Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04151-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04151-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04151-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
16 de febrero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04151-01
Demandante: Héctor Miguel Parra López
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-04151-01
Demandante HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo,
violación directa de la Constitución, desconocimiento del
precedente y fáctico. Medio de control de nulidad electoral.
Elección de rector universitario. Edad de retiro forzoso.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora en contra la sentencia
del 15 de septiembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en la que se dispuso lo siguiente:
“Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Héctor Miguel Parra López en contra
del Consejo de Estado, Sección Quinta, frente a los defectos sustantivo, desconocimiento
del precedente y fáctico, y rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada en
contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, en cuanto al desacuerdo relativo a la
indebida aplicación del artículo 1.° del Acuerdo 113 de 2007, por las razones expuestas”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1 de agosto de 20221, mediante apoderado judicial, el señor Héctor Miguel Parra
López interpuso acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a ser elegido y el acceso al ejercicio de cargos públicos, así como los
principios constitucionales de confianza legítima, pro homine y pro libertatis.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“i) Amparar los derechos a la igualdad, al debido proceso, a ser elegido y el acceso al
ejercicio de cargos públicos del señor Héctor Miguel Parra López, vulnerados por la
sentencia de segunda instancia de 16 de junio de 2022 proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, expediente con Rad. No. 54-001-23-33-000-2021-00195-03
(ACUM); y,
“ii) Como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin efecto la sentencia de 16 de junio
de 2022 dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado y se ordene a la tutelada
dictar un nuevo fallo en derecho que acoja las consideraciones constitucionales y legales
correspondientes y, por consiguiente, se confirme la sentencia de primer grado proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander”.
1 Índice 2 en Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2022-04151-00.
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Demandante: Héctor Miguel Parra López
2. Hechos
Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Desde 1977, el señor Héctor Miguel Parra López se vinculó como docente de
carrera de la Universidad Francisco de Paula Santander y, en el año 2015
renunció a su cargo de carrera tras haber laborado durante 38 años al servicio
de la institución. En virtud de su renuncia, se le reconoció el derecho a la
pensión y el correspondiente pago de la mesada. Sin embargo, el tutelante
continuó vinculado como docente catedrático.
En el año 2018, el Consejo Superior de la Universidad convocó a los
interesados a participar en el procedimiento de elección de su rector para el
periodo 2018-2021.
El señor Héctor Miguel Parra López postuló su candidatura y fue elegido el 26
de junio de 2018, momento para el cual tenía 67 años. El sustento normativo
de esa designación fue el artículo 1º del Decreto Nro. 1037 de 2018, según el
cual, los ciudadanos jubilados menores a 70 años (edad de retiro forzoso en
Colombia) pueden ser reintegrados al servicio en el cargo de rectores de las
universidades públicas.
El 12 de febrero de 2021, Héctor Miguel Parra López cumplió 70 años de edad.
El 25 de marzo de 2021, el señor Parra López renunció a la rectoría de la
Universidad. Las autoridades universitarias adelantaron el procedimiento de
elección del rector, periodo 2021-2025, en el cual el señor Parra López volvió
a postularse. El 25 de junio de 2021, resultó elegido mediante el Acuerdo Nro.
028 del Consejo Superior Universitario.
2.2. En 2021, los señores Jorge Heriberto Moreno Granados y Carlos Alberto
Bolívar Corredor, separadamente, presentaron demandas en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral (radicados Nro. 54001-23- 33-000-2021-
00195-00 y Nro. 54001-23-33-000-2021-00199-00), a fin de que se dejara sin
efectos el acto de designación del señor Héctor Miguel Parra López, como
rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, para el periodo 2021-
2025.
Los accionantes argumentaron que se actuó en contravía del parágrafo del
artículo 2.2.11.1.5 del Decreto Nro. 1083 de 2015, adicionado por el artículo
1 del Decreto Nro. 1037 de 2018, que consagra lo siguiente: “La persona que se
encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya llegado a la edad de 70
años, podrá ser reintegrada al servicio al empleo de: (…) 6. Rector (…) de los entes
universitarios autónomos”. Para los demandantes, tal norma fue transgredida
porque el señor Héctor Miguel Parra López fue reintegrado al servicio como
rector de la Universidad para el periodo 2021- 2025, pese a que para el
momento de su designación aquel contaba con más de 70 años.
Asimismo, se alegó la vulneración del parágrafo del artículo 1° del Acuerdo
Nro. 113 de 2007 (norma interna de la Universidad) que prohíbe que los
catedráticos de la institución puedan ejercer cargos administrativos y
académicos: “PARÁGRAFO: Los docentes jubilados que se vinculen como
catedráticos en ningún caso podrán desempeñar cargos académicos, administrativos
o cargos docentes administrativos”.
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Los demandantes consideraron vulnerada esa norma, porque para el
momento de la elección como rector periodo 2021-2025, el señor Parra López
ejercía como catedrático de la universidad. De manera que, el ahora tutelante
no podía acceder al cargo de rector, calificado como académico administrativo
por el Estatuto General de la Universidad, debido a que tenía la calidad de
docente jubilado vinculado como catedrático.
2.3. Mediante auto del 8 de octubre de 2021, el despacho sustanciador del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander acumuló las demandas de nulidad
electoral.
2.4. Mediante sentencia del 8 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander negó las pretensiones formuladas (Radicado Nro. 54001-23-33-
000-2021-00195-03 (acumulado).
La sentencia de primera instancia fue impugnada por los demandantes.
2.5. En sentencia de 16 de junio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado
revocó el fallo de primera instancia, para lo cual centró su análisis en varios
aspectos.
En primer lugar, se refirió al artículo 19 de la Ley 344 de 1996 que dispone lo
siguiente:
“Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el
servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación
podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad
de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por diez años
más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones” (Negrillas propias).
En virtud de dicha norma, explicó que los docentes universitarios cuentan con
dos opciones cuando adquieran el derecho a su pensión de jubilación o vejez:
(i) retirarse del servicio con el propósito de acceder a la pensión, o (ii) continuar
laborando (sin beneficiarse de la pensión) por 10 años más a la edad de retiro
forzoso, es decir hasta los 80 años.
En el caso, la Sección Quinta encontró acreditado que el señor Héctor Miguel
Parra López había renunciado en el año 2015 a su cargo de docente de carrera
en la universidad, con el propósito de optar por su pensión de vejez. De ahí
que, al escoger esa alternativa, “el acusado desechó la opción de continuar
vinculado a sus funciones –a pesar de haber adquirido los requisitos de pensión–,
apartándose del servicio activo, al cual había sido vinculado como profesor de carrera
desde el 1º de agosto de 1977”. Por ende, aseguró que no había lugar a
fundamentar la nueva elección del ahora tutelante en esa norma, pues en el
pasado él ya había desechado la alternativa dispuesta en el artículo 19 de la
Ley 344 de 1996, consistente en poder trabajar 10 años más tras la edad de
retiro forzoso.
A su vez, la Sección Quinta manifestó que esa misma conclusión fue expuesta
por la Sala en el año 2019, cuando conoció de la demanda de nulidad electoral
dirigida contra la elección del señor Héctor Miguel Parra López como rector
para el periodo 2018-2021, es decir, para el primer lapso en el que fungió como
rector.
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Igualmente, la Sección Quinta explicó que otra razón por la cual el artículo 19
de la Ley 344 de 1996 no aplicaba a la situación del señor Héctor Miguel Parra
López consistía en que dicho precepto normativo, como lo ha reiterado la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, únicamente
“cobija a los docentes que hacen parte de la carrera administrativa especial de las
universidades oficiales, dejando a un lado a los docentes ocasionales y catedráticos,
quienes no ostentan el estatus de empleados públicos, a las voces de la Ley 30 de 1992”.
Entonces, tal disposición no era aplicable en la situación del ahora tutelante,
porque una vez adquirió el derecho pensional, este último renunció al cargo
de docente de carrera, a fin de gozar de esta.
Además, explicó que la aplicación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 ha
estado condicionada jurisprudencialmente a que el rector ostente la condición
previa de docente de carrera de la universidad pública, más allá de que en los
estatutos universitarios el cargo de rector haya sido reconocido como de
naturaleza académico-administrativa.
En ese orden de ideas, la Sección Quinta sostuvo que al no ser aplicable el
artículo 19 de la Ley 344 de 1996 la norma que, entonces, regulaba la situación
del demandado era el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1037
de 2018, puntualmente, el artículo 2.2.11.1.5. Según este último, los
pensionados que gocen de una pensión de vejez no pueden ser reintegrados
al cargo de rectores si superaban la edad de 70 años.
Con base en esa disposición, la Sección Quinta concluyó que, para el
momento de su segunda designación como rector (periodo 2021-2025), el señor
Héctor Miguel Parra López contaba con más de 70 años, lo cual impedía su
reintegro. Por lo expuesto, la Sección Quinta concluyó que se vulneró el
artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015, por lo cual el acto de designación
era nulo.
De otra parte, la Sección Quinta desestimó el cargo del demandado
consistente en que para el momento de su designación no gozaba de pensión,
debido a que su mesada se encontraba suspendida. En criterio de la Sección
Quinta lo relevante era que, según los certificados de Colpensiones, la
suspensión de la mesada se originó por su designación como rector, periodo
2018-2021 y que esa suspensión en los pagos desapareció desde el 9 de abril
de 2021 tras la renuncia a su cargo de rector, periodo 2018-2021.
Finalmente, la Sección Quinta explicó que el acto de designación no solo era
nulo por la vulneración del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015, sino
también porque la designación del tutelante transgredió el artículo 1º del
Acuerdo Nro. 113 de 2007 (norma interna de la Universidad) que prohibía a los
docentes catedráticos jubilados ejercer cargos de naturaleza académica o
administrativa, tal como es el cargo de rector. Por ende, al fungir como docente
de cátedra, el señor Parra López no podía ser elegido como rector.
2.6. El demandante Jorge Heriberto Moreno Granados, el señor Héctor Miguel
Parra López y la Universidad Francisco de Paula Santander presentaron
solicitudes de aclaración y adición de la sentencia proferida en segunda
instancia. Estas fueron negadas mediante auto de 30 de junio de 2022,
notificado el 5 de julio de 2022.
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3. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que, al proferir la sentencia de 16 de junio de 2022 la
Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo, violación
directa de la Constitución, desconocimiento del precedente y defecto fáctico, por las
razones que se expondrán a continuación:
3.1. Defecto sustantivo: La parte actora argumentó que la autoridad judicial
accionada incurrió en tal defecto por dos razones:
En primer lugar, porque la autoridad judicial interpretó indebidamente el
artículo 19 de la Ley 344 de 1996, pues otorgó a la norma un sentido y alcance
que no tiene, al supeditar su aplicación únicamente a los docentes de carrera
de las universidades oficiales, por considerar que solo ellos, y no los otros tipos
de docentes universitarios, gozan de la calidad de servidores públicos.
Así, el actor censuró que la autoridad judicial haya concluido que el artículo 19
de la Ley 344 de 1996 es aplicable exclusivamente a docentes de carrera,
pese a que del precepto no se deriva tal conclusión, pues la norma emplea la
expresión genérica “docentes universitarios”; de ahí que no había lugar a
exceder la literalidad de la disposición.
Precisó que no solo los docentes de carrera tienen la calidad de servidores
públicos, sino que los docentes de cátedra y ocasionales también gozan de tal
condición. Y que, por ende, los docentes de cátedra también tienen derecho a
optar por el beneficio dispuesto en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996,
respecto a la posibilidad de poder seguir trabajando como docentes por 10
años más.
Sustentó su postura en las Sentencias C-006 de 1996 y C-517 de 1999, en la
cuales, aseguró, que la Corte Constitucional dispuso que los profesores
ocasionales y catedráticos son reconocidos por el ordenamiento jurídico como
servidores públicos, independientemente de la figura empleada para su
vinculación, ya que “cumplen las mismas funciones que un profesor de planta, además
deben acreditar para efectos de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia,
y tienen las mismas obligaciones que los docentes empleados públicos”. De manera que
no hay lugar a establecer discriminaciones entre servidores públicos que
desarrollan la misma actividad.
Y aclaró que, si bien en la Sentencia C-584 de 1997 la Corte Constitucional
hizo un estudio de exequibilidad del artículo 19 de la Ley 344 de 1996, lo allí
dispuesto tan solo hizo tránsito a cosa juzgada relativa, puesto que en la
misma decisión se advirtió que existe “zona de penumbra” respecto a la
aplicación de la norma. De manera que el análisis de exequibilidad realizado
en la Sentencia C-584 de 1997 sobre el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 no
es absoluto.
Concluyó que los docentes catedráticos son servidores públicos, dada la
relación laboral que se genera entre estos y las universidades estatales. Por
tanto, aun cuando no sean empleados públicos ni trabajadores oficiales, tienen
derecho a las prerrogativas dispuestas en su favor, incluyendo lo dispuesto en
el artículo 19 de la Ley 344 de 1996.
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En segundo lugar, porque el artículo 1º del Acuerdo 113 de 2007 no era
aplicable en el examen de legalidad del acto de designación. En criterio del
actor, tal precepto normativo no regula la designación del rector de la
Universidad Francisco de Paula Santander, por lo cual no debió ser empleado
como fundamento de la sentencia.
De hecho, hizo alusión a la aclaración de voto de la sentencia controvertida,
en la cual el consejero de estado Moreno Rubio aseguró que en la decisión no
se estableció el alcance de la norma, pues no se especificó si la prohibición
consagrada en el artículo 1º del Acuerdo 113 de 2007 “se enmarca en una barrera
legal para que un docente catedrático pueda postularse y ser elegido rector (inhabilidad) o si
se proscribe el desempeño simultáneo de la cátedra y la rectoría (incompatibilidad) (…) la
decisión tampoco es precisa en señalar si el demandado incurrió en la referida prohibición,
bien fuera por tener la condición de catedrático y haberse postulado, y posteriormente resultar
elegido, o por tener la condición de rector electo y, aun así, continuar como docente
catedrático.”
3.2. Violación directa de la Constitución: El accionante argumentó que la
postura acogida por la Sección Quinta frente al artículo 19 de la Ley 344 de
1996 vulnera la garantía del artículo 53 de la Constitución Política, según la
cual, en aquellos eventos en los que se discute la interpretación de un precepto
normativo, debe preferirse la interpretación más favorable al trabajador (in
dubio pro operario).
Así, sostuvo que la interpretación en la que los docentes catedráticos también
tienen derecho a la aplicación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 es la que
más se ajusta al principio de favorabilidad porque: (i) coincide con la
clasificación de la Ley 30 de 1992 sobre las modalidades que integran la
categoría de docente universitario; (ii) reconoce la calidad de servidores
públicos que tienen los profesores universitarios como trabajadores al servicio
del Estado; (iii) concuerda con la jurisprudencia constitucional en el sentido de
no crear diferencias o discriminaciones entre servidores públicos que
desarrollen la misma actividad (dictar clase y atender las labores propias del
cargo de profesor); (iv) tal interpretación no implica supuestos diferentes a los
previstos por el legislador para el reconocimiento del derecho y está acorde a
las interpretaciones en sentido gramatical, sistemático y teleológico.
Y añadió que esa interpretación también es la que más acorde está con el
principio de igualdad de trato que debe otorgarse a las tres modalidades de
docentes universitarios, contempladas en la Ley 30 de 1992, dado que esa
postura reconoce las circunstancias que le son comunes, como la labor
académica que todos desarrollan.
En suma, concluyó que el criterio hermenéutico expuesto por la Sección
Quinta sobre el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 viola de forma directa la
Constitución al desconocer la garantía in dubio pro operario y otorga un trato
desigual a los profesores de cátedra y ocasionales respecto de los profesores
de carrera.
3.3. Desconocimiento del precedente: La parte actora manifestó que existen
varias decisiones de la Sección Quinta del Consejo de Estado que avalan la
aplicación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 a los rectores de los entes
universitarios autónomos, cuando por vía estatutaria se dispone que tal
empleo tiene una naturaleza académico administrativo.
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Demandante: Héctor Miguel Parra López
Las providencias a las que se refirió fueron las siguientes: Sentencia de 7 de
septiembre de 2015, radicado Nro. 13001-23-33-000-2014-00343-01;
Sentencia de 11 de julio de 2019, radicado Nro. 54001-23-33-000-2018-00220-
02; Auto de 21 de octubre de 2021, radicado Nro. 54001-23-33-000-2021-
00195-01; Auto de 21 de octubre de 2021, radicado Nro. 54001-23-33-000-
2021-00199-01; Auto de 9 de febrero de 2022, radicado Nro. 54001-23-33-
000-2021-00195-02; y Auto de Sala Plena de 31 de mayo de 2022, radicado
Nro. 54001-23-33-000-2021-00195-03.
La parte actora manifestó que según esas providencias las universidades
oficiales están facultadas, gracias al principio de autonomía universitaria, a
otorgar en sus estatutos una connotación especial al cargo de rector, como lo
es asignarle la naturaleza de cargo académico administrativo. En ese
escenario, a tal cargo no se le aplican las normas generales, sino el régimen
especial previsto en la Ley 344 de 1996.
En consecuencia, el actor manifestó que, con su interpretación restrictiva
sobre el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, la Sección Quinta cambió
intempestivamente la postura vigente al momento de la designación del
profesor Héctor Miguel Parra López como rector de la universidad, que
permitía la aplicación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 a los rectores de
los entes universitarios autónomos, cuando el cargo era de naturaleza
académico-administrativo.
Finalmente, la parte actora sostuvo que en varias oportunidades la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha optado por no declarar la anulación de actos
de contenido electoral en eventos en los que sobrevienen cambios
jurisprudenciales, a fin de garantizar la confianza legítima. Metodología
reconocida como jurisprudencia anunciada.
3.4. Defecto fáctico: El accionante sostuvo que el punto central del debate judicial
era la legalidad del acto de designación demandado. Sin embargo, argumentó
que la Sección Quinta del Consejo de Estado se extralimitó en su análisis,
pues incluyó como criterio de decisión el pago de la mesada pensional desde
el 9 de abril de 2021, pese a que tal aspecto no fue objeto de litigio en el medio
de control. En palabras del actor:
“la Sección Quinta del Consejo de Estado realizó una VALORACIÓN REFERIDA A LA
JURIDICIDAD DE UNA ACTUACIÓN AJENA AL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
ELECTORAL COMO LO ES LA REACTIVACIÓN EN LA NÓMINA DE PENSIONADOS DE MI
REPRESENTADO, en otras palabras, JUZGÓ el pago de la mesada pensional desde el 9 de
abril de 202173, juicio con el que además soportó la decisión de anulación”.
En ese sentido, aseguró que la Sección Quinta valoró indebidamente las
certificaciones allegadas por Colpensiones, a pesar de que estas se allegaron
con miras a acreditar la suspensión de la mesada pensional. Y justamente, en
el medio de control se corroboró que el pago de la mesada pensional se
encuentra suspendido desde el mes de agosto del año 2018.
Así las cosas, la parte actora manifestó que, a partir de las referidas
certificaciones, la autoridad accionada arribó a una conclusión sobre un
aspecto jurídico completamente ajeno al medio de control de nulidad electoral:
la reactivación y pago de una mesada pensional.
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4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 4 de agosto de 2022, se admitió la acción de tutela
interpuesta por Héctor Miguel Parra López en contra del Consejo de Estado,
Sección Quinta; se vinculó a los señores Jorge Heriberto Moreno Granados,
César Mauricio Arias Carreño, Ernesto Collazos Serrano, Gabriel Augusto
Angarita Tena, Luis Arturo Melo Díaz, Marlyn Julieth Carillo Márquez, a la
Veeduría Ciudadana Procuraduría Ciudadana UFPS (representada
legalmente por el señor Carlos Alberto Bolívar Corredor) y a la Universidad
Francisco de Paula Santander; se reconoció personería jurídica al abogado
Julio Alexander Mora Mayorga; y se ordenó efectuar las notificaciones
correspondientes.
4.2. Jorge Heriberto Moreno Granados, demandante en el medio de control de
nulidad electoral, en primer lugar, manifestó que la sentencia que profirió la
Sección Quinta está ajustada a la ley, específicamente al artículo 2.2.11.1.5
del Decreto 1083 de 2015, al parágrafo de este último y al artículo 1° del
Acuerdo 113 de 2007.
Para sustentar tal conclusión, aseguró que el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto
1083 de 2015 establece cuáles cargos públicos pueden ser ocupados por
personas pensionadas por vejez mayores de 70 años. Sin embargo, dentro de
ese grupo no se incluye al rector de los entes universitarios.
A su vez, explicó que el parágrafo de la norma transcrita permite el reintegro a
los pensionados a los empleos públicos, incluyendo al cargo de rector de entes
universitarios autónomos, siempre y cuando la persona a reintegrar no haya
llegado a los 70 años de edad.
Asimismo, manifestó que en la sentencia atacada la Sección Quinta también
hizo cumplir el parágrafo del artículo 1° del Acuerdo 113 de 2007 que establece
la siguiente prohibición: “Parágrafo. Los docentes jubilados que se vinculen como
catedráticos en ningún caso podrán desempeñar cargos académicos, administrativos,
o cargos docentes administrativos.”
También explicó que el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 consagra una opción
laboral para los docentes universitarios que hayan llegado a la edad de retiro
forzoso de los servidores públicos, que actualmente es de 70 años, y que no
se hayan pensionado. La alternativa consiste en optar por la pensión o
continuar trabajando hasta los 80 años, es decir 10 años más después de la
edad de retiro forzoso.
En criterio del interviniente, dicha norma debe interpretarse según su sentido
gramatical. Por lo tanto, no hay lugar a concluir que este precepto aplica
también a docentes catedráticos ya retirados del servicio público y
pensionados por vejez, pues esta solo aplica a quienes aún no se hayan
pensionado y ya tengan la edad de retiro.
Se refirió a la sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional C-584
de 1997, que declaró exequible el artículo 19 de la Ley 344 de 1996. Aseguró
que en esa oportunidad dicho tribunal constitucional explicó que la opción de
seguir laborando hasta 10 años más de la edad de retiro forzoso únicamente
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Demandante: Héctor Miguel Parra López
está destinada a los docentes universitarios de carrera administrativa. Así lo
expresó la Corte:
“26. En el presente caso, el legislador consagra, a favor de un tipo de servidores vinculados
al régimen de carrera administrativa, una prerrogativa que no se atribuye a la generalidad de
los restantes servidores sometidos al mismo régimen, consistente en concederles la facultad
de diferir, durante diez años, la edad de retiro forzoso”.
En segundo lugar, informó que el 24 de diciembre 2015 la Universidad
Francisco de Paula Santander le otorgó pensión de jubilación al tutelante y que
esta la empezó a disfrutar a partir del 29 de diciembre de 2015; y que el 15 de
marzo de 2016, Colpensiones le reconoció pensión de vejez.
Posteriormente, el 26 de junio de 2018, la Universidad decidió reintegrarlo al
servicio público, como rector para el período 2018-2021. Tal reintegro se
fundamentó en el parágrafo del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1037 de 2015
que autoriza a los jubilados que no hayan llegado a la edad de 70 años a ser
reintegrados al servicio en los siguientes cargos de entes universitarios
autónomos: rector, vicerrector general, vicerrector nacional, vicerrector de
sede, secretario general, gerente nacional, directores nacionales y decanos.
De manera que para la fecha de la designación y posesión como rector período
2018-2021 el señor Parra tenía 67 años, es decir cumplía el requisito para ser
reintegrado al servicio público al ser menor de 70 años de edad. Sin embargo,
el vinculado resaltó que “el señor Parra NO podía trabajar sino hasta el 12 de febrero del
año 2021 fecha en la cual cumplió los 70 años de edad, ya que para esa fecha le sobrevino la
inhabilidad del inciso primero del artículo 2.2.11.1.5 del decreto 1083 de 2015”.
En tercer lugar, argumentó que en el caso no se configuran los defectos
alegados por el tutelante y subrayó que la autonomía universitaria no es
absoluta ni omnímoda y nunca está por encima de la Constitución ni de normas
con fuerza material de ley, como lo es el parágrafo del artículo 2.2.11.1.5 del
Decreto 1083 de 2015.
Sobre el defecto sustantivo, señaló que tal no se configura, pues el artículo 19
de la Ley 344 de 1996, es claro y por ende no necesita ninguna interpretación.
E indicó que en el numeral 26 de la Sentencia C-584 de 1997, la Corte
Constitucional limitó la posibilidad de optar por continuar laborando por 10
años más, únicamente a los docentes universitarios de carrera administrativa
que hayan llegado a la edad de retiro forzoso y no se hayan pensionado.
En el mismo sentido, sostuvo que tampoco existe violación directa de la
Constitución ante el desconocimiento del principio de favorabilidad y del
principio de igualdad. En su criterio, “Son puras elucubraciones tal y como se puede
ver en el numeral 5.1. 38.2.1. En el numeral 5.1.1 de la tutela. El accionante hace una
disertación sobre “5.1.1. Sobre la calidad de servidores públicos reconocida a los docentes de
cátedra de las universidades oficiales”. Estos argumentos del accionante contenido en este
numeral 5.1.1. son inconducentes, son inocuos, son elucubraciones, ya que en la demanda lo
que se reprocho fue el reintegro al EMPLEO PÚBLICO en el cargo de Rector de la UFPS de
una persona pensionada mayor de 70 años como el señor HMPL, retirada del servicio público,
lo cual lo prohibía el artículo 2.2.11.1.5 del decreto 1083 de 2015, reglamentario de la función
pública”.
Con relación al desconocimiento del precedente, adujo que en la sentencia
atacada no se desconoció la naturaleza académico administrativa de los
cargos de rector de los entes universitarios autónomos. De hecho, la Sección
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Quinta aclaró que en el caso de la designación del rector de la Universidad de
Cartagena en el año 2014 su elección no fue anulada, no solo porque el cargo
tenía naturaleza académico administrativo, sino porque aquel era docente de
carrera administrativa. Lo cual le permitió la aplicación del artículo 19 de la Ley
344 de 1996, en virtud del cual aquel optó por la opción laboral del de seguir
laborando por 10 años más después de la edad de retiro forzoso. Además, los
estatutos de la Universidad de Cartagena permitían que un docente de carrera
pudiera ejercer el cargo de rector en comisión.
Y respecto al defecto fáctico consideró que los argumentos para sustentar ese
cargo no eran más que “puras elucubraciones”. Por lo que aseguró que la
autoridad judicial accionada hizo una correcta valoración de las pruebas.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se rechace la acción de tutela
interpuesta, dada la no prosperidad de los defectos alegados y la inexistencia
de vulneración de derechos fundamentales.
4.3. La veeduría ciudadana Procuraduría Ciudadana de la Universidad
Francisco de Paula Santander sostuvo que el accionante no puede alegar
vulneración a su derecho “a ser elegido”, porque la naturaleza del proceso de
designación de rector es de carácter consultivo. Y mencionó que en la consulta
electrónica 7.300 votantes prefirieron votar en blanco y solo 5.500 confiaron
en su perfil.
De otra parte, manifestó que no se le vulneró su derecho al debido proceso,
porque al cumplir 70 años, lo cual ocurrió el 12 de febrero del 2021, “le hacía
merecedor de la restricción normativa del Decreto 1083 de 2015 (Artículo 2.2.1.11.1.5)”.
Adujo que tampoco se transgredió su derecho a la igualdad, ya que los
supuestos fácticos en el nombramiento del rector de la Universidad del
Atlántico, a pesar de ser mayor a los 70 años, distan del caso del tutelante. Y
esto obedece a que desde el año 2019, la magistrada Rocío Araujo Oñate
profirió decisión en la cual explicó que la renuncia voluntaria y retiro inmediato
al cargo de docente de planta implicaba para el tutelante la pérdida de
beneficios legales que contempla el artículo 19 de la Ley 344 de 1994.
Finalmente, informó que el tutelante continúa asistiendo al despacho de la
rectoría y ejerciendo de facto como rector frente al señor rector encargado. Por
lo que consideró que el tutelante desafía las leyes y las garantías democráticas
dentro de la universidad.
Con base en lo expuesto, solicitó se nieguen las pretensiones por no
configurarse los defectos alegados por el tutelante.
4.4. La Universidad Francisco de Paula Santander informó que mediante
Acuerdo Nro. 028 de 12 de julio de 2022 acató la decisión proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en tanto que designó como a un rector
hasta tanto se convoque la consulta prevista en el Estatuto General de la
Universidad, para convocar la lista de aspirantes a rector.
Por otra parte, sostuvo que las pretensiones de la demanda de nulidad
electoral en segunda instancia no debieron haberse concedido, por considerar
que al tutelante sí debió aplicársele la excepción consagrada en el artículo 19
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de la Ley 344 de 1996. En su criterio, esta norma permite el reingreso al
servicio público en condición de rector de universidad pública, que era
justamente la situación del tutelante. Además, agregó que en sentencia de 11
de julio de 2019 el Consejo de Estado encontró legal el mecanismo de retorno
al servicio público y que esa decisión hizo tránsito a cosa juzgada.
A su vez, aseguró que la postura de la Sección Quinta no es acertada porque
“por razones de temporalidad en la vigencia a la expedición de la ley 344 de 1996, no se había
erigido como excepción para el reintegro al cargo de rector como posteriormente lo hizo el
Decreto No. 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 1037 de 2018, artículo 1°, lo que supone
la existencia de dos formas de extender la edad de retiro forzoso en el servicio público, la
primera sin solución de continuidad y la segunda por reingreso al servicio público”.
Asimismo, se apartó de la tesis de la Sección Quinta, según la cual el artículo
19 de la Ley 344 de 1996 solo cobija a los docentes que hacen parte de la
carrera administrativa de las universidades públicas, pues desconoce los
alcances de las sentencias de la Corte Constitucional C-006 de 1996 y C-537
de 2018 que asimilan la aplicación del principio de igualdad a los docentes
universitarios sin importar su forma de vinculación. En esas decisiones se
expresó que dado que todas las categorías de docentes desempeñan las
mismas actividades no había lugar a distinciones en el otorgamiento de los
derechos en materia laboral. Por ende, afirmó que no es cierto que la norma
referida excluya a los docentes de cátedra, pues eso equivaldría a una suerte
de discriminación perversa, ya resuelta por la Corte.
También sostuvo que la Sección Quinta incurrió en un defecto por
interpretación de las normas, porque el parágrafo único del artículo 2.2.11.1.5
del Decreto 1083 de 2015 permite reintegrar a las personas que se encuentren
gozando de pensión de jubilación y que no hayan llegado a la edad de 70 años.
En ese orden de ideas, indicó que la autoridad judicial accionada olvidó que “el
reingreso del ingeniero HECTOR al servicio público se consolidó a la edad de 67 años para el
26 de junio de 2018, y se dice que se desconoce el tenor literal de la norma porque los efectos
de dicha posesión se consolidaron con la primera sentencia bajo el fenómeno de cosa juzgada
(…) partiendo del hecho incontrovertible de que el ingeniero HÉCTOR MIGUEL PARRA
LÓPEZ reingresó al servicio público, conforme a la ley el día 26 de julio de 2018, momento en
el cual ni siquiera había llegado a los 70 años, consolidó su pertenencia al servicio público y
como lógica consecuencia de ello, hizo uso del beneficio que le otorgó la Ley 344 de 1996 en
su artículo 19” (sic para toda la cita).
Seguido explicó que, tras esa primera designación como rector, el tutelante se
vio en la obligación de renunciar, pues para la designación de rector las
personas que están ejerciendo funciones administrativas deben hacerlo un
mes antes de la celebración de la consulta interna testamentaria. En su criterio,
el hecho que el tutelante haya renunciado a fin de postularse para ejercer como
rector por segunda vez no lo excluye del artículo 19 de la Ley 344 de 1996,
pues así como lo hizo la primera vez que se postuló, aquel puede ser
reintegrado con base en esa última disposición. Y reprochó que solo por la
renuncia del tutelante, la cual debía efectuarse para su postulación por
segunda vez al cargo de rector, se desdibuje el principio de la autonomía de
la voluntad, bajo el cual el accionante podía optar por continuar trabajando
hasta 10 años más de la edad de retiro forzoso.
Finalmente, manifestó que en el caso no existe causal de inhabilidad, porque
para el momento de la designación del nuevo rector por parte del Consejo
Superior Universitario, el tutelante solo tenía la condición de docente de
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cátedra, pero no de rector. Tampoco existe una prohibición, porque “ lo que la
norma plantea es que tal como se precisó en el salvamento de voto, no se puede
simultáneamente tener la doble condición de catedrático y rector”. E igualmente, aseguró
que tampoco se configura una causal de incompatibilidad, pues esta figura
solo podría aplicarse a partir de que se adquieren funciones rectorales.
4.5. La Sección Quinta del Consejo de Estado, sobre el defecto sustantivo por
desconocimiento del artículo 19 de la Ley 344 de 1996, sostuvo que esta
norma constituía una excepción al régimen general del retiro forzoso del
servicio público, únicamente aplicable a los funcionarios públicos que cuenten
con vínculos legales y reglamentarios.
Explicó que el hecho de ser pensionado y de contar con más de 70 años son
causales de retiro obligatorio a las funciones públicas desempeñadas por los
empleados del Estado, tal como lo dispone el artículo 2.2.11.1.1 del Decreto
1083 de 2015, que consagra las causales de retiro del servicio así: “El retiro del
servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones públicas y se produce por: (…) 4)
Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez. (…) 6) Edad de retiro forzoso.”
En consecuencia, sostuvo que el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 contempla
un privilegio para los docentes universitarios que tengan relaciones legales y
reglamentarias y, por ende, solo ellos pueden optar por continuar laborando
en los establecimientos públicos de educación superior por 10 años
adicionales a la edad de retiro forzoso. En ese sentido, señaló que dicha norma
dejó de lado a los catedráticos, ya que estos no gozan de la calidad de
empleados públicos, ni trabajadores oficiales, a la luz del artículo 73 de la Ley
30 de 1992: “Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores
oficiales”.
Asimismo, manifestó que la tesis acogida sobre el artículo 19 de la Ley 344 de
1996 se fundamenta en la Sentencia C-584 de 1997, por medio de la cual la
Corte Constitucional declaró la exequibilidad de dicha norma. Oportunidad en
la cual explicó lo siguiente:
“En el presente caso, el legislador consagra, a favor de un tipo de servidores vinculados al
régimen de carrera administrativa, una prerrogativa que no se atribuye a la generalidad de los
restantes servidores sometidos al mismo régimen, consistente en concederles la facultad de
diferir, durante diez años, la edad de retiro forzoso.
La excepción consagrada, tiene la finalidad de permitir que los docentes universitarios ejerzan
sus funciones hasta los setenta y cinco años, si así lo consideran conveniente y si no han
incurrido en ninguna causal de retiro. El objetivo no es otro que el de autorizar a los centros
de educación superior y a las personas que han demostrado sus calidades docentes para que
estas puedan permanecer en el servicio de la educación superior.”
Postura que pacíficamente ha reiterado la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por también considerar que el régimen exceptivo establecido en el
artículo 19 de la Ley 344 de 1996 solo es predicable de los docentes de
carrera.
También se refirió al argumento del tutelante consistente en que en la
Sentencia C-006 de 1996 la Corte Constitucional equiparó las nociones de
docentes de carrera y de cátedra. Al respecto explicó que, si bien tal tribunal
constitucional resaltó las similitudes en las actividades desplegadas por los
profesores de carrera y los catedráticos y sus consecuencias en el plano
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prestacional-laboral, la Corte no desconoció que sus relaciones con las
universidades del Estado son totalmente disímiles, pues mientras los primeros
hacen parte de la categoría de empleados públicos, los segundos ostentan tan
solo la condición de servidores del Estado, pero no por esto son empleados ni
trabajadores oficiales.
Por ende, la Sección Quinta adujo que la aplicación restringida del beneficio
contenido en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 se justifica en las diversas
modalidades de ingreso al servicio entre los docentes de planta y los
catedráticos.
Con base en lo expuesto, concluyó que en el caso no se incurrió en defecto
sustantivo por la interpretación dada al artículo 19 de la Ley 344 de 1996.
De otra parte, se pronunció sobre el defecto sustantivo por indebida
interpretación del artículo 1º del Acuerdo Nro. 113 de 2007. Al respecto, la
Sección Quinta subrayó que el cargo relacionado con esa norma no fue
propuesto por el señor Héctor Miguel Parra López ni en la contestación de la
demanda, ni en sus alegatos de conclusión de primera y segunda instancia.
Y en todo caso, manifestó que de la literalidad del parágrafo único del artículo
1º del Acuerdo Nro. 133 de 2007 se desprende una regla clara de inelegibilidad
establecida para el cargo de rector, según la cual los jubilados que estén
vinculados como catedráticos en la Universidad no podrán desempeñar en
ningún caso la rectoría de la institución. Por ende, concluyó que, contrario a lo
afirmado por el actor, esa norma constituía una verdadera causal de
inelegibilidad, que sustentaba la declaratoria de nulidad de la elección del
tutelante.
Respecto al defecto por violación directa de la Constitución, la Sección
Quinta manifestó que la interpretación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996
no transgrede el principio de igualdad, porque existen circunstancias
plausibles que justifican la distinción entre catedráticos y profesores de
carrera, avaladas por la Corte Constitucional.
Con relación al desconocimiento del precedente, puntualmente de las
sentencias del 7 de septiembre de 2015 y del 11 de julio de 2019, la Sección
Quinta explicó que en ambas decisiones se explicó que el hecho de que el
cargo de rector sea concebido por las normas internas de la universidad como
un empleo de naturaleza académico-administrativa no implica que a los
docentes no pertenecientes a la carrera administrativa se les extienda el
beneficio consagrado en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996.
Por el contrario, la autoridad judicial enfatizó en que la excepción dispuesta en
el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 únicamente aplica a los docentes
universitarios de carrera administrativa que hayan optado por mantenerse en
el servicio público.
Puntualizó que, en la sentencia del 7 de septiembre de 2015, en la cual la
Sección analizó el caso del rector de la Universidad de Cartagena periodo
2014-2018, sí se hizo énfasis en la naturaleza académico-administrativa de tal
cargo. Sin embargo, en esa oportunidad se resaltó que “la aplicación del artículo
19 de la Ley 344 de 1996 al rector estuvo mediada de forma fundamental por la calidad de
docente de carrera del demandado, que le permitía continuar vinculado al servicio por 10 años
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más a la edad de retiro forzoso y, en ese término, postular al empleo de rector”. Contrario a
lo argumentado por el tutelante, allí se dispuso que la condición esencial para
acceder al beneficio erigido en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 era contar
con el estatus de docente de carrera.
En ese sentido, la Sección Quinta aseguró que en otras oportunidades no ha
admitido la aplicación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 a los rectores de
las universidades oficiales cuando aquellos no tienen la calidad de docentes
de carrera. Justamente por eso, en el fallo de 11 de julio de 2019 también
invocado por el actor, en el que se conoció de la demanda presentada contra
la primera elección del señor Héctor Miguel Parra López como rector periodo
2018-2021, se reiteró dicha postura, así: “No es aplicable al demandado el artículo 19
de la Ley 344 de 1996, puesto que el señor Parra optó por el primer presupuesto previsto en
la norma, según el cual el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión
de vejez o jubilación podrá escoger dicho beneficio al cumplir la edad de retiro forzoso y no
por el segundo como era continuar en el servicio por 10 años más”.
Por consiguiente, la autoridad judicial concluyó que es falso que en la
sentencia atacada se haya creado una nueva regla jurisprudencial, pues lo
único que hizo fue aplicar los criterios reiterados por el Consejo de Estado en
otras oportunidades. Por lo cual, se concluyó que en el caso el demandado no
era sujeto activo del beneficio del artículo 19, dada su renuncia como docente
de carrera desde el año 2015.
Seguido se pronunció frente al defecto fáctico alegado. Recordó, en primera
medida, que luego de rechazar la idea de aplicar el artículo 19 de la Ley 344
de 1996 al señor Héctor Miguel Parra López, se estableció que su caso debía
absolverse a través de la aplicación del régimen general de retiro forzoso,
consagrado en el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015, modificado por
el artículo 1 del Decreto No. 1037 de 2018. 112. En dicha norma se consagra
que no podrán ser reintegrados al servicio como rectores de las universidades
oficiales, los pensionados que gocen de su derecho prestacional cuando
superan los 70 años.
En el medio de control, el señor Parra López adujo que para el momento de
su elección como rector periodo 2021-2025, ocurrida el 25 de junio de 2021,
no se encontraba activo en los archivos de Colpensiones, porque desde el
2018 su mesada pensional estaba suspendida. Al analizar las certificaciones
de Colpensiones, la Sección Quinta concluyó que la suspensión de la mesada
se fundó en su designación como rector periodo 2018-2021, situación que le
impedía percibir 2 asignaciones provenientes del tesoro público. Suspensión
que, en todo caso, cesó el 9 de abril de 2021 como consecuencia de su
renuncia al cargo de rector.
Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial explicó que “ desestimó el
valor probatorio de las certificaciones de COLPENSIONES, con fundamento en una
interpretación razonable de los medios de convicción aportados, consistente en rechazar la
idea de la suspensión de la mesada pensional si la condición a la que ésta estuvo inicialmente
sometida –el desempeño del cargo de rector de la UFPS, periodo 2018-2021– había
desaparecido desde el 9 de abril de 2021, siendo un razonamiento amparado por las reglas
de la sana crítica”.
Finalmente, y por los argumentos presentados, concluyó que el propósito del
señor Héctor Miguel Parra López reabrir el debate jurídico para proponer un
nuevo escenario de discusión que adicione las instancias agotadas del medio
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de control. Por lo cual solicitó negar las pretensiones formuladas por el
tutelante.
4.6. Cesar Mauricio Arias Carreño, quien fungió como coadyuvante de los
demandantes del medio de control, manifestó que no se configuró el defecto
sustantivo por indebida interpretación del artículo 19 la Ley 344 de 1996,
porque en la Sentencia C-584 de 1997, la Corte Constitucional determinó que
los únicos docentes universitarios que pueden optar por continuar trabajando
durante 10 años más después de la edad de retiro forzoso son los de carrera
administrativa de los entes universitarios autónomos.
Con relación al defecto por violación directa de la Constitución, sostuvo que la
autoridad judicial accionada no transgredió el artículo 53 constitucional, pues
como trabajador el tutelante obtuvo todas las garantías constitucionales y
legales hasta que se pensionó. Por lo tanto, no existió violación directa de la
Constitución por desconocimiento del principio de favorabilidad y del principio
de igualdad como lo reclama el accionante.
También sostuvo que en la sentencia de 7 de septiembre de 2015, en la cual
la Sección Quinta estudió el caso del rector de la Universidad de Cartagena,
dicha Sala dispuso que a aquel se le aplicó el beneficio consagrado en el
artículo 19 de la Ley 344 de 1996 porque él sí era docente de carrera
administrativo y no aún no estaba pensionado, lo cual lo habilitaba para
trabajar por 10 años más después de la edad de retiro forzoso.
De manera que la razón por la cual se empleó esa norma no fue porque en la
Universidad de Cartagena tal cargo tuviera la naturaleza de académico
administrativo, sino porque seguía desempeñándose como docente de
carrera. Por consiguiente, los supuestos fácticos entre ambos casos son
diferentes y por ende no puede considerarse que esa decisión constituye
precedente para el caso del tutelante.
Aclaró que, en el fallo referido, la Sección Quinta del Consejo de Estado
simplemente “acudió a los Estatutos de la Universidad de Cartagena donde encontró que
el cargo de Rector era académico administrativo y que podía ser ocupado por docentes de
carrera administrativa en comisión y por lo tanto por analogía se le aplicó el artículo 19 de la
ley 344 de 1.996”.
Por lo expuesto, solicitó que se rechace la acción de tutela interpuesta.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 15 de septiembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A rechazó por improcedente la tutela, en lo relativo a la
indebida aplicación del artículo 1° del Acuerdo 113 de 2007; y negó el amparo
respecto a los demás cargos formulados. El juez de tutela de primera instancia se
pronunció sobre los defectos planteados por el actor y frente a la subsidiariedad de
la tutela a la luz del argumento relacionado con el artículo 1° del Acuerdo 113 de
2007:
Sobre la subsidiariedad, sostuvo que no se cumplía este requisito, respecto al
argumento consistente en que la Sección Quinta incurrió en defecto sustantivo por
haber basado su decisión en el artículo 1° del Acuerdo 113 de 2007, pese a que
esta era inaplicable al caso. En criterio del juez de tutela, la parte actora no expuso
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ese cargo en el proceso ordinario, a pesar de que bien pudo hacerlo tanto en la
contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión de primera y
segunda instancia.
En esa medida, el juez de tutela aseguró que el accionante no utilizó debidamente
los mecanismos con los cuales contaba, para que la autoridad judicial accionada se
pronunciara sobre tal cargo. Por lo tanto, consideró que la tutela no era procedente
a falta del requisito de subsidiariedad, en lo que respecta al cargo relacionado con
la indebida aplicación del artículo 1° del Acuerdo 113 de 2007.
Sobre el defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución, el juez de
tutela de primera instancia no encontró reproche frente a la interpretación efectuada
por la Sección Quinta sobre el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, pues consideró
que esta se fundamentó en el alcance de la norma y en la jurisprudencia
constitucional y del Consejo de Estado existente sobre tal precepto.
Además, resaltó el análisis de la Sección Quinta, según el cual el artículo 19 de la
Ley 344 de 1996 no era aplicable al caso del señor Héctor Miguel Parra López,
debido a que en el año 2015 él decidió por voluntad propia retirarse de servicio
activo como docente de carrera, a fin de percibir su pensión. En esa medida, como
él optó por recibir su pensión, y no por continuar trabajando 10 años más, dicha
norma no era la que regulaba su elección como rector para el período 2021-2025.
Entonces, para la fecha de la segunda designación como rector, aquel “no podía
beneficiarse de esa prerrogativa, comoquiera que, (…) no ostentaba la condición de servidor público,
sino que estaba vinculado como docente catedrático”
Por ende, señaló que, según la Sección Quinta, esa elección se gobierna por las
normas de reintegro al servicio de un docente catedrático pensionado, consagradas
en el Decreto 1083 de 2015. Sobre esa interpretación, el juez de tutela concluyó
que “la Sección accionada, en ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial,
acogió la exegesis que consideró adecuada, para decidir sobre la posibilidad de que el demandado
continuara en el servicio educativo después de cumplir la edad de retiro forzoso”.
Asimismo, el juez de primera instancia aclaró que el punto central de la Sentencia
C-006 de 1996 consistió en que todos los docentes universitarios vinculados al
sector público deben gozar de las mismas prestaciones sociales; aspecto
intrascendente en el caso del actor por no relacionarse con la discusión principal del
proceso.
Por último, en lo relacionado con el defecto por violación directa de la Constitución,
el juez de tutela concluyó que la autoridad accionada no desconoció los derechos
del accionante ni los principios constitucionales de igualdad o favorabilidad, puesto
que “de manera razonada, explicó las razones por las cuales el beneficio de la normativa citada
antes, relativo a la ampliación de la edad de retiro forzoso, únicamente, podía predicarse frente a los
docentes universitarios de carrera administrativa, al ser un aspecto específico de su régimen
normativo especial. Distinto es que el señor Héctor Miguel Parra López no esté de acuerdo con la
conclusión de la autoridad judicial, a la cual llegó, luego de una razonable valoración de la normativa
aplicable y lo acreditado en el proceso”.
Sobre el desconocimiento del precedente, el a quo sostuvo que los
pronunciamientos invocados por el accionante no constituyen por sí solos
precedente judicial.
Explicó que, si bien el accionante indicó que el proveído del 31 de mayo de 2022
expediente 2021-00195 era un auto de unificación proferido por la Sala Plena del
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Demandante: Héctor Miguel Parra López
Consejo de Estado, lo cierto es que aquella providencia solo corresponde a la
decisión a través de la cual se resolvió no avocar conocimiento para asumir el
asunto por importancia jurídica.
Seguido, indicó que la autoridad judicial accionada, en la sentencia controvertida,
detalló el alcance de los pronunciamientos del 7 de septiembre de 2015 expediente
2014-00343 y del 11 de julio de 2019 expediente 2018-00220. En el primer asunto,
se debatió la elección del rector de la Universidad de Cartagena; cargo que en las
normas internas se catalogó como académico-administrativo. En esa oportunidad,
se avaló la aplicación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996, pero no por la naturaleza
del cargo de rector, sino porque el servidor que fue elegido era un docente de
carrera administrativa, lo que le permitía beneficiarse de la continuidad en el servicio
por diez años más a la edad de retiro forzoso.
Y respecto a la providencia del 1 de julio de 2019, explicó que allí se analizó la
elección del tutelante como rector de la Universidad Francisco de Paula Santander
para el período 2018-2021; y aclaró que independientemente de que ese empleo
tuviera el carácter académico o no, la norma citada no podía aplicarse, porque el
señor Héctor Miguel Parra López optó por apartarse del servicio público como
docente de carrera y obtener su pensión de jubilación.
En ese orden de ideas, el juez de tutela manifestó que “la autoridad judicial accionada
tuvo en cuenta la jurisprudencia sobre la posibilidad de continuidad del servicio, bajo la prerrogativa
multicitada y el respeto por la autonomía universitaria, en cuanto a la categorización por normas
internas respecto de la naturaleza del cargo de rector”. Simplemente, la decisión de la
Sección Quinta obedeció a que la aplicación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996
estaba condicionada a que el docente que pretendía beneficiarse de aquella
estuviera vinculado al régimen de carrera administrativa, lo cual no sucedió en el
caso ya que el señor Parra López era un profesor de cátedra.
Por lo tanto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A concluyó que
la autoridad judicial accionada no incurrió en un desconocimiento del precedente
judicial, porque no estaba en la obligación de aplicar los pronunciamientos
invocados por la parte accionante.
Sobre el defecto fáctico: El juez de tutela señaló que en la sentencia controvertida
la Sección Quinta encontró que para el 25 de junio de 2021 el señor Héctor Miguel
Parra López tenía la calidad de pensionado y contaba con 70 años. Por ese motivo,
y con fundamento en el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015, no era
procedente el reintegro del tutelante al servicio luego de estar jubilado. De manera
que debía anularse el acto de elección.
Explicó que, si bien el demandado alegó que el pago de la pensión se encontraba
suspendido y aportó una certificación de Colpensiones sobre ese aspecto, lo cierto
era que “la suspensión del derecho prestacional obedeció a su designación como rector, para el
período 2018-2021, y, de esta manera, debió reactivarse desde el 9 de abril del último año
mencionado, fecha a partir de la cual fue aceptada la renuncia al cargo que ocupaba”.
A su vez, el juez consideró que la Sección Quinta del Consejo de Estado no se
extralimitó en el estudio, porque uno de los eventos que conllevaba a la inhabilidad
para ocupar el cargo de rector era encontrarse jubilado. Por ende, dicha autoridad
debía analizar si el señor Héctor Miguel Parra López gozaba de esa condición. Y al
realizar tal estudio, encontró que no podía entenderse que el pago de la mesada
pensional estaba suspendido, “ya que la situación que justificaba esa suspensión finalizó el 9
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de abril de 2021 y, por ello, debía entenderse que se reactivó su inclusión en nómina de
pensionados”. En esa medida, el estudio de las certificaciones de Colpensiones no se
tradujo en una indebida valoración de la prueba y, consecuentemente, tampoco en
la configuración de un defecto fáctico.
Sin perjuicio de la discusión sobre el pago de la mesada al demandado, el juez de
primera instancia insistió en que en el caso debía declararse la nulidad de la
elección, porque el tutelante se encontraba jubilado y tenía más de 70 años, para el
momento en que fue designado como rector para el período 2021-2025. De ahí que
no cumplía con los presupuestos para ser reintegrado.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, por no encontrarse de
acuerdo con ninguno de los puntos expuestos en la decisión de primera instancia.
Las siguientes fueron sus inconformidades:
Sobre la subsidiariedad: La parte actora aseguró que, contrario a lo dicho por el
juez de primera instancia, sí expuso el cargo sobre la incorrecta aplicación del
artículo 1° del Acuerdo 113 de 2007, en las oportunidades procesales
correspondientes, puntualmente en el traslado de la solicitud de medida cautelar de
suspensión provisional, en la contestación de la demanda, en los alegatos de
conclusión de primera instancia y segunda instancia. E insistió en que en la
aclaración de voto de la sentencia controvertida, se llamó la atención sobre la falta
de soporte jurídico para emplear en el caso el Acuerdo Nro. 113 de 2007.
Sobre el defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución: En criterio
del accionante el juez de tutela se limitó a indicar que no se configuraron esos dos
defectos, simplemente porque la Sección Quinta en ejercicio de su “autonomía e
independencia judicial, acogió la exegesis que consideró adecuada”. Sin embargo, para la parte
actora, el juez de tutela no estudió de fondo los cargos propuestos en la tutela, ya
que pasó por alto los argumentos sobre i) “la limitación establecida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado para la aplicación del artículo 19 de la ley 344 de 1996
ÚNICAMENTE para los docentes de carrera de las universidades oficiales con estatus de
empleados públicos”; y ii) la calidad de servidores públicos reconocida a los docentes
de cátedra de las universidades oficiales, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 67 constitucional, la Ley 30 de 1992 y la Sentencia C-006 de 1996 de la
Corte Constitucional.
También reprochó lo dicho por el juez constitucional sobre la Sentencia C-006 de
1996, pues en esta la Corte Constitucional declaró inexequible casi la totalidad del
artículo 73 de la Ley 30 de 1992, justamente porque concluyó que los docentes de
cátedra son servidores públicos y, por lo tanto, les asiste el reconocimiento de los
derechos que como servidores del Estado tienen los docentes.
Con respecto a la violación directa de la Constitución, señaló que el juez de tutela
se limitó a mencionar que la Sección Quinta no vulneró los principios de igualdad y
favorabilidad, porque en su sentencia “explicó las razones por las cuales el beneficio de la
normativa citada antes, relativo a la ampliación de la edad de retiro forzoso, únicamente, podía
predicarse frente a los docentes universitarios de carrera administrativa”. Sin embargo, adujo
que el juez constitucional no explicó las razones de esa conclusión, pues “lo cierto es
que al realizar una lectura pormenorizada de la sentencia de 16 de junio de 2022, resulta evidente
que, (...) la Sección Quinta del Consejo de Estado no realizó estudio alguno de favorabilidad o de
igualdad a la luz del ordenamiento jurídico superior”.
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Sobre el desconocimiento del precedente: La parte actora manifestó que el juez
de tutela se limitó a reiterar la argumentación expuesta por la Sección Quinta del
Consejo de Estado. Sin embargo, aseguró que aquel no tuvo en cuenta que la
Sección Quinta cambió su jurisprudencia de forma intempestiva, lo cual resultó en
una contradicción con la posición imperante y vigente para la fecha de su elección
como rector.
La postura que hasta ese momento regía consistía en permitir la aplicación del
artículo 19 de la Ley 344 de 1996 a los rectores de los entes universitarios
autónomos, independientemente de la modalidad de vinculación de este último,
cuando tal cargo tuviera la naturaleza de académico-administrativa, en virtud de lo
dispuesto por los estatutos universitarios. Tesis que se reiteró en las 6 providencias
que se invocaron como desconocidas desde el escrito de tutela, dentro de las cuales
resaltó el auto de Sala Plena de 31 de mayo de 2022.
Finalmente, censuró que el juez de tutela tampoco se haya pronunciado sobre la
figura de la jurisprudencia anunciada, a la cual pudo acudir la Sección Quinta, a fin
de salvaguardar la seguridad jurídica.
Sobre el defecto fáctico: La parte actora aseguró en que el juez de tutela no
precisó el fundamento normativo que permite a la Sección Quinta, en el curso de un
proceso ordinario de nulidad electoral, otorgar efectos jurídicos a situaciones ajenas
al medio de control de nulidad electoral, como lo es la reactivación y pago en la
nómina de pensionados.
7. Sobre la manifestación de impedimento
El 18 de noviembre de 2022, el consejero de Estado Dr. Milton Chaves García
manifestó su impedimento para dictar sentencia de segunda instancia. Y por auto
del 30 de noviembre de 2022 el hoy despacho ponente declaró fundado el
impedimento manifestado, y dispuso del sorteo de un conjuez, considerando que
para esa fecha no existía el cuórum necesario para adoptar la decisión, toda vez
que no había tomado posesión del cargo de consejero de Estado el Dr. Wilson
Ramos Girón. En cumplimiento de lo anterior, el 1º de diciembre de 2022 se realizó
sorteo de conjuez, en el cual resultó designado el abogado Dr. Juan Camilo Serrano
Valenzuela.
No obstante, gracias al nombramiento del referido consejero de Estado, se relevará
al mencionado conjuez del conocimiento de la presente decisión, dado que a la
fecha existe cuórum decisorio suficiente para dictar la providencia de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, en principio, le correspondería a la
Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia (i) en declarar
improcedente la tutela en lo relativo a la indebida aplicación del artículo 1° del
Acuerdo 113 de 2007, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad; y (ii) al haber
negado el amparo respecto a los demás cargos formulados.
Sin embargo, de entrada, la Sala encuentra que la acción de tutela interpuesta por
Héctor Miguel Parra López cumple a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad, incluso en lo relativo al artículo 1° del Acuerdo 113 de 2007.
Sobre este último, el juez de primera instancia aseguró que no analizaría de fondo
el cargo relacionado con esa norma, debido a que el tutelante no formuló esa
inconformidad en el medio de control. No obstante, la revisión del expediente da
cuenta de lo contrario, pues en los alegatos de conclusión de primera instancia el
actor sostuvo que tal norma fue aplicada indebidamente, ya que tal “ disposición no
regula la designación de Rector, ni prevé causal alguna de impedimento o inhabilidad para
ese cargo, pues se limita a regular la vinculación de docentes jubilados”. Por lo que, en
su criterio, esta no podía ser aplicada en su caso. Esto significa que el ahora
tutelante sí expuso el referido argumento en el transcurso del medio de control. Lo
cual desdibuja lo señalado por el juez de primera instancia, respecto a la
improcedencia de la tutela frente a ese argumento.
Adicionalmente, la Sala encuentra que la acción fue interpuesta en un término
razonable; no se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para
exponer los cargos desarrollados en el escrito de tutela; no podría decirse que la
tutela se está empleando como una instancia adicional, ya que se trata de un asunto
en el cual la decisión de primera instancia del medio de control fue favorable al
tutelante, lo cual motivó a que este último no ejerciera el recurso de apelación; y la
providencia atacada no fue proferida en sede de tutela.
En consecuencia, al encontrarse satisfechos tales requisitos de procedencia,
incluso en lo atinente al artículo 1° del Acuerdo 113 de 2007, la Sala proseguirá a
determinar si la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en defecto
sustantivo, por violación directa de la Constitución, por desconocimiento del
precedente y en defecto fáctico, al proferir la sentencia de 16 de junio de 2022,
proferida en el marco del medio de control de nulidad electoral tramitado bajo el
radicado Nro. 54001-23-33-000-2021-00195-03 (acumulado).
4. Defecto sustantivo y su análisis en el caso
4.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
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normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión6.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la
jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación
inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso,
sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.
4.2. Explicado lo anterior, se recuerda que en criterio del impugnante el juez de
primera instancia no estudió de fondo los cargos propuestos en la tutela.
4.2.1. En primer lugar, el impugnante sostuvo que el juez de tutela pasó por alto los
argumentos que demostraban que la Sección Quinta interpretó
restrictivamente el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, al concluir que esta
norma únicamente aplica para los docentes de carrera de las universidades
oficiales.
Al respecto, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no limitó
injustificadamente el alcance del artículo 19 de la Ley 344 de 1996. Por el
contrario, la posición de la Sección Quinta del Consejo de Estado acoge el
alcance dado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-584 de 1997, en la
que se estudió la constitucionalidad del artículo 19 de la Ley 344 de 1996.
En esa providencia, la Corte explicó que dicha norma constituye una excepción
a la regla general sobre edad de retiro forzoso, cuya finalidad es permitir que
las personas que han cumplido con las condiciones de idoneidad suficientes
puedan permanecer en el servicio de la educación superior, incluso tras haber
cumplido la edad de retiro forzoso.
Por ende, al tratarse de una excepción a la regla general, la Corte encontró
que artículo 19 de la Ley 344 de 1996 no constituía un trato diferenciado ni
discriminatorio, pues está dirigido a los docentes que han demostrado
aptitudes académicas y méritos superiores a la media. Por esto, en la
Sentencia C-584 de 1997 la Corte Constitucional concluyó lo siguiente:
“En el presente caso el legislador consagra, a favor de un tipo de servidores vinculados al
régimen de carrera administrativa, una prerrogativa que no se atribuye a la generalidad
de los restantes servidores sometidos al mismo régimen, consistente en concederles la
facultad de diferir, durante diez años, la edad de retiro forzoso” (Negrillas propias).
Lo anterior denota que desde el año 1997 la Corte Constitucional determinó
que tal norma no implicaba una discriminación respecto a otros servidores
públicos. Para esta última, al tratarse de una excepción al régimen general,
solo ciertos servidores pueden beneficiarse de tal prerrogativa y estos serán
solo aquellos de idoneidad suficiente, es decir los docentes universitarios de
carrera administrativa.
Así las cosas, la Sala desestima el argumento del accionante consistente en
que la Sección Quinta empleó indebidamente una interpretación restrictiva del
artículo 19 de la Ley 344 de 1996, pues su postura simplemente es el resultado
6 Sentencia SU-159 de 2002 proferida por la Corte Constitucional.
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de acoger las consideraciones de la Corte Constitucional, sobre la
exequibilidad de tal precepto. En esa medida, no se trata de una lectura
injustificadamente restrictiva del artículo, como lo argumentó la parte actora,
sino únicamente de la interpretación dada por la Corte en su estudio de
constitucionalidad.
4.2.2. En segundo lugar, el impugnante consideró que el juez de tutela de primera
instancia pasó por alto que la interpretación de la Sección Quinta desconoce
que el artículo 67 constitucional, la Ley 30 de 1992 y la Sentencia C-006 de
1996 reconocen la calidad de servidores públicos a los docentes de cátedra
de las universidades oficiales. Por tanto, reiteró que aquellos tienen derecho a
las mismas prerrogativas que los demás docentes, justamente, por gozar de
la calidad de servidores del Estado.
Sobre este argumento, la Sala resalta que en la sentencia controvertida la
Sección Quinta no desconoció la calidad de servidores públicos de los
docentes de cátedra, simplemente explicó que aquellos no gozan de la calidad
de empleados públicos, diferente a la categoría de servidor público.
Así, en la sentencia atacada la Sección Quinta manifestó que según la Ley 30
de 1992 los docentes ocasionales y catedráticos no tienen la condición de
empleados públicos. Basta remitirse a los artículos 73 y 74 de esa ley, de cuya
literalidad se desprende esa conclusión. Veamos:
“ARTÍCULO 73. Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores
oficiales” (Negrillas propias).
“ARTÍCULO 74. Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo
completo o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la entidad para un período
inferior a un año. Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores
oficiales (…)” (Negrillas propias).
Así las cosas, no es que la Sección Quinta haya desconocido la calidad de
servidor público de los docentes de cátedra. Por el contrario, tan solo reiteró
lo dispuesto por la ley, y es que estos no son empleados públicos. Dicho esto,
la autoridad judicial reiteró que, como el artículo 19 de la Ley 344 de 1996
consagra una excepción al régimen general, ese beneficio solo es extensible
a los docentes que sí gozan de la calidad de empleados públicos, es decir los
docentes de carrera. Así lo explicó la Sección Quinta:
“esta Judicatura encuentra que en lo que corresponde a su alcance, el provecho erigido en el
artículo 19 ejusdem solo cobija a los docentes que hacen parte de la carrera administrativa
especial de las universidades oficiales, dejando a un lado a los docentes ocasionales y
catedráticos, quienes no ostentan el estatus de empleados públicos, a las voces de la Ley
30 de 1992.
142. Ello, por cuanto, como lo ha admitido la Sección Segunda de esta corporación, la Ley
344 de 1996 esgrime una regla especial de retiro del servicio público –que se extiende por 10
años más a la edad de retiro normal– que solo es predicable de aquellos que cuentan con
vínculos legales y reglamentarios con las autoridades públicas” (Negrillas propias).
Y para sustentar su postura, además de referirse a la interpretación
constitucional hecha en la Sentencia C-584 de 1997, la Sección Quinta citó la
sentencia de 7 de junio de 2018 de radicado 54001-23-31-000- 2006-00766-
01, proferida por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado.
En esta última también se explica que los docentes de cátedra no tienen la
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calidad de empleados públicos (se insiste diferente a la categoría de servidor
público) y las razones por las que el beneficio establecido en el artículo 19 de
la Ley 344 de 1996 solo es aplicable a los docentes que sí tienen la condición
de empleados públicos, es decir quienes pertenecen al régimen de carrera.
Sentencia que fue transcrita en la decisión proferida por la Sección Quinta, así:
“Dicha prerrogativa, con carácter de excepción prevista por el legislador [artículo 19 de la Ley
344 de 1996] frente al régimen común de los servidores públicos, aplica a los “docentes
universitarios”.
La Ley 30 de 1992 no trae una definición de “docente universitario” que permita una
interpretación literal de la norma a partir del significado que en ella misma se consagre, sin
embargo, de acuerdo con el artículo 70 de dicha normativa, la incorporación de los profesores
universitarios se efectuará “previo concurso público de méritos cuya reglamentación
corresponde al Consejo Superior Universitario”. (…)
Los profesores, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30 de 1992, “podrán ser de dedicación
exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra”. El artículo 72 ídem dispone
que: “Los profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo están
amparados por el régimen especial previsto en esta Ley y aunque son empleados públicos no
son de libre nombramiento y remoción, salvo durante el período de prueba que establezca el
reglamento docente de la universidad para cada una de las categorías previstas en el mismo”.
Y, de acuerdo con el artículo 73: “Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni
trabajadores oficiales”. (…)
El docente universitario que goza de la prerrogativa prevista en el artículo 19 de la Ley 344 de
1996, esto es, que al adquirir el derecho a disfrutar la pensión de vejez o jubilación, pueda
optar por el beneficio prestacional, o continuar vinculado al servicio de la docencia hasta la
edad de 75 años, son los profesores empleados públicos de carrera de que trata el artículo 72
de la Ley 30 de 1992, esto es, la categoría de profesores de dedicación exclusiva, tiempo
completo y medio tiempo.
La Ley 344 de 1996 consagra un régimen especial de aplicación preferente al régimen general
fijado por el legislador extraordinario en el Decreto 2400 de 1968. El régimen especial que
permite al docente permanecer en el servicio hasta los 75 años, que para su caso, es la edad
de retiro forzoso, solo aplica para los profesores de carrera del artículo 72 de la Ley 30 de
1992, no así para las categorías de profesores de cátedra y ocasionales, previstas en los
artículos 73 y 74 ídem, quienes por expresa disposición legal no son empleados públicos,
razón por la cual, no son destinatarios de una norma que fija una modalidad especial de retiro
del servicio público” (Negrillas propias).
De lo anterior, se considera que el tutelante intenta emplear como sinónimos
las nociones de empleado público y servidor público, para así concluir que la
Sección Quinta desconoció la calidad de servidores públicos de los docentes
de cátedra. No obstante, lo explicado por tal autoridad es que estos últimos no
son empleados públicos, sin restar su condición de servidores públicos.
Ahora bien, es cierto, como lo reiteró el impugnante, que en la Sentencia C-
006 de 1996 la Corte Constitucional reconoce la condición de servidor público
de los docentes ocasionales. Sin embargo, en esa misma decisión, se
estableció que aquellos, pese a ser servidores públicos, no gozan de la calidad
de empleados públicos. Veamos:
“la ley 30 de 1992, (…) reguló lo referente al personal docente y administrativo de las mismas,
señalando, en lo que hace a la vinculación de docentes, tres categorías:
a. Los profesores empleados públicos, los cuales no son de libre nombramiento y
remoción e ingresan por concurso de méritos; ellos están sujetos a un régimen especial
consagrado, para los docentes vinculados a universidades del orden nacional, en el
Decreto 1444 de 1992, y para aquellos vinculados a universidades públicas del orden
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territorial en el Decreto 055 de 1994, que adoptó el régimen salarial y prestacional
consagrado en el primero.
b. Los profesores de cátedra, los cuales se vinculan por contrato de prestación de servicios,
celebrados por períodos académicos, y,
c. Los profesores ocasionales, categoría que define el artículo 74 de la citada ley 30 de 1992
(…)
Se trata de tres modalidades que permiten la vinculación de docentes universitarios, que
desde diferentes perspectivas suplirán las distintas necesidades propias de una institución de
educación superior; así, los primeros, los profesores empleados públicos, los cuales
ingresan por concurso de méritos, constituyen uno de los estamentos esenciales de la
comunidad académica, que conforma e identifica la institución, hacen parte activa de ella y se
desarrollan profesionalmente a su servicio; los catedráticos, que se vinculan como
contratistas, atienden funciones o tareas docentes de carácter especializado o coyuntural, que
no exigen su dedicación de medio tiempo o de tiempo completo; y los profesores ocasionales,
que transitoriamente se vinculan a la institución, ellos si con dedicación de medio tiempo o
tiempo completo, para realizar actividades inherentes a la naturaleza de la institución:
docencia y/o investigación.
No se encuentra entonces ningún tipo de contradicción entre la definición de las mencionadas
categorías y las disposiciones del ordenamiento superior, ni ausencia de justificación de las
mismas, pues ellas responden a las singulares características y necesidades de las
universidades, y son adoptadas, según el caso, por decisión de la misma comunidad
académica, la cual, a través de sus órganos de dirección, órganos plurales de representación
en los que participan todos sus estamentos (consejos superiores, consejos académicos,
consejos de facultad, entre otros), definen para cada proyecto o programa la utilización de uno
u otro mecanismo de vinculación.
Los servidores públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Carta, son
aquellos que desempeñan funciones públicas; algunos de ellos lo hacen de manera temporal,
debiendo el legislador establecer el régimen que les es aplicable. En el caso analizado nos
encontramos ante docentes que por un período de tiempo determinado prestan sus servicios
como profesores en las universidades estatales u oficiales, para quienes la norma impugnada
establece un régimen especial que se sintetiza en los siguientes elementos:
• Su vinculación es transitoria por un término inferior a un año.
• Se les exige dedicación de tiempo completo o de medio tiempo
• No son empleados públicos ni trabajadores oficiales
• Sus servicios se reconocen mediante resolución
• No gozan del régimen prestacional previsto para las otras categorías de servidores
públicos, disposición esta que constituye el objeto de la demanda. (…)
Vale reiterar, que no se trata de identificar o fundir en una sola las dos categorías de
profesores a que se refieren los artículos 72 y 74 de la ley 30 de 1992; los profesores
empleados públicos que no son de libre nombramiento y remoción, los cuales ingresan
por concurso, y los profesores ocasionales, son dos categorías distintas, que se
originan en necesidades institucionales diferentes, y que se diferencian en cuanto al modo de
vinculación y la transitoriedad de la segunda; sin embargo, en ambas se genera una relación
de trabajo que como tal debe sustentarse en el reconocimiento y respeto de los derechos y
deberes que para las partes señala la ley” (Negrillas propias).
De manera que en la Sentencia C-006 de 1996 solo se estableció que los
docentes catedráticos y ocasionales son servidores públicos, mas no que
gozan de la condición de empleados públicos, que por ley solo ostentan
aquellos que ingresaron en virtud de la carrera administrativa. Por lo que se
desvirtúa el argumento presentado por el impugnante, según el cual la
interpretación de la Sección Quinta sobre el artículo 19 de la Ley 344 de 1996
implica de “una postura que desconoce la calidad de servidores públicos que tienen los
docentes de cátedra de las universidades oficiales”.
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A su vez, el hecho de que en la Sentencia C-006 de 1996 la Corte
Constitucional haya reconocido la calidad de servidores públicos de los
docentes de cátedra y de los ocasionales tan solo implica que aquellos tienen
derecho a las mismas prestaciones devengadas que los docentes que sí
gozan de la condición de empleados públicos. Así lo explicó la Corte:
Es claro que los “profesores ocasionales”, al igual que los catedráticos, cumplen las mismas
funciones que un profesor de planta, además deben acreditar para efectos de su vinculación
similares requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas obligaciones que los
docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos estriba en su forma de vinculación,
a través de resolución, y en la temporalidad de la misma. (…)
El hecho de que la institución requiera transitoriamente los servicios del docente, al cual
vincula para que cumpla actividades inherentes a sus funciones y naturaleza, la docencia y la
investigación, y a quien le exige acreditar requisitos y calidades similares a los docentes de
planta, no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Si su vinculación es
transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será proporcional al término de la
misma, pero no se podrá negar, pues ello además de contrariar el principio de igualdad que
consagra la Constitución, atenta contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, en el sentido
de que "...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”, las cuales
no se dan en un régimen que establece similares obligaciones para unos y otros profesores,
pero restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la dignidad de
dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las primas
de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende proteger al
trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser
excluido de los programas de capacitación y mejoramiento profesional. (…)
No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que
hace la disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en
tanto trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional,
de las prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando
ellas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen beneficios
mínimos irrenunciables
(…) Su decisión, al declarar la inconstitucionalidad de la disposición acusada del artículo 74
de la ley 30 de 1992, implica el reconocimiento de los derechos que como servidores
del Estado tienen dichos docentes, los cuales constituyen una modalidad de trabajo que
como tal goza de especial protección por parte del Estado. En este sentido los profesores
ocasionales de las universidades estatales u oficiales, a los que se refiere dicha norma,
tendrán derecho, a partir de la fecha de este pronunciamiento, al reconocimiento
proporcional de las prestaciones sociales que se aplican a los profesores empleados
públicos de carrera, de que trata el artículo 72 de la citada ley 30 de 1992.
Ahora bien, esta misma interpretación cabe aplicarla a los profesores de cátedra a que se
refiere el artículo 73 de la misma ley, pues ellos son servidores públicos que
están vinculados a un servicio público y en consecuencia los respectivos actos administrativos
determinarán las modalidades y efectos de su relación jurídica de acuerdo con la ley”
(Negrillas propias).
No obstante, que los docentes de cátedra y ocasionales tengan los mismos
derechos desde el punto de vista prestacional con los docentes de carrera, no
implica que los primeros también tienen derecho a beneficiarse de la
excepción consagrada en artículo 19 de la Ley 344 de 1996. Primero, ese
punto no fue analizado en la Sentencia C-006 de 1996, pues el debate se
centró en los derechos prestacionales de los docentes de cátedra y
ocasionales, mas no en la posibilidad de continuar laborando por diez años
más tras el cumplimiento de la edad de retiro forzoso. Y segundo, con
posterioridad a la Sentencia C-006 de 1996, es decir una vez ya se había
reconocido la calidad de servidores públicos de los docentes catedráticos y
ocasionales, la Corte Constitucional limitó el alcance del artículo 19 de la Ley
344 de 1996 únicamente a los docentes de carrera.
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Por lo tanto, la Sala desestima el argumento del actor, según el cual la Sección
Quinta desconoció la condición de servidores públicos de los docentes de
cátedra y que pasó por alto que aquellos, en virtud de tal condición, también
tienen derecho a gozar del beneficio consagrado en el artículo 19 de la Ley
344 de 1996.
4.2.3. En tercer lugar, en la impugnación la parte actora se refirió al artículo 1° del
Acuerdo 113 de 2007, que en su criterio “no regula la designación del cargo de Rector,
ni prevé causal alguna de impedimento o inhabilidad para ese cargo”. Por lo cual no podía
servir como fundamento normativo para declarar la nulidad de su elección
como rector. E insistió en que, en la aclaración de voto de la sentencia, el
consejero de Estado Carlos Moreno Rubio adujo que en la providencia no se
incluyó “fundamentación jurídica alguna para otorgar efectos a lo establecido por el Acuerdo
No. 113 de 2007”.
La Sala no encuentra error en la aplicación de la norma efectuada por la
Sección Quinta, pues de la literalidad del artículo 1° del Acuerdo 113 de 2007
se desprende que los profesores pensionados que ejerzan como catedráticos
tienen vedado el ejercicio de cargos académicos, administrativos o cargos
docentes administrativos. Y de acuerdo con el artículo 27 del Estatuto General
de la Universidad Francisco de Paula Santander el cargo de rector tiene una
naturaleza académico administrativa.
En esa medida, la lectura en conjunto de las dos normas conlleva a concluir
que el tutelante no podía ejercer como rector, pues las normas internas de la
universidad establecen que los docentes jubilados que ejerzan como
catedráticos, que justamente era la situación del tutelante, no pueden ejercer
cargos académicos, administrativos o cargos docentes administrativos, como
lo es de rector. Así lo explicó la Sección Quinta, en la sentencia atacada:
“Se destaca que la regulación contendida en el Acuerdo No. 113 buscó establecer nuevos
relacionamientos con el personal docente jubilado, que por idoneidad y capacidad académica,
merecía pertenecer al estamento profesoral de la Universidad, por la vía de la suscripción de
contratos que los dotaran de la calidad de catedráticos. 232. Dentro de las reglas adoptadas
por la norma en cita, el Consejo Superior impuso las siguientes:
“ARTÍCULO PRIMERO. Los profesores jubilados escalafonados de Universidades podrán ser
contratados como docentes catedráticos para desempeñar funciones de investigación,
proyección social, capacitación, educación continuada y docencia directa en programas
académicos de pregrado y postgrado, según las necesidades del servicio y previa justificación
de la Unidad Académica que requiere el servicio.
PARÁGRAFO: Los docentes jubilados que se vinculen como catedráticos, en ningún caso,
podrán desempeñar cargos académicos, administrativos o docentes administrativos.”
(Negrilla fuera de texto)
233. Dejando a un lado los mandatos que se derivan de la primera parte de la disposición,
importa resaltar la literalidad de su parágrafo, en el que se prohíbe, de forma clara y sin
ambages, que los docentes jubilados que se vinculen como catedráticos puedan ostentar
cargos académicos, administrativos y/o administrativos dentro de la UFPS.
234. Así las cosas, la proscripción plasma un mandato universal en el que, “en ningún caso”,
los catedráticos pueden ostentar empleos del orden académico y administrativo.
235. En el plenario, está acreditado que el señor Parra López firmó con la UFPS el contrato
de trabajo especial No. 134125 del 1º de marzo de 2021, para la prestación de servicios
profesionales en la modalidad hora–cátedra, cuya vigencia se prolongó durante el primer
semestre del año 2021, en el que el accionado regentó la asignatura de “Introducción a la vida
Universitaria”.
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236. Ostentando esta calidad –profesor jubilado catedrático–, el demandado participó y fue
electo rector del establecimiento el 25 de junio de 2021, decisión contenida en el Acuerdo No.
028 del Consejo Superior Universitario.
237. De acuerdo con el artículo 27 del Acuerdo No. 048 de 2007, Estatuto General de la UFPS,
modificado por las disposiciones del Acuerdo No. 017 del 28 de mayo de 2020, el empleo de
rector en la UFPS tiene connotación académica y administrativa, a la manera como en este
trámite procesal lo ha reconocido el propio accionado: “El cargo de rector es naturaleza
académico administrativa, quien lo ejerza, es el representante legal y primera autoridad
ejecutiva de la Universidad Francisco de Paula Santander.”
238. A la luz de lo anterior se tiene que, en contravía de la normatividad adoptada por la UFPS,
como manifestación del principio de autonomía universitaria, el señor Héctor Miguel Parra
López, catedrático de la Universidad para el primer semestre del 2021, fue elegido rector de
la institución, periodo 2021-2025, a pesar de que el parágrafo del artículo 1º del Acuerdo No.
133 de 2007 prohibía –y prohíbe– que los catedráticos desempeñaran empleos académicos o
administrativos en su interior.
239. Así, la nulidad del Acuerdo No. 028 del 25 de junio de 2021 debe ser decretada, no solo
al haber transgredido los postulados especiales del Decreto No. 1083 de 2015 para el reintegro
de pensionados a las rectorías de las universidades oficiales, sino también por la vulneración
de las prescripciones jurídicas adoptadas en la Universidad.”
Así las cosas, el hecho de que el artículo 1° del Acuerdo 113 de 2007 no
regule, puntualmente, la designación del cargo de rector no significa que la
Sección Quinta haya errado al fundar la nulidad de la elección en esa norma.
Como se explicó tal precepto proscribe que los docentes en las condiciones
del actor, es decir aquellos jubilados y que se desempeñen como catedráticos,
ejerzan cargos académicos o administrativos. Justamente, el cargo de rector
tiene ambas calidades, pues es académico administrativo.
Por ende, afirmar que la Sección Quinta erró tan solo porque dicha norma no
se refiere a la designación del cargo de rector implicaría desconocer la
disposición establecida en el artículo 1° del Acuerdo 113 de 2007.
Finalmente, el hecho de que exista una aclaración de voto sobre una
providencia, no significa que la decisión mayoritaria haya incurrido en algún
yerro. Tan solo denota un aspecto de desacuerdo por parte del magistrado que
lo suscribe.
4.3. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la autoridad judicial
accionada no incurrió en defecto sustantivo, pues se encuentra que la
interpretación efectuada sobre los artículos 19 de la Ley 344 de 1996 y 1° del
Acuerdo 113 de 2007 fue razonable y sistemática con otros preceptos
normativos relacionados, así como con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado.
5. Violación directa de la Constitución y su análisis en el caso
5.1. El defecto por violación directa de la Constitución se estructura cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque
(i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o
porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.7
En el primer supuesto, la Corte ha dispuesto que procede, cuando: a) en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
7 Al respecto se puede consultar la sentencia SU-198 de 2013, por mencionar una de tantas.
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conformidad con el precedente constitucional, b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y c) el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución.
En el segundo evento, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en
cuenta en sus fallos que, con base en el artículo 4º de la Carta Política, la
Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre,
deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la
Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
5.2. Explicado el alcance de este defecto, se recuerda que en la impugnación el
actor manifestó que el juez de tutela no explicó las razones por las cuales
consideró que la Sección Quinta no vulneró los principios de igualdad y
favorabilidad. En su criterio, “al realizar una lectura pormenorizada de la sentencia de 16
de junio de 2022, resulta evidente que, (...) la Sección Quinta del Consejo de Estado no realizó
estudio alguno de favorabilidad o de igualdad a la luz del ordenamiento jurídico superior”.
A su vez, el impugnante insistió en que las tres modalidades de docentes
universitarios de la Ley 30 de 1992 tienen derecho a una igualdad de trato y
que por lo tanto el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 debe interpretarse “bajo
aquella hermenéutica que constituya ‘la situación más favorable al trabajador’”.
Frente a ese cargo, la Sala considera que el hecho de que los docentes de las
universidades oficiales tengan derecho a una igualdad de trato desde la
perspectiva prestacional (como se explicó en la Sentencia C-006 de 1996), no
desdibuja la posibilidad de sentar distinciones no relacionadas con el tema
prestacional, entre las tres categorías de docentes. Una de estas, según lo ha
interpretado la Sección Segunda Subsección B de esta Corporación, es el
otorgamiento del beneficio consagrado en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996
únicamente a quienes lograron vincularse como los docentes mediante de
carrera. Postura que se fundamenta en la naturaleza excepcional de esa
norma frente al régimen general sobre la edad de retiro forzoso.
Por ende, la Sala considera que la Sección Quinta no desconoció el principio
de igualdad de trato, pues su interpretación del artículo 19 de la Ley 344 de
1996 se fundamentó en lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-584 de 1997, que fue la autoridad que inicialmente limitó la aplicación de la
norma a los docentes de carrera, y en la postura de la Sección Segunda
Subsección B de esta Corporación. Además, se recuerda que
constitucionalmente admisible sentar ciertas distinciones entre grupos
semejantes, siempre que esté fundado en una justificación objetiva y
razonable.
Por otro lado, sobre el cargo del impugnante relacionado con el principio de
favorabilidad, se recuerda que existen dos manifestaciones de este principio.
En primer lugar, el principio de favorabilidad en sentido estricto, en virtud del
cual ante la existencia de dos o más normas vigentes que regulen una misma
circunstancia, el juez debe optar por aquella norma que más beneficie al
trabajador. Y, en segundo lugar, el principio in dubio pro operario o
favorabilidad en sentido amplio se refiere a que, ante múltiples interpretaciones
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de una misma disposición, el juez debe escoger la más provechosa para el
trabajador8.
De acuerdo con lo expuesto en la Sentencia SU-273 de 2022 “no cualquier duda
habilita al juez para escoger una norma o interpretación determinada. La duda debe ser seria
y objetiva, derivada de la solidez jurídica de las posturas encontradas. La duda debe ser
además respecto de un aspecto normativo y no fáctico. Asimismo, deben concurrir las
interpretaciones en juego en un caso concreto, es decir, las normas concurrentes y su
hermenéutica deben ser aplicables a los mismos supuestos de hecho”.
Con relación al artículo 19 de la Ley 344 de 1996, la Sala considera que no
hay lugar emplear el principio de favorabilidad, pues por una parte no se está
ante la confrontación de dos normas vigentes que conduzcan a
interpretaciones diversas. Por otra parte, no podría establecerse que existen
varias interpretaciones de esa norma, en tanto que, al analizar su
exequibilidad, la Corte Constitucional delimitó su alcance únicamente a los
docentes de carrera.
En esa medida, no se considera que exista un debate entre diversas
interpretaciones del artículo 19 de la Ley 344 de 1996, pues desde la Sentencia
C-584 de 1997 se acogió la postura de otorgar tal beneficio únicamente a
docentes de carrera.
5.3. En consecuencia, la Sala considera que la Sección Quinta del Consejo de
Estado no incurrió en el defecto por violación directa de la Constitución, debido
a que la interpretación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 expuesta en la
sentencia controvertida no implica una transgresión al principio de igualdad de
trato y a que en el caso no hay lugar a emplear el principio de favorabilidad
ante la inexistencia de múltiples interpretaciones derivadas de la norma. De
hecho, acoger una postura diferente a la desarrollada en una sentencia de
constitucionalidad sí daría lugar la configuración del defecto por violación
directa de la Constitución, lo cual no sucede en el caso en tanto que la Sección
Quinta adoptó la interpretación acogida en la Sentencia C-584 de 1997.
6. Desconocimiento del precedente y su análisis en el caso
6.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso. De esa forma se busca armonizar y
salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos
idénticos se decidan de la misma forma y así se garantice el debido proceso
del ciudadano.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
y iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
8 Corte Constitucional. Sentencia SU-273 de 2022.
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Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse
del precedente).
El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través
de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata
de sentencias de unificación.
Al referirse al defecto por desconocimiento del precedente, y los requisitos
para apartarse válidamente del mismo, la Corte Constitucional ha precisado
que deben cumplirse con los requisitos de transparencia y suficiencia, en virtud
de los cuales, el juez de la causa no solo debe identificar y referirse a la
decisión judicial de la que se aparta, sino también explicar los motivos por los
que decide apartarse del precedente existente; evento en el cual, es
insuficiente ofrecer argumentos en un sentido contrario al del precedente, pues
además se debe demostrar, con argumentos sólidos, que el precedente
vigente no es válido, correcto o suficiente para resolver el caso sometido a
decisión9.
6.2. Explicado lo anterior, se recuerda que en criterio del impugnante el juez de
tutela de primera instancia se limitó a reiterar la argumentación expuesta por
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
6.2.1. En primer lugar, aseguró que el juez constitucional no tuvo en cuenta que la
Sección Quinta cambió su jurisprudencia de forma intempestiva, lo cual resultó
en una contradicción con la posición imperante y vigente para la fecha de su
elección como rector. La postura que hasta ese momento regía consistía en
permitir la aplicación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 a los rectores de
los entes universitarios autónomos, independientemente de la modalidad de
vinculación de este último, cuando tal cargo tuviera la naturaleza de
académico-administrativa, en virtud de lo dispuesto por los estatutos
universitarios. Tesis que se reiteró en las 6 providencias invocadas como
desconocidas, dentro de las cuales resaltó el auto de Sala Plena de 31 de
mayo de 2022.
9 En este sentido, ver las Sentencias SU–395 de 2017 y SU–309 de 2019, en las que dijo la Corte
Constitucional: “…este Tribunal ha precisado que no se configura el defecto siempre que el funcionario
jurisdiccional reconozca y señale las decisiones anteriores de las que se aparta, y argumente con suficiencia
los motivos por los cuales toma distancia de lo resuelto con anterioridad. Por ello, el manejo legítimo del
precedente obliga a que el juez i) dé cuenta del balance judicial vigente; ii) presente los razonamientos
adecuados y suficientes para el abandono o cambio de la norma jurisprudencial; y, iii) explique de qué
manera su propuesta hermenéutica desarrolla de mejor manera los derechos y principios superiores…”.
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Al respecto, la Sala encuentra que la sentencia de 7 de septiembre de 2015,
radicado Nro. 13001-23-33-000-2014-00343-01 no constituye precedente
aplicable al caso, puesto que versa sobre supuestos fácticos diferentes. En
esa providencia se estudió el caso del rector de la Universidad de Cartagena
por el período 2014 – 2018, quien como se indicó en la decisión “acreditó que es
docente de planta de tiempo completo”; mientras que para el momento de la elección
como rector el tutelante no gozaba de la calidad de docente de planta o carrera
administrativa.
Justamente, en atención a que el señor Parra López no era docente de carrera
para ese momento, la Sección Quinta aseguró que el artículo 19 de la Ley 344
de 1996 no era aplicable en su caso. Y seguido, sostuvo que la norma que
regulaba la situación del tutelante era el parágrafo único del artículo 2.2.11.1.5
del Decreto 1083 de 2015, que consagra la figura del reintegro de
pensionados. Así lo explicó la autoridad judicial accionada, en la sentencia
objeto de la tutela:
“208. Entonces, si la elección del 25 de junio de 2021 –por medio de la cual, se designó al
accionado rector de la UFPS, periodo 2021-2025– no puede ser comprendida desde el
continuismo que ofrece el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 a los profesores –empleados
públicos– de las universidades, ¿desde qué perspectiva debe ser vista ésta? Para la Sala no
cabe duda que desde el prisma del reintegro de un pensionado al empleo público de rector de
una universidad oficial; situación que en nuestro país cuenta con un tratamiento normativo
especial.
209. En efecto, el parágrafo único del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No. 1083 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto No. 1037 de 2018, prevé: “La persona que se
encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya llegado a la edad de 70 años,
podrá ser reintegrada al servicio al empleo de: (…) "6. Rector, Vicerrector General, Vicerrector
Nacional, Vicerrector de Sede, Secretario General, Gerente Nacional, Directores Nacionales
y Decanos de los entes universitarios autónomos."
210. Se deriva de lo reproducido que la persona que se encuentra gozando de su pensión
podrá ser reintegrada a las funciones rectorales de los entes autónomos universitarios,
siempre y cuando no haya llegado a la edad de 70 años, como límite máximo erigido para este
tipo de eventualidades.
211. En términos sencillos, el jubilado podrá, luego de su retiro del servicio, ser nuevamente
vinculado a la rectoría de una universidad oficial cuando sea menor a 70 años, como fecha
límite para ello.
212. Descendiendo al caso concreto, ¿por qué se sostiene que se trata de un reintegro?
Porque el demandado renunció a su estatus de empleado público en el año 2015, sin que la
condición de catedrático pueda ser tenida como una circunstancia que suponga una
vinculatoriedad ininterrumpida al servicio, ya que no restablece las relaciones legales y
reglamentarias, que caracterizan los supuestos regulados en el Decreto No. 1083 de 2015.
213. En ese orden, para la Sala, el parágrafo único del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto No.
1083 de 2015 es aplicable al caso del señor Héctor Miguel Parra López, por cuanto, gobierna
específicamente el reintegro de los pensionados al empleo de rector, siendo un mandato
especial en este sentido”.
En esa medida, la sentencia de 7 de septiembre de 2015 no constituye
precedente aplicable, dada la diferencia fáctica entre el caso allí analizado y el
del tutelante. Y justamente, esa distancia en los hechos de los dos casos fue
la razón por la cual la Sección Quinta adujo que tal providencia no era aplicable
en el caso del señor Parra López. Conclusión que esta Sala comparte.
Así lo explicó tal autoridad en la sentencia atacada:
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Demandante: Héctor Miguel Parra López
“(…) esta Judicatura manifiesta que no disponen de la virtualidad para refutar la premisa que
se defiende en esta providencia, ya que, como se vio, la aplicación del artículo 19 de la Ley
344 de 1996 en el marco de la decisión del 7 de septiembre de 2015, al rector de la Universidad
de Cartagena, no pendió exclusivamente del carácter académico–administrativo otorgado a
ese empleo por parte del Estatuto General del establecimiento, pues igualmente se tuvo en
cuenta la condición de docente de carrera del demandado para el momento de su designación.
203. En ese sentido, la sentencia de la Sección Quinta hizo hincapié en que el señor Édgar
Parra Chacón contaba con la calidad de profesor de planta del ente autónomo universitario,
adscrito a la Facultad de Medicina de la institución: “Precisamente el demandado acreditó que
es docente de planta de tiempo completo y que para el semestre 2014/1- fecha de la
certificación - tenía asignada carga académica. Así las cosas, en este caso particular y, dada
esa connotación especial que se predica del Rector –docente universitario–, para la Sala la
elección que se cuestiona no incurre en la violación alegada por cuanto para determinar la
edad de retiro de Rector de la Universidad de Cartagena es preciso acudir a la regla
establecida en la Ley 344 de 1996. En ese sentido se confirma la decisión del a quo.” (Negrilla
y subrayas fuera de texto)
204. Esto es, la situación del rector de la Universidad de Cartagena, periodo 2014-2018,
presenta una diferencia relevante con este asunto, en el que si bien el Estatuto General
de la UFPS asigna naturaleza académico–administrativa al empleo de rector, el
ciudadano elegido, señor Héctor Miguel Parra López, no tiene el estatus de docente de
carrera, necesario para predicar la aplicación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996, como
consecuencia de su renuncia a esta calidad en el año 2015” (Negrillas propias)”.
Por otra parte, la Sala encuentra que, en la sentencia del 11 de julio de 2019,
radicado Nro. 54001-23-33-000-2018-00220-02 (en la cual se analizó el acto
de elección del señor Héctor Miguel Parra López cuando fungió por primera
vez como rector), no se establece que hay lugar a aplicar el artículo 19 de la
Ley 344 de 1996, tan solo por el solo hecho de que en los estatutos
universitarios el cargo de rector se conciba como un empleo de naturaleza
académico-administrativo.
Por el contrario, en la sentencia del 11 de julio de 2019 se explicó que, si bien
al señor Parra López no le era aplicable el artículo 19 de la Ley 344 de 1996
porque aquel renunció a su cargo de docente de carrera desde el año 2015, lo
cierto era que su elección (la primera) no estaba viciada, gracias a la
modificación incluida en el Decreto Reglamentario 1037 de 2018. De acuerdo
con esta última es posible reintegrar al cargo de rector a pensionados, siempre
que el reintegrado no supere la edad de 70 años. Así lo explicó la Sección
Quinta en la providencia en mención:
“124. Con anterioridad al acto de designación, el señor Parra López presentaba un
impedimento en los términos del Decreto Reglamentario 1083 de 2015, por el cumplimiento
de la edad de retiro forzoso y porque en su estatus de pensionado, el cargo de rector no se
encontraba dentro de las excepciones previstas en el artículo 2.2.11.1.5 que permiten el
reintegro al servicio de pensionados, circunstancia que se verificó en el momento de la
designación de acuerdo con el artículo 275-5 de la Ley 1437 de 2011.
125. El 21 de junio de 2018, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Reglamentario 1037 de
2018, que incluyó dentro de las excepciones de reintegro del servicio a pensionados el cargo
de rector, de los entes universitarios siempre que no supere la edad de 70 años, norma que
rige a todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. Ello trajo como
consecuencia para el señor Parra López una variación sustancial de su situación jurídica con
respecto del derecho que esta norma le implicaba frente a la posibilidad de reintegrarse a un
empleo público
126. El 26 de junio de 2018 el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula
Santander expidió el Acuerdo No. 029, por medio del cual se designó como rector al señor
Héctor Miguel Parra López y ese día se produjo su posesión. Tanto la designación, como la
posesión del señor Parra López cumple con los requisitos legales, toda vez que el Decreto
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Demandante: Héctor Miguel Parra López
Reglamentario 1037 de 2018 habilitó desde el 21 de junio, a las personas menores de 70 años
en el estatus de pensionados a reintegrarse al cargo de rector de ente universitario y el
demandado tenía la edad de 67 años al momento de la designación”.
En esa medida, la sentencia del 11 de julio de 2019 no defiende la tesis
expuesta por el tutelante sobre la aplicabilidad del artículo 19 de la Ley 344 de
1996, en los casos en los que el cargo de rector universitario sea de naturaleza
académico-administrativo. La razón por la cual en esa oportunidad no se anuló
la primera elección del señor Parra López como rector obedeció a que para el
momento de la designación aquel no contaba con más de 70 años.
Presupuesto que permite el empleo del parágrafo único del artículo 2.2.11.1.5
del Decreto 1083 de 2015.
Por último, se advierte que los autos de 21 de octubre de 2021, 9 de febrero
de 2022 y 31 de mayo de 2022 no constituyen precedente judicial, en tanto
que son providencias en las cuales se resolvieron asuntos de trámite dictados
en el medio de control en el que se profirió la sentencia atacada por el actor.
Así en el auto de 21 de octubre de 2021 (radicado Nro. 54001-23-33-000-2021-
00195-01) se resolvió el recurso de apelación propuesto por el demandante
contra la providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander admitió la demanda de nulidad electoral formulada contra el
señor Héctor Miguel Parra López, como rector de la Universidad Francisco de
Paula Santander para el periodo 2021-2025, y negó la solicitud de suspensión
provisional. En el otro auto también de fecha 21 de octubre de 2021 (radicado
Nro. 54001-23-33- 000-2021-00199-01) se resolvió el mismo asunto, pero en
el otro radicado. Debe recordarse que inicialmente se formularon dos
demandas independientes que luego se acumularon en un solo proceso.
Asimismo, en el auto 9 de febrero de 2022 se resolvió el recurso de apelación
propuesto por el demandante contra la decisión por medio de la cual se negó
el decreto de las solicitudes probatorias formuladas por una coadyuvante. Y
en el de 31 de mayo de 2022, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, se resolvieron desfavorablemente las solicitudes relativas a que se
dictara una sentencia de unificación, por importancia jurídica y por la
necesidad de precisar el alcance de la jurisprudencia.
6.2.2. En segundo lugar, el impugnante censuró que el juez de tutela tampoco se
haya pronunciado sobre la figura de la jurisprudencia anunciada, a la cual pudo
acudir la Sección Quinta, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica.
La tesis de la “jurisprudencia anunciada”, adoptada por la Sección Quinta de
esta Corporación, es un mecanismo frente a los cambios de postura sobre un
determinado asunto. Sin embargo, esta figura no es de aplicación en el caso,
ya que la sentencia de segunda instancia objeto de controversia no implicó un
cambio intempestivo del precedente, como lo indicó el impugnante. Ya desde
la sentencia del 11 de julio de 2019, radicado Nro. 54001-23-33-000-2018-
00220-02, en la cual se analizó el acto de elección del señor Héctor Miguel
Parra López cuando fungió por primera vez como rector, se explicó la
inaplicabilidad del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 en su caso, dado que en
el momento en el cual él pudo haber optado por continuar trabajando por 10
años más a la edad de retiro forzoso, aquel renunció a esa opción al elegir
jubilarse.
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6.3. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no se configura el
defecto por desconocimiento del precedente alegado por el actor.
7. Defecto fáctico y su análisis en el caso
7.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido, se
ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo probatorio en
que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente
inadecuado para el caso concreto10.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria fundada en los principios de la sana crítica11, dicho poder
no puede ejercerse de manera arbitraria.
En lo relativo defecto fáctico, la Corte Constitucional12 reconoce dos
dimensiones. Por una parte, la dimensión negativa se produce por omisiones
del juez, por ejemplo, i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una
realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso13; ii) por decidir
sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; o iii) por no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo14.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones del juez, tales
como i) valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o ii) decidir con medios de prueba
que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa
la providencia15.
7.2. Explicado el alcance del defecto fáctico, la Sala recuerda que el tutelante alegó
en la impugnación que el juez de tutela no precisó el fundamento normativo
que permite a la Sección Quinta, en el curso de un proceso ordinario de nulidad
electoral, otorgar efectos jurídicos a situaciones ajenas al medio de control de
nulidad electoral, como lo es la reactivación y pago en la nómina de
pensionados.
Sobre este cargo, la Sala encuentra que la razón por la cual la Sección Quinta
del Consejo de Estado se pronunció sobre la suspensión en el pago de la
mesada pensional del tutelante fue porque en el medio de control el señor
Parra López alegó que él no tenía la calidad de pensionado activo, debido a
10 Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en
una vía de hecho, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2008.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-226 de 2013.
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que se encontraba suspendido en la nómina. Argumento que empleó para
convencer al juez natural de que en su caso no operó la figura del reintegro
consagrada en el parágrafo del artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015,
ya que él fungía como docente activo y no estaba gozando del disfrute de su
derecho de pensión. Así lo expresó el ahora tutelante en la contestación de la
demanda:
“es del caso destacar que si bien el demandado tiene el estatus de pensionado, no puede
considerarse como un pensionado activo porque no se encuentra en el efectivo disfrute del
derecho pensional toda vez que la mesada pensional está suspendida desde el mes de agosto
del año 2018 y, en consecuencia, desde esa fecha no se ha girado valor alguno a mi prohijado
a título de pago de mesada pensional desde esa data como se corrobora con la Certificación
de Pensión de 17 de junio de 2021 expedida por la Gerencia de Determinación de Derechos
Dirección de Nómina de Pensionados de Colpensiones. En otras palabras, el profesor Parra
López no tiene la calidad de pensionado o jubilado activo desde hace más de tres (3) años.
(…)
En efecto, respecto de este primer punto de análisis se tiene que en la designación de mi
representado -como Rector de la UFPS período 2021-2025- no operó ningún reintegro al
servicio, ya que con antelación al certamen electoral, esto es, desde antes de cumplir los 70
años de edad, el señor Héctor Miguel Parra López contaba con vinculación vigente como
rector y como docente universitario de la UFPS, de acuerdo con los estatutos del ente
universitario y su mesada pensional se encuentra suspendida desde el mes de agosto de
2018.
De conformidad con lo anterior, la argumentación dirigida por el actor en torno al supuesto
retiro y reintegro al servicio de un pensionado activo -con motivo de la renuncia aceptada
mediante Acuerdo No. 16 de 25 de marzo de 2021- no se ajusta a las circunstancias fácticas
y jurídicas que legítimamente revisten la designación de mi prohijado como Rector.
Al respecto, se observa que el demandante acusó lo siguiente: “la UFPS no puede reintegrar
al servicio público en docencia en cargos de profesores catedráticos y ocasionales a mayores
de 70 años y pensionados por vejez tal y como lo prohíbe el artículo 2.2.11.1.5 del decreto
1083 de 2015 ya que estos docentes tienen la condición o status de servidores públicos”
consideración que ni por asomo surge de la lectura de la norma en mención, según pasa a
explicarse.
En lo que atañe a la calidad de pensionado activo de Colpensiones de mi representado - se
advierte que el reproche del demandante estriba en que -a su juicio- el CSU de la UFPS no
podía designar en el cargo de Rector de la institución a personas pensionadas por vejez,
interpretación que a todas luces desconoce las consideraciones temporales dispuestas por el
Legislador y desarrolladas por la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado
respecto de la necesaria distinción entre la adquisición del estatus de pensionado y el disfrute
del derecho pensional. (…)
Valga decirlo, si bien es cierto mi prohijado adquirió el estatus de pensionado (cumplimiento
de los requisitos legales dispuestos para el reconocimiento de la pensión) ello no le otorga la
calidad de pensionado activo a la que se refiere la norma citada como vulnerada pues, se
insiste, el profesor Parra López desde el año 2018 no se encuentra en el disfrute efectivo del
derecho pensional”.
En ese orden de ideas, es un contrasentido reprochar que la Sección Quinta
de esta Corporación haya efectuado un análisis sobre la suspensión de la
mesada pensional, pues el tutelante planteó ese cargo en el curso del medio
de control, a fin de sostener que no debía aplicársele la norma sobre reintegro
dispuesta en el parágrafo del artículo 2.2.11.1.5 del decreto 1083 de 2015.
7.3. Por lo tanto, se concluye que la autoridad judicial accionada no incurrió en
defecto fáctico derivado de la valoración que efectuó de las certificaciones de
Colpensiones, pues tal análisis surgió como respuesta a uno de los
argumentos propuestos por el propio tutelante en el medio de control.
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Demandante: Héctor Miguel Parra López
8. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala modificará el ordinal primero de la sentencia de
15 de septiembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en el sentido de negar todas las pretensiones formuladas, al no
encontrar configurado ninguno de los defectos propuestos por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar la sentencia de 15 de septiembre de 2022, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el sentido de negar todas las
pretensiones formuladas por el señor Héctor Miguel Parra López, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
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