Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04302-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04302-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04302-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
4 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04302-00
Demandante: María Alexandra Floriano Parra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C, cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04302-00
Demandante: María Alexandra Floriano Parra
Demandada: Tribunal Administrativo del Huila
Temas: Tutela contra providencia, nulidad electoral. Elección de personero
municipal. Irregularidades en el desarrollo del concurso. Defectos
fáctico, sustantivo y procedimental, y por desconocimiento del
precedente.
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María Alexandra Floriano
Parra, contra el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo establecido
en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 11 de julio de 2025, la señora María Alexandra Floriano, en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y al trabajo, a los principios de seguridad jurídica y primacía del derecho
sustancial y el derecho a ser elegida. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«PRIMERA: Ruego a los Honorables Consejeros de Estado, AMPARAR mis derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, (art 29 CP), al ACCESO EFICAZ A LA
ADMINISTRACIÓN de JUSTICIA (art. 228 y 229 C.P.), SEGURIDAD JURÍDICA,
PRIMACÍA DEL DERECHO SUSTANCIAL ANTE EL PROCESAL, DERECHO A SER
ELEGIDA, TRABAJO, en conexidad con los derechos de Igualdad y confianza legítima,
vulnerados con la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, dentro del proceso -principal- radicado N°
470013333003201500326, en cuanto incurre en los defectos material o sustantivo, fáctico,
decisión sin motivación, y desconocimiento del precedente judicial.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO la citada sentencia
de fecha 12 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila; en su
lugar, se le ORDENE a dicho operador judicial en un término prudencial y razonable que
su Señoría considere, proferir una nueva decisión de reemplazo en la cual se tengan en
cuenta los lineamientos fijados por este H. Tribunal Supremo, en especial la debida
interpretación y aplicación del artículo 2.2.27.1 del Decreto N° 1083 de 2015, en tanto se
distinga la idoneidad de las Universidades para adelantar procesos de selección,
garantizándose el respecto de la Constitución Política, el derecho al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.
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Demandante: María Alexandra Floriano Parra
TERCERA: De estimarse pertinente, a través de este fallo se UNIFIQUE LA
JURISPRUDENCIA, en torno al componente de “idoneidad” que deben acreditar los entes
Universitarios públicos o privados y las Instituciones de Educación Superior (IES) para el
adelantamiento de los procesos de selección -concursos- de personeros en Colombia,
dadas las diferentes decisiones contradictorias adoptadas por diferentes Tribunales
Administrativos de toda Colombia en torno a la elección de Personeros, cuyos procesos de
selección vienen de ser adelantados por la Universidad Popular del Cesar -UPC-
preservándose los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia en
conexidad con la seguridad jurídica, al debido proceso, igualdad. -Ver hechos N° 10 y 12».
(se transcribe con posibles errores)
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Hechos relacionados con el concurso de méritos para el cargo de personero del
municipio de Guadalupe, Huila
El 27 de junio de 2023, el Concejo Municipal de Guadalupe suscribió un convenio de
cooperación institucional con la Universidad Popular del Cesar, representada para ese
efecto por el vicerrector de la institución, con el objeto de que prestara el apoyo
requerido para llevar a cabo el concurso de méritos para elegir el personero municipal.
El 22 de julio de 2023, la mesa directiva del concejo de Guadalupe expidió la
Resolución 004, por la cual reglamentó el referido concurso.
El 31 de julio de 2023, la mesa directiva del Concejo Municipal de Guadalupe, expidió
la Resolución 019, por medio de la cual se convocó el concurso público y abierto de
méritos para proveer el cargo de personero municipal, para el periodo constitucional
2024-2028; reglamentó el procedimiento para su realización y fijo el cronograma.
La señora María Alexandra Floriano se inscribió como participante del concurso de
méritos para aspirar al cargo de personero municipal de Guadalupe.
El 10 de noviembre de 2023, el rector de la Universidad Popular del Cesar informó al
Concejo Municipal de Guadalupe que no había suscrito ni autorizado convenio
relacionado con el concurso de méritos para selección de candidatos a ejercer el
empleo público de personero.
El 14 de noviembre de 2023, el vicerrector de la institución de educación superior
instauró denuncia penal por abuso de confianza, falsedad material en documento
público y falsedad personal.
El 20 de noviembre de 2023, el rector de la universidad formuló denuncia ante la
Fiscalía General de la Nación por los delitos en contra de la administración pública,
contra persona indeterminada y 41 convenios suscritos y en ejecución, sin autorización
del rector, para la elección de personeros municipales, entre otros, del municipio de
Guadalupe.
El 13 de diciembre de 2023, el rector de la institución reiteró al concejo que no había
autorizado al vicerrector para suscribir convenios tendientes a apoyar concursos
públicos de mérito de personeros.
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Demandante: María Alexandra Floriano Parra
El 22 de diciembre de 2023, el rector de la Universidad Popular del Cesar envió oficio
al Concejo Municipal de Guadalupe en el que relacionó las irregularidades del
convenio interadministrativo suscrito por el entonces vicerrector e informó las
actuaciones adelantadas ante la Procuraduría General de la Nación por esos hechos.
Sin embargo, el proceso de selección continúo y el 6 de enero de 2024, se publicaron
los resultados de la entrevista y el 9 de enero, por medio de la Resolución 3, la lista de
elegibles.
El 10 de enero de 2024, mediante acta 3, la señora María Alexandra Floriano fue
elegida y posesionada por el Concejo Municipal de Guadalupe como personera
municipal, para el periodo constitucional 2024-2028.
Hechos relacionados con el proceso de nulidad electoral cuestionado
El señor Grenfell Lozano Guerrero presentó demanda bajo el medio de control de
nulidad electoral, radicado 41001-23-33-000-2024-00071-00, en contra el acto de
elección de la señora María Alexandra Floriano Parra, en calidad de personera del
municipio de Guadalupe (periodo constitucional 2024 – 2028).
Fundamentó la demanda en que el acto administrativo se encontraba incurso en la
causal de anulación numeral 8° del artículo 275, porque desconoció las normas en que
debía fundarse y fue expedido irregularmente. Destacó que la propia universidad
admitió que el convenio de cooperación careció de validez.
La Universidad Popular del Cesar presentó demanda de nulidad electoral, radicado
41001-23-33-000-2024-00079-00, en contra el acto de elección de la señora María
Alexandra Floriano Parra, resaltó que se expidió de manera irregular y vulneró las
normas en que debía fundarse.
La Procuradora 34 Judicial II para Asuntos Administrativos de Neiva promovió el
mismo medio de control, bajo el radicado 41001-23-33-000-2024-00092-00, en contra
el acto de elección de la señora Floriano Parra, porque se expidió de manera irregular
y con infracción de las normas en que debía fundarse.
Mediante auto del 21 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Huila acumuló
los procesos de nulidad electoral 41001-23-33-000- 2024-00079-00 (expediente
principal), 41001-23-33-000-2024-00071- 00 y 41001-23-33-000-2024-00092-00.
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 12 de diciembre de
2024, notificada electrónicamente el 13 de diciembre de 2024, declaró la nulidad del
acto de elección de la señora María Alexandra Floriano Parra, en calidad de personera
del municipal de Guadalupe, porque encontró probadas las irregularidades en la
representación y en la suscripción del convenio de cooperación institucional celebrado
el 27 de junio de 2023 entre el concejo municipal y la Universidad Popular del Cesar
y, ordenó levantar la medida cautelar impuesta el 3 de abril de 2024, en el expediente
2024-00071-001.
1
Mediante la que había dispuesto la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto de elección de la señora María
Alexandra Floriano Parra, en calidad de personera del municipio de Guadalupe para el periodo constitucional 2024 – 2028.
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Demandante: María Alexandra Floriano Parra
El 18 de diciembre de 2024, la señora Floriano Parra solicitó: i) adicionar el numeral
segundo de la sentencia en el sentido de indicar el término específico dentro del cual
el Concejo Municipal de Guadalupe debía adelantar un nuevo concurso de personero
municipal y, ii) aclarar la sentencia, a efecto de que indicara cuáles serían las reglas
que debía seguir la corporación para dar cumplimiento al fallo.
Por auto del 25 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila adicionó la
sentencia del 12 de diciembre de 2024, en el sentido de ordenar: i) inaplicar la
resolución 019 del 31 de julio de 2023; expedida por el Concejo de Guadalupe, por
medio del cual, «convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para
proveer el cargo de personero (a) municipal de Guadalupe (…)»; ii) al cabildo municipal
de Guadalupe que realizara un nuevo concurso de méritos para la elección de
personero en dicha localidad, y, iii) negó la solicitud de aclaración de la sentencia.
El 13 de febrero de 2025, el Concejo, el municipio de Guadalupe y la señora Alexandra
Floriano interpusieron recurso de apelación contra la sentencia del 12 de diciembre de
2024. En constancia secretarial, del 13 de febrero de 2025, «se dispuso que, el término
de ejecutoria de la sentencia venció en silencio».
Sin embargo, el 18 de febrero de 2025, la demandada solicitó corrección de la
constancia secretarial, al estimar que de acuerdo con el artículo 242 del CPACA,
recurso de apelación procede contra las sentencias de primera instancia y debe
interponerse por escrito, dentro de los diez días siguientes a su notificación, por lo que,
el término para interponer el recurso de apelación vencía el 14 de febrero de 2025 y lo
presentó el 13 de febrero de la misma anualidad, es decir, dentro del plazo legalmente
establecido.
El 26 de febrero de 2025, el tribunal ordenó corregir la constancia secretarial del 13 de
febrero de 2025 y rechazó por extemporáneos los recursos de apelación interpuestos
contra de la sentencia del 12 de diciembre de 2024. La señora Floriano, el 3 de marzo
de 2025, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.
El 14 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila: i) no repuso la providencia
del 26 de febrero de 2025; ii) adecuó como recurso de queja la impugnación
presentada y, remitió a la Sección Quinta del Consejo de Estado.
El 8 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la queja y,
estimó bien rechazado el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 12 de
diciembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Huila, pero, con fundamento en que
el municipio de Guadalupe, según el DANE, cuenta con 15.913 habitantes, por lo que
el medio de control electoral adelantado contra la personera debía ser tramitado por el
tribunal en única instancia, de manera que procedió a concluir que la apelación devino
improcedente y era pertinente su rechazo.
En cumplimiento de la sentencia del 12 de diciembre de 2024, el Concejo Municipal de
Guadalupe expidió la Resolución 21 del 21 de junio de 2025, notificada a la señora
Alexandra el 26 de junio de 2025, mediante oficio CM-40/2025, por medio de la cual
dispuso iniciar las acciones del nuevo proceso de selección de personero de dicha
localidad, para suplir en forma definitiva la vacancia de ese cargo.
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3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la actora, la sentencia emitida en única instancia por el Tribunal
Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales invocados porque incurrió
en los defectos material o sustantivo; fáctico, y por desconocimiento del
precedente judicial, por la errada interpretación y aplicación del artículo 2.2.27.1 del
Decreto 1083 de 2015, y el desconocimiento y desatención del precedente judicial de
la sentencia C-105 de 2013, que declaró la exequibilidad del inciso 1° del artículo 35
de la Ley 1551 de 2012.
Alegó que la autoridad judicial demandada, con la decisión de declarar la falta de
idoneidad de la institución UPC para adelantar el proceso de selección, incurrió en
defecto sustantivo, porque el artículo 2.2.27.1 del Decreto Único Reglamentario 1083
de 2015 del sector de la función pública, establece que el personero municipal será
elegido de la lista que resulte del proceso de selección público y abierto adelantado
por los concejos municipales, quienes pueden efectuar los tramites por medio de
universidades o instituciones de educación superior.
Además, señaló que la Sección Quinta del Consejo de Estado2, respecto de la
idoneidad de una universidad o IES ha dicho que no se exige ninguna calificación o
requisito, solo que estén acreditadas como tales ante las autoridades competentes; sin
embargo, que cuando se acude a la «tercera categoría», la norma dispone que sea
una entidad especializada en procesos de selección, este es el requisito o cualificación
que se estableció para que exista idoneidad en la entidad que acompañe o apoye el
concurso de méritos para elegir personero.
Al respecto, advirtió que «(...) la UPC es una Universidad Pública del orden territorial
acreditada ante el Ministerio de Educación, cuya naturaleza es de un ente autónomo e
independiente, y su categoría es de una Institución de Educación Superior, luego en sí mismo
es una Entidad Estatal. De ahí que se encuentra plenamente habilitada para adelantar
procesos de selección de personeros sin que le sea exigible calificación o requisitos
adicionales que la norma no prevé expresamente, por tanto, en cumplimiento de dicho
parámetro es idónea.».
Sobre la falta de idoneidad de la universidad, también alegó el defecto por
desconocimiento del precedente vertical y horizontal, porque a su juicio, la
autoridad judicial accionada omitió tener en cuenta las sentencias proferidas en única
instancia por el Tribunal Administrativo de Santander del 18 de junio de 20243, 28 de
junio de 20244, 24 de septiembre de 20245, 8 de abril de 20256, y, 23 de mayo de 20257
y, del Tribunal Administrativo de Magdalena del 30 de septiembre de 20248, en las que
negaron la nulidad de la elección de los personeros municipales cuyos procesos de
selección fueron adelantados por la UPC, como en este caso de discusión, en los que
se consideró la total idoneidad como Institución de Educación Superior (IES).
2
Sentencia del 17 de febrero de 2022, Exp. 25000-23-41-000-2020-00377-01.
3
Personero municipal de Palmar.
4
Personero municipal de Cepitá.
5
Personero municipal de Carcasí.
6
Personero municipal de Cepitá.
7
Personero municipal de Floridablanca.
8
Personero municipal de Concordia.
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Asimismo, señaló que el Tribunal Administrativo del Huila erró al considerar la
ausencia de idoneidad del operador de la universidad UPC para adelantar el proceso
de selección del personero del municipio de Guadalupe, toda vez que esa conclusión
riñe con la interpretación del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 que hicieron
los demás tribunales del país.
Alegó que se desconoció que el Consejo de Estado, Sección Quinta 9, considera que,
en cuanto al acompañamiento de universidades o IES, no exige ninguna calificación o
requisito, solo que estén acreditadas como tales ante las autoridades competentes.
También alegó el defecto procedimental para cuestionar la conclusión, según la cual,
no estaba debidamente representada la institución educativa por quien suscribió el
convenio, a su juicio, era el medio de control «contractual» el trámite a seguir para la
resolución de la controversia, por lo que, a su juicio, se actuó por fuera del trámite
legalmente establecido.
Manifestó que, la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 2 de febrero
de 202310 reiteró que el juez administrativo carece de competencia para resolver sobre
la validez del contrato estatal, porque el medio de control electoral no tiene como fin
verificar la legalidad de los procedimientos contractuales; por lo tanto, no debe
inmiscuirse en debates propios de la pretensión de controversias contractuales.
Sin embargo; consideró que, contrario a lo señalado por el Tribunal demandado, del
análisis del material probatorio se concluye que la celebración del convenio de
cooperación entre el Concejo Municipal de Guadalupe y la Universidad Popular del
Cesar no existieron irregularidades, porque se acreditó que el vicerrector académico
estaba plenamente facultado para suscribir el convenio interadministrativo; es decir
que, la UPC goza de idoneidad.
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por
indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso de nulidad electoral. Indicó
que en la anulación de una elección se sustentó en la indebida valoración de la prueba
testimonial rendida por el rector de la Universidad Popular del Cesar e indebida
valoración de la denuncia penal.
En cuanto a la prueba testimonial, la demandante señaló que, «el hecho de que el
delegante desconozca los actos suscritos por el delegatario no es óbice de la invalidez o
nulidad de los actos suscritos por aquel, ni ello conduce a la ilegitimidad de los actos suscritos
por aquel, o que por su desconocimiento sea causal de nulidad ante el contencioso, de contera,
dichos actos suscritos por el delegatario están revestidos de igual forma de presunción de
legalidad tanto como si hubieran sido suscritos por su titular delegante».
9
Proceso de nulidad electoral 25000-23-41-000-2020-00377-01, Demandante: Leidy Castaño González Demandado: Fernando
de Jesús Tovar Porras –personero del municipio de Funza, período 2020 – 2024.
27 de enero de 2022, radicado 52001-23-33-000-2020-00982-03, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra.
27 de octubre de 2021, radicado 76001-23-33-000-2020-00895-03 (76001-23-33-000-2020-00835-00), actores: Juan Carlos
Rengifo Velasco y Yadir Antonio Torres Palacios, demandado: Harold Andrés Cortés Laverde (personero municipal de Santiago
de Cali, periodo 2020-2024), M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
6 de mayo de 2021, radicado 08001-23-33-000-2020-00139-01, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
26 de noviembre de 2020, radicado 44001-23-33-000-2020-00022-01, M. P. Rocío Araújo Oñate.
8 de junio de 2017, Exp: 76001-23-33-000-2016-00233-01
17 de febrero de 2022, radicado 19001- 23-33-000-2022-00108-04, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra
10
27 de enero de 2022, radicado 52001-23-33-000-2020-00982-03, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Respecto a la indebida valoración de la demanda penal formulada, la parte actora
consideró que, fue desatinado afirmar que la presentación de una denuncia penal por
sí sola, con el carácter investigativo eventual de unos hechos que ello involucra, fuera
el fundamento para sostener el criterio de invalidez de los actos suscritos por el
delegatario, mencionó que se trató de desavenencias entre dos funcionarios por
notables diferencias, más que por irregularidades internas en el trámite administrativo.
Que, además, el desistimiento de la denuncia interpuesta por el vicerrector ante la
Fiscalía General de la Nación el día 13 de diciembre de 2023 (radicado 202311-14)
demuestra que la motivación inicial sobre el desconocimiento de los convenios fue
inducida por información errónea proporcionada en su momento por el propio rector
de la Universidad Popular del Cesar.
4. Trámite previo
El 21 de julio de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y, ordenó
notificar al demandante y al Tribunal Administrativo del Huila, en calidad de
demandado, y a los señores Beatriz Eugenia Ríos Vásquez, Procuradora 34 Judicial II
Administrativa de Neiva, o quien haga sus veces; Grenfell Lozano Guerrero y la
Universidad Popular del Cesar, (demandantes nulidad electoral), al Concejo Municipal
de Guadalupe (Huila) y el municipio de Guadalupe, en condición de terceros con
interés.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Huila solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela, porque el amparo constitucional se pretende utilizar como una tercera
instancia, pues, en la tutela no se observó argumento o hecho adicional que permitiera
arribar a una conclusión distinta. Consideró que la decisión que se cuestiona, se
analizó en su integridad; por ello, expuso que en la sentencia proferida por el Tribunal
se encontró:
«Está probado que el rector de la UPC desconocía el convenio de cooperación
institucional que se suscribió el 27 de junio de 2023 con el concejo de Guadalupe (con
el objeto de adelantar el concurso de méritos para proveer el cargo de personero
municipal); toda vez que, tachó de falsedad a quien presuntamente lo suscribió (el
vicerrector administrativo) y merced a dicha circunstancia se formularon las denuncias
en la Fiscalía General de la Nación.
Luego de que el representante legal de UPC tuvo conocimiento de ese hecho, en todas
sus intervenciones certificó que la institución no cuenta con los recursos técnicos,
financieros o presupuestales para prestar este tipo de servicios. En consecuencia, sugirió
tres alternativas de solución: i) revocatoria directa del acto de apertura; ii) terminación
por mutuo acuerdo; o iii) terminación unilateral del contrato.
A su vez, la Procuraduría General de la Nación inició una vigilancia preventiva a los
convenios interadministrativos donde la universidad actúa como operador del proceso de
selección de personeros municipales o distritales; advirtiendo que: “i) No existen
protocolos de seguridad para la aplicación de la prueba de conocimientos con los cuales
se debía verificar etapas importantes como las de organización y empaque de las
pruebas; transporte, distribución, y recolección de estas; planes de contingencia, entre
otros. Lo anterior, afectando la cadena de custodia de las pruebas; ii) No se contaron con
mecanismos efectivos para garantizar la objetividad, transparencia y publicidad del
proceso, en ninguna de sus etapas; iii) Existen presuntas anomalías de tipo
administrativo en la Universidad, en términos de gestión de calidad, por inexistencia de
puntos de control de las actividades que se realizaron, iv) La UPC, de acuerdo con el
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Demandante: María Alexandra Floriano Parra
informe presentado por el rector Rober Romero Ramírez, no se comprometió técnica ni
financieramente para adelantar los procesos de selección, lo cual genera que no era un
ente universitario idóneo para llevar a cabo el proceso de selección público y abierto de
méritos para seleccionar el personero municipal, ya que no destinó herramientas
humanas, informáticas, administrativas y financieras para el efecto».
El rector y el vicerrector de la UPC, pusieron en conocimiento de los miembros del
concejo de Guadalupe, las inconsistencias advertidas por la Procuraduría; sin
embargo, continuó con el proceso de selección y se eligió a la señora María Alexandra
Floriano Parra.
Explicó que al interponer recurso de reposición contra el auto que decretó la medida
cautelar, los impugnantes allegaron varios medios documentales y, al resolver, el
Tribunal estimó que aquellas no podían ser consideradas como pruebas
sobrevinientes. Sin embargo, mencionó que:
Al valorar los registros fotográficos, precisó que, de acuerdo a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, cuando no existió certeza de las condiciones en que las fotografías
fueron registradas, carecían de mérito probatorio; pero para examinar los supuestos
de hecho, se debían valorar los demás medios de prueba. Concluyó que: «No obstante
que se allegaron 39 fotografías, estas no ofrecen certeza de las condiciones de tiempo, modo
y lugar que rodearon el proceso de elección del personero en el municipio de Guadalupe (a
pesar de que están tituladas como cadena de custodia, sellamiento de tulas, aplicación de
pruebas, embalaje de pruebas, recepción de tulas con pruebas y procedimiento de revisión de
material de pruebas). En primer lugar, porque a excepción del dicho de los propios
demandados, no se puede establecer el lugar ni la fecha en que fueron tomadas. En segundo
lugar, porque se desconoce quién es su autor y tampoco fueron ratificadas».
En cuanto a los tiquetes aéreos trayecto Bogotá –Tunja – Bogotá y, en los tiquetes
terrestres trayecto Valledupar - Bogotá – Valledupar; donde se afirmó que se
transportaron dos cajas selladas con muestras, no se pudo corroborar que el lugar de
destino final fue la ciudad de Neiva (donde se practicó la prueba de conocimientos).
Las actas de cierre de la jornada, las de sellamiento de las bolsas de seguridad y las
de declaratoria de persona ausente; correspondieron a las pruebas que se realizaron
para proveer los cargos de personeros de los municipios de Boyacá, y no tuvieron
ninguna relación con la elección del personero de Guadalupe- Huila.
En el documento denominado “Protocolo (paso a paso) para la aplicación de las
pruebas en los concursos públicos de méritos” del 8 de julio de 2023; se indicó que la
entidad encargada es la UPC y que el responsable de trasladarlas al sitio de aplicación
es el equipo evaluador (integrado por el vicerrector, el profesional universitario Aldemar
Montejo y la contratista Durvis María Lacouture), y finalmente, describió el
procedimiento de embalaje y seguridad de la prueba. Sin embargo, no se acreditó que
este procedimiento haya sido acatado en su integridad.
El 14 de noviembre de 2023, el vicerrector administrativo de la UPC, Orlando Gregorio
Seoanes Lerma, instauró en la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra
personas indeterminadas, por los delitos de abuso de confianza, falsedad material en
documento público y falsedad personal. Resaltó que dicha institución decidió no
participar en la orientación y acompañamiento de los concursos de méritos para la
escogencia de personeros, y que su firma se utilizó sin su autorización, con el fin de
suscribir convenios interadministrativos en varios municipios del país.
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De la lectura detenida al convenio marco 222-018, suscrito entre la UPC y la
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño el 22 de agosto de 2023 (cuyo objeto
era “establecer y regular relaciones de carácter interinstitucional entre UNICESAR y
AUNAR, con propósitos de mutua cooperación para el desarrollo de actividades
académicas, científicas, tecnológicas, culturales y de investigación, particularmente
en: 1) Congresos, Conferencias, Seminarios, Talleres y eventos académicos en
general. 2) Publicaciones. 3) Investigaciones. 4) Intercambio de Docentes y
Estudiantes 5) Capacitaciones 6) Asesorías, 7) Internacionalización de Currículos, 8)
Ejecución de programas compartidos ofrecidos por la AUNAR 8) Presentación de los
diferentes programas de AUNAR”); permitió colegir que no tenía relación alguna con
la elección de personeros municipales.
Los contratos 035 y 036 del 2021, suscritos entre la Universidad Popular del Cesar y
los concejos municipales de Plato (Magdalena) y San Juan del Cesar, no fueron prueba
de la idoneidad de la pluricitada universidad, pues se celebraron mucho antes del
convenio suscrito con el municipio de Guadalupe.
En el acta de entrevista practicada conjuntamente por la procuraduría 52 judicial II, 179
judicial I y 93 judicial I administrativa de Santa Marta; el señor Orlando Gregorio
Seoanes se limitó a narrar que se remitieron 250 invitaciones a distintos municipios del
país, en las que se ofreció el acompañamiento en la elección de personeros, y que
cuarenta de ellos aceptaron; entre ellos, Salamina, Concordia y Plato; y relató algunas
particularidades de ese proceso en esas localidades; sin hacer referencia al municipio
de Guadalupe.
A petición de la señora María Alexandra Floriano Parra, el 28 de enero de 2025, el
Tribunal adicionó la anterior providencia, dispuso: «i) inaplicar la resolución 019 del 31 de
julo (sic) de 2023; expedida por el concejo de Guadalupe, a través de la cual, convoca y
reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero en
dicha localidad».
El 23 de febrero de 2025 se rechazaron por extemporáneos los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia de primera instancia por el concejo y el municipio de
Guadalupe y por la señora María Alexandra Floriano. Decisión que fue objeto de queja,
resuelta por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto del 8 de abril de
2025, que, estimó bien rechazados los recursos.
6. Intervención de terceros con interés
El Concejo Municipal de Guadalupe – Huila pidió que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque no intervino en las actuaciones judiciales
cuestionadas.
Los demás terceros con interés guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
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en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional11, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales12 y específicas13 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde determinar si el Tribunal Administrativo del Huila, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica, a la primacía del derecho sustancial ante el procesal, a ser elegida
y al trabajo en conexidad con los derechos de igualdad y confianza legítima de la
señora María Alexandra Floriano Parra, al proferir la sentencia del 12 de diciembre de
2024, que declaró la nulidad del acto de elección de la personera del municipio de
Guadalupe (periodo constitucional 2024 – 2028).
La actora alegó la configuración de los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y
por desconocimiento del precedente judicial.
La Sala anticipa que abordará el estudio de fondo de los defectos invocados y negará
el amparo solicitado, porque la decisión judicial cuestionada se encuentra debidamente
motivada y refleja un ejercicio razonable de apreciación probatoria e interpretación de
11
La sala plena de lo contencioso administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (expediente ac-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. de ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de
2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (se
destaca)
12
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) que
no se trate de sentencias de tutela.
13
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la constitución.
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la norma, sin que se advierta una actuación arbitraria que vulnere los derechos
fundamentales de la actora.
Sin embargo, de manera previa, se referirá a la falta de legitimación que alegó el
concejo del municipio de Guadalupe.
De la falta de legitimación en la causa por pasiva
El Concejo Municipal de Guadalupe – Huila pidió que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque no intervino en las actuaciones judiciales
cuestionadas. Al respecto, la Sala advierte que no accederá a dicha solicitud, porque
su vinculación al presente trámite obedeció a que intervino en el proceso de nulidad
electoral cuestionado como demandada, por lo tanto, le asiste interés en las decisiones
que eventualmente aquí se adopten.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional: La Sala anota que la acción de tutela
cumple con el requisito general de procedencia, porque el accionante invoca la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
contradicción, de acceso a la administración de justicia y a ser elegido.
Además, expone de manera suficiente las razones por las cuales considera que la
sentencia judicial cuestionada vulnera tales garantías, al haber incurrido en una
interpretación errónea de las normas y una valoración inadecuada del material
probatorio. No se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi.
Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
toda vez que, en la sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, resolvió de fondo el proceso de nulidad electoral, en el sentido
declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se eligió a la
señora María Alexandra Floriano Parra como personera del municipio de Guadalupe
para el periodo constitucional 2024 - 2028
Además, en caso de acreditarse alguno de los defectos alegados por el accionante, se
configuraría una afectación directa y grave al derecho fundamental al debido proceso,
en tanto la decisión judicial cuestionada habría incurrido en una aplicación arbitraria e
irrazonable de una norma o en una valoración probatoria abiertamente defectuosa, al
desconocer medios de prueba relevantes que desvirtuarían el supuesto fáctico de la
causal de nulidad.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque la parte actora no
cuenta con algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que
invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se
satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez
que, si bien, la sentencia fue proferida el 12 de diciembre de 2024, notificada por correo
electrónico del 13 de diciembre de 2024, lo cierto es que fue objeto de solicitud de
aclaración y adición por la parte demandada14 y, posteriormente, el Concejo, el
14
18 de diciembre de 2024
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municipio de Guadalupe y la señora Floriano interpusieron recursos de apelación15,
que fueron rechazados por extemporáneos, el 26 de febrero de 2025, contra esta
providencia presentaron recursos de reposición y en subsidio apelación; sin embargo,
como contra esa decisión no procede recurso de apelación, sino el de queja readecuó
la solicitud y le dio trámite, el cual fue resuelto el 8 de abril de 202516 y el ejercicio de
acción de tutela tuvo lugar el 11 de julio de 2025.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.
Del defecto fáctico17 en el caso concreto
La accionante alegó que se configuró defecto fáctico, por indebida valoración del
material probatorio en cuanto a la prueba testimonial rendida por el rector de la UPC;
las marcadas desavenencias entre el rector y el vicerrector, y la presentación de una
denuncia penal por parte del vicerrector de la Universidad Popular del Cesar, en los
que el Tribunal fundamentó su tesis para declarar la nulidad de la elección del
personero municipal de Guadalupe – Huila.
En primer lugar, en cuanto a la prueba testimonial rendida por el rector de la UPC, se
advierte que el 16 de febrero de 2024, se realizó entrevista conjunta ante la
procuraduría 52 judicial II, 179 judicial I y 93 judicial I administrativa de Santa Marta.
En relación con los cuestionamientos con dicha prueba18, la Sala observa que, el
Tribunal señaló que en este documento no se hizo referencia al municipio de
Guadalupe – Huila, así: «En el acta de entrevista practicada conjuntamente por la
procuraduría 52 judicial II, 179 judicial I y 93 judicial I administrativa de Santa Marta; el señor
Orlando Gregorio Seoanes se limitó a narrar que se remitieron 250 invitaciones a distintos
municipios del país, ofreciendo el acompañamiento en la elección de personeros, y que
cuarenta de ellos aceptaron; entre ellos, Salamina, Concordia y Plato; y relató algunas
particularidades de ese proceso en esas localidades; sin hacer ninguna referencia al municipio
de Guadalupe.»
15
13 de febrero de 2025
16
Estimó bien rechazado el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 12 de diciembre de 2024 proferido por el Tribunal
Administrativo del Huila, porque se evidenció que el proceso se adelantó, por disposición legal, en única instancia. Por ello,
concluyó que la apelación interpuesta contra el fallo que anuló la elección, devenia improcedente y era pertinente su rechazo.
17
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
18
Al respecto, la parte actora consideró que fue «completamente desacertado que el A Quo valore aquella prueba de esta forma,
reconociéndole este inapropiado valor, desatendiendo lo que dicha prueba verdaderamente refleja y acredita, esto es, que dicho
Rector si tenía conocimiento, y por ello mismo lo autorizó y lo facultó para ello.»
Reseñó que mediante Resolución 1375 del 4 de agosto de 2022 el rector de la UPC, en uso de sus facultades, delegó en su
vicerrector administrativo la función de celebrar contratos y convenios con los concejos municipales. Es decir que, «la competencia
del vicerrector administrativo para suscribir el convenio interadministrativo de Cooperación interinstitucional con el Concejo
Municipal de Guadalupe el 27 de junio de 2023, no está en discusión, pues para la época en la que se suscribió tenía plenamente
el atributo de la ejecutoriedad.»
Enfatizó que «el hecho de que el delegante desconozca los actos suscritos por el delegatario no es óbice de la invalidez o nulidad
de los actos suscritos por aquel, ni ello conduce a la ilegitimidad de los actos suscrito por aquel, o que por su desconocimiento
sea causal de nulidad ante el contencioso, de contera, dichos actos suscritos por el delegatario están revestidos de igual forma
de presunción de legalidad tanto como si hubieran sido suscritos por su titular delegante.».
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Entonces, si bien, la autoridad judicial no concluyó, como pretendía la actora, que con
la referida prueba se acreditaba el conocimiento previo del rector de la UPC al proceso
contractual y la facultad dada al vicerrector para suscribir el contrato, lo cierto es que
valoró la respectiva prueba, distinto es que, le asignó un valor probatorio diferente al
que espera la aquí accionante, sin que se evidencie que se trató de una actuación
irracional, arbitraria, o contraria a las reglas de la lógica y la sana crítica.
En segundo lugar, en relación con las marcadas desavenencias entre el rector y el
vicerrector, la actora estimó que «no se puede cuestionar la legalidad del convenio suscrito
con el concejo de Guadalupe y el proceso de selección adelantado por dicha casa de estudio
en su calidad de ente contratista -y no contratante-, y menoscabar la idoneidad de la propia
Universidad al amparo de meras conjeturas fruto de diferencias internas entre estos dos altos
directivos de dicha Institución académica, quienes interactúan como dos personas naturales
miembros de la misma Universidad.»
Frente a ese aspecto, consideró que se trató de una lucha interna administrativa de
poder entre el rector y el vicerrector administrativo, cuyas discrepancias existentes no
son criterio válido para descalificar o invalidar las actuaciones adelantadas por el
inferior ante un tercero (Concejo de Guadalupe) en representación de la UPC, no
tienen la identidad para configurar nulidad de lo actuado, mucho menos, constituye
vicio de nulidad o invalidez del proceso de selección llevado a cabo y adelantado en
cumplimiento de la ley por el Concejo de Guadalupe.
La actora aseguró que no se tuvo en cuenta que, «el citado convenio no ha sido declarado
nulo. En tal contexto, su supuesto desconocimiento por parte del rector en torno a su
celebración y existencia no conlleva per se sustentó de nulidad de otro acto distinto, diferente,
divergente, como lo es el acto de elección de la personera del municipio de Guadalupe, que
es un acto electoral, más no contractual.»
Al respecto, no se evidencia de qué manera se constituye el alegado defecto, más allá
de la inconformidad de la actora con las conclusiones del juez natural de conocimiento,
sin explicar verdaderos reparos o fundamentos que expliquen por qué la autoridad
demandada incurrió en el alegado defecto.
En todo caso, conviene señalar que la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo
de Estado ha precisado que, «(…) la nulidad electoral no tiene como función establecer la
legalidad de los procedimientos contractuales, sino que se encarga de analizar y verificar que
se haya cumplido con los requisitos mínimos que estableció el legislador para la realización
del concurso que escoge al respectivo personero municipal para garantizar precisamente el
principio al mérito, puesto que el estudio que se hace en esta instancia es de legalidad.»19
Por lo tanto, no es requisito sine qua non para declarar la nulidad de la elección del
personero municipal que se haya declarado nulo el proceso contractual, pues como se
evidenció, el medio de control de nulidad electoral no está enfocado en el análisis
contractual previo a ello. Sin embargo, ello no quiere decir que no se tenga en cuenta
para efectos de establecer si se cumplieron los requisitos mínimos del concurso.
En tercer lugar, respecto de la denuncia instaurada por parte del vicerrector
administrativo de la Universidad Popular del Cesar, la Sala observa que, en la
sentencia acusada el Tribunal tuvo en cuenta que el 14 de noviembre de 2023, el
19
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencias del 2 de febrero de 2023, exp. nro. 19001-23-33-000-2022-00108-04, C.P. Dr.
Luis Alberto Álvarez Parra; y, del 7 de noviembre de 2024, exp. nro. 68001-23-33-000-2024-00185-01 (acumulado), C.P. Dra.
Gloria María Gómez Montoya.
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vicerrector administrativo de la UPC instauró en la Fiscalía General de la Nación
denuncia contra personas indeterminadas, por los delitos de abuso de confianza,
falsedad material en documento público y falsedad personal; en la que resaltó que
dicha institución decidió no participar en la orientación y acompañamiento de los
concursos de méritos para la escogencia de personeros, y que su firma se utilizó sin
su autorización, con el fin de suscribir convenios interadministrativos en varios
municipios del país.
Además, el Tribunal señaló que, «a pesar [de] que el vicerrector desistió de esta denuncia;
no se acreditó el trámite que al mismo le dio el ente acusador. Aunado al hecho de que este
soporte documental es insuficiente para despejar cualquier manto de duda que recae sobre la
suscripción y posterior ejecución del citado convenio.»
La señora María Alexandra, señaló que «el desistimiento de la denuncia penal interpuesta
por el propio vicerrector ante la Fiscalía General de la Nación el día 13 de diciembre de 2023
(Radicado 202311-14) demuestra que su motivación inicial sobre el desconocimiento de los
convenios fue inducida por información errónea proporcionada en su momento por el propio
Rector de la UPC.»
A partir de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora propone prolongar la
discusión jurídica respecto del material probatorio que se presentó en el proceso de
nulidad electoral que se cuestiona, porque insiste en la indebida valoración probatoria.
Siendo así, aunque en la presente solicitud de amparo se alega que la providencia
objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados al incurrir en el defecto
fáctico, lo cierto es que, la parte demandante pretende hacer uso del recurso de
amparo de la referencia para insistir en que se le dé el alcance pretendido al material
probatorio, que ya fue valorado por el juez natural.
Así, queda demostrado que la decisión judicial cuestionada se encuentra debidamente
motivada y refleja un ejercicio razonable de apreciación probatoria, sin que se advierta
una actuación arbitraria que vulnere los derechos fundamentales de la actora.
Defecto sustantivo20 en el caso concreto
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada, hizo una interpretación
extensiva del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015; para justificar la falta de
idoneidad de la UPC para adelantar el concurso de méritos referido, al exigir el
cumplimiento de ciertos requisitos adicionales que no están previstos expresamente
en la norma, y que ahora deben ser acreditados por la universidad.
20
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el denominado defecto
sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió
vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos
de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede
interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para
escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la
Constitución Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es claramente
inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las
sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes
se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
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Al respecto se evidencia que, con base en el recuento probatorio, el Tribunal consideró
que de conformidad con los criterios exigidos en los artículos 2.2.27.121 y 2.2.27.622
del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, el concurso no fue orientado por una
entidad idónea, porque no garantizó el cumplimiento de los principios de transparencia,
objetividad e imparcialidad.
Concluye la Sala que, contrario a lo señalado por la actora, el Tribunal no le exigió
requisitos adicionales a la universidad, sino que del material probatorio concluyó que
en la etapa inicial no se garantizaron los criterios requeridos en el artículo 2.2.27.1. del
Decreto Único Reglamentario aludido.
Por lo tanto, no se advierte la vulneración de derechos fundamentales a la señora
Floriano Parra por parte de la autoridad judicial demandada, sino que se trató del
análisis e interpretación de las normas aplicable al caso de conformidad con los
elementos materiales que fueron allegados al proceso nulidad electoral, con base en
el cual concluyó que la universidad incumplió con el requisito de idoneidad porque
quebrantó los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad, propios del
concurso de méritos.
De manera que, no se advierte configurado el defecto sustantivo, pues, el presente
caso debe respetarse la interpretación del juez natural de la causa que, como se vio,
fue racional y razonable, pues, mal haría esta Sala en imponer una interpretación
distinta a las normas que regulan la materia, siendo el Tribunal Administrativo del Huila
el órgano competente en única instancia para resolver sobre la nulidad de la elección
de los personeros municipales de municipios del departamento con menos de setenta
mil habitantes, como es el caso del municipio de Guadalupe23.
Finalmente, frente a la tercera pretensión de la acción de tutela encaminada a que este
fallo unifique jurisprudencia, en torno al componente de idoneidad que deben acreditar
las universidades y las Instituciones de Educación Superior (IES) para el
adelantamiento de los procesos de selección -concursos- de personeros en Colombia,
se precisa que, el ejercicio de la acción de tutela no debe ser empleado para solicitar
la unificación de jurisprudencia en asuntos electoral, pues escapa de la órbita de acción
del juez constitucional.
De conformidad con el artículo 256 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la unificación de
jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su
aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que
resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar
los agravios inferidos a tales sujetos procesales y, procede contra las sentencias
dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos. Cuya
21
Artículo 2.2.27.1 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, dispone:
«Estándares mínimos para elección de personeros municipales
Artículo 2.2.27.1 Concurso público de méritos para la elección personeros. El personero municipal o distrital será elegido de la lista que resulte
del proceso de selección público y abierto adelantado por el concejo municipal o distrital.
Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el concurso, que podrá efectuarse a través de universidades o
instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal.
El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad,
teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones.» (negrillas de la Sala)
22
«Artículo 2.2.27.6 Convenios interadministrativos. Para la realización del concurso de personero, los concejos municipales de un mismo
departamento que pertenezcan a la misma categoría, podrán celebrar convenios interadministrativos asociados o conjuntos con organismos
especializados técnicos e independientes dentro de la propia Administración Pública, para los siguientes propósitos:
1. La realización parcial de los concursos de personero, los cuales continuarán bajo su inmediata dirección, conducción y supervisión.
2. El diseño de pruebas para ser aplicadas simultáneamente en los distintos procesos de selección convocados por los municipios suscribientes.
En tales convenios, los concejos participantes unificarán los criterios de valoración de la experiencia y de la preparación académica y profesional,
centralizando su evaluación en una única instancia.»
23
Auto del 8 de abril de 2025, expedido por el Consejo de Estado, Sección Quinta al resolver el recurso de queja en este proceso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04302-00
Demandante: María Alexandra Floriano Parra
competencia le corresponde a la respectiva sección de la Sala Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por lo que, escapa de la órbita de acción del
juez de tutela impartir esta orden al juez natural.
Del defecto por desconocimiento del precedente judicial24 en el caso concreto
La señora María Alexandra Floriano aseguró que la autoridad judicial accionada
incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial, porque no tuvo en
cuenta las sentencias del 27 de enero de 2022, radicado 2020-00982-03, 27 de octubre
de 2021, radicado 2020-00895-03, del 6 de mayo de 2021, radicado 2020-00139-01,
de 26 de noviembre de 2020, radicado 2020-00022-01, de 8 de junio de 2017, radicado
2016-00233-01 y del 17 de febrero de 2022, radicado 2022-00108-04, proferidas por
el Consejo de Estado, Sección Quinta.
Si bien, las providencias reiteran que la facultad que el artículo 2.2.27.1. del Decreto
1083 de 2015 reconoce a los concejos para «efectuar los trámites pertinentes para el
concurso», está condicionada a la contratación de personas jurídicas que reúnan las
condiciones allí previstas, es decir, que se trate de (i) universidades o (ii) instituciones
de educación superior, públicas o privadas, o (iii) entidades especializadas en
procesos de selección de personal; lo cierto es que en la providencia el Tribunal no
cuestionó la idoneidad desde este enfoque, sino que del acervo probatorio concluyó
que se vulneraban los principios del concurso de personero, por razones distintas, ya
ampliamente descritas en el acápite precedente.
La parte actora también adujo desconocimiento del precedente horizontal, para lo cual
citó las sentencias del proferidas en única instancia por el Tribunal Administrativo de
Santander del 18 de junio de 202425, 28 de junio de 202426, 24 de septiembre de
202427, 8 de abril de 202528, y, 23 de mayo de 202529; del Tribunal Administrativo de
Magdalena del 30 de septiembre de 202430.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Huila no incurrió en desconocimiento del
precedente horizontal invocado; porque no resultan vinculantes en el presente caso,
pues se trata de despachos judiciales diferentes y tribunales diferentes, con
autonomía e independencia judicial.
24
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
25
Personero municipal de Palmar
26
Personero municipal de Cepitá
27
Personero municipal de Carcasí
28
Personero municipal de Cepitá
29
Personero municipal de Floridablanca. Confirmada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 28 de agosto de
2025.
30
Personero municipal de Concordia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04302-00
Demandante: María Alexandra Floriano Parra
Al respecto, debe decirse que, tal como lo ha dicho esta Sección31, cuando se trata de
precedente horizontal, la observancia no es tan rigurosa como la que se predica del
precedente vertical, pues, es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía
judicial, entre jueces de igual nivel funcional existan criterios de interpretación y
decisión distintos frente a casos análogos.
En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue proferido por el superior
funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal
propio), la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su
criterio, que, en todo caso, debe enmarcarse dentro de los límites de la razonabilidad.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-446 de 2013 indicó que «cuando el
término de comparación no está dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros
despachos judiciales, el principio de independencia judicial no necesita ser contrastado con el
de igualdad. El juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre
e independiente de obrar de conformidad con su criterio»32.
Por las razones expuestas, la Sala concluye que el caso no se configura el defecto por
desconocimiento del precedente judicial alegado por la parte actora.
Del defecto procedimental33 en el caso concreto
La accionante argumentó que el Tribunal demandado incurrió en un defecto
procedimental porque a su juicio, no debió pronunciarse respecto de la debida
representación de la institución educativa con la que el Concejo Municipal de
Guadalupe suscribió el convenio para llevar a cabo el proceso de selección de
personero municipal. Ese argumento tampoco prospera, porque, lo que cuestionó fue
la conclusión según la cual, no estaba debidamente representada la institución
educativa, por quien suscribió el convenio.
Señaló que, la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 2 de febrero de
202334, reiteró que el juez administrativo carece de competencia para resolver sobre
la validez del contrato estatal, porque el medio de control electoral no tiene como fin
verificar la legalidad de los procedimientos contractuales; por lo tanto, no debe
inmiscuirse en debates propios de la pretensión de controversias contractuales.
Sin embargo, no le asiste razón a la parte actora, toda vez que del análisis del material
probatorio se concluyó que quien celebró el convenio de cooperación entre el Concejo
Municipal de Guadalupe y la Universidad Popular del Cesar carecía de capacidad para
ello, sin entrar a hacer un estudio de fondo del vínculo contractual, al ser estas
31
Al respecto, ver sentencias: del 25 de junio de 2020, expediente número: 11001-03-15-000-2020-00894-01, M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; del 2 de marzo de 2023, expediente número: 11001-03-15-000-2022-06373-01 M.P. Milton Chaves García,
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, entre otras.
32
Ibídem.
33
Se precisa que, ocurre el defecto procedimental cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido.
La jurisprudencia constitucional, ha reconocido dos modalidades de defecto procedimental, uno absoluto, que se produce cuando
el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecidos para el trámite de un asunto concreto,
bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, u ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso. Y un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales
a manera de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.
No obstante, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el defecto
bajo estudio: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado.
34
Radicado 19001- 23-33-000-2022-00108-04, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04302-00
Demandante: María Alexandra Floriano Parra
situaciones propias de un análisis específico de otros medios de control y no del
contencioso electoral.
De manera que, en el presente caso no se encontraron configurados los defectos
invocados y, en esa medida, se impone, negar las pretensiones de la acción de tutela
que ejerció la señora María Alexandra Floriano Parra contra el Tribunal Administrativo
del Huila.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de desvinculación del Concejo Municipal de Guadalupe – Huila.
2. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora María
Alexandra Floriano Parra contra el Tribunal Administrativo del Huila.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y comuníquese.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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