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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05323-00

Fecha
21 de agosto de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05323-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Johan Stalyn Fritz Vargas contra el Consejo de Estado–Sección Segunda por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05323-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

21 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05323-00

Accionante: JOHAN STALYN FRITZ VARGAS

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. La tutela no puede dirimir intereses económicos.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Johan Stalyn Fritz Vargas contra el
Consejo de Estado–Sección Segunda, que revocó la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 1 promovido por Johan Stalyn Fritz Vargas contra la
Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Policía Nacional.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

Johan Stalyn Fritz Vargas, actuando en nombre propio, formuló acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, igualdad, trabajo, estabilidad laboral, mínimo vital
y confianza legítima; que consideró vulnerados por el Consejo de Estado–Sección
Segunda, al haber proferido la providencia del 9 de abril de 2026, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Johan Stalyn Fritz Vargas contra
la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Policía Nacional, mediante la cual revocó la

1 Proceso identificado con número de radicación: 25000-23-42-000-2015-00638-02.

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Accionante: Johan Stalyn Fritz Vargas
Acción de tutela–Primera instancia

sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.

En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:

«1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, igualdad, trabajo, estabilidad laboral,
mínimo vital y confianza legítima.

2. Que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 9 de abril
de 2026 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, dentro del radicado 25000-23-42-000-2015-00638-02
(4568-2022).

3. Que se ordene al Consejo de Estado, por intermedio de la Sala, Sección o
Subsección que corresponda conforme al reparto interno, proferir una nueva
decisión que respete integralmente el precedente constitucional aplicable al retiro
por abandono del cargo, en especial la exigencia de defensa previa fijada por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-1189 de 2005 y reiterada en la
jurisprudencia constitucional sobre debido proceso administrativo.

4. Que en la nueva providencia se valore de manera integral, razonable y completa
el material probatorio que demuestra que el accionante continuó prestando
servicios en el Colegio Nuestra Señora de Fátima con posterioridad al 29 de marzo
de 2007, incluyendo el libro de control de entrada y salida, la certificación de la
rectora, las certificaciones de nómina y los testimonios practicados en primera
instancia.

5. Que se ordene a la autoridad judicial accionada abstenerse de considerar
subsanada la ausencia de trámite previo con base en el principio de
instrumentalidad de las formas, pues la defensa previa no era una formalidad
prescindible, sino una garantía constitucional mínima para evitar decisiones
arbitrarias de retiro.

6. Que, como consecuencia del amparo, se deje sin efectos la condena en costas
impuesta al accionante en ambas instancias.

7. Subsidiariamente, si el juez constitucional estima que el defecto es ostensible y
que no resulta necesaria una nueva valoración por parte del Consejo de Estado,
solicito que se disponga la protección directa de los derechos fundamentales y se
ordene mantener los efectos de la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de diciembre de 2019, en cuanto
declaró la nulidad de los actos administrativos de retiro y ordenó el reintegro e
indemnización correspondiente.»

2. Hechos relevantes

El señor Johan Stalyn Fritz Vargas fue vinculado como empleado público no uniformado
de la Policía Nacional desde el 12 de julio de 2001, en el cargo de Técnico Administrativo,
código 4065, grado 14, y desempeñaba funciones docentes en el Colegio Nuestra Señora

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Accionante: Johan Stalyn Fritz Vargas
Acción de tutela–Primera instancia

de Fátima de Bogotá. Posteriormente, mediante Resolución No. 00551 del 22 de febrero
de 2007, modificada por la Resolución No. 00904 del 26 de marzo de 2007, la Policía
Nacional dispuso su traslado del Colegio Nuestra Señora de Fátima a la Dirección de
Bienestar Social de la Policía Nacional.

Según el accionante, mediante Resolución No. 02219 del 3 de julio de 2007, la Dirección
General de la Policía Nacional declaró la vacancia del cargo por abandono, al considerar
que había dejado de laborar desde el 29 de marzo de 2007 en la Dirección de Bienestar
Social. No obstante, sostuvo que continuó prestando servicios en el Colegio Nuestra
Señora de Fátima, circunstancia que fue acreditada mediante el libro de entradas y
salidas, certificación de la rectora, certificaciones de nómina y testimonios de compañeros
docentes.

Ante ello, el señor Johan Stalyn Fritz Vargas promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad de
las Resoluciones No. 02219 de 2007 y No. 02751 de 2007, así como del acto ficto
negativo, y el consecuente reintegro al mismo cargo o a uno de igual o superior categoría,
junto con el reconocimiento indemnizatorio de salarios y prestaciones correspondientes.

El proceso fue conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mediante
sentencia de primera instancia del 12 de diciembre de 2019 consideró que se configuró
la falsa motivación de los actos demandados, al evidenciar que los supuestos fácticos en
que se fundaron no correspondían a la realidad, pues del libro de control de entrada y
salida de los docentes del Colegio Nuestra Señora de Fátima, las certificaciones
expedidas por la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y los testimonios
rendidos en la audiencia de pruebas se acreditó que el señor Johan Stalyn Fritz Vargas
continuó prestando sus servicios después del 29 de marzo de 2007. En consecuencia,
declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó su reintegro al cargo que
desempeñaba o a uno de igual o superior jerarquía, así como el reconocimiento, a título
de indemnización, de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

Posteriormente, la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, argumentando que la Resolución 02219 del 3 de julio de 2007 no
vulneró el debido proceso y que el retiro del actor se produjo porque no se presentó a
laborar en el nuevo cargo al que había sido trasladado mediante las Resoluciones 00551

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Accionante: Johan Stalyn Fritz Vargas
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del 22 de febrero de 2007 y 00904 del 26 de marzo de 2007, traslado que estaba obligado
a cumplir. Sostuvo que dichos actos no fueron objeto de control de legalidad,
permanecían vigentes y producían efectos jurídicos; que el actor incumplió la orden de
traslado y no acreditó fuerza mayor, caso fortuito o causa válida que justificara su
inasistencia; además, cuestionó la autenticidad de los registros del libro de asistencia y
la certificación expedida por la rectora del Colegio Nuestra Señora de Fátima.

La segunda instancia correspondió al Consejo de Estado–Sección Segunda, que
mediante sentencia del 9 de abril de 2026, revocó la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que estaba probado que el
demandante dejó de concurrir al lugar de trabajo que legalmente le correspondía, esto
es, a la dependencia de destino fijada por la Resolución 00551 de 2007, durante un
período ampliamente superior a los tres días consecutivos previstos en el artículo 42 del
Decreto 1792 de 2000, sin justificar su inasistencia. Concluyó que la declaratoria de
vacancia se fundó en el incumplimiento de una orden administrativa válida y obligatoria,
que la ausencia de un trámite sumario previo no tenía entidad suficiente para invalidar la
actuación administrativa y que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los
actos acusados.

La providencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la presente acción de
tutela por parte del señor Fritz Vargas.

3. Fundamentos de la acción

El accionante sostuvo que la sentencia proferida el 9 de abril de 2026 incurrió en defectos
sustantivo y fáctico, desconocimiento del precedente constitucional, falta de motivación,
incongruencia y violación directa de la Constitución, al convalidar su retiro por declaratoria
de vacancia por abandono del cargo pese a que no existió procedimiento administrativo
previo, no se le permitió explicar, aportar ni controvertir pruebas antes de retirarlo y el
expediente demostraba que continuó prestando servicios como docente en el Colegio
Nuestra Señora de Fátima.

Afirmó que la providencia cuestionada desconoció que la defensa previa constituye una
garantía constitucional indispensable en el retiro por abandono del cargo y que efectuó
una valoración contraevidente e incompleta del material probatorio, pues no valoró

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Accionante: Johan Stalyn Fritz Vargas
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integralmente las pruebas que acreditaban su continuidad laboral. Asimismo, señaló que
la sentencia infirió mala fe, abuso del derecho y una estrategia procesal sin prueba directa
y confundió el incumplimiento del traslado con el abandono del cargo.

4. Trámite procesal

El 22 de julio de 2026, se admitió la acción de tutela2 y se ordenó su notificación al
accionante y al Consejo de Estado–Sección Segunda, como autoridad judicial accionada,
así como a la Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional, al Colegio Nuestra Señora
de Fátima y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como terceros interesados. Se
vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se dispuso la publicación
de la providencia en la página web del Consejo de Estado. Igualmente, se solicitó al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitir copia digital del expediente del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Policía Nacional contestó3 la acción de tutela
y señaló que no obran elementos de juicio que indiquen posibles afectaciones o
vulneraciones a los derechos fundamentales del accionante, pues las garantías
fundamentales se encuentran indemnes. Indicó que está probado que el demandante
dejó de concurrir al lugar de trabajo que legalmente le correspondía, esto es, a la
dependencia de destino fijada por la Resolución 00551 de 2007, durante un período
ampliamente superior a los tres días consecutivos previstos en el artículo 42 del Decreto
1792 de 2000, situación que dio lugar a la expedición de la Resolución 2219 del 3 de julio
de 2007. Agregó que el accionante no acreditó los elementos que permitieran configurar
una vulneración de derechos ni demostró que el acto administrativo cuestionado hubiera
sido expedido con infracción de las normas en las que debía fundarse, falsa motivación
o desconocimiento del debido proceso, por lo que solicitó no conceder las pretensiones
ante la improcedencia de la acción de tutela.

Por su parte, el Colegio Nuestra Señora de Fátima–Bogotá contestó4 la acción de tutela
y señaló que no cuenta con la información solicitada, por cuanto no reposa en los archivos
de esa institución ni hace parte de sus competencias funcionales. En consecuencia,
indicó que, una vez recibido el requerimiento, dio el trámite correspondiente, remitiéndolo

22 Cfr. SAMAI, índice 4.
3 Cfr. SAMAI, índice 13.
4 Cfr. SAMAI, índice 14.

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Accionante: Johan Stalyn Fritz Vargas
Acción de tutela–Primera instancia

a la dependencia competente de la Policía Nacional, responsable de custodiar y
suministrar la información requerida, con el fin de que se emitiera la respuesta de fondo
dentro de los términos legales establecidos.

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, envió copia digital del
expediente del proceso ordinario5.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia del 9
de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 6 ,
promovido por Johan Stalyn Fritz Vargas contra la Nación–Ministerio de Defensa
Nacional–Policía Nacional.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 7 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se

5 Cfr. SAMAI, índice 12.
6 Proceso identificado con número de radicación: 25000-23-42-000-2015-00638-02.
7 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela8.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional9: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los

8 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Accionante: Johan Stalyn Fritz Vargas
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jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»

Caso concreto

El señor Johan Stalyn Fritz Vargas promovió acción de tutela contra la sentencia del 9 de
abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al
considerar que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad, trabajo, estabilidad laboral,
mínimo vital y confianza legítima.

La Sala advierte que, la tutela promovida por el señor Fritz Vargas será declarada
improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Esto,
pues la Sala observa que lo que pretende el accionante es reabrir el debate que quedó
zanjado en sede de instancia.

Se advierte que la controversia planteada carece de relevancia constitucional, en la
medida en que el accionante pretende reabrir un asunto que ya fue resuelto por la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro del cual las dos instancias valoraron
integralmente los documentos aportados. Se evidencia que la acción de tutela se utiliza
para cuestionar la decisión adoptada en segunda instancia y reabrir el debate propio del
proceso ordinario, reflejando, en realidad, una inconformidad con el sentido del fallo y un
intento de convertir el amparo constitucional en una tercera instancia.

Consejo de Estado–Sección Segunda, en la sentencia accionada, mencionó lo siguiente:

«68. Llama la atención de la Sala la conducta desplegada por el actor ante la
administración, pues, según afirmó en la demanda, «[…] el acto administrativo de
traslado que se notificó el 29 de marzo de 2007 quedó en firme hasta el viernes 7
de abril de 2007. Esto porque, el acto administrativo de traslado con su modificación
consagraba la procedencia del recurso de reposición, el cual, debía interponerse en

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el término de […] 5 días hábiles siguientes a su notificación personal, por tanto, el
acto administrativo de traslado sólo producía efectos jurídicos hasta que se venciera
este término o se decidieran los recursos, si se llegaban a interponer»40; no
obstante, pese a tal afirmación, continuó laborando en el Colegio según la misma
demanda incluso hasta el 4 de mayo de 2007, es decir, conocía el carácter
obligatorio de la decisión, pero decidió seguir ejerciendo en otro cargo, aun cuando
no interpuso recurso alguno que suspendiera la ejecutoria del acto administrativo.

69. En esa medida, la conducta del actor no resulta coherente con la tesis que
expone en la demanda. En efecto, mientras sostiene que el acto administrativo no
se encontraba en firme y, por ende, no le era exigible su cumplimiento inmediato, lo
cierto es que tampoco desplegó actuación alguna orientada a controvertirlo dentro
del término legal. Esta dualidad —consistente en afirmar la inexistencia de
obligatoriedad del acto y, simultáneamente, omitir el ejercicio oportuno de los
mecanismos de impugnación— constituye un elemento relevante para el análisis
que se desarrollará a continuación en torno al comportamiento asumido por el
demandante frente a la orden de traslado.»

«73. Además, en el acto administrativo acusado se dejó consignado que la
inasistencia del funcionario se extendió desde el 29 de marzo de 2007 hasta la
fecha en la que se expidió el Oficio 497 DIBIE-ASJUR, esto es, el 24 de mayo de
2007, el cual sirvió de insumo para la expedición de la Resolución 2219 del 3 de
julio de 2007; período que supera con creces el término exigido por la normativa
aplicable e incluye el anteriormente mencionado.»

«75. En otras palabras, el hecho de que el actor hubiera continuado asistiendo a
laborar en una dependencia distinta de aquella a la cual fue formalmente asignado
no equivale al cumplimiento de sus obligaciones, sino que evidencia precisamente
la renuencia a acatar la orden administrativa de traslado.»

«76. En efecto, la jurisprudencia ha señalado que el abandono del cargo se
configura cuando el servidor público deja de concurrir al lugar de trabajo o se
sustrae, sin causa justificada, del cumplimiento de las funciones propias del empleo
que venía desempeñando. De manera que esta figura se consolida no solo cuando
el funcionario se ausenta injustificadamente de su lugar de trabajo, sino también
cuando omite ejercer las funciones que le corresponden conforme a la situación
administrativa en la que se encuentre.»

«77. Está probado que el demandante dejó de concurrir al lugar de trabajo que
legalmente le correspondía, esto es, a la dependencia de destino fijada por la
Resolución 00551 de 2007, durante un período ampliamente superior a los 3 días
consecutivos previstos en el artículo 42 del Decreto 1792 de 2000. También que,
entre el 24 de mayo de 2007, fecha en que se puso en conocimiento del director
general de la Policía Nacional la situación de ausentismo del funcionario, y el 3 de
julio de 2007, fecha de expedición del acto acusado, el actor no acudió ante la
administración a justificar su inasistencia, pese a tener conocimiento de la orden de
traslado que lo obligaba a presentarse en la dependencia de destino; circunstancias
suficientes para configurar la causal de abandono del cargo.»

«79. Así, al no acatar la orden de traslado ni presentarse a cumplir las funciones
correspondientes al cargo en la dependencia a la cual fue destinado, el actor
incurrió en la conducta que la normativa aplicable tipifica como abandono del cargo,
circunstancia que habilitaba a la administración para declarar la vacancia del
empleo en los términos previstos en la legislación vigente para la época.»

«83. En cuanto al argumento relativo a la supuesta ausencia de un procedimiento
administrativo previo para declarar la vacancia del empleo, encuentra la Sala que

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efectivamente no se efectuó un requerimiento formal al demandante para que
explicara su inasistencia, circunstancia que, en principio, podría considerarse una
irregularidad. No obstante, dicha situación carece de entidad suficiente para
desvirtuar la legalidad de los actos demandados, en la medida en que la
administración contó con información proveniente de la dependencia competente
acerca de la inasistencia del funcionario, sin que en el expediente o en su hoja de
servicios se encuentre acreditada justificación alguna para su ausencia.»

«89. En efecto, el actor no dejó de asistir a su lugar de trabajo por imposibilidad real
o por una causa justificada, sino que optó por no acatar la orden de traslado;
aparentó haber controvertido la decisión42, cuando hay prueba de que nunca lo
hizo, permitiendo que el acto quedara ejecutoriado y, de manera paralela, generó
dudas sobre la supuesta interposición de recursos ya resueltos (vgr., la petición de
19 de febrero de 2007) con el propósito de reprochar la legalidad de la actuación
administrativa y construir, a partir de ello, un cargo de nulidad.»

«95. Ahora bien, en relación con la afirmación del actor según la cual habría
interpuesto recurso de reposición contra el acto que dispuso su retiro, se advierte
que dicho recurso no obra en los antecedentes administrativos allegados al
expediente. Aun si se admitiera que tal recurso fue presentado, la eventual falta de
resolución de un recurso en sede administrativa no afecta la legalidad intrínseca del
acto que se controvierte, pues se trataría, a lo sumo, de una cuestión relacionada
con su eficacia y con la caducidad de la acción.»

De lo anterior se desprende que, contrario a lo sostenido por el accionante, la autoridad
judicial accionada sí abordó el estudio del caso concreto y expuso las razones jurídicas
que sustentan su decisión, en particular en lo relacionado con la firmeza y obligatoriedad
de la orden de traslado, la configuración de la causal de abandono del cargo, la
continuidad del accionante en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, la ausencia de un
procedimiento administrativo previo y la falta de decisión del recurso de reposición contra
el acto de retiro. En ese sentido, la inconformidad del accionante se dirige a cuestionar la
interpretación y valoración efectuada por el juez de segunda instancia respecto de los
hechos, las pruebas y las normas aplicables al caso.

La Sala advierte que lo planteado por el accionante se reduce a un desacuerdo con la
sentencia de segunda instancia, pues la autoridad judicial realizó un análisis sobre los
hechos y las normas aplicables, por lo que lo que se pretende es que el juez constitucional
adopte una postura distinta frente a dicho análisis. En ese sentido, la acción de tutela se
utiliza como un mecanismo para reabrir el debate propio del proceso ordinario y convertir
el amparo en una tercera instancia.

Además de lo expuesto, se advierte que, en el proceso ordinario, el accionante planteó
sustancialmente los mismos argumentos que ahora expone en la acción de tutela,
relacionados con la configuración del abandono del cargo, la firmeza de la orden de

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traslado, la continuidad en la prestación del servicio, la ausencia de un procedimiento
administrativo previo y la falta de decisión de los recursos interpuestos, los cuales ya
fueron analizados por las autoridades judiciales que conocieron del proceso. De esa
forma, en el caso en concreto no existe relevancia constitucional.

De otra parte, las pretensiones relacionadas con dejar sin efectos la condena en costas
y mantener el reconocimiento de la indemnización correspondiente, consistente en el
pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, son pretensiones que escapan de la
órbita del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales. Por demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo de
pretensiones "deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para
su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de
carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones
correspondientes" 10 . Dicha circunstancia reitera que la acción de tutela carece de
relevancia constitucional, toda vez que se trata de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas11.

En consecuencia, la controversia planteada no evidencia una vulneración directa de
derechos fundamentales, sino una discrepancia del accionante con el ejercicio legítimo
de la función jurisdiccional, debido a que, el Consejo de Estado–Sección Segunda, como
segunda instancia, ya resolvió de fondo la situación jurídica debatida en el proceso
ordinario.

La Sala concluye que la sentencia del Consejo de Estado–Sección Segunda estuvo
debidamente motivada, fue razonable y respetó los límites de la autonomía judicial. Los
cargos formulados por el accionante en sede de tutela se limitaron a plantear su
desacuerdo con la decisión adoptada y a intentar reabrir un debate judicial ya resuelto de
manera definitiva.

Dicho lo anterior, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la

10 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021

11 Corte Constitucional Sentencia SU-134 de 2022. MP José Fernando Reyes Cuarta

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autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones
expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.

La sentencia reprochada fue dictada dentro del marco de la legalidad. En consecuencia,
no se configura vulneración de derecho fundamental alguna y el amparo se declarará
improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Johan Stalyn Fritz Vargas
contra el Consejo de Estado–Sección Segunda por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MÚÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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