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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00493-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00493-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso adelantado por María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara en contra del municipio de Mompox, que declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por ausencia de la proposición jurídica completa y en consecuencia se inhibió de resolver de fondo la controversia; y en su lugar: Segundo. Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar adoptar las medidas de saneamiento pertinentes y emita un pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones de la demanda presentada por María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara contra el municipio de Mompox, eso sí, con la prioridad que demanda el presente caso. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000- 2020-00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente JMC CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. 18

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2013-00493-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00493-01 (2635-2020)
Demandante: María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara
Demandado: Municipio de Mompox, Bolívar

Tema: Ineptitud sustantiva de la demanda. Poderes del juez para evitar
proferir una sentencia inhibitoria

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por María del Pilar Gutiérrez de
Piñeres de Abuabara contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2019 por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual declaró probada de oficio
la excepción de inepta demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 121129-01
del 29 de noviembre de 2012, mediante la cual el alcalde del municipio de Mompox
resolvió «confirmar y estarse a lo resuelto mediante Acto Administrativo No. 120903-01»
con el cual se negó el reconocimiento de la relación laboral.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó el reconocimiento y pago de: i) las cesantías correspondientes al periodo
comprendido entre 1996 y la fecha de presentación de la demanda; ii) los salarios
dejados de percibir desde marzo de 2012 hasta «la fecha en la que se hagan efectivas
las obligaciones»; y iii) las cotizaciones de salud al sistema de seguridad social y una

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandante: María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara

«pensión vitalicia por invalidez».

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara prestó sus servicios como: i)
secretaria privada del alcalde de Mompox entre el 2 de diciembre de 1996 y el 31
de diciembre de 1997; y ii) asistente 02 del Fondo de Vivienda de Interés Social de
Mompox2 a partir el 18 de mayo de 1998.

3.2. Fovimox «se consideró un establecimiento público del orden municipal con
autonomía administrativa, pero a raíz de varias reestructuraciones en la actualidad
pertenece al Departamento Administrativo de Planeación Municipal y que el pasivo
dejado por ese organismo ha sido asumido directamente por la Alcaldía Municipal de
Mompox, que es la que se encarga de girar los dineros para el pago de las acreencias
insolutas».

3.3. Con ocasión de los «trastornos psiquiátricos» que padeció la demandante, le
fueron concedidas incapacidades médicas, pese a lo cual, el empleador no cumplió
con la obligación de adelantar el trámite pertinente con el fin de que fuera valorada
por la junta regional de invalidez.

3.4. El15 de septiembre de 2003, el juez civil del circuito de Mompox profirió
sentencia de segunda instancia dentro del trámite de la acción de tutela presentada
por la demandante, en la cual le fueron tutelados sus derechos fundamentales y en
consecuencia le ordenó a la entidad demandada que pagara «los emolumentos y
demás que pueda necesitar la accionante, para que pueda continuar con su tratamiento
médico especializado, en la ciudad de Cartagena con la finalidad de conjurar su crisis
nerviosa o el trastorno que viene padeciendo, o si es del caso detener la enfermedad con
lo que la ciencia médica haya creado, incluyendo transporte, estadía, pagos de consultas,
tratamientos médicos, pago de drogas, intervenciones quirúrgicas, si es el caso y demás
que requieran medicamente hablando».

3.4.1. En el ordinal 3 de la sentencia de tutela, igualmente se ordenó a la alcaldía
pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por María del Pilar
Gutiérrez de Piñeres de Abuabara.

3.5. El municipio de Mompox dio cumplimiento a la orden judicial hasta el mes de
septiembre de 2012, cuando le negó a través de la Resolución 120903 el pago de

2
En adelante Fovimox

2

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salarios y prestaciones sociales a partir de esa fecha. La anterior decisión fue
confirmada con la Resolución 121129-01 del 29 de noviembre de 2012, mediante la
cual se resolvió el recurso de reposición.

1.1.3. Trámite en primera instancia

4. Mediante auto del 14 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo de Bolívar
inadmitió la demanda al considerar que no cumplió con el requisito previsto en el
artículo 162.4 del CPACA, por cuanto no relacionó las normas que consideraba
violadas ni explicó el concepto de violación.

5. Sin embargo, la demanda fue admitida mediante providencia del 23 de septiembre
de 20133, en la cual el magistrado sustanciador precisó:

«Advierte el despacho, que muy a pesar que la parte demandante no subsanó el defecto
señalado, del estudio integral del libelo de la demanda se puede inferir las normas
vulneradas y el concepto de violación, por lo que en aras de la protección de los derechos
fundamentales citados, la presente demanda será admitida.

Por otra parte, a folios 140-144 se observa escrito de subsanación de la demanda, el
cual tiene carácter de extemporáneo, al respecto advierte el despacho que la demanda
será admitida no por las razones expuestas en dicho escrito, sino por las señaladas en
la presente providencia.» (sic)

1.2. Contestación de la demanda

6. El municipio de Mompox no contestó la demanda.

1.4. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró probada de oficio la excepción de
inepta demanda por ausencia de la proposición jurídica necesaria para definir de
manera adecuada las pretensiones de la demandante. Para tal efecto se pronunció
en estos términos4:

7.1. De acuerdo con el artículo 163 del CPACA, si contra el acto principal que ha de
ser objeto de cuestionamiento en sede judicial se interpusieron recursos, no será
necesario demandar expresamente los actos que resuelven dichos recursos, pues
estos se entenderán demandados; sin embargo, esa regla no se aplica «a la inversa,
es decir si se demandan solo los actos que resuelven los recursos, no se entenderá
demandado el acto principal y en ese evento se configura una ineptitud sustantiva de la

3
Folios 145 a 150.
4
Folios 188 y 193 del cuaderno principal.

3

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demanda».

7.2. En el presente asunto, se pretende la nulidad de la Resolución 121129-01 del 29
de noviembre de 2012, por medio de la cual la Alcaldía del municipio de Mompox
resolvió desfavorablemente el recurso de reposición presentado contra la
Resolución 120903-01 del 3 de septiembre de 2012.

7.3. Por lo anterior, como no se pretendió de manera expresa la nulidad de la
Resolución 120903-01, con la cual la entidad demandada negó el pago de primas
de servicios, salarios adeudados, pensión de invalidez y declaró la prescripción de
las cesantías, no era posible adelantar un análisis de legalidad frente al acto
censurado, pues este no afectó, en principio, el derecho subjetivo, esto es no
contenía la decisión tachada de ilegalidad.

1.5. Recurso de apelación

8. María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia5 con fundamento en los siguientes argumentos:

8.1. El tribunal desconoció que, en el escrito de subsanación, además de precisar las
normas violadas y explicar el concepto de violación, corrigió la demanda « en el
sentido específico de solicitar […] que también se declarara así mismo la nulidad
absoluta de las resoluciones No 120903-1 del 3 de septiembre del año 2012 y la No
120905-01 del 5 de septiembre del año 2012 y ratificó la solicitud de nulidad de la
resolución No 121129-01 del 29 de noviembre del año 2012» (sic).

8.2. De acuerdo con el artículo 173 del CPACA «[l]a reforma podrá proponerse hasta el
vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda», por lo que el
escrito que allegó al proceso el 17 de septiembre de 2013, que tuvo por objeto
subsanar y corregir la demanda, fue presentado dentro del término previsto en la
referida disposición, teniendo en cuenta que la demanda fue admitida el 23 de
septiembre de 2013.

8.3. Porlo anterior, no existió vicio sustancial ni formal en el contenido de la
pretensión anulatoria que conllevara a declarar la excepción de inepta demanda y,
contrario a la conclusión a la que llegó el tribunal, era procedente un
pronunciamiento de fondo.

1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

9. Las partes guardaron silencio.

5 Folios 228 a 231.

4

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1.7. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto en el
presente asunto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

11. Consisten en determinar ¿si en el presente asunto había lugar a declarar la
excepción de inepta demanda?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre las decisiones judiciales inhibitorias

12. El artículo 3, numeral 11, del CPACA establece el principio orientador de eficacia,
el cual tiene como fin que «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.».

13. La Corte Constitucional6 definió la sentencia inhibitoria como la antítesis de la
función judicial, la cual está dirigida a resolver los conflictos que surgen en la
sociedad, pues en aplicación de los artículos 228 y 229 de la Constitución Política
los jueces tienen la obligación de adoptar decisiones de fondo en los asuntos
materia del proceso; y solo en casos excepcionales en los que el juez tenga certeza
que no hay otra alternativa procederá la inhibición.

14. Por su parte, esta Corporación7 ha precisado que «cuando un asunto litigioso de
cualquier naturaleza es llevado a los estrados judiciales, la regla general es que debe
culminar con una decisión fondo (sic), declarando o negando el derecho, y que lo
excepcional son las sentencias inhibitorias, con las cuales el derecho queda en
indefinición.».

15. Aunado a lo anterior, la interpretación de las reglas procesales debe permitir la
realización del derecho de acceso a la administración de justicia, en sentido

6 Sentencia C-666 del 28 de noviembre de 1996, MP José Gregorio Hernández Galindo.
7 Sentencia del 13 de febrero de 2014, proferida en el expediente con radicado interno 1338-2011,

MP Gustavo Gómez Aranguren.

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material, principio previsto en el artículo 229 de la Constitución Política y en el
artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos8.

16. Respecto de ese principio, esta Corporación ha señalado que debe ser entendido
como «norma de mayor peso o importancia o como un mandato de optimización, es claro
que el rol que desempeña un principio, como lo es el del acceso a la administración de
justicia, consiste en servir de criterio de interpretación adecuadora de las reglas que
desarrollan el principio, lo que implica que el Juez debe tomar partido, en el ejercicio
interpretativo, por la norma jurídica que en la mayor medida desarrolle el principio que le
sirve de base y, en dado caso, imponer su prescripción sobre las demás, de manera que
se deba atender de forma preferente al mandato de acción u omisión que se derive del
principio frente a la regla; de esta manera se garantiza la vigencia del principio a través del
resto de las normas producidas en el sistema jurídico.»9.

17. En la referida providencia se expuso que, de acuerdo con los artículos 1.1, 2, 8.1,
10 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establecen la
tutela del derecho de acceso a la justicia y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos10, «la eficacia de las garantías judiciales
consagradas en el artículo 25 no se limitan a la existencia de los recursos judiciales, sino
que por virtud de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos
estos deben ser efectivos, esto es, adecuarse y dotarse de la eficacia para la finalidad de
justicia material para los que fueron concebidos, de manera que pueda resolver la situación
jurídica de cada persona con las plenas garantías democráticas. Lo anterior significa que
en el marco de todos los procedimientos, jurisdiccionales o no, que se adelanten por las
autoridades estatales es deber indiscutible la preservación de las garantías procesales, de
orden material, que permitan, en la mayor medida de las posibilidades fácticas y jurídicas,
la defensa de las posiciones jurídicas particulares de quienes se han involucrado en uno de
tales procedimientos.».

18. Seprecisa, que la interpretación de las normas procesales que realice el
operador judicial debe estar orientada a garantizar el principio de acceso a la
administración de justicia11.

8 «Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante

los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.».
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2015, proferida en el

expediente con radicado 54001-23-31-000-2002-01809-01(42523), MP Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras,

sentencia del 29 de julio de 1988 y Caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 11 de marzo de 2016, proferida en el

expediente con 050012331000200301739 01 (1634-2013), MP William Hernández Gómez.

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19. Ahora bien, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha señalado que es
obligación de los jueces decidir de fondo la problemática puesta a su
consideración12. No obstante, en algunos casos y de forma excepcional, es
procedente que la autoridad judicial profiera un fallo inhibitorio. Y en la sentencia T-
713 de 2013, afirmó:

«[…] En principio, las decisiones inhibitorias no tienen cabida dentro del ordenamiento
jurídico colombiano, pues impiden la garantía de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, por cuanto no resuelven de fondo la
controversia por la cual el ciudadano acudió a la jurisdicción, prolongando con ello la
incertidumbre sobre el derecho subjetivo alegado.

No obstante, la Corte manifestó que dicha afirmación no podía ser absoluta,
considerando así la posibilidad de que existan fallos inhibitorios en “casos extremos”,
cuando quiera que se establezca con plena seguridad que el juez no tiene otra
alternativa. Según lo indicado por esta Corporación, lo anterior debe corresponder “a una
excepción fundada en motivos ciertos que puedan ser corroborados en los que se funde
objetiva y plenamente la negativa de resolución sustancial”, pues de lo contrario, como
ya se expresó, constituiría una forma de obstruir a las personas el acceso a la
administración justicia y, en consecuencia, la incursión por parte del juez en uno de los
defectos señalado por la jurisprudencia para que proceda la acción de tutela. […]» (sic).

20. En ese orden, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido dos
eventos en los que es posible que los jueces dicten fallos inhibitorios, estos son: i)
falta de jurisdicción y ii) cuando agotados los mecanismos jurídicos con los que
cuenta el juez, no es posible decidir de fondo.

21. En tal sentido, esta Corporación ha reiterado esa posición, al indicar que «[e]l juez
debe siempre procurar dictar sentencias de fondo que pongan fin al conflicto jurídico que le
proponen las partes. Los fallos inhibitorios son la excepción y únicamente proceden cuando
es insuperable la causa que no se advirtió al inicio del proceso y que se mantiene aún en
la sentencia, como en el caso de la caducidad de la acción.».13

22. Por lo tanto, la autoridad judicial debe procurar proferir decisiones de fondo, y
solo en los casos que de forma expresa se ha señalado proceder a la expedición de
sentencias inhibitorias.

2.3. Caso concreto

23. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

12 Sentencias T-713 de 2013, T-794 de 2011, y C-258 de 2008.
13 Consejo de Estado, sentencias proferidas en los procesos con radicados 2014-03055-00, 2002-

02193-01, y 2003-00040-01.

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23.1. María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara nació el 6 de noviembre de
195414.

23.2. La demandante prestó sus servicios en el Banco Popular entre el 2 de diciembre
de 1974 y el 1 de septiembre de 199215, de acuerdo con la certificación expedida
por el asistente regional de personal de la entidad (zona norte).

23.3. A través del Decreto 232 de 1996 fue nombrada en el cargo de secretaria
privada de la Alcaldía de Mompox, del cual tomó posesión el 2 de diciembre de ese
año16.

23.4. De acuerdo con la certificación expedida por el jefe de personal de la Alcaldía
de Mompox, ocupó el cargo de secretaria privada entre el 2 de diciembre de 1996 y
el 31 de diciembre de 199717.

23.5. Mediante Resolución 002 de 1998 fue nombrada en provisionalidad en el cargo
de asistente nivel 02 del Fondo de Vivienda de Interés Social de Mompox (Bolívar)18,
del cual tomó posesión el 18 de mayo de ese año19.

23.6. A través de la Resolución 025 de 1999, la demandante fue elegida como la
«mejor compañera» de la entidad en el periodo comprendido entre el 27 de agosto
de 1998 y el 27 de agosto de 1999.

23.7. De acuerdo con la Resolución 012 de 2000 la actora fue elegida como la «mejor
funcionaria» de Fovismox en el periodo laboral comprendido entre el 27 de agosto
de 1999 y el 27 de agosto de 2000.

23.8. El Juzgado Civil del Circuito de Mompox, el 15 de septiembre de 2003 profirió
sentencia de segunda instancia dentro de la acción de tutela en la que dispuso20:

«1.) No se accede a tutelar los derechos constitucionales al trabajo y a la percepción
de un salario solicitado por la accionante MARIA DEL PILAR GUTIÈRREZ DE
PIÑERES DE ABUABARA y en contra del Dr. EDILBERTO ARÈVALO MONTESINO,
o quien haga sus veces, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del fondo
de Vivienda de Interés Social – FOVISMOX – adscrito a la alcaldía de esta ciudad
de Mompox Bol., y quien funge a su vez como alcalde municipal de esta ciudad, por

14
Como consta en la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 183.
15
Folio 198.
16
Folio 195.
17
Folio 194.
18
En adelante Fovimox.
19
Folio 189.
20
Folios 26 a 36.

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las razones de orden lógico y jurídico, acabados de exponer.

2.) Se accede a tutelar y como en efecto así se hace el derecho constitucional
fundamental a la seguridad social, en conexidad con el derecho a la salud y a la vida
a favor de la accionante y en contra de la accionada, por las razones expuestas. En
consecuencia se le ordena a la entidad demandada para que sufrague los
emolumentos y demás que pueda necesitar la accionante para que pueda continuar
con su tratamiento médico especializado en la ciudad de Cartagena con la finalidad
de conjurar la crisis nerviosa o el trastorno mental que viene padeciendo o si es del
detener la enfermedad, de conformidad con lo que la ciencia médica haya creado
incluyendo transporte, estadía, pagos de consultas, tratamientos médicos, pago de
drogas, intervenciones quirúrgicas, si es del caso y demás que se requieran
medicamente hablando.

Igualmente se le ordena a la autoridad demandada, en aras de garantizar la salud y
demás derechos fundamentales conexos, afiliar a la accionante a una EPS de la
localidad, dentro de las 48 horas siguientes a este fallo. En este sentido se confirma
el Numeral segundo de la sentencia de Primera Instancia. Lo anterior con
fundamento en lo expuesto en la motivación de esta sentencia.

3.) Se accede a tutelar el derecho al mínimo vital y móvil solicitado por la actora y en
contra de la accionada, por las razones expuestas anteriormente. En consecuencia
se le ordena a la autoridad demandada para que de manera inmediata le sean
cancelados a la accionante los salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar
y hasta la fecha de esta providencia, en el evento de tener disponible dichos dineros.
De todos modos, se le concede a la autoridad demandada un plazo máximo de 10
días para que gestione, obtenga y le sean cancelados los salarios y prestaciones
sociales debidos a la actora. …» (sic para toda la cita).

23.9. María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara y el alcalde del municipio de
Mompox, suscribieron un acta de conciliación el 19 de diciembre de 2003 en la que
el ente territorial demandado «acepta y reconoce los valores dinerarios
correspondientes a salarios y prestaciones sociales – que fueron objeto de tutela por
parte del Juzgado Civil del Circuito de esta ciudad mediante providencia de septiembre
15 de 2003 … amén de garantizar la atención especializada que requiere la parte
actora, como consecuencia de la crisis nerviosa que padece la misma, la cual asumirá
el municipio de manera ininterrumpida hasta que se produzca la resolución mediante la
cual se conceda la pensión de invalidez y/o jubilación …». (sic)

23.10. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas en el proceso, la Alcaldía
efectuó a la demandante los siguientes pagos21:

Actos Descuentos a
Año Meses Por concepto
administrativos salud y pensión
2004 Mayo a diciembre Resolución 040 «Por medio de la No

21
Folios 52 a 132.

9

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Demandante: María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara

de 2006 cual se reconoce
y ordena la
cancelación de
unos salarios a
un servidor del
Fondo de
Vivienda de
Interés Social
como política de
protección de los
derechos
laborales y
mínimo vital»
Resoluciones
2004 Enero a abril 256 y 291 de Sí
2004
Resoluciones
016, 030, 059,
2005 Enero a diciembre 126, 159, 187, Sí
215, 242, 249 y
286 del 2005
«Por el cual se
Resoluciones
ordena la
035, 045, 082,
cancelación de
2006 Enero a diciembre 109, 126, 148, Sí
unos salarios a
202 y 303 del
un servidor del
2006
Fondo de
Vacaciones «no
Vivienda de
disfrutadas»
Interés Social,
correspondientes a
como política de
los periodos
cumplimiento a
comprendidos entre Resolución 117
2006 un fallo de tutela No
el 18 de mayo de del 2006
y de protección al
2004 y el 17 de mayo
mínimo vital»
de 2005 y el 18 de
mayo de 2005 y el 14
de mayo de 2006.
Resoluciones
021, 055, 074,
2007 Enero a diciembre 369, 402, 423, Sí
449, 479, 530,
579 del 2007
Resoluciones «Por el cual se
2008 Marzo y diciembre 116, 331 del ordena la Sí
2008 cancelación de
unos salarios a
un servidor del
Resolución 11 12
2011 Diciembre Fondo de
29 01 del 2011
Vivienda de
Interés Social en

10

Radicado: 13001-23-33-000-2013-00493-01 (2635-2020)
Demandante: María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara

Liquidación,
como
mecanismo
provisional para
la protección del
mínimo vital y de
seguridad social
como política de
cumplimiento a
un fallo de tutela
y de protección al
mínimo vital»

23.11. El 19 de julio de 2021, la demandante solicitó a la Alcaldía de Mompox el pago
de las sumas adeudadas por concepto de primas, vacaciones y salarios, así como
el reconocimiento de una pensión de jubilación. La anterior petición fue resuelta por
el ente territorial a través de la Resolución 120903-1 del 3 de septiembre de 2012,
mediante la cual resolvió negar la existencia de una relación laboral y como
consecuencia negar el pago de las prestaciones solicitadas. Decisión que se notificó
el 21 de septiembre de 2013. Asimismo, en los artículos quinto y sexto del referido
acto administrativo dispuso:

«ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la remisión de aportes de seguridad social en pensión,
al fondo pensional escogido por la solicitante, correspondiente a los periodos 2 de
diciembre de 1996 hasta el día 31 de diciembre de 1997 y 18 de mayo de 1998 a 31 de
diciembre de 1998.

ARTÍCULO SEXTO: Dado el caso que los recursos entregados a la señora MARÍA DEL
PILAR GUTIÉRREZ DE PIÑERES a partir del fallo de fecha 15 de septiembre de 2003
hasta la fecha de expedición del presente acto administrativo excedan lo autorizado en
la ley, se ordena la compensación de la obligación con el pago de los aportes
pensionales u otro concepto adeudados a la peticionaria por parte del Municipio de
Mompox.»

23.12. Contra la anterior resolución se presentó recurso de reposición el cual fue
resuelto con la Resolución 121129-01 del 29 de noviembre de 2012 que dispuso
confirmar y «estarse a lo resuelto mediante Acto Administrativo No. 120903-01».
Decisión notificada personalmente el 15 de enero de 2013.

2.4. Análisis sustancial

2.4.1. Excepción de inepta demanda

24. La Sala debe determinar si como lo concluyó el Tribunal Administrativo de
Bolívar, en el caso en estudio se encuentran vicios de forma que permitan declarar
de oficio la excepción de inepta demanda por la indebida individualización del acto

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Demandante: María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara

acusado o si, por el contrario, lo procedente es analizar el fondo del litigio.

25. En el caso concreto se advierte que el tribunal inadmitió la demanda mediante
auto del 14 de agosto de 2013, al considerar que no cumplió con el requisito exigido
en el artículo 162.4 del CPACA, esto, por cuanto la demandante no relacionó las
normas que consideraba violadas por la entidad demandada ni tampoco explicó el
concepto de la violación.

26. Posteriormente, en la providencia del 23 de septiembre de 2013, el magistrado
sustanciador concluyó que «muy a pesar que la parte demandante no subsanó el
defecto señalado, del estudio integral del libelo de la demanda se pueden inferir las
normas vulneradas y el concepto de violación, por lo que en aras de la protección de
los derechos fundamentales citados, la presente demanda será admitida» (sic), de
acuerdo con lo anterior, pese a los vicios que ostentaba la demanda consideró que
el estudio integral de esta permitía un análisis de fondo.

27. No obstante, el 25 de noviembre de 2019, el a quo profirió sentencia en la que
declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda por ausencia de la
proposición jurídica necesaria para definir de manera adecuada la pretensión de la
actora.

28. Sobre el particular, se pone de presente que a través del CPACA el legislador le
asignó al juez contencioso el deber de adoptar medidas de saneamiento con el fin
de evitar sentencias inhibitorias; en ese sentido se encuentran los siguientes
artículos:

«Artículo 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la
de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una
audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

…

5. Saneamiento. El juez deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios
que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar
sentencias inhibitorias. …»

«Artículo 207. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá
el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo
que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes.»

29. De las anteriores disposiciones se evidencia que el estatuto procesal que rige las
actuaciones judiciales que se surten en la Jurisdicción de lo contencioso-
administrativo impuso al juez, como director del proceso, el deber de adelantar
control de legalidad durante las diferentes etapas procesales con el fin de sanear

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Demandante: María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara

los vicios que puedan afectarlo y así, evitar sentencias inhibitorias, como la que es
objeto de apelación.

30. Adicional a lo expuesto, es importante poner de presente que el deber de efectuar
control de legalidad en las diferentes etapas procesales no es exclusivo del juez
contencioso, sino que el legislador ha entendido que este debe irradiar la función
judicial de cualquier jurisdicción, razón por la cual también se encuentra previsto en
el artículo 42.5 del Código General del Proceso que de manera expresa dispone
«son deberes del juez … Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear
los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e
interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta
interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia».

31. Ahora bien, el tribunal concluyó que en el sub judice no se formuló la proposición
jurídica completa, por cuanto solo se pidió la nulidad de la Resolución 121129-01
mediante la cual se resolvió el recurso de reposición presentado contra el acto que
negó el reconocimiento pretendido por la demandante. Pese a lo anterior, tal
situación no fue advertida por el a quo al momento de inadmitir la demanda y
tampoco fue obstáculo para su posterior admisión no obstante la falta de
subsanación de esta, lo que se evidencia en lo dicho por esa autoridad judicial en
esa oportunidad, según lo cual, una lectura integral de esta permitía su admisión.

32. De acuerdo con lo anterior, esta subsección no encuentra congruencia entre la
decisión del tribunal de admitir la demanda acudiendo a la interpretación para
superar vicios de forma, con el argumento de proteger derechos fundamentales, y
la posterior sentencia inhibitoria al concluir que en la demanda no se pidió de
manera expresa la nulidad del acto principal Resolución 120903-01 del 3 de
septiembre de 2012 omisión que «vicia sustancialmente el contenido de la pretensión
anulatoria en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
que se traduce en la configuración de la excepción de inepta demanda por indebida
individualización del acto acusado …».

33. Adicional a lo expuesto, se advierte que el 17 de septiembre de 2013 la
demandante allegó memorial con el propósito de subsanar la demanda, el cual no
consideró el despacho sustanciador de primera instancia por cuanto fue presentado
por fuera del término procesal establecido para esos efectos. En el referido
documento se puede leer lo siguiente «solicito que, además, se declare así mismo
la Nulidad absoluta de las Resoluciones No 120903-01 de 2 de septiembre del año 2012
y la No 120905-01 de 5 de septiembre del año 2012, referenciadas y anexas en la
demanda como pruebas».

34. En ese sentido, y aunque le asiste razón al tribunal al afirmar que la demanda

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Demandante: María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara

fue subsanada de manera extemporánea, en consideración a que la decisión del a
quo fue proteger los derechos fundamentales de la demandante y como
consecuencia abrirle las puertas de la jurisdicción, esa interpretación le permitía
entender el mencionado documento como una «reforma de la demanda22», en
consideración a que fue presentada dentro del término procesal hasta el
vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda y que su
presentación extemporánea, se insiste, no fue óbice para su admisión. Además, se
observa que dentro de los anexos de la demanda se encontraba copia de la
Resolución 120903-01 del 2 de septiembre del año 2012, lo que permitía la correcta
individualización del acto.

35. Como se dijo antes, en la decisión objeto de apelación, el a quo sustentó su
decisión en el artículo 163 del CPACA, comoquiera que, si contra el acto principal
que ha de ser objeto de cuestionamiento en sede judicial se interpusieron recursos,
no será necesario demandar expresamente los actos que resuelven dichos
recursos, pues estos se entenderán demandados; sin embargo, esa regla no se
aplica «a la inversa, es decir si se demandan solo los actos que resuelven los recursos,
no se entenderá demandado el acto principal y en ese evento se configura una ineptitud
sustantiva de la demanda».

36. En relación con la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, se encuentra pertinente la justificación en la que el legislador sustentó la
reforma introducida al procedimiento de lo contencioso-administrativo con el
mencionado artículo 163, en ese sentido, en la « ponencia para primer debate en
Comisión Primera del Senado de la República al proyecto de ley 198 de 200923» se expuso
que:

«El proyecto de reforma que tiene como finalidad principal la tutela efectiva de los
derechos de los administrados, sistemáticamente desconocidos por la administración,
por lo general bajo el pretexto de falta de recursos para reconocerlos, prefiriendo dilatar
en el tiempo el reconocimiento de unos derechos que las más de las veces se relevan
como indiscutibles, dada la reiteración de las tesis jurisprudenciales o la claridad del
buen derecho del reclamante. Es por esto que se propone dotar al juez de poderes,
con el fin de hacer real el reconocimiento de los derechos de los asociados.

Esos poderes se reflejan, dentro del proceso contencioso-administrativo, en los
siguientes temas:

22
Artículo 173 del CPACA.
23
Gaceta del Congreso chrome-
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ES%20PERIODICAS/TEXTO%20COMPLETO%20Y%20TABLAS%20DE%20CONTENIDO/GACE
TA%20DEL%20CONGRESO/GACETA%20DEL%20CONGRESO%202009/GC%201210%20DE%
202009.PDF

14

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Demandante: María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara

a) En relación con el petitum

Se propone que el juez pueda ampliar el petitum a la nulidad de los actos que han
resuelto los recursos por la vía gubernativa. Exige el proyecto en el artículo 159,
como hoy lo hace la norma vigente, que cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo, este se debe individualizada con toda precisión, y a renglón seguido
propone que si el acto fue objeto de recursos ante la administración, se entenderán
demandados los actos que los resolvieron, propuesta que conduce a evitar las
sentencias inhibitorias, sin que ello signifique violación del debido proceso y el derecho
de defensa del demandado, comoquiera que simultáneamente se dispone en el artículo
176-7, que en la primera audiencia de trámite, el juez proceda a la fijación del litigio, con
lo cual se garantiza el derecho del demandado para conocer desde el comienzo, cómo
quedará integrado el petitum sobre el cual el juez dictará sentencia.

Así mismo, se deja al juez la facultad de deducir las pretensiones del contenido de la
demanda. Expresamente propone el proyecto en el artículo 134, que si la demanda
presentada con una pretensión en apariencia anulatoria, se desprendiere que se
persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las
reglas propias de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho plasmado así
en la legislación […]»

37. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la conclusión a la que arribó el a quo
es contraria al fin con el que el legislador estableció el artículo 163 del CPACA,
puesto que, según los apartes de la ponencia transcritos, esta reforma se introdujo
con la intención de otorgar al juez poderes en relación con el petitum con el propósito
de evitar las sentencias inhibitorias. Lo anterior, bajo el entendido de que no se
vulnerarían los derechos de contradicción y defensa de la contraparte, puesto que
en la audiencia inicial el director del proceso fijaría el litigio lo que le permitiría al
demandado conocer el petitum sobre el cual se dictaría la decisión de fondo. Esto,
como una materialización del mandato constitucional de dar prevalencia al derecho
sustancial24.

38. Adicionalmente,en la audiencia inicial del presente proceso, el magistrado
ponente de instancia fijó el litigio de la siguiente forma:

«Teniendo en cuenta los hechos aducidos en la demanda, el Despacho fija el litigio en
el presente proceso, en determinar si la accionante por haber estado presuntamente
vinculada al Municipio de Mompox, desde el año 1996 hasta el año 2012, tiene derecho
al reconocimiento y pago de cesantías legales, aportes a salud en el sistema de
seguridad social, a la pensión vitalicia de invalidez por encontrarse incapacitada, y a los
salarios dejados de cancelar por la entidad accionada a partir del mes de marzo de
2012».

39. Por lo que, si bien en la fijación del litigio no se planteó de manera expresa la
declaratoria de nulidad de la Resolución 120903-01 del 3 de septiembre de 2012 [ni
de los actos que resolvieron los recursos presentados contra esta], sí se estableció

24 Artículo 228 de la Constitución.

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como objeto de este el estudio de los derechos pretendidos por la demandante que
fueron negados a través de ese acto administrativo [la existencia de una relación
laboral, el pago de primas y cesantías, el pago de los aportes a pensión y el
reconocimiento de una pensión]. Asimismo, en la audiencia inicial, dentro de los
documentos aportados por María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara que
fueron «decretados como pruebas», se encontraba «copia simple de la Resolución
120903-01 del 3 de septiembre de 2012».

40. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que desde el momento en que se
presentó la demanda el 26 de julio de 201325 hasta la fecha en que se expidió la
sentencia de primera instancia el 25 de noviembre de 2019 transcurrieron más de 6
años, por lo cual la demandante debió esperar ese lapso para la solución de su
controversia, pese a lo que no logró obtener una decisión de fondo que definiera su
situación jurídica.

41. Finalmente, se precisa que la decisión que se adopta en el caso concreto frente
a la aptitud de la demanda, no debe ser entendida como una regla general, sin
embargo, es la decisión que materializa cometidos estatales como la garantía de
acceso a la administración de justicia, que se justifica en la interpretación que el
tribunal hizo de la demanda en ejercicio del control del legalidad entendido como
un deber y una facultad del juez como director del proceso, con la cual se garantizó
el derecho de defensa de la entidad demandada, por cuanto la providencia en la
que se explicó y sustentó la decisión fue notificada en debida forma con lo que se
habilitó la oportunidad procesal para controvertirla.

42. Por lo expuesto, a juicio de esta Subsección lo procedente sería resolver de fondo
la controversia, sin embargo, esto implicaría reemplazar al tribunal en el estudio de
los cargos de la demanda que no realizó, y convertiría el proceso en uno de única
instancia, con lo que se vulnerarían los derechos fundamentales del debido proceso,
del acceso a la administración de justicia y de la doble instancia de la parte vencida.
Así las cosas, se revocará la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2019 y se
remitirá el expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar con el fin de que adopte
las medidas de saneamiento pertinentes y se pronuncie de fondo respecto de las
pretensiones de la demanda, eso sí, con la prioridad que demanda el presente caso.

2.5. Costas

43. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

25
Folio 134.

16

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Demandante: María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

44. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

45. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma26.

46. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

47. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandada y revocará la decisión de primera instancia en tanto condenó en costas
a la parte vencida, pues no se observa que hubiese realizado análisis de temeridad
o mala fe.

3. Conclusión

48. Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia que declaró de oficio la excepción de inepta demanda, de acuerdo con la
parte motiva de esta providencia y remitirá el presente asunto al Tribunal
Administrativo de Bolívar con el fin de que adopte las medidas de saneamiento
pertinentes y se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de la demanda,
eso sí, con la prioridad que demanda el presente caso.

26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

17

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Demandante: María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de Abuabara

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro del proceso adelantado por María del Pilar
Gutiérrez de Piñeres de Abuabara en contra del municipio de Mompox, que declaró
probada de oficio la excepción de inepta demanda por ausencia de la proposición
jurídica completa y en consecuencia se inhibió de resolver de fondo la controversia;
y en su lugar:

Segundo. Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar adoptar las medidas de
saneamiento pertinentes y emita un pronunciamiento de fondo frente a las
pretensiones de la demanda presentada por María del Pilar Gutiérrez de Piñeres de
Abuabara contra el municipio de Mompox, eso sí, con la prioridad que demanda el
presente caso.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-
2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

JMC
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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