sustancial» al punto de cambiar el resultado, mientras que la segunda se centra en la
«violación del sistema legal y constitucional», lo que habilitaba un análisis bajo la óptica
del principio democrático.
Sobre la violación directa de la Constitución, reiteró que la afirmación de la Sección
Quinta de que «los principios constitucionales (...) no constituyen un criterio para afectar la
legalidad de una designación» es una transgresión directa del artículo 4 de la
Constitución Política.
Por otro lado, la impugnante alegó que la sentencia de primera instancia no motivó de
manera suficiente por qué un defecto sustentado en el desconocimiento de la jerarquía
normativa no constituye una razón de relevancia constitucional. Sostuvo que la
Sección Tercera se limitó a afirmar que el debate ya fue resuelto por la Sección Quinta,
sin analizar si dicha resolución fue, en sí misma, constitucionalmente admisible.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico y solución
De conformidad con lo alegado en la impugnación presentada por la parte accionante,
corresponde a la Sala determinar si la presente solicitud de amparo cumple con el
requisito de relevancia constitucional. De ser afirmativa la respuesta, se analizará si
se configuró alguna de las causales específicas de procedencia de acción de tutela
contra providencia judicial4.
La Sala anticipa que, en el presente caso, confirmará la decisión de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.
Para resolver este asunto, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la relevancia
constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales y (ii) la improcedencia de la acción de tutela por
emplearla como instancia adicional.
(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
En particular, la accionante aduce la configuración de cuatro defectos en la providencia judicial cuestionada: (i) defecto
sustantivo, por desconocer la jerarquía normativa al dar prevalencia a un estatuto universitario sobre las reglas de firmeza de los
actos del CPACA; (ii) defecto fáctico, por omitir la valoración de pruebas que demostraban la conexión entre la fórmula ilegal de
conteo de votos y la abstención estudiantil; (iii) falta de motivación, por analizar el cargo de cómputo ilegal de votos bajo una
causal de nulidad distinta a la invocada (expedición irregular en lugar de "indebido cómputo de votos); y (iv) violación directa de
la Constitución, por afirmar expresamente que los principios constitucionales no constituyen un criterio para afectar la legalidad
de una designación.
11
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De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
(ii) Improcedencia de la acción de tutela por emplearla como instancia adicional
en el caso concreto
La Sala confirmará la decisión de primera instancia, por cuanto la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se emplea el presente
mecanismo como una instancia adicional del proceso de nulidad electoral.
En efecto, en el presente asunto, la parte accionante reitera en sede de tutela los
mismos planteamientos que fueron expuestos en el recurso de apelación dentro del
proceso ordinario, relacionados con la falta de firmeza del acto de designación, la
irregularidad en el cómputo de votos y el impacto entre la aplicación de la fórmula de
votación y la abstención estudiantil.
No obstante, en esta oportunidad, dichos argumentos son presentados bajo la figura
de cuatro presuntos defectos de la providencia judicial (sustantivo, fáctico, falta de
motivación y violación directa de la Constitución), sin que ello modifique
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Ibidem.
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sustancialmente el núcleo del debate ya resuelto por las autoridades judiciales
competentes, como se expone a continuación.
La Veeduría Ciudadana Procura UFPS, el señor Jorge Heriberto Moreno Granados y
el señor Jonnathan Alexander Carrillo Prieto interpusieron demandas de nulidad
electoral contra el Acuerdo 047 del 22 de noviembre de 2022, emitido por el CSU de
la UFPS, mediante el cual se designó a la señora Sandra Ortega Sierra como rectora.
En su demanda, la Veeduría Ciudadana Procura UFPS fundamentó sus
pretensiones en dos causales principales, así: (i) la irregularidad del acto de
convocatoria (Acuerdo 45 de 2022) por no garantizar el tiempo suficiente para la
oponibilidad y por no publicar el listado de votantes con la debida antelación; (ii) la
implementación de un cómputo de votos contrario al sistema establecido, al utilizarse
una fórmula de ponderación (destinada solo para el cuórum) en lugar del criterio del
20% del total de votos depositados en las urnas, como lo exige el artículo 115 del
Estatuto Electoral.
Por su parte, el señor Jonnathan Alexander Carrillo Prieto solicitó la nulidad con
fundamento en que la rectora se posesionó sin que el acto de designación estuviera
en firme, desconociendo lo previsto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 22 de mayo
de 2024, negó las pretensiones. Respecto a la falta de firmeza del acto de
designación, explicó que la normativa interna de la UFPS no lo supeditaba a la
resolución de impugnaciones. En cuanto al uso incorrecto de la fórmula de
ponderación, determinó que la irregularidad no tuvo la capacidad de alterar el
resultado definitivo, pues los candidatos que integraron la lista final habrían sido los
mismos aplicando el método correcto.
Dicha decisión fue apelada por los demandantes. En el recurso de apelación, la
veeduría alegó la falta de firmeza del acto, la aplicación ilegal de la fórmula de votación
y su impacto en la participación democrática, y la inoponibilidad del acto de
convocatoria, en los siguientes términos:
(i) Advirtió que el acto de designación de la rectora (Acuerdo 047 de 2022) «no goza
de presunción de legalidad por falta de firmeza», toda vez que la posesión se
efectuó al día siguiente del nombramiento, en desconocimiento del artículo 87 del
CPACA que exige esperar el término para la interposición de recursos. Al respecto,
calificó como «imprecisiones graves» las conclusiones del Tribunal, pues este
confundió el acto de designación con el que resolvía las impugnaciones de la
consulta y, además, extralimitó el alcance de la autonomía universitaria, cuando
debía prevalecer la norma general, es decir, el CPACA.
(ii) Frente al cómputo ilegal de votos, la veeduría sostuvo que, si bien el Tribunal
reconoció que «el Consejo Electoral Universitario ha creado una nueva norma
aplicando fórmulas y nuevas variables que no están contempladas en ninguno de
los estatutos», erró al considerar que la irregularidad no tenía entidad suficiente
para anular el acto.
Por ello, señaló que el verdadero debate debía centrarse en el «alcance del vicio
dejado por tal irregularidad», dado que se trataba de un «caso en extremo
particular» que involucraba una práctica ilegal reiterada en varias elecciones de
una universidad. Argumentó que el Tribunal debió analizar el asunto a la luz de
«valores superiores que devienen del mandato constitucional» y no solo desde la
economía procesal, pues la fórmula ilegal devaluaba el voto estudiantil, cuyos
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votos eran «ponderados 150 veces menos que los administrativos y 100 veces
menos que los docentes de planta», lo que generó una masiva abstención y llegó
a alterar el resultado en elecciones del 2021 cuando el «voto universal daba victoria
al Voto en Blanco con más del 51% de los sufragios».
Ahora bien, en el escrito de tutela, la Veeduría Ciudadana Procura UFPS fundamentó
su solicitud en la configuración de cuatro defectos específicos en la providencia judicial
de la Sección Quinta, los cuales se sintetizan de la siguiente forma:
(i) Defecto sustantivo, por desconocer la jerarquía normativa al dar prevalencia a una
interpretación de un estatuto universitario por sobre las reglas de firmeza de los
actos administrativos consagradas en el CPACA. Sostuvo que la Sección Quinta
justificó la posesión de la rectora basándose en una lectura aislada del reglamento
interno, ignorando que, según el artículo 87 del CPACA, el acto de designación no
estaba en firme al no haberse agotado el término para la interposición de recursos.
(ii) Defecto fáctico, por omitir la valoración de pruebas que demostraban la conexión
entre la fórmula ilegal de conteo de votos y la abstención estudiantil. Argumentó
que la Sección Quinta calificó este nexo causal como una especulación, y de ese
modo ignoró las declaraciones juramentadas de excandidatos y las constancias de
recolección de firmas que reposaban en el expediente y que acreditaban dicho
fenómeno.
(iii) Falta de motivación, porque la autoridad judicial accionada analizó el cargo por el
cómputo ilegal de votos bajo la causal genérica de «expedición irregular», en lugar
de la causal específica de «indebido cómputo de votos» que fue la invocada.
Explicó que este cambio fue determinante en el sentido de la decisión, pues la
primera causal exige que el vicio altere el resultado final, mientras que la segunda
se centra en la violación del sistema legal y constitucional, lo que habría permitido
un análisis más profundo del impacto sobre el principio democrático.
(iv) Violación directa de la Constitución, porque, al afirmar la Sección Quinta que «los
criterios generales de contexto, o principios constitucionales o los fines del Estado
no constituyen un criterio para afectar la legalidad de una designación». Para la
accionante, esta aseveración desconoce la supremacía de la Constitución (art. 4
C.P.) y la fuerza normativa de sus principios, que deben guiar toda interpretación
judicial.
De lo anterior, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la Veeduría
Ciudadana Procura UFPS en la acción de tutela, ya fueron objeto de análisis por parte
de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al resolver el recurso de apelación dentro
del proceso de nulidad electoral.
En efecto, en el presente asunto, la parte accionante reitera en sede de tutela los
mismos planteamientos que fueron expuestos en el recurso de apelación dentro del
proceso ordinario, en relación con la supuesta violación del CPACA por la posesión
de la rectora y la falta de sustancialidad del vicio derivado de la utilización de una
fórmula de conteo de votos ilegal. No obstante, en esta oportunidad, dichos
argumentos son presentados como presuntos defectos de la providencia judicial.
El 3 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado, al analizar el cargo
por la falta de firmeza del acto, concluyó que el alegato de la demandante carecía de
vocación de prosperidad. Se transcribe lo pertinente:
«La veeduría demandante expuso en su apelación que la señora Sandra Ortega
Sierra se posesionó al día siguiente de su elección, sin que el acto de designación
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adquiriera firmeza conforme a la Ley 1437 de 2011, artículo 87 porque el Acuerdo
47 de 2022 era susceptible del recurso de reposición.
El tribunal señaló en la sentencia de primera instancia que la normativa interna de
la UFPS no prevé que la firmeza de este acto esté supeditada a la notificación de
otro que resuelva las reclamaciones presentadas dentro del proceso electoral.
La veeduría demandante, al apelar insistió en que la señora Sandra Ortega Sierra
se posesionó el día siguiente a su elección, ignorando que el Acuerdo 47 de 2022
era susceptible del recurso de reposición y, por tanto, no había adquirido firmeza.
El Estatuto General de la UFPS contenido en el Acuerdo 48 de 2007, establece
en su artículo 29 lo siguiente:
El Rector de la Universidad Francisco de Paula Santander una vez designado por el
Consejo Superior Universitario tomará posesión del cargo ante el Gobernador del
Departamento Norte de Santander y demás miembros de dicho organismo.
En consecuencia, el acto de designación de la rectora de la UFPS no es
susceptible de recursos que condicionen su posesión, por el contrario, una vez
proferido surte sus efectos particulares y concretos para su destinataria, porque
se trata de un acto electoral que refleja la decisión tomada por el CSU de la UFPS
en la sesión extraordinaria del 22 de noviembre de 2022, según consta en el acta
15.
Además, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 del Estatuto Electoral, solo
es procedente interponer impugnaciones en contra de los resultados definitivos de
los escrutinios de la consulta universitaria, y si bien las que se presentaron fueron
resueltas en la misma reunión mediante el Acuerdo 46 de la misma fecha, la
notificación de este acto no impide que la designación surtiera sus efectos y la
señora Sandra Ortega Sierra se hubiera posesionado.
Por lo tanto, tampoco puede equipararse este acto electoral con los demás que
expide el CSU en ejercicio de sus funciones administrativas».
Asimismo, al examinar el cargo por el incorrecto cómputo de votos, la autoridad judicial
accionada, si bien reconoció la existencia de una irregularidad, determinó que esta no
era sustancial. Al respecto, señaló:
«Tal como lo concluyó el a quo, la fórmula ponderada por estamentos prevista en
el artículo 112 del Estatuto Electoral se utiliza exclusivamente para determinar el
cuórum reglamentario requerido para darle validez a la elección, el cual debe
superar el 50,01%, y no para escoger los candidatos definitivos que se
presentaran al CSU.
Para ello, se debe acudir a lo previsto en el parágrafo del artículo 115 del mismo
cuerpo normativo que es concordante con el literal b) del artículo 34 del Estatuto
General, esto es, que harán parte de esa lista final aquellos candidatos que hayan
obtenido al menos el veinte por ciento (20%) del total de los votos depositados en
las urnas, sin remitir a la aplicación de ninguna fórmula.
En ese orden, como el total de votos en la jornada del 28 y 29 de octubre de 2022
fue 10.374, el 20% equivale a 2.074,8, por lo tanto, el total de votos por aspirante
y aquellos que superaron ese porcentaje fue el siguiente:
(…)
15
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Por lo tanto, los señores Jhan Piero Rojas Suárez y Sandra Ortega Sierra fueron
quienes obtuvieron al menos el 20% del total de los votos, y son los mismos
candidatos que se presentaron ante el CSU para la designación del rector.
En ese orden de ideas no acompaña la razón a la impugnante cuando pide acudir
a valores superiores, inspirados en principios constitucionales y fines del Estado,
debido a que la expedición irregular por el desconocimiento de una formalidad o
procedimiento como causal de nulidad, debe ser sustancial y tener la capacidad
de alterar el resultado de la decisión definitiva, conforme a la jurisprudencia de la
corporación7 que, al respecto, ha dicho:
Este vicio se genera por afectación del elemento formal del acto administrativo, es
decir, se materializa si en su formación y expedición se desconocieron las formalidades
y el procedimiento que legamente se fijó para ello,37 pues este último constituye una
garantía tanto para la administración como para los asociados al evitar la existencia de
arbitrariedades en el trámite y permitir la materialización del debido proceso.
Sin embargo, no todo desconocimiento de una formalidad o procedimiento acarrea la
nulidad del acto administrativo; por el contrario, tal consecuencia solo se origina ante
la inobservancia de una formalidad sustancial,39 esto es, aquella que de omitirse tenga
la capacidad de generar una arbitrariedad o alterar la transparencia del trámite o es
determinante para la existencia del acto o para el resultado de la decisión definitiva.
Entonces, se descartan las que no inciden de manera transcendente en su contenido,
ya que se correría el riesgo de que el mínimo desconocimiento de una formalidad
genere la nulidad de la decisión, pese a su insignificancia o a que no se afectó el
derecho al debido proceso del asociado.
Para identificar si se está en presencia de una formalidad sustancial o accesoria, «el
operador jurídico debe preguntarse qué habría sucedido si se hubieran seguido las
formas dejadas de lado.»8
Los criterios generales de contexto, o principios constitucionales o los fines del
Estado no constituyen un criterio para afectar la legalidad de una designación
como la que aquí se acusa, pues es indispensable demostrar una irregularidad
sustancial que tenga incidencia en la decisión final, tal como habría ocurrido, a
título de ejemplo, si fuera de Jhan Piero Rojas Suárez y Sandra Ortega Sierra,
otros aspirantes hubieran alcanzado el 20% de los votos depositados en las urnas
y no hubieran integrado el listado definitivo, toda vez que ello desconocería el
artículo 115 del Estatuto Electoral.».
De modo que, la parte demandante pretende hacer uso de la acción constitucional
para reiterar los mismos argumentos que ya fueron decididos en el proceso de nulidad
electoral.
En esa medida, resulta claro que cada uno de los argumentos de inconformidad de la
parte actora fueron resueltos de fondo por el juez natural de la causa. A pesar de que
la accionante no esté de acuerdo con las conclusiones de la autoridad judicial
demandada, esta sustentó su decisión en las pruebas del expediente, las normas
aplicables y el precedente vigente.
Al respecto, frente a la falta de firmeza, la Sección Quinta explicó de manera razonada
por qué, a su juicio, el acto de designación era un acto electoral no sujeto a los mismos
requisitos de firmeza que un acto administrativo ordinario.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de septiembre de 2023, radicado 11001-03-25-000-2022-
00348-00 (2832-2022).
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de octubre de 2016, radicado 68001-23-31-000-2008-
00129-01 (4357-2013).
16
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De igual forma, respecto al cómputo de votos, si bien reconoció la irregularidad de la
fórmula, demostró matemáticamente que esta no fue sustancial al no haber alterado
el resultado final, concluyendo que, ante tal circunstancia, no había lugar a un análisis
contextual o de principios.
Asimismo, en gracia de discusión, se precisa que el reproche por falta de motivación
se limita exclusivamente al cargo relativo al cómputo de votos, frente al cual la actora
sostiene debió analizarse bajo la causal específica de cómputo indebido y no como
expedición irregular; no obstante, se encuentra que la providencia cuestionada sí se
pronunció de fondo sobre ese punto al explicar que, con independencia del rótulo, la
nulidad exige incidencia real en el resultado y que, conforme al umbral del 20% de los
votos depositados y al cálculo expuesto, los mismos candidatos superaban dicho
umbral, razón por la cual la irregularidad resultaba inocua y no se configura la ausencia
de motivación alegada.
Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia
dado que la acción de tutela se emplea como una instancia adicional para reabrir un
debate legal ya zanjado.
Sumado a lo anterior, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los casos en
que la tutela se dirige contra una sentencia proferida por una Alta Corporación, la Corte
Constitucional9 ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el sentido que
se constate la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención del juez constitucional.
En síntesis, en el presente caso la acción de tutela es improcedente, porque no cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, lo cual impide
hacer pronunciamiento de fondo en el caso objeto de estudio.
Por lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela que ejerció la veeduría accionante contra el Consejo
de Estado, Sección Quinta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de 11 de agosto de 2025, dictada por Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
9
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU 573 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03986-01
Demandante: Veeduría Ciudadana Procura UFPS
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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