Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05901-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05901-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05901-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05901-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05901-00
Demandante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral / Proceso de
selección de personero municipal / Defecto fáctico, sustantivo,
desconocimiento de precedente y violación directa de la
Constitución Política
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por Darbey Aldemar Leguizamón Perilla, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
Darbey Aldemar Leguizamón Perilla promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 22 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, en el medio de control de nulidad electoral identificado con el radicado
15001-23-33-000-2024-00104-00 (acumulado).
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
i) El Concejo Municipal de San Luis de Gaceno expidió la Resolución 200.17.006
del 10 de enero de 2024 y el acta de la sesión plenaria de la misma fecha con las
que declaró su elección como personero para el cuatrienio 2024-2028.
ii) Por estos hechos, los procuradores para asuntos administrativos de Tunja
presentaron demanda de nulidad electoral contra el mencionado acto
administrativo, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05901-00
Demandante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla.
Boyacá que profirió la sentencia de única instancia del 22 de agosto de 2024 con la
que accedió a las súplicas de la demanda por considerar que el vicio sustancial tuvo
ocurrencia desde la selección de la entidad que prestaría el respectivo apoyo, y ello
fue anterior a la apertura de la convocatoria, por lo que la afectó sustancialmente.
v) La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución Política. En razón, a que:
«[…] la Universidad Popular del Cesar -en adelante UPC- sí cumplía con el requisito de
idoneidad para adelantar el proceso de selección del personero del municipio de San
Luis de Gaceno – Boyacá, toda vez que se trataba de un ente universitario debidamente
acreditado por el Ministerio de Educación Nacional y, por lo mismo no requería de
exigencia adicional. Adujo que las irregularidades advertidas en la decisión judicial no
tenían entidad suficiente para viciar de nulidad su elección como personero, que la
providencia incurrió en ausencia de valoración de los documentos que acreditaban la
experiencia de la UPC, y que, por cargos similares, en dos sentencias del Tribunal
Administrativo de Santander y una del Tribunal Administrativo del Magdalena se habían
negado las pretensiones. […]» (sic)
1.1.1. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] PRIMERA: Que el mas alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tutele los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, Y ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, en conexidad con los principios de confianza legitima,
buena fe y seguridad jurídica de los cuales soy titular, Vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE DECISIÓN CUARTA.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial - Sentencia de Única Instancia
proferida por el Dr. DIEGO MAURICIO HIGUERA JIMÉNEZ, en su calidad magistrado
del Tribunal Administrativo de Boyacá́ de fecha 22 de agosto de 2024, proferida dentro
del medio de control de nulidad electoral bajo el Radicado Exp. Principal N°. 15001 23
33 000 2024 00104 00 y Exp. Acumulado: 15001 23 33 000 2024 00128 00. Demandado:
DARBEY ALDEMAR LEGUIZAMÓN PERILLA. (Personero de San Luis de Gaceno), por
haber incurrido en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
de la Constitución Política de 1991.
TERCERA: ORDENAR, al CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS DE GACENO, ratificar
en el cargo de Personero Municipal de San Luis de Gaceno - Boyacá a DARBEY
ALDEMAR LEGUIZAMÓN PERILLA identificado con la cédula de ciudadanía No.
80.241.451 expedida en Bogotá, para el periodo constitucional 2024-2028.
CUARTO: Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias para la protección de los derechos invocados o de cualquier otro que el
despacho considere vulnerado. […]» (sic).
1.2. Informe rendido en el proceso
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05901-00
Demandante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla.
1.2.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá2 solicitó declarar la improcedencia de
la tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, en la medida en que el
demandante pretende reabrir una discusión jurídica ya concluida mediante cargos
ya resueltos en el proceso contencioso administrativo.
1.2.2. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio.3
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 5 del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6
de abril de 2021,4 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado5 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.6 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
2
Archivo obrante en el índice 10 del Samai.
3 Mediante auto del 5 de noviembre de 2024, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular
a los procuradores 69 judicial I, 45 judicial II y 46 judicial II para asuntos administrativos de Tunja; a
la Universidad Popular del Cesar; y al municipio y Concejo Municipal de San Luis de Gaceno.
4 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05901-00
Demandante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla.
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena7 adoptó los criterios expuestos
por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer la
procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección
de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese
sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional8 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que tenga
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos9, el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales10.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05901-00
Demandante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los
derechos fundamentales de Darbey Aldemar Leguizamón Perilla con ocasión de la
providencia del 22 de agosto de 2024, con la que accedió a las pretensiones de la
demanda y declaró la nulidad del acto administrativo mediante el cual fue declarado
electo como personero municipal de San Luis de Gaceno, para el periodo 2024-
2028, con la que incurrió, presuntamente, en diferentes causales específicas de
procedibilidad?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo de los demás argumentos de
inconformidad expuestos.
2.4.2. Defecto sustantivo o material
En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto11. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que
este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta12, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.
El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
11 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
12 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05901-00
Demandante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla.
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales13.
2.4.3. Defecto fáctico
En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que se le atribuye a la sentencia
objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 19 tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,20 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».21 La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».22
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.4. Sobre el caso concreto
Darbey Aldemar Leguizamón Perilla acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 22 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá con la que se declaró la nulidad del acto administrativo mediante el cual fue
declarado electo como personero municipal de San Luis de Gaceno, para el periodo
2024-2028.
Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto
sustantivo, en razón a que: i) la Universidad Popular del Cesar sí cumplía con el
requisito de idoneidad para adelantar el proceso de selección del personero del
municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá, toda vez que se trataba de un ente
universitario debidamente acreditado por el Ministerio de Educación Nacional, por
lo no requería de exigencia adicional; ii) las irregularidades advertidas en la decisión
judicial no tenían la entidad suficiente para viciar de nulidad su elección como
personero; iii) se presentó ausencia de valoración de los documentos que
acreditaban la experiencia de la UPC; cargos que en asuntos de contornos similares
los Tribunales Administrativos de Santander y del Magdalena negaron las
pretensiones formuladas.
13 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05901-00
Demandante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla.
Así, se observa que el Tribunal Administrativo de Boyacá para resolver
favorablemente los cargos formulados por la parte demandante, consideró:
«[…] 37. Como se expuso en líneas atrás, la elección del personero municipal es
competencia constitucional y legal de los concejos municipales, quienes, para tales
efectos, y como se extrae del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, sin que se
desprendan por completo de la función, podrán acudir a i) universidades, ii) instituciones
de educación superior públicas o privadas, y iii) entidades especializadas en procesos
de selección de personal.
38. Una lectura inicial del citado artículo propondría, como lo alegaron el personero
demandado y el concejo municipal con sustento en reciente decisión del Tribunal
Administrativo de Santander (Exp: 68001-23-33-000- 2024-00203-00) que, al ser la UPC
una IES, cumplía el requisito de idoneidad por el mero hecho de ser tal. Sin embargo, al
no tratarse de un precedente vinculante o de una subregla de unificación sentada por el
órgano de cierre de la jurisdicción, la Sala no comparte dicho criterio, por las razones
que se exponen a continuación.
39. No se desconoce que, la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado
ha definido a las entidades especializadas en procesos de selección de personal, como
órganos o personas jurídicas de derecho público o privado “(...) que tienen dentro de su
objeto social la realización, apoyo o gestión a procesos de selección de personal.20” 21
y, ha propuesto el siguiente método de identificación para establecer su idoneidad, así:
[…]
40. Pese a que el precedente jurisprudencial citado se ha referido a entidades
especializadas en procesos de selección, y no a universidades propiamente dichas, no
por esa sola circunstancia habrá de concluirse que, respecto de estas últimas -como es
el caso de la UPC- haya de presumirse ipso iure su idoneidad, máxime cuando, como
en el caso bajo examen, la misma UPC ha expresado carecer de idoneidad y de
condiciones técnicas, administrativas y logísticas para adelantar el proceso de selección.
41. En efecto, el Decreto 1083 de 2015, indica que el concurso podrá ser adelantado por
universidades o IES, o entidades especializadas en selección de personal. Empero, ello
no quiere decir que la universidad o IES pueda eximirse de acreditar requisitos mínimos
de idoneidad y experiencia en esta clase de asuntos. Aunque el legislador extraordinario
otorgó una suerte de presunción de idoneidad en favor de universidades e IES, ello
obedece al previo reconocimiento que, como tales, les ha otorgado el Ministerio de
Educación Nacional, a través de actos administrativos que les habilitan para el ejercicio
de su objeto. No obstante, el criterio de la Sala es que, tal reconocimiento -de la
presunción- no implica establecer, en absoluto, que todas las universidades e IES tienen
capacidad e idoneidad para participar en procesos de selección de personeros
municipales. Entenderlo así́, implica desconocer los principios de objetividad,
transparencia e imparcialidad que deben regir el procedimiento de selección -Art.
2.2.27.1-, y que, como lo sostuvo de antaño la Corte Constitucional en sentencia C-105
de 2013, dada la complejidad que revisten estos procedimientos, al margen que sean
asistidos por universidades, IES o entidades expertas en selección de personal, se exige
“(...) la identificación y utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, y, por otro,
imparcialidad para evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la experiencia, las
habilidades y las destrezas de los participantes.”. Así como “(...) la disposición de una
amplia y compleja infraestructura y logística administrativa. En otras palabras, las
dificultades de los concursos hacen imperativa la disposición y utilización de sofisticadas
herramientas humanas, informáticas, administrativas y financieras, de las que en
principio carecen los concejos municipales y distritales.”.
42. Nótese que, lo anterior, más allá de constituir una exigencia de cara a la persona
jurídica que puede acompañar el proceso de selección, es un requisito esencial y/o
sustancial del mismo. Razón por la que, su incumplimiento no puede tenerse como
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05901-00
Demandante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla.
irregularidad meramente procedimental. Por el contrario, es evidente que, la escogencia
de una persona jurídica idónea necesariamente influirá́ en el resultado final, en tanto
que, garantizará el respeto de los principios de mérito, objetividad e imparcialidad en la
escogencia del personero municipal. Al respecto, vale traer a colación sentencia de 27
de octubre de 2021, en que, a partir del contenido de sus estatutos, se estudió la
idoneidad de la fundación Universidad de Valle, para apoyar el proceso de selección del
personero municipal de Santiago de Cali, así:
[…]
43. Así las cosas, aun cuando el proceso de selección sea acompañado por una
universidad o una IES, el juez electoral podrá declarar la nulidad de acto de elección por
infracción de las normas en debía fundarse y expedición irregular, como se hará en esta
ocasión, dado el quebrantamiento de los principios de objetividad, transparencia e
imparcialidad establecidos en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015. 44.
Conforme al acervo documental, está acreditado que la UPC es una IES que ostenta el
carácter de universidad. Como se dijo, el hecho de serlo no implica que se exima del
deber de demostrar idoneidad y experiencia en procesos de selección. Tal no es la
voluntad del legislador extraordinario al permitir a las universidades e IES asistir los
procesos de selección de personeros municipales. Pese a que, de la lectura del artículo
2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 se extrae que, podría presumirse que las
universidades -como la UPC- ostentan capacidad e idoneidad para esta clase de
asuntos, bien puede desvirtuarse tal afirmación, tal como aconteció con los respectivos
medios de prueba. [...]». (sic)
De acuerdo con los argumentos expuestos en la providencia judicial cuestionada,
resulta claro que el Tribunal Administrativo de Boyacá efectuó un estudio razonable
en el que determinó que, contrario a lo expuesto por el demandante, no se
desconoció el carácter de institución de educación superior de la Universidad
Popular del Cesar, diferente es, que esta misma efectuara denuncias y
declaraciones en las que informaban acerca del ejercicio irregular de funciones de
delegación por parte del entonces vicerrector para suscribir contratos y/o convenios
con los concejos municipales, de manera que estableció que el ordenamiento
jurídico otorgaba una presunción -no absoluta- de capacidad e idoneidad en favor
de los entes universitarios; la cual, en el caso particular, fue desvirtuada en la
medida en que, la escogencia de la persona jurídica que adelanta el proceso de
selección garantiza un resultado final que respeta principios como el mérito, la
transparencia y la moralidad administrativa, entre otros.
Es entonces que, el Tribunal Administrativo de Boyacá insistió en que las
circunstancias en que se adelantó el proceso de selección conducían a anular el
acto de elección del ahora demandante porque no resultaba plausible otorgar
credibilidad y valor probatorio a aquellos documentos donde el entonces vicerrector
declaraba el cumplimiento de tales requisitos, máxime cuando el concejo municipal
pese a ser conocedor de las irregularidades informadas por el rector de la UPC,
decidió llevar adelante el proceso.
Así pues, la corporación judicial demandada aclaró las razones por las que la
Universidad Popular del Cesar carecía de idoneidad para adelantar el referido
proceso de selección, aun cuando se trataba de un ente universitario acreditado y
pese a que algunos documentos refirieran que tenía experiencia en selección de
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05901-00
Demandante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla.
personal, ya que este último aspecto no fue el único analizado, por lo cual estableció
que no se trataba de una irregularidad procedimental sino sustancial que impidió la
realización de los principios de objetividad y transparencia que deben regir el
procedimiento.
Por último, tampoco se evidencia el desconocimiento del precedente referido, en la
medida en que el demandante no identificó que decisiones con tal connotación
fueron desatendidas y, en lo que se refiere a decisiones de otros tribunales, se
aclara que no resultan vinculantes ni de obligatorio cumplimiento, ya que no
provienen del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
sino que atienden al razonamiento judicial propio de cada juez colegiado.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una instancia adicional.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
invocado en la solicitud de tutela interpuesta por Darbey Aldemar Leguizamón
Perilla contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Darbey Aldemar
Leguizamón Perilla en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05901-00
Demandante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.