Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05901-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05901-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05901-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
3 de abril de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05901 01
Accionante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05901 01
Accionante: DARBEY ALDEMAR LEGUIZAMÓN PERILLA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE
DECISIÓN CUARTA
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 3 de diciembre de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Darbey Aldemar Leguizamón Perilla, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de la Sala de Decisión Cuarta del
Tribunal Administrativo de Boyacá, con ocasión de la sentencia proferida
el 22 de agosto de 2024, en los procesos de nulidad electoral de única
instancia identificados con los radicados nro. 15001 23 33 000 2024
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05901 01
Accionante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla
00104 00 (principal) y nro. 15001 23 33 000 2024 00128 00 (acumulado),
y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERA: Que el más alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, tutele los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, en conexidad con los principios de confianza legitima,
buena fe y seguridad jurídica de los cuales soy titular, Vulnerados
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE
DECISIÓN CUARTA.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial - Sentencia
de Única Instancia proferida por el Dr. DIEGO MAURICIO HIGUERA
JIMÉNEZ, en su calidad magistrado del Tribunal Administrativo de
Boyacá de fecha 22 de agosto de 2024, proferida dentro del medio
de control de nulidad electoral bajo el Radicado Exp. Principal N°.
15001 23 33 000 2024 00104 00 y Exp. Acumulado: 15001 23 33
000 2024 00128 00. Demandado: DARBEY ALDEMAR LEGUIZAMÓN
PERILLA. (Personero de San Luis de Gaceno), por haber incurrido en
los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
de la Constitución Política de 1991.
TERCERA: ORDENAR, al CONCEJO MUNICIPAL DE SAN LUIS DE
GACENO, ratificar en el cargo de Personero Municipal de San Luis de
Gaceno - Boyacá a DARBEY ALDEMAR LEGUIZAMÓN PERILLA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.241.451 expedida en
Bogotá, para el periodo constitucional 2024-2028.
CUARTO: Adoptar las demás medidas de protección constitucional
que se consideren necesarias para la protección de los derechos
invocados o de cualquier otro que el despacho considere vulnerado
[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que el Concejo Municipal de San Luis de Gaceno
suscribió convenio interadministrativo con la Universidad Popular del
Cesar para que dicha institución prestara apoyo a la gestión pública, con
el fin de adelantar el concurso público, abierto y de mérito y realizar las
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05901 00.
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pruebas encaminadas a evaluar el conocimiento, aptitud y competencia
de los aspirantes al cargo de personero municipal.
Precisó que, “(…) quien suscribió el convenio interadministrativo de
cooperación a nombre de la Universidad Popular del Cesar -UPC fue el
Vicerrector Administrativo en virtud de la delegación que se le confirió en
la Resolución 1375 del 04 de agosto de 2022, acto administrativo que
goza de presunción de legalidad en virtud del artículo 88 de la Ley 1437
de 2011, toda vez que sobre el mismo no se ha declarado su nulidad, es
decir, en este caso, no está en discusión que el vicerrector administrativo
de la UPC -vigencia 2023- tenía la competencia para suscribir el convenio
y para la época en la que se suscribió tenía plenamente el atributo de la
ejecutoriedad (…)”2.
Manifestó que, mediante la Resolución nro. 200.17.064 de 2023, el
Concejo Municipal de San Luis de Gaceno dio apertura a la convocatoria
pública para la elección del personero municipal, fijando las bases del
concurso, los requisitos del cargo, las pruebas de conocimiento con
criterio eliminatorio y las comportamentales y antecedentes de hoja de
vida con criterio clasificatorio.
Señaló que, una vez surtidas todas las etapas del concurso, mediante la
Resolución nro. 200.17.006 del 10 de enero de 2024, el Concejo Municipal
de San Luis de Gaceno protocolizó la decisión de elegirlo personero
municipal para el período constitucional 2024-2028. Agregó que la
posesión para proveer dicho cargo se llevó a cabo el 17 de enero de 2024
ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Luis de Gaceno.
Relató que, los Procuradores 69 Judicial I, 45 Judicial II y 46 Judicial II
para Asuntos Administrativos de Tunja y la Universidad Popular del Cesar
promovieron demanda de nulidad electoral en su contra, con el fin de que
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Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05901 00.
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se declarara la nulidad de la precitada resolución y acta de posesión y, en
consecuencia, se adelantara un nuevo proceso de selección.
La demanda de única instancia correspondió por reparto a la Sala de
Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá que, en sentencia
del 22 de agosto de 2024 accedió a las pretensiones y, adicionalmente,
ordenó compulsar copias del expediente ante la Procuraduría General de
la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
El accionante alegó que el tribunal accionado “(…) realizó una indebida
interpretación y de hecho extensiva, a lo expuesto en las demandas por
los actores (…) al imponer que “toda actuación administrativa (…), debe
contar con la aquiescencia del jefe de la Oficina Jurídica y líder de la
Unidad de Contratación de la Universidad Popular del Cesar”, cuando esta
oficina jurídica no tiene la competencia para ello sino para apoyar a las
dependencias en el proceso de contratación, ni mucho menos cuenta con
estas facultades delegadas en la Resolución N°.1910 de fecha 12 de julio
de 2023, cuando la delegación de funciones son específicas. Y solo tienen
competencia para suscribir órdenes contractuales, contratos y convenios,
el Rector y los funcionarios en quien él delegue tal facultad. (Art. 10.
Acuerdo N°.006 de fecha 22 de febrero de 1999). Con el actuar del
Tribunal Administrativo de Boyacá, se quebrantaron los principios de
confianza legitima, seguridad jurídica y buena fe (…)”3.
Sostuvo que “(…) no se han demostrado los vicios de expedición irregular
en contra del acto de elección del suscrito accionante como Personero
Municipal de San Luis de Gaceno (Boyacá) año 2024-2028; contenido en
la Resolución No. 200.17.006 de 10 de enero de 2024, y, por
consiguiente, la presunción de legalidad del acto acusado quedó incólume
(…)”4.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
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Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, adujo que estos se encuentran
acreditados, y, particularmente, en cuanto a la relevancia constitucional
indicó que “(…) la tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues en el presente asunto, se observa que en el caso no
se propone un debate de estricta legalidad, sino que la discusión se
orienta a determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en los (…)
defectos por la falta de valoración de algunas pruebas y la inaplicación de
las normas pertinentes, lo que conllevaría, de encontrarse acreditados, la
vulneración de garantías iusfundamentales. Sobre la base de que la
autoridad judicial vulneró los derechos a la igualdad, al trabajo, el debido
proceso y acceso a la administración de justicia, derecho al acceso de
cargos públicos por mérito, que terminó por dejar sin protección los
derechos fundamentales aquí tutelados en la sentencia de única instancia
fechada 22 de agosto de 2024, así como los principios constitucionales de
la buena fe, confianza legítima (…)”5.
Añadió que, “(…) la acción de tutela no es empleada como una tercera
instancia judicial para reabrir el proceso, ya que los defectos que se
invocan se habrían configurado en la sentencia que le puso fin al medio
de control de nulidad electoral (…). De ahí que, en estricto rigor jurídico,
los argumentos constitucionales invocados en la solicitud de amparo no
hayan sido debatidos en el curso del proceso ordinario (…)”6.
Posteriormente, en el acápite denominado “CAUSALES ESPECIALES DE
PROCEDIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS
JUDICIALES”, anotó que la providencia acusada incurrió en defecto
fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa de la constitución.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
5
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Sobre el defecto fáctico argumentó que “(…) la cuestión debatida hace
referencia a la configuración de una vía de hecho por valoración
defectuosa y por la no valoración de parte del material probatorio en el
trámite de la sentencia de única instancia (…)”7.
Resaltó que “(…) la Universidad Popular del Cesar es una Institución de
Educación Superior -IES- Pública en virtud del certificado de existencia y
representación legal expedido por el Ministerio de Educación Nacional que
reposa en el expediente contentivo de fecha 30 de mayo de 2023 y, por
virtud de la Ley 34 de 1976 mediante la cual se creó la universidad; siendo
lógico determinar que la Universidad Popular del Cesar, al celebrar el
convenio interadministrativo con el Concejo de San Luis de Gaceno para
la respectiva ejecución logística del concurso público, abierto y de méritos
para la elección del personero, si cumple el requisito de idoneidad (…)”8.
En ese sentido, hizo referencia a la idoneidad de las universidades para
suscribir convenios y apoyar a los concejos municipales en el diseño y
realización de concursos de méritos para la elección de personeros
municipales, y aseguró que “(…) en este caso se demostró que la
Universidad Popular del Cesar, con la cual el concejo municipal de San
Luis de Gaceno, suscribió convenio interadministrativo de cooperación
para la prestación de servicios de asesoría especializada y
acompañamiento en la realización del concurso de méritos para proveer
el cargo de personero municipal, «es una institución de educación
superior OFICIAL y su carácter académico es el de UNIVERSIDAD», tal y
como se advierte en el Certificado de Existencia y Representación Legal
No. 2023-EE-125054 aportado en el expediente digital del proceso de
nulidad electoral, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, lo
que, en principio, permitiría concluir que estaba habilitada para adelantar
el acompañamiento a dicho proceso de selección, sin que se tenga que
7
Ibidem.
8
Ibidem.
6
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entrar a verificar si en sus estatutos se encuentra como función, objeto o
misión la de apoyo o gestión a procesos de selección de personal, como
lo analizó el Magistrado de la sala cuarta del Tribunal Administrativo de
Boyacá (…)”9.
Subrayó que las razones del tribunal accionado “(…) son infundadas y lo
que ha pretendido mediante sus maniobras es atacar un proceso que fue
y ha estado revestido de formalidad y legalidad, lo que me otorga la razón
en cuanto a la no valoración y la valoración contradictoria y sesgada de
los elementos de convicción configurando una causal de procedibilidad de
la acción de tutela a impetrar contra providencias judiciales conocidas
como defecto fáctico por no valoración y valoración defectuosa del
material probatorio (…)”10.
A su turno, respecto al defecto sustantivo, expuso que la autoridad judicial
accionada incurrió en dicho defecto “(…) al decretar la nulidad de la
elección del suscrito accionante como Personero Municipal de San Luis de
Gaceno, decisión de única instancia que accedió a las pretensiones de la
demanda y que, por tanto, fue favorable a los intereses de la parte
demandante en el contencioso administrativo, cuando las irregularidades
denunciadas y aparentemente surgidas en el proceso no pueden originar
la declaratoria de nulidad del acto electoral acusado, toda vez que no solo
basta probar la existencia de la anomalía en la formación del acto, sino
que es importante determinar si la misma afectó de forma directa los
resultados finales de la decisión. Es decir, si tuvo repercusión inmediata
en el contenido y/o sentido del acto definitivo (…)”11.
Adicionalmente, frente al desconocimiento del precedente, manifestó que
el tribunal accionado desconoció el precedente del Consejo de Estado
relacionado con el respeto a los principios de buena fe, confianza legítima
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
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y seguridad jurídica. Agregó que los Tribunales Administrativo de
Santander y Magdalena han negado las pretensiones de demandas
dirigidas a obtener la nulidad del acto electoral de los personeros
municipales de Carcasí, Cepita y Concordia, por los mismos hechos que
en su caso.
Por último, en cuanto al defecto de violación directa de la Constitución,
señaló que la providencia cuestionada incurrió en dicho yerro al vulnerar
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia. En igual sentido, indicó que “(…) el
principio de interpretación conforme a la constitución, - la totalidad de los
preceptos jurídicos deben ser interpretados de manera tal que su sentido
se avenga a las disposiciones constitucionales -, no se dio (…)”12.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 30 de octubre de 202413 a través de la
ventanilla virtual esta Corporación y correspondió por reparto a la
Subsección B de la Sección Segunda que, por auto del 5 de noviembre de
202414 la admitió y dispuso notificar15 al Tribunal Administrativo de
Boyacá, como parte accionada, así como vincular16 a los Procuradores 69
Judicial I, 45 Judicial II y 46 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Tunja, a la Universidad Popular del Cesar, al municipio de San Luis de
12
Ibidem.
13
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05901 00.
14
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05901 00.
15
Esta orden se cumplió el 11 de noviembre de 2024. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
05901 00.
16
Ibidem.
8
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Accionante: Darbey Aldemar Leguizamón Perilla
Gaceno y al Consejo Municipal de San Luis de Gaceno, como terceros
interesados en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Boyacá, para que
allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente del
proceso identificado con el radicado nro. 15001 23 33 000 2024 00104
00 (principal) y nro. 15001 23 33 000 2024 00128 00 (acumulado), el
cual fue remitido17.
3.2. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe18
en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
o, en su defecto, se nieguen las pretensiones del accionante.
Adujo que el asunto carece de relevancia constitucional porque los
fundamentos invocados en el escrito de tutela buscan reabrir un debate
que se decidió ante el juez natural y competente para decidir la causa.
Expuso que “(…) la Sala -al igual que el resto de la Corporación en más
de una decena de casos de similares contornos- insistió que, las
circunstancias en que se adelantó el proceso de selección por parte de la
UPC, las denuncias presentadas por parte de sus directivas y las
manifestaciones institucionales oficiales realizadas por el ente
universitario sobre su falta de capacidad técnica y logística para llevar a
cabo el procedimiento, conducían a anular el acto de elección del ahora
accionante porque no resultaba plausible otorgar credibilidad y valor
probatorio a aquellos documentos donde el entonces vicerrector -
denunciado por presunto ejercicio irregular de funciones de delegación-
declaraba el cumplimiento de tales requisitos, máxime cuando el concejo
municipal, siendo conocedor de las irregularidades informadas por el
Rector de la UPC, decidió llevar adelante el proceso sin más. Recuérdese
17
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05901 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05901 00.
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que, fue la propia UPC quien puso en conocimiento de las autoridades
competentes los presuntos hechos delictivos (…)”.
Advirtió que “(…) los argumentos expuestos en la tutela coinciden con
manifestaciones plasmadas en los escritos de contestación de la demanda
y de las alegaciones finales, frente a las cuales, en ejercicio de su
autonomía e independencia judicial, la Sala de Decisión emitió
pronunciamiento de fondo. Es decir que, se pretende utilizar el
mecanismo de amparo como una instancia adicional en un medio de
control que, por mandato del legislador de la Ley 2080 de 2021, asignó
el conocimiento del caso a los Tribunales Administrativos en única
instancia (…)”.
3.3. Los Procuradores 69 Judicial I, 45 Judicial II y 46 Judicial II para
Asuntos Administrativos de Tunja, la Universidad Popular del Cesar, el
municipio de San Luis de Gaceno y el Concejo Municipal de San Luis de
Gaceno, guardaron silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del 3 de diciembre de 202419, negó las pretensiones de la solicitud de
amparo.
Para ello, en el acápite de la sentencia denominado “requisitos de
procedibilidad adjetiva”, anotó que se encontraban superados, por lo que
procedió a estudiar los defectos alegados por la parte actora.
Explicó que, “(…) de acuerdo con los argumentos expuestos en la
providencia judicial cuestionada, resulta claro que el Tribunal
Administrativo de Boyacá efectuó un estudio razonable en el que
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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determinó que, contrario a lo expuesto por el demandante, no se
desconoció el carácter de institución de educación superior de la
Universidad Popular del Cesar, diferente es, que esta misma efectuara
denuncias y declaraciones en las que informaban acerca del ejercicio
irregular de funciones de delegación por parte del entonces vicerrector
para suscribir contratos y/o convenios con los concejos municipales (…)”.
Resaltó que, el tribunal accionado insistió en que las circunstancias en
que se adelantó el proceso de selección conducían a anular el acto de
elección del señor Leguizamón Perilla, porque no resultaba plausible
otorgar credibilidad y valor probatorio a aquellos documentos donde el
entonces vicerrector declaraba el cumplimiento de tales requisitos,
máxime cuando el concejo municipal pese a ser conocedor de las
irregularidades informadas por el rector de la Universidad Popular del
Cesar, decidió seguir adelante con el proceso.
Precisó que “(…) la corporación judicial demandada aclaró las razones por
las que la Universidad Popular del Cesar carecía de idoneidad para
adelantar el referido proceso de selección, aun cuando se trataba de un
ente universitario acreditado y pese a que algunos documentos refirieran
que tenía experiencia en selección de personal, ya que este último aspecto
no fue el único analizado, por lo cual estableció que no se trataba de una
irregularidad procedimental sino sustancial que impidió la realización de
los principios de objetividad y transparencia que deben regir el
procedimiento (…)”.
Agregó que tampoco se evidencia el desconocimiento del precedente
referido, en la medida en que el accionante no identificó las providencias
que fueron desatendidas y, en lo referente a decisiones de otros
tribunales, aclaró que no resultan vinculantes, ya que no provienen del
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino
que atienden al razonamiento judicial propio de cada juez colegiado.
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Recordó que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural, por lo que no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte
evidente la vulneración de algún derecho fundamental, lo que no se
acreditó en este caso.
Por último, arguyó que “(…) lo que existe es una inconformidad con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable
vía tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada
por la autoridad judicial demandada cuenta con soporte y está
debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este
mecanismo no puede convertirse en una instancia adicional (…)”.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante lo
impugnó20 manifestando lo siguiente:
Señaló que “(…) resulta claro que el debate constitucional giró en torno a
que la entidad accionada vulneró el derecho fundamental del suscrito
accionante, pues como se indicó suficientemente en el escrito de tutela,
la inconformidad frente la decisión contenida en la Sentencia de Única
Instancia fechada 22 de agosto de 2024 (…), en el medio de control de
nulidad electoral bajo el Radicado Exp. Principal N°. 15001 23 33 000
2024 00104 00 y Exp. Acumulado: 15001 23 33 000 2024 00128 00, por
haber incurrido en los defectos sustantivos, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución Política de 1991,
mediante la cual se resolvió DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No.
200.17.006 de 10 de enero de 2024, mediante el cual, el concejo de San
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Luis de Gaceno declaró electo a Darbey Aldemar Leguizamón Perilla, como
personero municipal para el cuatrienio 2024-2028 (…)”.
Indicó que “(…) la providencia judicial que vulnera mis derechos
fundamentales, tuvo como fundamento para anular los efectos de la
elección del suscrito como personero de San Luis de Gaceno (Boyacá), las
irregularidades que se presentaron en la celebración y ejecución del
contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar el
concurso de personero municipal, suscrito entre la Universidad Popular
del Cesar y la Mesa Directiva del Concejo Municipal de San Luis de
Gaceno-Boyacá, con el objeto de acompañar el respectivo proceso de
selección (…)”.
Aseveró que “(…) con la sentencia de tutela que niega el amparo y hoy
sujeta de reproche, es evidente la violación de mis derechos
fundamentales, y el daño inminente que se me causa, así como el
perjuicio irremediable, toda vez que yo soy un profesional que concursé
y bajo el principio de la confianza legitima de que la administración
actuaba en observancia de las reglas de la función pública y que por parte
del contratista UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, se procedía bajo
principios de legalidad y buena fe, pero nótese que al interior de esa
entidad de educación superior lo que se vislumbró fueron actos delictivos,
que finalmente con la decisión judicial dentro del medio de control de
nulidad electoral proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, se
debaten cuestiones contractuales que no tienen relación alguna con el
deber legal y constitucional que tenían de proferir una decisión en torno
a un tema electoral. No obstante, se advierte las (sic) irregularidad de la
Universidad contratista, la temeridad y mala fe de algunos de sus
funcionarios, pero con la sentencia del Tribunal, por el contrario, resultan
premiados y victimizándome a mí, pues la materialización de la sanción y
reproche recaen en mi persona y a los funcionarios de la Universidad que
con su proceder causaron estos resultados, ni siquiera se ordenó una
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compulsa de copias disciplinarias, penales y las demás a que haya lugar
(…)”.
Adicionalmente, citó apartes del salvamento de voto de un magistrado de
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en un auto que resolvió un
recurso de apelación interpuesto en el proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado nro. 68001 23 33 000 2024 00185 00/01, con
el fin de que “(…) se revoque la sentencia de tutela impugnada y se acceda
a la[s] pretensiones (…)”.
Posteriormente, insistió en que la providencia acusada incurrió en defecto
fáctico “(…) al no considerar de manera integral todo el material
probatorio, pero sobre todo el argumentativo, basando la decisión en
consideraciones subjetivas y diferentes al objeto del medio de control,
para determinar la prosperidad de las pretensiones de los accionantes
(…)”.
Alegó que “(…) existe relevancia constitucional del asunto puesto a
consideración de esa Corporación, la cual salta a la vista; pues, versa
sobre la vulneración del núcleo básico del derecho fundamental al debido
proceso, en la actuación procesal tramitada por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, cuyas consecuencias, adicionalmente, pueden afectar de
manera grave la confianza legitima y la credibilidad en las instituciones
judiciales, ya que la interpretación de dicha Corporación, configura un
grave perjuicio al interés público reflejado en una interpretación que
desborda la seguridad jurídica, ya que no es entendible como dentro de
un medio de control electoral, se debaten y resuelven temas contractuales
que debería tramitarse por el procedimiento legitimo del medio de control
de controversias contractuales, afectando de manera grave, la
interpretación y aplicación de los medios de control previstos en la ley
1437 de 2011 y en consecuencia el artículo 29 de la Constitución Política
(…)”.
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Finalmente arguyó que “(…) la Sentencia de la Acción de Tutela sujeta a
juicio de reproche mediante esta impugnación, tiene una relevancia
constitucional que se ve afectada, poniendo en riesgo gravemente la
seguridad jurídica y la confianza legitima, a más de la flagrante
vulneración del derecho fundamental invocado, razón por la cual el aquí
impugnante, solicita que el fallo de primera instancia proferido por el Sala
de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección b, del
Honorable Consejo de Estado que resolvió negar el amparo de los
derechos fundamentales del suscrito accionante Darbey Aldemar
Leguizamón Perilla en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, no
solo sea REVOCADO sino además estudiado, conforme a las respetuosas
razones que se argumentaron con el escrito de tutela (…)”.
5.2. Por auto del 28 de enero de 2025 se concedió la impugnación21 y la
misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 6 de febrero
de 202522.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199123, en concordancia con el numeral 5 del artículo
21
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05901 00.
22
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05901 01.
23
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
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2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201524, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 25, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201926 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente27:
6.2.1. Los Procuradores 69 Judicial I, 45 Judicial II y 46 Judicial II para
Asuntos Administrativos de Tunja, y la Universidad Popular del Cesar,
promovieron demandas de nulidad electoral de única instancia en contra
del acto de elección del señor Darbey Aldemar Leguizamón Perilla como
personero municipal de San Luis de Gaceno, contenido en la Resolución
nro. 200.17.006 del 10 de enero de 2024, expedida por el Concejo
Municipal de San Luis de Gaceno, y en el acta de sesión plenaria de dicha
Corporación de ese mismo día, es decir, el 10 de enero de 2024.
Dichas demandas correspondieron por reparto al Tribunal Administrativo
de Boyacá y se les asignaron los radicados nro. 15001 23 33 000 2024
00104 00 y nro. 15001 23 33 000 2024 00128 00, respectivamente.
6.2.2. Por auto proferido el 27 de febrero de 2024, el despacho ponente
admitió la demanda de nulidad electoral identificada con el radicado nro.
15001 23 33 000 2024 00104 0028 y dispuso notificar al señor Darbey
24
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
25
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
26
“Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913”.
27
Lo que se desprende de los procesos de nulidad electoral identificados con los
radicados nro. 15001 23 33 000 2024 00104 00 y nro. 15001 23 33 000 2024 00128
00. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05901 00.
28
Promovida por los Procuradores 69 Judicial I, 45 Judicial II y 46 Judicial II para Asuntos
Administrativos de Tunja.
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Aldemar Leguizamón Perilla, al Municipio de San Luis de Gaceno y al
Concejo Municipal de San Luis de Gaceno, como partes demandadas; así
como, vincular a la Universidad Popular del Cesar, por tener interés
directo en el resultado del proceso.
6.2.3. Por auto proferido el 9 de abril de 2024, el despacho ponente
admitió la demanda de nulidad electoral identificada con el radicado nro.
15001 23 33 000 2024 00128 0029 y dispuso notificar al señor Darbey
Aldemar Leguizamón Perilla, como parte demandada; así como, vincular
al Municipio de San Luis de Gaceno y al Concejo Municipal de San Luis de
Gaceno, por tener interés directo en el resultado del proceso.
6.2.4. Por auto del 28 de mayo de 2024, se dispuso la acumulación de los
precitados procesos de nulidad electoral.
6.2.5. La Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá,
en sentencia del 22 de agosto de 2024 resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- DECLARAR no configuradas las excepciones de
caducidad del medio de control y falta manifiesta de legitimación
en causa por activa de la UPC, propuestas por el personero
demandado y el concejo municipal de San Luis de Gaceno, según
lo expuesto.
SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No.
200.17.006 de 10 de enero de 2024, mediante el cual, el concejo
de San Luis de Gaceno declaró electo a Darbey Aldemar
Leguizamón Perilla, como personero municipal para el cuatrienio
2024-2028, según lo expuesto.
TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior ORDENAR al
concejo municipal de San Luis de Gaceno (Boyacá) que,
ejecutoriada la presente decisión, inicie de manera expedita y en
cumplimiento de los preceptos legales, un nuevo procedimiento de
elección del personero municipal, que deberá adelantarse por
completo desde la selección del ente que prestará apoyo a la
ejecución del proceso de elección, hasta la declaratoria de elección,
según lo expuesto.
CUARTO.- COMPULSAR copia del expediente ante la Procuraduría
General de la Nación para que investigue la conducta asumida por
29
Promovida por la Universidad Popular del Cesar.
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los integrantes del concejo municipal de San Luis de Gaceno
(Boyacá) para el cuatrienio 2020-2023, en cuanto a la selección de
la persona jurídica que apoyaría el procedimiento de elección del
personero municipal, según lo expuesto.
QUINTO.- Por Secretaría REMITIR copia de la presente
providencia ante la Fiscalía General de la Nación, para que repose
dentro de los radicados No. 000160010775202321718 y
200016001075202321302, donde se tramitan las denuncias
presentadas por el rector Rober Romero Ramírez y vicerrector
Orlando Gregorio Seoanes Lerma, de la UPC, según lo expuesto.
SEXTO.- SIN CONDENA en costas, según lo expuesto […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo expuesto en la impugnación, y comoquiera que el
a quo descendió al estudio de los defectos alegados por el accionante y
negó la solicitud de amparo, la Sala estima necesario determinar, en
primer lugar, si en este evento se cumple el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, se detendrá en (i) los criterios que
la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para
luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional30
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
30
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
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asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”31.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades32:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
31
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
32
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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relevancia33. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 34 “(…) la
tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez
de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal (…)”. (Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).
33
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
34
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.
Lo anterior, debido a que, la petición de amparo está siendo utilizada por
el accionante para reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad
electoral, dado que las inconformidades alegadas, tanto en el escrito de
tutela, como en la impugnación, están encaminadas a controvertir lo
decidido en la sentencia acusada frente a la idoneidad de la Universidad
Popular del Cesar para adelantar el proceso de selección del personero
municipal de San Luis de Gaceno, Boyacá.
Ello, con el fin de insistir en que “(…) la Universidad Popular del Cesar (…)
«es una institución de educación superior OFICIAL y su carácter
académico es el de UNIVERSIDAD», tal y como se advierte en el
Certificado de Existencia y Representación Legal No. 2023-EE-125054
aportado en el expediente digital del proceso de nulidad electoral,
expedido por el Ministerio de Educación Nacional, lo que, en principio,
permitiría concluir que estaba habilitada para adelantar el
acompañamiento a dicho proceso de selección, sin que se tenga que
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entrar a verificar si en sus estatutos se encuentra como función, objeto o
misión la de apoyo o gestión a procesos de selección de personal, como
lo analizó el Magistrado de la sala cuarta del Tribunal Administrativo de
Boyacá (…)”35.
En igual sentido, la parte actora también cuestiona la valoración que el
juez natural de la causa hizo sobre las pruebas obrantes en el expediente,
así como los fundamentos expuestos en la providencia atacada para
resolver el caso, en tanto que, aduce que, la autoridad judicial accionada
“(…) no [consideró] de manera integral todo el material probatorio, pero
sobre todo el argumentativo, basando la decisión en consideraciones
subjetivas y diferentes al objeto del medio de control, para determinar la
prosperidad de las pretensiones de los accionantes (…)”36.
Así mismo, en el escrito de impugnación aseveró que “(…) la
interpretación [del tribunal accionado], configura un grave perjuicio al
interés público reflejado en una interpretación que desborda la seguridad
jurídica, ya que no es entendible como dentro de un medio de control
electoral, se debaten y resuelven temas contractuales que debería
tramitarse por el procedimiento legitimo del medio de control de
controversias contractuales, afectando de manera grave, la interpretación
y aplicación de los medios de control previstos en la ley 1437 de 2011 y
en consecuencia el artículo 29 de la Constitución Política (…)”37.
Frente a los reproches planteados por el accionante en sede
constitucional, el tribunal accionado, en la sentencia acusada, explicó lo
siguiente38:
35
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05901 00.
36
Aparte del escrito de impugnación. Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05901 00.
37
Ibidem.
38
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05901 00.
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“[…] 37. Como se expuso en líneas atrás, la elección del personero
municipal es competencia constitucional y legal de los concejos
municipales, quienes, para tales efectos, y como se extrae del
artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, sin que se desprendan
por completo de la función, podrán acudir a i) universidades, ii)
instituciones de educación superior públicas o privadas, y iii)
entidades especializadas en procesos de selección de personal.
(…)
41. En efecto, el Decreto 1083 de 2015, indica que el concurso
podrá ser adelantado por universidades o IES, o entidades
especializadas en selección de personal. Empero, ello no quiere
decir que la universidad o IES pueda eximirse de acreditar
requisitos mínimos de idoneidad y experiencia en esta clase de
asuntos. Aunque el legislador extraordinario otorgó una suerte de
presunción de idoneidad en favor de universidades e IES, ello
obedece al previo reconocimiento que, como tales, les ha otorgado
el Ministerio de Educación Nacional, a través de actos
administrativos que les habilitan para el ejercicio de su objeto. No
obstante, el criterio de la Sala es que, tal reconocimiento -de la
presunción- no implica establecer, en absoluto, que todas las
universidades e IES tienen capacidad e idoneidad para participar
en procesos de selección de personeros municipales. Entenderlo
así, implica desconocer los principios de objetividad, transparencia
e imparcialidad que deben regir el procedimiento de selección (…).
42. Nótese que, lo anterior, más allá de constituir una exigencia de
cara a la persona jurídica que puede acompañar el proceso de
selección, es un requisito esencial y/o sustancial del mismo.
Razón por la que, su incumplimiento no puede tenerse como
irregularidad meramente procedimental. Por el contrario, es
evidente que, la escogencia de una persona jurídica idónea
necesariamente influirá en el resultado final, en tanto que,
garantizará el respeto de los principios de mérito, objetividad e
imparcialidad en la escogencia del personero municipal (…).
43. Así las cosas, aun cuando el proceso de selección sea
acompañado por una universidad o una IES, el juez electoral podrá
declarar la nulidad de acto de elección por infracción de las normas
en debía fundarse y expedición irregular, como se hará en esta
ocasión, dado el quebrantamiento de los principios de objetividad,
transparencia e imparcialidad establecidos en el artículo 2.2.27.1
del Decreto 1083 de 2015.
44. Conforme al acervo documental, está acreditado que la UPC es
una IES que ostenta el carácter de universidad. Como se dijo, el
hecho de serlo no implica que se exima del deber de demostrar
idoneidad y experiencia en procesos de selección. Tal no es la
voluntad del legislador extraordinario al permitir a las
universidades e IES asistir los procesos de selección de personeros
municipales. Pese a que, de la lectura del artículo 2.2.27.1 del
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Decreto 1083 de 2015 se extrae que, podría presumirse que las
universidades -como la UPC- ostentan capacidad e idoneidad para
esta clase de asuntos, bien puede desvirtuarse tal afirmación, tal
como aconteció con los respectivos medios de prueba.
45. Vistos los documentos donde se consignaron la misión general
de la UPC, los Estatutos generales que contemplan la misión,
principios orientadores, objetivos y funciones, la Sala encuentra
que dentro de los mismos no existe consagración expresa que
permita a la UPC llevar adelante procesos de selección de
personeros municipales. Ello tampoco se extrae del respectivo
Certificado de Existencia y representación legal, toda vez que allí
no se refirió a tal punto. Pese a que en el Certificado de Inscripción
y clasificación en Registro de proponentes se facultó a la UPC para
celebrar convenios y contratos con entidades nacionales públicas y
privadas, así deberá hacerlo en cumplimiento de los deberes
normativos contenidos en el Estatuto General. Sin embargo, de
dicha facultad tampoco se extrae que la UPC pudiera hacerlo con
el fin u objeto pactado con el concejo de San Luis de Gaceno en el
convenio que suscribieron, y, mucho menos, para dar
cumplimiento a lo estipulado en materia de obligaciones a su cargo.
46. De otro lado, aunque la Corporación carece de competencia
para pronunciarse frente a la legalidad de actuaciones como la
delegación y ejercicio de funciones al rector de la UPC en punto a
la suscripción del convenio interadministrativo con el concejo
municipal, lo cierto es que, en la actualidad, la justicia penal se
encarga de esclarecer si las comunicaciones, propuestas, actos
administrativos y convenio objeto de controversia fueron o no
suscritos por el vicerrector de la UPC. Recuérdese que, él mismo
instauró una denuncia por el presunto uso irregular de su firma.
Así mismo, la justicia penal investiga los hechos denunciados por
el rector de la UPC, quien en la demanda -a través de apoderado-
y ante la Fiscalía General de la Nación expuso que el vicerrector
carecía de facultades para celebrar esta clase de convenios. Por lo
tanto, no es dable otorgar pleno valor probatorio a certificación de
20 de junio de 2023, en la que, el mismo vicerrector -dentro de la
propuesta presentada al concejo de San Luis de Gaceno- certificó
contar con medios logísticos, presupuestales y capacidad
organizacional para adelantar la selección del personero municipal.
47. La credibilidad del documento signado por el mismo vicerrector
de la UPC el 20 de junio de 2023, así como la acreditación de la
falta de idoneidad de la UPC se demuestra con sendos oficios
dirigidos por el ente universitario a instancias de la Procuraduría
General de la Nación y del propio concejo municipal. Es así como,
en oficios de 14 de noviembre, 13, 22 y 27 de diciembre de 2023,
2 y 5 de enero de 2024, la UPC puso en conocimiento de las citadas
entidades los presuntos hechos delictivos y que:
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i) En ningún momento autorizó la celebración de convenio con el
concejo de San Luis de Gaceno para la elección del personero
municipal.
ii) No existía funcionario o contratista autorizado para intervenir
ante el concejo municipal en el procedimiento de selección, ni con
autorización de desplazamiento físico al lugar donde se aplicaron
las pruebas.
iii) De existir trámite contractual vigente, se informe y se tomen
las medidas del caso para su suspensión.
iv) Existían denuncias penales donde se investigaban las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los
trámites de presentación y aprobación de la propuesta presentada
por la UPC, así como el presunto ejercicio irregular de las facultades
de delegación otorgadas al vicerrector en materia contractual y el
aparente uso ilegal de la firma de este último.
v) Ante las irregularidades, el concejo municipal podía optar
revocar el acto de apertura de la convocatoria y/o terminar bilateral
o unilateralmente el convenio.
vi) La UPC carece de “(…) reglamento, banco de preguntas o
protocolo de confidencialidad o seguridad para concursos públicos
de selección de personeros.”. Y que no ha celebrado contratos o
convenios para tal fin.
vii) En la UPC no reposaban contratos ni actuaciones
administrativas para la ejecución de convenios para la selección de
personeros para el periodo 2024-2028.
48. En virtud de lo expuesto, no cabe duda que, como lo afirmaron
los procuradores accionantes, pese a que se trataba de una IES
catalogada como universidad, la UPC carecía de idoneidad para
adelantar el proceso de selección, por incumplimiento de los
requisitos de idoneidad y experiencia establecidos en los Decretos
2485 de 2014 y 1083 de 2015. Como se dijo, en el acervo
documental brilla por su ausencia habilitación que faculte a la UPC
para asistir y acompañar al concejo de San Luis de Gaceno en la
selección del personero municipal. Nótese que, en este expediente
se tramita como causa acumulada la demanda entablada por la
UPC en la que afirmó de manera expresa e inequívoca que no
ostentaba con calidades técnicas, administrativas, presupuestales
y logísticas para la ejecución de las presuntas obligaciones
contractuales pactadas con el concejo. El mismo ente universitario
fue el que, por su iniciativa, al percatarse de la aparente suscripción
irregular del convenio informó la situación a las autoridades
competentes, así como al concejo municipal y a su presidente, sin
que tomaran decisión frente a las reiteradas misivas. En ente
universitario también informó no contar con protocolos ni bancos
de preguntas para la realización de las pruebas escritas, ni con
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personal que, con su autorización se hubiera desplazado al lugar
de aplicación de la prueba para garantizar su correcta aplicación y
confidencialidad.
49. Ahora bien, pese a que el demandado y el concejo municipal
arguyeron que la UPC si tenía idoneidad y experiencia porque en
años anteriores había participado de procesos similares, la Sala
acogerá la postura sentada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado (…), con arreglo a la cual, la idoneidad y experiencia no
están determinadas por participaciones anteriores, sino porque
documentos como los Estatutos, Certificados de existencia y
representación y de proponentes, consagren dentro de su objeto
social, misión, funciones etc, la facultad de participar en procesos
de selección de personal. De lo contrario, sería tanto como habilitar
el ejercicio de potestades sin autorización legal.
50. Adicionalmente, esta colegiatura no pasa desapercibido que, la
objetividad y transparencia que debía regir el proceso de selección
objeto de análisis se vio seriamente comprometida por los
presuntos hechos irregulares que denunciaron el rector y
vicerrector de la UPC ante la Fiscalía General de la Nación. Aunque,
hasta el momento se desconoce decisión emitida por el juez natural
-juez penal-, y no hay lugar a estudiar la capacidad contractual de
las partes, lo cierto es que se pone en tela de juicio la real y
verdadera participación de la UPC en el acompañamiento al concejo
de San Luis de Gaceno para la selección del personero municipal,
tal como se afirmó en la demanda enervada por la UPC, y en los
documentos atrás reseñados. Aunque en el plenario reposan
documentos aparentemente emanados del ente universitario, en la
demanda entablada por el rector de la UPC se desconoce su
existencia, y se acreditó que el vicerrector denunció el uso irregular
de su firma en dicho trámite. En tal sentido, no existe plena certeza
que la UPC hubiera participado del procedimiento en ejercicio
legítimo de su voluntad y autonomía.
51. En consecuencia, se declarará la nulidad del acto de elección
demandado y se ordenará al concejo municipal de San Luis de
Gaceno que, de manera pronta y oportuna, adelante un nuevo
proceso de selección en su integridad, y con cumplimiento de los
requisitos legales. Toda vez que, como el vicio sustancial
evidenciado por la Sala tuvo ocurrencia desde la selección de la
entidad que prestaría el respectivo apoyo, y ello fue anterior a la
apertura de la convocatoria, inclusive esta fue afectada
sustancialmente.
52. Por último, se ordenará la respectiva compulsa de copias para
que se investigue la conducta de los miembros del concejo
municipal de San Luis de Gaceno, para los cuatrienios 2020-2023
y 2024-2027, especialmente por incurrir en posibles
irregularidades de procedimiento al momento de seleccionar la
institución o entidad que prestaría apoyo para el proceso de
selección, así como, por el caso omiso que se evidenció ante las
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misivas remitidas por la UPC, en las que ponía de presente carecer
de idoneidad y experiencia para cumplir con compromisos
contractuales suscritos aparentemente en forma irregular. Por lo
mismo, se les exhortará para que, en siguientes procedimientos
electorales atiendan a cabalidad las normas que rigen la
designación del personero municipal […]”. (Se destaca).
Bajo dicho contexto, la Sala observa que la parte actora está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso
ordinario para controvertir la decisión efectuada por el juez de
conocimiento, así como la valoración probatoria realizada, por lo que se
concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición
de amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.
Por otra parte, en cuanto al presunto desconocimiento del precedente
alegado, tal como lo señaló el a quo, el accionante no indicó cuáles eran
las providencias presuntamente desatendidas y, en lo referente a las
decisiones de otros tribunales, estas no son vinculantes ni constituyen
precedente, comoquiera que se trata de otra autoridad judicial diferente
a la que profirió la providencia cuestionada.
Ahora, si bien en el escrito de impugnación la parte actora hizo referencia
a un proceso de nulidad electoral de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, este no fue invocado en el escrito de tutela inicial, y en todo caso,
la cita realizada corresponde a un salvamento de voto presentado en
contra de un auto que resolvió un recurso de apelación interpuesto en
dicho proceso, lo cual no configura precedente.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas.
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Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
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este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que no
se advierte que el juez se haya desviado de los hechos o el derecho
propuesto en el proceso.
En consecuencia, se revocará el fallo proferido el 3 de diciembre de 2024
por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la
petición de amparo por considerar que no estaban configurados los
defectos invocados por el accionante, para en su lugar, declararla
improcedente, porque no se cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 3 de diciembre de
2024 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que
negó la solicitud de amparo y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE
la acción de tutela interpuesta por el señor Darbey Aldemar Leguizamón
Perilla, por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional,
por las razones señalas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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