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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00014-00

Fecha
7 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00014-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, referentes a la nulidad del acto que declaró la elección de Eduardo Alberto Martínez Baquero, como representante del sector productivo del Consejo Superior de la universidad de los Llanos. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00014-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

7 de diciembre de 2022

Radicado: 11001-03-28-000-2022-00014-00
Demandante: William Rodríguez
Demandado: Eduardo Alberto Martínez Baquero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00014-00

Demandante: WILLIAM RODRÍGUEZ

Demandado: EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ BAQUERO –
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO ANTE EL
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Temas: Conflicto de intereses - prohibición del artículo 126 de la
Constitución Política.

SENTENCIA

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de
control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011,
promovido por William Rodríguez contra el acto mediante el cual se declaró la
elección de Eduardo Alberto Martínez Baquero, como representante del sector
productivo ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de los
Llanos.

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Radicado: 11001-03-28-000-2022-00014-00
Demandante: William Rodríguez
Demandado: Eduardo Alberto Martínez Baquero

I. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

1.1 Pretensiones.

En la demanda se solicitó1:

“1.1. Que se declare la nulidad del ACTO- “Acta electo (sic) convocatoria
elecciones representante del sector productivo ante el Consejo Superior
2022-2024” expedida el 8 de noviembre de 2021 y publicada en la gaceta de la
Universidad el 9 de noviembre de 2021 (ANEXO16), documento que declaró
electo al señor EDUARDO ALBERTO BAQUERO MARTINEZ (sic) para el
periodo institucional comprendido 2022 -2024”, bajo la convocatoria realizada por
el Consejo Superior Universitario de la Universidad de los Llanos Nit.
892.000.757 - 3, a través de la resolución rectoral 0998 de 2021, modificada por
la resolución rectoral 1005 de 2021.

1.2. Que como consecuencia de esta nulidad, se ordene a la Universidad de los
Llanos convocar a nuevas elecciones para ocupar la representación del sector
productivo ante el Consejo Superior de la Universidad para el periodo
institucional 2022-2024”.

1.2. Hechos.

La parte actora fundamenta su demanda en los siguientes hechos que se
sintetizan a continuación:

Sostiene que la Universidad de los Llanos, mediante la Resolución Rectoral
0998 del 10 de septiembre de 2021, convocó la elección del representante del
Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario, para el período 2022-
2024, modificada con la Resolución 1005 del 13 de septiembre de ese año2,
ambas suscritas por Marco Aurelio Torres, rector ad-hoc de dicha institución.

Afirma que en la convocatoria se definieron los requisitos generales y
específicos que debían cumplir los candidatos, así como las fechas de
inscripción.

1 Demanda presentada el 20 de diciembre de 2021.
2 Que modificó el artículo segundo.

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Demandante: William Rodríguez
Demandado: Eduardo Alberto Martínez Baquero

Menciona que se presentaron cuatro aspirantes a la convocatoria y que solo
uno quedó habilitado (el ahora demandado Eduardo Alberto Martínez Baquero)
por el Consejo Electoral de la Universidad, que fue presidido por Marco Aurelio
Torres, rector ad-hoc.

Aduce que, para la fecha de inscripción, Eduardo Alberto Martínez Baquero era
el representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la
Universidad (2019-2021), quien también lo había sido por el período 2016-2018,
pues así lo permitía el Acuerdo Superior 004 de 2009, que contenía el Estatuto
General e indicaba que los miembros de dicho Consejo podían ser reelegidos
por una sola vez.

Informa que con el Acuerdo Superior 003 del 8 de abril de 2021, se expidió un
nuevo Estatuto General y se derogó el Acuerdo Superior 004 de 2009. En el
artículo 19 se consagró la posibilidad, a partir de su entrada en vigencia, de que
los miembros del Consejo Superior Universitario fueran reelegidos para dos
períodos.

Señala el actor que Eduardo Alberto Martínez Baquero, como representante del
Sector Productivo, no manifestó su impedimento ni se abstuvo de participar en
el trámite del estatuto que daría lugar al Acuerdo 003 de 2021, con lo cual
incurrió en un conflicto de intereses de conformidad con los numerales 1, 2 y 16
del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, por las siguientes razones: i) por la
nueva oportunidad que surgía para volver a postularse para el cargo que
desempeñaba, pues, con la norma anterior ya no era ello posible y ii) en lo
relativo a los requisitos que se establecieron para presentarse a la convocatoria
como representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior
Universitario, esto es, estar inscrito en el Comité Intergremial del Meta, con dos
años de anterioridad, aspecto que solo cumplían 16 agremiaciones, entre las
cuales se encuentra la asociación con la que se respaldó al demandado.

El actor agrega que, a pesar de lo anterior, el demandado no cumplió con el
requisito correspondiente a que la asociación postulante fuera miembro activo
del Comité Intergremial del Meta, con una antigüedad mínima de dos años,
pues, si bien Prodelmeta, organización que respaldó al accionado, se
encontraba afiliada a dicha agremiación “NO ESTABA ACTIVO, pues como
afiliado desde el mes de febrero de 2021 no ha cumplido con las obligaciones y
responsabilidades que le contrae como miembro del comité”, es decir, cancelar

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Demandado: Eduardo Alberto Martínez Baquero

los aportes de sostenimiento. Agregó que esta situación era de conocimiento
del Consejo Electoral de la Universidad de los Llanos quien, a pesar de ello,
avaló la candidatura del demandado.

Por otra parte, el señor Eduardo Alberto Martínez Baquero votó para que se
designara como rector ad-hoc a Marco Aurelio Torres, quien fue decisivo en el
proceso de elección del demandado, dado que sancionó el 10 de septiembre de
2021 la Resolución Rectoral 0998 de 2021 y su modificatoria, la Resolución
Rectoral 1005 de 2021. Igualmente presidió el Consejo Electoral de la
Universidad, órgano que habilitó la candidatura del accionado.

Por último, indica que el señor Eduardo Alberto Martínez Baquero, también
participó en la definición del sistema de votación de que trata el artículo 10 de la
Resolución Rectoral 0998 de 2021.

2. Causal de nulidad, normas violadas y concepto de la violación.

La parte actora considera que con el acto demandado se vulneraron los
artículos 13, 126 y 209 de la Constitución Política, artículo 11 numerales 1, 2, 4,
10, 14, 15 y 16 del CPACA y las normas internas de la Universidad de los
Llanos: artículos 2 y 37 del Acuerdo 04 de 2006, artículo 2 de la Resolución
Rectoral 998 de 2021 y el artículo 16 del Acuerdo 003 de 2021.

Indicó que el demandado tuvo una posición privilegiada en la elección del
representante del sector productivo, por su calidad de consejero de la
Universidad de los Llanos y gerente de Desarrollo Agroeconómico de la
Secretaría de Agricultura de la gobernación del Meta, que le permitió tener una
injerencia directa en la confección de la convocatoria y en la estructuración de
las asociaciones y gremios del departamento que hacen parte del censo
electoral, por lo que los demás aspirantes no participaron en igualdad de
condiciones.

Agregó que el demandado no se declaró impedido, ni manifestó el conflicto de
intereses como lo dispone el artículo 11 del CPACA, frente a la formulación,
discusión y diseño de los requisitos que se establecieron en la convocatoria
para la elección del representante del sector productivo. Además, incurrió en la
prohibición del artículo 126 de la Constitución Política que se configura cuando
“quien ahora es candidato haya participado efectivamente en la elección de

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quien ostenta la calidad de elector o intervenga en su proceso, para el caso, la
elección del rector-adhoc”.

Finalmente, adujo que el demandado no cumplió con el requisito contenido en
la Resolución Rectoral 998 de 2021 y el artículo 16 del Acuerdo superior 003 de
ese mismo año (Estatuto General) contemplado en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 16. REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Para ser miembro del Consejo
Superior Universitario, el Representante del Sector Productivo debe cumplir los
siguientes requisitos:

(…)

4. Que el gremio que lo postula sea miembro activo del Comité Intergremial
del Meta, mínimo, con dos años de antigüedad” (negrillas del original).

En el caso concreto, precisó que el gremio que postuló al demandado, si bien
estaba afiliado al Comité Intergremial del Meta no era miembro activo de dicha
organización, al momento de la inscripción de la candidatura, ni en la fecha de
la elección, por lo cual no cumplió con dicho requisito.

3. Admisión de la demanda.

Mediante auto del 2 de junio de 2022, se admitió la demanda y se negó la
suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

4. Contestación de la demanda.

4.1. Demandado.

El demandado, por medio de apoderada, se opuso a las pretensiones de la
demanda e indicó que, en su concepto, el acto demandado no se encuadró en
ninguna de las causales de nulidad.

Señaló que la modificación al estatuto general de la Universidad de los Llanos
tuvo iniciativa en el Plan de Acción Institucional 2019-2021, en el que se fijó
como meta realizar ajustes normativos dentro del programa de actualización

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estatutaria, por lo cual no es cierto que el demandado tuviera “interés en la
discusión, revisión, modelación y aprobación de los estatutos”.

Agregó que para modificar el estatuto general se requería la aprobación de las
dos terceras partes de los miembros de Consejo Superior Universitario, esto es,
seis votos positivos, en dos sesiones ordinarias con un intervalo no inferior a 30
días hábiles, por lo cual no era una decisión que le competiera solo al
demandado.
Sumado a lo anterior, su participación en la aprobación del nuevo estatuto
general de la universidad, no implicaba que fuera reelegido, pues para ello se
requería ganar las elecciones

Dijo que en vigencia del Acuerdo Superior 004 de 2009 el demandado podía
aspirar a la reelección, dejando un periodo institucional sin postularse, por lo
que la nueva norma no le beneficiaba ya que esta sí restringe la participación a
solo dos períodos, por lo cual no se vislumbraba el conflicto de intereses, pues
no obtenía ningún beneficio.

De otra parte, precisó que el demandado no participó en la definición del
sistema de votación para la elección del representante del sector productivo,
pues cuando se iba a estudiar y votar ese punto, según consta en el acta de la
sesión No. 024 del 10 de septiembre de 2021, el accionado se retiró y solo
volvió a ingresar una vez determinado el asunto.

Alegó que de conformidad con el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, los Consejos
Superiores Universitarios tienen la competencia de expedir y modificar los
estatutos y reglamentos de la institución y darse su propio reglamento, sin que
el ejercicio de dicha prerrogativa configure un conflicto de intereses.

Por otra parte, indicó que el hecho de ostentar un cargo público no se constituía
en prohibición, inhabilidad o incompatibilidad para representar el Sector
Productivo ante el Consejo Superior según el ordenamiento jurídico, ni ello
estaba expresamente reglado en las normas internas de la universidad de los
Llanos, sumado al hecho de que ejercer la representación del sector productivo
no le otorga la condición de servidor público.

En punto de la supuesta inactividad de Prodelmeta en el Comité Intergremial del
Meta, se afirmó que esa condición no existe y que lo más cercano a tal

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situación era lo contemplado en el artículo 41 de los Estatutos del mencionado
Comité que dispone el retiro de sus miembros “por disolución o inactividad
durante más de un año de la organización gremial, o institución”; sin embargo,
consideró que se refiere a la inactividad de la propia empresa, mas no a esa
condición dentro de tal agremiación.

Agregó que en los estatutos del Comité Intergremial del Meta tampoco se
reguló la consecuencia de la falta de pago de aportes o cuota de sostenimiento,
ni se determinó el número de ellas para que se declarara inactivo.

A pesar de lo anterior, señala que Prodelmeta recibía mensualmente el cobro
del aporte en la que se leía “en su condición de afiliado activo”.

Así las cosas, concluyó que, para el momento de la convocatoria, la Asociación
de Profesionales del Meta - Prodelmeta, que respaldó la candidatura del
demandado, hacía parte del CIM y se encontraba activo, por lo que se debe
entender que no se incumplió requisito alguno.

4.2. Universidad de la Llanos.

Intervino para aportar los antecedentes administrativos sin hacer
pronunciamiento respecto de las pretensiones de la demanda.

5. Audiencia inicial y fijación del litigio.

El 31 de agosto del año en curso se surtió la audiencia inicial, diligencia en la
que se fijó el litigio en los siguientes términos:

“si el acto de elección del representante del sector productivo ante el Consejo
Superior de la Universidad de los Llanos, está incurso en la causal de nulidad de
infracción de norma superior al haberse desconocido los artículos 13, 126 y
209 de la Constitución Política; numerales 1, 2, 4, 10, 14, 15 y 16 del artículo 11
del CPACA y los artículos 2 y 37 del Acuerdo 04 de 2006; artículo 2 de la
Resolución Rectoral 998 de 2021 y el artículo 16 del Acuerdo 003 de 2021.

Para lo cual, debe establecerse lo siguiente:

i) si el demandado incurrió en conflicto de interés y en las causales de
impedimento de que trata el artículo 11 del CPACA, numerales mencionados, por
haber participado en la discusión y aprobación de la reforma de los estatutos de

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la Universidad de los Llanos, en su calidad de representante del sector productivo
ante el CSU, que posibilitó la reelección por dos períodos más, el establecimiento
de requisitos relacionados con estar inscrito en el Comité Intergremial del Meta y
la definición del sistema de votación para la elección de ese estamento para el
período 2022-2024.

ii) Si se violó el derecho a la igualdad porque en su calidad de gerente de
Desarrollo Agroeconómico de la Secretaría de Agricultura del Departamento,
tenía jurisdicción en toda esta geografía, e injerencia directa con las asociaciones
y gremios del departamento, quienes hacen parte del Censo Electoral de la
Elección.

iii) Si se incurrido en la prohibición constitucional conocida como “Tú me eliges,
yo te elijo”, por cuanto el demandado votó por Marco Aurelio Torres para rector
Ad-hoc y este, a su vez, sancionó la convocatoria para elegir el representante del
sector productivo y, además, presidió el Consejo Electoral que habilitó la
candidatura del señor Martínez Baquero.

iv) Si, finalmente, el señor Eduardo Alberto Martínez Baquero cumplió con el
requisito consistente en que el gremio que lo postuló debía ser “miembro activo
del Comité Intergremial del Meta, mínimo, con dos años de antigüedad”.

6. Alegatos de conclusión de la parte demandada.

Dentro del término para presentar alegatos de conclusión solo se pronunció la
parte accionada en los siguientes términos:

Reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y agregó que los
interrogantes planteados en la fijación del ligio se debían resolver en favor del
demandado, toda vez que no se acreditó que hubiera incurrido en conflicto de
intereses, pues, los cambios en el nuevo estatuto no lo beneficiaban y, en todo
caso, para su elección se debía surtir el respectivo certamen democrático.

Adujo que no se demostró que se violara el derecho de igualdad comoquiera
que el demandado se retiró de la discusión en el momento en el que se definió
el sistema de votación.

Señaló que no se incurrió en la prohibición “yo te elijo, tú me elijes” pues al
rector ad-hoc lo designó un cuerpo colegiado, el Consejo Superior Universitario,
y no provino de la voluntad única del demandado.

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Finalmente, concluyó que el señor Eduardo Alberto Martínez Baquero cumplió
con el requisito de ser postulado por una agremiación activa y con dos años de
antigüedad en el Comité Intergremial del Meta.

7. Concepto del Ministerio Público.

El Ministerio Público en primer lugar se refirió a la autonomía universitaria, en
virtud de la cual las universidades tienen el derecho de darse sus propios
estatutos, modificarlos y designar sus autoridades administrativas y
académicas.

Conceptuó que el actor no probó que el demandado estuviera vinculado con la
gobernación del Meta y que no explicó cómo podría tener injerencia en las
agremiaciones de ese departamento desde el supuesto cargo de gerente de
Desarrollo Agroeconómico de la Secretaría de Agricultura.

En esa misma línea consideró que el hecho de que el demandado participara
en la discusión y aprobación del Estatuto General de la Universidad de los
Llanos3, no constituía una situación privilegiada ni provechosa en su favor que
vulnerara el derecho a la igualdad, por lo que no le asistía el deber de
declararse impedido respecto de su aspiración a ser elegido como
representante del sector productivo ante el CSU de la Universidad de los Llanos
por las siguientes razones:

i) El Estatuto General de la Universidad de los Llanos (Acuerdo 003 de 2021) y
la convocatoria a los gremios legalmente constituidos del sector productivo de la
región, para elegir a su representante ante el Consejo Superior Universitario
(Resolución Electoral 0998 del 10 de septiembre de 2021), como el sistema de
votación (contenido en el artículo 13 de la convocatoria y en la Resolución
Superior 038 de 2021) son actos administrativos que fueron de conocimiento
público, por lo que cualquier aspirante, previo a la inscripción, podía conocer los
requisitos que se fijaron para participar en ella.

Agrega que no se acreditó que el accionado hubiera participado en la elección
del sistema de votación, ni que resultara beneficiado con esa decisión.

3 En el que se fijaron los requisitos para ser integrante del Consejo Superior Universitario en calidad de

Representante del Sector Productivo y la posibilidad de la elección, por dos períodos, para los miembros
de ese Consejo.

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ii) Precisó que en el Plan de Acción Institucional 2019- 2021 “Talento y
conocimiento para el desarrollo regional” se encontraba la meta de
“Actualización estatutaria, así las cosas las modificaciones en materia de
reelecciones de representantes ante el CSU, surgieron, en parte, de propuestas
realizadas por la Mesa Multiestamentaria, las cuales quedaron aprobadas el 8
de abril de 2021 en el Acta No. 009, es decir, que tal reforma no tuvo iniciativa
en el demandado

iii) Para el momento en que se discutió la reforma de los estatutos no existía
una causal de impedimento que debiera ser manifestada por el demandado,
toda vez que el proceso para elegir al representante del sector productivo no
había iniciado.

Aunado a lo anterior, considera el Ministerio Público que como la norma vigente
que regula la reelección de los miembros del Consejo Superior Universitario, no
hizo ninguna precisión o distinción respecto de los que se encontraban
ejerciendo actualmente como consejeros, en principio se podían volver a
postular válidamente.

En punto de la supuesta vulneración del artículo 126 de la Constitución Política,
señaló que la prohibición descrita en esa norma está dirigida a los servidores
públicos, en consecuencia, no le es aplicable a quien no ostente tal condición,
como ocurre con los integrantes de los gremios del sector productivo. Agregó:

“Por otra parte, tampoco se evidencia que se configure la conducta que describe
la norma antes mencionada respecto del rector Ad-hoc, puesto que, si bien este
en calidad de servidor público suscribió el acta por medio de la cual el Consejo
Electoral Universitario declaró electo al señor MARTÍNEZ BAQUERO; esto es, el
acto definitivo, lo cierto es que, en el presente caso, al tratarse de un acto
complejo la elección del demandado, quienes lo eligieron fueron los gremios del
sector productivo de la región y no el mencionado rector, por lo tanto, no
resultaría destinatario de la prohibición dispuesta en el artículo 126
Constitucional”.

Refirió que el accionante no propuso la designación de Marco Aurelio Torres
como rector ad-hoc, sino que fue iniciativa del representante de los docentes y
el nombramiento lo efectuó el Consejo Superior Universitario.

Concluyó que no se probó “la inhabilidad que se alega frente a esta causal, en
los términos del inciso 2º del articulo 126 superior, donde se prohíbe a los

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servidores públicos nombrar, postular, elegir como servidores públicos o
celebrar contratos estatales, con quienes hubieran intervenido en su
postulación o designación”.

En cuanto al requisito de haber sido postulado por una organización que fuera
miembro activo del Comité Intergremial del Meta, precisó que, de conformidad
con lo informado por ese comité en la etapa probatoria, en sus estatutos no se
ha reglamentado la condición de inactivo, sumado al hecho de que en los
antecedentes administrativos se aportó una certificación en la que consta “Que,
a la fecha, de febrero de 2021, PRODELMETA es miembro afiliado y activo del
CIM en uso de sus derechos y obligaciones”, con lo cual se acreditó el
requerimiento exigido para participar en la convocatoria para la elección del
representante del sector productivo.

Con fundamento en lo anterior, consideró que no estaban dadas las
condiciones para anular el acto demandado, toda vez que no se acreditó que se
hubiera vulnerado el ordenamiento jurídico.

II. CONSIDERACIONES.

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 149 del CPACA4,
y lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019 –
Reglamento del Consejo de Estado, la Sección Quinta es competente para
emitir pronunciamiento de fondo en única instancia en el presente proceso
acumulado.

4 “Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas
especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de
los siguientes asuntos:
(…)
“3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los
Senadores, de los Representantes a la Cámara, de los Representantes al Parlamento Andino, del Alcalde
Mayor de Bogotá, de los miembros de la Junta Directiva o Consejo Directivo de las entidades públicas del
orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las Comisiones de Regulación”. En
atención a la fecha de presentación de la demanda, se aplica su versión original, es decir, sin las
modificaciones efectuadas por la Ley 2080 del 2021.

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2. El acto acusado.

El “Acta electo (sic) convocatoria elecciones representante del sector
productivo ante el Consejo Superior 2022-2024” expedida el 8 de noviembre de
2021 declaró electo al señor Eduardo Alberto Baquero Martínez para el periodo
institucional comprendido 2022 -2024”, bajo la convocatoria realizada por el
Consejo Superior Universitario de la Universidad de los Llanos.

3. Problema jurídico.

De conformidad con la fijación del litigio efectuada en la audiencia inicial el 31
de agosto de 2022, el problema jurídico se contrae a determinar si debe
decretarse la nulidad del acto demandado por:

la causal de nulidad de infracción de norma superior al haberse desconocido
los artículos 13, 126 y 209 de la Constitución Política; numerales 1, 2, 4, 10, 14,
15 y 16 del artículo 11 del CPACA y los artículo 2 y 37 del Acuerdo 04 de 2006;
artículo 2 de la Resolución Rectoral 998 de 2021 y el artículo 16 del Acuerdo 003
de 2021.

Para lo cual, debe establecerse lo siguiente:

i) si el demandado incurrió en conflicto de interés y en las causales de
impedimento de que trata el artículo 11 del CPACA, numerales mencionados, por
haber participado en la discusión y aprobación de la reforma de los estatutos de
la Universidad de los Llanos, en su calidad de representante del sector productivo
ante el CSU, que posibilitó la reelección por dos períodos más, el establecimiento
de requisitos relacionados con estar inscrito en el Comité Intergremial del Meta y
la definición del sistema de votación para la elección de ese estamento para el
período 2022-2024.

ii) Si se violó el derecho a la igualdad porque en su calidad de gerente de
Desarrollo Agroeconómico de la Secretaría de Agricultura del Departamento,
tenía jurisdicción en toda esta geografía, e injerencia directa con las asociaciones
y gremios del departamento, quienes hacen parte del Censo Electoral de la
Elección.

iii) Si se incurrió en la prohibición constitucional conocida como “Tú me eliges, yo
te elijo”, por cuanto el demandado votó por Marco Aurelio Torres para rector Ad-
hoc y este, a su vez, sancionó la convocatoria para elegir el representante del
sector productivo y, además, presidió el Consejo Electoral que habilitó la
candidatura del señor Martínez Baquero.

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Demandante: William Rodríguez
Demandado: Eduardo Alberto Martínez Baquero

iv) Si, finalmente, el señor Eduardo Alberto Martínez Baquero cumplió con el
requisito consistente en que el gremio que lo postuló debía ser “miembro activo
del Comité Intergremial del Meta, mínimo, con dos años de antigüedad”.

4. Infracción de norma superior.

Los actos administrativos son a la vez el desarrollo o aplicación de
disposiciones jurídicas sustantivas y adjetivas, así como la creación de reglas
de derecho nuevas que deben estar en armonía con aquellas, en cuanto le
sirven de fundamento y, en tal virtud, le resultan inmediatamente superiores;
de lo contrario estará viciado de invalidez. Al respecto, conviene destacar que
por mandato expreso del artículo 4 de la Carta Magna «La Constitución es
norma de normas» y, en consecuencia, el control de la legalidad de los actos
administrativos y electorales, incluye verificar su concordancia no solo con los
mandatos de rango legal y reglamentario que los rigen sino también con los
del Estatuto Fundamental, incluidos aquellos que hacen parte del bloque de
constitucionalidad y convencionalidad.

Con base en lo anterior, esta corporación ha explicado que para la
configuración de esta causal de nulidad se debe demostrar, en primer lugar,
que las disposiciones que se estiman infringidas por el acto acusado, integran el
bloque normativo que le sirve de marco jurídico, es decir, que regulan la materia
en la que se inscribe su objeto y declaración de voluntad; y en segundo lugar,
que en efecto al confrontar el acto con tales normas surge su violación por
contradicción o desconocimiento. En este sentido, la Sección ha sintetizado los
principales escenarios en que se produce la infracción de norma superior, así:

“(i) Falta de aplicación de la norma, situación que se presenta luego de que la
autoridad que profiere el acto ignora la existencia del presupuesto normativo, o
conociéndolo, no lo aplica en el asunto que la ocupa;

(ii) Aplicación indebida de la norma, la cual se presenta luego de que las reglas
jurídicas empleadas por la autoridad para fundar el acto, no se conforman a la
situación fáctica del caso a tratar, como consecuencia de una equivocación en la
valoración y escogencia de la disposición normativa;

(iii) Interpretación errónea de la norma, consistente en el entendimiento
desatinado del precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver”5.

5 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2016, expediente: 11001-03-28- 000-

2016-00038-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Demandante: William Rodríguez
Demandado: Eduardo Alberto Martínez Baquero

Así las cosas, se deberá establecer si se vulneraron las normas invocadas en
concordancia con los argumentos expuestos por la defensa.

5. Conflicto de intereses.

El demandante acusa la elección de Eduardo Alberto Martínez Baquero al
considerar que incurrió en conflicto de intereses, por haber participado en la
discusión y aprobación de la reforma de los estatutos de la Universidad de los
Llanos, en su calidad de representante del sector productivo ante el CSU, que
posibilitó la reelección por dos períodos más, el establecimiento de requisitos
relacionados con estar inscrito en el Comité Intergremial del Meta y la definición
del sistema de votación para la elección de ese estamento para el período
2022-2024.

Para el efecto, afirmó vulnerados los siguientes numerales del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011:

“ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO
Y RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en
conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar
actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión
del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad
o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge,
compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral
precedente.

(…)

4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante,
apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor
público.

(…)

10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas

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interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado en
sociedad de personas.

(…)

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores.

15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al
cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como
referencia con el mismo fin.

16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como
representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva
o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico
interesado en el asunto objeto de definición”.

Al respecto, es necesario precisar que el actor no explicó la razón por la cual se
configuraban cada uno de los presupuestos señalados como desconocidos, por
lo que la Sala se centrará en el numeral 1°, esto es si el demandado tenía un
interés particular y directo para participar en la reforma del Estatuto General de
la UNILLANOS.

Sobre la figura del conflicto de interés, esta Sección, en providencia del 19 de
septiembre de 20196, señaló:

“… se configura en aquellas situaciones en las que el funcionario se vea impelido
a expresar públicamente el provecho, utilidad o beneficio personal que la toma de
una decisión pública puede generar en su vida privada, para ser sometido a
valoración de sus pares. Se trata entonces de un ejercicio de auto restricción del
mismo servidor público, quien en su intimidad reconoce un potencial beneficio y
luego lo transmite para que sean sus iguales quienes juzguen si dicha situación
particular, en el marco de sus funciones, devela un provecho o ventaja personal”.

En similar sentido, en sentencia del 3 de septiembre de 20207, la Sala precisó:

“hay conflicto de intereses cuando el interés general propio de la función pública
entra en conflicto con el particular y directo del servidor público. (…). para que se
configure el conflicto de intereses se requiere: (i) que el servidor público haya

6 Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 19 de septiembre de 2019, expediente 11001-03-28-

000-2012-00055-00, M. P. Alberto Yepes Barreiro.
7 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de septiembre de 2020, expediente 11001-03-28-

000-2020-00031-00, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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incurrido en una conducta contraria a la función pública, (ii) motivado por el interés
particular o ausencia del general, (iii) toma una decisión o realiza una gestión
propia de sus gestiones o cargo, (iv) en provecho suyo, de su familia o de un
tercero”.

El régimen de conflicto de interés constituye un instrumento valioso que busca
evitar que el servidor, prevalido de su cargo, se ubique en una posición de
ventaja o provecho personal, para sí o para un tercero, a costa de la
salvaguarda del interés general. Se trata de una garantía de rectitud e
imparcialidad en el ejercicio de la administración pública como regla
legitimadora del poder del Estado.

Ahora bien, en el presente asunto, se explica que se configura un conflicto de
intereses en la medida en que el demandado participó en la reforma de los
estatutos de la Universidad que “estableció” los requisitos para ser
representante del sector productivo ante el Consejo Superior Universitario y
permitió que fuera elegido para dos períodos, lo que le generó una nueva
oportunidad para ocupar nuevamente dicho cargo. Adicionalmente, porque en
su calidad de gerente de Desarrollo Agroeconómico “tiene jurisdicción en todo
el departamento e injerencia directa con las asaciones (sic) y gremios del
departamento, quienes hacen parte del Censo Electoral de la Elección”.

Al respecto, de lo probado en el proceso se encuentra que de conformidad con
el numeral 4º del artículo 28 del Acuerdo No. 004 del 3 de julio de 20098 –
Estatuto General reformado–, el rector de la universidad de los Llanos debía,
dentro de los 3 meses siguientes a su designación, presentar un Plan de Acción
Institucional, sometido a la consideración y aprobación del Consejo Superior, de
cuyo cumplimiento pendería la posibilidad de reelección para el rector
escogido9.

Por lo anterior, el rector de la universidad presentó en el 2019 el Plan de
Acción Institucional “Talento y conocimiento para el desarrollo regional”. Ese
plan institucional tuvo como objetivo consolidar el proceso de acreditación de la

8
“ARTÍCULO 28º. FUNCIONES DEL RECTOR. Son funciones del rector las siguientes:
(…)
4. En cada período rectoral, presentará para la aprobación del Consejo Superior Universitario, dentro de
los tres meses siguientes a su inicio, y con la recomendación del Consejo Académico, un Plan de Acción
Institucional, elaborado desde las Facultades, el cual debe contar con el aval del Consejo Académico, en
concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo de la Universidad vigente” (se
resalta).
9 Parágrafo 1º del artículo 27 del Acuerdo No. 004 del 3 de julio de 2009.

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Unillanos, a través de la mejora de su competitividad universitaria, consiguiendo
la eficiencia de sus recursos físicos y financieros para ofrecer un servicio
educativo de calidad.

Dentro del Plan de Acción Institucional 2019- 2021 se encontraba el programa
1.2 Actualización estatutaria” y dentro del mismo, la Meta 1.2.1 la cual era la de
“Presentar 6 propuestas de ajuste normativo de los estatutos, reglamentos o
políticas, ante las instancias respectivas para su revisión y aprobación”, la
elaboración de las propuestas de reforma al Estatuto General de la Universidad,
estuvo a cargo, de manera independiente, de dos órganos colegiados, a saber:
la Comisión Especial designada por el Consejo Superior Universitario 10; y una
Mesa Multiestamentaria, reconocida por la Resolución Rectoral 2632 de 2018,
de la cual no hizo parte el demandado.

Así las cosas, se colige que las alteraciones aplicadas en materia de
reelecciones surgió del proyecto de reforma radicado por la Mesa
Multiestamentaria, integrada por diversas fuerzas provenientes del interior de la
Universidad.

Sumado a lo anterior, en el acta 14 del 30 de junio de 2020 se dejó constancia
del primer debate al proyecto de Acuerdo Superior, en lo que tiene que ver con
los requisitos para ser representante del sector productivo 11. Intervinieron en la
discusión de dicho artículo el representante de los estudiantes, el representante
del sector productivo, el representante de los profesores, el representante de
las directivas académicas, el representante del presidente de la República, la
asesora jurídica externa y el representante de los egresados.

Esa disposición se sometió a segundo debate el 20 de enero de 2021, según
consta en el acta 002, que da cuenta que el Consejo Superior lo aprobó por
unanimidad.

Ahora, es pertinente realizar un comparativo entre el Acuerdo 004 de 2009 y el
003 de 2021 para determinar en qué variaron los requisitos establecidos para el

10 Según se desprende del acta 14 del 30 de junio de 2020.
11 Asistieron la delegada del MEN, el representante del presidente de la República, el representante del

sector productivo, el representante de los egresados, el representante de los ex rectores, el representante
de los docentes, el representante de los estudiantes, el representante de las directivas académicas, el
rector, y el secretario,

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representante del sector productivo ante el CSU y si ello pudo haber
beneficiado al demandado, al respecto se encuentra lo siguiente:

Acuerdo 004 de 2019 Acuerdo 003 de 2021

ARTÍCULO 21º. REPRESENTANTE DEL ARTÍCULO 16. REPRESENTANTE DEL SECTOR
SECTOR PRODUCTIVO EN EL CONSEJO PRODUCTIVO EN EL CONSEJO SUPERIOR
SUPERIOR UNIVERSITARIO. Para ser miembro UNIVERSITARIO. Para ser miembro del Consejo
del Consejo Superior Universitario, el Superior Universitario, el Representante del Sector
representante del sector productivo es elegido, Productivo debe cumplir los siguientes requisitos:
mediante votación por una asamblea de los
gremios del sector productivo, legalmente
constituidos y convocada para tal efecto por la
Universidad. El representante del Sector
Productivo debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener título profesional. 1. Ser Presidente o Representante Legal de un gremio
legalmente constituido y activo; con una antigüedad no
inferior a cinco (5) años. (Comparativo: se encontraba
de manera similar en los numerales 2 y 3)
2. Ser postulado por un gremio legalmente 2. El candidato deberá acreditar una antigüedad en la
constituido y activo; que además esté inscrito y Presidencia o Representación Legal del gremio no
registrado en la cámara de comercio, con una inferior a un (1) año a la fecha de la
antigüedad no inferior a cinco (5) años. inscripción.(Comparativo: se encontraba en el numeral
3)
3. Ser Presidente de la Junta Directiva o 3. Ser elegido, mediante votación por una asamblea de
Representante Legal del gremio que lo postula, los gremios del Sector Productivo, legalmente
demostrando en dicho ejercicio una antigüedad constituidos y convocada para tal efecto por la
no inferior a un (1) año, tomando como referencia Universidad. (Comparativo: se encontraba en el inciso
la fecha en la cual realice la inscripción como primero).
candidato.

4. El gremio que lo postula sea miembro activo 4. Que el gremio que lo postula sea miembro activo del
del Comité Intergremial del Meta, mínimo, con Comité Intergremial del Meta, mínimo, con dos años de
dos años de antigüedad. antigüedad. (Comparativo: se mantuvo igual que en el
numeral 4)
5. No tener vinculación laboral, ni contractual con
la Universidad, mínimo, seis meses, antes de la
fecha de la elección.

6. No pertenecer a otro órgano de dirección y
gobierno de la Universidad, en el momento de la
inscripción.

Como se ve, el nuevo Estatuto General de la Universidad de los Llanos
(Acuerdo 004 de 2021) mantuvo en esencia los mismos requisitos que ya
contemplaba el Acuerdo 003 de 2019, aparentemente se eliminaron algunos,
pero lo cierto es que los numerales 1, 5 y 6 se incluyeron como requisitos

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generales para todos los miembros del CSU, respecto del numeral 5, referente
a no tener vinculación laboral, ni contractual con la universidad, en el artículo
1812 del nuevo estatuto se hizo la salvedad de que para el siguiente período,
2022-2024, sería de seis meses, pero en adelante sería de un año. En
consecuencia, no se observa que el demandado hubiera obtenido algún
provecho para sí, máxime cuando los requisitos con los que debía cumplir no
fueron modificados, sino que eran los que se venían exigiendo para ese
representante.

De otra parte, en el acta 004 del 10 de febrero de 2021, se encuentra que el
presidente del CSU (delegada del MEN) solicitó “redactar el artículo de la
reelección ya que siempre estuvo pendiente y al final no se tuvo en cuenta”, en
dicho documento se evidencia que el demandado asistió a esa sesión; sin
embargo, no realizó ninguna intervención en el momento en que se discutió esa
propuesta, parte del debate fue el siguiente:

“El Representante del Presidente de la República indica que el artículo no es
retroactivo, es decir, que si algún Representante ya fue reelegido, puede ser
reelegido por dos períodos de aquí en adelante.
El Secretario General en funciones de Secretario del CSU responde que cuando
entre en vigencia el presente Estatuto tiene la posibilidad de reelegirse
nuevamente.
El Representante del Presidente de la República preguntas (sic) si legalmente no
afecta a ningún Representante.
La Presidente manifiesta que no hace mucho hizo una consulta a la oficina
jurídica del Ministerio y casualmente ayer le mostraron la respuesta, la cual indica
que en el momento en que la persona fue elegida frente a unas condiciones no le
pueden aplicar este cambio, por lo tanto, se puede volver a reelegir porque no
tiene ningún inconveniente, teniendo en cuenta que fueron elegidos en un
momento determinado y con un Estatuto determinado”.

En esa sesión fue aprobado por unanimidad el artículo en primer debate y el 8
de abril de 2021, acta 009, en segundo debate, también por unanimidad, sin
que se dieran discusiones adicionales, sesiones en las que participó el
demandado.

12 “ARTÍCULO 18: Para la elección de los miembros del Consejo Superior Universitario que representan a

Estudiantes, Egresados, Sector Productivo y Ex Rectores para el período Institucional 2022-2024, será
requisito no tener vinculación laboral, ni contractual con la Universidad, mínimo seis (6) meses antes de la
fecha de la elección. Para la elección correspondiente a los períodos Institucionales posteriores, entrará en
vigencia el requisito de no tener vinculación laboral, ni contractual con la Universidad, mínimo un (1) año
antes de la fecha de la inscripción. En ambos casos, se exceptúan las monitorias y los auxiliares docentes
en la elección del Representante de los Estudiantes”.

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Así las cosas, la Sala no encuentra demostrado que la participación del
demandado en la reforma del Estatuto General de la Universidad de los Llanos
se fundamentara en intereses particulares y concretos, comoquiera que en la
construcción de esa reforma estatutaria participaron diferentes actores del ente
universitario, lo que da cuenta, en principio, que su elaboración no dependía
exclusivamente del actuar o de las decisiones de Eduardo Alberto Martínez
Baquero como representante del sector productivo ante el Consejo Superior,
sino que ello tuvo origen en el Plan de Acción Institucional 2019-2021 en el que
se estableció “entre sus estrategias y programas la actualización estatutaria”,
por lo que no se encuentra acreditado el conflicto de intereses alegado por el
actor. Tampoco se encuentra que su voto fuera decisivo o incidiera de manera
fundamental en la aprobación de la posibilidad de la reelección, pues, como se
vio, todos los miembros del Consejo Superior Universitario lo votaron
favorablemente en primer y segundo debate de manera unánime.

Sumado a lo anterior, el demandante aduce que el señor Martínez Baquero
participó en la definición del sistema de votación; sin embargo, en el proceso se
probó lo contrario.

En efecto, según da cuenta el acta 024 del 10 de septiembre de 2021, cuando
se estudió el punto “4.2 ‘Por medio de la cual se aprueba el sistema de votación
para la elección de los Representantes del Sector Productivo y Egresados ante
el Consejo Superior Universitario, para el periodo Institucional 2022 – 2024’.”, el
representante del sector productivo se retiró, como se puede apreciar:

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Finalmente, tampoco se acreditó que el demandado fungiera como gerente de
Desarrollo Agroeconómico de la Secretaría de Agricultura de la gobernación del
Meta, ni se explicó cómo desde dicho cargo podía favorecerse en la elección o
injerir en “las asaciones (sic) y gremios del departamento, quienes hacen parte
del Censo Electoral de la Elección”.

6. Vulneración de los artículos 13 y 209 de la Constitución Política.

Las normas señaladas como violadas disponen lo siguiente:

“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

“ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley”.

Al respecto, la Sala no encuentra vulneración al derecho de igualdad, toda vez
que la intervención del demandado en la reforma a los estatutos fue en
cumplimiento de sus funciones, en su calidad de representante del sector
productivo, adicionalmente, como ya se dijo antes, la aprobación de los mismos
no pendió exclusivamente de su voluntad, sino que en ello intervino el Consejo
Superior Universitario.

Adicionalmente, al ser el acto de la convocatoria un acto administrativo dirigido
al público en general, todo aquel que deseara participar y cumpliera con los
requisitos establecidos, bien podía hacerlo, pues no por el simple hecho de que
el demandado participara en la discusión de la reforma a los estatutos,

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garantizaba que resultara electo, dado que debía competir con otros
interesados, tanto es así que a la convocatoria se presentaron en total cuatro
candidatos, cosa diferente es que los demás no acreditaran los requisitos
exigidos para ser representante del sector productivo ante el CSU.

Ahora, en punto del artículo 209 constitucional, referente a los principios de la
función pública, no se observa que se haya vulnerado, antes bien, según se ha
dicho, el demandado actuó en cumplimiento de sus deberes como
representante del sector productivo.

Finalmente, tampoco se encuentra en la convocatoria o en el Acuerdo Superior
003 del 8 de abril de 2021, que se hubiera incluido limitación alguna para
participar en la eleccion del representante del sector productivo referente a
desempeñar otro cargo, salvo en lo que atañe a la vinculación con la propia
universidad.

7. Vulneración del artículo 126 de la Carta Política.

El actor considera que la elección del representante del sector productivo ante
el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos reviste un vicio de nulidad
por haber incurrido en la prohibición prevista en el artículo 126 de la
Constitución Política, dado que el demandado votó por Marco Aurelio Torres
para rector ad-hoc y este, a su vez, sancionó la convocatoria para elegir el
representante del sector productivo y, además, presidió el Consejo Electoral
que habilitó la candidatura del señor Martínez Baquero, lo que materializaría la
prohibición “Tú me eliges, yo te elijo”, erigida en el artículo 126 constitucional.

El artículo 126 superior consagra en lo pertinente para el sub-judice, lo siguiente

“ARTICULO 126. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus
funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.

Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni
celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su
postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los
mismos vínculos señalados en el inciso anterior (…)”

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De la norma transcrita, se encuentra que trae un sujeto activo, esto es, el
servidor público, y en el inciso segundo se precisa que a aquel se le impone la
prohibición de nombrar o postular a quien a su vez intervino en su designación
como servidor.

La Corte Constitucional en sentencia SU-261 del 6 de agosto de 202113
discurrió sobre el contenido y alcance de esa prohibición establecida, así:

“El texto del inciso segundo del artículo 126 de la Constitución requiere de la
concurrencia de dos condiciones: i) que un servidor público en ejercicio de sus
funciones nombre, postule o contrate, ii) con quien intervino en su postulación o
designación como servidor público.

Respecto de la primera condición, la acción de nombrar, postular o contratar
incluye las conductas de elegir, participar e intervenir. Esto es así porque, si el
texto del artículo 126 de la Constitución prohíbe una acción y además su
resultado específico y determinado, esto es, que una persona sea nombrada,
postulada, designada o contratada en el servicio público, dentro de tales
verbos rectores están comprendidos los actos que conllevan a la realización de
dichas conductas. En otras palabras, la materialización de las acciones –esto es,
la producción de los resultados– que están proscritas por el artículo 126
constitucional, requieren que de manera previa el servidor público haya
participado o intervenido para lograr el resultado vedado por la Constitución. Tal
es la naturaleza de las cosas. Los resultados no son una simple consecuencia
azarosa, sino el fruto de un proceso mental de deliberación interno, que finiquita
de la manera anotada.

Frente a la segunda condición, la prohibición gira en torno a postular o designar a
las personas que participaron en la elección o nombramiento del servidor que
ahora tiene la calidad de elector. En este evento, no importa si el elector ostenta
o no la condición de servidor público al momento de su designación inicial. Esto
en la medida en que la norma constitucional no busca reglamentar el ingreso al
servicio público sino eliminar el nepotismo en cualquiera de sus formas en el
ejercicio del servicio público. (…)

A fin de lograr total claridad en la interpretación de la norma constitucional, la
Sala Plena procederá a dar un ejemplo. Para que se configure la prohibición del
inciso segundo del artículo 126 constitucional se requiere de dos momentos. Un
primer evento, en donde un sujeto (x) ostentando la calidad de servidor público
nombra o designa a un sujeto (y) para ingresar al servicio público. Y, una
segunda situación, sobre la cual recae la prohibición de la norma
constitucional, en la que el sujeto (y) nombra o designa posteriormente al sujeto
(x) como servidor público. En este evento, no importa si el sujeto (Y) ostentaba o
no la condición de servidor público al momento de su designación inicial. La

13 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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norma constitucional proscribe que el sujeto (y), quien fue nombrado o designado
por el sujeto (x), participe a futuro en el nombramiento o postulación como
servidor público del sujeto (x). (…)

La prohibición constitucional del artículo 126 fue redactada sobre el supuesto de
que un servidor público, en ejercicio de sus funciones, realice un nombramiento o
postulación (sujeto (y) nombra o designa posteriormente al sujeto (x) como
servidor público). No obstante, cuando no sea el servidor público sino un
órgano colegiado -al que pertenece dicho servidor- el que realiza el acto de
nombramiento o de postulación, la prohibición de dicho precepto
constitucional no debe ser entendida como de aplicación inmediata.”
(Negrilla fuera de texto)

Esta Sección14, derivó los siguientes presupuestos de la prohibición contenida
en el artículo que se estudia:

“a. Que un servidor público, en ejercicio de sus funciones, nombre, postule,
contrate, elija, participe o intervenga;
b. a quien a su vez intervino en su postulación o designación como servidor del
Estado;
c. que la decisión de nombrar, postular y elegir sea exclusiva del servidor
demandado, y no de un órgano colegiado al que él pertenezca”.

De las pruebas allegadas se encuentra que en la sesión extraordinaria del 1 de
julio de 2021, Acta 015, se aceptó el impedimento manifestado por el rector
para los asuntos relacionados con los procesos eleccionarios por tener la
calidad de candidato-rector y se nombró como rector ad-hoc a Marco Aurelio
Torres. De dicha acta se puede extraer lo siguiente:

“La Asesora Jurídica Externa responde que la misma Norma dispone que la
autoridad al aceptar el impedimento resuelve la pertinencia de designar un
funcionario Ad-Hoc.

(…)

El Secretario General en funciones de Secretario del CSU responde que el
encargo es una figura Autónoma, es una situación administrativa, la figura de la
designación de funciones y del funcionario ad-hoc es un poco distinto, ya que no
hay la misma rigurosidad en ese aspecto, pero entiende qué el Consejo Superior
quiere estar completamente tranquilo, por lo tanto, la salida más saludable es
designar a una persona que cumpla los mismos requisitos para ser Rector titular

14 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de mayo de 2022, expediente 11001-03-28-000-

2021-00070-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: William Rodríguez
Demandado: Eduardo Alberto Martínez Baquero

de la Universidad de los Llanos, la oficina de Personal debe indicar y certificar
quienes cumplen requisitos para ser Rector.

(…)

La Presidente recuerda que la Rectoría Ad-Hoc es para temas de elecciones
institucionales y los roles ante el Consejo Superior y Consejo Académico.

(…)

El Representante de los Profesores propone designar al Director de (sic) General
de Investigaciones15 ya que reúne todos los requisitos”.

De lo anterior se evidencia que quien resultó designado como rector ad-hoc fue
propuesto por el representante de los profesores y no por el demandado, pero
más importante aún, que fue nombrado por el Consejo Superior de la
Universidad de los Llanos, no por una persona en forma individual.

De otra parte, la elección del señor Eduardo Alberto Martínez Baquero no
deviene de una postulación o nombramiento del rector Ad-hoc, pues para ello
se surtió una convocatoria y fue elegido “mediante votación por una asamblea
de los gremios del Sector Productivo, legalmente constituidos y convocada para
tal efecto por la Universidad”16.

Así las cosas, no se encuentra la incidencia que tuvo el rector ad-hoc en la
elección del representante del sector productivo, pues si bien es quien firma la
convocatoria a ese certamen, lo cierto es que allí se reprodujeron los requisitos
exigibles para ese representante, consagrados en el Acuerdo 003 de 2021-
Estatuto General.

De otra parte, según el artículo 717 de la Resolución Rectoral 998 de 2021,
mediante la que se convocó la elección del representante del sector productivo,
era el Consejo Electoral el encargado de verificar el cumplimiento de los

15 Profesor Marco Aurelio Torres.
16 Artículo 16, numeral 3 del Acuerdo Superior 003 del 8 de abril de 2021, “por medio del cual se expide el

Estatuto General de la Universidad de los Llanos”.
17 “ARTÍCULO 7º. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y PUBLICACIÓN DE LISTA DE CANDIDATOS:

Determinar el 8 de octubre de 2021, como fecha para la verificación por parte del Consejo Electoral
Universitario, del cumplimiento de los requisitos generales y específicos establecidos para los aspirantes,
así como para la autorización de la candidatura de quienes los cumplan. Para los efectos se extenderá un
acta en la que consignen los resultados de la verificación y la lista definitiva de los candidatos autorizados,
la cual será publicada en página web y en la cartelera de la Secretaría General, según lo establece el
artículo 17º, parágrafo 4 del Acuerdo Superior No. 004 de 2006, el 11 de octubre de 2021”.

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requisitos generales y específicos, así como de autorizar la candidatura de
quienes los cumplieran, es decir, tal competencia no recaía exclusivamente en
el rector ad-hoc, sino en todos los miembros que integraban el Consejo
Electoral.

En consecuencia, no se encuentra probado que la elección censurada se
enmarque dentro de los presupuestos del denominado “yo te elijo, tú me eliges”,
ya que la misma derivó del proceso eleccionario adelantado con los gremios del
sector productivo.

8. Normas internas vulneradas.

8.1. Acuerdo 004 de 2006.

El actor aduce como vulnerados los artículos 2 numerales 4 y 37 parágrafo 2
del Acuerdo 004 de 2006, en los siguientes términos:

“Por otro lado, el Acuerdo Superior 004 de 2006 – Estatuto Electoral de la
Universidad, en su Parágrafo 2 del Artículo 37, establece: …“PARÁGRAFO
DOS: Todas las causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de
intereses, estipuladas en normas generales, tendrán aplicación en los
procedimientos electorales de la Universidad de los Llanos.”. Así las cosas,
en el numeral 4 del Artículo 2 del mismo Acuerdo Superior, establece como
Principio Rector: ..”4. PRINCIPIO DE LA CAPACIDAD ELECTORAL: Toda
persona que sea partícipe del proceso electoral, puede elegir y ser elegida,
mientras no exista norma expresa que le limite su derecho. En
consecuencia, las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de
interpretación restringida” (negrillas y cursivas del original).

Al respecto, se tiene que no se aportó el Acuerdo Superior 004 de 2006; sin
embargo, es preciso indicar que el señalamiento que se hace al demandado es
no haberse declarado impedido para participar en la reforma a los estatutos, lo
que, una vez más, se indica no configuró un conflicto de intereses, según se
explicó líneas atrás. Por lo demás, el actor no censuró que el señor Eduardo
Alberto Martínez Baquero se encontrara en causal inhabilidad para ejercer
como representante del sector productivo ante el CSU de la Universidad de los
Llanos.

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8.2. Incumplimiento del requisito especial contemplado en el Acuerdo 003
de 2021 (artículo 16, numeral 4), reproducido en la Resolución Rectoral
998 de 2021 (artículo 2).

El actor señaló que Eduardo Alberto Martínez Baquero no cumplió con uno de
los requisitos especiales que debía acreditar para participar en la convocatoria
para la elección del representante del sector productivo ante el CSU de la
Universidad de los Llanos, a saber:

• Del Acuerdo Superior 003 de 2021, Estatuto General de la Universidad:

“ARTÍCULO 16. REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Para ser miembro del Consejo
Superior Universitario, el Representante del Sector Productivo debe cumplir los
siguientes requisitos:

(…)

4. Que el gremio que lo postula sea miembro activo del Comité Intergremial del
Meta, mínimo, con dos años de antigüedad.

• De la Resolución Rectoral 0998 de 2021, por la que se convocó la elección del
representante del sector productivo:

“ARTÍCULO 2º. REQUISITOS: Señalar que de conformidad con lo previsto en
los artículos 11 y 16 del Acuerdo Superior Nº 003 de 2021, los aspirantes
interesados en inscribirse como candidatos a la elección del representante del
Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario deberán cumplir los
requisitos generales y específicos así:

(…)

REQUISITOS ESPECIALES:
“ACUERDO SUPERIOR 003 DE 2021:
ARTÍCULO 16. REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Para ser miembro del Consejo
Superior Universitario, el Representante del Sector Productivo debe cumplir los
siguientes requisitos:
(…)
4. Que el gremio que lo postula sea miembro activo del Comité Intergremial del
Meta, mínimo, con dos años de antigüedad.”

Los anteriores requisitos exigidos, deberán acreditarse así:
(…)

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El numeral 4, mediante constancia del Comité Intergremial del Meta, donde
manifiesta que es miembro activo con mínimo de dos años de antigüedad.

Respecto de este requisito el actor indicó que “al momento de la Inscripción
(sic) el gremio que lo postuló era afiliado del COMITÉ INTERGREMIAL DEL
META, pero no era MIEMBRO ACTIVO al momento (sic) de la inscripción de su
candidatura y por ende al momento (sic) de su declaratoria de elección”.

Frente a ello, el demandado explicó que en los estatutos del Comité
Intergremial del Meta no existe la condición de afiliado inactivo, además señaló
que por el hecho de que Prodelmeta, gremio que lo postuló, no estuviera al día
en el pago de sus aportes no se podía entender que automáticamente pasaba a
estar en esa condición, precisamente por no preverlo esas normas internas,
máxime cuando en las cuentas de cobro de los aportes de sostenimiento se leía
“afiliado activo”.

Es pertinente indicar que la Resolución Rectoral 998 fue modificada con la
Resolución Rectoral 1005 de 2021, y precisó lo siguiente en cuanto a la forma
de acreditar el numeral cuarto, que está en discusión:

“El numeral 4, mediante Certificación del Comité Intergremial del Meta, que
certifique al gremio postulante como miembro activo, con un mínimo de dos (2)
años de antigüedad”.

En punto al cumplimiento de este requisito se encuentra que el 6 de octubre de
2021, el CIM allegó la siguiente comunicación a la Universidad de los Llanos:

“La presente tiene como propósito informar a la Universidad de los Llanos –
UNILLANOS, de conformidad con el Estatuto General, acuerdo 003 del 8 de abril
de 2021, y las resoluciones rectorales No. 998 y 1005 de septiembre de 2021,
que reglamentan el proceso electoral del Consejo Superior Universitario para el
periodo institucional 2022-2024, que ningún gremio o sus representantes
habilitados solicitaron certificación especial como miembros activos y antigüedad
en el CIM para efectos de postular candidatos con destino específico a
UNILLANOS y para este proceso electoral.

En consecuencia, la corporación no ha emitido certificación alguna que acredite
esta calidad ni su antigüedad con fecha posterior a las nuevas normas de la
Universidad. Así las cosas, cualquier certificación que se pueda presentar no
tiene la trazabilidad debida para la elección del representante del sector
productivo al Consejo Superior Universitario 2022-2024”.

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En respuesta a la anterior comunicación, el 8 de octubre de 2021, el Consejo
Electoral le solicitó al CIM indicar si la Universidad había solicitado la
información enviada, el propósito de dicho documento y las asociaciones
gremiales que pertenecían a ese comité.

En atención a lo anterior, el CIM manifestó que la Universidad no le había
solicitado dicha información, que el propósito de la misiva del 6 de octubre de
2021 era poner en conocimiento de ese comité que no se solicitó certificación
alguna que acreditara la antigüedad y la condición de activo.

Finalmente indicó los gremios afiliados, así:

1. ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL META - AGAMETA
2. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA –
ASORINOQUIA
3. CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO - CCV
4. COTELCO – META
5. ANDI - META Y LLANOS ORIENTALES
6. PARQUESOFT META Y AMAZORINOQUIA
7. ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL META / PRODELMETA
8. COMITÉ DE GANADEROS DEL META
9. LONJALLANOS
10. FEDEARROZ – META
11. FENALCO META
12. FEDEPALMA REGIÓN ORIENTAL
13. SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS – SCA
14. SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL META – SIM
15. SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE VILLAVICENCIO - SMPV

De los cuales hay unos activos en pleno goce de sus derechos y deberes y otros
no” (se resalta).

El 19 de octubre de 2021, el Comité Intergremial del Meta – CIM le solicitó a
Prodelmeta que retirara la candidatura del señor Eduardo Alberto Martínez
Baquero por considerar que el CIM no reglamentó la certificación especial para
acreditar la condición de miembro activo, que Prodelmeta no solicitó dicha
certificación y que, en todo caso, ella no se hubiera podido expedir en tanto que
“no están a paz y salvo y no están en el ejercicio pleno de sus derechos y
deberes estatutarios a septiembre de 2021 con el CIM”.

De otra parte, el demandado allegó al proceso las cuentas de cobro que envió
el CIM al PRODELMETA por concepto de aporte de la cuota de sostenimiento

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por los meses de febrero, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2021, en todas ellas se indica “en su calidad de
afiliado activo”.

También se allegaron unos correos electrónicos remitidos por el CIM el 14 de
diciembre de 202018, 19 de enero19, 10 de marzo20 y 21 de junio de 202121
enviados, entre otros a eduardo.martinezb@hotmail.com
<eduardo.martinezb@hotmail.com> en los que se lee “estimados afiliados”.

En los estatutos del CIM aprobados el 19 de diciembre de 2017, se observa que
PRODELMETA fue incluido dentro de los miembros fundadores activos, en
varios apartes de dicha disposición se habla de miembros activos, pero en
ninguno de sus artículos se explica qué se entiende por esa condición, el
artículo 41 se refiere al retiro de sus miembros y una de las causales es “1. Por
disolución o inactividad durante más de un año de la organización gremial, o
institución”, sin que se especifique en qué consiste dicha inactividad.

En el parágrafo de ese artículo se indica que los miembros del CIM asumen el
compromiso de pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias, pero no se
establece una consecuencia ante la falta de pago, ni se menciona que ese
hecho implica que el gremio quede inactivo, adicionalmente se señala que la
calidad de miembro no es transferible y que se pierde por disolución o
liquidación del gremio, por renuncia o por decisión de la asamblea general.

De otra parte, se allegó el certificado de existencia y representación legal de la
Corporación de Agremiaciones de Profesionales del Meta – PRODELMETA, en
el que figura como representante legal Eduardo Alberto Martínez Baquero.

Así mismo, se aportó el certificado de existencia y representación legal de la
Corporación Comité Intergremial del Meta en el que consta que el demandado
fue elegido miembro de esa Junta Directiva el 31 de julio de 2020.

Frente a ello es importante traer el artículo 27 de los estatutos del CIM, que
consagra:

18 Con el asunto “CARTA CIRCULAR FACTURACIÓN Y CARTERA DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO”.
19 En el que se indicaba el valor de la cuota para el año 2021.
20 Invitación a una reunión con la Universidad de los Llanos.
21 Convocatoria e invitación a reunión de junta directiva ampliada.

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“Artículo 27. Candidatos a la Junta Directiva del CIM.
Los miembros del CIM postulados a la Junta Directiva, deberán reunir los
siguientes requisitos:
1. Acreditar mínimo dos (2) años de permanencia en el CIM.
2. Ser Presidente, Vicepresidente, Presidente Ejecutivo, representante legal o
Director Ejecutivo de un miembro fundador activo o adherente del CIM.
3. Acreditar asistencia de por lo menos al 80% de las sesiones plenarias del CIM,
en el año inmediatamente anterior.
4. El candidato debe presentar el correspondiente paz y salvo expedido por
la Tesorería del CIM”.

En consecuencia, de los anteriores medios de convicción, se tiene que
Prodelmeta era miembro del CIM, por lo menos desde el 19 de diciembre de
2017, como la inscripción inició el 30 de septiembre de 2021, cumplía con el
requisito de antigüedad, frente al cual no se hace reparo alguno.

La discusión se centra en determinar si se encontraba activo o no, lo cual como
se vio, no se encuentra definido en los estatutos del CIM, así como tampoco se
fijó una consecuencia para la falta de pago de los aportes de sostenimiento. De
otro lado, algunos documentos dan cuenta de que el tratamiento que se le daba
a Prodelmeta era de afiliado activo.

Sumado a lo anterior, el CIM informó que la condición de miembro inactivo no
se encuentra regulada en sus estatutos y que a pesar de que un gremio sea
activo, puede ver limitados sus derecho, según el artículo 22 de su
reglamentación.

De lo anterior se hace evidente que una cosa es que la agremiación tenga
limitados sus derechos, como lo señala el artículo 22 de los estatutos del CIM,
para poder emitir un voto y, otra diferente, que se encuentre inactivo, se resalta

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que el propio comité señala que esa limitación a los derechos se da aun
cuando el gremio se encuentre activo.

Así las cosas, para la Sala es dable concluir que Prodelmenta era miembro
activo del CIM, por dos razones: i) se encontraba afiliada a ese comité y ii) no
se allegó prueba de que esa organización hubiera cesado en sus funciones o se
hubiera disuelto, que son los dos únicos eventos en los que se entienden
retirados los miembros de esa agremiación, que sería lo mas cercano a una
condición de inactivo.

Sumado a lo anterior, con los antecedentes administrativos se allegó la
certificación que se aportó para el proceso eleccionario, la que da cuenta que
Prodelmeta se encontraba activo, en ella se lee:

Así las cosas, del material probatorio recaudado la Sala concluye que el
demandado cumplió con el requisito referente a que el gremio que lo postuló
era miembro activo y con la antigüedad requerida en el Comité Intergremial del
Meta.

Si bien el CIM le informó a la Universidad de los Llanos que no había expedido
certificación alguna con destino a ese proceso eleccionario, precisó que no lo
había hecho “con fecha posterior a las nuevas normas de la Universidad” , sin
señalar a qué normas se refiere o a qué fechas en particular, sumado a que no
desconoció que en algún momento hubiera emitido tal certificación y la que se
aportó data del 25 de febrero de 2021, la que apreciada con el material
probatorio reseñado, permite concluir que se cumplió con el requisito exigido, es
decir, que el gremio que postuló al demandado era miembro activo del CIM.

La constación de su condición de activo es suficiente para entender acreditado
el requisito de la convocatoria, ya que exigir la certificación sería en extremo
gravoso y, además, de imposible cumplimiento, pues como bien lo reconoció el
CIM, no tiene regulado las condiciones para ello22, y además, según sus
estatutos y su propia comunicación, el hecho de no estar a paz y salvo, no

22 “no reglamentó la certificación especial para acreditar la condición de miembro activo”

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implica per se que pierda la condición de activo, la que adquirió cuando se le
incluyó dentro de esa organización como miembro “fundador activo”.

Así las cosas, se negarán las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, referentes a la nulidad del
acto que declaró la elección de Eduardo Alberto Martínez Baquero, como
representante del sector productivo del Consejo Superior de la universidad de
los Llanos.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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