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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2021-00195-03

Fecha
16 de junio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2021-00195-03

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander para, en su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de la elección del señor Héctor Miguel Parra López, como rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, periodo 2021-2025, contenida en el Acuerdo No. 028 del 25 de junio de 2021, expedido por el Consejo Superior Universitario, a la luz de las consideraciones expuestas en esta providencia SEGUNDO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 54001-23-33-000-2021-00195-03

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

16 de junio de 2022

Demandantes: Jorge Heriberto Moreno Granados y otro
Rad: 54001-23-33-000-2021-00195-03 (ACUM.)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 54001-23-33-000-2021-00195-03 (ACUM1.)
Demandantes: JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS Y OTRO2
Demandado: HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ, RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, PERIODO 2021-2025

Temas: EDAD DE RETIRO FORZOSO
REINTEGRO AL SERVICIO PÚBLICO
RECTORES DE UNIVERSIDADES OFICIALES

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación propuestos por los demandantes
contra el fallo del 8 de abril de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, a través del cual negó las pretensiones de las demandas de
nulidad electoral.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demandas

1. Los señores Jorge Heriberto Moreno Granados y Carlos Alberto Bolívar
Corredor3 presentaron4, en nombre propio, demandas en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral5 contra el acto de elección del señor Héctor Miguel
Parra López, como rector de la Universidad Francisco de Paula Santander –en
adelante UFPS–, periodo 2021-2025, contenido en el Acuerdo No. 028 del 25 de
junio de 2021, adoptado por el Consejo Superior Universitario de ese
establecimiento.

1.2. Hechos

2. Por tratarse de procesos acumulados que comparten los mismos supuestos
fácticos, la Sala los narrará de forma conjunta, así:

3. El señor Parra López nació el 12 de febrero de 1951 y desde el 1º de
agosto de 1977 laboró como docente universitario de carrera en la UFPS.

1
Rad. 54001-23-33-000-2021-00199-01.
2
Señor Carlos Alberto Bolívar Corredor.
3
En su condición de representante legal de la veeduría “Procuraduría Ciudadana UFPS”
4
El 9 y 10 de agosto de 2021.
5
Consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.
1

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Demandantes: Jorge Heriberto Moreno Granados y otro
Rad: 54001-23-33-000-2021-00195-03 (ACUM.)

4. El 21 de diciembre de 2015, la rectora de esa Universidad aceptó6 la
renuncia presentada por el señor Héctor Miguel Parra López al cargo de docente
de planta, tras cumplir 38 años al servicio de la institución7. En el mismo acto
administrativo, se reconoció que el demandado disponía del derecho a la pensión;
prestación económica de la que gozó desde el 15 de marzo de 2016 a la edad de
65 años.

5. Luego de su retiro, el 26 de junio de 2018, el señor Parra López fue
reintegrado al servicio, producto de su designación como rector de la UFPS para
el periodo 2018-2021.

6. Esta elección tuvo como fundamento los mandatos erigidos en el artículo
1°8 del Decreto No. 10379 de 2018, que habilitaron el reintegro a las rectorías de
las universidades oficiales de los ciudadanos jubilados menores de 70 años, edad
de retiro forzoso establecida en la Ley 182110 de 2016.

7. El 12 de febrero de 202111, el accionado cumplió 70 años, situación que
suponía su desvinculación inmediata del cargo de rector, al alcanzar la edad de
retiro forzoso.

8. El 25 de marzo de 2021, el Consejo Superior de la UFPS expidió el Acuerdo
No. 015, por medio del cual convocó a los diversos estamentos de la Universidad
a la consulta democrática que definiría la lista de aspirantes de cuyos nombres se
elegiría al rector del establecimiento para el periodo estatutario 2021-2025.

9. También, el 25 de marzo de 2021, el Consejo Superior aceptó la renuncia
del accionado a la rectoría, periodo 2018-2021, con efectos fiscales a partir del 9
de abril de esa anualidad12.

10. Después de esa renuncia, el 12 de mayo de 2021, el señor Héctor Miguel
Parra López postuló nuevamente su nombre en la carrera para ser elegido rector
de la UFPS, esta vez, para el periodo 2021-2025.

11. Tras los resultados de la consulta democrática efectuada los días 4 y 5 de
junio de 2021, el accionado obtuvo la mayor cantidad de votos –de acuerdo con
las ponderaciones estadísticas propias del reglamento eleccionario de la UFPS13–
en un certamen que contó con la participación del 84% de la comunidad
universitaria.

12. Durante el trámite del procedimiento electoral, se radicaron diversos
escritos de reclamación ante el Consejo Superior de la UFPS con los que se pidió
6
Resolución No. 1146 del 21 de diciembre de 2015.
7
De acuerdo con los escritos genitores de este trámite, el demandado laboró en la UFPS desde el 1° de agosto de 1977.
8
El artículo 1° del Decreto No. 1037 de 2018 adicionó un numeral al parágrafo único del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No.
1083 de 2015 que en su literalidad preceptúa: “La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no
haya llegado a la edad de 70 años, podrá ser reintegrada al servicio al empleo de: (…) 6. Rector, Vicerrector General,
Vicerrector Nacional, Vicerrector de Sede, secretario general, Gerente Nacional, Directores Nacionales y Decanos de los
entes universitarios autónomos.” (Negrilla fuera de texto)
9
“Por el cual se adiciona un numeral al Parágrafo del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del
Sector de Función Pública”
10
“Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones
públicas”.
11
Al haber nacido el 12 de febrero de 1951.
12
Mediante el Acuerdo No. 016 del 25 de marzo de 2021.
13
El Acuerdo No. 048 de 2007 –contentivo de los estatutos de la UFPS– prevé en su artículo 33: “En las elecciones para
escogencia del Rector se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a. El peso porcentual para las votaciones de los
estamentos universitarios es: 40% docentes, 40% estudiantes y 20% personal administrativo…”.
2

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a esa autoridad abstenerse de escoger al acusado como rector, pues se
encontraba impedido para ello por haber alcanzado la edad de retiro forzoso –70
años– y contar con el estatus de pensionado, lo que le imposibilitaba ser
reintegrado a un empleo público.

13. El 25 de junio de 2021, con base en la lista de candidatos resultante de la
consulta democrática, el Consejo Superior designó al señor Héctor Miguel Parra
López como rector de la UFPS, mediante Acuerdo No. 028 de 2021.

14. El accionado tomó posesión del cargo el 28 de junio siguiente, mediante
acta No. 10943.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

15. Bajo una misma cuerda argumentativa, los demandantes estimaron que el
acto de elección del señor Parra López debía anularse, por cuanto transgredía el
régimen de retiro forzoso aplicable a los servidores del Estado, incumpliendo de
esta manera los requisitos necesarios para acceder al empleo de rector de la
UFPS14, periodo 2021-2025.

16. En ese sentido, sostuvieron que el acto de designación acusado
desconocía las siguientes normas:

1.3.1. Artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No. 108315 de 2015

17. Los accionantes explicaron que el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083
de 2015 establece una prohibición de reintegro al servicio público para aquellas
personas mayores de 70 años o retiradas con derecho a la pensión de vejez.
Manifestaron que la disposición normativa cuenta con 916 excepciones, dentro de
las cuales no se incluyó el cargo de rector de una universidad pública.

18. Aseveraron que, desde el 9 de abril de 2021, el accionado tomó la decisión
de retirarse del servicio, al renunciar a su dignidad de rector de la UFPS, periodo
2018-2021, motivo por el que para ese momento dispuso de la condición de
particular.

19. En ese orden, los actores consideraron que con la reelección del
demandado como rector de la UFPS, periodo 2021-2025, se vulneró el artículo
2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083 de 2015, ya que:

• Esa nueva designación en la rectoría supuso el reintegro al servicio de una
persona mayor de 70 años, edad alcanzada por el señor Parra López desde
el 12 de febrero de 2021.

14
En ese orden, las demandas se sustentaron en la causal de nulidad contenida en el artículo 275.5 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
15
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”
16
La norma en su literalidad contempla: “La persona mayor de 70 años o retirada con derecho a pensión de vejez no podrá́
ser reintegrada al servicio, salvo cuando se trate de ocupar los cargos de: 1. Presidente de la República. 2. Ministro del
despacho o Director de Departamento Administrativo. 3. Superintendente. 4. Viceministro o Secretario General de Ministerio
o Departamento Administrativo. 5. Presidente, Gerente o Director de entidades descentralizadas. 6. Miembro de misión
diplomática no comprendida en la respectiva carrera. 7. Secretario privado de los despachos de los servidores anteriores. 8.
Consejero o asesor. 9. Elección popular. 10. Las demás que por necesidades del servicio determine el Gobierno Nacional,
siempre que no sobrepasen la edad de retiro forzoso.”

3

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• La elección atacada implicó el reintegro al servicio de un ciudadano retirado
de la función pública con derecho a la pensión de vejez; prestación
económica que para el caso del demandado le había sido reconocida desde
el 15 de marzo de 2016 por COLPENSIONES.

20. Sostuvieron que el demandado pudo ser elegido rector de la UFPS, periodo
2018-2021, por cuanto el artículo 1º del Decreto No. 1037 de 2018 había
habilitado la posibilidad de reintegro para los pensionados retirados del servicio
menores de 70 años en el cargo de rector de las universidades públicas. Que, no
obstante, para su designación del 25 de junio de 2021, el acusado tenía más de
70 años, motivo por el cual no le resultaba aplicable esta disposición.

1.3.2. Artículos 1º de la Ley 1821 de 2016 y 2.2.11.1.7 del Decreto No. 1083 de
2015

21. La parte actora arguyó que las disposiciones en cita contemplan la edad de
retiro forzoso de los empleados públicos en el país, erigida en el orden nacional en
70 años. Los demandantes afirmaron que el alcanzar esta edad se constituye en
impedimento para desempeñar cargos públicos.

22. Expresaron que con la designación del 25 de junio de 2021, el Consejo
Superior de la UFPS escogió como rector a una persona que tenía para ese
momento –y desde su inscripción al procedimiento– 70 años, transgrediéndose
entonces esas normas.

1.3.3. Artículo 1º del Acuerdo No. 11317 de 2007

23. Los actores señalaron que el Acuerdo No. 113 de 2007 regula los requisitos
para que un docente jubilado pueda ser vinculado a la UFPS, a través de
contratos de hora–cátedra. Igualmente, refirieron que el parágrafo único del
artículo 1º de ese Acuerdo proscribe que los docentes pensionados ejerzan cargos
académicos y administrativos en la Universidad.

24. Al amparo de estas explicaciones, aseveraron que la elección acusada
desconocía este último precepto, al designar en un empleo académico–
administrativo –rector– a un enseñante jubilado.

1.3.4. No aplicabilidad del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 al caso del
demandado18

25. Los accionantes manifestaron que, además de las 9 excepciones a la regla
general que impide el reintegro al servicio de las personas mayores de 70 años o
que ostenten la calidad de pensionados –establecidas en el artículo 2.2.11.1.5 del
Decreto No. 1083 de 2015–, el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 erige otro para el
caso de los docentes universitarios.

26. En ese sentido, alegaron que el artículo 1919 ejusdem prevé que los
docentes de las universidades oficiales que adquieran el derecho a la pensión de
17
Expedido por el Consejo Superior de la UFPS, y a través del cual se regula la vinculación de los docentes pensionados
como catedráticos de la institución.
18
“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.”
4

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vejez pueden optar por dicho beneficio o continuar vinculados al servicio público
por 10 años más a la edad de retiro forzoso, esto es, hasta los 80 años.

27. Sin embargo, defendieron que esta excepción aplicable a los profesores
jubilados, no podía ser tenida en cuenta en el caso del demandado, toda vez que:

• El accionado había renunciado a su condición de docente universitario
desde el 21 de diciembre de 2015, fecha en la que se aceptó su
desvinculación por parte de la rectoría de la UFPS20;

• El demandado –entre las alternativas ofrecidas por el artículo 19 de la Ley
344 de 1996 (gozar de la pensión de vejez o continuar laborando)– había
escogido la primera –solicitar su pensión–, de acuerdo con las pruebas
allegadas con las demandas.

28. Añadieron que la inaplicabilidad del artículo 19 ibidem para el caso del señor
Parra López había sido ratificada por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 11 de julio de 2019, con la que se resolvió en segunda
instancia la demanda de nulidad electoral propuesta contra el acto de su elección
como rector de la UFPS para el periodo 2018-202121.

29. Sostuvieron que en dicha oportunidad22, la Sala Electoral de esta
Corporación declaró la legalidad del acto de designación atacado, de conformidad
con las previsiones establecidas en el artículo 1º del Decreto No. 1037 de 2018,
que facultaba el reintegro al servicio público de los jubilados menores de 70 años,
como sucedía con el demandado en aquella época, pues para el 2018 tenía 67
años.

1.4. Admisión de las demandas y traslados para contestarlas

30. Las demandas fueron admitidas por los despachos sustanciadores del
Tribunal Administrativo de Antioquia en las fechas que se relacionan en la
siguiente tabla:

Proceso Día de la admisión
2021-00195-00 Auto del 10 de septiembre de 2021
2019-03113-01 Auto del 16 de septiembre de 2021

31. En esas providencias, fueron denegadas las respectivas solicitudes de
suspensión provisional de los efectos de los actos demandados.

32. Efectuadas las notificaciones pertinentes en cada uno de los trámites
judiciales, se recibieron las siguientes contestaciones e intervenciones:

19
“Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público que adquiera el
derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá́ optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio,
hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por diez años más. La
asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse producido la terminación de sus servicios en
dichas instituciones.”
20
Resolución No. 1146 de 2015.
21
Rad. 54001-23-33-000-2018-00220-02 (Acum.)
22
En la sentencia del 11 de julio de 2019.
5

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1.5. Contestaciones e intervenciones

1.5.1. Del demandado

33. El señor Héctor Miguel Parra López se opuso a las pretensiones de las
demandas incoadas en su contra, de conformidad con los argumentos que se
sintetizan a continuación:

34. Precisó que la edad de retiro forzoso en Colombia está regulada de manera
general en los artículos 1º de la Ley 1821 de 2016 y 2.2.11.1.7 del Decreto No.
1083 de 2015, que la establecen en 70 años, siendo un impedimento para
continuar en el ejercicio de funciones públicas.

35. Sin embargo, señaló que este régimen general cuenta con diversas
excepciones, una de ellas erigida en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, que
permite a los docentes universitarios el desarrollo de su actividad por 10 años más
a la del retiro forzoso, pudiendo entonces detentar ese empleo hasta los 80 años.

36. El demandado adujo que esta excepción era aplicable no solo a los
profesores de las universidades públicas, sino igualmente a todo su personal
académico-administrativo, a la manera como lo había reconocido la Sección
Quinta en providencia del 7 de septiembre de 2015, proferida en el radicado
13001-23-33-000-2014-00343-01.

37. Bajo estas premisas, sostuvo que el cargo de rector en la UFPS dispone de
una naturaleza académico–administrativa23 por mandato del Acuerdo24 No. 017 de
2020, motivo por el que le era aplicable la excepción contenida en el artículo 19 de
la Ley 344 de 1996, habilitando que la rectoría de esa universidad fuera ocupada
por una persona mayor a los 70 años, como sucedía con el acusado.

38. Señaló que el carácter académico–administrativo del empleo de rector en la
UFPS desvirtuaba la aplicación en su caso de los obiter dicta de la sentencia del
1125 de julio de 2019 de esta Sala Electoral, en la que se había concluido que el
régimen general de la edad de retiro forzoso cobijaba ese cargo cuando su
naturaleza era simplemente administrativa.

39. Concluyó exponiendo que:

• En el sub-judice, no existía transgresión del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto
No. 1083 de 2015, por cuanto la situación regulada en aquel se relacionaba
con la figura del reintegro al servicio de personas mayores de 70 años y/o
jubiladas gozando del derecho de pensión, lo que no se podía predicar de su
elección en la rectoría para el periodo 2021-2025, ya que:

–La designación acusada no supuso para él un reintegro a la
universidad, pues desde el año 2016 estaba vinculado como profesor, a
través de la suscripción de contratos hora–cátedra.

23
Aseveró que esta misma condición –académico-administrativa– había sido asignada al cargo de rector en universidades
como la Nacional, Militar Nueva Granada y Cartagena.
24
Expedido por el Consejo Superior de la UFPS. A través suyo, el Consejo Superior modificó la naturaleza del cargo de
rector de simplemente administrativa a académico–administrativa.
25
Rad. 54001-23-33-000-2018-00220-02 (Acum.)
6

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En ese sentido, negó valor al argumento de los demandantes de
acuerdo con el cual, había adquirido la condición de particular, tras
renunciar a la rectoría, periodo 2018-2021, desde el 9 de abril de 2021,
lo que, en el entender de ellos, había implicado su reincorporación al
ser nuevamente elegido.

–No gozaba del derecho a la pensión, toda vez que su mesada estaba
suspendida desde el 2018.

• No se vulneraron los artículos 1º de la Ley 1821 de 2016 y 2.2.11.1.7 del
Decreto No. 1083 de 2015 –que consagran la edad de retiro forzoso en 70
años–, comoquiera que su asunto estaba orientado por la excepción a estas
normas, prevista en la Ley 344 de 1996.

40. Solicitó la interpretación restrictiva de la normatividad presuntamente
desconocida mediante la expedición del acto demandado.

1.5.2. De la UFPS

41. Para defender la legalidad del acto acusado, la UFPS empleó la misma
cuerda argumental desplegada en su contestación por el demandado. No
obstante, añadió las siguientes ideas, así:

42. Refirió que el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 es el fundamento jurídico
sobre el que se sustenta la elección del señor Parra López, como rector de la
UFPS para el periodo estatutario 2021-2025. Su aplicabilidad al caso concreto se
deriva no solo de su especialidad respecto de las normas generales26 que
contienen el régimen de la edad de retiro forzoso de los servidores públicos, sino
de su supremacía jerárquica respecto de las disposiciones plasmadas en un
decreto reglamentario27, como lo es el 1083 de 2015.

43. Destacó que el procedimiento eleccionario censurado agotó cada una de
las etapas concebidas en el Estatuto General28 y Electoral29 de la universidad, y
en éste siempre se corroboró el cumplimiento de los requisitos exigidos para
acceder al cargo de rector por parte del accionado.

44. Estimó que, en el evento de considerarse que el Decreto No. 1083 de 2015
resulta aplicable al sub-lite, la Judicatura debe acudir a la figura de excepción de
ilegalidad para buscar su inaplicación, por tratarse de prescripciones normativas
contrarias al artículo 19 de la Ley 344 de 1996.

1.6. Acumulación de procesos

45. Con auto del 8 de octubre de 2021, el Despacho sustanciador en el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander acumuló las demandas de nulidad electoral

26
Artículos 1º de la Ley 1821 de 2016, 2.2.11.1.5 y 2.2.11.1.7 del Decreto No. 1083 de 2015.
27
Expuso que este Decreto había sido expedido por el presidente de la República con base en la facultad reglamentaria
erigida en el artículo 189.11 de la Constitución Política de 1991.
28
Acuerdo No. 48 de 2007.
29
Acuerdo No. 13 de 1995.
7

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identificadas con los radicados Nos. 2021-00195-00 y 2021-00199-00. Asignado el
ponente de esta causa, el proceso continuó el trámite de rigor.

1.7. Audiencia Inicial

46. El 22 de noviembre de 2021, se adelantó la audiencia inicial, a la luz de las
previsiones normativas plasmadas en el artículo 283 de la Ley 1437 de 2011. En
ella, el magistrado a cargo del proceso fijó el litigio en los términos que se
reproducen a continuación:

“¿Si se encuentra ajustado a derecho el acuerdo 028 del 25 de junio de 2021 del
Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, mediante el cual
se designó al señor HECTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ como Rector de la UFPS
para el periodo 2021 a 2025, o si se debe declarar la nulidad del mismo?”

47. Una vez decretados los medios de convicción pertinentes, se prescindió de
la realización de la audiencia de pruebas con fundamento en el carácter
documental de éstas, por lo que para su práctica no se requería de dicha
actuación.

1.8. Sentencia de primera instancia

48. El 8 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
profirió fallo, mediante el cual denegó las pretensiones de la demanda,
fundamentando su decisión en los siguientes argumentos:

49. El artículo 19 de la Ley 344 de 1996 prescribe una excepción al régimen
general del retiro forzoso que opera para los servidores públicos, al consagrar que
los docentes universitarios pueden estar vinculados por 10 años más a la edad de
retiro forzoso, establecida en la actualidad en 70 años. El artículo 19 ejusdem fue
declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C–58430 de 1997.

50. La jurisprudencia del Consejo de Estado, en decisión del 7 de septiembre
de 2015, rad. 13001-23-33-000-2014-00343-01, ha admitido que la excepción
comentada cobija, además de los docentes universitarios, a todo el personal
académico–administrativo de las universidades oficiales.

51. En el caso particular, el Acuerdo No. 017 de 2020, modificatorio del Estatuto
General de la UFPS, prevé que el empleo de rector es un cargo académico–
administrativo, que conjuga no solo el desempeño de labores directivas, sino
también actividades de índole profesoral.

52. En ese orden, y a la luz del derecho pretor construido por esta Sección, la
excepción del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 resulta aplicable al demandado,
por lo que podía ser designado rector de la UFPS, periodo 2021-2025, sin importar
que para la fecha superara la edad de retiro forzoso.

53. En el plenario, se acreditó que si bien el señor Parra López cuenta con el
estatus de pensionado, su mesada pensional se encuentra suspendida desde el

30
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
8

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Rad: 54001-23-33-000-2021-00195-03 (ACUM.)

año 2018, como fue certificado por COLPENSIONES, razón por la que a hoy no
goza de dicho beneficio.

54. Igualmente, el a quo estimó que la legalidad de la elección censurada podía
fundamentarse en las previsiones del Decreto No. 1037 de 2018, reformatorio del
artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083 de 2015, que permite a los ciudadanos
con derecho a la pensión y mayores de 70 años el desempeño del empleo de
rector en los entes autónomos universitarios.

1.9. Recursos de apelación

55. La sentencia del 8 de abril de 2022 fue impugnada por los 2 demandantes,
así:

1.9.1. De la alzada presentada por el señor Carlos Alberto Bolívar Corredor

56. Con memorial del 22 de abril de esta anualidad, el accionante solicitó la
revocatoria del fallo de primera instancia sobre la base de las siguientes premisas:

57. Sostuvo que la interpretación defendida por el Tribunal abre la posibilidad
para que el acusado –que lleva 19 años en el cargo de rector de la UFPS– lo siga
ejerciendo hasta la edad de 80 años, sin que en su administración la Universidad
hubiere alcanzado la certificación de alta calidad educativa.

58. Afirmó que en la providencia recurrida, el a quo cometió errores insalvables
a la hora de estudiar la normatividad que regula la edad de retiro forzoso en el
país. Hizo especial énfasis en la interpretación dada al artículo 1º del Decreto No.
1037 de 2018, por medio del cual se adicionó un numeral al parágrafo del artículo
2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083 de 2015.

59. En ese sentido, expuso que la modificación aportada por el Decreto No.
1037 consistió en permitir que los jubilados menores de 70 años pudieran ser
reintegrados al servicio en el cargo de rector de las universidades oficiales, pero
no de los pensionados mayores de esa edad, como incorrectamente lo había
prohijado el Tribunal.

60. De otra parte, el actor defendió la idea de que la mesada pensional del
demandado no podía estar suspendida durante el desarrollo del procedimiento
electoral objetado –marzo a junio de 2021–. Para ello, refirió que:

• La suspensión de la mesada pensional desde el 2018 se amparaba en el
hecho de que el accionado ostentaba la calidad de rector de la UFPS para el
periodo 2018-2021.

• No obstante, éste había renunciado a esa condición –rector– con efectos
fiscales desde el 9 de abril de 2021; fecha en la que se debió reactivar el
pago, por tratarse de una prestación social irrenunciable31.

31
Para sustentar el carácter irrenunciable de la pensión, trajo a colación los artículos 53 de la Constitución y 14 y 340 del
Código Sustantivo del Trabajo, así como las sentencias de la Corte Constitucional T-235 de 2002 y SU-567 de 2015.
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• Si el demandado no informó de su renuncia a COLPENSIONES, se
cristaliza un fraude al sistema pensional, ya que la mesada debía ser tenida
en cuenta para el pago de los impuestos y las contribuciones al Fondo de
Solidaridad Pensional.

61. Manifestó que el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 no es aplicable a los
rectores de las universidades públicas, ya que:

• La norma hace alusión a los docentes universitarios de carrera
administrativa32, y el empleo de rector de la UFPS es un cargo de periodo fijo
que no dispone de esa naturaleza.

• En sentencia del 11 de julio de 201933, la Sección Quinta conoció de la
demanda de nulidad electoral propuesta contra la elección del señor Parra
López como rector, periodo 2018-2021. En esa oportunidad, se determinó
que el artículo 19 ibidem no aplicaba al caso del acusado, pues entre las
opciones dadas por la disposición –acceder a la pensión o mantener el
vínculo como docente universitario– el demandado había optado por la
primera, es decir, por su pensión de vejez, tras su renuncia al cargo de
docente de planta de la UFPS desde el 2015.

• En la sentencia del 7 de septiembre de 201534, la Sala Electoral del Consejo
de Estado aplicó el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 al rector de la
Universidad de Cartagena, ya que éste gozaba de la calidad de docente de
carrera de ese ente autónomo universitario.

62. Insistió en la vulneración del Acuerdo No. 113 de 2007, que prohíbe que los
docentes pensionados –como podría ser el caso del accionado– ejerzan cargos
académicos y administrativos en la universidad, calidad de la que dispone el
empleo de rector.

63. Con fundamento en el artículo 14835 de la Ley 1437 de 2011, el
demandante solicitó la inaplicación inter-partes de:

• El Acuerdo No. 017 de 2020, en el que el Consejo Superior de la UFPS
modificó la naturaleza de la rectoría de la universidad, pasando a ser
académico–administrativa.

Lo anterior, pues la referida norma transgrede el principio de unidad
normativa –artículo 158 constitucional–, comoquiera que la nueva naturaleza
no se acompasa con la naturaleza simplemente administrativa que se
desprende para el cargo de rector del artículo 29 del Estatuto General –
Acuerdo No. 048 de 2007–, relacionado con los requisitos exigidos para
acceder a dicho empleo.

32
En cuanto a que el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 es una disposición aplicable exclusivamente a los docentes
universitarios de carrera, el demandante refirió las siguientes sentencias: C-485 de 1997 y sentencia del 7 de junio de 2018,
proferida por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, rad. 54001-23-31-000-2006-00766-01.
33
Rad. 54001-23-33-000-2018-00220-02 (Acum.)
34
Rad. 13001-23-33-000-2014-00343-01
35
“En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual
se adopte.”
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• El contrato de hora-cátedra No. 134 del 1º de marzo de 2021, suscrito por el
demandado con una rectora ad-hoc de la UFPS, al transgredir el artículo 127
de la Carta Política de 1991. Ello, toda vez que el accionado no podía ser
rector de la universidad para aquella época y además contratista de la
misma.

1.9.2. De la alzada presentada por el señor Jorge Heriberto Moreno
Granados

64. Mediante memorial del 20 de abril de 2022, el demandante pidió acceder a
las súplicas de las demandas acumuladas, empleando una cuerda argumentativa
similar a la del otro accionante. No obstante, enriqueció el debate con los
argumentos que se resumen a continuación:

65. Insistió en la inaplicación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 por diversos
motivos, así:

• Mencionó que en la sentencia C-58436 de 1997, se estudió la
constitucionalidad del artículo 19 ejusdem, precisándose que el beneficio de la
vinculación por 10 años más a la edad de retiro forzoso se concedía
exclusivamente a los docentes universitarios de carrera administrativa, y no a
los catedráticos, como el demandado quien había renunciado a su estatus de
profesor de planta de la UFPS desde el mes de diciembre del año 2015.

En ese sentido, afirmó que la designación del acusado vulneró la ratio
decidendi de esta sentencia de constitucionalidad, al privilegiar el carácter
académico–administrativo del cargo de rector, esto es, sobreponiendo el
Acuerdo No. 017 de 2020 de la universidad respecto de los mandatos
obligatorios de la providencia, que limitaba el beneficio a los enseñantes de
carrera.

• En la actualidad, los límites temporales para el ejercicio del cargo de rector
cuentan con una disposición especial, contenida en el artículo 1º del Decreto
No. 1037 de 2018. En esta prescripción, se establece que solo los jubilados
menores de 70 años pueden ostentar la rectoría de una universidad,
excluyendo de esta posibilidad a los pensionados que sobrepasan esta edad,
a la manera como sucede con el señor Parra López.

La existencia de una norma especial –Artículo 1º del Decreto No. 1037 de
2018– impide la aplicación de una norma extraña al caso de los rectores,
como lo es el artículo 19 de la Ley 344 de 1996.

• La sentencia del 7 de septiembre de 201537, proferida por la Sección Quinta
en el caso del rector de la Universidad de Cartagena aplicó analógicamente
el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, pues para ese momento no existía la
disposición contenida en el Decreto No. 1037 de 2018. Más allá de esto, en
esa providencia la Sala Electoral expuso que el artículo 19 ibidem había
favorecido a ese rector, pues detentaba la condición de docente de carrera, y
no se trataba de un simple catedrático.
36
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
37
13001-23-33-000-2014-00343-01.
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• En dicha providencia38, la Sala Electoral de esta Corporación utilizó el
artículo 19 de la Ley 344 de 1996, al establecer que el empleo de rector en la
Universidad de Cartagena disponía de una fuerte connotación académica –a
la luz de los requisitos para su desarrollo–, contrario a lo sucedido en la
UFPS, en la que el desempeño de este cargo pende del perfil administrativo
del postulante, sin exigirse la acreditación de formalidades académicas.

66. Acto seguido, deprecó la inaplicación en el marco de este proceso de la
certificación expedida por COLPENSIONES el 17 de junio de 2021 y la respuesta
allegada por esa entidad el 7 de marzo de 2022, en las que dio cuenta de que la
mesada pensional del demandado estaba suspendida desde el año 2018, cuando
fue elegido rector de la UFPS, periodo 2018-2021.

67. Ello, por cuanto, su derecho a devengar esta prestación se reactivó con su
renuncia a la rectoría desde el 9 de abril de 2021, momento para el cual debió
informar a COLPENSIONES de su retiro del servicio con el propósito de que su
asignación prestacional le fuera nuevamente pagada. Sostuvo que esta
circunstancia –la ausencia de comunicación a la administradora de pensiones–
constituye un fraude al sistema, al dejarse de hacer las respectivas contribuciones
al Fondo de Solidaridad Pensional, a las voces del artículo 27 de la Ley 100 de
1993.

68. Por último, el recurrente expresó que la elección del señor Parra López,
como rector de la UFPS, periodo 2021-2025, transgredía los postulados del
Estatuto Docente del establecimiento –Acuerdo No. 093 de 199639– y, en especial,
sus artículos 61 y 62, en los que se prescribe que los cargos académicos–
administrativos –como el de rector– solo pueden ser ocupados por docentes de
planta, pero no por catedráticos, condición que detentaba el acusado para el 25 de
junio de 2021, fecha de su designación.

1.10. Trámite de segunda instancia

69. Las apelaciones fueron admitidas con providencia del 5 de mayo de 2022,
en la que se ordenó correr los traslados correspondientes40.

1.10. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.10.1. De los señores Jorge Heriberto Moreno Granados y Carlos
Alberto Bolívar Corredor

70. En esta oportunidad, los accionantes replicaron los argumentos propuestos
en sus recursos de apelación. Por otro lado, pidieron que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo avocara el conocimiento del expediente acumulado
sobre la base de las previsiones del artículo 27141 de la Ley 1437 de 2011, con

38
La del 7 de septiembre de 2015.
39
Especialmente, los artículos 61 y 62 de ese cuerpo normativo.
40
De forma previa, los recursos fueron concedidos por el Tribunal mediante auto del 29 de abril de 2022.
41
Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su
alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.
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fundamento en motivos de importancia jurídica y necesidad de precisar el alcance
de la jurisprudencia42.

1.10.2. Del demandado

71. El señor Héctor Miguel Parra López desplegó 2 tipos de argumentos, así:

72. En primer lugar, manifestó que con las apelaciones elevadas contra la
sentencia del 8 de abril de 2022, los demandantes habían agregado cargos
nuevos al concepto de violación inicialmente plasmado en las demandas, relativos
a la inaplicación del Acuerdo No. 017 del 28 de mayo de 2020, por medio del cual
el Consejo Superior de la UFPS prescribió la naturaleza académico–administrativa
del empleo de rector.

73. Resaltó que, además de ser transgresora del principio de congruencia, la
inaplicación deprecada no resultaba procedente, por cuanto el principio
constitucional de unidad de materia –artículo 158 superior– era predicable de las
leyes, pero no de los actos administrativos.

74. En todo caso, explicó que no podía hablarse de vulneración de la unidad de
materia, cuando el Acuerdo No. 017 del 2020 desarrollaba tan solo un punto, lo
que impedía identificar en su interior una mezcla indebida de temáticas.

75. Añadió que la inaplicación “inter-partes” solicitada por los accionantes con
fundamento en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 era exclusivamente
procedente contra actos administrativos, por lo que no podían cubrirse a través
suyo contratos, o pruebas, tal y como lo pretendían los hoy recurrentes.

76. En segundo lugar, el acusado reiteró que su elección disponía de
fundamento legal en las previsiones del artículo 19 de la Ley 344 de 1996, que
exceptuaban el régimen general de retiro forzoso, erigido en los Decretos Nos.
1083 de 2015 y 1037 de 2018, permitiendo a los rectores de las universidades
oficiales ejercer sus funciones hasta los 80 años, esto es, por 10 años más a los
70, como edad máxima para ejercer funciones públicas.

1.10.3. De la UFPS

77. Expuso que, lejos de censurar los razonamientos de la sentencia apelada,
los recursos se limitaban a replicar los argumentos expuestos por los accionantes
a lo largo de este proceso, reproduciendo en lo demás las consideraciones
expuestas por el accionado, señor Héctor Miguel Parra López.

1.11. Concepto del Ministerio Público

78. El 25 de mayo de 2022, la Procuradora Séptima Delegada ante esta
Corporación presentó concepto con el que solicitó la confirmación del fallo de
primera instancia, al considerar que la designación del demandado se encontraba
fundada en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, por cuanto, entre las opciones
ofrecidas por esa disposición –acceder a la pensión o continuar en el servicio

42
Para ello, sustentaron sus solicitudes en los mismos argumentos propuestos en los escritos de apelación.
13

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público–, el demandado había optado por la segunda –la permanencia–, toda vez
que su mesada pensional se encontraba actualmente suspendida.

79. Así mismo, estimó que en la UFPS el cargo de rector contaba con
naturaleza académico–administrativa, lo que permitía cubrir su situación con el
beneficio otorgado a los docentes universitarios en la referida norma –artículo 19
de la Ley 344 de 1996–, como en otras oportunidades, lo había estimado el
Consejo de Estado.

1.12. Auto de Sala Plena

80. El 31 de mayo de 2022, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado decidió no avocar el conocimiento del asunto, al no encontrar
los requisitos necesarios para ello.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

81. La Sala es competente para desatar las apelaciones interpuestas por los
demandantes contra la sentencia del 8 de abril de 2022, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de las
demandas formuladas contra el acto de elección del señor Héctor Miguel Parra
López, como rector de la UFPS, periodo 2021-2025, al tenor de lo dispuesto en los
artículos 15043 de la Ley 1437 de 2011 y 1344 del Acuerdo No. 080 de 2019.

2.2. Oportunidad del recurso de apelación

82. En este asunto, esta Judicatura encuentra que las alzadas planteadas
contra la providencia del 8 de abril de 2022 fueron oportunas, a la luz de lo erigido
en el artículo 29245 de la Ley 1437 de 2011, pues la decisión impugnada fue
notificada a las partes el día de su suscripción46, y los recursos fueron incoados y
sustentados el 20 y 22 de abril siguientes47.

2.3. Acto objeto de escrutinio judicial

83. Se trata del Acuerdo No. 028 del 25 de junio de 2021, a través del cual el
Consejo Superior de la UFPS designó al accionado como rector de la Universidad
para el periodo estatutario 2021-2025.

43
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación.”
44
“Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.
45
“El recurso se interpondrá y sustentará ante él a quo en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes, y
se concederá en el efecto suspensivo. Si el recurso no es sustentado oportunamente el inferior lo declarará desierto y
ejecutoriada la sentencia.”
46
8 de abril de 2022. Debe recordarse que a partir de ese día –8 de abril de 2022– comenzó a regir la vacancia para los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial por motivo de la Semana Mayor en el país, por lo que los términos para la
interposición de los recursos se iniciaron una vez finalizado ese periodo.
47
Tomando para ello los 2 días definidos por el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 para tener por efectuada la notificación
de providencias por medios electrónicos.
14

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2.4. Problemas jurídicos

84. La Sección Quinta fijará si el fallo del 8 de abril de 2022 debe ser revocado,
modificado o confirmado, al amparo de los argumentos expuestos en los escritos
de impugnación, que particularmente conllevan establecer:

–Si, en el caso particular, procede la inaplicación del Acuerdo No. 017 del 28
de mayo de 2020, del contrato de hora–cátedra No. 134 del 1º de marzo de
2021, así como de las certificaciones allegadas por COLPENSIONES al
proceso, con fundamento en el control por vía de excepción consagrado en
el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011.

–Si, a la manera como lo estimó el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, la elección del demandado puede fundamentarse en la excepción
al régimen general del retiro forzoso, erigida en el artículo 19 de la Ley 344
de 1996.

–Si el a quo cometió errores insalvables a la hora de fijar el alcance normativo
del Decreto No. 1037 de 2018, a través del cual se añadió un numeral al
parágrafo único del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083 de 2015.

–Si la mesada pensional del acusado podía entenderse suspendida tras su
renuncia al cargo de rector, periodo 2018-2021, ocurrida a partir del 9 de abril
de 2021.

–Si la designación del accionado vulneró el parágrafo único del artículo 1º del
Acuerdo No. 113 de 2007, que prohíbe que los catedráticos que ostentan el
derecho a la pensión puedan ejercer la rectoría de la UFPS.

–Si hay lugar a pronunciarse sobre la presunta transgresión de los artículos
61 y 62 del Estatuto Docente de la Universidad, como cargo planteado en los
alegatos de conclusión formulados por el señor Jorge Heriberto Granados
Moreno en primera instancia, y replicado en su apelación.

85. La absolución de los diferentes cuestionamientos pasa por (I) contextualizar
el procedimiento de escogencia del rector de la UFPS para, seguidamente,
emprender el estudio de cada uno de los reparos en el capítulo dedicado al (II)
caso concreto, como sigue:

2.4.1. Del trámite de elección del rector de la UFPS

86. Con fundamento en el principio de autonomía universitaria, consagrado en
el artículo 6948 de la Carta Política de 1991 y desarrollado por el artículo 2849 de la
Ley 3050 de 1992, el Consejo Superior de la UFPS aprobó el 10 de febrero de

48
“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.”
49
“La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley,
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a
sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de
su misión social y de su función institucional.”
50
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.”
15

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1995 el Acuerdo No. 01351, mediante el cual acogió su Estatuto Electoral, en cuyo
texto se plasma la normatividad que rige la totalidad de los procesos democráticos
que tienen lugar en su interior.

87. En lo que corresponde al certamen que rodea la escogencia del rector, los
artículos 100 a 115 del Acuerdo No. 013 establecen las fases que se adelantan,
resaltadas a continuación:

• Fase de convocatoria52, a cargo del Consejo Superior, autoridad que a
través de Acuerdo informará sobre la apertura del procedimiento, las fechas
de inscripción para los aspirantes y las pautas de la consulta de los diversos
estamentos que componen la institución para la definición de la lista de
candidatos, de la que resultará elegido el rector.

• Fase de inscripción53: en la que los interesados, previo cumplimiento de los
requisitos para acceder al cargo, postulan sus candidaturas. De acuerdo con
el artículo 104 del Acuerdo No. 013 de 1995, la inscripción deberá realizarse
en la Secretaría General de la UFPS con la presencia de 2 testigos, y la
radicación de la agenda o plan de trabajo que orientará las labores del
aspirante de llegar a ser elegido en ese empleo.

• Fase de consulta54: en la que participan (I) los docentes de dedicación
exclusiva, tiempo completo y medio tiempo de la Universidad; (II) los
estudiantes de pregrado y posgrado regularmente registrados en los
programas académicos ofrecidos, en las modalidades presencial y a
distancia; y (III) el personal administrativo y de servicios vinculado de manera
permanente a la UFPS.

El propósito de esta etapa es conformar la lista definitiva de aspirantes,
cuyos nombres serán sometidos al Consejo Superior Universitario, como
órgano competente para la selección del rector.

El parágrafo único del artículo 115 del Acuerdo No. 013 de 1995 prescribe
que la lista se integrará con los candidatos que hayan obtenido en la consulta
“…al menos el veinte por ciento (20%) del total de los votos depositados en las
urnas.”

• Fase de elección: que, como se anticipó, corre por cuenta del Consejo
Superior, el cual, apoyado en la lista definitiva de aspirantes, elige al rector.

88. A la luz de estos presupuestos normativos –brevemente relacionados en
esta providencia–, el Consejo Superior de la UFPS designó al demandado como
rector del ente para el periodo 2021-2025, en decisión plasmada en el Acuerdo
No. 028 del 25 de junio de 2021.

89. Contextualizado el procedimiento que llevó a la expedición del acto
demandado, esta Judicatura emprende enseguida el análisis del caso concreto.

51
“Por el cual se modifica el Acuerdo No. 041 del 24 de mayo de 1994, contentivo del reglamento de elecciones de la
Universidad Francisco de Paula Santander sede central y seccionales en la modalidad presencial y abierta y a distancia.”
52
Artículos 102 y 103 del Acuerdo No. 013 de 1995.
53
Artículo 104 del Acuerdo No. 013 de 1995.
54
Artículos 105 y s.s. del Acuerdo No. 013 de 1995.
16

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2.4.2. Del caso concreto

90. Siguiendo los planteamientos de las apelaciones a la sentencia del 8 de
abril de 2022, condensados en los diferentes problemas jurídicos propuestos en el
apartado 2.4 de este proveído, la Sala los analizará de forma independiente, así:

2.4.2.1. De la inaplicación “inter–partes” solicitada por los accionantes

91. Con fundamento en el control por vía de excepción, erigido en el artículo
148 de la Ley 1437 de 2011, los recurrentes deprecan, con efectos “inter–partes”, la
inaplicación del Acuerdo No. 017 del 28 de mayo de 2020, por presuntamente
transgredir el principio de unidad de materia –contemplado en el artículo 158 de la
Carta–.

92. Para los demandantes, el carácter académico administrativo ofrecido al
empleo de rector en el Acuerdo No. 017 no se compadece con la naturaleza
simplemente administrativa de este cargo, tal y como se derivaría de un análisis
somero de los requisitos para acceder a él; solicitando, como consecuencia de
esta presunta incompatibilidad, su inaplicación en el sub judice.

93. Igualmente, los señores Moreno Granados y Bolívar Corredor piden
inaplicar el contrato No. 134 del 1º de marzo de 2021, suscrito por la rectora ad
hoc de la Universidad, señora Laura Yolima Moreno Rozo, y el demandado,
aseverando que transgrede el artículo 127 de la Constitución, pues el accionado
no podía tener para la época las condiciones de rector en propiedad, para el
periodo 2018-2021, y la de contratista–catedrático de la misma.

94. Los accionantes finalizan este dicho, deprecando al juez la inaplicación de
las certificaciones aportadas por COLPENSIONES a este proceso –tras los
requerimientos probatorios efectuados en el trámite–, por cuanto manifiestan que
la mesada pensional del acusado estaba suspendida durante el desarrollo del
procedimiento eleccionario censurado, lo que no resultaba posible, ya que la
situación que habilitaba la suspensión –el desempeño de la rectoría, periodo 2018-
2021– había desaparecido desde el 9 de abril de 2021, tras la renuncia del
demandado al cargo.

95. Pues bien, bajo el contexto descrito, y descartando la vulneración del
principio de congruencia propuesta por el demandado en sus alegatos de
conclusión de segunda instancia –toda vez que el control por vía de excepción
recae sobre aspectos que han sido propios del debate55–, la Sala anticipa que no
hay motivos para acceder a la inaplicación solicitada por los demandantes, de
acuerdo con los argumentos que se expone a continuación:

96. En su literalidad, el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 prevé:

“En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos

55
No es la primera vez que el Consejo de Estado conoce de este control en el marco de las segundas instancias que
tramita y decide. En ese orden, a manera de ejemplo, se cita: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Cuarta. Rad. 08001-23-31-000-2006-00871-01. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia del 31 de mayo
de 2018.
17

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interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la
ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en
relación con el proceso dentro del cual se adopte.”

97. De lo transcrito se colige la existencia de un medio de control, que por el
canal de la excepción56, se emplea para fiscalizar con alcances relativos –
circunscritos al caso– actos administrativos que disponen de incidencia en los
asuntos judiciales que se tramitan, sin que éstos constituyan, a decir verdad, el
objeto central del juicio.

98. En lo que corresponde a sus ingredientes normativos, del artículo 148 del
Código de Procedimiento Administrativo se decantan los siguientes:

• El control exceptivo puede ser usado en la universalidad de procesos
tramitados en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, incluyendo,
por consiguiente, los procesos declarativos y ejecutivos57.

• La activación del mecanismo está a cargo de las partes que intervienen en
las cuerdas procesales, pero también en cabeza del juez, que de manera
oficiosa, puede emplearlo para inaplicar un acto administrativo con efectos
“inter-partes”.

• El medio de control erigido en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 conjuga
2 instrumentos a través de los cuales puede perseguirse la inaplicación de un
acto administrativo. Por un lado, la excepción de inconstitucionalidad,
respecto de los actos administrativos que contradicen el Texto Superior; por
otro, la excepción de ilegalidad, cuando las manifestaciones unilaterales de
las autoridades administrativas transgreden la ley.

Aunque se trata de conceptos que cuentan con elementos comunes –v.gr.
que las transgresiones a la Constitución o a la ley sean flagrantes para que
procedan58–, la jurisprudencia de la Corte Constitucional59 los ha
diferenciado, así:

– Fuentes jurídicas: mientras la excepción de inconstitucionalidad se
sustenta en las previsiones del artículo 4º Superior, la excepción de
ilegalidad tiene su fundamento en el artículo 1260 de la Ley 153 de
1887, que consagra la fuerza obligatoria de “…los actos ejecutivos del
gobierno”, mientras no sean contrarios a la Constitución y a la ley.

– Autoridades que deben aplicarlos: producto del carácter normativo
de la Carta Política de 1991 –y su obligatoriedad para todos los
órganos del Estado–, el uso de la excepción de inconstitucionalidad es
deber de todas las autoridades públicas, lo que incluye a la Rama

56
En contravía de lo que sucede habitualmente con los demás medios de control que se amparan en el Derecho de acción,
a través de la presentación de demandas.
57
Como paradigma de aplicación del control exceptivo en los procesos ejecutivos, puede citarse: Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad. 85001-23-31-000-1996-0501-01. M.P. María Elena Giraldo Gómez.
Sentencia del 13 de septiembre de 2001.
58
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad. 08001-23-31-000-2006-00871-01. M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia del 31 de mayo de 2018.
59
Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
60
Declarado constitucional en la sentencia C-037 de 2000, referida.
18

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Judicial, así como a los entes administrativos. Por el contrario, la
excepción de ilegalidad de los actos administrativos solo puede ser
declarada por los jueces contenciosos–administrativos, al ser los
garantes –de acuerdo a la repartición de competencias efectuada por
el Constituyente– del principio de legalidad en las actuaciones
administrativas.

• El mecanismo solo procede contra actos administrativos –generales y, en
algunos casos, particulares–, dejando a un lado los contratos suscritos por
las entidades públicas y los aspectos fácticos y probatorios de los procesos.

Al respecto, esta Corporación adujo en decisión del 31 de mayo de 2018:

“Cabe agregar que, con todo y esas limitaciones, la excepción de ilegalidad [e
inconstitucionalidad] supone, por regla general, un juicio sobre la base de la
confrontación de dos normas: una contenida en un acto administrativo y la otra -
regla o principio- en el ordenamiento de carácter superior, razón por la que
cuestiones de orden fáctico son, en principio, ajenos a este medio de
control, habida cuenta de su ejercicio excepcional y particular, lo que
supone que aspectos probatorios, su aporte, regularidad, conducencia,
pertinencia, contradicción, apreciación, en síntesis la demostración de los
hechos sean ajenos a él, amén de que su incidencia en el juicio de valor que
debe hacer el Juez para inaplicar el acto administrativo, tiene que ser directa y
no por vía de inferencia.”61

• Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad se limitan al
proceso –efectos “inter-partes”–, sin que la inaplicación suponga la expulsión
del acto administrativo del ordenamiento jurídico.

• Por último, el control por vía de excepción de que trata el artículo 148 de la
Ley 1437 de 2011 procede cuando el acto administrativo que se busca
inaplicar produce efectivamente efectos entre las partes del proceso judicial
del que se está conociendo, esto es, irradia consecuencias sobre el objeto
mismo del debate que explica la presencia de las partes.

99. Con base en estas premisas, esta Judicatura enlista los argumentos que
permiten desestimar las solicitudes de inaplicación, como sigue:

2.4.2.1.1. Respecto del contrato No. 134 del 1º de marzo de 2021

100. La Sala manifiesta que la inaplicación de este contrato no resulta posible
por 2 razones fundamentales, a saber:

a. Desde la perspectiva del artículo 148 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el uso del medio de control
exceptivo solo puede emplearse contra los actos administrativos,
excluyéndose de su alcance los contratos celebrados por las autoridades
públicas, cuya ilegalidad deberá ser siempre pedida, mediante la puesta en
marcha de los mecanismos judiciales pertinentes62, que son manifestación
del derecho de acción.

61
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad. 08001-23-31-000-2006-00871-01. M.P.
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62
Así, el medio de control de controversias contractuales, establecido en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011.
19

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b. Para el asunto de marras, la Sección advierte que mediante la aducción
del contrato No. 134 del 1º de marzo de 2021, aportado como prueba a esta
causa63, el demandado y la UFPS buscan demostrar que éste ostentó la
calidad de docente catedrático, vinculado con la Universidad durante el
desarrollo del procedimiento que llevó a su elección como rector de la UFPS,
periodo 2021-2025.

Lo anterior, con el propósito de hacer frente al argumento de los actores de
acuerdo con el cual, su designación en el cargo supuso un reintegro al
servicio, proscrito por el ordenamiento, pues superaba la edad de retiro
forzoso y disponía del estatus de pensionado; haciendo prevalecer su vínculo
continuo con el ente autónomo universitario.

De esta manera, por la vía del control de excepción propuesto por los hoy
recurrentes en relación con el contrato No. 134, se pretende cuestionar uno
de los hechos que es objeto de discusión en este trámite, y que deberá ser
valorado por el juez electoral a la hora de analizar el fondo de este asunto.
Así, siguiendo la jurisprudencia de la Corporación64 –que imposibilita
inaplicar aspectos fácticos que se deriven de pruebas, a la manera como
sucede en esta oportunidad–, la Sala niega prosperidad a la petición elevada
por los señores Moreno Granados y Bolívar Corredor, como accionantes de
esta causa.

2.4.2.1.2. Respecto de las certificaciones allegadas por COLPENSIONES
al trámite

101. Sin extender en consideraciones, se destaca que las certificaciones
aportadas por la Administradora Colombiana de Pensiones a este trámite
acumulado corresponden a medios de convicción sobre los que no procede la
inaplicación pretendida por los accionantes, la cual, se reitera a las voces del
artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, solo es viable frente a actos administrativos.

102. Por otro lado, se estima que, más allá del argumento procesal desarrollado
en precedencia, las certificaciones allegadas por COLPENSIONES a este proceso
no crean, modifican o extinguen situaciones administrativas, que pueda dotarlas
de la connotación de actos administrativos, pues retratan tan solo la situación de la
mesada pensional del demandado en la actualidad.

103. Con fundamento en estas consideraciones procesales y sustantivas, el
cargo es negado.

2.4.2.1.3. Respecto del Acuerdo No. 017 del 28 de mayo de 2020

104. Aunque en esta oportunidad, los recurrentes sí persiguen la inaplicación de
un acto administrativo de contenido general, proferido por el Consejo Superior de
la UFPS –que permite el análisis que subyace al control de constitucionalidad por

63
Desde la oposición a la medida cautelar deprecada por los accionantes.
64
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vía de excepción–, la Sala presenta las razones que obstaculizan el acceso a esta
súplica:

105. Como lo sostienen los accionantes, el principio de unidad de materia se
encuentra establecido en el artículo 158 de la Constitución Política, al consagrar
que “Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella.”

106. Se trata de un límite al ejercicio de la función legislativa, mediante el cual el
Constituyente de 1991 exige al Congreso de la República una coherencia a la hora
de poner en marcha su labor creadora de normas en el país. De forma pacífica65,
la Corte Constitucional ha explicado este principio en los siguientes términos:

“A partir de su regulación constitucional, la Corte ha destacado que el principio de
unidad de materia se traduce en la exigencia de que en toda ley debe existir
correspondencia lógica entre el título y su contenido normativo, así como también,
una relación de conexidad interna entre las distintas normas que la integran. Con
ello, la propia Constitución Política le está fijando al Congreso dos condiciones
específicas para el ejercicio de la función legislativa: (I) definir con precisión, desde
el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias de que se va a
ocupar al expedir la ley, y, simultáneamente, (II) mantener una estricta relación
interna, desde una perspectiva sustancial, entre las normas que harán parte de la
ley, de manera que exista entre ellas coherencia temática y una clara
correspondencia lógica con la materia general de la misma, resultando
inadmisibles las modificaciones respecto de las cuales no sea posible
establecer esa relación de conexidad.”66 (Negrilla fuera de texto)

107. Así, la unidad de materia impone una consistencia sustancial en el cuerpo
de los proyectos de ley que se discuten en el legislativo colombiano, restringiendo
la inclusión de temáticas que no guardan relación con las finalidades y
motivaciones que los nutren, esto es, impidiendo la introducción de aspectos
extraños en los debates que caracterizan el trámite de expedición de las
prescripciones legales.

108. Pues bien, y a pesar de que se trata de un principio que, por regla general,
gobierna exclusivamente la producción de las leyes, la jurisprudencia del Consejo
de Estado67 ha menguado este entendimiento en lo que respecta a la aprobación
de algunos actos administrativos, obligando a las autoridades públicas a respetar
la congruencia que se desprende de él.

109. En este sentido, la Sección Primera68 de la Corporación ha señalado:

“El Principio de Unidad de Materia no es ajeno a los actos generales, impersonales
y abstractos expedidos por las Asambleas Departamentales y los Concejos
Distritales y Municipales, es decir, las Ordenanzas y los Acuerdos.

En efecto, el artículo 72 de la Ley 136 de 1994 establece que: “Todo proyecto de
acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La presidencia del
Concejo rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto pero sus
decisiones serán apelables ante la corporación” (Se destaca por la Sala). Este

65
Por ejemplo, sentencias C-699 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa y C-133 de 2012. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
66
Corte Constitucional. Sentencia C-133 de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
67
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 70001-23-31-000-2005-00832-01. M.P.
María Elizabeth García González. Sentencia del 18 de julio de 2013.
68
Ibidem.
21

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mismo tenor se establece en el artículo 107 del Decreto 1333 de 1986, por medio
del cual se expide el Código de Régimen Municipal.” (Negrilla fuera de texto)

110. Por lo anterior, el principio de unidad de materia trasciende los contornos de
la ley para irradiar igualmente la expedición de actos administrativos, en el seno
de algunos cuerpos colegiados de origen popular. Por fuera de ello, y sin perjuicio
de las disposiciones especiales que puedan adoptar los consejos superiores de
las universidades en este punto –con fundamento en la autonomía universitaria69–,
este referente axiológico no se constituye en obligatorio.

111. Bajo la égida de estas apreciaciones, se descarta la inaplicabilidad del
Acuerdo No. 017 del 28 de mayo de 2020, por cuanto:

• En primer lugar, el principio de unidad de materia no es uno de los
parámetros que debían ser tenidos en cuenta por el Consejo Superior de la
UFPS al proferir el Acuerdo No. 017 del 2020, toda vez que, como se ha
visto, corresponde a un fundamento que aplica en el marco de la labor
asignada a las corporaciones públicas de origen popular; sin que en el
Estatuto General de este ente autónomo –Acuerdo No. 048 de 2007– exista
norma que lo imponga.

• En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, la Sección Quinta destaca
que mal podría hablarse de transgresión a la unidad de materia, cuando, a la
manera como lo revela el demandado en sus intervenciones dentro del
proceso, el Acuerdo No. 017 del 2020 solo abordó una temática, a saber: la
actualización de los artículos 27 y 38 del Acuerdo No. 048 de 2007 con el
propósito de resaltar el carácter académico del cargo de rector.
En ese orden, la modificación operada por el Acuerdo No. 017 del 2020 al
Estatuto General de la Universidad se sustenta en las palabras del Consejo
Superior Universitario, así: “Que si bien el rector preside el Consejo Académico,
desarrollando funciones académicas (sic) esenciales para la Universidad, estas no
se reflejan expresamente en el artículo 38 del Acuerdo No. 048 del 2007, el cual
establece las funciones del rector, por lo que se hace necesario incorporarlas en el
cuerpo de este artículo.”

De esta manera, se advierte que ante el desarrollo de un solo punto de
derecho no es posible predicar la incoherencia identificada preliminarmente
por los demandantes, ante la ausencia de patrones de comparación de los
que se colijan inconsistencias de este orden.

• Por último, y a modo de conclusión, esta Judicatura observa que tampoco
existe una incompatibilidad entre la naturaleza académico–administrativa
otorgada al cargo de rector de la UFPS, a través del Acuerdo No. 017 del 28
de mayo de 2020, y los requisitos que deben acreditarse para acceder a él.

En efecto, como se deriva de los considerandos del Acuerdo No. 017, las
exigencias pedidas para desempeñar esa dignidad fueron también una de las
causas para reemplazar la esencia meramente administrativa del empleo por
el carácter académico–administrativo que hoy se reconoce.

69
Nada obsta para que el consejo superior de una universidad oficial pueda establecer el principio de unidad de materia,
como garantía observable a la hora de aprobar modificaciones a los estatutos universitarios.
22

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En ese orden, el Acuerdo No. 017 dispuso: “Que, los requerimientos fijados por
el Estatuto General de la Universidad Francisco de Paula Santander, que fuera
dictado en ejercicio de los principios de autonomía y autodeterminación normativa,
reflejan que los pre-requisitos para ocupar el cargo de rector mayoritariamente
trascienden en los de contenido académico, por sobre los del ejercicio de
actividades administrativas, que finalmente se aparejan para definir la naturaleza
académico administrativa del cargo.”

Y es que, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo No. 048 de 2007 –
Estatuto General de la UFPS–, a la rectoría podrán acceder aquellos
ciudadanos que puedan demostrar el ejercicio de la docencia universitaria, “al
menos por diez (10) años, de los cuales al menos dos (2) años en cargos de
administración académica.”

De esta forma, lo académico es uno de los ejes trascendentales en el
ejercicio del empleo de rector.

112. En consonancia, el cuestionamiento se despacha negativamente.

2.4.2.2. De la legalidad del acto de elección del demandado

113. Luego de haber recorrido los pormenores del control por vía de excepción
planteado por los demandantes, la Sala procede a estudiar la legalidad del acto de
elección del rector de la UFPS, periodo 2021-2025, sobre la base de un
interrogante esencial, a saber: si su designación se ampara, como lo asevera el
demandado y el a quo, en las previsiones normativas del artículo 19 de la Ley 344
de 1996, que pregona una excepción al régimen general de retiro forzoso.

114. Con ese propósito, se abordará, de un lado, el contexto normativo que
distingue el régimen de retiro en Colombia; del otro, el tratamiento jurisprudencial
dado al artículo 19 de la Ley 344 de 1996, en lo que se relaciona con los rectores
de las universidades oficiales, así:

2.4.2.2.1. De los fundamentos normativos que han compuesto y
componen el régimen de retiro en Colombia

115. En el ordenamiento nacional, las causales de retiro del servicio público se
encuentran establecidas en los artículos 4170 de la Ley 90971 de 2004 y
2.2.11.1.172 del Decreto No. 1083 de 2015, disposiciones normativas en las que se
contemplan el grupo de situaciones que llevan a disolver los vínculos que unen al
Estado con sus empleados73.

116. Las circunstancias del rompimiento pueden tener origen en 3 tipos de
eventualidades, a saber: (I) en decisiones administrativas74 y judiciales75; (II) por
voluntad propia de los servidores76; y, como consecuencia, (III) de alcanzar ciertas

70
“El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos…”
71
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.”
72
“El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones públicas y se produce por…”.
73
Todo ello en consonancia con las previsiones del artículo 125 constitucional.
74
Por ejemplo, destituciones o declaratorias de insubsistencia.
75
Verbi gratia, condenadas penales o decisiones de nulidad electoral.
76
Por ejemplo, la presentación de renuncias irrevocables.
23

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calidades que, de acuerdo con el sistema, producen la fractura inmediata de la
relación.

117. La obtención del estatus de pensionado y la edad de retiro forzoso son
ejemplos claros de esta última categoría, en las que las condiciones cronológicas
y prestacionales explican el apartamiento del servicio; motivados en una misma
filosofía, que busca renovar la planta de personal del Estado, con el propósito de
garantizar un adecuado acceso a las funciones públicas, a través de su
depuración77.

118. En punto de ello, la jurisprudencia de la Sección Quinta ha enseñado:

“…[la edad de retiro forzoso] permite al Estado redistribuir y renovar los empleos
públicos, considerados como un recurso escaso, para que todos los ciudadanos
puedan acceder a él en igualdad de oportunidades. De esta manera, se logra la
efectividad del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos
públicos (arts. 13 y 40-7 CP), del derecho al trabajo de los ciudadanos que aspiran a
desempeñarse como servidores públicos (art. 25) y de los mandatos
constitucionales que ordenan al Estado propiciar la ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar (art. 54) y dar pleno empleo a los recursos humanos
(art. 334).”78

119. Se colige de lo reproducido que la edad de retiro forzoso –conclusión
igualmente extensible al carácter de pensionado– se presenta como un
instrumento de política normativa con el que se pretende modernizar, transformar
y, en general, ofrecer “nuevos aires” a la estructura orgánica de las autoridades,
excluyendo de las labores estatales a ciudadanos que por razón de su edad y
condición prestacional, deben dar relevo a las fuerzas que surgen con el paso del
tiempo.

120. Así, la edad de retiro forzoso79 y la condición de pensionado son motivos de
distanciamiento inmediato del servicio, que pueden incluso conllevar la
declaratoria de nulidad de los actos de elección o nombramiento, cuando la
designación supone el reintegro de ciudadanos que han alcanzado cualquiera de
estos 2 estatus, tal y como lo prescribe el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083
de 2015:

“La persona mayor de 70 años [edad de retiro forzoso] o retirada con derecho a
pensión de vejez no podrá ser reintegrada al servicio…”. (Negrilla fuera de texto)

121. De esta manera, se trata de situaciones que llevan a la anulación de actos
electorales, no porque constituyan inhabilidades80, sino por cuanto corresponden –
–en ciertos eventos– a requisitos que se exigen para el ejercicio de los cargos
públicos.

122. Al respecto, esta Corporación ha afirmado:

77
Corte Constitucional. Sentencia C-563 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
78
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2012-00055-00. M.P.
Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 19 de septiembre de 2013.
79
Artículo 2.2.11.1.7 del Decreto No. 1083 de 2015: A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016, la edad de
setenta (70) años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos, salvo las excepciones señaladas en el
artículo 2.2.11.1.5.” (Negrilla fuera de texto)
80
Y no se trata de inhabilidades, pues a través del análisis de estas circunstancias no se examinan conductas atentatorias
de los principios de imparcialidad y moralidad administrativa en los procedimientos eleccionarios que se desarrollan en el
sistema jurídico –fines últimos de este régimen–, sino tan solo situaciones que pretenden reconstruir el andamiaje
institucional, esgrimiendo para ello circunstancias naturales y jurídicas propias al ser humano.
24

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“Surge entonces la pregunta: ¿Si la edad de retiro forzoso no es una inhabilidad por
qué puede invalidar un nombramiento o una elección? Porque la edad, en el
ordenamiento jurídico interno, es un requisito de validez para ocupar los empleos
públicos. Así lo determina el artículo 275 del CPACA al prescribir que “Los actos de
elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de
este Código y, además, cuando: (…) 5.- Se elijan candidatos o se nombren
personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de
elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.” (Se colocan las
negrillas).

(…)

La edad para ocupar un cargo público, bien sea para acceder o para permanecer en
el mismo, si bien no es una inhabilidad sí corresponde a un requisito, que de no
acreditarse para el momento de la elección o la designación puede propiciar su
nulidad. Además, si durante el ejercicio de sus funciones llegare a sobrevenir la
edad de retiro forzoso, lo conducente es que la persona se aparte del cargo o se le
separe del mismo.”81 (Negrilla y subrayas fuera de texto)

123. Teniendo claro ello, la Sala adelanta un barrido normativo de las
disposiciones que en el sistema jurídico nacional han sustentado este tipo de
causales de retiro –con potencialidad de anular actos de elección o
nombramiento–, así:

A. Decreto-Ley No. 2400 de 1968, “Por el cual se modifican las normas
que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones”

124. Con fundamento en las facultades extraordinarias concedidas mediante la
Ley 6582 de 1967, el presidente de la República Carlos Lleras Restrepo83 expidió,
el 19 de septiembre de 1968, el Decreto-Ley No. 2400, con el que reguló la
administración del personal civil que prestaba sus servicios en la Rama Ejecutiva
del poder público.

125. En su capítulo VI, el estatuto en cita estableció las causales del retiro del
servicio, dentro de las cuales figuraron la calidad de pensionado y la edad de retiro
forzoso, presentándose para ese momento como el régimen general en la materia.

126. Respecto de la primera –jubilación–, el artículo 29 del Decreto prescribió:

“El empleado que reúna las condiciones para tener derecho a disfrutar de una
pensión de jubilación, cesará definitivamente en sus funciones y será retirado del
servicio dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que reúna tales
condiciones…

La persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser reintegrada
al servicio, salvo cuando se trate de ocupar las posiciones de Presidente de la
República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo,
Superintendente, Viceministro, Secretario General de Ministerio o Departamento
Administrativo, presidente, Gerente o Director de Establecimientos Públicos o de
empresas Industriales y Comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas
no comprendidos en la respectiva carrera y secretarios privados de los despachos
de los funcionarios de que trata este artículo. Por necesidades del servicio, el

81
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 13001-23-33-000-2014-00343-01. M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 7 de septiembre de 2015.
82
“por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la remuneración y
régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, se provee al fortalecimiento de la administración fiscal, se dictan otras
disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de las partidas presupuestales destinadas a gastos de
funcionamiento y se crea una nueva Comisión Constitucional Permanente en las Cámaras Legislativas.”
83
Periodo 1966-1970.
25

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gobierno podrá ampliar estar excepciones siempre y cuando que el empleado no
sobrepase la edad de sesenta y cinco (65) años.” (Negrilla y subrayas fuera de
texto)

127. En su descripción literal, la norma compendió 3 mandatos, que se esbozan
a continuación:

• Una regla general de acuerdo con la cual, la reunión de los presupuestos de
la pensión constituían un motivo de retiro del servicio dentro de los 6 meses
siguientes a ello.

• Una prohibición, consistente en impedir que la persona retirada por esta
razón84 pudiera ser reintegrada, salvo para el desempeño de los siguientes
empleos: (I) presidente de la República, (II) ministro o jefe de departamento
administrativo, viceministro o secretario general de estas dependencias85,
(III) gerente o director de establecimiento público o de empresa industrial y
comercial del Estado, (IV) miembro de misiones diplomáticas y (V)
secretarios privados de los funcionarios referidos.

• Por último, una cláusula de ampliación de las situaciones de excepción a la
prohibición de reintegro atribuida al Gobierno, quien podría utilizarla por
necesidades del servicio, siempre y cuando el empleado a reintegrar no
superara la edad de retiro forzoso.

128. Por su parte, el artículo 31 del Decreto-Ley No. 2400 de 1968 consagró en
relación con la edad de retiro forzoso:

“Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años será retirado del
servicio y no será reintegrado. (…) Exceptúanse de esta disposición los empleos
señalados por el inciso 2º del artículo 29 de este Decreto.” (Negrilla y subrayas fuera
de texto)

129. En ese orden, el retiro del servicio y la imposibilidad del reintegro se
producían al tocar los 65 años, a excepción de los casos enlistados en el inciso 2º
del artículo 29 del mencionado cuerpo normativo.

130. Adelantándonos un poco en este relato, la edad de retiro forzoso en
Colombia fue aumentada en 5 años, fijándose en 70, por medio del artículo 1º86 de
la Ley 1821 de 2016.

131. Asimismo, muchos de los mandatos establecidos en el Decreto No. 2400 de
1968 fueron adoptados por las disposiciones del Decreto No. 1083 de 2015 –que
rige en nuestros días– con el que se persiguió la unificación de la normatividad
relacionada con el sector de la función pública en el país, como se verá más
adelante.

84
Requisitos de pensión.
85
Ministerios o departamentos administrativos.
86
“La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años.
Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna
circunstancia.”
26

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B. Ley 344 de 1996, “Por la cual se dictan normas tendientes a la
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y
se expiden otras disposiciones.”

132. El 27 de diciembre de 1996, el Congreso de la República –ya en vigencia
de la Constitución Política de 1991– aprobó la Ley 344. En su artículo 19, se
introdujeron preceptos que vinieron a excepcionar el régimen general del retiro
forzoso, erigido para ese momento en el Decreto-Ley No. 2400 de 1968, al
consagrar:

“…el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o
jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo
hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente
después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas
instituciones.” (Negrillas y subrayas fuera de texto)

133. Centrándonos en el caso de los docentes universitarios –por ser el tema
objeto de análisis en esta oportunidad–, la disposición previó una regla exceptiva a
la normativa compendiada en el Decreto No. 2400, de acuerdo con la cual, los
profesores de las universidades públicas que hubieran alcanzado el derecho a la
pensión, podían optar por este beneficio, o continuar vinculados al servicio
docente por 10 años más a la edad de retiro forzoso, esto es, hasta los 7587 años.

134. En otros términos, la obtención del derecho a la pensión otorgaba –y otorga
todavía– al docente universitario 2 posibilidades:

• Opción 1: acceder al pago de la prestación económica, dando por terminado
su vínculo con la universidad88.

• Opción 2: continuar vinculado al servicio por 10 años adicionales a la edad
de retiro forzoso.

135. Sobre el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 pueden además hacerse los
siguientes comentarios:

136. En primer lugar, el beneficio concedido a los profesores de las
universidades oficiales de extender su vínculo reglamentario por 10 años fue
declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-58489 de 1997.

137. En aquella oportunidad, la Corte manifestó que este trato diferenciado
ofrecido a los docentes universitarios resultaba constitucional, comoquiera que
buscaba el mantenimiento en el servicio de aquellos ciudadanos que habían
demostrado aptitudes e idoneidad para el desarrollo de la educación superior,

87
Si se tiene en cuenta que la edad de retiro forzoso para el momento en que apareció la norma era de 65 años, como se
vio.
88
En la sentencia C-584 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte explicó sobre la renuncia al cargo para poder
optar por el derecho a la pensión –de cara al artículo 19 de la Ley 344 de 1996–: “La norma estudiada [art.19 de la Ley 344
de 1996] busca impedir que una persona pueda gozar, simultáneamente, del derecho a la estabilidad en un cargo público y
de la pensión de jubilación. Con ello, se pretende liberar una de las dos fuentes de provisión de los recursos involucrados, a
fin de destinarlos a satisfacer necesidades de terceras personas. En efecto, si el servidor público opta por continuar
trabajando hasta cumplir la edad de retiro forzoso, se disminuye temporalmente la presión financiera sobre los fondos que
deben orientarse al pago del pasivo laboral. Si, de otra parte, decide hacer efectiva la pensión, se libera una plaza pública
que deberá ser provista por una nueva persona, en edad de trabajar.”
89
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
27

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como pilar fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho, pregonado
por la Carta Política90 de 1991.

138. En ese sentido, el alto Tribunal destacó:

“En el presente caso, el legislador consagra, a favor de un tipo de servidores
vinculados al régimen de carrera administrativa, una prerrogativa que no se
atribuye a la generalidad de los restantes servidores sometidos al mismo régimen,
consistente en concederles la facultad de diferir, durante diez años, la edad de retiro
forzoso.

La excepción consagrada, tiene la finalidad de permitir que los docentes
universitarios ejerzan sus funciones hasta los setenta y cinco años, si así lo
consideran conveniente y si no han incurrido en ninguna causal de retiro. El
objetivo no es otro que el de autorizar a los centros de educación superior y a las
personas que han demostrado sus calidades docentes para que estas puedan
permanecer en el servicio de la educación superior.” (Negrilla y subrayas fuera de
texto)

139. Se deriva de lo anterior que la posibilidad para continuar en el servicio –tras
alcanzar los requisitos de la pensión– corresponde a una decisión discrecional del
docente, que se aplica en los eventos en que su relación legal y reglamentaria se
encuentra vigente, pues el retiro anticipado del servicio –cualquiera sea la causa
para ello– impide su operatividad.

140. En consonancia con ello, la Sala resalta que el artículo 19 de la Ley 344 de
1996 es una norma que habilita la prolongación en el tiempo de las relaciones
laborales–administrativas de los docentes universitarios –más allá de los confines
de la edad de retiro forzoso–, sin que con su contenido se regule la
reincorporación al servicio de profesores que previamente se resolvieron por su
derecho a la pensión.

141. En segundo lugar, esta Judicatura encuentra que en lo que corresponde a
su alcance, el provecho erigido en el artículo 19 ejusdem solo cobija a los docentes
que hacen parte de la carrera administrativa especial de las universidades
oficiales, dejando a un lado a los docentes ocasionales91 y catedráticos92, quienes
no ostentan el estatus de empleados públicos, a las voces de la Ley 30 de 1992.

142. Ello, por cuanto, como lo ha admitido la Sección Segunda93 de esta
corporación, la Ley 344 de 1996 esgrime una regla especial de retiro del servicio
público –que se extiende por 10 años más a la edad de retiro normal– que solo es
predicable de aquellos que cuentan con vínculos legales y reglamentarios con las
autoridades públicas.

143. De esta forma, la Sala administrativa–laboral del Consejo de Estado estimó
en providencia del 7 de junio de 2018, que se transcribe in extenso:

“Dicha prerrogativa, con carácter de excepción prevista por el legislador [artículo 19
de la Ley 344 de 1996] frente al régimen común de los servidores públicos, aplica a
los “docentes universitarios”.

90
En su artículo 69.
91
“Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, sus servicios serán reconocidos mediante
resolución…”.
92
“Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales…”.
93
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Rad. 54001-23-31-000-
2006-00766-01. M.P. César Palomino Cortés. Sentencia del 7 de junio de 2018.
28

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La Ley 30 de 1992 no trae una definición de “docente universitario” que permita una
interpretación literal de la norma a partir del significado que en ella misma se
consagre, sin embargo, de acuerdo con el artículo 70 de dicha normativa, la
incorporación de los profesores universitarios se efectuará “previo concurso público
de méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo Superior Universitario”.

(…)

Los profesores, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30 de 1992, “podrán ser de
dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra”. El artículo
72 ídem dispone que: “Los profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y
medio tiempo están amparados por el régimen especial previsto en esta Ley y
aunque son empleados públicos no son de libre nombramiento y remoción, salvo
durante el período de prueba que establezca el reglamento docente de la
universidad para cada una de las categorías previstas en el mismo”. Y, de acuerdo
con el artículo 73: “Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni
trabajadores oficiales”.

(…)

El docente universitario que goza de la prerrogativa prevista en el artículo 19 de la
Ley 344 de 1996, esto es, que al adquirir el derecho a disfrutar la pensión de vejez o
jubilación, pueda optar por el beneficio prestacional, o continuar vinculado al servicio
de la docencia hasta la edad de 75 años, son los profesores empleados públicos
de carrera de que trata el artículo 72 de la Ley 30 de 1992, esto es, la categoría
de profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo.

La Ley 344 de 1996 consagra un régimen especial de aplicación preferente al
régimen general fijado por el legislador extraordinario en el Decreto 2400 de 1968. El
régimen especial que permite al docente permanecer en el servicio hasta los 75
años, que para su caso, es la edad de retiro forzoso, solo aplica para los profesores
de carrera del artículo 72 de la Ley 30 de 1992, no así para las categorías de
profesores de cátedra y ocasionales, previstas en los artículos 73 y 74 idem, quienes
por expresa disposición legal no son empleados públicos, razón por la cual, no
son destinatarios de una norma que fija una modalidad especial de retiro del
servicio público.”94

144. Así las cosas, la aplicación del artículo 19 ibidem está supeditada a la
condición de empleado público que disponga el docente universitario que desea
su favor; ratio decidendi que resulta también acorde a lo afirmado por la Corte
Constitucional, en su sentencia C-584 de 1997, en la que se aseveró que el
régimen exceptivo planteado había sido concebido “a favor de un tipo de servidores
vinculados al régimen de carrera administrativa…”.

145. Finalmente, la Sala hace notar que la norma analizada dispone de vigencia
en nuestros días, incluso en el marco general del retiro forzoso, erigido en la
actualidad en la Ley 1821 de 2016 y el Decreto No. 1083 de 2015, en la que los
preceptos del artículo 19 ejusdem se muestran como complementarios a las
situaciones reguladas en los cuerpos normativos referidos, como se explicará
enseguida.

94
Ibidem.
29

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C. Ley 1821 de 2016, “Por medio de la cual se modifica la edad máxima
para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas”

146. Como se anticipó, esta ley modificó la edad de retiro forzoso contenida
primigeniamente en el artículo 31 del Decreto-Ley No. 2400 de 1968, ampliándola
en 5 años.

147. En efecto, en su artículo 1º se dispuso:

“La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen
funciones públicas será́ de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el
retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo
ninguna circunstancia.”

148. En punto de las consecuencias producidas por esta alteración normativa, se
distingue aquella que permite, a partir de la interpretación armónica de los
artículos 19 de la Ley 344 de 1996 y 1º de la Ley 1821 de 2016, que los docentes
universitarios puedan mantener sus relaciones legales y reglamentarias hasta los
80 años, al sumarse a la actual edad de retiro forzoso –70 años–, los 10
adicionales permitidos, como se sostuvo, en el artículo 19 ibidem.

D. Decreto No. 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector de Función Pública”

149. Con el propósito de unificar y dotar de coherencia las reglas de la función
pública, el Decreto No. 1083 de 2015 compiló en su cuerpo la totalidad de los
mandatos dispersos relativos a ese sector95.

150. En la actualidad, se trata del estatuto normativo que contiene el régimen
general del retiro forzoso en Colombia y en el que se contemplan las disposiciones
que soportan la demanda de nulidad electoral elevada contra el señor Héctor
Miguel Parra López, como rector de la UFPS, periodo 2021-2025.

151. De esta manera, el Decreto No. 1083 de 2015 consagra en lo pertinente
para este caso:

• Que alcanzar la edad de retiro forzoso –70 años– y/o la obtención de la
pensión de jubilación o vejez son causales de retiro del servicio para los
empleados públicos, a las voces del artículo 2.2.11.1.196. ibidem.

• Que quienes llegan a la edad de retiro forzoso o se han retirado del servicio
con derecho a la pensión, no podrán ser reintegrados para el ejercicio de
funciones públicas, con algunas excepciones.

Respecto de este punto, el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083 de 2015
prevé:

95
Artículo 2.1.1.1 del Decreto No. 1083 de 2015: “El presente decreto compila en un sólo cuerpo normativo los decretos
reglamentarios vigentes de competencia del sector de la función pública, incluidos los atinentes a las siguientes materias…”.
96
“El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones públicas y se produce por: (…) 4) Retiro por haber
obtenido la pensión de jubilación o vejez (…) 6) Edad de retiro forzoso.

30

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“La persona mayor de 70 años o retirada con derecho a pensión de vejez no
podrá ser reintegrada al servicio, salvo cuando se trate de ocupar los cargos
de:
1. Presidente de la República.
2. Ministro del despacho o Director de Departamento Administrativo.
4. Viceministro o Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo.
5. Presidente, Gerente o Director de entidades descentralizadas.
6. Miembro de misión diplomática no comprendida en la respectiva carrera.
7. Secretario privado de los despachos de los servidores anteriores.
8. Consejero o asesor.
9. Elección popular.
10. Las demás que por necesidades del servicio determine el Gobierno Nacional,
siempre que no sobrepasen la edad de retiro forzoso.” (Negrilla fuera de texto)

• Finalmente, el parágrafo único del artículo transcrito –2.2.11.1.5.– dispone
otra excepción a la prohibición de reintegro, en la que se establece que los
pensionados que no hayan llegado a la edad de 70 años, podrán ser
reintegrados al servicio, así:

“La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya
llegado a la edad de 70 años, podrá ser reintegrada al servicio al empleo de:

1. Director General de Unidad Administrativa Especial con o sin personería
jurídica.
2. Subdirector de Departamento Administrativo.
3. Secretario de Despacho código 020, de las Gobernaciones y Alcaldías.
4. Subdirector o Subgerente de establecimiento público.
5. Presidente, Gerente o Subgerente de Empresa Oficial de Servicios Públicos
del orden nacional o territorial.” (Negrilla fuera de texto)

152. Este parágrafo fue adicionado posteriormente por el Decreto No. 1037 de
2018.

E. Decreto No. 1037 de 2018, “Por el cual se adiciona un numeral al
Parágrafo del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario
del Sector de Función Pública.”

153. El 21 de junio de 2018, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 1037, a
través del cual añadió un ordinal al parágrafo único del artículo 2.2.11.1.5. del
Decreto No. 1083 de 2015, habilitando que las personas que gozan de una
pensión de jubilación puedan ser reintegradas al servicio, siempre y cuando no
hayan alcanzado la edad de retiro forzoso, a cargos como el de rector
universidades oficiales.

154. En su tenor literal, el Decreto No. 1037 prescribe:

“La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya
llegado a la edad de 70 años, podrá ser reintegrada al servicio al empleo de:

(…)

"6. Rector, Vicerrector General, Vicerrector Nacional, Vicerrector de Sede,
Secretario General, Gerente Nacional, Directores Nacionales y Decanos de los
entes universitarios autónomos."

31

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155. Como se desprende, la disposición permite al jubilado, menor de 70 años –
como edad de retiro forzoso–, prestar sus servicios –mediante su reintegro– en las
rectorías de los entes autónomos universitarios.

156. Por lo anterior, la Sala estima que, a la manera como lo aducen los
apelantes, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander97 incurre en un “error
insalvable”, al consagrar que el Decreto No. 1037 de 2018 habilita la
reincorporación de pensionados que tengan o superen la edad de retiro forzoso,
toda vez que la condición que supedita la aplicación de la excepción prescrita allí
es que “no [se] haya llegado a la edad de 70 años”.

157. Entonces, a modo de conclusión, y en aras de esclarecer el universo
normativo que guiará la resolución de este caso, se tienen las siguientes reglas y
excepciones:

Regla 1 Excepción
La edad de retiro forzoso en Colombia es Los profesores universitarios de planta,
de 70 años y se constituye en motivo de vinculados legal y reglamentariamente al
retiro inmediato del servicio98. servicio, podrán continuar prestando sus
servicios hasta los 80 años, siempre que
anticipadamente no se hubieren retirado
del servicio99.

Regla 2 Excepciones
Los retirados del servicio mayores de 70 Excepción 1: Los retirados del servicio
años y/o con derecho a la pensión no mayores de 70 años y/o con derecho a la
pueden ser reintegrados al servicio pensión pueden ser reintegrados, en todo
público100. momento, para ocupar los cargos de
presidente de la República, ministros, jefes
de departamentos administrativos, etc.

Excepción 2: Los pensionados, retirados
del servicio, solo podrán ser reintegrados al
cargo de rector de universidad pública,
siempre y cuando no hayan llegado a la
edad de 70 años, como edad de retiro
forzoso en Colombia.

158. Igualmente, la Sala resalta que el estudio sistemático de los artículos
2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083 de 2015 y 19 de la Ley 344 de 1996 permite
advertir la existencia de 3 situaciones complementarias que explican la
razonabilidad de su existencia en el ordenamiento, tal y como se presenta
enseguida:

Fuente normativa Mandato Situación que regula
“La persona mayor de 70 La imposibilidad del
años o retirada con derecho reintegro al servicio de los
a pensión de vejez no podrá mayores de 70 años o de

97
En su fallo del 8 de abril de 2022, el Tribunal consideró: “Por su parte, el artículo 1 del Decreto 1037 de 2018 extendió́ las
salvedades del artículo 2.2.11.1.5. a los Rectores, Vicerrectores, directores, secretarios y Decanos de Universidades
autónomas, respecto de los cargos que pueden ser reintegrados a pesar de tener la edad de retiro forzoso o adquirir el
derecho a pensión por vejez, dentro de los cuales adicionó…”. (Negrilla y subrayas fuera de texto).
98
Ley 1821 de 2016 y Artículo 2.2.11.1.7 del Decreto No. 1083 de 2015.
99
Artículo 19 de la Ley 344 de 1996.
100
Primera parte del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083 de 2015.
32

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ser reintegrada al servicio, los pensionados retirados
Artículo 2.2.11.1.5 del salvo cuando se trate de con derecho a la pensión,
Decreto 1083 de 2015 ocupar los cargos de: salvo en los eventos en los
que se pretendan ocupar
1. Presidente de la
República. los cargos mencionados en
2. Ministro del despacho o la norma, respecto de los
Director de Departamento cuales no existe limitación
Administrativo. temporal alguna.
4. Viceministro o Secretario
General de Ministerio o A manera de ejemplo, un
Departamento
ciudadano de 90 años
Administrativo.
5. Presidente, Gerente o retirado del servicio puede
Director de entidades ser reintegrado para
descentralizadas. desempeñar el cargo de
6. Miembro de misión presidente de la República.
diplomática no comprendida
en la respectiva carrera.
7. Secretario privado de los
despachos de los
servidores anteriores.
8. Consejero o asesor.
9. Elección popular.
10. Las demás que por
necesidades del servicio
determine el Gobierno
Nacional, siempre que no
sobrepasen la edad de
retiro forzoso.”
“La persona que se La norma establece una
encuentre gozando de excepción que se diferencia
Parágrafo único del artículo pensión de jubilación y que de la anterior, en cuanto
no haya llegado a la edad
2.2.11.1.5 del Decreto No. permite que un pensionado
de 70 años, podrá ser
1083 de 2015 reintegrada al servicio al retirado del servicio –lo que
empleo de: se prohíbe en la primera
parte del precepto101–
(…) pueda ser reintegrado a la
función pública como rector
"6. Rector, Vicerrector de una universidad pública,
General, Vicerrector
siempre y cuando no supere
Nacional, Vicerrector de
Sede, Secretario General, la edad de retiro forzoso, a
Gerente Nacional, saber, los 70 años.
Directores Nacionales y
Decanos de los entes
universitarios
autónomos."

“…el servidor público que En las antípodas del artículo
Artículo 19 de la Ley 344 de adquiera el derecho a 2.2.11.1.5 del Decreto No.
1996 disfrutar de su pensión de 1083 de 2015, la
vejez o jubilación podrá prescripción no establece
optar por dicho beneficio o una situación de reintegro
continuar vinculado al de ciudadanos retirados del
servicio, hasta que cumpla servicio.
la edad de retiro forzoso.
Los docentes universitarios Ella contempla la posibilidad

101
Los pensionados retirados del servicio no podrán ser reintegrados.
33

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podrán hacerlo hasta por de que los docentes
diez años más.” universitarios puedan
mantener su vínculo sin
importar que hayan llegado
a la edad de los 70 años,
permitiéndoles laborar por
10 años más, esto es, hasta
los 80 años.

Tras el cumplimiento de esa
edad, los docentes
universitarios de planta
están llamados al retiro
obligatorio de sus
funciones, sin que puedan
continuar prestando sus
labores.

159. Visto ello, esta Judicatura estudiará el tratamiento dado por su
jurisprudencia al artículo 19 de la Ley 344 de 1996, en punto de su aplicación al
caso de los rectores de las universidades públicas.

2.4.2.2.2. Del tratamiento jurisprudencial ofrecido al artículo 19 de la Ley
344 de 1996

160. En 2 oportunidades, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha estudiado
la aplicación analógica del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 –y su regla de
continuidad– a los rectores de los entes autónomos universitarios del Estado.

161. En una primera oportunidad, respecto de un docente de planta de la
Universidad de Cartagena, que en vigencia de su vínculo legal y reglamentario fue
elegido rector del plantel.

162. En una segunda oportunidad, en relación con un profesor universitario
retirado del servicio que gozaba de su pensión, cuya escogencia como rector
supuso su reintegro para el ejercicio de funciones públicas.

163. Bajo este panorama, la Sala expondrá brevemente cada una de esas
sentencias, como sigue:

2.4.2.2.2.1. Fallo del 7 de septiembre de 2015, Rad. 13001-23-33-000-2014-
00343-01

164. En el año 2015, la Sala Electoral del Consejo de Estado conoció de las
apelaciones presentadas contra la providencia del 4 de febrero de esa anualidad,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, con la cual se habían negado
las pretensiones de las demandas de nulidad electoral propuestas contra el acto
de elección del señor Édgar Parra Chacón, como rector de la Universidad de
Cartagena, periodo 2014-2018.

165. Los supuestos fácticos que rodearon la contienda fueron los siguientes:

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• El señor Parra Chacón era docente de planta de tiempo completo de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, para el primer
semestre del año 2014, como lo certificaba el Jefe del Departamento de
Pediatría de ese establecimiento102.

• En su condición de profesor de carrera participó en el 2014 en el
procedimiento de elección del rector de la Universidad de Cartagena, época
para la cual contaba con 65 años103.

• Sobrepasando la edad de retiro forzoso de 65 años, contemplada en el
artículo 31 del Decreto–Ley No. 2400 de 1968, el Consejo Superior designó
al acusado rector, el 30 de mayo de 2014.

166. Con sentencia del 7 de septiembre de 2015, la Sección confirmó el fallo
recurrido, al amparo de la excepción dispuesta en el artículo 19 de la Ley 344 de
1996, que permite a los profesores de las universidades públicas laborar por 10
años más a la edad de retiro forzoso, esto era, hasta los 75 años.

167. Para arribar a ello, esta Judicatura siguió el derrotero argumentativo que se
plasma enseguida:

• Adujo que en el caso particular no existía una norma que regulara la edad de
retiro forzoso de los rectores de los entes autónomos universitarios, por
cuanto:

a. El Estatuto General de la Universidad de Cartagena no establecía nada al
respecto.

b. El Decreto–Ley No. 2400 de 1968 no era aplicable a las universidades
oficiales, pues la Constitución les reconocía un régimen especial, y este era
general para todo el personal civil de la Rama Ejecutiva.

c. En principio, el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 solo cobija a los
profesores de las universidades, sin hacer referencia a los rectores.

• Partiendo de este vacío normativo, y al amparo de la analogía104, la Sala se
decantó por aplicar al caso concreto –y subsanar esa deficiencia– el artículo
19 de la Ley 344 de 1996 para el caso de rector de la Universidad de
Cartagena.

• ¿Por qué decidió hacerlo así? Por dos consideraciones fundamentales que
se resumen así:

–En primer lugar, por la cercanía del empleo de rector con el ejercicio de
la función profesoral dentro de esa institución, pues, como requisitos para
acceder al cargo, el Estatuto General establecía el haber ejercido la

102
La sentencia contiene en su pie de página No. 31 la siguiente aclaración: “Este hecho [la vigencia de su vínculo] no lo
discute ninguno de los sujetos procesales. Es más, el Jefe del Departamento de Pediatría de la Universidad de Cartagena,
doctor Enovaldo Herrera Galvis, con documento de 10 de junio de 2014, certificó que el doctor Edgar Parra Chacón es
docente de planta de tiempo completo de esa universidad y que incluso para el período 2014-1 está desarrollando carga
académica (Exp. 201400321 C. 1º fl. 416). Este documento no fue tachado de falso.”
103
Al haber nacido el 13 de abril de 1949.
104
Artículo 8 de la Ley 153 de 1887.
35

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docencia universitaria. Además, que de acuerdo con las normas internas
de la Universidad de Cartagena el empleo de rector era catalogado como
académico–administrativo.

–En segundo lugar, porque en el plenario se encontraba demostrado que
el accionado era docente de carrera administrativa del establecimiento, lo
que le permitía continuar en el servicio hasta la edad de los 75 años.
Sobre este tema, la sentencia explicó:

“Precisamente el demandado acreditó que es docente de planta de tiempo
completo y que para el semestre 2014/1- fecha de la certificación - tenía
asignada carga académica.

Así las cosas, en este caso particular y, dada esa connotación especial
que se predica del Rector –docente universitario–, para la Sala la elección
que se cuestiona no incurre en la violación alegada por cuanto para
determinar la edad de retiro de Rector de la Universidad de Cartagena es
preciso acudir a la regla establecida en la Ley 344 de 1996. En ese sentido se
confirma la decisión del a quo.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

168. Es decir que, la condición de docente del acusado le permitía mantener su
vínculo por 10 años más a la edad de retiro forzoso, pudiendo en ese periodo ser
designado rector de la Universidad de Cartagena.

169. En relación con este entendimiento del fallo del 7 de septiembre de 2015, la
Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo en el 2018:

“En este orden de ideas, la prerrogativa prevista en la ley [344 de 1996] no puede,
por su carácter excepcional, hacerse extensiva al personal administrativo de los
Entes Universitarios Autónomos. Sólo aplica en particulares casos en los que el
empleado público docente ejerza funciones de cargos académicos-administrativos
y/o directivos, en propiedad o en comisión dentro de la universidad, según lo
autoricen sus propios estatutos, como ocurrió en el caso resuelto por la Sección
Quinta de la Corporación en sentencia de 7 de septiembre de 2015 en la que luego
de estudiar los estatutos de la Universidad de Cartagena, en los que se definía por
cargo académico-administrativo “el desempeñado por un docente en comisión
para ello”, se privilegió la connotación académica que se le asigna al cargo de
Rector en dicho ente universitario y se concluyó que…”105. (Negrilla y subrayas fuera
de texto)

170. Se desprende de todo lo anterior, que la continuidad avalada por la Sala en
aquel momento se sustentó en el carácter de docente de carrera administrativa
que tenía el señor Parra Chacón en el marco de su elección como rector.

2.4.2.2.2.2. Fallo del 11 de julio de 2019, Rad. 54001-23-33-000-2018-00220-
02

171. En esta ocasión, la demanda de nulidad electoral recayó contra el acto
declarativo de la elección del señor Héctor Miguel Parra López, como rector de la
UFPS para el periodo estatutario 2018-2021.

105
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Rad. 54001-23-31-000-
2006-00766-01. M.P. César Palomino Cortés. Sentencia del 7 de junio de 2018.
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172. Las acusaciones fueron muy cercanas a las que hoy se ventilan en el
proceso acumulado que persigue la anulación de su elección como rector, periodo
2021-2025, a saber:

• La transgresión del artículo 31 del Decreto–Ley No. 2400 de 1968, por
cuanto se había escogido a un ciudadano mayor de 65106 años.

• La vulneración del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083 de 2015, toda vez
que la elección del señor Parra López había implicado el reintegro de una
persona retirada del servicio con derecho a la pensión, desde el mes de
diciembre de 2015.

173. Para hacer frente a las acusaciones, el demandado, a través de su defensa
técnica, propusieron el argumento según el cual, a su designación como rector no
le aplicaba el régimen descrito en los Decretos Nos. 2400 de 1968 y 1083 de
2015, sino la excepción contenida en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, que le
permitía ejercer su función como rector hasta los 75107 años.

174. En dicha ocasión, la Sección Quinta denegó valor a las consideraciones
expuestas por el demandado, resaltando que su caso no podía ser gobernado por
la excepción contemplada en el artículo 19 ejusdem, ya que las pruebas
demostraban que dentro de las opciones ofrecidas por esa prescripción normativa
–retirarse del servicio para obtener la pensión de vejez o continuar vinculado como
docente universitario–, el demandado había preferido apartarse de la función para
adquirir la prestación económica que da la jubilación:

“121. No es aplicable al demandado el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, puesto
que el señor Parra optó por el primer presupuesto previsto en la norma, según el
cual el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o
jubilación podrá escoger dicho beneficio al cumplir la edad de retiro forzoso y no por
el segundo como era continuar en el servicio por 10 años más.” (Negrilla fuera
de texto)

175. Igualmente, la Sala afirmó en ese sentido que, contrario a lo sucedido en el
caso del rector de la Universidad de Cartagena, la naturaleza del cargo de rector
en la UFPS no disponía de carácter académico–administrativo, ratificando la
inaplicación del artículo 19 ibidem:

“122. La Sala tampoco comparte la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que dispuso que el cargo de rector de la Universidad Francisco de Paula
Santander tiene la categoría de ser académico-administrativo y por ello el señor
Parra López podía continuar laborando por diez años más en aplicación del artículo
19 de la Ley 344 de 1996. Los estatutos de la universidad, le asignan como lo
manifiesta el apelante, un perfil administrativo al cargo de rector.”

176. No obstante, esta Judicatura negó las pretensiones de la demanda
electoral, al corroborar que el 21 de junio de 2018, esto es, 5 días antes a la
elección del señor Parra López, como rector, periodo 2018-2021, el Gobierno
Nacional había expedido el Decreto No. 1037 de 2018, con el que se facultaba
que un pensionado menor de 70 años pudiera ser reintegrado al servicio en ese
empleo:

106
El acusado tenía para ese momento 67 años.
107
10 años más a los 65 establecidos en la época como edad de retiro forzoso.
37

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“125. El 21 de junio de 2018, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Reglamentario
1037 de 2018, que incluyó dentro de las excepciones de reintegro del servicio a
pensionados el cargo de rector, de los entes universitarios siempre que no supere la
edad de 70 años, norma que rige a todos los hechos y actos que se produzcan a
partir de su vigencia. Ello trajo como consecuencia para el señor Parra López
una variación sustancial de su situación jurídica con respecto del derecho que
esta norma le implicaba frente a la posibilidad de reintegrarse a un empleo
público.

126. El 26 de junio de 2018 el Consejo Superior de la Universidad Francisco de
Paula Santander expidió el Acuerdo No. 029, por medio del cual se designó como
rector al señor Héctor Miguel Parra López y ese día se produjo su posesión. Tanto
la designación, como la posesión del señor Parra López cumple con los requisitos
legales, toda vez que el Decreto Reglamentario 1037 de 2018 habilitó desde el 21
de junio, a las personas menores de 70 años en el estatus de pensionados a
reintegrarse al cargo de rector de ente universitario y el demandado tenía la
edad de 67 años al momento de la designación.” (Negrilla y subrayas fuera de
texto)

177. Precisadas estas líneas, se destacan a continuación los hechos
debidamente probados en el expediente.

2.4.2.2.3. Supuestos fácticos debidamente acreditados en el plenario

178. Como hechos refrendados a través de las pruebas108 aportadas legal y
oportunamente al proceso, se tienen que:

179. El demandado nació el 12 de febrero de 1951 en Bucaramanga,
departamento de Santander109.

180. Desde el 1º de agosto de 1977, el señor Parra López fue vinculado a la
UFPS como profesor de planta de tiempo completo.

181. El 21 de diciembre de 2015, la rectora de la UFPS aceptó la renuncia del
accionado al cargo de docente de carrera de la Institución, mediante la expedición
de la Resolución No. 1146110, accediendo a otorgarle pensión de jubilación.

182. El 15 de marzo de 2016, COLPENSIONES reconoció al ciudadano Héctor
Parra López su derecho a la pensión, a través de la Resolución No.
2016_2432174 GNR111 de esa fecha, que conllevó el pago mensual de la mesada.

183. El señor Parra López participó en el procedimiento de elección del rector de
la UFPS, periodo 2018-2021, y fue elegido el 26 de junio de 2018, como se
plasma en el Acuerdo No. 029 del Consejo Superior112.

184. Ello motivó la suspensión del pago de su mesada pensional, a la manera
como lo certificó COLPENSIONES en las respuestas a los requerimientos
efectuados por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en el marco de
este proceso113. La suspensión se extiende hasta la actualidad y tiene como

108
Pruebas que no fueron tachadas de falsas o desconocidas por las partes.
109
De acuerdo con la cédula de ciudadanía aportada por los demandantes.
110
Allegada por los accionantes.
111
Resolución arrimada por COLPENSIONES.
112
Pruebas allegadas por los demandantes.
113
El 8 de marzo de 2022.
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propósito impedir que el señor Héctor Miguel Parra López incurra en una doble
asignación114 imputada al tesoro de la Nación, que desconozca los postulados del
artículo 128115 constitucional.

185. El 28 de mayo de 2020, el Consejo Superior de la UFPS expidió el Acuerdo
No. 017, por medio del cual modificó el artículo 27 del Estatuto General de la
Universidad, contenido en el Acuerdo No. 048 del 2007, en el sentido de alterar la
naturaleza del empleo de rector de simplemente administrativa a académico–
administrativa.

186. El 12 de febrero de 2021, el accionado cumplió 70 años.

187. El 25 de marzo de 2021, el Consejo Superior de la Universidad aprobó y
publicó el Acuerdo No. 015, con el que convocó a los estamentos que hacen parte
de la UFPS a intervenir en la consulta democrática para la selección de los
aspirantes al empleo de rector, periodo 2021-2025.

188. Ese mismo día, 25 de marzo de 2021, el Consejo Superior aceptó la
renuncia elevada por el señor Parra López a la rectoría del establecimiento,
periodo 2018-2021, con efectos fiscales desde el 9 de abril de 2021.

189. El 12 de mayo de esa anualidad, el demandado postuló su nombre en la
carrera para elegir al rector de la UFPS, periodo 2021-2025.

190. El 25 de junio de 2021, y tras adelantarse la consulta estamentaria, el señor
Parra López fue nuevamente designado como rector por el Consejo Superior de la
UFPS para el periodo estatutario 2021-2025, mediante Acuerdo No. 28.

191. Tres días después, el 28 de junio de 2021, el acusado tomó posesión del
cargo ante el gobernador de Norte de Santander, como lo acredita el acta No.
10943, suscrita por estos.

192. Desde su desvinculación como docente de carrera de la UFPS, Héctor
Miguel Parra López ha fungido como catedrático de la Universidad, a través de los
contratos de trabajo especial que se relacionan a continuación:

Número del contrato Periodo cubierto con su celebración
377 Primer semestre de 2016
1110 Segundo semestre de 2016
491 Primer semestre de 2017
977 Segundo semestre de 2017
68 Primer semestre de 2018
925 Segundo semestre de 2018
579 Primer semestre de 2019
1275 Segundo semestre de 2019
10 Primer semestre de 2020
1199 Segundo semestre de 2020
134 Primer semestre de 2021

114
Sueldo de rector y mesada pensional.
115
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga
del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.”

39

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193. Con fundamento en el panorama relacionado hasta el momento, surge el
interrogante de saber si la designación del rector de la UFPS para el periodo
estatutario 2021-2025, ¿se encuentra cobijada por los mandatos normativos del
artículo 19 de la Ley 344 de 1996, que le abrían al demandado la posibilidad de
elegirse hasta los 80 años? Para esta Judicatura, la respuesta es negativa, como
pasa a explicarse:

2.4.2.2.4. De las razones de la inaplicabilidad del artículo 19 de la Ley 344
de 1996 en el caso concreto y la resolución del asunto desde la perspectiva
de los Decretos Nos. 1083 de 2015 y 1037 de 2018

194. Como quedó visto en el acápite de generalidades de esta providencia, el
artículo 19 de la Ley 344 de 1996 prevé una de las excepciones a la edad de retiro
forzoso, contemplada en el artículo 1º de la Ley 1821 de 2016.

195. En efecto, como se dejó sentado, el artículo 19 ibidem contempla 2
posibilidades para los docentes universitarios de carrera, una vez han alcanzado
los requisitos para acceder a una pensión de vejez o jubilación, a saber:

• El rompimiento del vínculo legal y reglamentario con las universidades, al
optar por el pago de la mesada pensional;

• El mantenimiento de la relación laboral–administrativa durante 10 años más
a la edad de retiro forzoso, pudiendo actualmente desempeñar labores hasta
los 80 años.

196. Frente a estas alternativas, y siguiendo lo documentado en el proceso, el
señor Héctor Miguel Parra López escogió la primera, esto es, su retiro del servicio
y la obtención de su mesada pensional.

197. Al respecto, la Resolución No. 1146 del 21 de diciembre de 2015, suscrita
por la rectora de la UFPS de aquella época, contempla:

“ARTÍCULO ÚNICO: Acéptase el retiro con derecho a la pensión de jubilación
presentado por el docente HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ (…) como profesor
asistente de tiempo completo adscrito al Departamento de Sistemas e Informática
de la Facultad de Ingeniería, con retiro del servicio activo a partir del
veintinueve (29) de diciembre de 2015, para entrar a gozar de la pensión de
jubilación”. (Negrilla fuera de texto)

198. Se deriva de lo reproducido que el demandado decidió desde el 2015 –por
voluntad propia– retirarse del servicio activo como docente de tiempo completo de
la Universidad nortesantandereana en aras de percibir su derecho a la pensión.

199. En otros términos, el acusado desechó la opción de continuar vinculado a
sus funciones –a pesar de haber adquirido los requisitos de pensión–,
apartándose del servicio activo, al cual había sido vinculado como profesor de
carrera desde el 1º de agosto de 1977.

200. En consonancia, la Sala descarta que, a la manera como lo expresa el
demandado y lo validó el juez a quo, su elección pueda fundamentarse en las
40

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previsiones de continuidad contenidas en el ya tantas veces mencionado artículo
19 de la Ley 344 de 1996, como incluso fue determinado por esta Sección en el
fallo del 11116 de julio de 2019, con el que se puso punto final a las demandas
electorales presentadas contra su designación como rector de la UFPS, periodo
2018-2021.

201. Ahora bien, para oponerse a estas apreciaciones, el demandado señaló a lo
largo de este trámite que el artículo 19 ibidem sí resultaba aplicable a su elección
por 2 motivos esenciales, esto es:

• La ratio decidendi fijada por esta Sección en la sentencia del 7117 de
septiembre de 2015, en la que la aplicación de esa disposición se habría
supeditado tan solo a la naturaleza académico–administrativa del cargo de
rector de la Universidad de Cartagena.
• Su vinculación permanente a la UFPS, tras su retiro como profesor de
carrera, a través de los diversos contratos celebrados con el plantel para
cumplir tareas de docente catedrático.

202. De cara a estos argumentos, esta Judicatura manifiesta que no disponen de
la virtualidad para refutar la premisa que se defiende en esta providencia, ya que,
como se vio, la aplicación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 en el marco de la
decisión del 7 de septiembre de 2015, al rector de la Universidad de Cartagena, no
pendió exclusivamente del carácter académico–administrativo otorgado a ese
empleo por parte del Estatuto General del establecimiento, pues igualmente se
tuvo en cuenta la condición de docente de carrera del demandado para el
momento de su designación.

203. En ese sentido, la sentencia de la Sección Quinta hizo hincapié en que el
señor Édgar Parra Chacón contaba con la calidad de profesor de planta del ente
autónomo universitario, adscrito a la Facultad de Medicina de la institución:

“Precisamente el demandado acreditó que es docente de planta de tiempo completo
y que para el semestre 2014/1- fecha de la certificación - tenía asignada carga
académica.

Así las cosas, en este caso particular y, dada esa connotación especial que se
predica del Rector –docente universitario–, para la Sala la elección que se
cuestiona no incurre en la violación alegada por cuanto para determinar la edad de
retiro de Rector de la Universidad de Cartagena es preciso acudir a la regla
establecida en la Ley 344 de 1996. En ese sentido se confirma la decisión del a
quo.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

204. Esto es, la situación del rector de la Universidad de Cartagena, periodo
2014-2018, presenta una diferencia relevante con este asunto, en el que si bien el
Estatuto General de la UFPS asigna naturaleza académico–administrativa al
empleo de rector118, el ciudadano elegido, señor Héctor Miguel Parra López, no
tiene el estatus de docente de carrera, necesario para predicar la aplicación del
artículo 19 de la Ley 344 de 1996, como consecuencia de su renuncia a esta
calidad en el año 2015.

116
Rad. 13001-23-33-000-2014-00343-01.
117
Rad. 54001-23-33-000-2018-00220-02.
118
Artículo 1º del Acuerdo No. 017 del 28 de mayo de 2020.
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205. En este punto, es menester recordar que, a la luz de las consideraciones
esgrimidas en los capítulos de generalidades de este proveído, la operatividad del
artículo 19 ejusdem solo es procedente respecto de los profesores universitarios de
dedicación exclusiva, tiempo completo o medio tiempo119, al contemplar una regla
de retiro excepcional del servicio, que rompe los vínculos legales y reglamentarios
de los empleados públicos, y no la de otros servidores.

206. Al respecto, esta Corporación ha admitido:

“El docente universitario que goza de la prerrogativa prevista en el artículo 19 de la
Ley 344 de 1996, esto es, que al adquirir el derecho a disfrutar la pensión de vejez o
jubilación, pueda optar por el beneficio prestacional, o continuar vinculado al servicio
de la docencia hasta la edad de 75 años, son los profesores empleados públicos
de carrera de que trata el artículo 72 de la Ley 30 de 1992, esto es, la categoría
de profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo.

La Ley 344 de 1996 consagra un régimen especial de aplicación preferente al
régimen general fijado por el legislador extraordinario en el Decreto 2400 de 1968. El
régimen especial que permite al docente permanecer en el servicio hasta los 75
años, que para su caso, es la edad de retiro forzoso, solo aplica para los profesores
de carrera del artículo 72 de la Ley 30 de 1992, no así para las categorías de
profesores de cátedra y ocasionales, previstas en los artículos 73 y 74 idem, quienes
por expresa disposición legal no son empleados públicos, razón por la cual, no
son destinatarios de una norma que fija una modalidad especial de retiro del
servicio público.”120 (Negrilla y subrayas fuera de texto)

207. De esta manera, la Sala descarta también el argumento de acuerdo con el
cual, los beneficios del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 podían alcanzarse
mediante la condición de catedrático del señor Parra López, toda vez que, como
se colige de la jurisprudencia transcrita, no son sujetos activos de esta excepción
a la edad de retiro forzoso general, comoquiera que no son empleados públicos, a
las voces del artículo 73121 de la Ley 344 de 1996.

208. Entonces, si la elección del 25 de junio de 2021 –por medio de la cual, se
designó al accionado rector de la UFPS, periodo 2021-2025– no puede ser
comprendida desde el continuismo que ofrece el artículo 19 de la Ley 344 de 1996
a los profesores –empleados públicos– de las universidades, ¿desde qué
perspectiva debe ser vista ésta122? Para la Sala no cabe duda que desde el prisma
del reintegro de un pensionado al empleo público de rector de una universidad
oficial; situación que en nuestro país cuenta con un tratamiento normativo
especial.

209. En efecto, el parágrafo único del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083 de
2015, modificado por el artículo 1º del Decreto No. 1037 de 2018, prevé:

“La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya
llegado a la edad de 70 años, podrá ser reintegrada al servicio al empleo de:

(…)

119
Artículo 72 de la Ley 30 de 1992.
120
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Rad. 54001-23-31-000-
2006-00766-01. M.P. César Palomino Cortés. Sentencia del 7 de junio de 2018.
121
“Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales.”
122
La elección del 25 de junio de 2021.
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Rad: 54001-23-33-000-2021-00195-03 (ACUM.)

"6. Rector, Vicerrector General, Vicerrector Nacional, Vicerrector de Sede,
Secretario General, Gerente Nacional, Directores Nacionales y Decanos de los
entes universitarios autónomos."

210. Se deriva de lo reproducido que la persona que se encuentra gozando de
su pensión podrá ser reintegrada a las funciones rectorales de los entes
autónomos universitarios, siempre y cuando no haya llegado a la edad de 70 años,
como límite máximo erigido para este tipo de eventualidades.

211. En términos sencillos, el jubilado podrá, luego de su retiro del servicio, ser
nuevamente vinculado a la rectoría de una universidad oficial cuando sea menor a
70 años, como fecha límite para ello.

212. Descendiendo al caso concreto, ¿por qué se sostiene que se trata de un
reintegro? Porque el demandado renunció a su estatus de empleado público en el
año 2015, sin que la condición de catedrático pueda ser tenida como una
circunstancia que suponga una vinculatoriedad ininterrumpida al servicio, ya que
no restablece las relaciones legales y reglamentarias, que caracterizan los
supuestos regulados en el Decreto No. 1083 de 2015123.

213. En ese orden, para la Sala, el parágrafo único del artículo 2.2.11.1.5 del
Decreto No. 1083 de 2015 es aplicable al caso del señor Héctor Miguel Parra
López, por cuanto, gobierna específicamente el reintegro de los pensionados al
empleo de rector, siendo un mandato especial en este sentido.

214. Al amparo de lo descrito, en el expediente está demostrado que el señor
Héctor Miguel Parra López para el 25 de junio de 2021 disponía de la calidad de
pensionado, contando además con 70 años, 4 meses y 13 días, por lo que a
través de su designación como rector, el Consejo Superior de la UFPS reintegró a
un jubilado –estatus que ostentaba desde marzo de 2016– que tenía más de 70
años, transgrediendo de esta manera las prescripciones jurídicas contempladas en
el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083 de 2015.

215. Ahora bien, dentro del trámite, el accionado ha alegado que el pago de su
mesada pensional se encuentra suspendido desde agosto de 2018, cuando se
posesionó en el empleo de rector de la UFPS, periodo 2018-2021; situación
certificada por COLPENSIONES en este proceso.

216. En declaración rendida ante el Juzgado 10º Administrativo de Cúcuta en el
marco de una acción de cumplimiento124, en la que se solicitó a ese operador
jurídico el cumplimiento del régimen de retiro forzoso en el procedimiento de
elección del rector de la UFPS, periodo 2021-2025 –prueba arrimada por el
demandante Jorge Heriberto Moreno Granados, y que no fuera tachada de falsa
por el accionado–, el accionado explicó respecto de esta suspensión:

“Pese a lo anterior, desde el mes de junio de 2018 hasta la fecha se suspendió el
pago de la mesada pensional a efecto de no incurrir en doble asignación con
ocasión de mi designación como Rector, razón por la cual en este momento no
me encuentro activo en la nómina de pensionados de COLPENSIONES.” (Negrilla y
subrayas fuera de texto)

123
El Decreto No. 1083 de 2015 solo se ocupa de regular las situaciones de los empleados públicos, sin relacionarse con
otros supuestos, como aquel de los catedráticos universitarios.
124
Rad. 54001-33-33-010-2021-00038-00.
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Rad: 54001-23-33-000-2021-00195-03 (ACUM.)

217. De conformidad con ello, la suspensión del derecho prestacional tuvo como
explicación la designación del acusado como rector de la UFPS, periodo 2018-
2021, estableciéndose entonces como la condición de la que pendía el no pago de
la mesada.

218. Bajo este panorama, la Sala advierte que por Acuerdo No. 016 del 25 de
marzo de 2021, el Consejo Superior de ese establecimiento aceptó la renuncia
formulada por el señor Parra López a la rectoría, que desempeñaba desde el
2018. Al respecto, el Acuerdo informó:

“CONSIDERANDO

(…)

Que, según el Acuerdo 029 del 26 de junio de 2018, el Consejo Superior
Universitario designó al Dr. HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ, rector de la
Universidad Francisco de Paula Santander para un periodo de tres años, contados a
partir de su posesión.

Que, el Dr. HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ, tomó posesión del cargo de rector
de la Universidad Francisco de Paula Santander el 26 de junio de 2018.

Que, el Dr. HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ, presentó ante el Consejo Superior
Universitario en sesión del 25 de marzo de 2021 renuncia al cargo de rector de la
Universidad Francisco de Paula Santander, con efectos a partir del 9 de abril de
2021.

Que, en mérito de lo expuesto el Consejo Superior Universitario,

ACUERDA:

ARTÍCULO ÚNICO. Aceptar la renuncia al cargo de rector de la Universidad
Francisco de Paula Santander, presentada por el Dr. HÉCTOR MIGUEL PARRA
LÓPEZ, con efectos a partir del 9 de abril de 2021.”

219. Lo anterior significa que, desde el 9 de abril de 2021, el señor Héctor Miguel
Parra López no era rector de la UFPS, periodo 2018-2021, circunstancia que se
mantuvo durante el desarrollo del procedimiento eleccionario del rector, periodo
2021-2025.

220. Pero, ¿a qué lleva esta reflexión? A sostener que la condición que soportó
la suspensión de la mesada pensional durante el ejercicio del demandado como
rector, periodo 2018-2021, desapareció el 9 de abril de 2021, tras su renuncia a
ese cargo, lo que imponía el restablecimiento del pago de su prestación y, por
consiguiente, su reactivación en la nómina de pensionados de COLPENSIONES.

221. En ese sentido, esta Judicatura estima que, más allá de los motivos que
justifiquen el no pago del derecho pensional durante el desarrollo del trámite de
elección de rector en la UFPS, periodo 2021-2025, lo cierto es que la mesada no
podía estar suspendida ante la desaparición de la causa que la explicaba.

222. Lo anterior, sin perjuicio de reconocer, que el estatus de pensionado del
demandado –lo que trasciende la discusión sobre el pago o no de su mesada– fue
adquirido desde el mes de marzo de 2016, cuando la Administradora Colombiana

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de Pensiones le otorgó pensión de vejez, al dar por acreditados los requisitos para
ello.

223. En ese orden, la nulidad de la elección demandada se impone, por cuanto
un jubilado que debía gozar de su prestación económica para el momento en que
fue designado rector, fue reintegrado al servicio público, en el cargo de rector, a
pesar de contar con más de 70 años, como edad límite para ello, a la luz del
ordinal 6º del parágrafo único del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083 de
2015.

224. Por todo ello, la sentencia del 8 de abril de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander será revocada para, en su lugar, acceder a
las pretensiones de las demandas, declarando la nulidad del Acuerdo No. 028 del
25 de junio de 2021, expedido por el Consejo Superior de la UFPS.

225. Sin embargo, la prosperidad de este cuestionamiento no releva a esta
Judicatura de analizar las demás censuras propuestas en los memoriales de
apelación.

2.4.2.3. De la vulneración del artículo 1º del Acuerdo No. 113 del 2007

226. Desde la perspectiva de este reparo, los accionantes consideran que el acto
de elección del señor Héctor Miguel Parra López como rector de la UFPS, periodo
2021-2025, transgrede el parágrafo único del artículo 1° del Acuerdo No. 113 de
2007, que prohíbe que los pensionados que prestan sus servicios a la Universidad
en calidad de docentes catedráticos ocupen cargos del nivel administrativo o
académico.

227. Así, los accionantes afirman que para el momento de la designación del
acusado, aquel había suscrito contrato de trabajo especial No. 134 del 1º de
marzo de 2021 con la UFPS como catedrático, lo que le imposibilitaba su
designación como rector de la UFPS.

228. Sobre la base de esta objeción de legalidad, esta Judicatura estima que
asiste razón a la parte actora al amparo de las siguientes consideraciones:

229. El Acuerdo No. 113 del 14 de diciembre de 2007, por medio del cual el
Consejo Superior de la UFPS reguló la vinculación de los profesores pensionados
a las labores académicas del establecimiento.

230. Como considerandos de principio, se estableció:

“Que, mediante Acuerdo No. 056 del 15 de julio de 1996, el Consejo Superior
Universitario dictó disposiciones que regulan la remuneración de los profesores de
cátedra de la Universidad.

Que, mediante el artículo 4° del citado Acuerdo, se supuso (sic) de manera general
que "El docente de cátedra en la Universidad Francisco de Paula Santander no
podrá tener asignada una carga académica superior a nueve (9) horas semanales
de clases", sin que la norma estableciera ninguna regulación de la vinculación de los
docentes jubilados.

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Que, la universidad, como justo reconocimiento a la trayectoria, experiencia
académica y vigencia del conocimiento de los docentes jubilados, debe propiciar su
vinculación atendiendo los desarrollos académicos institucionales sin perjuicio de la
renovación generacional y movilidad de la planta de cargos docentes.

Que, el Honorable Consejo de Estado, en reiterados pronunciamientos ha señalado
que no es incompatible el pago de pensiones que no se consideran como dinero del
erario público, además de señalar que los pensionados del sector oficial pueden
celebrar contratos estatales.

En efecto, en concepto N°.939 de fecha 18 de marzo de 1997. emitido por la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se expresa: "En síntesis, los
pensionados fueron servidores públicos, pero ya no lo son (situación distinta cuando
se reincorporan nuevamente a ocupar un empleo público, según se señaló). Esta
circunstancia unida a los argumentos anteriores permite afirmar que el pensionado
puede contratar con el Estado, por cuanto la prohibición del artículo 127 de la
Constitución que cubre los impedimentos de los servidores públicos no les es
aplicable; además, la consignada en el artículo 128 siguiente de "recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público" tampoco los comprende en la medida
en que la remuneración que se genera como consecuencia de la ejecución del
objeto contractual no tiene carácter de asignación de índole laboral, pues no existe
subordinación o dependencia ni es periódica y permanente" y finalmente concluye,
“La Sala responde, 1. Los pensionados del sector público pueden celebrar contratos
de prestación de servicios con el Estado y por consiguiente percibir, además de su
asignación pensional, remuneraciones del tesoro público denominadas honorario,
pago o contraprestación económica por servicios prestados en cumplimiento de un
contrato legalmente celebrado".

Que, se hace necesario regular la vinculación de los docentes jubilados,
diferenciando su dedicación en número de horas de las establecidas en el Artículo
4° del Acuerdo No.056 de 1996.”

231. Se destaca que la regulación contendida en el Acuerdo No. 113 buscó
establecer nuevos relacionamientos con el personal docente jubilado, que por
idoneidad y capacidad académica, merecía pertenecer al estamento profesoral de
la Universidad, por la vía de la suscripción de contratos que los dotaran de la
calidad de catedráticos.

232. Dentro de las reglas adoptadas por la norma en cita, el Consejo Superior
impuso las siguientes:

“ARTÍCULO PRIMERO. Los profesores jubilados escalafonados de Universidades
podrán ser contratados como docentes catedráticos para desempeñar funciones de
investigación, proyección social, capacitación, educación continuada y docencia
directa en programas académicos de pregrado y postgrado, según las necesidades
del servicio y previa justificación de la Unidad Académica que requiere el servicio.

PARÁGRAFO: Los docentes jubilados que se vinculen como catedráticos, en
ningún caso, podrán desempeñar cargos académicos, administrativos o
docentes administrativos.” (Negrilla fuera de texto)

233. Dejando a un lado los mandatos que se derivan de la primera parte de la
disposición, importa resaltar la literalidad de su parágrafo, en el que se prohíbe, de
forma clara y sin ambages, que los docentes jubilados que se vinculen como
catedráticos puedan ostentar cargos académicos, administrativos y/o
administrativos dentro de la UFPS.

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234. Así las cosas, la proscripción plasma un mandato universal en el que, “en
ningún caso”, los catedráticos pueden ostentar empleos del orden académico y
administrativo.

235. En el plenario, está acreditado que el señor Parra López firmó con la UFPS
el contrato de trabajo especial No. 134125 del 1º de marzo de 2021, para la
prestación de servicios profesionales en la modalidad hora–cátedra, cuya vigencia
se prolongó durante el primer semestre del año 2021, en el que el accionado
regentó la asignatura de “Introducción a la vida Universitaria”.

236. Ostentando esta calidad –profesor jubilado catedrático–, el demandado
participó y fue electo rector del establecimiento el 25 de junio de 2021, decisión
contenida en el Acuerdo No. 028 del Consejo Superior Universitario.

237. De acuerdo con el artículo 27 del Acuerdo No. 048 de 2007, Estatuto
General de la UFPS, modificado por las disposiciones del Acuerdo No. 017 del 28
de mayo de 2020, el empleo de rector en la UFPS tiene connotación académica y
administrativa, a la manera como en este trámite procesal lo ha reconocido el
propio accionado:

“El cargo de rector es naturaleza académico administrativa, quien lo ejerza, es el
representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad Francisco de
Paula Santander.”

238. A la luz de lo anterior se tiene que, en contravía de la normatividad
adoptada por la UFPS, como manifestación del principio de autonomía
universitaria, el señor Héctor Miguel Parra López, catedrático de la Universidad
para el primer semestre del 2021, fue elegido rector de la institución, periodo
2021-2025, a pesar de que el parágrafo del artículo 1º del Acuerdo No. 133 de
2007 prohibía –y prohíbe– que los catedráticos desempeñaran empleos
académicos o administrativos en su interior.

239. Así, la nulidad del Acuerdo No. 028 del 25 de junio de 2021 debe ser
decretada, no solo al haber transgredido los postulados especiales del Decreto
No. 1083 de 2015 para el reintegro de pensionados a las rectorías de las
universidades oficiales, sino también por la vulneración de las prescripciones
jurídicas adoptadas en la Universidad.

2.4.2.4. Del presunto desconocimiento del Estatuto Docente de la UFPS

240. En su alzada, el señor Jorge Heriberto Moreno Granados expresó que el
acto declarativo de la elección del acusado desconocía, además del Decreto No.
1083 de 2015, los artículos 61 y 62 del Estatuto Docente de la UFPS –Acuerdo
No. 093 de 1996–, en los que se prescribe que al cargo de rector solo podrían
acceder los profesores de planta, mediante la solicitud de comisiones
administrativas.

241. La Sala se abstiene de proferir decisión en ese sentido, al constituirse en un
argumento que no fuera propuesto en la oportunidad procesal correspondiente –

125
En ese sentido, el contrato establece: “se ha celebrado el presente CONTRATO DE TRABAJO DE NATURALEZA
ESPECIAL para profesor hora cátedra de la UFPS por el PRIMER SEMESTRE DE 2021 de la Universidad Francisco de
Paula Santander.”
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esto es, en la demanda, teniendo en cuenta la caducidad de este medio de
control–. En otras oportunidades, esta Judicatura ha expresado que los recursos
de apelación no son los escenarios para alimentar con cuestionamientos las
pretensiones de nulidad que persiguen los accionantes126.

242. Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades
constitucionales y legales,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander para, en su lugar, DECLARAR LA
NULIDAD de la elección del señor Héctor Miguel Parra López, como rector de la
Universidad Francisco de Paula Santander, periodo 2021-2025, contenida en el
Acuerdo No. 028 del 25 de junio de 2021, expedido por el Consejo Superior
Universitario, a la luz de las consideraciones expuestas en esta providencia

SEGUNDO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Con aclaración de voto

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

126
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 05001-23-33-000-2019-03249-01. M.P.
Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 12 de mayo de 2022.
48

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