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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 19001-23-33-000-2022-00108-04

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 19001-23-33-000-2022-00108-04

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Demandantes: Manuel José Castrillón y otro Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla Rad: 19001-23-33-000-2022-00108-04 demanda tendiente a obtener la nulidad del acto mediante el cual se eligió como personero municipal de Popayán para el periodo 2020–2024 al señor Jaime Andrés Bonilla Vallecilla. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 19001-23-33-000-2022-00108-04

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

2 de febrero de 2023

Demandantes: Manuel José Castrillón y otro
Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
Rad: 19001-23-33-000-2022-00108-04

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 19001-23-33-000-2022-00108-04
Demandantes: MANUEL JOSÉ CASTRILLÓN BALCAZAR y JUAN
MIGUEL VICTORIA PIZO
Demandado: JAIME ANDRÉS BONILLA VALLECILLA - PERSONERO
POPAYÁN, (CAUCA)

Tema: Elección de personero municipal

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la
sentencia del 17 de noviembre de 2022, por medio de la cual, el Tribunal
Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda tendientes a
obtener la nulidad del acto mediante el cual se eligió como personero municipal de
Popayán al señor Jaime Andrés Bonilla Vallecilla, para lo que resta del periodo
2020 – 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo
139 del CPACA, los accionantes formularon demanda1 con las siguientes
pretensiones:

DECLÁRESE LA NULIDAD de la elección del señor JAIME ANDRÉS BONILLA
VALLECILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.617.697 como
Personero Municipal de Popayán para el periodo institucional 2020-2024 y, en
particular de los actos administrativos contenidos en: 1) Resolución No
20221100000265 de 2022 con fecha del 08 de marzo de 2022, mediante la cual se
conformó la lista de elegibles y se citó para la elección y posesión dentro del
concurso de méritos para la elección del Personero Municipal de Popayán para el
resto del periodo institucional 2020-2024; 2) Resolución No 20221100000285 de
2022 con fecha del 11 de marzo de 2022, mediante la cual se conformó la lista

1 El libelo fue admitido mediante providencia del 22 de abril de 2022 cuyo radicado fue 19001-23-

33-000-2022-00108-01.

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Demandantes: Manuel José Castrillón y otro
Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
Rad: 19001-23-33-000-2022-00108-04

definitiva de elegibles y se citó para la elección y posesión dentro del concurso de
méritos para la elección del Personero Municipal de Popayán para el resto del
periodo institucional 2020-2024; 3) Decisión contenida en el Acta Número 20 del
12 de marzo de 2022, en virtud de la cual el CONCEJO MUNICIPAL DE
POPAYÁN, eligió con una votación de 16 votos a favor al señor BONILLA
VALLECILLA, como Personero Municipal para lo que resta del periodo 2020-2024,
con la cual se habría consumado la elección. Lo expuesto con ocasión de las
causales objetivas para la nulidad electoral que se desarrollaron en el acápite
correspondiente.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al MUNICIPIO DE
POPAYÁN-CONCEJO MUNICIPAL para que, en el marco de sus competencias,
realice un nuevo concurso público abierto de méritos desde la prueba de
conocimientos para elegir Personero Municipal de Popayán para el periodo
institucional 2020-2024.

1.2 Hechos

Los actores manifestaron como fundamento fáctico que:

A través de sentencia de segunda instancia2, el 17 de junio de 2021 la Sección
Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la totalidad del acto de
elección y, como consecuencia, ordenó realizar nuevamente el concurso de
méritos a partir de la prueba de conocimientos.

En este orden, el concejo municipal a través de la Proposición 035 del 31 de julio
de 2021 autorizó a la mesa directiva, para seleccionar una universidad o
institución de educación superior, pública o privada o una entidad especializada.

Informaron que, la selección de la Universidad -CUC-, vulneró las normas
contractuales debido a que “nunca hubo invitación pública”, ya que la publicación
del proceso de selección en el SECOP fue el 05 de noviembre de 2021, sin
embargo, la apertura de la convocatoria se produjo el 26 de octubre de 2021, el
acta de evaluación el 28 de octubre y, la comunicación del resultado
seleccionando a la Corporación Universidad de la Costa -CUC- el 29 de octubre.

Así mismo, los demandantes manifestaron, que dicha selección contractual tuvo
“estudios posteriores” y no “estudios previos” ya que primero se seleccionó al
contratista y luego se justificó la modalidad de contratación directa, sumado a ello,
la convocatoria únicamente otorgó un día y medio para la presentación de
propuestas ante el concejo municipal, vulnerando el inciso final del artículo
2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, que recoge el principio de publicidad y
transparencia.

2 Sentencia 17 de junio de 2021 proceso con radicado 19001-23-33-000-2020-00084-01.

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Demandantes: Manuel José Castrillón y otro
Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
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Destacaron que a través del artículo segundo de la Resolución 20211100001685
del 19 de noviembre de 2021 el concejo municipal reanudó la convocatoria del
concurso público y dispuso que el cronograma solo podría ser modificado o
complementado por la mesa directiva cuando existieran “necesidades del proceso
de selección”, hecho que debía divulgarse en la página web oficial de la
Corporación y no se hizo.

Por lo tanto, indicaron que nunca existió un motivo real y serio para expedir “dos
suspensiones – modificaciones” al cronograma. El primero, Resolución
20211100001685 del 24 de noviembre de 2021, que estableció nueva fecha para
la realización de la prueba de conocimientos y competencias laborales en la
Fundación Universitaria de Popayán - Sede San Camilo, la cual no se pudo
realizar por falta de logística e inexistencia de protocolos de bioseguridad, tal
como se constató en acta suscrita por la Procuraduría Regional del Cauca. El
segundo, Resolución 20211100001735 del 26 de noviembre de 2021, que
suspendió el cronograma del concurso, el cual se reanudó el 15 de diciembre a
través de Resolución 20211100001905 y que fijó el 20 de diciembre de 2021 para
la prueba de conocimientos y de competencias laborales en la citada fundación
universitaria. Llegado dicho día, tampoco pudo llevarse a cabo, debido a que no se
gestionó el permiso ante la institución educativa para el ingreso de los
concursantes a las instalaciones.

En igual sentido, el Concejo Municipal de Popayán expidió la Resolución
20211100001965 del 22 de diciembre de 2021, “modificando injustificadamente” el
cronograma del concurso de méritos y fijó el 27 de diciembre de 2021 para la
realización de la prueba en la Fundación Universitaria de Popayán, pero esta vez
en la Sede San José ─auditorio 2, al cual solo asistieron 9 participantes.

Añadieron que las pruebas de conocimientos y competencias laborales fueron
desarrolladas de manera irregular debido al incumplimiento del protocolo3, el cual
fue diseñado por la CUC, situación que obligó tanto a la procuraduría regional
como al concejo municipal a requerir todos los documentos que dieran cuenta del
acatamiento de las actividades referidas a dichos exámenes.

En concordancia con lo anterior, para los demandantes, la universidad aun cuando
entregó a las citadas autoridades públicas el protocolo4, el día de la prueba se
incumplió, ya que una vez recibidos los exámenes en bolsas con sellos de
seguridad no se sabía si el proceso de diagramación y embalaje se surtió en forma
individual por cada prueba.

Finalmente, arguyeron la no acreditación sobre, si las pruebas fueron puestas bajo

3 Adujeron que estaba comprendido en el numeral 9 de la cláusula tercera de las obligaciones
específicas del contratista.
4 Documento titulado protocolo de custodia y manejo pruebas de conocimientos procesos de

selección para personeros y contralores periodo 2019-2024.

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Demandantes: Manuel José Castrillón y otro
Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
Rad: 19001-23-33-000-2022-00108-04

llave a cargo del Secretario General de la Universidad Corporación Universidad de
la Costa, si se certificó que el serial de los sellos correspondía a los custodiados
por los respectivos funcionarios, tampoco se confirmó si el transporte fue el día en
que se hizo la entrega, si la constancia de la verificación de las bolsas sufrieron o
no alteraciones durante el transporte y, finalmente, si hubo constancia sobre la
conservación de las bolsas hasta el momento de su apertura para la
correspondiente calificación.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte actora invocó como normas vulneradas, los principios de transparencia,
imparcialidad y objetividad contenidos en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de
2015, al igual que los artículos 13 y 209 Constitucional.

El concepto de violación lo estructuró en cinco cargos, a saber, (i) el acto acusado
está viciado al configurarse una infracción de las normas en que debió fundarse
por defectuosa aplicación del protocolo para el desarrollo de las pruebas de
conocimientos y competencias laborales, (ii) hubo expedición irregular ya que la
entidad encargada de adelantar el concurso debía ser seleccionada mediante una
convocatoria pública, acorde con la Proposición 035 del 31 de julio de 2021 y el
artículo 2 de la Resolución 20191100001155 de 17 de octubre de 2019, (iii) se
configuró la expedición irregular y falta de competencia, pues parte de los actos
dentro del concurso de méritos no emanaron de la mesa directiva del cabildo5, (iv)
se desconoció de forma injustificada el cronograma del concurso de méritos, ya
que se violaron los principios de transparencia, imparcialidad y objetividad y (v)
hubo desviación de poder que favoreció al elegido, debido a que existen hechos
que llevan a tener como indicios las situaciones presentadas con la escogencia
“irregular” de la CUC, la baja participación de instituciones especializadas para
llevar a cabo la prueba de conocimientos y etapas subsiguientes del concurso de
méritos, los incumplimientos injustificados frente al cronograma y el protocolo de
las pruebas, la mínima participación de candidatos a realizarlas y que solo un
participante la ganara.

1.4. Actuaciones procesales

5 Números 20221100000115 del 2022 del 09 de febrero de 2022, por medio de la cual se levanta la

suspensión decretada mediante la resolución número 20211100002155 de 31 de diciembre de
2021, 20221100000145 de 2022 del 16 de febrero de 2022, por medio de la cual se publicaron los
resultados definitivos de la prueba de conocimientos realizada dentro del concurso público de
méritos, 20221100000155 de 2022 del 16 de febrero de 2022, por medio de la cual se publicaron
los resultados preliminares de la prueba de competencias laborales, 20221100000165 de 2022 del
22 de febrero de 2022, por medio de la cual se publicaron los resultados definitivos de la prueba de
competencias laborales, 20221100000225 de 2022 del 04 de marzo de 2022, por medio de la cual
se creó una comisión accidental para adelantar entrevista personal a los aspirantes al cargo de
Personero Municipal de Popayán, 20221100000255 de 2022 con fecha del 04 de marzo de 2022
por medio de la cual se modifica la comisión accidental para adelantar la entrevista personal a los
aspirantes al cargo de Personero Municipal.

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Demandantes: Manuel José Castrillón y otro
Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
Rad: 19001-23-33-000-2022-00108-04

1.4.1. El Tribunal Administrativo del Cauca mediante auto del 13 de mayo de 2022
admitió la demanda y negó la solicitud de suspensión provisional al considerar
que el material probatorio aportado con la demanda era insuficiente para
determinar la vulneración de los principios de transparencia, imparcialidad y
objetividad frente a la aplicación de la prueba de conocimientos. Decisión que fue
apelada en oportunidad y confirmada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado mediante auto del 28 de julio de 20226.

1.4.2. El 12 de junio de 2022, dentro de la audiencia inicial, el magistrado de
primera instancia saneó el proceso y tuvo como enjuiciado exclusivamente el acto
que declaró la elección contenido en el Acta número 20 del 12 de marzo de 2022,
decisión que fue apelada y que, mediante auto del 4 de agosto de 2022 7 de la
Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó por improcedente.

1.4.3. El 7 de septiembre de 2022, el magistrado conductor del proceso aclaró que
no existían excepciones previas pendientes de resolver, ya que la parte
demandada no propuso ninguna y resolvió: (i) fijar el litigio8 y (ii) decretar pruebas.
Frente a este último punto el tribunal negó la prueba documental referida a
incorporar nuevamente el expediente administrativo del concurso público, habida
cuenta de que reposaba en el plenario, por lo cual los accionantes formularon
recurso9 ya que en su criterio hacían falta algunos folios.

1.4.4. El 23 de noviembre de 202210, la Sección Quinta revocó parcialmente los
numerales 5 y 6 de la parte resolutiva de la decisión tomada por el a quo el 7 de
septiembre y, en su lugar, ordenó que se remitiera integralmente el expediente
administrativo del concurso público que permitió la elección del señor Jaime
Andrés Bonilla Vallecilla como personero de Popayán.

1.4.5. El 17 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca profirió
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, decisión
notificada el 23 de noviembre a los sujetos procesales.

6 Índice SAMAI 5 Radicado: 19001-23-33-000-2022-00108-01.
7 Índice SAMAI 05 Radicado 19001-23-30-000-2022-00108-02.
8 El problema jurídico a resolver se concentra en determinar ¿si el acto de elección del señor
JAIME ANDRÉS BONILLA VALLECILLA como Personero del municipio de Popayán (Cauca) para
lo que resta del periodo 2020-2024 se encuentra afectado de nulidad por configurarse las causales
de nulidad expuestas en la demanda. Como problema jurídico asociado deberán decantarse: - Si la
etapa precontractual con la universidad que adelantó el concurso de méritos, incide en el proceso
de elección del personero municipal o si corresponde a un medio de control diferente al de la
nulidad electoral. - Si se presentó o no vulneración del principio de la libre concurrencia y/o
garantía de participación de los aspirantes, con ocasión de dos suspensiones y/o modificaciones al
cronograma establecido. - Si se presentó o no incumplimiento de los protocolos relacionados con la
cadena de custodia de las pruebas escritas, y - Si se presentó o no violación o desconocimiento de
las normas en las cuales debió fundarse la actuación administrativa que culminó con la elección del
personero municipal
9 Interpuesto el de reposición y en subsidio de apelación el cual fue concedido en el efecto

devolutivo.
10 Índice SAMAI AUTOQUERESUELVEAPELACIONDEAUTO NroActua 6 Radicado 19001-23-33-

000-2022-00108-03.

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Demandantes: Manuel José Castrillón y otro
Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
Rad: 19001-23-33-000-2022-00108-04

1.4.6. Inconforme con lo decidido, el 30 de noviembre de 2022 la parte actora
formuló recurso de apelación, el cual fue admitido11.

1.5. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda, las
cuales se justificaron en 5 aspectos:

1.5.1 Respecto del cargo de nulidad referido a que las etapas
precontractuales y contractuales realizadas entre el Concejo Municipal de
Popayán con la Corporación Universidad de la Costa -CUC- viciaron el
procedimiento de elección e incidieron en el desarrollo de la convocatoria

El a quo negó el cargo, ya que analizados los artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6 del
Decreto 1083 de 2015 y el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, no se estableció “la
forma como debe adelantarse la contratación de esas instituciones”, porque se
entiende que para tal procedimiento se cuenta con normativa específica12.

El artículo 141 del CPACA previó el medio de control de controversias
contractuales para determinar si se desconocieron las disposiciones de esta
naturaleza y que lo relevante en el caso concreto es si la institución escogida por
el concejo municipal cumplía o no con los requisitos exigidos en la Resolución
20211100001395 del 26 de octubre de 2021, la cual, conforme a las pruebas
obrantes13 y la propuesta presentada por la CUC, satisfizo todas las exigencias.

La supuesta existencia de irregularidades en el proceso de selección del
contratista no afectó la convocatoria del concurso de méritos, pues dentro de las
normas que regularon lo atinente a la elección del personero no se previó lo
correspondiente a la contratación y, en consonancia con la decisión que resolvió la
apelación de la decisión de la medida cautelar14, la parte actora debió acudir a otro
medio de control judicial diferente a la acción electoral.

1.5.2 Respecto del cargo de nulidad referido a que hubo violación del
principio de publicidad y de libre concurrencia de los aspirantes, con
ocasión de dos suspensiones ─modificaciones al cronograma establecido─

Frente al primer aplazamiento del 24 de noviembre de 2021, existió un informe por
parte de la supervisora del contrato en la que se certificó el no cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad de las aulas de la Fundación Universitaria de Popayán

11 Índice SAMAI 70.
12 Refirió las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios, así

como los lineamentos, guías y manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente.
13 Acta 20211100002066 de 28 de octubre de 2021 expedida por la mesa directiva del Concejo

Municipal de Popayán.
14 Se refiere a providencia del 28 de julio de 2022 que confirmo el auto de 13 de mayo de 2022

proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca.

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Demandantes: Manuel José Castrillón y otro
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– Sede San Camilo. A través de Oficio del 26 de noviembre de 2021, la
interventora no evidenció “organización y logística necesarias” para realizar las
pruebas de conocimientos, documento que justificó y posibilitó a la mesa directiva
del concejo municipal a suspender el cronograma establecido, a través de la
Resolución 20211100001735 de 16 de noviembre de 2021.

Respecto del segundo aplazamiento el juzgador recordó que, con la Resolución
20211100001905 del 15 de diciembre de 2021 el concejo municipal reanudó el
cronograma del concurso y estableció el 20 de diciembre como fecha para la
prueba, pero que, llegada esta fecha, no había permisos de ingreso a los
concursantes, lo cual obligaba a la mesa directiva a realizar una nueva
modificación y conseguir el éxito del proceso, de conformidad con el parágrafo 1º
del artículo 5º de la Resolución 20211100001685 del 19 de noviembre 2021. No
obstante, pese a las modificaciones, lo relevante fue garantizar a los participantes
la información de la reprogramación establecida y aunque la primera citación se
dio por radio, prensa y página web, en la segunda prórroga, los concursantes
aportaron el número de teléfono y correo electrónico con lo que se garantizó el
principio de publicidad.

Finalmente, con base en lo demostrado en el proceso, no se puede afirmar que
hubo un desconocimiento de los principios de publicidad y transparencia, pues al
tenor del artículo 31 de la Resolución 20211100001685 del 19 de noviembre de
2021, la publicación de las modificaciones debía hacerse en la página web del
Concejo Municipal de Popayán y así se probó en el subjudice.

1.5.3 Respecto del cargo de nulidad referido al incumplimiento de los
protocolos relacionados con la cadena de custodia de las pruebas escritas

El juzgador negó el cargo, ya que, obra en el proceso pruebas documentales que
demuestran su cumplimento.

En primer lugar, el tribunal refirió, por un lado, la existencia de (1) acta de entrega
de la prueba de conocimientos del concurso público de méritos para la elección
del personero municipal de Popayán de la CUC al señor Rafael Francisco Vera
Romero, quien actuó como jefe de salón y al que se le entregó una bolsa de
seguridad que contenía 85 ejemplares de la prueba; y por otro, (1) informe del
citado funcionario dirigido al rector de la Universidad de la Costa, en la que se
detalló paso a paso las actividades desplegadas por él para la entrega de las
pruebas, previa identificación de los aspirantes admitidos, con videos y fotos del
estado de las bolsas de seguridad, vigilados por los órganos de control, los cuales
no advirtieron irregularidad alguna.

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Demandantes: Manuel José Castrillón y otro
Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
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Así mismo, la cadena de custodia sí fue respetada, según el artículo 2.2.27.2 del
Decreto 1083 de 2015, y se ajustó a lo dicho por el Consejo de Estado 15, lo cual
permitió concluir que el material correspondiente a la prueba escrita no sufrió
adulteración que afectara dicho instrumento de autenticidad.

Ahora, la inexistencia de certificaciones individuales del cumplimiento del protocolo
por cada evento de la práctica de la prueba escrita, no tiene la entidad para anular
la elección, más aún cuando se siguió lo dicho por el Consejo de Estado 16, motivo
por el cual, los cargos no dejan de ser conjeturas sin evidencia.

1.5.4 Respecto del cargo de nulidad referido a la vulneración de las normas
en las cuales debió fundarse la actuación administrativa que culminó con la
elección

El a quo negó el cargo por las siguientes razones: (i) el hecho de que la segunda
vicepresidente de la mesa directiva para el año 2022 no hubiese firmado algunas
resoluciones17 de las etapas del concurso público no afectaron la elección, por
cuanto, la citada cabildante, mediante oficio del 7 de febrero de 2022 manifestó su
decisión de apartarse de las actuaciones en virtud del derecho constitucional de
objeción de conciencia, situación que dejó demostrada en audiencia de pruebas
de primera instancia así como en el Acta 20221100000056 del 09 de febrero de
2022. (ii) Las modificaciones hechas a través de actos administrativos al
cronograma del concurso de méritos, sí fueron debidamente suscritas por la
mayoría de los miembros de la mesa directiva18, y que si bien, algunas decisiones
no fueron firmadas por una de ellas,19 dicha situación no les resta legalidad a las
determinaciones tomadas por los demás integrantes.

1.5.5 Frente al cargo de desviación del poder

El magistrado de instancia negó el cargo ya que no se demostró que, al proferir el
acto acusado se hubiere buscado y demostrado finalidades distintas al buen
servicio. En el caso concreto, la desviación no se demuestra como lo predica el
demandante, partiendo de los cargos de la demanda y entenderlos per se como
pruebas indiciarias para señalar el favorecimiento al personero elegido.

Los hechos referidos en la demanda como, irregularidades del proceso de
escogencia de la CUC, los incumplimientos del proceso contractual frente a la
modificación de fechas y sitios de la prueba, una cantidad ínfima de participantes y
que sólo un concursante haya ganado la prueba, no demuestran indiciariamente

15 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Magistrado ponente:

Luis Alberto Álvarez P., 28 de julio de dos mil veintidós, radicado 19001-23-33-000-2022-00108-01.
16 Ídem.
17 Ibidem nota de página 5.
18 Existen firmas de 2 de los 3 directivos.
19 Ibidem nota de página 17

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Demandantes: Manuel José Castrillón y otro
Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
Rad: 19001-23-33-000-2022-00108-04

que el vicio de nulidad – desviación de poder- hayan favorecido al personero
elegido.

1.6. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso contra la decisión, refiriendo (5)
cuestionamientos:

1.6.1 En primer lugar reiteró (i) que sí hubo incidencia en la elección del personero
municipal de Popayán, lo ocurrido en el proceso de contratación con la CUC
─repitiendo los mismos argumentos de la demanda─. (ii) que el a quo incurrió en un
error al afirmar que las irregularidades en la contratación de la universidad, solo
son objeto del medio de control de controversias contractuales e insistió en que sí
fueron vulnerados los principios de transparencia, imparcialidad, igualdad y
objetividad por la selección “amañada” del operador. (iii) que los estudios previos
debieron realizarse con anterioridad a la selección del contratista y ser publicados
junto con el acto de convocatoria en el SECOP, lo cual no se hizo y por ello el acto
que declaró la elección vulneró el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015. (iv)
que, al no haber existido publicidad del proceso contractual, surgieron indicios que
permiten tener por acreditado el favorecimiento al elegido, el cual no requiere de
una controversia contractual para evidenciar que la selección de un operador, sin
estudios previos y sin convocatoria pública, lesionó la transparencia del proceso
meritocrático.

1.6.2 De igual modo, replicó similares argumentos al punto anterior, aseverando
que, el acto de elección fue expedido irregularmente, ya que el proceso de
contratación, desconoció las formalidades establecidas por el ordenamiento
jurídico20, en específico, las normas jurídicas en que fundamentan el proceso de
contratación pues el operador contratado no fue seleccionado de manera pública y
transparente tal como lo estableció la plenaria del cabildo.

1.6.3 Insistió en (i) que las dos modificaciones hechas al cronograma fueron
injustificadas y no surgieron para resolver las “necesidades del proceso de
selección ni para garantizar el éxito del mismo”, ya que el origen de dichas
alteraciones fueron producto de la negligencia, falta de planeación e improvisación
tanto del Concejo Municipal de Popayán como de la CUC; (ii) que esas reformas
afectaron el principio de libre concurrencia de los aspirantes, como consta en la
prueba decretada - acta del 20 de diciembre de 2021 elaborada por la
Procuraduría Regional del Cauca-, donde la aspirante Marcela Hurtado Mosquera,
dejó constancia que las citaciones a las pruebas a realizar del concurso de méritos
llegaron tardíamente, sin indicación ni dirección del lugar en que serían realizadas;

20 Aseguraron que se incumplió con la Proposición 035 del 31 de julio de 2021 y el artículo 2 de la

Resolución 20191100001155 del 17 de octubre de 2019, disposiciones que regulaban el concurso
de méritos y que ordenaron adelantar el concurso de méritos con una universidad o institución
especializada previa convocatoria pública.

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Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
Rad: 19001-23-33-000-2022-00108-04

(iii) que era una obligación contractual tramitar los permisos de manera previa
para acceder al lugar donde se realizaría la prueba de conocimientos y verificar las
condiciones de bioseguridad, ya que el protocolo que la misma CUC diseñó para
implementarse fue incumplido de manera evidente; (iv) que la modificación
injustificada al cronograma debió ser analizada con las demás irregularidades y
hechos presentados, tales como la selección amañada del operador del concurso,
el incumplimiento del protocolo para el componente objetivo, la baja concurrencia
de aspirantes y una única persona que aprobó la prueba de conocimientos.

1.6.4 Así mismo afirmó que el protocolo diseñado para el componente objetivo -
desarrollo del examen - fue incumplido. Los actores destacaron (i) que las pruebas
aportadas al proceso no acreditaron el cumplimento a cabalidad de este y de la
cadena de custodia e insistieron en que el informe del jefe de salón elaborado por
el señor Rafael Francisco Vera Romero, así como los videos y fotografías
aportados, no fueron suficientes para dar por hecho su cumplimiento y tampoco
definieron con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo que afirmó
la CUC; (ii) que las 4 etapas de dicho procedimiento no fueron cumplidas: (a) Del
proceso de diagramación, no se certificó si el día anterior a la prueba de
conocimientos y en las instalaciones de la secretaria general de la CUC se surtió
la impresión y empaque individual de cada prueba. (b) En la etapa de embalaje, no
se acreditó si las bolsas de seguridad y el serial de los sellos fueron almacenados
bajo llave a cargo del secretario general de la universidad. (c) De la fase de
entrega hecha por el jefe de salón, no se legitimó cómo fue el proceso de custodia
ni tampoco su transporte y, si verdaderamente, fueron entregadas a la Secretaría
General de la CUC o si sufrieron o no alteraciones durante el transporte. (d) En
cuanto al proceso de calificación, no hubo constancia sobre la conservación de las
talegas en los términos exigidos por el proceso, hasta el momento de su apertura,
para la evaluación; (iii) que, conforme al expediente administrativo aportado al
plenario y la decisión de instancia, el a quo no puede presumir que cada etapa si
se cumplió, pues debió existir una acreditación por cada una de ellas y le
corresponde al demandado demostrar su acatamiento, en virtud de la inversión de
la carga de la prueba.

1.6.5 Finalmente, refirieron que se desconoció la prueba indiciaria que acreditó la
desviación del poder que favoreció al elegido.

Los recurrentes parten de la existencia de múltiples anomalías como lo fueron, las
variadas irregularidades del proceso de contratación de la CUC, la baja
participación de instituciones especializadas para participar en el trámite
precontractual, los incumplimientos injustificados del ente universitario y del
concejo municipal sobre el cronograma, la inobservancia del protocolo para aplicar
las pruebas de conocimientos, una mínima cantidad de aspirantes que
presentaron la prueba y la aprobación del examen por una sola persona.

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Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
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Finalizan su argumento aseverando la existencia de indicios con base en los
hechos narrados y las disposiciones de los artículos 165, 240, 241 y 242 del CGP,
así como la doctrina especializada sobre la materia, para así declarar la nulidad de
la elección.

1.7 Actuaciones de segunda instancia

1.7.1 Alegatos de conclusión

1.7.1.1 Los demandantes

En el término procesal concedido, guardaron silencio.

1.7.1.2 El demandado

Indicó que (i) no se configuraron los presupuestos para revocar la decisión de
primera instancia ya que las disposiciones del Decreto 1083 de 2015 fueron
cumplidas, entre esas, la elección a partir de una lista de elegibles derivada de un
concurso público, la selección de una entidad idónea en selección de personal y el
respeto de los principios de objetividad, trasparencia, imparcialidad y publicidad;
(ii) los cambios en las fechas de las pruebas de conocimientos fueron proferidos
por la mesa directiva, única autoridad competente para ello, además, se fundó en
razones suficientes como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la
consecución de un espacio físico para los exámenes; (iii) en punto del protocolo
de aplicación de la prueba, los cargos formulados estuvieron dirigidos a evidenciar
un incumplimiento del contrato celebrado con el operador del concurso, los cuales
no tienen vocación para anular la elección del personero.

1.7.1.3 El municipio de Popayán

Precisó que la decisión de instancia fue acertada y debe confirmarse debido a que
no se demostró irregularidad alguna en el trámite de selección del contratista que
realizó el proceso de selección, de igual modo aseveró que las modificaciones
presentadas al cronograma del proceso de selección se soportaron en causales
justificadas siendo la mesa directiva la autoridad competente. Finalmente sostuvo
que el protocolo diseñado para la realización de pruebas junto a la cadena de
custodia fue cumplido a cabalidad sin que probatoriamente se hubiera podido
demostrar lo contrario.

1.7.1.4 Concepto del Ministerio Público21

La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto con
los siguientes argumentos:

21 Índice SAMAI 16.

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Solicitó a la Sección Quinta confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de
la demanda de nulidad de la elección de JAIME ANDRÉS BONILLA VALLECILLA,
como personero municipal de Popayán para el resto del período 2020-2024.

Para tal efecto, justificó argumentos de oposición a cada uno de los 5 cargos
propuestos en el recurso de apelación, entre esos, los aspectos relativos a la
selección trasparente, imparcial y objetiva del contratista encargado de adelantar
el concurso de méritos, no fueron demostrados conforme a las pruebas
documentales que obran en el expediente, ni tampoco a la jurisprudencia electoral,
se tiene que anulen la elección del citado funcionario.

Recordó que, la cadena de custodia en el desarrollo de las pruebas de
conocimientos había sido cumplida, lo que no da crédito al argumento referido a
certificar una a una esas etapas, pues ni los participantes manifestaron
irregularidad ni tampoco los órganos de control.

Finalmente, los argumentos relativos a la existencia de indicios derivados de los
hechos - no demostrados en el proceso, se tratan de conjeturas sin evidencia.

2. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 15222 numeral 7 literal b
del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia del
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia emitida el
17 de noviembre de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del
Cauca negó las pretensiones de la demanda.

2.2 El acto acusado

El demandante a través del contencioso electoral pretende la nulidad del acto
administrativo de elección contenido en el Acta 20 del 12 de marzo de 2022, en
virtud de la cual el Concejo Municipal de Popayán, eligió con una votación de 16
votos a favor al señor Bonilla Vallecilla, como personero municipal para lo que
resta del periodo 2020-2024.

2.3 Problema jurídico

22 Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: b) De la nulidad de la
elección de los contralores departamentales, y la de los personeros y contralores distritales y
municipales de municipios con setenta mil (70.000) habitantes o más, o de aquellos que sean
capital de departamento.

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Conforme al fallo de primera instancia y a los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o
revoca la sentencia de primera instancia.

La Sala resolverá los 5 aspectos referidos en la alzada a través de los siguientes
ejes temáticos: (i) el marco normativo de la elección de personeros municipales,
ello por cuanto, serán las disposiciones aplicables y la hermenéutica constitucional
y contenciosa administrativa la que brindaran los alcances y límites de dicha forma
de selección; (ii) las irregularidades contractuales y su incidencia en la declaratoria
de elección del personero Municipal de Popayán, esto con el fin de responder
completa y organizadamente los motivos de disenso relativos a: la “selección
amañada” del operador por la falta de publicación y desconocimiento del
ordenamiento jurídico de los documentos precontractuales en SECOP, limitativa
de la concurrencia de otros operadores que estructuraran la prueba de
conocimientos23 (iii) las irregularidades presentadas en los cambios de fecha y
lugar de las pruebas, atentatorio del principio de planeación24 y participación de los
aspirantes (iv) el cumplimiento de la cadena de custodia y protocolo de las
pruebas25 y (v) la desviación de poder derivado de los hechos indiciarios.26

2.3.1. Marco normativo de la elección de personeros municipales

Con el fin de razonar acerca del contenido normativo de las disposiciones que
rigen los concurso de personeros y de relievar el papel que ha jugado la
jurisprudencia sobre la materia, conviene resaltar el artículo 113 de la Constitución
Política que define, la estructura del Estado colombiano a través de la división
tripartita del poder público, heredada del Estado de Derecho, según el cual, está
dividido en tres ramas, esto es, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, a los que se
suman algunos órganos “autónomos e independientes”, que aseguran el
cumplimiento de “las demás funciones del Estado”, de forma separada, pero
guiados por el principio de colaboración armónica para la realización de sus fines.

En consonancia con lo anterior, el artículo 117 ibidem dispone que el Ministerio
Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. En
particular, el artículo 118 de la Carta señala que el Ministerio Público será ejercido
por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, por los
procuradores delegados y los agentes del ministerio público ante las autoridades
jurisdiccionales. Además, está integrado por los personeros municipales, los
cuales actuarán bajo la suprema dirección del procurador general de la Nación 27.

23 Alzada números 1 y 2.
24
Alzada número 3.
25
Alzada número 4.
26
Alzada número 5.
27 Constitución Política, artículo 275.

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La Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, define la naturaleza del
cargo de personero y establece que desde el punto de vista funcional hace parte
del Ministerio Público. Al respecto, el artículo 169 de la referida ley, en
concordancia con lo previsto en el artículo 118 de la Carta, asigna al personero
municipal o distrital esas mismas funciones en el ámbito local.

De acuerdo con el texto original del artículo 170 de la Ley 136 de 1994, los
concejos municipales gozaban de un amplio margen de discrecionalidad para
definir la forma de elección de los personeros, pues ni esta ni otra norma fijaba un
procedimiento o indicaba unos parámetros mínimos para ejercer esta
competencia, más allá del deber de actuar en consonancia con los principios
constitucionales y legales que orientan la función administrativa.

Esta dinámica cambió a partir de la Ley 1551 de 2012, que dentro de las normas
para modernizar la organización y funcionamiento de los municipios contempló la
elección de los personeros “previo concurso de méritos”. La Corte Constitucional
fundó este mecanismo de selección para elegir al personero bajo el principio
democrático y en las relevantes funciones asignadas a este funcionario, como
parte del Ministerio Público:

“Por un lado, de acuerdo con los artículos 118 y 277 de la Carta Política, a los
personeros corresponde la promoción, la divulgación y la defensa de los derechos
humanos, y la veeduría y vigilancia de la conducta de los servidores públicos
municipales y distritales; la importancia de estas funciones, y el control que deben
ejercer sobre los órganos del orden territorial justifican una elección reglada y no
necesariamente una decisión discrecional que pueda comprometer la independencia
y la imparcialidad de la persona que resulte favorecida. De este modo, el rol y las
funciones del personero, antes que excluir la aplicación del precedente anterior,
refuerzan la necesidad de apelar a este tipo de procedimientos.

(…)

En consonancia con los postulados de la democracia participativa, el concurso
público de méritos materializa la intervención ciudadana en distintos sentidos: de un
lado, porque cualquier persona que cumpla los requisitos y condiciones para ejercer
el cargo de personero, puede tomar parte en el respectivo proceso de selección;
esta apertura no es propia ni característica de las dinámicas informales en las que
discrecionalmente los concejos conforman su repertorio de candidatos. Y de otro
lado, porque como se trata de un procedimiento público y altamente formalizado,
cualquier persona puede hacer el seguimiento respectivo, y detectar, informar y
controvertir las eventuales irregularidades. En definitiva, la publicidad, transparencia
y formalización del proceso incentivan la participación ciudadana. Se trata de un
proceso democrático, no en tanto se delega en los representantes de la ciudadanía
la conducción política, sino en tanto la ciudadanía interviene activamente y controla
la actividad estatal.

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Además, el concurso es coherente con los postulados de la democracia sustancial,
pues las determinaciones en torno a la integración de las entidades estatales se
estructuran alrededor de los derechos fundamentales a la igualdad, a la
participación en la función pública y al debido proceso. La garantía de estos
derechos no se deja librada al juego de las mayorías, sino que constituye el
presupuesto fundamental, el referente y la finalidad de la actividad estatal”28.

Con base en dichos lineamientos y en los preceptos pertinentes, esta Sección ha
descrito reiteradamente la evolución normativa de la forma de elección del
personero por parte de los concejos, en los siguientes términos:

“El numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política dispone que compete a los
concejos municipales elegir al personero para el periodo que fije la ley. Frente a este
mandato normativo, la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan las normas tendientes
a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, dispuso en su
artículo 170 que dicha elección se llevará a cabo en los primeros diez (10) días del
mes de enero del año respectivo, para períodos de tres (3) años. Sin embargo, este
contenido normativo fue modificado por la Ley 1031 de 2006, que amplió el período
de los personeros municipales de tres (3) a cuatro (4) años, a partir del año 2008.

Con la expedición de la Ley 1551 de 2012,” Por la cual se dictan normas para
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, se modificó el
artículo 170 de la Ley 136 de 1994 al establecer un concurso público de méritos
para la elección del personero municipal, el cual estaría en cabeza de la
Procuraduría General de la Nación. Esta norma fue objeto de demanda de
inconstitucionalidad, la que fue decidida por la Corte Constitucional en sentencia C-
105 de 2013, en la que se declaró la exequibilidad de la expresión “previo concurso
de méritos” contenida en el inciso primero de la anterior disposición, y a su vez la
inexequibilidad del siguiente aparte “que realizará la Procuraduría General de la
Nación”, contenida en el mismo inciso.

(…)

A su turno, de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, que compiló lo dispuesto en el
Decreto 2485 de 2014, el concurso dirigido a la elección de los personeros debe
adelantarse bajo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad.

Por consiguiente, es claro que la ley ha reiterado la atribución constitucional de los
concejos municipales y distritales para la nominación de los personeros,
incorporando al espectro ampliamente discrecional que inicialmente tuvo esta
competencia la exigencia de realizar un proceso de selección donde prevalezcan el
mérito y la idoneidad, en consonancia con los principios constitucionales que
orientan el acceso a la función pública. Así mismo, no cabe duda de que los
concejos tienen a su cargo la responsabilidad de dirigir estos concursos y de trazar

28 Corte Constitucional, sentencia C-103 de 2015, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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sus lineamientos generales, sin perjuicio de contar con la asistencia de terceros
especializados en la materia”29.

En cuanto a las etapas del concurso, la Sala ha identificado, a partir de lo
dispuesto en el título 27 del Decreto 1083 de 2015, que dentro de esta actuación
se surten las fases de (i) convocatoria, (ii) reclutamiento y (iii) pruebas que, a su
vez, comprenden la evaluación de los conocimientos académicos, las
competencias laborales, la valoración de estudios y la entrevista30.

Conforme con lo expuesto, actualmente la elección de los personeros se realiza
para un periodo de (4) años y debe ser efectuado por el respectivo concejo dentro
de los primeros (10) días de enero, mediante un concurso público de méritos
reglado, que puede ser apoyado por terceros que cumplan la condición de ser
universidades o instituciones de educación superior, o entidades especializadas
en procesos de selección de personal.

Adicionalmente, como resultado de la labor interpretativa del juez electoral, esta
Sala ha definido algunos presupuestos que deben observarse en el desarrollo de
estos concursos de méritos, con el fin de asegurar la legalidad de la elección de
los personeros. En tal sentido, se han destacado las consecuencias anulatorias
que pueden provenir del desconocimiento de los términos vinculantes de la
convocatoria para la elección realizada, al igual que la importancia de garantizar la
debida publicidad que permita la libre concurrencia de los interesados, junto con el
estricto orden de mérito en que debe ser aplicada la lista de elegibles que resulte
del proceso31.

De otra parte, en el marco de la contratación con terceros para el desarrollo del
concurso, se ha precisado que el objeto social de las entidades operadoras es el
elemento definitorio de su idoneidad para acompañar y brindar asesoría a los
concejos en estos procesos de selección32.

Igualmente, se ha destacado la importancia de asegurar la integridad de los
documentos del concurso, especialmente las pruebas de competencias y
conocimientos, a través de protocolos o guías que ofrezcan condiciones de
igualdad y transparencia para todos los participantes. Sobre el mismo punto, se ha
indicado que las falencias que pudieran advertirse en cuanto a la aplicación de la

29 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de junio de 2021, Rad. 76001-23-33-000-

2020-00243-01, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
30 Id.
31 Al respecto, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 25 de marzo de 2021, radicado

05001-23-33-000-2020-00495-01, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
32 Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de marzo de 2021, Rad. 25000-

23-41-000-2020-00409, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia de 29 de abril de
2021, Rad. 05001-23-33-000-2020-00480-01, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; y
sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. 08001-23-33-000-2020-00139, MP Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.

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cadena de custodia deben ponderarse para establecer su incidencia en la
legalidad del acto final de elección33.

También se ha resaltado en este contexto el alcance del estudio del juez electoral,
cuidando de no entrometerse en asuntos propios del medio de control de
controversias contractuales, so pretexto de analizar el cargo de expedición
irregular cuando se relaciona con la adjudicación del contrato con los operadores
del concurso, el tipo de vinculación, el cumplimiento de los requisitos, entre otros
temas propios de dicho contexto judicial34.

2.3.2. Las irregularidades contractuales y su incidencia en la declaratoria de
elección del personero municipal de Popayán

Para resolver los cargos relacionados con los presuntos vicios en el proceso
precontractual y los supuestos en que se desarrolló el objeto y obligaciones
específicas del contratista -CUC-, la Sala abordará algunos parámetros
jurisprudenciales y disposiciones legales que rigen la materia.

La Sección en primera medida recuerda que, la Corte Constitucional ha
reconocido las limitaciones de diversa índole que implica la realización de los
concursos de méritos por parte de los concejos para la elección de personeros
municipales:

“el concurso tiene un alto nivel de complejidad, en la medida en que supone, por un
lado, la identificación y utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, y, por
otro, imparcialidad para evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la
experiencia, las habilidades y las destrezas de los participantes. Se requiere, así
mismo, el procesamiento y la sistematización de una gran cantidad de información y
la disposición de una amplia y compleja infraestructura y logística administrativa,
en un contexto conflictivo en el que, por la dinámica natural de la contienda y la
competencia, las decisiones son cuestionadas y controvertidas de manera
sistemática y reiterada. En otras palabras, las dificultades de los concursos hacen
imperativa la disposición y utilización de sofisticadas herramientas humanas,
informáticas, administrativas y financieras, de las que en principio carecen los
concejos municipales y distritales.35”

De igual modo36 se ha entendido que, los concejos municipales tienen la
responsabilidad de establecer los lineamientos generales del procedimiento,
entregando su realización parcial a terceros que cuenten con las herramientas

33 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de marzo de 2018, Rad. 85001-23-33-000-

2017-00019-03, MP Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. 08001-23-
33-000-2020-00139-01, MP Lucy Jeannette Bermúdez.
34 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de agosto de 2021, Rad. 23001-23-33-000-

2020-00040-01, MP Rocío Araújo Oñate.
35 Corte Constitucional, sentencia C-105 de 2013.
36 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de enero de 2022, Rad. 52001-23-33-000-

2020-00982-03, MP Luis Alberto Álvarez Parra.

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humanas y técnicas para este efecto, tal como lo dispone el artículo 2.2.27.1 del
Decreto 1083 de 2015.

La Sala ha estructurado una sólida y pacífica jurisprudencia en negar los cargos
de nulidad, justificados en una presunta vulneración de las disposiciones legales
que rigen la contratación estatal o en si los procesos de selección de las entidades
especializadas, públicas o privadas para realizar las pruebas de conocimientos se
encuentran debidamente diseñados, al respecto ha dicho:

“Con la nueva legislación quedó superada la antitécnica división entre contrato
privado de la administración y contrato administrativo, pues en todos los casos en
que una de las partes sea una entidad oficial, se hablará de contrato estatal o
contrato administrativo, criterio orgánico imperante para radicar la competencia en
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa respecto de las controversias
contractuales y la ejecución y cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato. De donde resulta importante concluir que el juez administrativo de la
validez del acto electoral, carece de competencia para resolver sobre la validez del
contrato estatal”37 (Subrayado fuera del original)

Recientemente38 se afirmó sobre los cargos de validez contractual en el medio de
nulidad electoral lo siguiente:

“dicha censura propuesta como fundamento de la medida cautelar deprecada, es
ajena al medio de control de nulidad electoral, en tanto corresponden al de
controversias contractuales o al de nulidad o nulidad y restablecimiento del
derecho en relación con los actos administrativos proferidos en desarrollo de la
actividad contractual con anterioridad a la celebración del contrato, en la medida
en que las normas y jurisprudencia que se invocan como vulneradas nada dicen
sobre el procedimiento eleccionario sub judice, esto es, el que rige para proveer el
cargo de personero municipal y, por tanto, no son de aquellas en que debía
fundarse el acto acusado”

Lo anterior es de suma importancia ya que la Sala en punto de la nulidad electoral
no tiene como función establecer la legalidad de los procedimientos contractuales,
la Sección en este punto se encarga de analizar y verificar que se haya cumplido
con los requisitos mínimos que estableció el legislador para la realización del
concurso que escoge al respectivo personero municipal para garantizar
precisamente el principio al mérito, puesto que el estudio que se hace en esta
instancia es de legalidad.

37 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 31 de agosto de 2001, Expediente N°. 05001-

23-15-000- 2000-4435-01, M.P. Roberto Medina López. Postura reiterada entre otras en el auto del
20 de mayo de 2021 dentro del expediente 15001-23-33-000-2020-01934-0. MP Luis Alberto
Álvarez Parra.
38 Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de 28 de julio de 2022, Rad. 19001-23-33-000-2022-

00108-03, MP Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
Rad: 19001-23-33-000-2022-00108-04

En concordancia con lo anterior, el legislador estableció unas exigencias
razonables, así como unas competencias para la realización del concurso de
méritos para la elección del personero, siendo claro que el estudio hecho en esta
instancia debe comprobar el cumplimiento de esos derroteros y el acceso a los
cargos públicos.

La Sala Electoral encuentra que, la plenaria del cabildo profirió tanto la Resolución
20191100001155 de 19 de octubre de 2019, como la Proposición 035 del 31 de
julio de 2021, facultando a la mesa directiva a fin de adelantar el correspondiente
concurso público de méritos, dentro de los parámetros establecidos por el Decreto
1083 de 2015, en específico el titulo 27.

Al ser estas situaciones propias de un análisis específico de otros medios de
control y no del contencioso electoral, su estudio no es procedente en el proceso
de la referencia.

Por lo anterior los motivos de alzada 1 y 2 no prosperan.

2.3.3 Las irregularidades presentadas en los cambios de fecha y lugar de las
pruebas, atentatorio del principio de planeación39 y participación de los
aspirantes

La parte activa recalcó que, las dos modificaciones hechas al cronograma en las
que se reprogramaron las fechas y lugar del examen de conocimientos fueron
injustificadas y con ello primó la negligencia, falta de planeación e improvisación
tanto del Concejo Municipal de Popayán como de la -CUC-.

Adujeron en su escrito que, esas alteraciones vulneraron el principio de libre
concurrencia de los aspirantes, ya que, una aspirante dejó constancia de lo tardías
que llegaron las citaciones a las nuevas fechas de evaluación.

La Sala para resolver este punto, se remite a la norma reguladora del concurso
público - Resolución 20211100001685 de 19 de noviembre de 2021, la cual en el
parágrafo 1º del artículo 5 utilizó la expresión: “necesidades del proceso de
selección y garantía de éxito del mismo”, con ello la Sección advierte que,
respecto del concurso de méritos, tal finalidad se consigue cuando las diversas
etapas cumplen con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 - estándares
mínimos para elección de personeros municipales-.

En idéntico sentido para el caso concreto se demuestra, la satisfacción de las
etapas establecidas en el cronograma que expidió el cabildo y que a través de su
mesa directiva permitió elegir entre los concursantes al mejor, cumpliendo así, con

39
Alzada número 3.

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el fin de la normativa superior, esto es lo establecido en las Leyes 136 de 1994,
1551 de 2012 y el Decreto 1083 de 2015.

Para la Sala, un proceso meritocrático exitoso será aquel que permita la
escogencia del mejor de entre los concursantes y garantice la materialización de
los principios establecidos en el artículo 209 superior.

En el subjudice, se advierte que la expresión “éxito” aparejada con “las
necesidades del proceso de selección”, implica acudir al criterio razonable que la
jurisprudencia de esta Sala ha tomado cuando se presentan múltiples vicisitudes
que avalan la modificación del cronograma del concurso, al respecto se ha dicho40;

“(…) las modificaciones a las reglas de la convocatoria sí son posibles, siempre y
cuando se hagan en condiciones de objetividad, igualdad y transparencia,
respetando el debido proceso de todos los interesados, sin afectar las expectativas
o derechos de los involucrados.

La convocatoria pública es una herramienta eficaz para lograr una mayor
participación ciudadana y materializar de forma efectiva el acceso igualitario a los
cargos públicos. Sin embargo, su carácter participativo no puede ser óbice para
desconocer que los términos que en ella se estipulan se constituyen como normas
reguladoras del procedimiento administrativo que desarrollan y en esa medida son
vinculantes y de obligatorio cumplimiento, tanto para la administración como para
los participantes del proceso de selección.

(…)

Así las cosas, es evidente que los términos y condiciones en los que se expida una
convocatoria pública se erigen como un marco jurídico de obligatorio acatamiento
para las partes que en ella intervienen, razón por la cual los lapsos, requisitos,
formas de calificación, entre otros aspectos, que en ella se consagren son de
estricta observancia

(…)

Sin embargo, no escapa a la Sala que existen circunstancias en las cuales el
ordenamiento jurídico avala la variación en los términos de una convocatoria. En
este contexto, huelga manifestar que la administración no podrá modificar un lapso
establecido en una convocatoria pública, salvo, cuando se presenten los siguientes
eventos:

(…)

40 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 13 de junio del 2019. Radicación 11001-03-

28-000-2018-00602-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Postura reiterada entre otras en la
sentencia del 29 de abril del 2021 dentro del radicación 15001-23-33-000-2020-00100-01, M.P.
Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Providencia del 3 de agosto de 2015. Expediente 11001032800020140012800. M.P. Dr. Alberto
Yepes Barreiro.

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iii) En caso de fuerza mayor o caso fortuito: Esto es, cuando acaezca un hecho
extraño al querer de la administración, totalmente imprevisible e irresistible, capaz
de determinar y justificar la variación de las condiciones establecidas en la
convocatoria inicial. En suma, al ser los términos y condiciones de una
convocatoria plenamente vinculantes, aquellos no podrán ser modificados, salvo,
cuando así lo autorice el cronograma y/o el reglamento de la respectiva autoridad
o cuando acaezca una situación configurativa de fuerza mayor o caso fortuito”

Por lo anterior y para resolver este punto, se encuentra acreditado que la primera
modificación41 a la fecha de presentación de la evaluación tuvo origen en una
situación fáctica motivada por el no cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad que eran obligatorios en virtud del estado de emergencia social,
económico y ecológico42 declarado por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia
generada por el COVID-19, y que como bien quedó demostrado en las actas tanto
de la supervisora como las del ministerio público, garantizaban la no propagación
del virus en las aulas respectivas. En este punto la Sala entiende que el hecho de
preservar la vida y salubridades públicas son una potísima razón de que el
Concejo Municipal de Popayán debía ante la situación presentada en el sitio de las
pruebas, revaluar la fecha del examen

Si bien esta situación nunca se informó de manera previa a los aspirantes al cargo
de personero municipal, cuando estos llegaron al sitio de la prueba, no es menos
cierto que, dicho error formal imputable a los colaboradores de la CUC, no tuvo la
incidencia para anular el acto de elección debido a que una vez le es informado al
cabildo municipal sobre dicha situación, se procedió a la suspensión del
cronograma e inmediatamente reanudado, se convocó en el menor tiempo posible
a los aspirantes a fin de presentar las pruebas.

Este defecto como la Sala lo entiende debe ser catalogado como formal y no tiene
incidencia en el resultado, dado que el fin último de la realización de tal
modificación en la fecha era disciplinar a la CUC en el cumplimento venidero de
los protocolos que el gobierno nacional había dispuesto para que, ante un evento
publico a las personas estas no se contagiaran.

Al respecto es conveniente resaltar que, en el trámite contencioso electoral, el juez
en su rol de controlar la legalidad del acto, ante la existencia de cualquier error,
irregularidad, divergencia o contrariedad en el curso de la actuación administrativa,
proceder a desconocer el apego a las ritualidades en que se sustentaron las
autoridades administrativas para sanear las vicisitudes del proceso en aras de
preservar la actuación administrativa. Actuar de forma diferente sería otorgarle un

41 Resolución 20211100001685 determinó el 24 de noviembre de 2021 a las 2:00 p.m., fecha para

la realización de la prueba de conocimientos y competencias laborales en la Fundación
Universitaria de Popayán - Sede San Camilo, como consta en acta del 24 de noviembre de 2021
suscrita por la Procuraduría Regional del Cauca.
42 Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

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peso desequilibrante a defectos que no tienen incidencia sustancial sobre el
resultado final de la elección.

De igual modo, frente al segundo43 evento de alteración del cronograma y sitio de
presentación de las pruebas, surgido con ocasión de la no gestión de los permisos
ante la institución educativa para el ingreso de los concursantes, se entiende que
tal situación se enmarca, en una situación errática de la administración, pero no de
tal entidad que nulite la elección del citado funcionario. Al respecto en otros
asuntos, la Sala Electoral44 en punto de la incidencia sobre los resultados
electorales cuando se presenten errores administrativos, ha pregonado porque se
haga un análisis holístico de la situación y verifica a través de la lógica y la sana
critica, si tal evento, afecta con tal incidencia el resultado electoral, que lleve a
anular la elección. Para el caso que ocupa la Sala, si bien la -CUC- debía haber
gestionado los permisos de ingreso a la institución educativa, esa situación que
advertida dificultad, no impidió que el cabildo promoviera en el menor tiempo
posible el cambio de fecha y lugar y con ello evitar el cronograma se incumpliera.

Para la Sección se destaca el concepto de “incidencia” y con ello determinar si tal
cambio es de tal envergadura que “nulite” la elección, para tal efecto debe decirse
sobre tal concepto jurídico45 que, “no basta con acreditar la existencia de cualquier
cantidad de falsedades sino de una de magnitud tal que tenga la capacidad que se
requiere para modificar el resultado consignado en el acto cuestionado”

Sumado a lo anterior, para esta corporación es importante conforme al material
probatorio aportado advertir, que las modificaciones sí eran procedentes y como
se dijo, pretendían buscar el éxito del concurso, siempre y cuando tales
alteraciones fueran por necesidades del proceso, ello lleva a destacar que, lo
impropio hubiese sido abstenerse de convocar o convocar en un plazo sumamente
arbitrario y superior al visto en el presente caso, o haciendo las pruebas en un sitio
sin previo aviso, pue se itera, la convocatoria sí posibilitaba las modificaciones
como quedó demostrado.

La Sección en este punto encuentra que entre la primera46 fecha de evaluación -
24 de noviembre de 2021 – la reprogramación -20 de diciembre de 2021-47 y

43 Hecha mediante Resolución 20211100001735 del 26 de noviembre de 2021, suspendió el
cronograma del concurso y lo reanudó hasta el 15 de diciembre a través de resolución No
20211100001905 fijando otra fecha para llevar a cabo la prueba de conocimientos y de
competencias laborales, cuya fecha fue el 20 de diciembre de 2021 a las 8:00 a.m. en la Fundación
Universitaria de Popayán - Sede San Camilo.
44 Entre otros ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

sentencia del 11 de junio de 2009, M.P: Mauricio Torres Cuervo, Radicado No. 20001-23-31-000-
2007-000239-01, y las sentencias 4060, 4068, 4069, 400 del 22 de mayo de 2008
45 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera Ponente:

Rocío Araújo Oñate, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021) radicación número:
44001-23-40-000-2020-00004-01.
46 Resolución 20211100001605.

47 Resolución 20211100001965.

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finalmente la de realización de la prueba - 27 de diciembre de 2021-48, transcurrió
un poco más de 1 mes sin que tal periodo se entienda irrazonable o de tal
magnitud que haya incidido en forma esencial con la elección del personero.

Sumado a lo anterior, se encuentra que dichas modificaciones fueron publicitadas
a los interesados en la página web del Concejo Municipal de Popayán en
cumplimiento del artículo 31 de la Resolución 20211100001685 del 19 de
noviembre de 2021, luego no fue sorpresivo para los aspirantes tales reformas, las
cuales se itera, fueron públicas una vez presentados los respectivos eventos.

La Sección en este punto también entiende que el cronograma de la convocatoria
dispuesto en la multicitada Resolución del 19 de noviembre, sí era susceptible de
modificación y no estaba condicionada a una situación particular que atara al
cabildo a no hacerla, cuando un evento imprevisible se presentara.

Pensar lo contrario implicaría, por un lado, desatender lo dicho por la Corte
Constitucional cuando manifestó la existencia de un alto nivel de complejidad en la
realización del concurso público de selección del personero municipal por la
amplia y compleja infraestructura y logística administrativa 49, y por otro, aferrar al
concejo municipal a que solo en ciertas vicisitudes se puede modificar el
cronograma, dejando de lado, que cada caso particular puede presentar
alteraciones súbitas e imprevistas que requieren respuestas enérgicas de los
concejos municipales.

La Sección no comparte la aseveración respecto a que, presentadas las
modificaciones y conocidas por el público a través de los medios oficiales, ello
implicó una imposibilidad en la concurrencia de los participantes, ya que, acorde a
lo probado solo reposa una manifestación hecha por un aspirante, respecto a la
presunta comunicación tardía de las citaciones, lo cual, contrario a lo manifestado
en la alzada, está demostrado que, estas sí fueron publicadas en la página oficial
del concejo municipal.

Corolario de lo anterior, al no haber incidido las citadas modificaciones en el
resultado final que llevo a la elección del personero municipal, se itera una vez
mas que, las modificaciones fueron proferidas por el órgano competente – mesa
directiva-, tuvieron la debida publicidad –página web del concejo municipal y se
fundamentaron en situaciones fácticas que obligaban, en búsqueda del éxito del
proceso a reprogramarlo céleremente.

Lo anterior, no es óbice para que esta corporación judicial llame la atención al
cabildo municipal para que, en lo sucesivo, estas situaciones administrativas no
vuelvan a presentarse e insistir en la realización de un debido y oportuno control,
ya que, se trata es de evitar la dilación en el cronograma inicialmente dispuesto.

48 Resolución 20211100001985.
49 Corte Constitucional, sentencia C-105 de 2013.

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Por lo anterior el motivo de alzada 3 no prospera.

2.3.3. El cumplimiento de la cadena de custodia y protocolo de las pruebas

La Sección observa que, una vez celebrado el convenio de cooperación
interinstitucional en virtud del artículo 2.2.27.6 del citado decreto, entre el Concejo
Municipal de Popayán y la -CUC-, las obligaciones específicas de este último
apuntaron a dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.2.27.2 y con ello
garantizar los protocolos y cadena de custodia en las pruebas a realizar.
El clausulado contractual determinó lo siguiente:

La Sala una vez analizado el material probatorio aportado50, no observa cómo y de
qué manera hubo incumplimiento de los protocolos de aplicación de pruebas,
tampoco se ve persuadida respecto a la alteración de la cadena de custodia, al
contrario, las actividades desplegadas por la -CUC- en nombre del Concejo
Municipal de Popayán, materializaron el principio de objetividad que es en últimas
el que persigue el artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015.

En este punto se recuerda lo dicho por la jurisprudencia de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la cadena de custodia51

“…es concebida como un conjunto de medidas que tienen como fin preservar la
identidad o integridad de los elementos materiales probatorios o evidencia física
y asegurar el poder demostrativo de la prueba...”

“…el procedimiento a través del cual se aplica la cadena de custodia no es un
fin en sí mismo, sino un medio a través del cual se busca asegurar la

50 Videos, fotos, actas, y certificaciones.
51 Sentencia del 19 de febrero de 2009, Radicación: 30598, M.P. María del Rosario González de

Lemos.

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autenticidad del elemento probatorio o la evidencia física en el proceso penal, lo
cual en ningún momento descarta que existan otros mecanismos para lograr esa
finalidad…”52. (Resaltado por la Sala)

Para la Sala, la cadena de custodia al ser un medio, no la prueba en sí misma,
podía certificarse con los documentos expedidos53 por la -CUC- en la que detalló
cómo se cumplieron las etapas de diagramación, embalaje, entrega y calificación,
siendo procedente para el éxito de la alzada, el deber de demostrar cómo esta se
vio afectadas, no exclusivamente a partir de supuestos y aseverar que, debían ser
certificadas una a una.

Al respecto se recuerda54 que en virtud del principio “onus probandi incumbit
actori”, al demandante le correspondía probar los hechos en que funda su alzada y
no suponer que son nulas las actuaciones basándose en sospechas de
adulteración entre la diagramación y la evaluación de la prueba, de igual modo,
bajo el axioma “actore non probante, reus absolvitur”, el demandado en el
presente punto debe ser absuelto de los cargos ya que el accionante no logró
demostrar los hechos en que fundamento su apelación.

En este punto el apelante también afirmo que, debía aplicarse por parte del juez la
inversión de la carga de la prueba, al respecto acotó:

“Es de anotar que el cumplimiento del protocolo, es el único medio que garantiza
que la prueba de conocimientos no ha sufrido adulteración, pues de otra manera
no tendría objeto el establecimiento del mismo y la exigencia de su cumplimiento a
cabalidad. El A-quo se equivoca al afirmar que es un cliqué, el exigir la
acreditación de las diferentes etapas del protocolo que diseñó la misma
UNIVERSIDAD DE LA COSTA, pues el cumplimiento del mismo no es presumible
puesto que se debe documentar su acatamiento. Lo expuesto en aras de
garantizar el principio de transparencia que pregona el artículo 2.2.27.1. del
decreto 1083 de 2015. Además la parte demandante está en presencia de una
negación indefinida al afirmar que durante el concurso de méritos para personero
municipal para el periodo restante 2020-2024, no se cumplió con el protocolo
diseñado por el operador del concurso, pues en el expediente administrativo
entregado por el Cabildo, no hay prueba que así lo acredite, razón por la cual hay
inversión de la carga de la prueba en los términos del inciso final del artículo 167
del C.G.P., correspondiendo a la parte demandada acreditar este punto. (….) Es
importante reiterar que las pruebas allegadas por la UNIVERSIDAD DE LA
COSTA, durante el debate probatorio, no acreditan el cumplimiento a cabalidad y
en los términos que diseñó la misma institución de educación superior, además

52 Sentencia de 27 de junio de 2012, Radicación: 34867, M.P. José Leónidas Bustos Martínez;
Sentencia de 18 de agosto de 2010, Radicación: 33559, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés;
Sentencia de 29 de abril de 2015, Radicación: 45469, M.P. Eyder Patiño Cabrera
53 Documentales identificados del expediente judicial; Video recepción Bolsa de Seguridad, Informe

Jefe de Salón, Acta de entrega CUC a Jefe de Salón, foto de evidencia prueba de salón.
54 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejero Ponente:

Luis Alberto Álvarez, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte (2020) radicación número:
18001-23-33-000-2020-00009-01.

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dichas pruebas no obran dentro del expediente administrativo del concurso de
méritos que fue entregado a los suscritos veedores ciudadanos por el CONCEJO
MUNICIPAL DE POPAYÁN. El Ad-quem debe tener en cuenta que los protocolos
diseñados para ser aplicados en las pruebas de conocimientos y competencias
laborales en concursos de méritos, busca garantizar autenticidad, identidad e
integridad para de esta manera garantizar transparencia, imparcialidad, igualdad y
objetividad (artículo 2.2.27.1. del decreto 1083 de 2015). De acuerdo a lo anterior,
la no acreditación del protocolo, demuestra que él mismo fue incumplido y por
ende la vulneración de los principios arriba mencionados.

La Sala destaca los siguientes elementos para no acceder al cargo: (i) no hay
tarifa legal55 en el ordenamiento probatorio respecto a la demostración del
acatamiento de los protocolos en la realización de las pruebas de conocimientos,
como asevera el apelante, pues conforme al material aportado en el expediente
judicial, existe una certificación conjunta-global, emitida por la CUC que demostró
como las diversas etapas sí se habían cumplido, (ii) el a quo no presumió el
cumplimiento de las etapas, de hecho, conforme a la certificación emitida por la
CUC, se observa que las diversas etapas contempladas en el protocolo fueron
cumplidas, sin que exista un medio de prueba aportado por los actores que
demuestren que una o varias de estas, sufrieron alteración o fueron incumplidas
por quienes tenían el deber de hacerlo, (iii) si bien la parte actora aseguro que
ciertas actividades no se conoce si fueron cumplidas o no, no es menos cierto
como ya se dijo, que le asistía el deber de derruir esa afirmación-certificación a
través de otros medios de prueba que llevaran a la intima convicción al juez de
instancia y a esta Sala a creer que hubo un incumplimiento, (iv) en punto de la
inversión de la carga de la prueba, debe partirse necesariamente de qué está
probado en el proceso y cuál es el entendimiento que se tiene de tal institución
jurídica, en primer lugar, en el expediente reposa: a-Video de la recepción de las
bolsa de seguridad, en la que se observa unos sellos de seguridad b- Un acta de
entrega suscrita entre un delegado de la Secretaría General de la Universidad y el
jefe de salón designado, c- foto en la que se expone la presentación de las
pruebas de conocimientos y la ubicación de los concursantes d- informe del jefe
de salón en la que se certificó:

55 Corte Constitucional Sentencia C-202 de 2005, ocho de marzo de 2005 magistrado ponente
Jaime Araujo Rentería.

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Estas situaciones fácticas presentadas en las diversas documentales tuvieron la
participación de los órganos de control, los cuales, en ningún momento adujeron
incumplimiento del citado protocolo.

En segundo lugar, se tiene que la inversión de la carga es una figura que ha
venido construyendo jurisprudencialmente, sin perjuicio de ello, ha sido el Código
General del Proceso en el articulo 167 que ha establecido en punto de la posición
que tienen las partes con relación aun determinado medio probatorio lo siguiente;

“No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o
en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado
hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en
mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por
haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por
estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte,
entre otras circunstancias similares.” (Resaltado por la Sala)

Su propósito se identifica en el mejor proveer frente a la prueba de los hechos en
el proceso conforme a las situaciones en las que resulta imposible la obtención o
aportación de la prueba por el demandante o por quien alega la ocurrencia del
hecho.

Para el caso que ocupa la Sala no es procedente aplicar la inversión de la carga
de la prueba pues en efecto existe materia documental que demuestra que el
material correspondiente a la prueba escrita no sufrió alguna adulteración que
afectara la cadena de custodia, o que solo porque en cada evento de la práctica
de la prueba escrita no se levantó un acta que certificara el cumplimiento del
mismo se haya desconocido el protocolo de custodia y manejo de pruebas
implementado por la CUC.

Así, en lo que se relaciona con la aplicación de las pruebas de conocimientos
académicos y competencias laborales, el principio de transparencia, fue
garantizado a través de la cadena custodia y, con ello se excluyó que, las
actuaciones administrativas tuvieran como principal propósito el favorecimiento de
candidatos en detrimento de las condiciones de igualdad en las que se llevó a
cabo el citado concurso público.

Por lo anterior el motivo de alzada 4 no prospera.

2.3.4. Lo relativo a la prueba indiciaria

Para la Sección el argumento de alzada referido a que, “hubo modificaciones
injustificadas al cronograma, no existió publicidad del proceso contractual y demás

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irregularidades de este, se erigen como indicios que permiten tener por acreditado
el favorecimiento al elegido y con ello la nulidad del acto de elección”, no es de
recibo por las siguientes justificaciones:

En primer lugar, la Sala recuerda que tres son las disposiciones que el estatuto
procesal general destina para efectos de regular los indicios como medio de
prueba -artículos 240 a 242-,56 su regulación y entendimiento ha sido decantando,
por una parte, en la doctrina especializada57 cuando afirma;

“Sobre el supuesto atinente a que el indicio parte de la base necesaria de que
exista un hecho conocido, denominado hecho indicador, el artículo 240 del CGP
exige que el mismo "deberá estar debidamente probado en el proceso”, con lo cual
establece que será a través de otros medios de prueba que deberá acreditarse el
hecho conocido, de ahí que tal como lo comenta el profesor Devís Echandía “el
indicio es una prueba que necesita ser probada y, por lo tanto, si los medios
empleados para este fin (testimonios; documentos, inspecciones, confesiones,
dictámenes de expertos) adolecen de nulidad o carecen de valor procesal por
vicios en el procedimiento para su aducción, ordenación, admisión o práctica, el
juez no podrá otorgarles mérito probatorio y, en consecuencia el hecho indiciario le
será procesalmente desconocido" (Resaltado por la Sala)

En segundo lugar, la jurisprudencia electoral sobre este aspecto probatorio ha
manifestado lo siguiente:

“El derecho pretor de esta Corporación los ha comprendido como pruebas
indirectas que resultan de los razonamientos desplegados por el juez que,
partiendo de un hecho indicante, debidamente probado, infiere otros, empleables
para la sustentación de sus providencias, en conjunto con los demás medios de
convicción que reposan en el plenario. (…). Y en cuanto a su valoración se ha
dicho que el operador judicial tiene la obligación de apreciar la fuerza de
convicción de la deducción, examinando otro tipo de posibilidades que puedan
desprenderse del hecho refrendado probatoriamente que, de tener mayores
implicaciones, deben llevar a desestimar las conclusiones originariamente
esgrimidas.” 58 (Resaltado por la Sala)

Para la Sala el recurso de alzada insiste en que ya existen unos hechos probados, e
incluso manifestó que:

56 Artículo 240. Requisitos de los Indicios. Para que un hecho pueda considerarse como indicio
deberá estar debidamente probado en el proceso. Artículo 241. La conducta de las partes como
indicio. El juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes. Artículo 242.
Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su
gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el
proceso.
57 Hernán Fabio López Blanco Código General del Proceso Tomo Pruebas editorial DUPRE 2019.

58 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera Ponente:

Lucy Jeannette Bermúdez, seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021) radicación número: 08001-
23-33-000-2020-00139-01.

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Demandantes: Manuel José Castrillón y otro
Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
Rad: 19001-23-33-000-2022-00108-04

“(…), no se requiere una controversia contractual para darse cuenta que el hecho
de contratar un operador de un concurso de méritos: sin estudios previos,
justificando la modalidad de la contracción cuando ya se ha seleccionado el
contratista y sin convocatoria pública, es una situación amañada que busca
lesionar la transparencia, objetividad e imparcialidad en la selección de los
aspirantes a personero municipal.” (Resaltado por la Sala)

Es decir que, para el apelante los hechos ya se encuentran demostrados pues en
su criterio el proceso fue amañado y con ello la elección se torna en espuria, sin
embargo, la Sección no puede aceptar tal argumento ya que como bien se refirió,
las situaciones fácticas relativas a la selección del contratista, así como el
desenvolvimiento que tuvo las modificaciones al cronograma, no demostraron per
se, que las actuaciones administrativas, estuvieran guiadas para favorecer al
candidato ganador, que hubieran sido proferidas por funcionario incompetente o
que en punto de la trasparencia, objetividad y trasparencia, se haya concluido que
se guiaran por intereses diferentes al éxito del proceso, esto es cumplir con el
cronograma, realizar las pruebas y escoger al mejor.

Para la Sala, no hay un hecho que demuestre la falsedad en el contenido del acto
de elección o que la actividad estuvo guiada por un manto de irregularidad, eso no
se demostró, y con ello se impide que la prueba indiciaria exista en el presente
proceso judicial, impidiendo fustigar la estructura del razonamiento hecho por el a
quo, argumentos que, hacen imposible aplicar las disposiciones de los artículos
240 al 242 del Código General del Proceso. Por lo anterior el motivo de alzada 5
no prospera.

Finalmente, el actor faltó a la obligación y carga propia que impone el principio
onus probandi incumbit actori y, con ello, releva de profundizaciones adicionales,
pues como lo manifestara la instancia:

“Lo anterior, habida cuenta que las supuestas irregularidades no tienen incidencia
alguna en punto a la violación de la convocatoria ni el incumplimiento de los
requisitos mínimos que debió agotar el concejo municipal para la elección del
personero municipal. Que, en todo caso, si se encontraran irregularidades en
relación con el trámite de contratación deberá responder cada servidor público en
el marco de sus actuaciones por el presunto desconocimiento de las normas que
rigen la contratación estatal”

Para la Sala, el fallo emitido por el a quo debe mantenerse, por lo que se impone
confirmar la sentencia apelada. En mérito de lo expuesto,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la

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Demandantes: Manuel José Castrillón y otro
Demandado: Jaime Andrés Bonilla Vallecilla
Rad: 19001-23-33-000-2022-00108-04

demanda tendiente a obtener la nulidad del acto mediante el cual se eligió como
personero municipal de Popayán para el periodo 2020–2024 al señor Jaime
Andrés Bonilla Vallecilla.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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