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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05577-00

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05577-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la VEEDURIA “PROCURADURÍA CIUDADANA UFPS”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Número único de radicación: 110010315000 2022 05577 00 Actores: VEEDURIA “PROCURADURÍA CIUDADANA UFPS” Y OTROS. SEGUNDO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación y nulidad presentadas por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por no cumplirse el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que en el software de gestión judicial SAMAI, reemplace el nombre de la parte actora SARAY PAMELA ARISMENDY GARCÍA Y OTROS. por VEEDURÍA “PROCURADURÍA CIUDADANA UFPS” Y OTROS., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 110010315000 2022 05577 00 Actores: VEEDURIA “PROCURADURÍA CIUDADANA UFPS” Y OTROS.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05577-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

18 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2022-05577-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: VEEDURIA “PROCURADURÍA CIUDADANA UFPS” Y OTROS.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR SUBSIDIARIEDAD. LAS IRREGULARIDADES QUE ALEGAN LOS
ACTORES PUEDEN SER DISCUTIDAS EVENTUALMENTE EN EL MEDIO
DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL DISPUESTO PARA TAL FIN.
LA VIRTUD DE CELERIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES
SUFICIENTE PARA DESCONOCER LA EXISTENCIA DE LOS
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y A SER ELEGIDOS EN CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra

el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y la UNIVERSIDAD

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CONSEJO SUPERIOR

UNIVERSITARIO1.

1
En adelante la Universidad.

2

Número único de radicación: 110010315000 2022 05577 00
Actores: VEEDURIA “PROCURADURÍA CIUDADANA UFPS” Y OTROS.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La VEEDURÍA “PROCURADURÍA CIUDADANA UFPS”2 y los

señores JOSÉ FABIO TORRES PARADA y YOLIMA GÓMEZ

PARADA3, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de

tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron

la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

igualdad, a ser elegidos en cargos públicos y al principio de la

autonomía universitaria, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados

por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y la

UNIVERSIDAD, dentro del trámite de selección de candidatos al

cargo de rector de dicha institución.

I.2.- Hechos

Manifestaron que en la actualidad es desarrollado el trámite para la

designación del rector de la UNIVERSIDAD, con fundamento en el

2
Representada por la señora SARAY PAMELA GARCÍA.
3
Su participación como accionantes fue ratificada, conforme con el memorial visto a índice 5 del
expediente digital visible en el aplicativo SAMAI.

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3

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Acuerdo 013 de 19954, expedido por el Consejo Superior

Universitario.

Afirmaron que los señores JOSÉ FABIO TORRES PARADA y

YOLIMA GÓMEZ PARADA aspiran a ser candidatos para la

designación de la rectoría de la UNIVERSIDAD.

Comentaron que, para la selección de los candidatos para rector, la

UNIVERSIDAD implementará la figura de “ponderación de los votos

válidos”, prevista en el artículo 112 del acuerdo aludido para el

escrutinio de los sufragios de los diferentes estamentos convocados,

así como para determinar si las votaciones realizadas el 21 y 22 de

octubre de 2022 fueron válidas.

Informaron que, en su sentir, el proceso debe efectuarse bajo lo

preceptuado en el artículo 115 del Acuerdo 013 de 1995, en el cual

está previsto el sistema de “resultados universales” que permite un

contraste de perfiles más enriquecido, variado y diverso para una

mejor agenda rectoral.

4
“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 041 DEL 24 DE MAYO DE 1994, CONTENTIVO DEL
REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE
CENTRAL Y SECCIONALES EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y ABIERTA Y A DISTANCIA”.

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentaron que el sistema que pretende aplicar la

UNIVERSIDAD, entre otros aspectos, implica que un voto de un

estudiante valga 60 veces menos que el de un docente de planta.

Indicaron que, en ese orden de ideas, exigen que se de aplicación al

sistema que permite dar igual peso a todos los votos de los diferentes

sufragantes.

Adujeron que, si bien el estatuto electoral de la institución señala una

fórmula de ponderación para determinar el quórum de la consulta

democrática, no prevé una fórmula de ponderación para calcular el

porcentaje mínimo de cada precandidato requerido para acceder al

derecho de ser elegible.

Afirmaron que el presente caso subyace de un problema de

hermenéutica, cuya importancia radica en el derecho del candidato

de ser escuchado y considerado por los miembros del Consejo

Superior Universitario.

Expusieron que requieren de una decisión urgente sobre la

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divergencia interpretativa, dado que podría causarse un perjuicio

irremediable originado en el hecho de que “[…] una vez el Consejo

Superior Universitario designe al Rector(a) (2022 – 2026) los

derechos adquiridos del designado constituyen la suficiente

presunción de legalidad que solo serían anulados (más no

retrotraídos) a través de providencia judicial del Contencioso

Administrativo competente […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, los actores pretenden lo siguiente:

“[…]I. PRETENSIÓN:

1. DECRETAR como MEDIDA CAUTELAR, señor juez(a), que el
Consejo Electoral Universitario (PREVENTIVA Y
PROVISIONALMENTE) contraste el acostumbrado porcentaje de
cada candidato en la columna “Votación Ponderada” con las
cifras del porcentaje reglamentario del Art 115, en columna
“Votación Universal” del boletín electoral a emitirse el próximo
sábado 22 de octubre fecha de cierre y conteo de votos, (1er
acto administrativo con efectos legales para los precandidatos).

2. VINCULAR a este proceso, al Ministerio de Educación
Nacional, único órgano facultado para la Inspección, control y
vigilancia de las Universidades y demás IES. Para que, en lo
sucesivo, ejerciendo sus funciones de órgano, valide el
cumplimiento estricto de los estatutos internos de la UFPS.

3. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso1,
ordenando cumplir a cabalidad el artículo 115 del estatuto
electoral de la UFPS. Ante la inminente vulneración
acostumbrada mediante uso de variables y valores sin ubicación
legal reconocida con carácter máximo de acto administrativo del

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Consejo Superior Universitario (Acuerdos).

4. AMPARAR el derecho fundamental de ser elegidos (acceder
a cargos públicos) 2, ordenando al Consejo Electoral
Universitario la anulación de la columna con título “VOTACIÓN
PONDERADA” en sus próximos boletines, en cambio
“PORCENTAJE ARTÍCULO 115” o “VOTACIÓN UNIVERSAL” que
indique cuanto porcentaje tuvo cada candidato de acuerdo al
número total de votos, como lo reza su parágrafo.

5. AMPARAR el derecho fundamental a la igualdad, ordenando
a la UFPS, ABSTENERSE de clasificar los votos que cada
candidato tiene en los tres estamentos, acción directa siempre
dirigida a ponderar un resultado lejano al universal.

6. TUTELAR el principio de Autonomía Universitaria4 , ya que
los estatutos inspiran en su interpretación más ágil, práctica,
política y democrática: que no hace daño a la decisión final de
quién será el Rector(a), si pasan al CSU más de dos hojas de
vida, muy por el contrario, si más de dos perfiles pueden ser
considerados por los miembros del Consejo Superior
Universitario, será una experiencia más reveladora sobre
quienes son las nueve (9) consciencias5 que deciden por el total
de los votos depositados en las urnas (>14.126 consciencias).

7. En general, a la luz de los hallazgos anexos y los tres (3)
argumentos sustentados: exegético, de inocuidad y teleológico,
ORDÉNESE al Consejo Electoral ABSTENERSE de aplicar la
fórmula descrita en el fundamento fáctico y de derecho No. seis
(6) del presente escrito, por cuanto ninguna norma pública y
vigente respalda su aplicación […]”.

Por otro lado, en escrito posterior al contentivo de la solicitud de

amparo, además de reiterar las pretensiones iniciales los actores

solicitaron:

“[…] Se resuelvan las tres (3) preguntas que formulan los
Candidatos Accionantes en el documento adjunto. Ya fuere en el
auto de medida cautelar o en la sentencia de fondo que resuelva
el amparo constitucional […]”.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIVERSIDAD manifestó que la Veeduría accionante

carece de legitimación en la causa por activa, porque no precisó si

los derechos deprecados le fueron vulnerados a ella misma, si estaba

representando de manera oficiosa a otros sujetos, ni acreditó los

requisitos para tal efecto.

Sostuvo que, en todo caso, la acción de tutela es improcedente por

subsidiariedad, comoquiera que lo pretendido por los actores es

cuestionar la legalidad del Acuerdo 13 de 1995, a partir de la

inaplicación de su artículo 112, en lo que respecta a la consulta

democrática para la conformación de la lista de candidatos al cargo

de rector.

Agregó que dada la naturaleza jurídica del acto administrativo que

en últimas se cuestiona, el medio de control de nulidad electoral es

el mecanismo procedente para que los actores ventilen sus disensos.

Concluyó que no le es dable “[…] desconocer los presupuestos

consagrados en el acto administrativo que se encuentra vigente,

máxime considerando que el proceso de consulta democrática ya

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inició su trámite bajo estas reglas y su desconocimiento afecta de

forma sustancial el debido proceso […]”.

I.5.2.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL señaló que

carece de legitimación en la causa por pasiva, en la medida que el

asunto recae sobre la autonomía universitaria que tiene la institución

educativa implicada para designar sus autoridades administrativas.

Explicó que sus competencias en materia de inspección y vigilancia

se limitan a la “[…] verificación del cumplimiento efectivo de las

normas de educación superior por parte de las instituciones de este

nivel formativo y de sus directivos, así como el cumplimiento de sus

disposiciones estatutarias y reglamentarias internas, conforme a lo

dispuesto en el Decreto 5012 de 2009 y la Ley 1740 de 2014 […]”.

Comentó que, en ejercicio de dichas competencias, a través de la

Subdirección de Inspección y Vigilancia, el 4 de octubre de 2022,

requirió a la Universidad para que, en lo de su competencia, diera

respuesta de fondo a las peticiones presentadas por la Veeduría

frente al desarrollo del proceso de designación del rector.

Finalmente, aseguró que no fue notificado en debida forma de la

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existencia de la presente acción de tutela por parte de esta

Corporación, por lo que solicitó que se declarara la nulidad de lo

actuado.

I.5.3.- Los demás miembros individuales del CONSEJO SUPERIOR

UNIVERSITARIO y CONSEJO ELECTORAL de la UNIVERSIDAD,

así como las otras personas indeterminadas que puedan hacer parte

del proceso de selección para ocupar el cargo de rector objeto de la

controversia, vinculados en calidad de terceros con interés directo en

las resultas del proceso, no rindieron informe, pese a haber sido

notificados en debida forma.

I.6.- Trámite

La acción de tutela fue repartida inicialmente al JUZGADO OCTAVO

PENAL DE CÚCUTA que, mediante auto de 6 de octubre de 2022,

remitió el expediente por competencia a los juzgados civiles del

circuito.

Posteriormente, el expediente fue atribuido para su trámite al

JUZGADO SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA que,

mediante auto de 13 de octubre de 2022, admitió la solicitud y

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notificó a los accionados.

No obstante, mediante auto de 18 de octubre de 2022, la referida

autoridad judicial declaró su falta de competencia en el asunto y

ordenó la remisión del expediente a esta Corporación, en razón a que

los actores habían solicitado la vinculación del Presidente de la

República, por hacer parte del Consejo Superior Universitario de la

institución educativa accionada.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

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Cuestiones previas

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará

respecto de los siguientes aspectos: i) la falta de legitimación en la

causa por activa respecto de la VEEDURÍA, alegada por la

UNIVERSIDAD; ii) la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el MINISTERIO

DE EDUCACIÓN NACIONAL y; iii) la solicitud de nulidad por

indebida notificación presentada por el MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL.

• De la falta de legitimación en la causa por activa de la

VEEDURÍA

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona

podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante

apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales.

En relación con la legitimación en la causa por activa para la

interposición de acciones de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591

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de 19915 preceptúa:

“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”.

De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de

tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o

mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,

caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,

además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está

en capacidad de ejercer su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa

por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la

medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes

respecto del interés sustancial que se discute en el proceso

5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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de tutela, de modo que el derecho cuya protección se persigue

debe ser propio del demandante y no de otra persona6.

En el presente caso, en efecto, la Sala advierte que la VEEDURÍA

carece de falta de legitimación en la causa por activa para invocar de

forma general la protección de los derechos deprecados, en la medida

que no es la titular de estos, porque es evidente que no es

precandidata a la rectoría de la UNIVERSIDAD, ni demuestra ser

sufragante en el proceso de consulta democrática origen de la

controversia.

Así mismo, la VEEDURÍA tampoco está legitimada para agenciar de

forma oficiosa derechos de terceros indeterminados y respecto de los

cuales tampoco se indican las razones por las cuales no estarían en

capacidad de ejercer su propia defensa.

En ese orden de ideas, la Sala declarará la falta de legitimación en la

causa por activa de la VEEDURÍA, como en efecto, se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

6
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.

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• De la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

La Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de

noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa

por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad

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y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independiente de la prosperidad o no de las

pretensiones de la solicitud de amparo, como quiera que los actores

dirigieron de forma directa la acción de tutela, entre otras, contra el

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, es claro que existe un

vínculo procesal que relaciona a esta entidad con el trámite en

referencia.

Además, la Sala advierte que conforme con los artículos 62 y 64 de

la Ley 30 de 28 de diciembre de 19927, el MINISTERIO DE

7
"Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior".

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EDUCACIÓN NACIONAL hace parte del Consejo Superior

Universitario de la institución educativa accionada, razón por la cual

es claro que dicha cartera estaba llamada a rendir informe sobre los

hechos y fundamentos de la solicitud de amparo.

Las normas mencionadas prevén:

“[…] ARTÍCULO 62. La dirección de las universidades estatales
u oficiales corresponde al Consejo Superior Universitario, al
Consejo Académico y al Rector.

[…]

ARTÍCULO 64. El Consejo Superior Universitario es el máximo
órgano de dirección y gobierno de la universidad y estará
integrado por:

a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo
presidirá en el caso de las instituciones de orden nacional […]”

Corolario a lo anterior, la solicitud de desvinculación elevada por el

ministerio aludido será denegada, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

• De la solicitud de nulidad por indebida notificación

presentada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL

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Por otro lado, en relación con la solicitud de nulidad que elevó el

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, la Sala encuentra que

contrario a lo afirmado por esta cartera, se tiene que fue notificado

de la existencia del presente trámite inicialmente el 13 de octubre de

2022 por parte del JUZGADO SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE

CÚCUTA al correo electrónico:

atencionalciudadano@mineducacion.gov.co.

Así mismo, en esta instancia judicial el 28 de octubre de 2022 la

Secretaría General de esta Corporación le notificó la existencia del

proceso de la referencia al correo

notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co8, con fundamento en

el auto de 24 de octubre anterior, a través del cual el despacho

sustanciador ordenó la vinculación de terceros con interés directo en

las resultas del proceso, así como la comunicación a los miembros

del CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO y del CONSEJO

ELECTORAL de la UNIVERSIDAD conforme consta en el índice 11

del expediente digital, obrante en el aplicativo SAMAI.

En ese orden de ideas, la Sala no encuentra que haya vocación de

8
Conforme consta en el índice 11 del expediente digital obrante en el aplicativo SAMAI.

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prosperidad frente a la nulidad solicitada por la cartera ministerial

aludida, por lo que será denegada, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19919. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

Los actores instauraron la acción de tutela con la finalidad de obtener

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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el amparo de sus derechos fundamentales deprecados, los cuales, a

su juicio, les fueron vulnerados por la UNIVERSIDAD y el

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por la forma en que se

contabilizarán los votos dentro del procedimiento de consulta

democrática para la selección de los candidatos a la rectoría de la

institución educativa.

La divergencia radica en el hecho de que los actores sostienen que

la UNIVERSIDAD contabilizará los votos de la consulta con base en

la figura de “ponderación de los votos válidos”, previsto en el artículo

112 del Acuerdo 013 de 1995, mientras que, en su sentir, debe darse

aplicación al artículo 115 de esta norma, por prever una condición

más favorable al objeto del trámite.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en

especial, el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si

el sistema bajo el cual se valorará la consulta para la selección de

candidatos a la rectoría de la UNIVERSIDAD desconoce los derechos

fundamentales deprecados por los señores JOSÉ FABIO TORRES

PARADA y YOLIMA GÓMEZ PARADA.

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De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

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derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»10 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente, comoquiera que las

inconformidades de los actores pueden ser discutidas a través de los

mecanismos judiciales ordinarios.

En efecto, en la medida que los actores pretenden discutir la legalidad

del trámite adelantado por la UNIVERSIDAD para la designación del

10 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.

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rector, eventualmente tendrán a su disposición el medio de control

de nulidad electoral dispuesto para tal fin.

Además, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio irremediable

que haga procedente la acción de tutela de la referencia como

mecanismo transitorio, dado que la urgencia que pregonan los

actores para que se defina el litigio, derivada del hecho de que

eventualmente una sentencia de nulidad electoral no tendrá efectos

retroactivos, no es motivo para desconocer la existencia del trámite

ordinario previsto por el legislador para ventilar la controversia.

Aceptar la procedencia de la acción de tutela por la virtud de

celeridad que tiene frente a los trámites ordinarios, implicaría

atribuirle un carácter que desnaturalizaría su objeto, para convertirla

en el mecanismo principal para dirimir cualquier litigio, pues

finalmente a cualquiera de estos podría darse mérito de requerir

decisiones expeditas.

Por otro lado, la Sala advierte que en el trámite de la acción de la

referencia los actores solicitaron que, “[…] ya fuere en el auto de

medida cautelar o en la sentencia de fondo que resuelva el amparo

constitucional […]”, se diera respuesta a los siguientes interrogantes:

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“[…]

A) ¿Los estamentos universitarios de la UFPS, están obligados
jurídicamente a soportar la “ponderación” de los votos hacia sus
candidatos, al igual que su obligación jurídica (descrita y formal)
de soportar la ponderación de sus votos para el cálculo del
Quórum?

B) ¿El “20% del total de los votos depositados en las urnas” al
que hace referencia el parágrafo del artículo 115 del estatuto
electoral, está sujeto a libre autonomía, interpretación,
desarrollo y/o aplicación del Consejo Electoral Universitario en
vista que la máxima autoridad de la UFPS no reglamentó la
respectiva fórmula de ponderación sobre los votos de cada
candidato.

C) ¿La Autonomía Universitaria de la UFPS permite en este caso
que pueda restringirse la voluntad democrática a través de la
ponderación, aun cuando no se ejerció diligentemente la
reglamentación de la forma de cálculo de la votación ponderada
sobre cada candidato y definir el requisito para ser elegible por
el CSU-UFPS […]”

Al respecto la Sala advierte que los interrogantes en cita hacen parte

de la divergencia que plantearon los actores en la acción de tutela,

la cual, como se indicó, es improcedente para efectuar un estudio

sobre el fondo del asunto, sin que, en todo caso, este mecanismo sea

una vía para obtener un concepto jurídico general respecto a

determinado asunto.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de

amparo de la referencia debe ser declarada improcedente por no

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cumplirse el requisito de la subsidiariedad, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Finalmente, la Sala advierte que en el software de gestión judicial

SAMAI, se registró como actores a la señora SARAY PAMELA

ARISMENDY GARCÍA Y OTROS., quien realmente funge como

Representante de una de las accionantes, esto es, la VEEDURÍA

“PROCURADURÍA CIUDADANA UFPS”, razón por la que se

ordenará a la Secretaría General de esta Corporación su reemplazo,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa

de la VEEDURIA “PROCURADURÍA CIUDADANA UFPS”, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación y nulidad

presentadas por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por

no cumplirse el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación

que en el software de gestión judicial SAMAI, reemplace el nombre

de la parte actora SARAY PAMELA ARISMENDY GARCÍA Y

OTROS. por VEEDURÍA “PROCURADURÍA CIUDADANA UFPS” Y

OTROS., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente

providencia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede

en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de noviembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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