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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02981-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02981-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Jorge Heriberto Moreno Granados contra el Consejo de Estado, Sección Quinta. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02981-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

24 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02981-00
Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C, veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02981-00
Demandante: JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas: Tutela contra providencia judicial, nulidad electoral por
conflicto de intereses. Falta de cumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Jorge Heriberto Moreno Granados,
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con lo establecido en el
artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de mayo de 2025, la parte accionante interpuso acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Quinta, por estimar vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

«De manera respetuosa solicito se me ampare mi derecho fundamental al debido proceso,
vulnerado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en su providencia del 3 de abril de
2025 dentro del radicado 54001-23-33-000-2023-00031-03 y en consecuencia se le
ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado que ponga en conocimiento de la Sala
Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, para que sea esta Sala la que
siente jurisprudencia de los asuntos peticionados en mi recurso de apelación entre ellos el
caso especial de la violación del régimen del conflicto de intereses en que incurrieron cinco
(5) miembros del Consejo Superior Universitario de la UFPS y la señora SANDRA
ORTEGA SIERRA, cuando los primeros la designaron rectora el 22 de noviembre del año
2022 mediante el acuerdo 047.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

De la designación como rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander
de Sandra Ortega Sierra

El 16 de junio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado dictó sentencia en la
que declaró la nulidad de la designación de Héctor Miguel Parra López como rector
de la Universidad Francisco de Paula Santander (en adelante UFPS) para el periodo
2021-2025, mediante sentencia del 16 de junio de 2022.

El 1 de agosto de 2022, el Consejo Superior Universitario (en adelante CSU) convocó
a consulta democrática para los días 21 y 22 de octubre de 2022, con el fin de definir
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Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados

los candidatos a rector y el 26 de octubre de 2022, el CSU reprogramó la jornada
electoral para los días 28 y 29 del mismo mes y año, mediante el Acuerdo 45 de 2022.

El 1 de noviembre de 2022, el Consejo Electoral Universitario, mediante el Boletín 31,
declaró válida la consulta democrática con una participación del 75.80 % del potencial
electoral, resultando como candidatos Sandra Ortega Sierra y Jhan Piero Rojas
Suárez.

Finalmente, el 22 de noviembre de 2022, el CSU de la UFPS designó a la señora
Sandra Ortega Sierra como rectora, para el periodo 2022-2026.

Del proceso de nulidad electoral presentado contra Sandra Ortega Sierra

El 23 y 26 de enero de 2023, la veeduría ciudadana PROCURA UFPS, y los
ciudadanos Jorge Heriberto Moreno Granados y Jonnathan Alexander Carrillo Prieto,
presentaron demandas de nulidad electoral contra Sandra Ortega Sierra, en calidad
de Rectora de la UFPS, a fin de que se declarara la nulidad del Acuerdo 47 del 22 de
noviembre de 2022, proferido por el CSU.

Las demandas fueron acumuladas mediante auto del 13 de abril de 2023, bajo el
radicado principal 54001-23-33-000-2023-00031-00, junto con los radicados 54001-
23-33-000-2023-00019-00 y 54001-23-33-000-2023-00030-00.

En lo pertinente al presente asunto, en el proceso de nulidad electoral con radicado
2023-00019-00, el señor Jorge Heriberto Moreno Granados fundamentó su
demanda en los siguientes argumentos:

(i) Desconocimiento de los numerales 1 y 6 del artículo 11 del CPACA y los
artículos 56 y 87 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario).

Sostuvo que 5 miembros1 del CSU estaban incursos en conflicto de intereses
al momento de la designación de Sandra Ortega Sierra, porque, desde el 5
de octubre de 2022, tenían conocimiento de una investigación disciplinaria
en su contra por parte de la Procuraduría Regional de Norte de Santander,
por la designación ilegal del anterior rector, Héctor Miguel Parra López.

Alegó que la Sandra Ortega Sierra, en su calidad de docente de carrera y
Secretaria General de la Universidad y del CSU para esa época, tenía el
deber de denunciar penal y disciplinariamente a dichos miembros del CSU
y, al no hacerlo, recayó sobre ellos un interés particular y directo en su
nombramiento como rectora, por un presunto «agradecimiento» en razón de
su conducta omisiva, lo que configuraría un conflicto de intereses y una
violación del artículo 11 del CPACA y del artículo 56 del Código General
Disciplinario.

Expresó que el gobernador Silvano Serrano Guerrero conocía el conflicto de
intereses de los cinco miembros del CSU y los candidatos a rector. Por lo
tanto, debió recusarlos, y al no hacerlo, el voto a favor de la señora Ortega
Sierra no tenía validez.

Señaló que, a partir de una prueba de oficio decretada por la magistrada del
Tribunal Administrativo del Norte de Santander María Josefina Ibarra, se
estableció que el consejero Luis Eduardo Trujillo Toscano debió declararse
impedido, pues el exrector Jhan Piero Rojas Suárez (quien también aspiraba

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Luis Eduardo Trujillo Toscano, Érika Alejandra Maldonado Estévez, Pedro Avilio Ontiveros Gil, César Augusto Luna Anaya y
José Leonardo Sánchez Quintero
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a la rectoría) lo había nombrado vicerrector de Bienestar Universitario, lo que
constituía una causal de impedimento, según el numeral 15 del artículo 11
de la Ley 1437 de 2011.

(ii) Expresó que el 28 de noviembre de 2022, solicitó a la secretaria general de
la UFPS el acta y la grabación de la reunión del Consejo Superior del 22 de
noviembre de 2022, en la cual se designó a Sandra Ortega como rectora. Sin
embargo, esos documentos fueron entregados solo después de interponer
una acción de tutela, lo que le impidió presentar oportunamente un cargo de
nulidad en la demanda principal.

Con fundamento en ello, alegó que el consejero Pedro Avilio Ontiveros debió
declararse impedido conforme con el numeral 8 del artículo 11 de la Ley 1437
de 2011, por haber manifestado públicamente su «voto cariñoso» a favor de
la señora Sandra Ortega Sierra.

(iii) Afirmó que la designación de la señora Sandra Ortega Sierra es ilegal debido
a que se violaron los numerales 1 y 2 del artículo 56 de la Ley 1952 de 2019,
que sancionan la actuación u omisión a pesar de la existencia de causales
de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, y el nombramiento
de personas a sabiendas de que concurrían dichas causales.

Según el accionante, existía un conflicto de intereses público, incluso
denunciado por un periodista en Twitter (ahora X), entre los cinco miembros
del CSU que votaron por Sandra Ortega y ella misma, debido a la omisión
de denuncia de los presuntos delitos de prevaricato por parte de los
consejeros.

(iv) Solicitó inaplicar el «acta de posesión de la demandada como rectora» y el
«boletín 31 del 1° de noviembre de 2022», así como el «acta 33 del 1° de
noviembre de 2022» y la «comunicación del presidente y de la secretaria del
Consejo Electoral de la UFPS del 16 de noviembre de 2022», por considerar
que desconocieron el artículo 115 del Estatuto Electoral interno.

Por su parte, el demandante Jonnathan Alexander Carrillo Prieto solicitó la nulidad
del Acuerdo 47 de 2022 con fundamento en que se desconoció lo previsto en el
artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, debido a que la rectora Sandra Ortega Sierra se
posesionó sin que el acto de designación estuviera en firme. También alegó indebida
comunicación del Acuerdo 45 de 2022; falta de publicación del censo electoral;
restricción de derechos políticos de estudiantes de posgrado y a distancia, al no
habilitar votación virtual ni mesas; constreñimiento al elector por la presencia del
exrector Héctor Miguel Parra López y; financiación indebida de la campaña por gastos
excesivos no reportados.

De igual forma, la Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS argumentó la irregularidad
del acto administrativo que convocaba a la consulta (Acuerdo 45 de 2022) por no
haber transcurrido el tiempo suficiente para la oponibilidad y por no haberse publicado
el listado de cédulas habilitadas con la debida antelación. Además, señaló un cómputo
de votos contrarió el sistema establecido, al utilizar la fórmula de ponderación del
artículo 112 del Estatuto Electoral para la conformación de la lista de candidatos,
cuando esta solo debe usarse para el cálculo del cuórum y, en su lugar, debió
aplicarse el criterio del 20 % del total de votos depositados en las urnas previsto en el
parágrafo del artículo 115 del Estatuto Electoral.

El 22 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las
pretensiones de la demanda. Para ello, abordó el estudio de los cargos presentados,
del siguiente modo:
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(i) Respecto al cargo por el cual se alegó que el Acuerdo 045 de 2022, que reprogramó
la jornada de votación, no pudo ser objeto de recurso de reposición: consideró que
no se dirigía contra el acto administrativo demandado (Acuerdo 047 de 2022) sino
contra el Acuerdo 045 de 2022, el cual es un acto de trámite, por lo que no era
susceptible de control judicial.

En cuanto a la falta de publicación del listado de cédulas habilitadas para votar con
la debida antelación determinó que el artículo 36 del Acuerdo 013 de 1995 no era
aplicable al caso, ya que se refiere a la elección de representantes estudiantiles.

Sin embargo, al analizar el artículo 107 del mismo estatuto, encontró probado que la
lista de sufragantes sí fue publicada en la página web de la universidad, lo cual se
cumplió con la antelación requerida y sin que se presentaran reclamaciones sobre
dificultades de acceso o participación. Además, la suspensión de las elecciones por
orden judicial no invalidó las etapas previas del proceso.

(ii) Respecto al conflicto de intereses de miembros del CSU y la omisión de denuncia
de la demandada: explicó que las causales de conflicto de interés son de
interpretación restrictiva y no pueden basarse en apreciaciones subjetivas, de modo
que, para que se configure el conflicto de interés, debía probarse un beneficio
particular o concreto en favor del servidor o un tercero y en perjuicio de la función
pública.

Por ello, consideró que el «presunto agradecimiento» se basaba en «sentimientos propios
de la esfera individual» de los involucrados, lo cual no es materialmente demostrable y
carece de objetividad para configurar el conflicto de intereses. Además, consideró
que no se demostró de manera objetiva el beneficio mutuo o la intención de
favorecimiento.

Aunado a lo anterior, indicó que el deber de denuncia de un servidor público está
sujeto a su apreciación de sí una conducta constituye un delito, pues cuenta con un
«amplio espectro de subjetividad». De ahí que, hasta tanto no exista una sentencia
penal en firme o un fallo disciplinario que demuestre la comisión de un delito o una
falta disciplinaria, los hechos estaban sujetos al criterio e interpretación del servidor
público.

Afirmó que en el expediente no se probó la existencia de una sentencia penal en
firme o fallo disciplinario que demostrara la comisión de un delito o una falta
disciplinaria por parte de los miembros del CSU. Por el contrario, citó un auto de la
Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander que declaró infundada
la recusación presentada contra los miembros del CSU, en el sentido de señalar que
la existencia de una investigación disciplinaria no constituye una causal de
impedimento para que los miembros del CSU se sustraigan de sus funciones.

(iii) Respecto a la falta de firmeza del Acuerdo 047 de 2022, previo a la posesión de la
demandada: explicó que, aunque la posesión ocurrió antes de que las
impugnaciones fueran resueltas, la norma interna de la UFPS (Acuerdo 013 de 1995,
artículos 124 y 125) no supedita la firmeza del acto de designación a la notificación
de la resolución de las impugnaciones.

(iv) Anotó que, a pesar de que se utilizó de forma incorrecta la fórmula ponderada del
artículo 112 del Estatuto Electoral, esa irregularidad no tuvo la capacidad de alterar
el resultado definitivo, pues incluso al aplicar la interpretación de los demandantes,
los únicos candidatos que alcanzaron el porcentaje fueron Sandra Ortega Sierra y
Jhan Piero Rojas Suárez, esto es, los mismos que integraron la lista presentada al
CSU.

(v) Señaló que no se presentaron las pruebas suficientes para acreditar que existió
violencia contra los electores: respecto a la presencia del exrector, dijo que se le
permitió su participación como testigo electoral según el artículo 12 del Acuerdo 013
de 1995.

(vi) Anotó que estaba probado que la universidad habilitó una mesa especial para
estudiantes no incluidos en el censo y que no se aportaron pruebas específicas de
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afectación al derecho de participación. En cuanto a la votación virtual, se consideró
una propuesta de mejoramiento y no una norma cuya violación generara nulidad.

(vii) Frente a la falta de topes electorales y la ausencia de informes de gastos, dijo que
el cargo de rector no se provee por elección popular, sino por designación del
Consejo Superior, por lo que las reglas sobre financiación de campañas no eran
aplicables.

(viii) En lo relacionado con que no se resolvieron las impugnaciones presentadas contra
el Acuerdo 047 de 2022, explicó que dicho acuerdo solo designó a la rectora y que,
en todo caso, las impugnaciones fueron resueltas por el Acuerdo 046 de 2022, acto
que no fue objeto de demanda.

Esa decisión fue apelada por los demandantes.

En lo concerniente al presente asunto, el señor Moreno Granados sustentó el recurso
de apelación en los siguientes argumentos:

(i) Cuestionó que el Tribunal hubiese reducido la controversia a un presunto
«agradecimiento» o a «sentimientos propios de la esfera individual», sin realizar
un análisis sustancial de los elementos objetivos y subjetivos del conflicto de
intereses expuestos tanto en la demanda como en su reforma.

Reiteró que la omisión de Sandra Ortega Sierra de denunciar penalmente a
5 miembros del CSU, pese a estar obligada a hacerlo conforme con el
artículo 67 de la Ley 906 de 2004, generó un interés directo en su
nombramiento. A su juicio, esta omisión constituyó una garantía de no
denuncia que viabilizó el voto favorable de dichos consejeros, lo cual
estructuraba un conflicto de intereses que debió inhabilitarlo, pues conforme
con el numeral 6 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Además, anotó que la falta de denuncia desnaturalizó el proceso de
designación, al permitir que los posibles denunciados intervinieran en su
elección, lo que vulneró el régimen de impedimentos del artículo 11 del
CPACA.

(ii) Señaló que el Tribunal no valoró la Resolución 0806 del 18 de junio de 2018,
por medio de la cual el entonces rector Jhan Piero Rojas Suárez designó a
Luis Eduardo Trujillo como Vicerrector de Bienestar Universitario.

Al respecto, explicó que esa omisión resultaba relevante, porque dicho
funcionario, quien votó en la elección de Ortega Sierra, debió haberse
declarado impedido al tenor del numeral 15 del artículo 11 del CPACA, por
haber sido nombrado previamente por uno de los candidatos a rector.

(iii) Reprochó que la sentencia hubiese invocado la autonomía universitaria para
validar el nombramiento de la demandada, sin considerar que dicho principio
no es absoluto ni puede estar por encima del ordenamiento jurídico. Señaló
que el Tribunal omitió analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado, que limita dicho principio en los casos en que se
vulnera el marco legal.

(iv) Solicitó la inaplicación de varios actos administrativos, entre ellos: el acta de
posesión núm. 11950 del 23 de noviembre de 2022, al no haberse
presentado el acta aprobada de la reunión del CSU que designó a Ortega
Sierra, lo cual infringiría el artículo 33 del Decreto 19 de 2012; el boletín núm.
31 del 1 de noviembre de 2022; el acta núm. 33 de la misma fecha, y la
comunicación del 16 de noviembre de 2022, con radicado 1100.01.21.8120.

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Afirmó que la forma en que se conformó la lista de elegibles para el cargo de
rector vulneró el parágrafo del artículo 115 del Estatuto Electoral de la UFPS
(Acuerdo 13 de 1995), al aplicar de manera indebida el artículo 112 de dicho
estatuto, lo cual favoreció a unos candidatos en detrimento de otros y
contrarió el principio de imparcialidad.

(v) Por otro lado, pidió que el asunto fuera asumido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en virtud del artículo 271
del CPACA, al considerar que el caso reviste importancia jurídica y
trascendencia social.

Argumentó que resulta necesario sentar jurisprudencia sobre el régimen de
conflicto de intereses en los procesos de designación de autoridades
universitarias, dada la ambigüedad con que este ha sido interpretado en las
instancias inferiores.

El 3 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia
de segunda instancia, en la que resolvió confirmar la decisión inicial. En lo relacionado
con el presente asunto, expresó lo siguiente:

(i) En cuanto a la solicitud para que se dicte sentencia de unificación por parte
de la Sala Plena del Consejo de Estado: afirmó que la Sección Quinta era la
competente para resolver esa petición, pues la facultad de dictar sentencias
o autos de unificación no es exclusiva de la Sala Plena, sino que las
secciones también pueden hacerlo cuando los asuntos provengan de
tribunales administrativos o subsecciones.

Al respecto, citó el Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de
2024, que, en el numeral 2 del artículo 14, establece la competencia de cada
Sección del Consejo de Estado, según su especialidad, para dictar
sentencias de unificación por razones de importancia jurídica, trascendencia
económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, en relación con
asuntos provenientes de subsecciones o tribunales administrativos.

Además, resaltó que la Sala Plena ha reconocido el criterio de especialidad,
que implica que los asuntos propios de cada sección sean fallados por estas
y que la Sección Quinta es especializada en materia electoral. Citó varias
sentencias de unificación de otras secciones que ejemplifican dicha facultad.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la petición del señor Moreno
Granados de «sentar jurisprudencia» no prosperaba, pues los argumentos
aludían a cargos de nulidad y aspectos probatorios que estaban en discusión
en el proceso y afectaban una situación particular, sin trascender a áreas
transversales ni requerir de una sentencia de unificación por su importancia
jurídica.

(ii) En lo relacionado con exhortar al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander por el presunto incumplimiento del término para fallar los procesos
de nulidad electoral, consideró que no se advertía mora judicial injustificada,
dado que el proceso involucró tres demandas acumuladas, lo que conllevó
mayor complejidad en su trámite. Además, que se presentaron varias
solicitudes, como coadyuvancias, recursos de reposición y apelación,
resolución de recusaciones e impedimentos, aplazamientos de audiencia y
requerimientos de información, lo que justificó el tiempo transcurrido para la
decisión definitiva.

(iii) En lo atinente al presunto conflicto de intereses de los miembros del CSU,
recordó que el interés que configura el conflicto debe ser directo, particular y

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actual, y que el régimen de conflicto de interés busca evitar que el servidor
público obtenga provecho personal a costa del interés general.

Sin embargo, concluyó que el cargo no pasaba de ser una simple afirmación
sin soporte probatorio, pues los únicos hechos probados eran la anulación
de la designación del anterior rector; la participación de 5 consejeros en
ambas elecciones, y la interposición de quejas disciplinarias y denuncias
penales por parte del accionante contra algunos integrantes del CSU.

Sobre el particular, sostuvo que la nulidad de la designación del anterior
rector no conllevaba por sí misma la configuración de faltas penales o
disciplinarias, las cuales requieren el pronunciamiento de las autoridades
competentes.

Además, explicó que la presentación de quejas o denuncias por parte del
accionante no implicaba que la demandada debiera hacer lo mismo y que su
omisión no configura un conflicto de interés si no se demostraba un
favorecimiento propio o a terceros.

En ese contexto, consideró que no se demostró un interés directo, cierto,
actual y en beneficio propio o de terceros que fuera contrario a la finalidad
de la función electoral.

La decisión contó con una aclaración de voto, en el sentido de indicar que la petición
de que fuera la Sala Plena del Consejo de Estado la que profiriera sentencia de
unificación no debió ser negada, sino rechazada ante la inobservancia del requisito de
la carga argumentativa. Al tiempo que, puso de presente que no le corresponde al juez
de segunda instancia valorar los tiempos que le tomó al tribunal de primera instancia
adoptar la decisión recurrida.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte accionante actora argumentó que la Sección Quinta del Consejo de Estado
incurrió en el defecto por violación directa de la Constitución y violación del
derecho al debido proceso, del siguiente modo:

De un lado, afirmó que la Sala Plena debió pronunciarse porque el conflicto de
intereses en este caso implicaba afectación directa a los principios de moralidad,
imparcialidad y legalidad de la función pública, y debía analizarse a fondo, tanto en su
dimensión objetiva como subjetiva.

Destacó que el acceso tardío a pruebas relevantes (acta y la grabación de la sesión
del 22 de noviembre de 2022 en la que fue designada la rectora Sandra Ortega Sierra)
afectó su derecho de defensa, al impedirle formular cargos adicionales en su demanda
inicial. Sostuvo que, de haberse tenido acceso oportuno a ese material probatorio,
habría podido sustentar con mayor fuerza sus alegaciones sobre violación al régimen
de impedimentos. Por ello, consideró que este aspecto también debía ser valorado
por la Sala Plena como un tema de importancia jurídica.

Manifestó que la autoridad judicial demandada, en el numeral 113 de su sentencia,
determinó que «no se advierte mora judicial injustificada» en el trámite de primera
instancia, lo cual calificó como una afirmación «prevaricadora», pues, a su juicio, no
solicitó a la Sección Quinta que determinara si hubo mora judicial, sino que pidió un
«exhorto» dirigido al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que cumpliera
con los términos del artículo 264 de la Constitución Política.

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Reprochó que la Sección Quinta omitió el estudio a fondo de los aspectos subjetivos
y objetivos del conflicto de intereses. Al respecto, dijo que un análisis adecuado de las
pruebas allegadas con la demanda y su reforma, demostraban el beneficio directo de
los miembros del CSU al no ser denunciados penal y disciplinariamente por la señora
Sandra Ortega Sierra y su consiguiente interés en designarla como rectora.

En general, insistió en que la omisión en poner en conocimiento de la Fiscalía y la
Procuraduría los hechos y las conductas de los miembros del CSU de la UFPS, que
el día 25 de junio de 2021 designaron ilegalmente rector de la UFPS, desconoció la
ley y las normas internas de la UFPS, con lo cual la señora Sandra Ortega Sierra,
transgredió el artículo 417 del Código Penal. Con fundamento en lo cual insistió en los
elementos objetivo y subjetivo de la conducta «conflicto de intereses».

Reiteró que este beneficio implicó que tanto la señora Ortega Sierra como los
consejeros del CSU antepusieran su interés particular al interés general de la función
pública, en desconocimiento del artículo 209 de la Constitución Política.

Argumentó que la sentencia no realizó un estudio detallado y crítico de todas las
pruebas, con lo cual incurrió en violación de los artículos 164 y 187 del CPACA.

Aunado a lo anterior, alegó que la Sección Quinta no sentó jurisprudencia sobre el
impedimento del consejero Pedro Avilio Ontiveros, quien manifestó públicamente su
«voto cariñoso» a favor de Sandra Ortega Sierra, lo que, a su juicio, demostraba la
existencia de una «amistad entrañable» entre ellos y, en consecuencia, la violación del
numeral 8 del artículo 11 del CPACA.

También reclamó la falta de estudio sobre el impedimento del consejero Luis Eduardo
Trujillo Toscano, quien fue nombrado vicerrector de Bienestar Universitario por el
exrector Jhan Piero Rojas Suárez (quien también era candidato). Según el
demandante, esto configuraba un impedimento conforme con el numeral 15 del
artículo 11 del CPACA.

De otro lado, alegó que la competencia para determinar si hubo mora judicial recae
exclusivamente en el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, al ser un asunto que
puede generar una falta disciplinaria.

En este sentido, informó que interpuso una denuncia disciplinaria por mora judicial
ante dicha entidad contra los miembros de la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo del Norte de Santander y que el Consejo Nacional de Disciplina Judicial
realizó apertura de investigación.

Finalmente, cuestionó que la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud
presentada para que su recurso de apelación fuera resuelto por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con el fin de «sentar jurisprudencia»
sobre los asuntos planteados en su apelación, conforme al artículo 271 del CPACA.

Sostuvo que la Sección Quinta se arrogó una competencia que le corresponde
exclusivamente a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que es la única que
puede decidir, mediante auto, si avoca o no el conocimiento de un asunto para sentar
jurisprudencia. Enfatizó que no solicitó «unificar jurisprudencia», sino «sentar
jurisprudencia» ante la ausencia de casos similares sobre la violación del régimen de
conflicto de intereses por omisión de denuncia. A su juicio, incurrió en «prevaricato al
arrogarse y/o atribuirse funciones propias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02981-00
Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados

Asimismo, afirmó que la «violación al régimen del conflicto de intereses» no es un asunto
propio de la competencia de la Sección Quinta, sino de las Salas de Decisión de
Pérdida de Investidura del Consejo de Estado en primera instancia y de la Sala Plena
Contencioso Administrativa, en segunda instancia, cuando se trata de congresistas.
También mencionó que otras secciones del Consejo de Estado conocen de este tipo
de violaciones cuando se refieren a concejales y diputados.

4. Trámite previo

El 23 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al demandante y a la autoridad judicial accionada. Adicionalmente, a Sandra
Ortega Sierra, rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander, Jonnathan
Alexander Carrillo Prieto, Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS, Universidad
Francisco de Paula Santander (UFPS) y al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, como terceros con interés.

5. Oposiciones

La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó que se nieguen las pretensiones
de la acción de tutela, porque no vulneró los derechos fundamentales del accionante.

En relación con la competencia para decidir la solicitud de sentar jurisprudencia,
advirtió que, en la sentencia explicó de manera razonada por qué, en aplicación del
criterio de especialidad, esa Sección era competente para resolver la solicitud del
señor Jorge Heriberto Moreno Granados de sentar jurisprudencia.

Al respecto, resaltó que la decisión se fundamentó en que los cargos de nulidad y los
aspectos probatorios en discusión eran propios de la Sección Quinta y afectaban una
situación particular, sin trascender a áreas transversales ni revestir la importancia
jurídica necesaria para sentar jurisprudencia sobre ellos. Por lo tanto, afirmó que no
se desconoció el debido proceso del recurrente, porque, aunque su solicitud fue
negada, los puntos que la fundamentaban fueron debidamente resueltos al decidir la
apelación.

En cuanto a la manera en que resolvió la solicitud de exhortar al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, explicó que la mayoría de la Sala revisó las
actuaciones de primera instancia y concluyó que no se advirtió mora judicial
injustificada en el asunto, por lo que no ameritaba exhortar al tribunal en los términos
pretendidos. No obstante, indicó que esa decisión no puede llevar a la configuración
de una conducta penal, como lo calificó el accionante, ya que la Sección actuó en el
marco de sus competencias al resolver todos los reparos planteados en el recurso de
apelación.

6. Terceros con interés

La Veeduría Ciudadana Procura UFPS coadyuvó la solicitud de amparo y pidió que
se accediera a las pretensiones de amparo solicitadas por el accionante.

Afirmó que, en este caso, existen fundamentos objetivos que permiten sostener la
configuración de defectos por violación directa de la Constitución, defectos
procedimentales y por desconocimiento del precedente judicial.

Señaló que la sentencia cuestionada desestimó argumentos claros presentados por
el demandante referentes a la existencia de vicios sustanciales en la designación de
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02981-00
Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados

la rectora de la UFPS, Sandra Ortega Sierra, debido a un conflicto de intereses, que
surgía de la omisión de la rectora, en su rol de entonces secretaria, de denunciar a los
miembros del CSU, que presuntamente incurrieron en prevaricato al designar y
nombrar a un rector que sobrepasaba la edad de retiro forzoso.

Expuso que la autoridad judicial accionada incurrió en «defecto fáctico» y falta de
motivación al no realizar un estudio de fondo sobre los conflictos de intereses y los
efectos de la omisión de denuncia por parte de la rectora. A su juicio, esa omisión, no
solo vulnera el deber legal de denunciar hechos que puedan constituir delito, sino que
también afecta la transparencia de los procesos de elección pública y el derecho a la
moralidad administrativa.

Resaltó que 5 de los mismos miembros del CSU fueron quienes posteriormente
designarían a la rectora Ortega Sierra, tras la anulación de la elección del señor Héctor
Parra. Por lo tanto, afirmó que el juez tenía el deber de abordar este punto al constituir
un argumento sólido y con pruebas, pero optó por negar su estudio de fondo, con lo
que aduce incurrió «en defecto fáctico».

Además, hizo referencia a la sentencia SU-912 de 2009 que sostiene que el conflicto
de intereses es una figura de raigambre constitucional cuya omisión compromete la
legalidad de los actos y la moralidad administrativos.

Señaló que el Consejo de Estado no analizó el conflicto de interés desde una
perspectiva subjetiva, sino que se limitó a una visión objetiva de los conflictos de
interés, con lo que redujo el margen de análisis y configuró un «defecto por falta de
motivación y desconocimiento del precedente».

Finalmente, resaltó que la Sección Quinta no dio trámite a la petición de que la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo decidiera el asunto, con base en un error
conceptual, pues se solicitó «sentar jurisprudencia» y no que se profiriera decisión de
unificación, lo constituye un defecto procedimental.

Sobre el particular, advirtió que el objetivo era acudir a esta figura porque se constató
la inexistencia de jurisprudencia sobre un conflicto de interés derivado del
incumplimiento del deber de denuncia de servidores públicos.

La Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) solicitó el rechazo o,
subsidiariamente, se declare la improcedencia de la acción de tutela por considerar
que no cumple con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
porque el accionante no cumplió la carga argumentativa para acreditarlo y se limitó a
indicar que las demandas de nulidad electoral son de relevancia constitucional.

Expresó que el accionante pretende reabrir un debate ya surtido en el proceso de
nulidad electoral y utiliza la tutela como una tercera instancia para controvertir lo
decidido por la autoridad judicial competente.

La señora Sandra Ortega Sierra, por conducto de apoderado judicial, pidió que se
rechace por improcedente la acción de tutela, porque no cumple con los requisitos de
procedencia de tutela contra providencia judicial.

Anotó que el accionante pretende reabrir el debate que se surtió en el proceso de
nulidad electoral, utiliza la acción de tutela como una instancia adicional, pues el
accionante se limitó a repetir su interpretación del conflicto de intereses y del delito de
prevaricato.
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Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander remitió el expediente que
contiene la acción de nulidad electoral.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.

Cuestión previa

En el presente caso, se advierte que la Veeduría Ciudadana PROCURA UFPS, en
calidad de tercero interesado dentro del trámite de tutela, manifestó su coadyuvancia
a las pretensiones del accionante y afirmó que la providencia cuestionada incurrió en
defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial, esto es, requisitos
específicos de procedibilidad distintos a los alegados por el accionante.

2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados

No obstante, la Sala observa que los argumentos esgrimidos por la veeduría para
justificar dichos defectos coinciden con las razones planteadas por el accionante, a
pesar de invocar una denominación distinta.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el contenido y la finalidad de los argumentos
expuestos por la veeduría resultan convergentes con los planteados por el accionante,
se incorporarán al análisis de los defectos invocados por el señor Moreno Granados
y, en esos términos se admitirá la coadyuvancia.

Problema jurídico y solución

Corresponde determinar si la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
del señor Jorge Heriberto Moreno Granados, al proferir la sentencia de 3 de abril de
2025, que confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad electoral formuladas contra los actos administrativos que
designaron como rectora de la UFPS a la señora Sandra Ortega Sierra.

En particular, el accionante aduce la configuración del defecto por violación directa de
la Constitución, porque la autoridad judicial demandada: 1). omitió un análisis
adecuado del conflicto de intereses en que presuntamente incurrieron 5 miembros del
CSU al designar a la señora Ortega Sierra, pese a su omisión de denunciar hechos
que podrían constituir faltas disciplinarias o delitos; 2). incurrió en una actuación
«prevaricadora» al pronunciarse sobre la supuesta mora judicial del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, excediendo su competencia y, 3). negó de
forma indebida su solicitud de remitir el asunto a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que esta última «sentara jurisprudencia» sobre la materia.

La Sala anticipa que, en el presente caso, declarará la falta de relevancia
constitucional:

1) Respecto del primer cargo, relacionado con el conflicto de intereses, porque este
aspecto fue objeto de análisis expreso y razonado en ambas instancias del proceso
ordinario, lo cual impide que el mecanismo constitucional se utilice como una tercera
instancia para reabrir el debate jurídico ya resuelto.

2) En cuanto a los cargos relacionados con la actitud «prevaricadora» de la autoridad
judicial al pronunciarse sobre la mora judicial en primera instancia, se encuentra que
no cumple con el requisito de carga mínima argumentativa;

3) Lo mismo ocurre frente al argumento relacionado con la omisión de la Sección
Quinta de remitir el asunto a la Sala Plena del Consejo de Estado para que sentara
jurisprudencia, pues no se expusieron las razones por las cuales existió una presunta
vulneración de los derechos fundamentales.

Para resolver este asunto, la Sala abordará los siguientes temas: (i) relevancia
constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales y su análisis en el caso concreto; (ii) improcedencia de
la acción de tutela por emplearla como instancia adicional e, (iii) improcedencia de la
acción de tutela por falta de carga mínima argumentativa.

(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.

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Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

(ii) improcedencia de la acción de tutela por emplearla como instancia adicional
en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional en lo que respecta a los argumentos atinentes a la supuesta omisión en
el estudio del conflicto de intereses de los miembros del CSU que designaron a la
señora Sandra Ortega Sierra como rectora de la UFPS, por cuanto, se emplea el
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Ibidem.
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presente mecanismo como una instancia adicional del proceso ordinario de nulidad
electoral.

En efecto, en el presente asunto, la parte accionante reitera en sede de tutela los
mismos planteamientos que fueron expuestos tanto en la demanda como en el recurso
de apelación dentro del proceso ordinario de nulidad electoral, en relación con la
existencia de un conflicto de intereses derivado de la presunta omisión de denuncia
por parte de la rectora designada y la participación en la votación de consejeros que,
a juicio del actor, debieron haberse declarado impedidos.

No obstante, en esta oportunidad, dichos argumentos son reforzados con la alegación
de una supuesta falta de análisis de los elementos subjetivos del conflicto, sin que ello
modifique sustancialmente el núcleo del debate ya resuelto por las autoridades
judiciales competentes, como se expone:

El señor Jorge Heriberto Moreno Granados interpuso demanda de nulidad electoral
contra el Acuerdo 047 del 22 de noviembre de 2022, emitido por el CSU de la UFPS,
mediante el cual se designó a la señora Sandra Ortega Sierra como rectora para el
periodo 2022-2026.

En su demanda y en relación con el presente asunto, el accionante fundamentó sus
pretensiones en la supuesta existencia de un conflicto de intereses que, a su juicio,
vició la legalidad del acto de designación, pues 5 miembros del CSU participaron en
la elección de la señora Ortega Sierra a pesar de que tenían conocimiento de una
investigación disciplinaria en su contra por la designación ilegal del anterior rector,
Héctor Miguel Parra López, y la señora Sandra Ortega Sierra, en su calidad de
docente y Secretaria General de la Universidad para la época, omitió su deber legal
de denunciar tales hechos ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría
General de la Nación.

De modo que, a su juicio, se generó un beneficio recíproco o una «garantía» de no ser
denunciados, lo que desnaturalizó el proceso de elección y configuró un interés
particular que prevaleció sobre el interés general.

Además, señaló que el consejero Pedro Avilio Ontiveros debió declararse impedido,
de conformidad con el numeral 8 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, por manifestar
públicamente su «voto cariñoso» a favor de la señora Sandra Ortega Sierra.

De igual forma, alegó que el miembro del CSU Luis Eduardo Trujillo Toscano debió
declararse impedido porque el exrector Jhan Piero Rojas Suárez (quien también
aspiró a la rectoría con la demandada) lo nombró vicerrector de Bienestar
Universitario.

Asimismo, el demandante cuestionó la legalidad de la conformación de la lista de
candidatos y planteó impedimentos específicos frente a algunos consejeros. Sostuvo
que, al no haberse denunciado las presuntas conductas punibles y disciplinarias, los
miembros del CSU que votaron por la señora Ortega Sierra estaban en causal de
impedimento conforme al numeral 6 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, lo que
invalidaba su participación y, por ende, la elección.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 22 de mayo
de 2024, negó las pretensiones de la demanda. En lo relacionado con los cargos
expuestos por el señor Moreno Granados, expreso que la configuración de conflictos

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de interés y la violación de regímenes de incompatibilidades e inhabilidades son de
interpretación restrictiva, sin lugar a subjetividades.

Por ello, Concluyó que no se demostró objetivamente un beneficio mutuo entre los
miembros del CSU y la señora Sandra Ortega Sierra, ya que el accionante solo aludió
a «sentimientos propios de la esfera individual».

Respecto a la omisión de denuncia por parte de la señora Sandra Ortega Sierra, el
Tribunal señaló que, si bien es deber de todo servidor público denunciar delitos o
faltas, este deber tiene un «amplio espectro de subjetividad». Además, resaltó que no
se probó la existencia de una sentencia penal en firme o un fallo disciplinario que
demostrara la comisión de un delito o falta disciplinaria por parte de los miembros del
CSU.

De igual forma, citó un auto de la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de
Santander que declaró infundada una recusación contra los miembros del CSU, con
el fin de indicar que una investigación disciplinaria no constituyó una causal de
impedimento para que los miembros del CSU cumplan sus funciones.

Esa sentencia fue objeto de apelación por la parte demandante, con fundamento en
los siguientes argumentos:

(i) Reprochó que la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
en los folios 67 y 68 de su sentencia, haya concluido que no se demostró un beneficio
mutuo entre los miembros del CSU y la señora Sandra Ortega Sierra, y que la
acusación se limitó a «sentimientos propios de la esfera individual» o «subjetividades» sin
soporte probatorio.

Afirmó que el Tribunal erró al no valorar adecuadamente los elementos subjetivos y
objetivos del conflicto de intereses que se habían demostrado en el proceso, pues
de las pruebas podía concluirse que existía un interés de orden personal y moral por
parte de los miembros del CSU que votaron por Sandra Ortega Sierra, que radicaba
en que, al no denunciarlos penal y disciplinariamente, la señora Ortega Sierra los
«liberó» de declararse impedidos conforme al numeral 6 del artículo 11 de la Ley 1437
de 2011.

Consideró que esta omisión por parte de la señora Ortega Sierra y la aceptación de
los votos de los consejeros constituía un beneficio directo de «orden moral» que la
favorecía, violando el artículo 209 de la Constitución Política al poner el interés
personal por encima del interés general de la función pública.

Insistió en que no se trataba solo de un agradecimiento, sino de una garantía de no
ser denunciados, lo cual hasta esa fecha no había ocurrido.

(ii) Sostuvo que existió error en la interpretación del deber de denuncia y su relación
con la causal de impedimento, pues no es cierto que exista un «amplio espectro de
subjetividad», pues la señora Ortega Sierra, como servidora pública y secretaria del
CSU, tenía el deber legal de denunciar la presunta conducta de prevaricato por
acción de los miembros del CSU que designaron ilegalmente a Héctor Miguel Parra
López como rector el 25 de junio de 2021, de conformidad con el artículo 67 de la
Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).

De modo que, al omitir dicho deber, la señora Ortega Sierra permitió que los 5
miembros del CSU la designaran como rectora, pues de haber sido denunciados,
estarían incursos en la causal de impedimento del numeral 6 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011.

Subrayó que la ausencia de sentencia penal o fallo disciplinario en firme no exime
del deber de denunciar y que el Tribunal erró al no referirse a la existencia del auto
de apertura de investigación disciplinaria y la denuncia penal que él mismo había
presentado contra los miembros del CSU.
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(iii) Alegó que el Tribunal omitió valorar la prueba de la grabación de la reunión del CSU
del 22 de noviembre de 2022, donde el consejero Pedro Avilio Ontiveros manifestó
públicamente su «voto cariñoso» a favor de Sandra Ortega Sierra.

Sostuvo que esta manifestación de «entrañable amistad» era causal de impedimento
según el numeral 8 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, y que al no declararse
impedido, el consejero violó el régimen de impedimentos, lo cual es una razón
adicional para anular la designación de la rectora.

(iv) Anotó que el juez de primera instancia omitió valorar la resolución 0806 del 18 de
junio de 2018, expedida por el entonces rector Jhan Piero Rojas Suárez, que nombró
a Luis Eduardo Trujillo Toscano como vicerrector de Bienestar Universitario.

Afirmó que esta prueba era pertinente, conducente y útil para demostrar que Trujillo
Toscano, como miembro del CSU, debió declararse impedido de votar por Sandra
Ortega Sierra (y por Jhan Piero Rojas, quien también era candidato) en la
designación de rector el 22 de noviembre de 2022. Explicó que dicha causal de
impedimento se encontraba en el numeral 15 del artículo 11 del CPACA.

(v) Solicitó que la Sección Quinta o la Sala Plena del Consejo de Estado exhortaran al
Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que, en futuros fallos de nulidad
electoral, cumpla los términos máximos de 1 año establecidos en el parágrafo del
artículo 264 de la Constitución.

Ahora bien, en el escrito de tutela, la parte actora, entre otros argumentos, reiteró los
argumentos de su demanda de nulidad electoral y su reforma, los cuales se sintetizan
de la siguiente forma:

(i) La señora Sandra Ortega Sierra, como secretaria del CSU y servidora pública, omitió
denunciar ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la
Nación los hechos y conductas de los miembros del CSU que el 25 de junio de 2021
designaron ilegalmente al anterior rector (Héctor Miguel Parra López).

Según el accionante, esa omisión generó un «beneficio recíproco» o «garantía» que
vició la legalidad de su propia designación como rectora el 22 de noviembre de 2022
por 5 de esos mismos miembros del CSU, quienes «entraron en conflicto el interés
general de la función pública y el interés personal propio» de ellos y de la señora Ortega
Sierra, violando el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

El accionante sostiene que este conflicto de interés es de carácter «subjetivo moral»,
basado en el «agradecimiento» de los consejeros por no haber sido denunciados, lo
que les «liberó de declararse impedidos» según el numeral 6 del artículo 11 del CPACA.

(ii) El consejero Pedro Avilio Ontiveros, al manifestar públicamente su «voto cariñoso» a
favor de Sandra Ortega Sierra, debió declararse impedido por «amistad entrañable».

(iii) El consejero Luis Eduardo Trujillo Toscano, quien fue nombrado vicerrector de
Bienestar Universitario por el exrector Jhan Piero Rojas Suárez, debió declararse
impedido para votar en la designación de rector el 22 de noviembre de 2022. De
modo que su participación vició la elección.

De lo anterior, la Sala advierte que los argumentos expuestos por el señor Jorge
Heriberto Moreno Granados en la acción de tutela, relacionados con la presunta
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia en lo atinente al régimen de incompatibilidades, ya fueron
objeto de análisis por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al resolver el
recurso de apelación dentro del proceso de nulidad electoral.

En efecto, el 3 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado, al analizar
el cargo de conflicto de interés, concluyó que el alegato del demandante carecía de
soporte probatorio, pues, si bien la designación del anterior rector fue anulada y
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Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados

existían quejas disciplinarias y denuncias penales por parte del accionante contra
algunos consejeros, esos hechos por sí solos no probaban un «intercambio de favores».

Además, dijo que la presunta omisión de denuncia por parte de la demandada no
constituye un conflicto de interés sin una demostración clara de favorecimiento. Se
transcribe lo pertinente:

«2.5.4. Conflicto de interés

Sobre las características del interés para que se configure el conflicto, esta corporación ha señalado:

«[S]ólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se, el alegado beneficio,
provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el
mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y
actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista,
lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles.»

Por su parte, la sección ha señalado que el régimen de conflicto de interés constituye un instrumento
valioso que busca evitar que el servidor, prevalido de su cargo, se ubique en una posición de ventaja
o provecho personal, para sí o para un tercero, a costa de la salvaguarda del interés general. Se
trata de una garantía de rectitud e imparcialidad en el ejercicio de la administración pública como
regla legitimadora del poder del Estado.

Para la sala, este cargo no pasa de constituir una simple afirmación sin soporte probatorio, teniendo
en cuenta que en el expediente únicamente están acreditados los siguientes hechos: i) la
designación del señor Héctor Miguel Parra López como rector de la UFPS para el periodo 2021-
2025, la cual fue anulada mediante sentencia proferida por esta sección el 16 de junio de 2022 en
el radicado 54001-23-33-000-2021-00195-03; ii) que 5 de los consejeros que votaron en la anterior
elección, también participaron en la sesión donde se designó a la demandada y; iii) que el señor
Jorge Heriberto Moreno Granados interpuso queja disciplinaria en contra de algunos integrantes del
CSU que participaron en dicha designación con apertura de investigación del 27 de septiembre de
2022, radicado IUS 2022-379128 y denuncia penal por los mismos hechos con radicado
540016001131202258625.

Ahora, más allá de lo anterior, no se evidencian otros elementos de convicción que permitan, en
efecto, concluir que la elección demandada obedeció al intercambio de favores alegado por el señor
Jorge Heriberto Moreno Granados, esto es, por no haberlos denunciado o la garantía de no hacerlo.

Si bien es cierto la jurisdicción declaró la nulidad de la designación del señor Héctor Miguel Parra
López, también lo es que esta sola circunstancia no conlleva a la configuración de faltas de
naturaleza penal o disciplinaria, pues para esto último se requiere el pronunciamiento de las
autoridades con la competencia para ello.

Ahora, si bien el señor Jorge Heriberto Moreno Granados presentó queja disciplinaria y denuncia
penal por los hechos descritos, ello no implicaba que la demandada hiciera lo propio, porque
corresponde a la apreciación de una determinada circunstancia y su omisión no implica, en sí misma,
la configuración de un conflicto de interés, en tanto sobre este último particular, es necesario
demostrar que, en efecto, se presenta un favorecimiento propio o a terceros, aspecto que, en el
presente caso, carece del material probatorio necesario para ser demostrado.

Conforme con lo anterior, es claro que en este caso no está demostrado que, respecto de la señora
Sandra Ortega Sierra o de quienes participaron en su designación, se hubiere configurado un interés
directo, cierto, actual y en beneficio propio o de terceros, que hubiere sido contrario a la finalidad de
la función electoral en la institución universitaria».

De modo que, la parte demandante pretende hacer uso de la acción constitucional
para reiterar los mismos argumentos que ya fueron debatidos y decididos en el
proceso de nulidad electoral, bajo la presunta configuración del defecto por violación
directa de la Constitución, asuntos que, en todo caso, fueron resueltos por la
autoridad judicial competente dentro del marco de su autonomía funcional.

Resulta claro que cada uno de los argumentos de inconformidad de la parte actora
fueron resueltos por el juez natural de la causa, a pesar de que el actor no esté de
acuerdo con las conclusiones de la autoridad judicial demandada, la cual en todo caso,
se sustentó en las pruebas, normas y precedente judicial vigente en la materia y, en
valoración, ponderación y análisis estos, sin que la parte actora logre acreditar de qué

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manera la decisión incurre en algún defecto o vulneración de derechos de categoría
fundamental.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por la parte actora, dado que la acción de tutela
no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio del cargo por parte
del juez constitucional.

(iii) improcedencia de la acción de tutela por falta de carga mínima
argumentativa en el caso concreto

El accionante alegó que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en una
actuación «prevaricadora» al atribuirse funciones de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial. Al efecto, sostuvo que, en su recurso de apelación no solicitó a la Sección
Quinta determinar si hubo mora judicial del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, sino que pidió que se «exhortara» a dicho Tribunal a cumplir los términos
constitucionales para fallar las demandas de nulidad electoral.

Sin embargo, la Sección Quinta en la sentencia del 3 de abril de 2025, de manera
«prevaricadora» afirmó que no hubo mora judicial injustificada en primera instancia.

Al respecto, anotó que la competencia para determinar la mora judicial, al ser una falta
disciplinaria, recae exclusivamente en el Consejo Nacional de Disciplina Judicial,
entidad que ya abrió investigación disciplinaria contra los jueces del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander por este motivo.

La Sala encuentra que, en el presente caso, los reproches mencionados frente a este
punto no cumplen con una carga mínima argumentativa suficiente que evidencie una
afectación de derechos de categoría fundamental.

Sobre el particular, la autoridad judicial demandada se limitó a resolver los argumentos
de inconformidad del accionante en relación con una presunta dilación en el trámite
de primera instancia, en el sentido de explicar las razones por las que ese tiempo no
lo encontró excesivo, de modo que diera lugar a exhortar al juez de primera instancia,
en los términos en que lo solicitó.

Por lo tanto, no es de recibo que el actor plantee ahora una inconformidad con el
pronunciamiento que sobre ese punto hizo la autoridad demandada con la atribución
de una conducta «prevaricadora», pues, a pesar del desacuerdo que le genere la
decisión de no exhortar al tribunal de primera instancia, ello no genera una vulneración
de algún derecho fundamental.

En gracia de discusión, los reproches mencionados frente a este punto no cumplen
con el requisito general de subsidiariedad, pues el accionante cuenta con otro medio
de defensa judicial específico y eficaz, que es la interposición de la queja disciplinaria
ante la autoridad competente, en este caso, la Comisión de Investigación y Acusación
de la Cámara de Representantes7.

7 Articulo 112. Funciones De La Comisión Nacional De Disciplina Judicial. Corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial:
(…)
Parágrafo 1. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del
Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación en
materia disciplinaria, están sujetos al régimen previsto por los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política, para
lo cual el Congreso de la Republica adelantará el proceso disciplinario por conducto de la Comisión Legal de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Comisión Instructora del Senado de la Republica.
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Finalmente, los argumentos dirigidos a cuestionar la decisión de no remitir el asunto a
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para resolver el recurso de apelación
incoado y «sentara jurisprudencia» sobre los asuntos planteados, conforme al artículo
271 de la Ley 1437 de 2011, tampoco contiene una carga mínima argumentativa que
permita evidenciar la afectación de derechos o garantías constitucionales.

Al respecto, el actor alegó que la petición no era de «unificación de jurisprudencia», sino
para «sentar jurisprudencia», para lo cual afirmó que la jurisprudencia del Consejo de
Estado no se ha pronunciado sobre casos similares en los que se discutiera conflictos
de intereses por la omisión de denuncia penal. Por esa razón, consideró que el caso
en que tiene interés revestía la importancia jurídica necesaria para que la Sala Plena
sentara precedente.

Argumentó que la violación del régimen de conflicto de intereses es un asunto de
rango constitucional, mencionado en los artículos 182 y 183 de la Constitución
Política. Además, señaló que la Ley 1881 de 2018 establece que las demandas de
pérdida de investidura de Congresistas por violación al régimen de conflicto de
intereses son conocidas en segunda instancia por la Sala Plena del Consejo de
Estado, lo cual, a su entender, subraya la importancia de este tipo de asuntos y la
competencia de la Sala Plena para pronunciarse.

Sobre el particular, se encuentra que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la
sentencia cuestionada, en cuanto a la solicitud atinente a que el asunto de nulidad
electoral fuera resuelto por la Sala Plena del Consejo de Estado, expresó lo siguiente:

«2.2.1 De la solicitud para que dicte sentencia de unificación

80. De conformidad con el contenido del artículo 271 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con
el desarrollo jurisprudencial sobre dicha figura, sin desconocer la importante función que sobre el
particular desarrolla la Sala Plena de lo Contencioso de esta Corporación, lo cierto es que esta
sección tiene la competencia para resolver sobre la petición en particular, tal y como pasa a
exponerse a continuación:

81. En primer lugar, la norma mencionada reconoce que, en los eventos allí señalados, “el Consejo
de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria”. Lo
anterior, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 237 superior, que refiere que
son atribuciones de esta corporación judicial, “[d]esempeñar las funciones del tribunal supremo de lo
contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la Ley”.

82. De lo dicho, surge una primera conclusión relevante, esto es, que el legislador asignó la
competencia para adoptar sentencias o autos de unificación al Consejo de Estado, como vértice de
la jurisdicción, sin atribuir dicha facultad única o exclusivamente a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.

83. En línea con lo expuesto, el mismo artículo 271 del CPACA consagra que el conocimiento puede
asumirse por remisión de las secciones o subsecciones, de los tribunales, o a petición de parte, así
como por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público.

84. Se indica, a su vez, que en estos casos corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo dictar sentencias o autos de unificación respecto de “asuntos que provengan de sus
secciones”. De otra parte, estas últimas podrán adoptar providencias con las mismas características
cuando se trate de aquellos que provengan de las subsecciones, los despachos de los magistrados
que las integran o de los tribunales, según el caso.

85. Además, el Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 del 2024, que
contiene el reglamento interno del Consejo de Estado, refiere:

(…)

86. De lo señalado, es claro que la Sección Quinta puede decidir sobre la petición que
presenta el demandante para que se siente jurisprudencia, en tanto el artículo 271 de la Ley
1437 del 2011 reconoce la competencia expresa de las secciones que la integran para dictar
una providencia con las características señaladas, cuando el asunto “provenga” de un tribunal
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administrativo, lo que presupone la facultad para decidir de manera oficiosa o resolver si la
petición que eleve la parte, el Ministerio Público o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado tiene vocación de prosperidad.

87. Las decisiones que se han adoptado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo también
reconocen la existencia de un criterio de especialidad y preferencia para que los asuntos propios de
cada sección sean fallados o decididos por estas, tal como ocurrió en providencia del 16 de marzo
del 2021, donde se dijo:

“46. Finalmente, en cuanto al “criterio de especialidad” a que hace referencia el apoderado de la
demandante en su solicitud, se observa que, adicional al hecho de no describir de manera concreta
a qué refiere por este aspecto, tampoco deviene relevante, porque ese criterio, concepto o
parámetro no se encuentra consagrado expresamente en las categorías del artículo 271 del
CPACA. En gracia de discusión, importa resaltar que es precisamente el criterio de especialidad lo
que conllevó la división o distribución de los asuntos que le competen al Consejo de Estado entre
sus secciones y subsecciones, y con ello se confirma la competencia de la Sección Quinta para
decidir el asunto, en tanto es la especializada en materia electoral”.

88. A su vez, en decisión del 24 de marzo del 202121, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
dio prevalencia al criterio de especialidad de la Sección Quinta y determinó que, en atención a las
particularidades de los cargos de nulidad elevados, era esta última la llamada a resolver sobre los
cuestionamientos de legalidad del acto de elección del gobernador del Meta.

89. En providencia del 19 de marzo del 2024 se determinó que la procedencia del mecanismo
consagrado en el artículo 271 del CPACA, implica que aquel sea utilizado “en aquellos eventos en los
que se requiere necesariamente de un pronunciamiento de la máxima instancia de la jurisdicción contencioso-
administrativa, en orden a preservar la competencia que por ley o reglamento se asigna a los tribunales
administrativos o a las subsecciones o secciones especializadas del Consejo de Estado”.

90. En el mismo auto, sobre los temas asignados a la Sección Quinta del Consejo de Estado,
sostuvo:

“46. Si bien esta clase de asuntos inciden en el ejercicio democrático de los derechos políticos
consagrados en el artículo 40 de la Constitución, lo cierto es que la petición no advierte aspectos
subjetivos y objetivos que conlleven a determinar esa particular trascendencia social que se alega en el
presente caso, pues, en todos los temas que se juzgan respecto de actos electorales o de actos de
contenido electoral, cuya competencia se asigna expresamente a la Sección Quinta, subyace una
importancia en punto a la definición del poder político, el impacto frente a la comunidad y la garantía
efectiva de los derechos políticos de todos los ciudadanos, y la vigencia de las instituciones democráticas.
Así, la finalidad propia del juez electoral, es justamente velar porque los actores de la contienda política
en la lucha por el poder y la conducción del Estado, así como también las instituciones que cumplen un
papel en el desarrollo de la democracia, lo hagan en el marco de la legalidad.

47. En este orden, los asuntos que se radican en cabeza de la Sección Quinta, tienen una connotación
de impacto social, de manera que este litigio no es distinto a los ordinariamente tratados ni tiene unas
características excepcionales que desde el punto de vista social impongan a esta Sala avocar
conocimiento del asunto para dictar la sentencia correspondiente, ya que, se reitera, la Agente del
Ministerio Público omite exponer cuáles son esos elementos de impacto, que la decisión de este caso
concreto tendría para el conglomerado social.

48. Consecuentemente con ello, al no estar superado dicho estándar básico que caracteriza las
competencias propias y especializadas de la Sección Quinta como órgano de cierre en materia electoral,
no hay evidencia de que, en efecto, en este asunto se materialice la trascendencia social a la que alude
la representante del Ministerio Público».

91. Así las cosas, lo que se puede concluir es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
acudido al criterio de especialidad como un parámetro para reconocer la posibilidad con la que
cuentan las secciones del Consejo de Estado para fallar los asuntos que les son propios, lo que
incluye decidir en sede de unificación sobre aquellos”.

92. Este mismo criterio ha sido adoptado por otras secciones de la corporación, las cuales han
dictado sentencias de unificación en temas que de acuerdo al reglamento interno y a criterios
especialidad les corresponde conforme al numeral 2º del artículo 14 del Reglamento Interno del
Consejo de Estado. Por ejemplo: (…)

(…)
93. Así las cosas, la Sección Quinta puede resolver sobre la petición elevada por el demandante
Jorge Heriberto Moreno Granados para que se siente jurisprudencia en su caso, no solo por la
expresa disposición de orden legal sino porque la solicitud se refiere a asuntos propios de la
competencia de esta sala. En consecuencia, se efectuará el estudio correspondiente (…)».

Del aparte citado, se encuentra que la Sección Quinta del Consejo de Estado afirmó
su competencia para decidir sobre la solicitud del accionante de «sentar jurisprudencia»,
con base en que, si bien los asuntos electorales, por su naturaleza, inciden en el
ejercicio democrático de los derechos políticos y tienen una connotación de impacto

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social, la petición del demandante no advertía «aspectos subjetivos y objetivos que
conlleven a determinar esa particular trascendencia social» que se alegaba.

Es decir, que el litigio en cuestión no presentaba características excepcionales que
justificaran que la Sala Plena avocara conocimiento para dictar sentencia de
unificación.

Además, se apoyó en el criterio de especialidad, en el sentido de indicar que este ha
sido un parámetro reconocido por la Sala Plena del Consejo de Estado para que cada
sección falle los asuntos que le son propios.

Al respecto, manifestó que, otras secciones de la Corporación han dictado sentencias
de unificación en temas de su especialidad, conforme con el artículo 14, numeral 2 del
Reglamento Interno del Consejo de Estado. Por lo tanto, al tratarse de asuntos propios
de la competencia de la Sección Quinta en materia electoral, la Sala consideró que
podía y debía efectuar el estudio correspondiente a la petición de sentar
jurisprudencia.

Sin embargo, en el escrito de tutela la parte actora pasó absolutamente por alto
señalar las razones por las que la motivación expuesta ampliamente en precedencia
desconoce algún derecho o garantía fundamental, pues, de ningún modo demuestra
las razones por las que la aplicación del criterio «especialidad» genera afectación en
sus derechos de defensa o contradicción.

Por el contrario, lo que se evidenció es que en el proceso de nulidad electoral
cuestionado se garantizó el derecho de contradicción y el de doble instancia, en el que
pudo participar activamente el aquí demandante, en el que la sección especializada
en materia electoral profirió el fallo con el estudio de todos los cargos propuestos por
las partes e intervinientes.

En este contexto, la Sala no encuentra vulneración de garantía alguna, pues la
autoridad judicial accionada explicó de manera razonable y con base en las normas
aplicables por qué no accedió a la solicitud del accionante de que la Sala Plena
asumiera el conocimiento del asunto para sentar jurisprudencia.

La cual, en todo caso, se sustentó en la interpretación del artículo 271 del CPACA; el
reglamento interno del Consejo de Estado (Acuerdo 080 de 2019, modificado por el
Acuerdo 434 de 2024) y la jurisprudencia de la Sala Plena sobre el criterio de
especialidad.

De manera que, la inconformidad del accionante con la interpretación legal no habilita
la intervención del juez de tutela, porque el actor no logró demostrar de qué manera
esa decisión vulneró sus derechos y garantías constitucionales.

Sumado a lo anterior, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los casos en
que la tutela se dirige contra una sentencia proferida por una Alta Corporación, la Corte
Constitucional8 ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el sentido que
se constate la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención del juez constitucional.

En síntesis, en el presente caso la acción de tutela es improcedente, porque no cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional y carga mínima

8
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU 573 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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argumentativa, lo cual impide hacer pronunciamiento de fondo en el caso objeto de
estudio.

Por lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela que ejerció el señor
Jorge Heriberto Moreno Granados contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Jorge Heriberto
Moreno Granados contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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