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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04302-01

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04302-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo solicitado por María Alexandra Floriano Parra, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04302-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04302-01
Demandante: María Alexandra Floriano Parra
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad
electoral. Elección de personero municipal. Desconocimiento del
precedente judicial, defectos sustantivo y procedimental.
Decisión: Confirma negativa del amparo.

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025 por la Sección Cuarta de esta
corporación, mediante la cual negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 11 de julio de 2025, María Alexandra Floriano Parra presentó acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, trabajo y ser elegida; así
como los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y primacía del derecho
sustancial sobre el formal.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejara sin efecto la
Sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Huila en el proceso de nulidad electoral con radicado No. 41001-23-33-000-2024-
00079-00, para que, en su lugar, se ordenara a esa autoridad judicial dictar, en un
plazo razonable, una providencia de reemplazo en la que se tuvieran en cuenta los
lineamientos fijados por el Consejo de Estado, sobre la interpretación y aplicación
del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, en relación con la idoneidad de las
universidades para adelantar procesos de selección.

3. Adicionalmente, en caso de considerarlo pertinente, unificar jurisprudencia
en torno al «componente de idoneidad que deben acreditar los entes universitarios
públicos y privados y las instituciones de Educación Superior (IES) para el
adelantamiento de los procesos de selección –concursos– de personeros de
Colombia, dadas las diferentes posturas [que existen] en los [t]ribunales
[a]dministrativos de toda Colombia».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04302-01
Demandante: María Alexandra Floriano Parra

4. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que, el 27 de junio de 2023, el Concejo Municipal de Guadalupe suscribió un
convenio de cooperación institucional con la Universidad Popular del Cesar,
representada para ese efecto por el vicerrector de la institución, con el objeto de
que prestara el apoyo requerido para llevar a cabo el concurso de méritos para elegir
el personero municipal.

5. El 22 de julio de 2023, la Mesa Directiva del Concejo de Guadalupe expidió
la Resolución No. 004, por la cual reglamentó el referido concurso.

6. El 31 de julio de 2023, la Mesa Directiva expidió la Resolución No. 019, por
medio de la cual se convocó el concurso público y abierto de méritos para proveer
el cargo de personero municipal, para el periodo constitucional 2024-2028;
reglamentó el procedimiento para su realización y fijó el cronograma.

7. María Alexandra Floriano se inscribió como participante del concurso de
méritos para aspirar al cargo de personero municipal de Guadalupe.

8. El 10 de noviembre de 2023, el rector de la Universidad Popular del Cesar
informó al Concejo Municipal que no había suscrito ni autorizado convenio
relacionado con el concurso de méritos para selección de candidatos a ejercer el
empleo público de personero.

9. El 14 de noviembre de 2023, el vicerrector de la institución de educación
superior presentó denuncia por abuso de confianza, falsedad material en
documento público y falsedad personal.

10. El 20 de noviembre de 2023, el rector de la universidad formuló denuncia
ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos en contra de la administración
pública contra persona indeterminada y 41 convenios suscritos y en ejecución, sin
autorización del rector, para la elección de personeros municipales, entre otros, del
municipio de Guadalupe.

11. El 13 de diciembre de 2023, el rector de la institución reiteró al Concejo
Municipal que no había autorizado al vicerrector para suscribir convenios tendientes
a apoyar concursos públicos de mérito de personeros.

12. El 22 de diciembre de 2023, el rector de la Universidad Popular del Cesar
envió oficio al Concejo Municipal de Guadalupe en el que relacionó las
irregularidades del convenio interadministrativo suscrito por el entonces vicerrector
e informó las actuaciones adelantadas ante la Procuraduría General de la Nación
por esos hechos.

13. Sin embargo, el proceso de selección continuó y el 6 de enero de 2024 se
publicaron los resultados de la entrevista y el 9 de igual mes y año, por medio de la
Resolución 3, la lista de elegibles.

2
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04302-01
Demandante: María Alexandra Floriano Parra

14. El 10 de enero de 2024, mediante acta 3, María Alexandra Floriano fue
elegida y posesionada por el Concejo Municipal de Guadalupe como personera
municipal, para el periodo constitucional 2024-2028.

15. Por lo anterior, Grenfell Lozano Guerrero1, la Universidad Popular del
Cesar2 y la Procuradora 34 Judicial II para Asuntos Administrativos de Neiva3
instauraron demanda, de forma separada, de nulidad electoral en contra del acto de
elección de la señora Floriano Parra, al considerar que se desconocieron las normas
en que debía fundarse y fue expedido irregularmente. Adicionalmente, el primero de
los mencionados destacó que la propia Universidad reconoció que el convenio de
cooperación carecía de validez.

16. El 21 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Huila acumuló los
procesos de nulidad electoral al expediente con radicado 41001-23-33-000- 2024-
00079-00.

17. El 12 de diciembre de 2024, el Tribunal declaró la nulidad del acto de
elección de María Alexandra Floriano Parra, en calidad de personera del municipal
de Guadalupe, porque encontró probadas las irregularidades en la representación
y en la suscripción del convenio de cooperación institucional celebrado el 27 de junio
de 2023 entre el concejo municipal y la Universidad Popular del Cesar y,
adicionalmente, ordenó levantar la medida cautelar impuesta el 3 de abril de 2024,
en el expediente No. 2024-00071-004.

18. El 18 de diciembre de 2024, la señora Floriano Parra solicitó 1) adicionar el
numeral segundo de la sentencia en el sentido de indicar el término específico
dentro del cual el Concejo Municipal de Guadalupe debía adelantar un nuevo
concurso de personero municipal y 2) aclarar la sentencia para que se indicara
cuáles serían las reglas que debía seguir la corporación para dar cumplimiento al
fallo.

19. El 28 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila adicionó la
Sentencia del 12 de diciembre de 2024, en el sentido de ordenar (i) inaplicar la
Resolución No. 019 del 31 de julio de 2023 del Concejo de Guadalupe, por medio
del cual se «convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para
proveer el cargo de personero(a) municipal de Guadalupe […]»; y (ii) al cabildo
municipal de Guadalupe realizar un nuevo concurso de méritos para la elección de
personero. Adicionalmente, negó la solicitud de aclaración de la sentencia.

20. El 13 de febrero de 2025, el Concejo, el municipio de Guadalupe y la
demandada interpusieron recurso de apelación contra la sentencia del 12 de

1
Radicado: 41001-23-33-000-2024-00071-00.
2
Radicado: 41001-23-33-000-2024-00079-00.
3
Radicado: 41001-23-33-000-2024-00092-00.
4
A través de la cual se dispuso la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto de elección de la señora María
Alexandra Floriano Parra, en calidad de personera del municipio de Guadalupe para el periodo constitucional 2024 – 2028.

3
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04302-01
Demandante: María Alexandra Floriano Parra

diciembre de 2024. En constancia secretarial, del 13 de febrero de 2025, «se
dispuso que, el término de ejecutoria de la sentencia venció en silencio».

21. No obstante, el 18 de febrero de 2025, la parte demandada solicitó
corrección de la constancia secretarial, al estimar que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 242 del CPACA, el recurso de apelación procede contra las sentencias
de primera instancia y debe interponerse por escrito, dentro de los 10 días
siguientes a su notificación, de ahí que el término para interponer el recurso de
apelación vencía el 14 de febrero de 2025 y aquella lo presentó el 13 de febrero de
la misma anualidad, es decir, dentro del plazo establecido legalmente.

22. El 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila ordenó corregir
la constancia secretarial del 13 de febrero de 2025, en el sentido de precisar que la
sentencia adquirió ejecutoria el 11 de febrero de 2025. En consecuencia, rechazó
por extemporáneos los recursos de apelación interpuestos. La parte demandada
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la anterior
decisión.

23. El 14 de marzo de 2025, la autoridad judicial precitada no repuso su decisión
y adecuó el recurso de apelación como de queja y, en esa medida, remitió el
expediente al Consejo de Estado.

24. El 8 de abril de 2025, la Sección Quinta de esta corporación estimó bien
rechazado el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del 12 de diciembre de
2024, pero en razón a que el municipio de Guadalupe, según el DANE, cuenta con
15.913 habitantes, por lo que el medio de control electoral adelantado debía ser
tramitado por el referido Tribunal en única instancia, de manera que la apelación era
improcedente y, en ese sentido, era pertinente su rechazo.

25. El 21 de junio de 2025, el Concejo Municipal de Guadalupe, expidió la
Resolución No. 21, por medio de la cual, en cumplimiento de la Sentencia del 12 de
diciembre de 2024, inició las acciones del nuevo proceso de selección de personero
de dicha localidad para suplir en forma definitiva la vacancia de ese cargo.

26. Como fundamentos de derecho, la accionante afirmó que el Tribunal
Administrativo del Huila, al expedir la Sentencia del 12 de diciembre de 2024,
incurrió en defecto sustantivo al interpretar de manera inadecuada el artículo
2.2.27.1 del Decreto 1083 de 20155, ya que para celebrar y ejecutar el concurso de
méritos para la elección de personeros municipales o distritales cuando se trata de
universidades públicas, como es el caso, o privadas no es procedente exigir que
estas se encuentren acreditadas o demuestren requisitos adicionales, pues tal

5
«ARTÍCULO 2.2.27.1 Concurso público de méritos para la elección personeros. El personero municipal o distrital será
elegido de la lista que resulte del proceso de selección público y abierto adelantado por el concejo municipal o distrital.
Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el concurso, que podrá efectuarse a través de
universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de
selección de personal.
El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo criterios de objetividad, transparencia,
imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones».

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Demandante: María Alexandra Floriano Parra

exigencia solo es predicable respecto de las entidades especializadas en procesos
de selección de personal.

27. Al respecto, resaltó que la «UPC es una Universidad Pública [del] orden
territorial acreditada ante el Ministerio de Educación, cuya naturaleza es de un ente
autónomo e independiente, y su categoría es de una Institución de Educación
Superior, luego en sí mismo es una Entidad Estatal. De ahí que se encuentra
plenamente habilitada para adelantar procesos de selección de personeros sin que
le sea exigible calificación o requisitos adicionales que la norma no prevé
expresamente, por tanto, en cumplimiento de dicho parámetro es idónea».

28. De otra parte, manifestó que la autoridad judicial precitada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, debido a que no se tuvieron en cuenta las
sentencias proferidas en única instancia por el Tribunal Administrativo de Santander
del 18 de junio de 2024, 28 de junio de 2024, 24 de septiembre de 2024, 8 de abril
de 2025, y 23 de mayo de 2025 y, del Tribunal Administrativo de Magdalena del 30
de septiembre de 2024, en las que negaron la nulidad de la elección de los
personeros municipales cuyos procesos de selección fueron adelantados por la
UPC, como en este caso de discusión, en los que se consideró la total idoneidad
como Institución de Educación Superior (IES).

29. Aunado a ello, afirmó que no se tuvo en cuenta que la Sección Quinta del
Consejo de Estado, respecto de la idoneidad de una universidad o IES, ha sostenido
que «no se exige ninguna calificación o requisito, solo que estén acreditadas como
tales ante las autoridades competentes»6.

30. Adicionalmente, alegó la configuración del defecto procedimental, al
concluir el Tribunal que la institución no se encontraba debidamente representada
por quien suscribió el convenio, pues ese razonamiento no se acompasa con la
finalidad del medio de control de nulidad electoral, ya que su objetivo no es
controvertir las actuaciones contractuales que derivaron en la supuesta indebida
representación y falta de idoneidad del operador de la convocatoria en la suscripción
del convenio, lo cual es propio del medio de control de controversias contractuales,
de manera que se actuó por fuera del trámite legalmente establecido sin justificación
alguna.

31. Asimismo, sostuvo que la providencia cuestionada adolece de defecto
fáctico, por la indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso de nulidad
electoral. Concretamente, mencionó la prueba testimonial rendida por el rector de
la Universidad Popular del Cesar, ya que «el hecho de que el delegante desconozca
los actos suscritos por el delegatario no es óbice de la invalidez o nulidad de los
actos suscritos por aquel, ni ello conduce a la ilegitimidad de los actos suscritos por
aquel, o que por su desconocimiento sea causal de nulidad ante el contencioso, de

6
Sentencias del 8 de junio de 2017 (Rad. 76001-23-33-000-2016-00233-01), 26 de noviembre de 2020 (Rad. 44001-23-33-
000-2020-00022-01), 6 de mayo de 2021 (Rad. 08001-23-33-000-2020-00139-01), 27 de octubre de 2021 (Rad. 76001-23-
33-000-2020-00895-03), 27 de enero de 2022 (Rad. 52001-23-33-000-2020-00982-03) y 17 de febrero de 2022 (Rad. 19001-
23-33-000-2022-00108-04).

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contera, dichos actos suscritos por el delegatario están revestidos de igual forma de
presunción de legalidad tanto como si hubieran sido suscritos por su titular
delegante».

32. Asimismo, discutió la valoración de la denuncia, toda vez que, en su criterio,
fue desatinado afirmar que la presentación de esta por sí sola, con el carácter
investigativo eventual de unos hechos que ello involucra, fuera el fundamento para
sostener el criterio de invalidez de los actos suscritos por el delegatario, pues
mencionó que se trató de desavenencias entre 2 funcionarios por notables
diferencias, más que por irregularidades internas en el trámite administrativo.

33. Resaltó que el desistimiento de la denuncia interpuesta por el vicerrector
ante la Fiscalía General de la Nación el día 13 de diciembre de 2023 (radicado
202311-14) demuestra que la motivación inicial sobre el desconocimiento de los
convenios fue inducida por información errónea proporcionada en su momento por
el propio rector de la Universidad Popular del Cesar.

Intervenciones7

34. El Tribunal Administrativo del Huila, luego de exponer los argumentos
que planteó en la sentencia cuestionada, indicó que en la acción de tutela no se
señala algún hecho adicional que permita arribar a una conclusión diferente, por lo
que lo pretendido por la parte actora es emplear este mecanismo como una tercera
instancia. Sin perjuicio de lo anterior, precisó que en la decisión censurada se
analizó en su integridad el sustento fáctico y probatorio, el marco normativo y el
precedente jurisprudencial, de ahí que no sea de recibo aceptar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados. En esos términos, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de la referencia.

35. El Concejo Municipal de Guadalupe (Huila) manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que las inconformidades que
plantea la demandante se dirigen exclusivamente en contra del Tribunal
Administrativo del Huila, lo que de entrada releva al Concejo Municipal de
Guadalupe, de cualquier responsabilidad por las acciones u omisiones de las que
se duele la accionante.

36. Beatriz Eugenia Ríos Vásquez, la Procuraduría 34 Judicial II Administrativa
de Neiva, Grenfell Lozano Guerrero, la Universidad Popular del Cesar y el municipio
de Guadalupe, pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

7
El 21 de julio de 2025, la Sección Cuarta de esta corporación admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
del Huila y, además, vinculó a los señores Beatriz Eugenia Ríos Vásquez, Procuradora 34 Judicial II Administrativa de Neiva,
Grenfell Lozano Guerrero y a la Universidad Popular del Cesar, al Concejo Municipal de Guadalupe (Huila) y al municipio de
Guadalupe, en condición de terceros con interés.

6
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Sentencia impugnada

37. El 4 de septiembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó
las pretensiones formuladas por la parte accionante. Como sustento de su decisión,
en primer lugar, indicó que no se configuró el defecto fáctico alegado porque valoró
la prueba testimonial rendida por el rector de la UPC conforme a las reglas de la
sana crítica, distinto fue que le diera un valor diferente al que pretendía la
accionante.

38. Igualmente, frente a las desavenencias entre el rector y el vicerrector,
señaló que no se evidencia de qué manera se constituyó el alegado defecto, más
allá de la inconformidad de la actora con las conclusiones del juez natural de
conocimiento, sin explicar verdaderos reparos o fundamentos que expliquen por qué
la autoridad demandada incurrió en esa causal.

39. Precisó que, en atención a lo sostenido por la Sección Quinta de esta
corporación8, no es requisito sine qua non para declarar la nulidad de la elección del
personero municipal que se haya declarado nulo el proceso contractual, pues el
medio de control de nulidad electoral no está enfocado en el análisis contractual
previo a ello. Sin embargo, ello no quiere decir que no se tenga en cuenta para
efectos de establecer si se cumplieron los requisitos mínimos del concurso.

40. Finalmente, en relación con la denuncia instaurada por parte del vicerrector
administrativo de la Universidad Popular del Cesar en la Fiscalía General de la
Nación, aclaró que la autoridad accionada tuvo en cuenta dicha prueba, pues, en la
providencia censurada, indicó que «a pesar [de] que el vicerrector desistió de esta
denuncia; no se acreditó el trámite que al mismo le dio el ente acusador. Aunado al
hecho de que este soporte documental es insuficiente para despejar cualquier
manto de duda que recae sobre la suscripción y posterior ejecución del citado
convenio». Por tanto, consideró que lo que busca la parte actora es una
prolongación de la discusión jurídica respecto del material probatorio.

41. Ahora, en cuanto a la causal de defecto sustantivo, determinó que esta no
se configuró toda vez que el Tribunal Administrativo del Huila realizó una
interpretación razonable del artículo 2.2.27.1 del Decreto Único Reglamentario 1083
de 2015, pues no le exigió requisitos adicionales a la institución educativa, sino que
del material probatorio concluyó que en la etapa inicial no se garantizaron los
criterios requeridos en la referida disposición.

42. En el mismo sentido, consideró que no se incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, comoquiera que si bien la Sección Quinta del Consejo de
Estado en los pronunciamientos invocados reiteraron que la facultad que el artículo
2.2.27.1. del Decreto 1083 de 2015 reconoce a los concejos para «efectuar los
trámites pertinentes para el concurso», está condicionada a la contratación de

8
Ver, entre otras, las Sentencias del 2 de febrero de 2023 (Rad. 19001-23-33-000-2022-00108-04); y, del 7 de noviembre de
2024 (Rad. 68001-23-33-000-2024-00185-01).

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personas jurídicas que reúnan las condiciones allí previstas, es decir, que se trate
de (i) universidades o (ii) instituciones de educación superior, públicas o privadas, o
(iii) entidades especializadas en procesos de selección de personal; lo cierto es que
en el Tribunal accionado no cuestionó la idoneidad desde este enfoque, sino que
del acervo probatorio concluyó que se vulneraron los principios del concurso de
personero, por razones distintas.

43. Adicionalmente, frente a las providencias emitidas por los Tribunales
Administrativos de Santander y Magdalena, la autoridad accionada aclaró que estas
no son vinculantes pues se tratan de despachos judiciales diferentes que cuentan
autonomía e independencia judicial.

44. Por último, en lo relativo al defecto procedimental, estimó que no le asiste
razón a la demandante, toda vez que del análisis del material probatorio se concluyó
que quien celebró el convenio de cooperación entre el Concejo Municipal de
Guadalupe y la Universidad Popular del Cesar carecía de capacidad para ello, sin
entrar a hacer un estudio de fondo del vínculo contractual, al ser estas situaciones
propias de un análisis específico de otros medios de control y no del electoral.

45. De otra parte, negó la solicitud de desvinculación formulada por el Concejo
Municipal de Guadalupe (Huila).

Impugnación

46. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual
afirmó que el Tribunal Administrativo del Huila desconoció la postura acogida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en la Sentencia del 28 de agosto de 2025
proferida en el proceso con radicado No. 68001-23-33-000-2024-00185-02, en la
que se indicó que «la UPC, por ser una universidad según su acto de creación, esto
es, la Ley 34 de 1976, cumple con el requisito de idoneidad que predica artículo
2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 como una de las entidades habilitadas para que
los concejos contraten el apoyo en los procesos de selección de personeros».

47. En ese sentido, insistió en que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo, al darle una interpretación extensiva e indebida al artículo
2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, pues exige a las universidades condiciones
materiales o cualificaciones adicionales no previstas en la norma, a pesar de que el
alcance de esta, en tanto habilita a las universidades para apoyar los procesos de
selección de personeros y celebrar contratos con los respectivos concejos
municipales, se circunscribe exclusivamente a verificar si la entidad contratada está
legalmente habilitada en su calidad de institución de educación superior, sin requerir
mayores exigencias, valoraciones o análisis adicionales como erradamente lo
sostienen la autoridad judicial accionada y el juez de primera instancia.

48. Adicionalmente, manifestó que el Tribunal Administrativo del Huila excedió
el límite de su competencia al adentrarse en el análisis de aspectos contractuales,

8
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propios del juez de controversias contractuales, lo que constituye un defecto
procedimental. Al respecto, señaló que la Sección Quinta del Consejo de Estado,
en la sentencia referida, sostuvo que «la validez, ejecución o capacidad contractual
de la universidad no versa sobre la legalidad del acto de elección acusado, sino
sobre la validez del acuerdo de voluntades, materia ajena al control de legalidad
electoral». En ese sentido, consideró que el análisis de la capacidad contractual del
operador, la delegación de funciones, la suscripción y ejecución del contrato y su
validez jurídica, no son aspectos propios del medio de control de nulidad electoral,
sino del de controversias contractuales.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

49. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

50. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo del Huila, al
expedir la Sentencia del 12 de diciembre de 2024, incurrió en los defectos (i) de
desconocimiento del precedente judicial, al inobservar el pronunciamiento invocado
por la parte recurrente; (ii) sustantivo, por interpretar de manera inadecuada el
artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015; y (iii) procedimental, excedió su
competencia como juez de nulidad electoral.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

51. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
trabajo y ser elegida, se argumentaron con suficiencia los reparos alegados, y la
discusión no versa sobre un asunto de mera legalidad o estrictamente económico;
(2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que María
Alexandra Floriano Parra es la titular de las garantías constitucionales invocadas
como vulneradas y el Tribunal Administrativo del Huila es la autoridad que profirió
las decisiones que se cuestionan en el escrito de amparo; (3) no existe otro
mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus
derechos constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 4 de septiembre de
2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia

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Demandante: María Alexandra Floriano Parra

del 8 de abril de 20259, mediante la cual se resolvió el recurso de queja interpuesto
por la aquí accionante; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales;
y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

Análisis de la vulneración alegada: estudio de los defectos

52. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, mediante la cual la
Sección Cuarta de esta corporación negó el amparo solicitado, con fundamento en
las razones que a continuación se exponen.

53. En el escrito de impugnación, la parte accionante afirmó que el Tribunal
Administrativo del Huila, al dictar la Sentencia del 12 diciembre de 2024, incurrió en
(i) desconocimiento de la Sentencia del 28 de agosto de 2025, mediante la cual la
Sección Quinta del Consejo de Estado indicó que «la UPC, por ser una universidad
según su acto de creación, esto es, la Ley 34 de 1976, cumple con el requisito de
idoneidad que predica artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 como una de las
entidades habilitadas para que los concejos contraten el apoyo en los procesos de
selección de personeros»; (ii) defecto sustantivo, por exigir a la universidad
condiciones adicionales no previstas en la norma y extender indebidamente el
alcance del artículo referido; y (iii) defecto procedimental, al analizar aspectos
contractuales sobre capacidad y ejecución de la universidad, materia que
corresponde al juez de controversias contractuales y no al control de legalidad
electoral.

54. Pues bien, para emitir un pronunciamiento sobre lo expuesto, es necesario
referirse a los fundamentos que cimentaron el proveído del 12 de diciembre de 2024,
emitido por el Tribunal Administrativo del Huila. Así, se observa que aquella
autoridad recordó que, aunque los concejos municipales tienen la responsabilidad
de dirigir los concursos de méritos, pueden delegar la realización de algunas etapas
a terceros idóneos, como universidades, siempre que estos cuenten con los
recursos técnicos, financieros y logísticos necesarios.

55. Al respecto, explicó que el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 201510
establece los estándares mínimos para elección de personeros municipales los
estándares mínimos para elección de personeros municipales, destacando que en
todas las etapas se deben privilegiar los criterios de objetividad, transparencia,
imparcialidad y publicidad.

56. Adicionalmente, expuso que el artículo 2.2.27.6 autorizó la suscripción de
convenios interadministrativos para realizar el concurso:

«Para la realización del concurso de personero, los concejos municipales de un mismo
departamento que pertenezcan a la misma categoría, podrán celebrar convenios
interadministrativos asociados o conjuntos con organismos especializados técnicos e

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Notificada por estado el 9 de abril de 2025.
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«Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector de Función Pública».

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independientes dentro de la propia Administración Pública, para los siguientes
propósitos:

1. La realización parcial de los concursos de personero, los cuales continuarán bajo su
inmediata dirección, conducción y supervisión.

2. El diseño de pruebas para ser aplicadas simultáneamente en los distintos procesos
de selección convocados por los municipios suscribientes.

En tales convenios, los concejos participantes unificarán los criterios de valoración de
la experiencia y de la preparación académica y profesional, centralizando su evaluación
en una única instancia».

57. En esos términos, al analizar el caso puesto a su consideración, la autoridad
judicial accionada determinó que se encontraba probado que el rector de la
Universidad Popular del Cesar desconocía el convenio suscrito con el Concejo
Municipal de Guadalupe para adelantar el concurso e incluso tachó de falsificación
la firma de quien lo suscribió.

58. Adicionalmente, sostuvo que la institución educativa superior tampoco
aportó los recursos necesarios para garantizar la adecuada ejecución del concurso,
y la Procuraduría General de la Nación advirtió múltiples irregularidades en la
custodia de las pruebas, la logística del proceso y la gestión administrativa de dicho
concurso.

59. Por lo anterior, consideró que el concurso no fue orientado por una entidad
idónea, ya que se soslayó el mandato consagrado en el artículo 35 de la Ley 1551
de 2012, toda vez que de acuerdo con la Sentencia C-105 de 2013 se requería
garantizar la «utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, y, por otro,
imparcialidad para evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la experiencia,
las habilidades y las destrezas de los participantes. Y merced a dicha falencia,
tampoco se podía garantizar el “procesamiento y la sistematización de una gran
cantidad de información”, con “la disposición de una amplia y compleja
infraestructura y logística administrativa”».

60. Además, precisó que los medios de prueba aportados (fotografías, tiquetes,
actas y certificaciones) no resultaron suficientes para desvirtuar las irregularidades
detectadas. La documentación presentada carecía de certeza sobre fechas,
lugares, autores y relación directa con la elección del personero de Guadalupe, lo
que imposibilitó demostrar la idoneidad de la universidad como operador del
proceso.

61. En ese sentido, determinó que no se respetar los principios de
transparencia, imparcialidad y objetividad en el concurso de méritos, y, por tanto,
declaró la nulidad del acto de elección de la señora Floriano Parra como personera
municipal de Guadalupe.

62. Analizados los anteriores argumentos, la Sala considera que contrario a lo
sostenido por la parte accionante, el Tribunal Administrativo del Huila no agregó
requisitos nuevos para la Universidad Popular del Cesar, sino que evaluó, con base

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en el acervo probatorio, si la fase inicial del concurso de méritos se ajustó a los
principios de transparencia, objetividad e imparcialidad, establecidos en los artículos
2.2.27.1 y 2.2.27.6 del Decreto 1083 de 2015, lo cual incluía la necesidad de analizar
la capacidad logística, técnica y administrativa de la UPC para garantizar la correcta
realización del proceso, sin exigir calificaciones adicionales no previstas en la
norma.

63. En este sentido, se estima que la exégesis realizada por la autoridad judicial
accionada es razonable y se encuentra conforme a derecho, toda vez que se apoyó
en los elementos probatorios obrantes en el expediente y en una aplicación
coherente del marco normativo vigente, por lo que no puede predicarse una
vulneración de los derechos fundamentales de la señora Floriano Parra, sino que el
análisis de aquella autoridad se trató de un ejercicio legítimo de interpretación
judicial dentro del ámbito de su competencia.

64. Ahora, frente al defecto procedimental, la Sala advierte que el análisis
efectuado por el Tribunal Administrativo del Huila se limitó a un aspecto esencial
para garantizar la validez del concurso de méritos: verificar si la persona que
suscribió el convenio tenía capacidad para representar a la institución,
pronunciamiento que para la Sala, al igual que lo coligió el juez de primera instancia,
no constituyó un examen sobre la validez contractual del acuerdo ni una injerencia
en la contratación estatal, sino una evaluación necesaria para asegurar que el
proceso de elección del personero se realizara conforme a la ley y se respetaran los
principios de transparencia y legalidad.

65. Finalmente, en lo que atañe al desconocimiento de la sentencia proferida el
28 de agosto de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, es preciso
aclarar que dicha providencia fue dictada con posterioridad a la decisión adoptada
por la autoridad judicial accionada el 12 de diciembre de 2024, por lo que no
resultaría lógico sostener que la accionada actuó en contravía del lineamiento
jurisprudencial allí establecido, puesto que este no existía para el momento de la
emisión de la decisión reprocha y, por tanto, tampoco podría exigirse la observancia
de esta.

66. En esos términos, la Sala concluye que no se configuraron los defectos aquí
estudiados, por cuanto la providencia cuestionada realizó una interpretación
adecuada del marco jurídico aplicable al caso y no excedió su competencia, de
manera que no se vulneraron los derechos fundamentales reclamados por la parte
actora.

67. Por consiguiente, se confirmará la sentencia proferida el 4 de septiembre
de 2025 por la Sección Cuarta de esta corporación, mediante la cual negó la
protección invocada por María Alexandra Floriano Parra, a través de la acción de
tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del Huila.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo solicitado
por María Alexandra Floriano Parra, a través de la acción de tutela instaurada en
contra del Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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