Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00638-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-00638-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-00638-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-00638-02 (4568-2022)
Demandante: Johan Stalyn Fritz Vargas
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional
Tema: Declaración de vacancia del cargo por abandono. REVOCA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia proferida el doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Johan Stalyn Fritz Vargas instauró demanda en contra de la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 02219 del 3 de julio de 2007, expedida
por director general de la Policía Nacional, mediante la cual se declaró la vacancia
del cargo que ocupaba, por abandono; de la Resolución 02751 del 13 de agosto de
2007, que modificó la anterior al indicar que procedía el recurso de reposición; así
como del acto administrativo presunto, producto del silencio administrativo negativo,
originado en la omisión de la respuesta de los recursos presentados contra tal
decisión.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó: (i) ordenar a la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Policía Nacional su reintegro al cargo que desempeñaba
antes de ser retirado o a otro de igual o superior jerarquía; (ii) condenar a la entidad
demandada al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde la fecha de su retiro y hasta cuando se haga efectivo el reintegro, sin solución
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de continuidad y debidamente indexados; (iii) condenar al reconocimiento y pago de
perjuicios morales en cuantía equivalente a 100 SMMLV; y (iv) condenar en costas.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que laboró en la Policía Nacional desde el 12 de julio de 2001, en el cargo de
técnico administrativo, código 4065, grado 14, y desempeñó funciones de docente
en el Colegio Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Bogotá.
6. Que mediante las Resoluciones 551 y 0904 de 2007, expedidas por la Dirección
General de la Policía Nacional y notificadas el 29 de marzo de 2007, se ordenó su
traslado del Colegio Nuestra Señora de Fátima a la Dirección de Bienestar de la
Policía Nacional. Sin embargo, sostuvo que no estaba en la obligación de
presentarse a laborar en este último lugar, porque la decisión de traslado no se
encontraba en firme.
7. Que mediante la Resolución 02219 del 3 de julio de 2007 fue retirado del servicio,
al declararse la vacancia del cargo por abandono, al considerar que dejó de laborar
desde el 29 de marzo de 2007 en la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional.
8. Que mediante la Resolución 02751 del 13 de agosto de 2007, la entidad dio
cumplimiento al fallo de tutela proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, y, en consecuencia, adicionó
el artículo 3 de la Resolución 02219 del 3 de julio de 2007, en el sentido de indicar
la procedencia del recurso de reposición contra dicha decisión.
9. Que el 27 de agosto de 2007 interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
apelación contra la Resolución 02219 del 3 de julio de 2007, el cual no fue resuelto
luego de transcurridos dos meses desde su interposición, configurándose el silencio
administrativo negativo.
10. Que, como consecuencia de su retiro, se vio obligado a soportar diversas
adversidades personales, familiares y sociales, entre ellas el haber sido sometido a
un proceso penal por el delito de inasistencia alimentaria respecto de su hija menor,
circunstancias que afectaron su estado emocional.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
11. Constitución Política: artículos 4 y 29; Decreto 01 de 1984; artículo 35; Ley 1437
de 2011: artículo 42 y; Decreto Ley 1792 de 2000: artículo 42, en concordancia con
la sentencia C-1189 de 2005.
12. Considera que las decisiones sancionatorias se expidieron con infracción de las
normas en que debían fundarse, en particular del artículo 29 de la Constitución y
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con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, pues antes de la
expedición del acto que declaró la vacancia del cargo por abandono no se le dieron
a conocer las pruebas o razones que se tenían en su contra para justificar el
supuesto abandono. Tampoco se le permitió aportar o controvertir las pruebas
aducidas, ya que no se adelantó siquiera un procedimiento breve o sumario que
garantizara el ejercicio de su derecho de defensa.
13. Señaló que, en el mismo acto administrativo, se indicó que «(…) a la
administración solo le basta verificar el hecho de que se configure el abandono y la
ausencia para proceder a declarar la vacancia (...)», con lo cual —a su juicio— se
excluyó de plano la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y de controvertir
la decisión adoptada.
14. Indicó que en la Sentencia C-1189 de 2005 la Corte Constitucional declaró la
exequibilidad condicionada del literal i) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, que
consagra la declaratoria de vacancia del cargo por abandono como causal de retiro
del servicio para empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa. Afirmó que, según dicha providencia, para aplicar esta causal es
indispensable dar cumplimiento al procedimiento previsto en el inciso primero del
artículo 35 del Código Contencioso Administrativo (CCA) para la expedición de
actos administrativos de carácter particular y concreto, esto es, permitir el ejercicio
del derecho de defensa.
15. Sostuvo que estos argumentos resultan plenamente aplicables al caso en virtud
de la doctrina de la cosa juzgada constitucional material, según la cual, cuando una
disposición reproduce el mismo sentido normativo de otra norma previamente
examinada por la Corte Constitucional, deben tenerse en cuenta los argumentos
fijados en ese pronunciamiento. En ese sentido, afirmó que lo resuelto en la citada
sentencia resulta aplicable a los artículos 38 y 42 del Decreto 1792 de 2000, razón
por la cual el acto demandado debe ser anulado por haberse expedido con
vulneración del debido proceso.
16. Afirmó, además, que el acto administrativo se expidió con falsa motivación, pues
el abandono del cargo que sirvió de fundamento a la decisión no existió. Señaló
que, a partir del 29 de marzo de 2007, continuó desempeñando las funciones
propias de su cargo, que correspondían a las de docente del Colegio Nuestra
Señora de Fátima, circunstancia que —según indicó— se evidencia en el registro
del libro de entradas y salidas del mencionado establecimiento educativo.
17. Señaló que el acto de desvinculación se limitó a indicar como causal de retiro la
declaratoria de vacancia del cargo por abandono, pero no precisó cuál de las
causales de abandono previstas en el artículo 42 del Decreto 1792 de 2000 se
configuraba en su caso.
18. En relación con la causal prevista en el numeral 2 del artículo 42 del citado
Decreto, a la cual se refirió la administración—esto es, dejar de concurrir al trabajo
por 3 días consecutivos— sostuvo que su aplicación fue equivocada, pues el acto
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administrativo de traslado notificado el 29 de marzo de 2007 solo quedaba en firme
el 7 de abril de ese mismo año, una vez vencido el término de 5 días hábiles
siguientes a la notificación para interponer los recursos procedentes o hasta que
estos fueran decididos, en caso de haberse presentado. En consecuencia, afirmó
que entre el 29 de marzo y el 7 de abril no tenía la obligación jurídica de presentarse
a laborar en la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional, porque la decisión de
traslado aún no producía efectos.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
19. La demanda fue admitida el 6 de febrero de 20181. La Nación- Ministerio de
Defensa- Policía Nacional se opuso a las pretensiones por considerar que los actos
demandados se expidieron con estricto apego a la Constitución y la ley y con
observancia a las garantías constitucionales, legales y jurisprudenciales vigentes.
20. Sostuvo que la declaratoria de vacancia por abandono del cargo corresponde a
un acto de simple trámite o de ejecución, por lo que no sería enjuiciable ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
21. También indicó que se configuró la causal prevista en el artículo 38, numeral 4,
y en el artículo 42, numeral 2, del Decreto Ley 1792 de 2000, pues según el Oficio
491 DIBIEE-ASJUR del 24 de mayo de 2007, el director de Bienestar Social informó
que el señor Fritz Vargas dejó de asistir a laborar desde el 29 de marzo de 2007
hasta la fecha en que se reportó la novedad y que, tras realizarse varias gestiones
para esclarecer la situación, no se tuvo conocimiento de ninguna calamidad
doméstica o familiar que justificara su inasistencia, por lo que se configuró el
abandono del cargo.
22. Propuso como excepciones la denominada «acto administrativo ajustado a la
Constitución, la ley y la jurisprudencia» y la genérica.
23. Se celebró audiencia inicial el 16 de mayo de 20192, en la cual se difirió el
estudio de las excepciones propuestas para la sentencia, se fijó el litigio, se
incorporaron las pruebas documentales y se decretó la práctica de pruebas
testimoniales. Recibidas las declaraciones3, se corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto; luego
de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte
demandada.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del doce (12)
1 Véase folio 2 del archivo digital denominado «12AutoAdmite» de la carpeta «25000234200020150063800»
visible en el índice 00002 de SAMAI.
2 Véase archivo digital denominado «17ActaAudiencia».
3 La audiencia de pruebas se celebró el 11 de julio de 2019 (véase archivo «21ActaAudiencia», ibid.). También
en la carpeta «20CdAudienciaPruebas», archivo denominado «CP_0711082528865».
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de diciembre de dos mil diecinueve (2019)4, declaró la nulidad de los actos
demandados y, ordenó el reintegro del demandante al cargo que desempeñaba o a
uno de igual o superior jerarquía, así como el reconocimiento a título de
indemnización del valor correspondiente a los salarios y prestaciones dejadas de
percibir desde la fecha de retiro hasta su efectivo reintegro al servicio, con el
descuento de las sumas que por cualquier concepto laboral hubiere recibido, sin
que la indemnización pudiera ser inferior a 6 meses ni superior a 24 meses de
salario.
25. Para sustentar su decisión, expuso los siguientes argumentos:
26. Que dentro de las causales para retirar del servicio al personal civil del Ministerio
de Defensa y de la Policía Nacional se encuentra la declaratoria de vacancia del
cargo por abandono, la cual se configura, entre otras circunstancias, cuando el
servidor deja de concurrir a laborar durante 3 días consecutivos sin justa causa.
27. Con fundamento en las sentencias del 2 de julio de 2011 (exp. 41001-23-31-
000-2002-00761), del 13 de noviembre de 2013 (exp. 25000-23-25-000-2003-
09020-01 [1415-11]) y del 12 de mayo de 2014 (exp. 05001-23-31-000-2007-03121-
01), señaló que el abandono del cargo produce efectos autónomos en materia de
función pública, distintos de los disciplinarios, por lo que no requiere la tramitación
de un procedimiento disciplinario previo. En ese sentido, afirmó que basta la
verificación del hecho del abandono para declarar la vacancia del cargo y proceder
a designar a un reemplazo, sin perjuicio de que el servidor pueda posteriormente
aportar pruebas que justifiquen su ausencia.
28. Encontró configurada la falsa motivación de los actos demandados, al
evidenciar que los supuestos fácticos en que se fundaron no correspondían a la
realidad. En efecto, del libro de control de entrada y salida de los docentes del
Colegio Nuestra Señora de Fátima (folios 93 a 213), indicó que el demandante
registró su firma y horarios de ingreso y salida entre el 29 de marzo y el 9 de julio
de 2007, documento que no fue controvertido por la entidad.
29. Que de las certificaciones expedidas por la Dirección de Bienestar Social de la
Policía Nacional se evidencia que el demandante figuró en la nómina de esa
dependencia durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2007.
30. Sostuvo que los testimonios rendidos en la audiencia de pruebas del 11 de julio
de 2019 por los señores Nelson Eduardo Calderón Bello, Diana Calvo Olmos y
William Antonio Díaz Vargas coinciden en afirmar que el actor laboró como docente
en el Colegio Nuestra Señora de Fátima hasta el receso de mitad de año del primer
semestre de 2007, y que su retiro fue sorpresivo para sus compañeros. También
indicaron que el control de asistencia se realizaba mediante un libro de registro de
entrada y salida.
4 Véase archivo denominado «25Sentencia», ibid.
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31. Concluyó que el señor Johan Stalyn Fritz Vargas sí continuó prestando sus
servicios después del 29 de marzo de 2007, contrario a lo señalado en la Resolución
02219 del 3 de julio de 2007, por lo que se configuró la falsa motivación.
32. En relación con la indemnización a que encontró tenía derecho el señor Johan
Stalyn Fritz Vargas, decidió aplicar el criterio fijado en la Sentencia SU-556 de 2014,
según el cual el restablecimiento del derecho debe materializarse mediante el pago
de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo de la
desvinculación, con el descuento de los ingresos que el afectado haya percibido por
actividades laborales públicas o privadas, dependientes o independientes, en
atención a la ruptura del nexo de causalidad entre la ausencia de ingresos y la
desvinculación del servicio, sin que la indemnización pueda ser inferior a 6 meses
ni superior a 24 meses.
33. Que no procedía la condena de perjuicios morales porque no existía prueba
idónea que acreditara la afectación moral, pues no bastan las manifestaciones de
los testigos sobre un posible padecimiento moral, para dar lugar a su configuración.
RECURSO DE APELACIÓN
34. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación en el que dijo que la
Resolución 02219 del 3 de julio de 2007, mediante la cual se declaró la vacancia
del cargo por abandono, no vulneró el debido proceso. Indicó que, aunque en el
acto no se mencionó la procedencia de los recursos, al momento de la notificación
se le informó al demandante sobre ellos, quien incluso firmó e indicó su intención
de interponerlos.
35. Afirmó que el retiro del actor se produjo porque no se presentó a laborar en el
nuevo cargo al que había sido trasladado mediante las Resoluciones 00551 del 22
de febrero de 2007 y 00904 del 26 de marzo de 2007, traslado que estaba obligado
a cumplir conforme al artículo 53 del Decreto 1792 de 2000.
36. Sostuvo que las Resoluciones 00551 del 22 de febrero de 2007 y 00904 del 26
de marzo de 2007, mediante las cuales se dispuso el traslado, no fueron objeto de
control de legalidad en primera instancia, por cuanto el demandante no solicitó su
nulidad. En consecuencia, dichos actos permanecen vigentes y producen efectos
jurídicos, sin que las resoluciones demandadas hayan modificado la situación
jurídica derivada del traslado, el cual debía ser cumplido por el actor.
37. Que el actor no cumplió el anotado traslado, en el cual debía asumir el cargo de
jefe de vehículos de movilidad en la Dirección de Bienestar Social, función para la
cual —según indicó— contaba con conocimientos como ingeniero automotriz,
indispensables para esa área.
38. Afirmó que, contrario a lo alegado por el demandante, sí estaba obligado a
5 Véase archivo digital denominado «26Recurso», visible en el índice 00002 de SAMAI.
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cumplir la orden de traslado. Explicó que, aunque promovió una acción de tutela
para que se le informara sobre los recursos procedentes contra dicha decisión, en
cumplimiento del fallo se expidió la Resolución 00904 del 26 de marzo de 2007, en
la que se indicó la procedencia del recurso de reposición, el cual no fue interpuesto
dentro del término de ejecutoria.
39. Incluso, advirtió que el escrito del supuesto recurso presentado por el actor tiene
fecha de radicación del 19 de febrero de 2007, es decir, anterior a la expedición del
acto administrativo, que fue emitido el 22 de febrero de 2007.
40. Resaltó que el propio demandante reconoce en el folio 9 de la demanda que fue
notificado de las Resoluciones 551 y 0904 el 29 de marzo de 2007, sin que
posteriormente interpusiera recurso alguno, por lo que el acto de traslado quedó en
firme. En consecuencia, afirmó que el actor incumplió dicha orden, lo que dio lugar
a la declaratoria de abandono del cargo y a la inasistencia al cumplimiento de sus
funciones, tanto en el Colegio Nuestra Señora de Fátima como en el nuevo cargo
de jefe de vehículos de movilidad de la Dirección de Bienestar Social, propio de su
perfil como técnico automotriz.
41. Que resultaría injustificado premiar con el reintegro a una persona que incumplió
disposiciones normativas, como lo es una orden administrativa de traslado.
42. Señaló que el demandante pretende acreditar su permanencia y asistencia a su
antiguo cargo como docente del Colegio Nuestra Señora de Fátima mediante las
firmas registradas en el libro de asistencia diaria; sin embargo, cuestionó la
autenticidad de dichos registros, al advertir aparentes similitudes en la caligrafía,
que —según indicó— podrían corresponder al señor Hernando Steven Fritz Vargas,
hermano del demandante, lo que sugeriría un posible encubrimiento de su supuesta
permanencia en el colegio.
43. Afirmó que para declarar la vacancia del cargo por abandono solo era necesario
verificar la inexistencia de fuerza mayor, caso fortuito o causa válida que justificara
la inasistencia y que el demandante no acreditó ninguna circunstancia de ese tipo
que le impidiera cumplir con las funciones propias del cargo.
44. Cuestionó la certificación expedida el 16 de septiembre de 2019 por la rectora
del Colegio Nuestra Señora de Fátima, según la cual el demandante laboró hasta el
16 de julio de 2007, al considerar que contradice la hoja de servicios 79863482,
suscrita por autoridades de la Policía Nacional, en la que se indica que solo prestó
servicios hasta el 29 de marzo de 2007, teniendo como última unidad la Dirección
de Bienestar Social.
45. Finalmente, manifestó que el hecho de que el demandante figurara en la nómina
de esa dependencia entre julio y septiembre de 2007 no demuestra que hubiera
prestado efectivamente el servicio, pues podría tratarse de pagos efectuados
mientras se regularizaba su situación administrativa.
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TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
46. El 2 de septiembre de 20226 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada la providencia, se resolvería la solicitud probatoria
presentada por la parte demandada, la cual fue negada mediante auto del 19 de
marzo de 20257.
47. La entidad había solicitado la práctica de una prueba caligráfica para establecer
la autoría de las firmas registradas en el libro de ingreso y salida de docentes del
Colegio Nuestra Señora de Fátima, para lo cual propuso que el peritaje fuera
realizado por un funcionario de la Policía Judicial o de la Policía Nacional con
formación en documentología o grafología.
48. Aunque la solicitud se consideró oportuna, fue rechazada porque no
correspondía a una prueba sobreviniente ni estaba dirigida a acreditar hechos
ocurridos con posterioridad a la etapa probatoria de primera instancia. Además, se
advirtió que la parte solicitante no explicó cómo el peritaje pretendido estaría
orientado a demostrar hechos posteriores, pues su objeto era verificar situaciones
ocurridas antes del inicio del proceso y que ni siquiera fueron debatidas ante el juez
de primera instancia.
49. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
50. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia apelada debe revocarse para
en su lugar negar las pretensiones —por configurarse el abandono del cargo al no
asistir el demandante por más de tres días consecutivos sin justa causa—; o si, por
el contrario, debe confirmarse la decisión que anuló los actos administrativos, por
encontrar que no se configuró causal alguna de abandono del cargo, pues el
demandante continuó laborando en la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora
de Fátima.
51. Con este fin, la providencia se referirá a tres de las causales de nulidad de los
actos administrativos, esto es, infracción de las normas en que debe fundarse, falsa
motivación y desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; al régimen de
administración del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y abordará el
caso concreto.
Nulidad de los actos administrativos por falsa motivación
52. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los
actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
6 Véase índice 00004 de SAMAI.
7 Véase índice 00011 de SAMAI.
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relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
53. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 1378 y 1389 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad.
54. La falsa motivación, como vicio que afecta la legalidad, tiene lugar cuando las
razones que se plasman en la fundamentación de un acto administrativo resultan
contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la cual, la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que guarda estrecha relación con el principio de legalidad
de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión
administrativa10.
55. En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de
nulidad, cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:
«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»11.
56. El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente12.
Nulidad del acto administrativo por infracción de las normas en que debe
fundarse
57. Esta causal de nulidad, también denominada nulidad por violación del
ordenamiento superior o de la regla de derecho de fondo que se exigía para
sustentar el acto, se relaciona con los elementos que, en términos generales, debe
validarse en un acto administrativo frente a cada elemento que lo compone: las
8 Del medio de control de nulidad.
9 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
10 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-
23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-
00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00638-02 (4568-2022)
reglas de competencia, de procedimiento, los componentes de la motivación y el
debido proceso, concretado en el derecho de audiencia y de defensa 13.
58. En un sentido más estricto, esta causal de nulidad se ha entendido por esta
Corporación como la contravención directa de la norma que serviría como
fundamento al acto administrativo, lo que puede ocurrir por falta de aplicación14,
aplicación indebida15 o interpretación errónea16.
Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso
59. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir un
límite al ejercicio del poder público, es un mecanismo para proteger los derechos de
los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del
Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de
cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar
afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico17.
60. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por
su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 18; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.
61. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del derecho
al debido proceso19 puede predicarse tanto de las providencias judiciales como de
13 Al respecto, Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2020.
Exp. 52001-23-33-000-2015-00045-01 (3779-2017). C.P. William Hernández Gómez.
14 puede suceder porque la autoridad administrativa ignore la existencia de la norma o, a pesar de conocerla,
no la aplique a la solución del caso o crea, de manera errónea, que la norma no es aplicable al asunto que
examina.
15 Tiene lugar cuando la autoridad hace valer disposiciones que no son pertinentes para resolver asunto objeto
de decisión; lo que a su vez puede ocurrir por que i) hubo un error al seleccionar la norma por inadecuada
valoración del supuesto de hecho que esta consagra, y/o ii) porque no se establece de manera correcta la
diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
16 Ocurre cuando se asigna a una disposición un sentido o alcance que no le corresponde. Cfr. Ibid. También
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo de 2012. Exp. 25000-23-27-000-2004-92271-
02 (16660). C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
17 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-
33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
18 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-
01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
19 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la
sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
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los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución20.
Del régimen de administración del personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional
62. El Decreto 1792 de 14 de septiembre de 2000, por el cual se modifica el Estatuto
que regula el Régimen de Administración del Personal Civil del Ministerio de
Defensa Nacional y se establece la Carrera Administrativa Especial, prevé, en el
artículo 38, las casuales de retiro del servicio, así:
«Artículo 38. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de los
empleados públicos del Ministerio de Defensa conlleva la cesación en el
ejercicio de funciones públicas, origina el retiro de la carrera y la pérdida de los
derechos de la misma y se produce en los siguientes casos:
[…]
4. Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.
[…]»
63. Y en el artículo 42, consagra como causales de retiro por declaratoria de
vacancia del cargo, en caso de abandono, la siguiente:
«Artículo 42. Retiro por declaratoria de vacancia del cargo en caso de abandono
del mismo. El abandono del cargo se produce cuando un empleado, sin justa
causa:
[…]
2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos.
[…]».
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
20 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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64. La Sala Plena de la Sección Segunda, con el fin de unificar la jurisprudencia 21,
señaló que el abandono injustificado del servicio comporta efectos autónomos
distintos cuando se trata de regular la función pública que cuando se trata de
disciplinar a los funcionarios. En esa medida, advirtió que mal puede aplicarse la
causal de abandono del cargo solamente precedida de un proceso disciplinario,
pues frente a la administración pública es menester que el nominador cuente con
esa herramienta para designar un funcionario en reemplazo del que abandonó sus
tareas, para así lograr la continuidad de la prestación del servicio público, fin que no
es otro al que apunta esta figura en la función pública. Así explicó:
«[…] Esta causal de retiro para los empleados públicos de carrera es
consagrada en igual sentido, es decir, en forma autónoma, en las leyes que han
gobernado el sistema de carrera (ley 27 de 1992 – art. 7; Ley 443 – art. 37 y
Ley 909 de 2004-art.41.
El abandono del cargo, debidamente comprobado, es una de las formas de la
cesación de funciones o retiro del servicio, que puede ser objeto de sanción, si
se dan los supuestos para que se produzca la falta gravísima a que aluden las
normas disciplinarias, tanto la ley 200 de 1995, como la Ley 734 del 5 de febrero
de 2002, precepto este último que igualmente la consagra como falta gravísima.
Y se dice que el abandono del cargo puede ser sancionable en materia
administrativa, sólo si la conducta es típica, antijurídica y culpable. Por eso tanto
el artículo 25-8 de la Ley 200 de 1995 como el artículo 48-numeral 55 de la
nueva ley 734 exigen que el abandono sea injustificado, es decir que no medie
causa alguna que exonere al funcionario de abandonar los deberes de su cargo.
(…)
Esta declaratoria de vacancia de un cargo no exige el adelantamiento de
proceso disciplinario; basta que se compruebe tal circunstancia para proceder
en la forma ordenada por la ley. Es decir, que ésta (sic) opera por ministerio de
la ley y el pronunciamiento de la administración al respecto es meramente
declarativo».
65. En similar sentido y de forma posterior se indicó en sentencia del 3 de
marzo de 2022:
«i) la vacancia del cargo por abandono comporta una forma autónoma e
independiente de retiro del servicio del empleado oficial; (ii) como se trata de
una situación administrativa distinta, tiene sus propios procedimientos o
mecanismos para definir la cesación de funciones; (iii) no tiene carácter
sancionatorio, sino administrativo, por ello no se exige el adelantamiento de un
trámite disciplinario, pues debe adelantarse un procedimiento breve con el fin
de comprobar el ausentismo laboral y así proceder a declarar el retiro por esa
causal; y (iv) al no tener la naturaleza de falta disciplinaria, la decisión respecto
del implicado solo conlleva la declaración de terminación de la relación
laboral por ministerio de la ley, en la medida en que no asistió a laborar en los
plazos y formas ya indicadas»22.
Caso concreto
Del análisis del expediente de la actuación, la Sala destaca que:
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2005, radicado: 11001-03-25-000-
2003-00244-01 (2103-03), consejera ponente: Ana Margarita Olaya Forero.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 3 de marzo de
2022. Exp. 2001-23-33-000-2016-00337-01. C.P. Carmelo Perdomo Cuertes.
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• El 19 de febrero de 2007, el señor Johan Stalyn Ortiz Vargas radicó ante la
Policía Nacional un memorial fechado el 16 de febrero del mismo año, titulado
«Recurso de reposición y en subsidio apelación y la consecuente reclamación
administrativa del artículo 6 del Código Procesal del Trabajo»23. En dicho escrito
manifestó que pretendía controvertir una orden de traslado proferida por la
rectora del Colegio Nuestra Señora de Fátima, la cual —según indicó—
obedecía a una supuesta directriz verbal impartida por el director de Bienestar
Social al área de mantenimiento de vehículos. Afirmó, además, que en ningún
momento le fue notificado el contenido de dicha orden y que solo tuvo
conocimiento de esta posteriormente, de manera informal, sin que se le
informara que correspondía a un traslado.
• El 22 de febrero de 2007, el director general de la Policía Nacional expidió la
Resolución 0055124, mediante la cual dispuso el traslado del mencionado
funcionario, por necesidades del servicio y a solicitud del director de Bienestar
Social de la Policía, formulada mediante Oficio 0264 DIBIE-GREHU del 19 de
febrero de 2007, del Colegio Nuestra Señora de Fátima a la Dirección de
Bienestar Social. En dicho acto administrativo se indicó que «no procede recurso
alguno en la vía gubernativa».
• Según se indica en los antecedentes de la sentencia de la acción de tutela núm.
2007-066325—sin que en el expediente obre prueba distinta a lo allí
consignado—, mediante Oficio núm. 155 del 23 de febrero de 2007 se dio
respuesta a la referida reclamación,(la del 19 de febrero de 2.007) y se le indicó
que, «(…) a la fecha que se interpuso el recurso no se había emitido el acto de
traslado dado que aún se encontraba en trámite ante el funcionario competente,
con oficio No. 155 de 23 de febrero de 2.007 se da respuesta a la reclamación
indicándole que por considerar que se encuentran impugnados los memorandos
de presentación a la Dirección de Bienestar Social estos son actos de trámite
por lo que NO SON SUSCEPTIBLES DEL RECURSO…»26.
Allí también se indicó por parte de la entidad en la contestación a la tutela que
«el hecho de no realizarse el debido proceso frente al traslado fue superado con
la resolución No. 0551… la cual fue notificada personalmente al accionante el
28 de febrero de 2.007 con oficio No. 0135… QUEDANDO SUPERADO EL
HECHO…».
Por su parte el tutelante, sostuvo que «por medio de oficio No. 155 DIBIE-ASJUR
del 23 de febrero de 2.007 respondió los recursos que presenté argumentando
que no era un traslado, sino que eran actos de trámite contra los cuales no
procede recurso alguno»27.
23 Véase folios 77-77 del archivo denominado «01Anexos» contenidos en la carpeta
«25000234200020150063800», obrante en el índice 0002 de SAMAI.
24 Véase folio 78, ibid.
25 Véase folio 81-96, ibid.
26 Véase folio 80, ibid.
27 Véase folio 82, ibid.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-00638-02 (4568-2022)
• Con ocasión de la acción de tutela interpuesta por el señor Johan Stalyn Fritz
Vargas, el Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, mediante
providencia del 13 de marzo de 2007, dentro del radicado núm. 2007-0663,
amparó su derecho al debido proceso únicamente en el sentido de ordenar a la
Dirección General de la Policía Nacional modificar la Resolución 00551 para
indicar que contra ella procedía el recurso de reposición.
• En cumplimiento de esta orden, se expidió la Resolución 00904 del 26 de marzo
de 200728, en la cual se dispuso que contra dicho acto procedía el recurso de
reposición ante el director general de la Policía Nacional. Esta decisión fue
notificada el 29 de marzo de 200729, conforme consta en la diligencia de
notificación personal suscrita por el interesado.
• Mediante Resolución 02219 del 3 de julio de 200730, el director general de la
Policía Nacional declaró la vacancia del cargo por abandono, a partir del 29 de
marzo de 2007, fecha desde la cual, según el acto, el funcionario dejó de
presentarse a laborar. Esta decisión se fundamentó en el oficio del 24 de mayo
de 2007, mediante el cual el director de Bienestar Social informó al director
general de la Policía Nacional que el técnico administrativo había dejado de
prestar sus servicios desde esa fecha, y que, pese a las gestiones adelantadas
para esclarecer su situación administrativa, no se tenía conocimiento de
calamidad doméstica o familiar alguna que justificara su ausencia31.
• Dicha decisión fue notificada personalmente el 5 de julio de 200732, según consta
en la respectiva diligencia de notificación33. También, en la constancia se dejó
señalado que, una vez leído el contenido de la resolución, «se le entrega una
fotocopia de la misma y se le hace saber al notificado que contra este acto no
procede recurso alguno, quedando agotada la vía gubernativa». Al margen de
dicho documento obra la firma del interesado, quien consignó de su puño y letra
la siguiente anotación: «interpongo recurso y en subsidio apelación».
• Frente a esta decisión, el señor Fritz Vargas interpuso otra acción de tutela
contra la Dirección General de la Policía Nacional, al considerar vulnerado su
derecho al debido proceso, en tanto en el acto administrativo no se indicó la
28 Véase folio 79, ibid.
29 Véase folio 97, ibid.
30 Véase folio 3-4 del archivo denominado «19CdExpedienteAdministrativo» contenidos en la carpeta
«25000234200020150063800», obrante en el índice 0002 de SAMAI.
31 En el acto se indicó « Que con oficio No. 491 DIBIE-ASJUR de fecha 24 de mayo de 2007, el señor Coronel
JOSE VICENTE SEGURA ALFONSO Director Bienestar Social, informa al señor Brigadier General Director
General de la Policía Nacional de Colombia, la novedad que se viene presentando con el señor Técnico
Administrativo Código 4055 Grado 14 JOHAN STALYN FRITZ VARGAS identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79'863.492, quien dejó de laborar desde el 29 de marzo de 2007 a la fecha es de anotar que la
Dirección de Bienestar Social desde el conocimiento del caso ha efectuado diferentes gestiones y trámites con
el fin de esclarecer la situación administrativa del señor en mención, no teniéndose conocimiento por parte del
funcionario de ningún tipo de calamidad doméstica o familiar». Véase folio 10, ibid.
32 Véase folio 2, ibid.
33 En la cual se indicó: «(…) se notifica al señor Técnico Administrativo grado 14 (4065-14) JOHAN STALYN
FRITZ VARGAS (…) en forma personal el contenido de la Resolución No. 02219 del 3 de julio de 2007, proferida
por el Director General de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 numeral 4
y 42 del Decreto Ley 1792 de 2000, por declaratoria de vacancia por abandono del cargo a partir del 29 de
marzo (…)».
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procedencia del recurso de reposición ni que este debía concederse en efecto
suspensivo. El asunto fue conocido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura, mediante providencia del 2 de agosto de
2007 (rad. 2007-2914-00)34, en la cual se consideró:
«[…]. En efecto, la norma [artículo 51 del C.C.A.] establece que, para acudir a
la jurisdicción contencioso administrativa a demandar un acto expedido por la
administración —esto es, para considerar agotada la vía gubernativa— no es
necesario que el demandante haya interpuesto el recurso de reposición ni,
según el caso, el de queja.
No obstante, ello no significa que la administración esté eximida de permitir a
los ciudadanos controvertir las decisiones que ponen fin a las actuaciones
administrativas, como parece entender el Director de Bienestar Social de la
Policía Nacional. […]
En atención a lo anterior, resulta procedente acceder al amparo solicitado por
el actor, […] ordenando a la autoridad accionada que, […] corrija el yerro
advertido en el numeral 3° de la Resolución 02219 del 3 de julio de 2007, y en
su lugar señale que contra esa decisión procede el recurso de reposición y, en
subsidio, el de apelación».
• En cumplimiento de este fallo, el director general de la Policía Nacional expidió
la Resolución 02751 de 200735, mediante la cual adicionó el artículo 3° de la
Resolución 02219 del 3 de julio de 2007 —referente al retiro por declaratoria de
vacancia por abandono del cargo—, y, en consecuencia, indicó que contra dicha
decisión procedía el recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a su
notificación, la cual se efectuó el 17 de agosto de 200736.
• Obra en el expediente aportado con la demanda, copia de un documento
denominado «Recurso de reposición y en subsidio apelación contra la orden
contenida en la Resolución de No (sic) 02219 de 2007 proferida por el director
general de la Policía Nacional y notificada el 17 de agosto de 2007 y el
consecuente agotamiento de la vía gubernativa»37. Frente a ello, en la
contestación de la demanda la entidad señaló que no le constaban los hechos
relativos a la presentación de dicho recurso; no obstante, en el recurso de
apelación afirmó que el acto fue notificado el 29 de marzo de 2007 y que, con
posterioridad a esa fecha, no se interpuso recurso alguno.
• De acuerdo con la hoja de servicio núm. 79863482 de 31 de agosto de 2007, la
orden del retiro se hizo efectiva el 5 de julio de 200738.
66. Con fundamento en lo anterior, se analizará, en primer lugar, si el acto
administrativo mediante el cual se dispuso el traslado del actor adquirió firmeza y
resultaba obligatorio y a partir de qué momento. En segundo lugar, examinará si la
34 Véase folio 8-19, ibid.
35 Véase folio 5, ibid.
36 Véase folio 1, ibid.
37 Véase folios 22-30 del archivo denominado «01Anexos» contenidos en la carpeta
«25000234200020150063800», obrante en el índice 0002 de SAMAI.
38 Véase folio 108 del archivo denominado «19CdExpedienteAdministrativo» contenidos en la carpeta
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conducta consistente en no presentarse a laborar en la dependencia de destino del
traslado configuró la causal de abandono del cargo que dio lugar a la declaratoria
de vacancia del empleo. Finalmente, se abordarán los cuestionamientos relativos a
la ausencia de un procedimiento administrativo previo y a la alegada falta de
decisión del recurso de reposición, con el fin de determinar si tales circunstancias
tienen la entidad suficiente para afectar la validez de los actos demandados.
67. Para resolver el primer punto, esto es sobre la firmeza de la resolución de
traslado, advierte la Sala que el acto fue notificado personalmente el 29 de marzo
de 2007, fecha a partir de la cual se habilitó el término para interponer el recurso de
reposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del CCA vigente para la época,
según el cual los recursos debían interponerse en la diligencia de notificación
personal o dentro de los 5 días siguientes a esta. En consecuencia, el interesado
tenía hasta el 9 de abril de 200739 para ejercer dicho medio de impugnación. Sin
embargo, no obra en el expediente prueba de que hubiera presentado recurso
alguno dentro del referido término.
68. Llama la atención de la Sala la conducta desplegada por el actor ante la
administración, pues, según afirmó en la demanda, «[…] el acto administrativo de
traslado que se notificó el 29 de marzo de 2007 quedó en firme hasta el viernes 7
de abril de 2007. Esto porque, el acto administrativo de traslado con su modificación
consagraba la procedencia del recurso de reposición, el cual, debía interponerse en
el término de […] 5 días hábiles siguientes a su notificación personal, por tanto, el
acto administrativo de traslado sólo producía efectos jurídicos hasta que se venciera
este término o se decidieran los recursos, si se llegaban a interponer»40; no
obstante, pese a tal afirmación, continuó laborando en el Colegio según la misma
demanda incluso hasta el 4 de mayo de 2007, es decir, conocía el carácter
obligatorio de la decisión, pero decidió seguir ejerciendo en otro cargo, aun cuando
no interpuso recurso alguno que suspendiera la ejecutoria del acto administrativo.
69. En esa medida, la conducta del actor no resulta coherente con la tesis que
expone en la demanda. En efecto, mientras sostiene que el acto administrativo no
se encontraba en firme y, por ende, no le era exigible su cumplimiento inmediato, lo
cierto es que tampoco desplegó actuación alguna orientada a controvertirlo dentro
del término legal. Esta dualidad —consistente en afirmar la inexistencia de
obligatoriedad del acto y, simultáneamente, omitir el ejercicio oportuno de los
mecanismos de impugnación— constituye un elemento relevante para el análisis
que se desarrollará a continuación en torno al comportamiento asumido por el
demandante frente a la orden de traslado.
70. Debe resaltarse que los actos administrativos que ordenaron el traslado del
actor gozan de presunción de legalidad y tienen la condición de ser ejecutivos y
ejecutorios, esto es, que tienen un carácter obligatorio y vinculante, por ende, al
quedar en firme la decisión que dio cumplimiento a la tutela y permitió el recurso
39 Es de anotar que los días jueves 5 y viernes 6 de abril fueron días no hábiles.
40 Véase folio 10 archivo denominado «03Demanda» contenidos en la carpeta «25000234200020150063800»,
obrante en el índice 0002 de SAMAI.
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(Resolución 00904 de 26 de marzo de 2007), al demandante no le quedaba otra
alternativa que acatar esa decisión y presentarse a prestar sus servicios en la
dependencia a la cual fue trasladado.
71. Sin embargo, de acuerdo con la información remitida por la Dirección de
Bienestar Social de la Policía Nacional a la Dirección General de la misma entidad,
el funcionario dejó de presentarse a laborar a partir del 29 de marzo de 2007, sin
que existiera justificación administrativa o legal que explicara su ausencia.
72. En este punto, debe precisarse que si bien la administración reprochó la
inasistencia del actor desde el 29 de marzo de 2007 —fecha de notificación del acto
de traslado—, lo cierto es que la obligación de presentarse a la nueva dependencia
resultaba plenamente exigible una vez quedó ejecutoriada la decisión, esto es, el 9
de abril de 2007. En consecuencia, aun si el cómputo del abandono se efectuara a
partir de esta última fecha, se encuentra acreditado que el demandante no
compareció a ejercer sus funciones en la dependencia de destino durante un lapso
ampliamente superior a los tres (3) días consecutivos previstos en la norma, pues,
como mínimo, desde el 11 de abril de 2007 ya se configuraba la hipótesis legal que
habilitaba a la administración para declarar la vacancia del cargo.
73. Además, en el acto administrativo acusado se dejó consignado que la
inasistencia del funcionario se extendió desde el 29 de marzo de 2007 hasta la fecha
en la que se expidió el Oficio 497 DIBIE-ASJUR, esto es, el 24 de mayo de 2007, el
cual sirvió de insumo para la expedición de la Resolución 2219 del 3 de julio de
2007; período que supera con creces el término exigido por la normativa aplicable
e incluye el anteriormente mencionado.
74. Si bien la sentencia de primera instancia destacó que, según el libro de control
del Colegio Nuestra Señora de Fátima, el actor continuó presentándose a laborar
en esa Institución incluso hasta el 9 de julio de 2007, lo cierto es que dicha
circunstancia no desvirtúa la configuración del abandono del cargo, pues para ese
momento el demandante ya no se encontraba adscrito a dicha dependencia, en
virtud del traslado dispuesto por la administración.
75. En otras palabras, el hecho de que el actor hubiera continuado asistiendo a
laborar en una dependencia distinta de aquella a la cual fue formalmente asignado
no equivale al cumplimiento de sus obligaciones, sino que evidencia precisamente
la renuencia a acatar la orden administrativa de traslado.
76. En efecto, la jurisprudencia ha señalado que el abandono del cargo se configura
cuando el servidor público deja de concurrir al lugar de trabajo o se sustrae, sin
causa justificada, del cumplimiento de las funciones propias del empleo que venía
desempeñando41. De manera que esta figura se consolida no solo cuando el
funcionario se ausenta injustificadamente de su lugar de trabajo, sino también
41 En este sentido, esta figura se ha definido como «[…] la dejación irregular, sin causa justificada, que hace el
empleado público del empleo que venía ejerciendo [y] se consolida cuando el funcionario se ausenta o dejar de
ejercer las funciones asignadas a su cargo sin razón alguna». Véase: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1.° de julio de 2021. Exp. 13001-
23-33-000-2014-00250-01 (4642-19). CP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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cuando omite ejercer las funciones que le corresponden conforme a la situación
administrativa en la que se encuentre.
77. Está probado que el demandante dejó de concurrir al lugar de trabajo que
legalmente le correspondía, esto es, a la dependencia de destino fijada por la
Resolución 00551 de 2007, durante un período ampliamente superior a los 3 días
consecutivos previstos en el artículo 42 del Decreto 1792 de 2000. También que,
entre el 24 de mayo de 2007, fecha en que se puso en conocimiento del director
general de la Policía Nacional la situación de ausentismo del funcionario, y el 3 de
julio de 2007, fecha de expedición del acto acusado, el actor no acudió ante la
administración a justificar su inasistencia, pese a tener conocimiento de la orden de
traslado que lo obligaba a presentarse en la dependencia de destino; circunstancias
suficientes para configurar la causal de abandono del cargo.
78. Para la Sala la situación que dio lugar a la expedición de la Resolución 2219 del
3 de julio de 2007, no obedeció a una actuación arbitraria de la administración ni a
la consignación de hechos contrarios a la realidad como se sustenta en la demanda.
Por el contrario, dicha decisión tuvo como fundamento el incumplimiento por parte
del actor de una orden administrativa válida y obligatoria, como lo propone el
apelante, mediante la cual se dispuso su traslado a otra dependencia, circunstancia
que determinó su inasistencia injustificada al lugar de trabajo que legalmente le
correspondía, con lo cual se desvirtúa el cargo por falsa motivación.
79. Así, al no acatar la orden de traslado ni presentarse a cumplir las funciones
correspondientes al cargo en la dependencia a la cual fue destinado, el actor incurrió
en la conducta que la normativa aplicable tipifica como abandono del cargo,
circunstancia que habilitaba a la administración para declarar la vacancia del empleo
en los términos previstos en la legislación vigente para la época.
80. Tampoco es posible considerar que el escrito radicado el 19 de febrero de 2007
– aportado como prueba de la demanda – constituya un recurso anticipado contra
las Resolución 00551 de 22 de febrero de 2007 y 00904 de 26 de marzo de 2007,
por varias razones:
i) Dicho escrito no cumple los requisitos previstos en el artículo 52 del CCA, en
cuanto exige que el recurso se sustente con la expresión concreta de los motivos
de inconformidad frente al acto administrativo recurrido. En efecto, en el memorial
el actor no identifica un acto administrativo específico, sino que se limita a referirse
a una supuesta orden verbal de traslado de una persona que no tenía competencia
para ello y que —según afirmó— ni siquiera le había sido notificada.
ii) El propio actor reconoció posteriormente —como se desprende de los
antecedentes de la acción de tutela que dio lugar a la sentencia del 13 de marzo de
2007 (exp. 2007-0663)— que la administración le informó que los memorandos que
motivaban su inconformidad constituían actos de trámite no susceptibles de recurso.
De esta manera, la entidad dio respuesta a la petición presentada.
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iii) La orden impartida en la sentencia de tutela —exp. 2007-0663— fue clara en
disponer que debía modificarse la Resolución 00551 de 2007 para indicar que
contra ella procedía el recurso de reposición, lo cual tenía precisamente como
finalidad habilitar al interesado para que, una vez notificada dicha modificación,
pudiera ejercer oportunamente el recurso correspondiente. En consecuencia,
resulta claro que la orden no estaba dirigida a tener por interpuesto como recurso el
escrito previamente presentado, sino a permitir la presentación de uno nuevo.
81. Por consiguiente, a partir de la notificación efectuada el 29 de marzo de 2007
se activó el término legal para interponer el recurso de reposición contra el acto de
traslado, sin que el actor hubiera hecho uso de dicha oportunidad procesal.
82. En ese orden, no resulta jurídicamente viable otorgar efectos de recurso al
escrito presentado antes de la expedición del acto administrativo, ni sostener que la
administración estuviera obligada a resolver un recurso inexistente.
83. En cuanto al argumento relativo a la supuesta ausencia de un procedimiento
administrativo previo para declarar la vacancia del empleo, encuentra la Sala que
efectivamente no se efectuó un requerimiento formal al demandante para que
explicara su inasistencia, circunstancia que, en principio, podría considerarse una
irregularidad. No obstante, dicha situación carece de entidad suficiente para
desvirtuar la legalidad de los actos demandados, en la medida en que la
administración contó con información proveniente de la dependencia competente
acerca de la inasistencia del funcionario, sin que en el expediente o en su hoja de
servicios se encuentre acreditada justificación alguna para su ausencia.
84. De esta manera, la decisión de declarar la vacancia del cargo se fundamentó
en hechos verificables y objetivos, consistentes en la inasistencia injustificada del
servidor al lugar de trabajo al que había sido trasladado.
85. Del recuento de las actuaciones surtidas se advierte que el demandante
desplegó una serie de actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a
cuestionar la orden de traslado, incluso antes de la expedición del acto
administrativo que finalmente la formalizó.
86. Si bien es legítimo que los administrados acudan a los instrumentos previstos
en el ordenamiento para controvertir las decisiones de la administración, ello no
puede convertirse en un mecanismo para sustraerse del cumplimiento de actos que
gozan de presunción de legalidad y fuerza ejecutoria.
87. Esta circunstancia evidencia que las actuaciones promovidas por el actor no
tuvieron como finalidad principal controvertir de fondo la decisión administrativa,
sino prolongar una situación que le permitiera continuar desempeñando funciones
en una dependencia distinta de aquella a la cual había sido formalmente asignado,
lo cual termina por configurar un ejercicio abusivo del derecho.
88. En esa misma línea, aunque al demandante no se le informó de manera expresa
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sobre el inicio de un trámite por abandono del cargo, lo cierto es que su
comportamiento evidencia que no estaba encaminado a esclarecer o justificar su
inasistencia, sino a estructurar, de manera anticipada, una estrategia de defensa
orientada a cuestionar posteriormente la validez del acto administrativo.
89. En efecto, el actor no dejó de asistir a su lugar de trabajo por imposibilidad real
o por una causa justificada, sino que optó por no acatar la orden de traslado;
aparentó haber controvertido la decisión42, cuando hay prueba de que nunca lo hizo,
permitiendo que el acto quedara ejecutoriado y, de manera paralela, generó dudas
sobre la supuesta interposición de recursos ya resueltos (vgr., la petición de 19 de
febrero de 2007) con el propósito de reprochar la legalidad de la actuación
administrativa y construir, a partir de ello, un cargo de nulidad.
90. Inclusive, si se repara en el escrito que, según el demandante, contiene el
recurso que interpuso en contra del acto que lo retiró del servicio (sobre el cual se
volverá más adelante), se advierte que allí insiste en que la Resolución mediante la
cual se dispuso su traslado no fue notificada en debida forma43, cuando los medios
de prueba ya analizados por la Sala dan cuenta de que el 29 de marzo de 2007 se
puso en su conocimiento el contenido de las Resoluciones 00551 de 22 de febrero
y 00904 del 26 de marzo de 2007.
91. Todas estas actuaciones, consideradas en su conjunto, evidencian que su
finalidad no fue otra que construir, de cara al proceso judicial, un escenario para
alegar la nulidad del acto, a partir de supuestos errores atribuibles a la
administración. Sin embargo, para la Sala el demandante no puede derivar
consecuencias favorables de una situación que él mismo generó al desconocer la
orden administrativa de traslado, ni invocar posteriormente dicha circunstancia para
desvirtuar la legalidad de la decisión que declaró la vacancia del cargo por
abandono.
92. Aun si se admitiera que la administración debió otorgar un procedimiento previo
para que el funcionario explicara su ausencia, lo cierto es que las razones expuestas
por el actor en el presente proceso se limitaron a manifestar su inconformidad con
la orden de traslado, sin aportar elemento alguno que permitiera justificar su
42 Como indicios de la confusión que se destaca se tiene lo relatado en los hechos de la demanda entre los que
se indica: «[…] 9. Mediante Resoluciones 551 y 0904 de 2007, expedidas por la Dirección General de la Policía,
notificadas el 29 de marzo de 2007, se ordenó el traslado del Señor FRITZ VARGAS del colegio Nuestra Señora
de Fátima a la Dirección de Bienestar de la Policía. [/] 10. Sin embargo, 29 de marzo en adelante, el señor
FRITZ VARGAS no estaba en la obligación jurídica de presentarse a laborar en la Dirección de Bienestar de la
Policía, toda vez que la decisión de traslado aún no estaba en firme». Por su parte, en el acápite de pruebas se
señaló que se aportaba como documental: «[…] 9. Recurso de Reposición y en subsidio Apelación interpuesto
el 19 de febrero de 2007 en contra de la decisión administrativa de traslado del Colegio Nuestra Señora de
Fátima a la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional».
43 En dicho escrito se dijo: «[…] En el caso bajo examen, la orden de traslado objeto de discusión del Colegio
Nuestra Señora de Fátima a la Dirección de Bienestar Social no cumplió con los requisitos establecidos en el
articulo (sic) 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo para la notificación de los actos por
consiguiente esta no produce los efectos legales por ausencia de estos y la falta de poder ejecutorio. La misma
codificación expresa que el acto producido por la administración no tendrá efectos legales es decir que se tendrá
como no realizado y consecuentemente no se debe obligar su cumplimiento.[/] No fue debidamente notificado,
está viciado de nulidad, por incumplimiento a normas de carácter superior». Véase folio 26 del del archivo
denominado «01Anexos» contenidos en la carpeta «25000234200020150063800», obrante en el índice 0002
de SAMAI.
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inasistencia al cargo durante el período señalado.
93. Bajo el principio de instrumentalidad de las formas44, aun la eventual ausencia
de un trámite sumario previo no tiene la entidad suficiente para invalidar la actuación
administrativa, en tanto no se evidencia que dicha circunstancia hubiera tenido la
capacidad de modificar el sentido de la decisión adoptada, pues la ausencia
injustificada al lugar de trabajo se encuentra plenamente acreditada y la carga de
desvirtuar esta situación recaía sobre el empleado ausente.
94. Así las cosas, no se advierte afectación de las garantías propias del debido
proceso, sino, por el contrario, el ejercicio legítimo de la potestad administrativa
frente a una situación fáctica verificable, cuyas razones que sirvieron de sustento
se encuentran acreditas y se ajustaron al ordenamiento jurídico.
95. Ahora bien, en relación con la afirmación del actor según la cual habría
interpuesto recurso de reposición contra el acto que dispuso su retiro, se advierte
que dicho recurso no obra en los antecedentes administrativos allegados al
expediente. Aun si se admitiera que tal recurso fue presentado, la eventual falta de
resolución de un recurso en sede administrativa no afecta la legalidad intrínseca del
acto que se controvierte, pues se trataría, a lo sumo, de una cuestión relacionada
con su eficacia y con la caducidad de la acción45.
96. En ese sentido, la circunstancia de que la administración hubiera ejecutado la
decisión administrativa no comporta por sí misma un vicio de validez del acto, ni
desvirtúa los fundamentos que dieron lugar a su expedición.
97. Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que la existencia del acto
administrativo se encuentra ligada al momento en que la voluntad de la
administración se manifiesta a través de una decisión que reúne los elementos
propios de este, tales como la competencia de la autoridad que lo expide, la
identificación de su destinatario, el contenido u objeto de la decisión, la forma en
que se exterioriza y su motivación.
98. En consecuencia, el acto administrativo existe desde el momento en que es
expedido por la administración y, por su propia naturaleza, lleva implícita la aptitud
44 En este sentido, esta Corporación ha señalado que emerge como un criterio que auxilia la labor del juez,
según el cual «(…) las formas procesales no tienen un valor intrínseco o per se y por el contrario deben ser
comprendidas conforme a la finalidad sustantiva que se persigue». Véase Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 22 de octubre de 2015. Exp. 54001-23-31-000-
2002-01809-01 (42523), citando Corte Constitucional, Sentencia T-852 de 2002. Por su parte, la Corte
Constitucional ha señalado que «[…] debe valorarse si la irregularidad observada tiene la capacidad de afectar
de manera grave el proceso, tornándolo injusto, es decir, violatorio del debido proceso. En consecuencia, solo
cuando, además del vicio procesal, se vulnera el fin perseguido por la norma, procede declarar la nulidad de lo
actuado. Por el contrario, cuando la irregularidad no impide la realización efectiva de la función o propósito del
acto procesal, no puede considerarse que el proceso haya sido injusto o indebido». Auto 029A de 16 de abril
de 2002. MP: Eduardo Montealegre Lynett.
45 En efecto, esta Corporación ya se pronunció sobre dicho aspecto mediante auto del 7 de diciembre de 2017,
en el cual precisó que, «[…] en la medida en que al demandarse el acto ficto o presunto negativo derivado del
silencio administrativo frente al recurso de reposición presentado contra la Resolución n.º 02219 del 3 de julio
de 2007, es evidente que se puede acudir a la jurisdicción en cualquier tiempo». Véase archivo
«11AutoRevocaOficio», visible en el índice 0002 de SAMAI.
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para producir efectos jurídicos46. La notificación y la resolución de los recursos
constituyen el presupuesto necesario para que dicho acto produzca efectos frente
a sus destinatarios y, por tanto, para que pueda examinarse su eficacia, sin que ello
incida en su validez intrínseca.
99. Dicho de otra forma, aún bajo la hipótesis de que hubiera existido una omisión
en la resolución del recurso invocado por el actor, ello no conduce a la nulidad del
acto demandado, pues las censuras planteadas se dirigen, en esencia, contra la
legalidad del acto principal, cuya validez es objeto de examen por la Sala en esta
providencia.
100. Entonces, como no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara
los actos acusados, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones para, en su lugar, negarlas.
De la condena en costas
101. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
102. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
103. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
104. En consecuencia, se impondrán costas, en ambas instancias, a la parte
demandante, por cuanto se accede a las pretensiones del recurso de apelación y
se revoca la sentencia apelada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
46 Véase Corte Constitucional. Sentencia C-069 de 1995.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el doce (12) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se accedió a las pretensiones. En su lugar:
Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Johan
Stalyn Fritz Vargas en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía
Nacional.
Tercero. CONDENAR en costas, en ambas instancias, a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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