Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2024-00185-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2024-00185-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 68001-23-33-000-2024-00185-02
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00185-02 (principal)
68001-23-33-000-2024-00172-00
68001-23-33-000-2024-00231-00
68001-23-33-000-2024-00233-00
Demandantes: Jesús Eduardo Rodríguez Orozco y otros1
Demandado: J Mario Barragán Pachón, personero de Floridablanca
(Santander), para el periodo 2024-2028
Temas: Elección de personero municipal. Idoneidad de la universidad
para apoyar el proceso de selección. Protocolo de cadena de
custodia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por algunos demandantes: la
Universidad Popular del Cesar, los procuradores Jesús Eduardo Rodríguez Orozco y
Xirys María Mora Alvarado y el señor Alexánder Anaya Arango, contra la sentencia del
23 de mayo de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las
pretensiones y levantó la medida cautelar decretada.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demandas
1. Los señores Jesús Eduardo Rodríguez Orozco (procurador 47 judicial II para asuntos
administrativos de Bucaramanga), Xirys María Mora Alvarado (procuradora 160 judicial
II para asuntos administrativos de Bucaramanga), Alexánder Anaya Arango, Sabex
Mancera Rodríguez y la Universidad Popular del Cesar, en adelante UPC, en ejercicio
del medio de control del artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, presentaron demandas en
las que solicitaron la nulidad de la elección del señor J Mario Barragán Pachón como
personero de Floridablanca (Santander), para el periodo 2024-2028.
1.2. Hechos y omisiones que fundamentan los medios de control
2. Teniendo en cuenta que los procesos acumulados se refieren a supuestos fácticos que
coinciden, se presentan unificados:
3. El Concejo de Floridablanca suscribió el contrato de prestación de servicios de apoyo
a la gestión 77 del 28 de junio de 2023, con la UPC, representada por el vicerrector
1
Xirys María Mora Alvarado [2024-00185-00], Alexánder Anaya Arango [2024-00172-00], Sabex Mancera Rodríguez [2024-00231-
00], Universidad Popular del Cesar [2024-00233-00].
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Demandantes: Jesús Eduardo Rodríguez Orozco y otros
Demandado: J Mario Barragán Pachón,
personero de Floridablanca (Santander), periodo 2024-2027
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académico, cuyo objeto era adelantar el proceso de selección del personero para el
periodo 2024-2028.
4. En el acuerdo de voluntades no se impuso a la institución universitaria, como operador
logístico, deber alguno en relación con la reserva de las preguntas a aplicar en las
pruebas escritas, tampoco se les exigió diseñar mecanismo o protocolo de custodia.
5. Luego, el cuerpo colegiado profirió la Resolución 60 del 24 de julio de 2023 mediante
la cual se convocó y reglamentó el concurso público y abierto de méritos para proveer el
cargo de personero y estableció el respectivo cronograma.
6. El 14 de octubre de 2023 se aplicaron las pruebas de conocimiento, actividad que
acompañó la Procuraduría General de la Nación, según acta de la fecha en la que se
registró la visita atendida por el señor Orlando Seoanes, en condición de vicerrector
administrativo de la UPC y se dejaron anotaciones relacionadas con el manejo de la
cadena de custodia y seguridad de las pruebas.
7. Los resultados preliminares fueron publicados en la página web del concejo el 3 de
noviembre de 2023.
8. El 10 del mismo mes y año, el rector de la UPC envió un oficio al Concejo de
Floridablanca en el que le informó lo siguiente:
Mediante la presente comunicación, me permito informarles que la rectoría a mi cargo
no ha suscrito ni autorizado la suscripción de convenio relacionado con el Concurso
Público de Méritos para la selección de los candidatos al ejercicio de empleo público
de Personero en ese municipio.
De igual manera, le informo, que, la señora DURVIS MARÍA LACOUTURE VEGA, ni
ninguna otra persona ha sido autorizada para adelantar trámite alguno relacionado con
el Concurso de Méritos referido en ese municipio, en representación de la Universidad
Popular del Cesar.
Le solicito, que, si existe alguna actuación relacionada con el objeto de esta misiva, en
la que se asuma algún compromiso por parte de la Universidad Popular del Cesar,
remita copia del mismo a nuestra Oficina Jurídica para proceder a su revisión y tomar
las acciones legales pertinentes.
9. El 20 siguiente el rector de la universidad presentó denuncia ante la Fiscalía General
de la Nación porque no autorizó la suscripción de convenios o contratos para adelantar
el acompañamiento en los concursos públicos de méritos para la selección de
personeros, lo que igualmente informó a los concejos del país.
10. Por su parte, el vicerrector de la misma institución había hecho lo propio ante el ente
acusador y advirtió que su nombre y firma habían sido utilizados para suscribir estos
acuerdos de voluntades con los diferentes cuerpos colegiados del orden municipal.
11. La universidad admitió que no tenía constituido ni aprobado un reglamento, banco de
preguntas, protocolo de confidencialidad y seguridad para el desarrollo de concursos
públicos para la selección de personeros; sin embargo, las pruebas de conocimientos se
presentaron y se resolvieron las reclamaciones con la anuencia de la corporación pública;
además, se publicó el listado definitivo de los resultados.
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Demandantes: Jesús Eduardo Rodríguez Orozco y otros
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12. Mediante la Resolución 113 del 12 de diciembre de 2023 se publicaron los resultados
definitivos de la valoración de las hojas de vida de los aspirantes que superaron la prueba
de conocimientos.
13. El 27 de diciembre de 2023 se dio por terminado de manera bilateral el referido
contrato como resultado de la citación a audiencia de incumplimiento contractual por
parte de la UPC.
14. El 10 de enero siguiente, se eligió al señor J Mario Barragán Pachón como personero
para el periodo 2024-2028, primero de la lista, cargo del cual tomó posesión al día
siguiente.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
1.3.1. Radicado 2024-00172-00
15. El demandante Alexánder Anaya Arango consideró que la elección cuestionada es
nula por incurrir en la causal de nulidad de expedición irregular por desconocimiento de
las siguientes disposiciones:
Artículos 29 de la Constitución Política y 170 de la Ley 136 de 1994 modificado por el 35
de la Ley 1551 de 2012
16. El Concejo de Floridablanca no respetó las formas propias del procedimiento cuando
celebró un contrato de prestación de servicios con una universidad que, además de no
ser especializada en la selección de personal como lo exige la norma que reglamenta el
concurso, fue representada por una persona que no contaba con facultades para
contratar. A pesar de las advertencias del rector, la ejecución del convenio se llevó a cabo
y se eligió personero en contravía del ordenamiento jurídico.
Artículos 6 y 12 de la Ley 80 de 1993; 1501, 1502, 1508 y 1515 del Código Civil y
Resolución 1375 del 4 de agosto de 2022
17. Al suscribirse un convenio entre el cuerpo colegiado y la UPC, carente de un requisito
esencial como lo es la capacidad para contratar, en la medida en que el vicerrector no
podía actuar sin el conocimiento o autorización del rector, el citado acuerdo de voluntades
no produjo efecto alguno, de tal suerte que todas las actuaciones adelantadas por la
institución educativa en el proceso del concurso público de méritos carecen de validez.
Artículos 2.2.27.1, 2.2.27.2 incisos a y b, del Decreto 1083 de 2015 y 6 de la Resolución
60 de 2023
18. El ente académico no contaba con la estructura física y financiera para desarrollar
estos concursos, pues no tiene constituido ni aprobado un reglamento, banco de
preguntas, protocolo de confidencialidad y seguridad, es decir no era una entidad
especializada en procesos de selección de personal y quienes estuvieron al frente del
proceso no tenían ningún tipo de vínculo con la institución ni con el concejo municipal.
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19. Adicionalmente, en la convocatoria pública no se advirtió a los participantes cuál es
el nivel, el código, el grado y mucho menos el salario del cargo a proveer.
Artículo 270 de la Ley 1437 de 2011
20. Se desconoció la sentencia del Consejo de Estado del 12 de agosto de 2021,
proferida por esta sección en el proceso con radicado 11001-03-28-000-2021-00030-00,
donde se sentó jurisprudencia frente al alcance de la libre concurrencia en el concurso
de mérito para proveer el cargo de personero municipal.
21. Lo anterior porque se estableció una misma fecha y hora para la inscripción y la
práctica de las pruebas de conocimiento que se cruzaban con el concurso homogéneo
que la institución estaba adelantando en Barrancabermeja (Santander).
1.3.2. Radicado 2024-00185-00
Falta de idoneidad de la UPC
22. Los demandantes, procuradores 47 y 160 judiciales II para asuntos administrativos
de Bucaramanga, afirmaron que no fue la UPC quien ejecutó materialmente el objeto del
Contrato 77 de 2023 y, por ende, no es de ella de quien se predica la idoneidad como
operador logístico del proceso de selección del personero de Floridablanca.
23. Citaron la sentencia C-105 de 20132, los artículos 2.2.27.1 y 2.2.27.6 del Decreto
1083 de 2015 y la providencia del 9 de diciembre de 2019 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado3, para concluir que las condiciones de idoneidad que debe ostentar
el tercero a quien el concejo quiera confiarle la realización parcial del concurso de méritos
para elegir personero son:
• Tratarse de una universidad o institución de educación superior pública o privada;
o una entidad especializada en procesos de selección de personal, nunca una
persona natural (pues la norma no prevé dicha posibilidad).
• Contar con una amplia y compleja infraestructura y logística administrativa, que
asegure la disposición y utilización de sofisticadas herramientas humanas,
informáticas, administrativas y financieras para la realización de la mencionada
tarea de apoyo.
24. Lo anterior de cara a garantizar los principios de objetividad y transparencia en el
proceso de selección; calidades que, a su juicio, no satisface la Universidad Popular del
Cesar, porque la validez del contrato 77 de 2023 no supone la idoneidad de quien lo
ejecutó, que, para el caso que se estudia, resultó ser una persona natural evidentemente
distinta de la UPC, afirmación que hace teniendo en cuenta que:
i) El contrato no surtió la validación por la oficina jurídica, área competente para el
efecto, no existiendo trazabilidad de su suscripción ni de su ejecución;
2
Mediante la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.
3
Proferida en el radicado 11001-03-25-000-2015-01089-00.
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ii) La UPC, según reconoce su representante legal o rector, no contaba para la fecha
de suscripción del preciado contrato con los recursos humanos, técnicos, logísticos ni
financieros para prestar el objeto contratado.
iii) Se niega por parte del rector que se haya dispuesto o autorizado personal adscrito
a la UPC para la ejecución del objeto del contrato en sus etapas de construcción de la
prueba de conocimientos y comportamental, de aplicación de las pruebas y de
evaluación, tampoco para la de valoración de las hojas de vidas de los aspirantes
inscritos, de donde se infiere que todas estas actividades se desplegaron por persona
diferente.
iv) El balance contable registrado en el acta de liquidación por mutuo acuerdo del
Contrato 77 de 2023, de fecha 27 de diciembre de ese año, evidencia que su objeto
contractual no se ejecutó por la UPC. De ello da cuenta el balance en ceros, con saldo
a favor del concejo por una suma equivalente al 100% del valor inicial del contrato.
25. Resaltaron que la UPC no gozaba de la idoneidad material, sin perjuicio de la formal
que deviene de la misma ley por ser una universidad.
Expedición irregular
26. Se planteó este vicio por la inexistencia de algún tipo de protocolo como mecanismo
efectivo para garantizar la objetividad, transparencia y sobre todo la indemnidad de la
cadena de custodia de las pruebas y sus resultados, desde su elaboración hasta su
calificación.
27. Si bien se ha reconocido que la ausencia de dicho instrumento no conduce
automáticamente a la nulidad de la elección4, y a pesar que el Ministerio Público intervino
el 14 de octubre de 2023 en el proceso de aplicación de las pruebas de conocimiento,
dicha intervención no blindó, en términos de transparencia y confidencialidad, las
actuaciones llevadas a cabo en todo el proceso de selección.
28. En efecto, tal como lo afirma el rector de la UPC, no fue esa institución la que ejecutó
el contrato de manera que:
i) No elaboró el protocolo, instructivo o guía para asegurar la indemnidad de la cadena
de custodia.
ii) No elaboró las pruebas o exámenes aplicados a los aspirantes.
iii) No transportó, embaló y preservó los documentos pertinentes.
iv) No designó a la empresa o personas responsables de la custodia de los
documentos. Y, por ende, no señaló los lugares y fechas de almacenamiento de los
mismos.
29. El referido vicio del procedimiento es trascendente en el acto definitivo, pues no
permite asegurar que la lista de elegibles a partir de la cual se hizo la elección se configuró
luego de un proceso de selección realizado con respeto de los estándares mínimos de
objetividad, transparencia e independencia que tanto la ley como la jurisprudencia
constitucional exigen.
4
Cita la siguiente decisión: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de enero de 2022. MP: Luis Alberto Álvarez Parra,
radicado No. 52001-23-33-000-2020-00982-03.
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1.3.3. Radicado 2024-00231-00
30. Señaló el demandante Sabex Mancera Rodríguez que el Concejo de Floridablanca
hizo caso omiso a los efectos jurídicos contenidos en el acta del 27 de diciembre de 2023
de terminación y liquidación del contrato de prestación de servicios 77 de 2023 suscrito
con la UPC, en la cual se advierte el incumplimiento y, en consecuencia, todas las
actuaciones que pudieron generar derechos a los participantes dentro del concurso de
méritos quedaron viciadas.
1.3.4. Radicado 2024-00233-00
31. La UPC como parte actora planteó que el acto acusado fue expedido con violación al
debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, además,
desconociendo el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 1083 de 2015.
32. Al respecto, expuso que el Concejo de Floridablanca fue debidamente informado por
el rector de la universidad que no había suscrito ni autorizado la suscripción de convenio
relacionado con el concurso público de méritos para la selección de los candidatos al
ejercicio de empleo público de personero en ese municipio y, pese a ello, el órgano
colegiado siguió avante con el proceso eleccionario, desatendiendo las advertencias.
33. Explicó que toda actuación contractual en el alma máter debe contar con la
aprobación del jefe de la oficina jurídica y el líder de la unidad de contratación, visto bueno
que no se avizora en ninguno de los documentos que hacen parte del convenio
interadministrativo que suscribió de manera inconsulta el ex vicerrector administrativo de
la casa de estudios.
1.4. Trámite procesal relevante de primera instancia
34. Mediante autos del 275 de febrero, 156 de marzo, 257 de abril, 38 de mayo de 2024
se admitieron las demandas.
35. En el radicado 2024-00172 se decretó la suspensión provisional del acto demandado,
decisión que fue confirmada por la sección mediante providencia del 7 de noviembre de
20249, por cuanto, en principio, se evidenció la violación de los parámetros de la
convocatoria que se deben observar en el concurso de méritos que adelantó el concejo
municipal, en especial, el acompañamiento de la referida institución de educación
superior.
36. El señor J Mario Barragán Pachón, a través de apoderada judicial, contestó la
demanda y expuso que los demandantes plantean presuntas irregularidades que se
desprenden de un proceso contractual que hasta la fecha goza de legalidad, puesto que
no se ha controvertido ante la jurisdicción ordinaria.
5
Radicado 2024-00185.
6
Radicado 2024-00233.
7
Radicado 2024-00172.
8
Radicado 2024-00231.
9
En el radicado 68001-23-33-000-2024-00185-01. Si bien la medida se decretó en primera instancia en el radicado 68001-23-33-000-
2024-00172-00, el tribunal solo remitió el recurso de apelación a la corporación cuando los procesos ya se encontraban acumulados.
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37. Que la UPC contaba con idoneidad y experiencia para adelantar este tipo de
concursos, teniendo en cuenta que en aplicación del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083
de 2015 se contrató una universidad pública de educación superior cumpliendo así con
todas las disposiciones legales allí contenidas.
38. Refirió que el vicerrector de la universidad se encontraba acreditado para suscribir el
contrato, el cual fue firmado a través de la plataforma SECOP; además, la rúbrica del
acta de terminación y liquidación por parte del rector da cuenta de la aceptación de la
existencia de este.
39. Agregó que ningún aspirante puso de presente ante las autoridades una presunta
transgresión por parte de la UPC o el Concejo de Floridablanca al momento de la
realización de las pruebas de conocimiento, ni de manera posterior cuando se
publicitaron los resultados de los aspirantes admitidos para continuar con el proceso de
selección.
40. Expuso que, si bien, en el presente caso no se encuentra dentro de las obligaciones
del contrato un mecanismo o protocolo de custodia para la aplicación de las pruebas
escritas del referido concurso de méritos, resulta inherente y a cargo de la universidad,
pues es el operador logístico encargado para desarrollar esta etapa.
41. Finalmente, señaló que el demandado se encuentra amparado por los principios de
confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica, en la medida en que se inscribió de
forma libre, consciente y voluntaria en un concurso de méritos reglado, para aspirar al
cargo de personero de Floridablanca, pasó cada una de las pruebas con el mejor puntaje
y es idóneo para el mismo por contar con amplia experiencia en el sector público y
privado.
42. El municipio y el Concejo de Floridablanca, se opusieron a las pretensiones de las
demandas, al considerar que el acto acusado cumplió con todos los preceptos
constitucionales, legales y jurisprudenciales.
43. Por autos del 2 y 7 de mayo de 2024 se acumularon los procesos con radicados
68001-23-33-000-2024-00172-00, 68001-23-33-000-2024-00185-00, 68001-23-33-000-
2024-00231-00 y 68001-23-33-000-2024-00233-00.
44. El 27 de marzo de 2025 se dispuso el trámite de sentencia anticipada y se fijó el litigio
en los siguientes términos:
P.J.: ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo por medio del cual el Concejo del
Municipio de Floridablanca (Santander), eligió a Mario Barragán Pachón como Personero
municipal para el período 2024 a 2028, contenido en el Acta de sesión plenaria 008 del 10 de
enero de 2024 y materializado en el acta de posesión 001 del 11 de enero de 2024, toda vez
que, la entidad educativa que adelantó el trámite del concurso de méritos no era idónea para
ello?
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45. Además, se incorporaron los documentos aportados por las partes, se negaron
algunas pruebas10, se ordenó requerir a la Procuraduría Regional de Instrucción del
Cesar11 y se corrió traslado para alegar de conclusión.
46. Los sujetos procesales reiteraron sus posturas en los escritos de cierre, mientras que
el Ministerio Público en su concepto solicitó la declaratoria de nulidad de la elección del
personero de Floridablanca: «toda vez que de las pruebas aportadas permiten concluir que la
universidad no ejecutó el contrato, por lo que […] no se puede afirmar que el operador del aludido
proceso de selección fue idóneo, básicamente porque no se sabe quién fue».
1.5. Sentencia de primera instancia
47. El Tribunal Administrativo de Santander, el 23 de mayo de 2025 negó las
pretensiones de las demandas.
48. Previo a emprender el análisis de los cargos de nulidad, reiteró el problema jurídico
y agregó dos subsidiarios:
P.J. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo por medio del cual el Concejo del
Municipio de Floridablanca (Santander), eligió a Mario Barragán Pachón como Personero
municipal para el período 2024 a 2028, contenido en el Acta de sesión plenaria 008 del 10 de
enero de 2024 y materializado en el acta de posesión 001 del 11 de enero de 2024, toda vez
que, la entidad educativa que adelantó el trámite del concurso de méritos no era idónea para
ello?
y subsidiariamente,
P.J. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo por medio del cual el Concejo del
Municipio de Floridablanca (Santander), eligió a Mario Barragán Pachón como Personero
municipal para el período 2024 a 2028, toda vez que, hubo incumplimiento contractual en el
pago de la liquidación del contrato 077 de 2023 por medio del cual se llevó a cabo el concurso
abierto y de méritos para proveer el cargo de personero de Floridablanca?
¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo por medio del cual el Concejo del
Municipio de Floridablanca (Santander), eligió a Mario Barragán Pachón como Personero
municipal para el período 2024 a 2028, toda vez que, el contratista que suscribió el contrato
077 de 2023 por medio del cual se llevó a cabo el concurso abierto y de méritos para proveer
el cargo de personero de Floridablanca, no estaba delegado para ello?
49. Señaló que el Concejo de Floridablanca suscribió con la UPC, representada por el
vicerrector académico Orlando Seoanes Lerma, en calidad de delegado del rector12, el
contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 77 del 28 de junio de 2023, cuyo
objeto era apoyar el concurso de méritos para proveer el cargo de personero.
50. Luego, mediante la Resolución 60 del 24 de julio de 2023, el cuerpo colegiado
convocó y reglamentó el concurso público y abierto de méritos para proveer el referido
cargo y estableció el cronograma que guiaría las etapas del proceso, que el tribunal
encontró cumplidas en consonancia con la regulación prevista en el artículo 2.2.27.2 del
Decreto 1083 de 2015.
10
El interrogatorio al demandante Alexánder Anaya Arango, los testimonios de Édgar Gómez Flórez, Wilson Ardila Parra y Jhonatan
Pinzón Garavito y la prueba documental pretendida por el demandado en el radicado 2024-00233.
11
Para que aportara las actas de visita especial efectuadas a la Universidad Popular del Cesar en el año 2023 y 2024 para el cotejo
y contraste de información referente a los concursos públicos de méritos que haya realizado.
12
Resolución 1375 del 4 de agosto de 2022.
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51. En relación con el deber contemplado en el artículo 2.2.27.1 del mismo decreto,
expuso que la Universidad Popular del Cesar es una institución de educación superior
oficial de carácter académico, creada mediante la Ley 34 de 1976, que según el
certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de Valledupar se
encuentra facultada para «celebrar contratos o convenios con instituciones nacionales y
extranjeras, públicas o privadas, acorde con el estatuto general […]».
52. En cuanto a la ejecución del acuerdo de voluntades, indicó que el cronograma
establecido se cumplió sin contrariedad alguna (inició el 24 de julio de 2023 y culminó
con la elección del personero municipal efectuada el día 10 de enero de 2024), cuya
última fase llevada a cabo por la universidad, data del día 16 de noviembre de 2023 con
el envío de los resultados preliminares del análisis de hojas de vida al cuerpo colegiado,
fecha en la que aún estaba vigente la delegación del vicerrector académico.
53. Señaló que no hay evidencia clara que indique la ausencia en la cadena de custodia
de las pruebas y sus resultados, ni acreditación de las falencias en que incurrió el claustro
universitario en el proceso de la práctica de las mismas en el concurso.
54. En lo relacionado con las labores logísticas se encuentran las visitas realizadas por
la Procuraduría Regional de Instrucción del César a la UPC los días 1° y 5 de diciembre
de 2023, en donde se hizo entrega de la documentación relacionada con el concurso.
55. Concluyó que la ejecución del concurso de méritos estuvo a cargo de la UPC, por lo
que de dicha entidad es que se predica la idoneidad que exige la norma, en razón a que,
el contrato de prestación de servicios fue ejecutado por personal de la institución
educativa y no en nombre propio por parte del vicerrector administrativo.
56. Indicó que las situaciones enmarcadas por el rector de la universidad en un oficio
dirigido al Concejo de Floridablanca relacionadas con la ejecución contractual no atañen
o inciden para poder llegar a declarar de nulidad del acto de elección del personero, por
cuanto tal circunstancia, por sí sola, no tiene la vocación de prosperidad, dado que, en
confrontación con las normas invocadas, no hacen referencia a un requisito indispensable
para el desarrollo del concurso.
57. En un acápite final se refirió a las razones para no mantener la postura en relación
con la medida cautelar decretada, partiendo por señalar que la nulidad electoral es un
juicio sobre la validez de la elección y no es viable examinar a través de este medio de
control la legalidad de contratos estatales13 ni ningún otro asunto de esa naturaleza, por
cuanto ello desbordaría el objeto propio de este mecanismo, el cual se circunscribe al
análisis de la legalidad del acto de elección correspondiente.
58. Adujo que la idoneidad del ente universitario público que se requiere para adelantar
el trámite no ha sido desvirtuada en este proceso, reiteró que la ejecución del concurso
de méritos sí estuvo a cargo de la UPC con personal vinculado o contratado para ello,
independiente de que las mismas no tuvieran comisión de servicios otorgada, sin que se
haya configurado suplantación de identidad alguna o falsedad en la suscripción del
negocio jurídico con el Concejo de Floridablanca para la elección del personero.
13 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 2 de febrero de 2023. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Rad.
9001-23-33-000-2022-00108-04.
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59. Finalmente, expuso que los fundamentos que sustentaron la medida cautelar
decretada se desvanecen frente al análisis del acervo probatorio recaudado durante el
proceso, pues no solo se comprobó la suscripción y ejecución del contrato por parte del
delegado ordenador del gasto, junto con el personal que este autorizó, sino que tampoco
se precisó de qué manera las presuntas irregularidades contractuales endilgadas
repercutieron en la validez del acto de elección.
1.6. Recursos de apelación
1.6.1. Procuradores 47 y 160 Judiciales II de Bucaramanga (2024-00185-00)
60. Los señores Jesús Eduardo Rodríguez Orozco y Xirys María Mora Alvarado
plantearon los siguientes reparos.
61. Señalaron que si bien para la celebración del contrato 77 de 2023 mediaba un acto
de delegación en cabeza de quien fungía como vicerrector administrativo y ello, en
principio, otorga un marco validez a dicho negocio jurídico, lo cierto es que por las
específicas circunstancias destacadas en el análisis probatorio, resulta de bulto que las
capacidades de la UPC como institución universitaria (que valga advertir, eran
inexistentes para adelantar procesos de selección) nunca fueron aplicadas al proceso
contratado, no siendo posible, entonces, traer la mera suscripción de un contrato como
prueba de la idoneidad que exige la norma y la jurisprudencia citada en la demanda.
62. En otras palabras, la validez del acuerdo de voluntades no supone la idoneidad de
quien lo ejecutó, que, para el caso que se estudia, resultó ser una persona natural,
evidentemente distinta de la UPC.
63. Reprocharon la valoración probatoria del tribunal, en la medida que la idoneidad no
es un asunto de forma, sino uno sustancial, de verificación material, de ahí, que, aun
siendo una institución de educación superior, se le imponga a la UPC para servir como
operador logístico de un concurso de méritos, que, dentro de su estructura institucional,
cuente con los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y logísticos suficientes para
fungir como tal y satisfacer los principios que informan cualquier proceso de selección,
destacando los de transparencia, igualdad y publicidad.
64. Adicionalmente, consideraron que se materializa el cargo de expedición irregular por
la inexistencia de algún tipo de protocolo como mecanismo efectivo para garantizar la
objetividad, transparencia y sobre todo la indemnidad de la cadena de custodia de las
pruebas y sus resultados, desde su elaboración hasta su calificación.
65. Finalmente, traen a colación antecedentes de otros tribunales del país en los que se
analizaron asuntos similares y se declaró la nulidad de la elección de los personeros de:
i) San Luis de Gaceno (Boyacá), sentencia del 22 de agosto de 2024 con radicado 15001
23 33 000 2024 00128 00, ii) Zetaquirá (Boyacá), sentencia del 8 de noviembre de 2024,
radicado 15001 23 33 000 2024 00105 00; iii) Chiscas (Boyacá), sentencia del 10 de
diciembre de 2024, radicado 15001 23 33 000 2024 00098; iv) Corozal (Sucre), sentencia
del 9 de abril de 2025, radicado 70-001-23-33-000-2024-00039-00; v) Guadalupe (Huila),
sentencia del 12 de diciembre de 2024 (sin indicar un radicado) y; vi) Altamira (Huila),
sentencia del 20 de mayo de 2025 (sin indicar un radicado).
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1.6.2. Universidad Popular del Cesar (2024-00233-00)
66. Sostuvo que el tribunal incurrió en un defecto fáctico en su dimensión negativa al
valorar indebidamente la prueba obrante en el plenario que daba cuenta de la
configuración de los cargos de nulidad endilgados al acto acusado.
67. Al respecto señaló que se violentó de manera grave el artículo 35 de la Ley 1551 de
2012, modificatorio del artículo 170 de la Ley 136 de 1994 y el Decreto 1083 de 2015, en
donde el ejecutivo trazó los estándares mínimos que deben seguir los concejos
municipales y distritales para la elección de sus respectivos personeros.
68. Lo anterior en la medida que el Concejo de Floridablanca fue debidamente advertido
por parte del rector de la UPC que no ha suscrito ni autorizado la suscripción de convenio
relacionado con el concurso público de méritos para la selección de los candidatos al
ejercicio de empleo público de personero en ese municipio.
69. De igual manera, le informó sobre la denuncia que había instaurado en la Fiscalía
General de la Nación por el abusivo e inconsulto ejercicio que hizo el entonces vicerrector
administrativo de la universidad de la delegación de funciones en materia “contractual”
que le hiciere mediante Resolución 1375 del 4 de agosto de 2022.
70. Además de los escenarios jurídicos tendientes a restablecer la legalidad del concurso
público de méritos que en la fase de ejecución se desarrolló de manera irregular y, pese
a ello, el cuerpo colegiado siguió avante con el proceso eleccionario, «haciéndose los de
la vista gorda con todas y cada una de las advertencias hechas por el señor rector».
1.6.3. Alexánder Anaya Arango (2024-00172-00)
71. Expuso que el tribunal dejó de estudiar el vicio de expedición irregular por violación
de las normas que invocó en su demanda, a saber:
Artículos 29 de la Constitución Política y 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015
72. La sentencia de primera instancia consideró que la UPC ejecutó el contrato suscrito
con el Concejo de Floridablanca, a pesar que el propio representante legal de la
institución educativa advirtió que no llevó a cabo ninguna de las etapas del concurso, no
contaba con las herramientas técnicas ni humanas para adelantar este tipo de procesos,
ni un reglamento, ni un banco de preguntas, además, no podía garantizar la cadena de
custodia de las pruebas por falta de un protocolo de confidencialidad y seguridad.
73. Se les dio credibilidad a los actos expedidos por «funcionarios fantasmas» que
calificaron las pruebas de conocimiento y comportamentales, las hojas de vida de los
aspirantes y a los que resolvieron las reclamaciones de estos, trasgrediendo el debido
proceso administrativo.
74. Agregó que la UPC no era una institución idónea para sacar adelante el concurso de
méritos para elegir el personero de Floridablanca, por cuanto ni de su estatuto general,
ni de su objeto social se extrae que tenga funciones de selección de personal. El mismo
ente universitario así lo informó a las autoridades competentes y al propio concejo de
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Floridablanca en comunicaciones de noviembre y diciembre de 2023 y de enero de 2024,
en las que también adujo la inexistencia de contratos autorizados en legal forma.
75. Si bien, prima facie, la UPC cumple el requisito de idoneidad por el simple hecho de
ser una universidad, la Sección Quinta del Consejo de Estado14 ha definido a las
entidades especializadas en procesos de selección de personal, como órganos o
personas jurídicas de derecho público o privado «[…] que tienen dentro de su objeto social
la realización, apoyo o gestión a procesos de selección de personal», por lo que respecto de
las entidades universitarias no puede presumirse ipso iure que cumplen con esta
exigencia sustancial.
Artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015
76. En el acto administrativo que publicitó el concejo para dar inicio al trámite
meritocrático, se ocultó de forma temeraria información básica que debería contener todo
concurso de méritos por ser público y abierto (el nivel, el código, el grado y mucho menos
el salario del cargo a proveer), aspecto al que el tribunal le restó importancia.
77. Obviar la anterior información relacionada con los requisitos mínimos para acceder
al puesto, vulnera los principios de igualdad, debido proceso, objetividad, publicidad y
transparencia y lleva a hacer menos atractivo el concurso y evita la mayor concurrencia
posible de aspirantes.
Artículo 270 de la Ley 1437 de 2011
78. Se desconoció el precedente vinculante del Consejo de Estado del 12 de agosto de
2021, sentencia de unificación proferida por esta Sección en el proceso con radicado
11001-03-28-000-2021-00030-00, en donde se sentó jurisprudencia frente al alcance de
la libre concurrencia en el concurso de mérito para proveer el cargo de personero
municipal.
79. Lo anterior porque se estableció una misma fecha y hora para la inscripción y la
práctica de las pruebas de conocimiento que se cruzaban con el concurso homogéneo
que la institución estaba adelantando en Barrancabermeja (Santander).
80. Se probó que al menos cinco personas que se inscribieron en el municipio de
Floridablanca para aspirar al cargo de personero municipal, no pudieron presentar la
prueba de conocimientos en el concurso establecido para el mismo cargo en la ciudad
de Barrancabermeja.
81. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 13 de junio de 2025,
concedió los recursos interpuestos.
1.7. Actuaciones en segunda instancia
82. La magistrada ponente de la presente decisión admitió los recursos de apelación
mediante auto del 8 de julio de 202515, corrió traslado a las partes para presentar
14
Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 76001-23-33-000-2016-00233-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 8 de junio
de 2017 y Rad. 08001-23-33-000-2020-00139-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia de 6 de mayo de 2021.
15
Índice 6 de SAMAI.
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alegaciones finales y a la agente del Ministerio Público con el fin de que, si a bien lo
consideraba, rindiera concepto.
83. En la misma decisión se rechazó la intervención de los ciudadanos José Guadrón
Guerrero y Carlos Augusto González Duarte toda vez que no fueron reconocidos como
parte ni terceros coadyuvantes dentro de este proceso.
84. El demandado16, en sus alegatos de conclusión, pidió que se confirme el fallo de
primera instancia, al considerar que los argumentos de los apelantes carecen de asidero
fáctico y jurídico, además de desconocer la sólida línea jurisprudencial que la sección ha
decantado para resolver asuntos de idéntica naturaleza.
85. En relación con la idoneidad de la UPC, expuso que la sala, en sentencia del 17 de
febrero de 2022, radicado 25000-23-41-000-2020-00377-0117, realizó una interpretación
definitiva del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, estableciendo que a las
universidades no se les exige ninguna calificación o requisito, solo que estén acreditadas
como tales ante las autoridades competentes.
86. También citó la sentencia de la sección del 25 de mayo de 2023, radicado 11001-03-
28-000-2022-00297-0018, según la cual, la idoneidad de una Institución de Educación
Superior (IES) para adelantar concursos de méritos se centra en el cumplimiento de los
requisitos legales y en la discrecionalidad de la entidad convocante.
87. En ese orden, señaló que la Universidad Popular del Cesar, al ser una IES pública
cumplía con la idoneidad exigida por la ley, sin que le fuera exigible el estándar de entidad
especializada que los apelantes pretenden aplicar de forma errónea o que se les pida un
requisito de idoneidad material no previsto en la norma para su categoría.
88. Agregó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado19, el medio de control de
nulidad electoral no es el escenario idóneo para cuestionar la legalidad de los
procedimientos contractuales.
89. Finalmente, indicó que los apelantes no han aportado una sola prueba que acredite
que las supuestas debilidades en los protocolos de la UPC hayan generado un perjuicio
real y concreto, no hay evidencia de filtraciones, de fraude, de suplantación ni de
resultados anómalos, tampoco que la calificación del demandado fue amañada, o que el
orden de la lista de elegibles habría sido diferente de no ser por las irregularidades que
alegan, que se trata de un ataque meramente formal y no cumple con la carga de
demostrar la trascendencia del vicio20.
90. El demandante Alexánder Anaya Arango21, reiteró los argumentos de su apelación
e hizo énfasis en que no es posible determinar quién o quiénes hicieron la valoración de
las pruebas de conocimiento y de competencias laborales y publicaron los resultados
16
Índices 12 y 15 de SAMAI.
17
MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
18
MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
19
Citó las sentencias de la sección del 2 de febrero de 2023, radicado 19001-23-33-000-2022- 00108-04, MP Luis Alberto Álvarez
Parra y del 25 de mayo de 2023, radicado 11001-03-28-000-2022-00297-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
20
Citó las sentencias de la sección del 5 de agosto de 2021, radicado 44001-23-40-000-2020-00215-01, MP Luis Alberto Álvarez
Parra y del 22 de junio de 2023, radicado 15-001-23-33-000-2022- 00600-02, MP Carlos Enrique Moreno Rubio
21
Índice 14 de SAMAI.
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definitivos, por cuanto los documentos que dan cuenta de ello no tienen el nombre ni la
firma de la persona que los elaboró o proyectó por parte de la UPC.
91. El apoderado del municipio de Floridablanca22, en su escrito de cierre, solicita la
confirmación de la sentencia de primera instancia porque, a su juicio, se fundamenta en
una adecuada valoración probatoria y de aplicación correcta a las normas y principios
constitucionales y legales aplicables al proceso de elección de personeros municipales.
92. Frente a la idoneidad de la UPC para apoyar el proceso de selección de los
personeros, señaló que el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 la presume por ser
una universidad pública creada por ley; además, que el concejo actuó amparado en los
principios de confianza legítima y buena fe.
93. Agregó que los recurrentes buscan introducir en el debate electoral controversias de
naturaleza contractual que son ajenas a este medio de control.
94. El apoderado del Concejo de Floridablanca23, también solicitó que se confirme el
fallo apelado, al considerar que se procura mediante una acción de carácter electoral que
se declare la nulidad de un contrato.
95. La delegada del Ministerio Público no presentó concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
96. La sala es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 150 24 y
152.7.a)25 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024.
2.2. Problemas jurídicos
97. Corresponde a esta sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida el 23 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó
las pretensiones de las demandas tendientes a obtener la nulidad del acto de elección
del señor J Mario Barragán Pachón como personero de Floridablanca, periodo 2024-
2028.
98. Para resolver el caso concreto, resulta necesario determinar de manera preliminar si:
i) existen cargos de la demanda del señor Alexánder Anaya Arango, radicado 2024-
00172-00 que no fueron resueltos por el a quo de manera injustificada; en caso afirmativo,
se deberán abordar los mismos.
22
Índice 11 de SAMAI.
23
Índice 13 de SAMAI.
24
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
25
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: (…) b) De la nulidad de la elección de los contralores departamentales, y la de los personeros y contralores
distritales y municipales de municipios con setenta mil (70.000) habitantes o más, o de aquellos que sean capital de
departamento; (…)». Esto porque el municipio de Floridablanca en la proyección de población para el año 2024, tiene 339.490
habitantes, dato recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-
poblacion ingresar al enlace «Serie municipal de población por área, para el periodo 2020-2035».
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99. A renglón seguido, se deberá verificar: ii) si la Universidad Popular del Cesar era
idónea para ser el operador logístico de apoyo en el presente proceso de selección y, iii)
si la falta de algún tipo de protocolo de cadena de custodia de las pruebas y sus
resultados, vicia la elección acusada.
100. Para resolver los cuestionamientos planteados, la sección se referirá de manera
general al marco legal aplicable al concurso público de méritos para la elección de los
personeros y, luego, emprenderá el análisis de cada uno de los cargos de apelación en
el caso concreto.
2.3. Marco legal aplicable al concurso público de méritos para la elección de los
personeros municipales26
101. La Constitución consagró en cabeza de los concejos municipales la facultad para la
elección de los personeros, tal y como se deriva de la lectura del numeral 8 del artículo
31327. En desarrollo de esta disposición constitucional, se reguló el asunto a través de la
Ley 136 de 1994, la cual fue modificada por la Ley 1551 de 201228, fijando en su artículo
17029 los parámetros para el ejercicio de dicha función electoral.
102. Varias conclusiones pueden obtenerse de la redacción de la norma antes
mencionada. Desde la competencia asignada en el texto fundamental, se indica que la
elección de los personeros municipales se realizará para un período institucional de 4
años, el cual iniciará el 1º de marzo siguiente a su designación y terminará el último día
de febrero del cuarto año. Así mismo, se dispone que el concejo elegirá dentro de los 10
primeros días de haber iniciado su período constitucional.
103. La modificación más importante respecto del proceso antes descrito, es la
necesidad de adelantar en forma previa a la reunión eleccionaria, un concurso público y
abierto de méritos. Ello es relevante, en tanto en las disposiciones originales de la Ley
136 de 1994 no se establecía un procedimiento específico respecto de la forma en que
se debía llevar a cabo, lo que implicaba una amplia discrecionalidad del órgano
competente para tal fin.
104. Así lo han reconocido de forma reiterada las decisiones adoptadas por esta sección,
en donde se ha indicado que la reforma mencionada estuvo dirigida a que la elección
estuviera al arbitrio del concejo municipal y se siguiera un procedimiento objetivo y
26
Marco conceptual tomado de la sentencia de la sección del 22 de mayo de 2025, radicado 25000-23-41-000-2024-00186-02, MP
Gloria María Gómez Montoya.
27
«Artículo 313. Corresponde a los concejos: (…)
8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine».
28
Vigente cuando se adelantó el concurso de méritos para la selección del personero de Floridablanca, toda vez que a través de la
Ley 2422 del 6 de septiembre de 2024, la referida disposición fue modificada de nuevo.
29
«Artículo 170. Elección. Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de
cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso
público de méritos de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente
a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año.
Para ser elegido personero municipal se requiere: En los municipios de categorías especial, primera y segunda títulos de abogado y
de postgrado. En los municipios de tercera, cuarta y quinta categorías, título de abogado. En las demás categorías podrán participar
en el concurso egresados de facultades de derecho, sin embargo, en la calificación del concurso se dará prelación al título de abogado.
Para optar al título de abogado, los egresados de las facultades de Derecho, podrán prestar el servicio de práctica jurídica (judicatura)
en las personerías municipales o distritales, previa designación que deberá hacer el respectivo decano.
Igualmente, para optar al título profesional de carreras afines a la Administración Pública, se podrá realizar en las personerías
municipales o distritales prácticas profesionales o laborales previa designación de su respectivo decano».
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reglado que garantizara el mérito, sin perjuicio de la capacidad de la corporación pública
de dirigir los aspectos estructurales de la selección.30
105. Esta norma fue desarrollada posteriormente a nivel reglamentario, específicamente
con lo contenido en el Decreto 2485 del 2014, el cual fue incorporado por el Decreto 1083
de 201531, del que se deriva que, para el ejercicio de la referida función electoral, los
concejos municipales deben atender los siguientes parámetros que fijan la estructura
básica del concurso de méritos para la elección del funcionario:
Criterio / Etapa Contenido Fundamento
normativo
Competencia Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites
para el pertinentes para el concurso, que podrá efectuarse a través de
desarrollo de universidades o instituciones de educación superior públicas o Inciso 2º, artículo
cada una de las privadas o con entidades especializadas en procesos de selección 2.2.27.1.
etapas de personal.
Se debe suscribir por la mesa directiva, previa autorización de la
plenaria. Es la norma reguladora del concurso y vincula a todos los
intervinientes en el mismo. La convocatoria deberá contener, por lo
menos, la siguiente información: fecha de fijación; denominación,
código y grado; salario; lugar de trabajo; lugar, fecha y hora de
inscripciones; fecha de publicación de lista de admitidos y no
admitidos; trámite de reclamaciones y recursos procedentes;
fecha, hora y lugar de la prueba de conocimientos; pruebas que se Literal a), artículo
Convocatoria aplicarán, indicando el carácter de la prueba, el puntaje mínimo 2.2.27.2
aprobatorio y el valor dentro del concurso; fecha de publicación de
los resultados del concurso; los requisitos para el desempeño del
cargo, que en ningún caso podrán ser diferentes a los establecidos
en la Ley 1551 de 2012; y funciones y condiciones adicionales que
se consideren pertinentes para el proceso.
Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número Literal b), artículo
Reclutamiento de aspirantes que reúna los requisitos para el desempeño del 2.2.27.2
empleo objeto del concurso.
El proceso público de méritos para la elección del personero
deberá comprender la aplicación de las siguientes pruebas:
1. Prueba de conocimientos académicos, la cual tendrá el valor que
se fije en la convocatoria, que no podrá ser inferior al 60% respecto
del total del concurso. Literal c), artículo
2. Prueba que evalúe las competencias laborales. 2.2.27.2
3. Valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los
Pruebas requisitos del empleo, la cual tendrá el valor que se fije en la
convocatoria.
4. Entrevista, la cual tendrá un valor no superior del 10%, sobre un
total de valoración del concurso.
Con los resultados de las pruebas el concejo municipal o distrital
elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la
Lista de cual se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona Artículo 2.2.27.4
elegibles que ocupe el primer puesto de la lista.
106. En la sentencia C-105 del 201332, al estudiar la reforma legislativa del año 2012, se
establecieron una serie de herramientas que permiten entender la forma en que el
concurso de méritos deberá ser atendido por los concejos municipales. Al respecto, en
dicha decisión se señaló:
No obstante, debe tenerse en cuenta que la previsión legislativa en torno al concurso, y las
condiciones que de la jurisprudencia constitucional se derivan para el mismo, no implican que
estas corporaciones tengan que ejecutar e intervenir directa y materialmente en los concursos
y en cada una de sus etapas, sino que estas entidades tienen la responsabilidad de dirigirlos
y conducirlos. Es decir, deben trazar los lineamientos generales del procedimiento, pero
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de marzo de 2021, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 25000-23-41-000-2020-00409-01. Criterio reiterado en la sentencia del 6 de mayo del 2021, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 08001-23-33-000-2020-00139-01.
31
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
32
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-105 del 6 de marzo de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Demandantes: Jesús Eduardo Rodríguez Orozco y otros
Demandado: J Mario Barragán Pachón,
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pueden entregar su realización parcial a terceras instancias que cuenten con las
herramientas humanas y técnicas para este efecto. Así por ejemplo, pueden realizar
convenios con organismos especializados técnicos e independientes dentro de la propia
Administración Pública, para que sean éstos quienes materialicen estas directrices bajo su
supervisión, tal como ha ocurrido con los concursos realizados por la ESAP. Podrían, incluso,
organizarse pruebas de oposición de manera simultánea para varios municipios de un mismo
departamento que se encuentren dentro de la misma categoría, y unificarse los criterios de
valoración de la experiencia y de la preparación académica y profesional, y centralizar su
evaluación en una única instancia. En este contexto, la Procuraduría General de la Nación
podría intervenir en la vigilancia de los concursos, pero no sustituir a los propios concejos.
[Resaltado de la sala]
107. De la sentencia antes mencionada, se tiene entonces una regla clara: los concejos
municipales, como órganos de elección, tienen la competencia exclusiva y excluyente
para la determinación de los lineamientos generales de la forma en que se adelantarán
las etapas y parámetros mínimos del concurso de méritos antes descrito siendo
responsables de su dirección en todo momento, lo cual se concreta con la suscripción y
posterior publicación de la correspondiente convocatoria.
108. A pesar de ello, se reconoce que ante las dificultades que dicha labor puede
conllevar, es posible que dichas entidades acudan a «terceras instancias» que presten
su apoyo logístico en la realización de una o todas las etapas del proceso meritocrático.
Así las cosas, esta última posibilidad permite acudir al apoyo logístico y técnico de
universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades
especializadas en procesos de selección de personal.
109. Contextualizado el procedimiento que llevó a la expedición del acto demandado,
esta sala emprende a continuación el análisis de los reparos de los recurrentes.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Cargos que no fueron resueltos por el a quo
110. Adujo el apoderado del señor Alexánder Anaya Arango que el fallador de primera
instancia dejó de pronunciarse sobre los cargos propuestos en su demanda y refiere los
siguientes en su escrito de apelación: i) la UPC no llevó a cabo ninguna de las etapas del
concurso, además de no ser idónea para adelantarlo; ii) no se indicó el nivel, el código,
el grado y el salario del cargo a proveer en la convocatoria y; iii) se estableció una misma
fecha y hora para la práctica de las pruebas de conocimiento que se cruzaban con el
concurso homogéneo en Barrancabermeja, desatendiendo el principio de libre
concurrencia.
111. Conforme lo señalado, procederá la sala a verificar si hubo alguna omisión
injustificada por parte del fallador de instancia al resolver los cargos de la demanda del
señor Anaya Arango y, solo si ello fue así, resolverá los planteados en el escrito inicial,
teniendo en cuenta que el sustento de la presente alzada es la falta de resolución de los
mismos.
112. De la lectura de los cargos de la demanda reiterados en la apelación en contraste
con la decisión cuestionada, se tiene que el a quo se pronunció sobre los siguientes
vicios, a saber:
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Cargos Pronunciamiento
Trasgresión de los artículos 29 Constitucional y Niega: no está probado, en tanto que la
2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015. Universidad Popular del Cesar fue quien
ejecutó el concurso de méritos para la
Falta de idoneidad de la entidad contratada para la selección del personero, por lo tanto, es de ella
convocatoria pública y violación al debido proceso que se predica la idoneidad que exige la
porque no fue la UPC la que adelantó el concurso. norma, requisito que cumple por tratarse de
una institución de educación superior oficial
habilitada para «celebrar contratos o convenios
[…] acorde con el estatuto general […]».
Desconocimiento del artículo 2.2.27.2 del Decreto
1083 de 2015.
No hubo pronunciamiento
No se indicó el nivel, el código, el grado y el salario
del cargo a proveer en la convocatoria.
Falta de aplicación de la sentencia de unificación
del 12 de agosto de 202133.
Afectación de la libre concurrencia al establecer una No hubo pronunciamiento
misma fecha y hora para la práctica de las pruebas
de conocimiento que se cruzaban con el concurso
homogéneo en Barrancabermeja.
113. Del anterior gráfico se destaca que dos de los cargos de la demanda, como lo señaló
el demandante en su escrito de impugnación, no fueron objeto de pronunciamiento de
fondo; sin embargo, se advierte que tal circunstancia estuvo justificada en los términos
en que se fijó el litigio, a saber:
P.J.: ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo por medio del cual el Concejo del
Municipio de Floridablanca (Santander), eligió a Mario Barragán Pachón como Personero
municipal para el período 2024 a 2028, contenido en el Acta de sesión plenaria 008 del 10 de
enero de 2024 y materializado en el acta de posesión 001 del 11 de enero de 2024, toda vez
que, la entidad educativa que adelantó el trámite del concurso de méritos no era idónea para
ello?
114. En efecto, se extrae que no se contemplaron expresamente los cargos referentes
a: i) desconocimiento del artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, en cuanto no se
indicó el nivel, el código, el grado y el salario del cargo a proveer en la convocatoria. y, ii)
falta de aplicación de la sentencia de unificación del 12 de agosto de 2021 34, por la
presunta afectación de la libre concurrencia al establecer una misma fecha y hora para
la práctica de las pruebas de conocimiento que se cruzaban con el concurso homogéneo
en Barrancabermeja.
115. Es decir, al momento de trazar el racero a seguir, en la construcción conjunta de las
partes y el operador judicial, se determinó que las causales de nulidad expuestas en las
demandas se delimitaron a la idoneidad de la UPC, sin que, frente a ello, se propusieran
recursos o manifestaciones por quienes intervienen en el presente medio de control.
116. Al respecto, en un caso similar, la sala señaló35:
En consecuencia, si el actor considera que la autoridad judicial prescindió de uno de los cargos
planteados era ese, y no el recurso de apelación, el momento oportuno para evidenciar tal
omisión. En otras palabras, el señor Rodríguez Ramos no puede, amparado en su recurso,
33
Sentencia de unificación del 12 de agosto de 2021, radicado 11001-03-28-000-2021-00030-00. MP. Rocío Araújo Oñate.
34
Sentencia de unificación del 12 de agosto de 2021, radicado 11001-03-28-000-2021-00030-00. MP. Rocío Araújo Oñate.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 8 de junio de 2017, M.P: Alberto Yepes
Barreiro, Radicado No. 76001-23-33-000-2016-00233-01.
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intentar modificar la fijación del litigio que él consintió en la audiencia inicial, para ahora si
poner de presente que se eliminó del análisis dicha censura.
Lo anterior se explica, debido a que la etapa de fijación del litigio es la que determina los temas
que serán estudiados en la sentencia; de hecho, es tal su importancia que aquélla condiciona
las pruebas y la postura procesal que en adelante adoptarán las partes como estrategia de
defensa, y ello, de suyo, implica que los sujetos procesales tienen la carga y el deber de velar
para que dentro del problema jurídico queden incluidos todos los temas objeto de debate.
Por el contrario, si las partes señalan de forma explícita, tal y como ocurrió en el sub judice,
que existe conformidad con los puntos fijados por el juez, ello significa, de un lado, que
consienten que serán esas y no otras las materias objeto de análisis y, de otro, que no pueden
más adelante cuestionar la fijación realizada.
117. Esta posición fue reiterada por la Sala Electoral en donde señaló que la decisión en
torno a la fijación del litigio cobra firmeza ante la ausencia de cuestionamiento de las
partes frente a lo resuelto por el ponente al momento de pronunciarse sobre el particular,
por ello:
Contrario a lo que manifestó el Ministerio Público en su concepto, según el cual los asuntos
deben ser resueltos aun si no se incluyeron en la fijación del litigio, por el hecho de
haber hecho parte del concepto de violación, esta Sala es del criterio según el cual “la
etapa de fijación del litigio es la que determina los temas que serán estudiados en la
sentencia; de hecho, es tal su importancia que aquélla condiciona las pruebas y la postura
procesal que en adelante adoptarán las partes como estrategia de defensa, y ello, de suyo,
implica que los sujetos procesales tienen la carga y el deber de velar para que dentro del
problema jurídico queden incluidos todos los temas objeto de debate.
Ahora bien, con sustento en la tesis antes reseñada, la Sala advierte que en esta
instancia no se deben resolver aspectos que se reiteraron en las apelaciones y que no
hicieron parte de la fijación del litigio, razón por la que se abstendrá de analizar los
motivos de inconformidad que no fueron debatidos en la primera instancia, a saber, lo
relacionado con los reparos acerca de (i) el presunto usurpamiento de las competencias del
juez administrativo, por el aparente juicio de legalidad sobre los actos de la convocatoria, (ii)
la legalidad del proceso de convocatoria pública que culminó con la adjudicación del contrato
de consultoría a la Fundación Universidad del Valle, por haber cumplido los requisitos de la
Ley 80 de 1993 y el pliego de condiciones, y (iii) el control de convencionalidad de cara a lo
establecido en el artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos36.
[Resaltado de la sala]
118. En este caso, no existió en el trámite del proceso cuestionamiento del demandante
Alexánder Anaya Arango frente a la fijación del litigio plasmada por el tribunal de primera
instancia en el auto del 27 de marzo de 2025; por lo tanto, el hecho de que el a quo no
se haya pronunciado sobre los señalados aspectos al dictar el fallo, en manera alguna
constituye una irregularidad, sino simplemente una consecuencia de los términos en que
fue planteada la controversia con la participación y/o anuencia de los sujetos procesales.
119. En ese orden, no es de recibo que el demandante a través del recurso de alzada
exija el análisis de cargos que no hicieron parte del problema jurídico formulado, en
especial, cuando no se evidencia que se haya opuesto en la oportunidad legalmente
prevista a la delimitación de los asuntos principales sobre lo que versaría la sentencia.
120. Así las cosas, se niega la prosperidad de este argumento de apelación, por ende,
la sala no estudiará los referidos ejes temáticos.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2021, M.P: Carlos
Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 76001-23-33-000-2020-00895-03 (76001-23-33-000-2020-00835-00).
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2.4.2. De las controversias contractuales que se derivan de los cargos
121. La sección debe comenzar por señalar que los asuntos de índole contractual
escapan de la competencia del juez electoral, como se ha reiterado, entre otras, en la
sentencia del 2 de febrero de 202337, donde se expuso:
La Sala ha estructurado una sólida y pacífica jurisprudencia en negar los cargos de nulidad,
justificados en una presunta vulneración de las disposiciones legales que rigen la contratación
estatal o en si los procesos de selección de las entidades especializadas, públicas o privadas
para realizar las pruebas de conocimientos se encuentran debidamente diseñados, al respecto
ha dicho:
“Con la nueva legislación quedó superada la antitécnica división entre contrato privado de la
administración y contrato administrativo, pues en todos los casos en que una de las partes sea una
entidad oficial, se hablará de contrato estatal o contrato administrativo, criterio orgánico imperante
para radicar la competencia en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa respecto de las
controversias contractuales y la ejecución y cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
De donde resulta importante concluir que el juez administrativo de la validez del acto electoral, carece
de competencia para resolver sobre la validez del contrato estatal”38 (Subrayado fuera del original)
Recientemente39 se afirmó sobre los cargos de validez contractual en el medio de nulidad
electoral lo siguiente:
“Dicha censura propuesta como fundamento de la medida cautelar deprecada, es ajena al medio de
control de nulidad electoral, en tanto corresponden al de controversias contractuales o al de nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos proferidos en
desarrollo de la actividad contractual con anterioridad a la celebración del contrato, en la medida en
que las normas y jurisprudencia que se invocan como vulneradas nada dicen sobre el procedimiento
eleccionario sub judice, esto es, el que rige para proveer el cargo de personero municipal y, por tanto,
no son de aquellas en que debía fundarse el acto acusado”
Lo anterior es de suma importancia ya que la Sala en punto de la nulidad electoral no tiene como
función establecer la legalidad de los procedimientos contractuales, la Sección en este punto se
encarga de analizar y verificar que se haya cumplido con los requisitos mínimos que estableció
el legislador para la realización del concurso que escoge al respectivo personero municipal para
garantizar precisamente el principio al mérito, puesto que el estudio que se hace en esta
instancia es de legalidad.
122. En consecuencia, los argumentos de los recurrentes fundados en las circunstancias
en que ocurrió la delegación de funciones del rector al vicerrector de la Universidad
Popular del Cesar, la suscripción, existencia, ejecución y liquidación del Contrato 77 de
2023 celebrado con el Concejo de Floridablanca, la capacidad de la entidad para
contratar, la validación previa por la oficina jurídica, la autorización del rector y la comisión
de servicios de los funcionarios de la universidad, no serán estudiados, por escapar a la
órbita competencial de la sala en sede de nulidad electoral.
2.4.3. De la idoneidad de la UPC para adelantar el concurso de méritos para la
selección del personero de Floridablanca
123. Previo a emprender el análisis de este cargo, resulta pertinente realizar un recuento
de los aspectos relevantes del procedimiento que precedió la elección del señor J Mario
Barragán Pachón como personero de Floridablanca.
37
Radicado: 19001-23-33-000-2022-00108-04. MP Luis Alberto Álvarez Parra.
38
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 31 de agosto de 2001, Expediente N°. 05001- 23-15-000- 2000-4435-01, M.P.
Roberto Medina López. Postura reiterada entre otras en el auto del 20 de mayo de 2021 dentro del expediente 15001-23-33-000-
2020-01934-0. MP Luis Alberto Álvarez Parra.
39
Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de 28 de julio de 2022, Rad. 19001-23-33-000-2022- 00108-03, MP Luis Alberto Álvarez
Parra.
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124. El 9 de mayo de 2023, el vicerrector académico de la UPC, delegado por el rector
para suscribir contratos, envió propuesta al Concejo de Floridablanca a efectos de
acompañar el proceso de selección del personero, escrito en el que señaló que la
universidad es una institución de educación superior creada mediante la Ley 34 del 19
de noviembre de 1976.
125. Luego, el órgano colegiado expidió un certificado de idoneidad respecto de la UPC
el 28 de junio de 2023, en los siguientes términos:
126. En la misma fecha se suscribió entre el Concejo de Floridablanca y la referida
universidad el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión número 77, a
través de la plataforma SECOP40, cuyo objeto era:
Prestar servicios profesionales especializados para brindar apoyo en la convocatoria del
proceso público y abierto del concurso de méritos para la selección y elección del personero
del municipio de Floridablanca Santander periodo legal 2024-2028.
127. Dentro de las obligaciones específicas se encontraban las siguientes:
1. Apoyar al Concejo Municipal en todos los asuntos del proceso de meritocracia.
2. Asesorar y acompañar al Concejo Municipal en la proyección de los actos
administrativos previos, y concomitantes al desarrollo del concurso.
3. Publicar en la página web del Concejo Municipal, toda la información referente al
proceso que sea incumbencia del Concejo y la que el operador considere necesariamente
ser publicado en la página web y por otros medios más expeditos para su divulgación
masiva.
4. Atender las solicitudes que realice el supervisor y aceptar recomendaciones que se le
hagan en lo atinente a la prestación del servicio.
40
Identificado con el número CO1.PCCNTR.5160546.
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128. Así mismo, a través de la Resolución 60 del 24 de julio de 2023, la mesa directiva
del referido cuerpo colegiado convocó y reglamentó el concurso público y abierto de
méritos para proveer el cargo en mención, con el apoyo de la entidad contratada para el
efecto, fijando el respectivo cronograma del que se cumplieron todas sus etapas, a saber:
• Inscripción de los aspirantes.
• Publicación del listado de admitidos y no admitidos (reclamaciones, respuesta y
listado definitivo).
• Citación para la práctica de pruebas de conocimiento y competencias laborales.
• Presentación de las pruebas de conocimiento y competencias laborales.
• Publicación de los resultados de las pruebas de conocimiento y competencias
laborales (reclamaciones, respuesta y resultados definitivos).
• Publicación de resultados de valoración de hojas de vida (reclamaciones,
respuesta y resultados definitivos).
• Citación a entrevista.
• Realización de la entrevista por el Concejo Municipal.
• Publicación de los resultados de la entrevista (reclamaciones, respuesta y
resultados definitivos).
• Publicación lista de elegibles.
• Elección y posesión del personero municipal.
129. Resulta necesario señalar que la documentación del concurso era enviada de
correos electrónicos de la UPC, a saber convocatorias@unicesar.edu.co,
propuestas@unicesar.edu.co y viceadministrativa@unicesar.edu.co, tal y como se
advierte de las pruebas allegadas al plenario, así:
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130. El 10 de noviembre de 2023, encontrándose el proceso de selección en la etapa de
reclamaciones a los resultados de las pruebas de conocimiento y competencias
laborales, el rector de la UPC envió al Concejo de Floridablanca el siguiente comunicado:
Mediante la presente comunicación, me permito informarles que la rectoría a mi cargo no ha
suscrito ni autorizado la suscripción de convenio relacionado con el Concurso Público de
Méritos para la selección de los candidatos al ejercicio de empleo público de Personero en ese
municipio.
De igual manera, le informo, que, la señora DURVIS MARÍA LACOUTURE VEGA, ni ninguna
otra persona ha sido autorizada para adelantar trámite alguno relacionado con el Concurso de
Méritos referido en ese municipio, en representación de la Universidad Popular del Cesar.
Le solicito, que, si existe alguna actuación relacionada con el objeto de esta misiva, en la que
se asuma algún compromiso por parte de la Universidad Popular del Cesar, remita copia del
mismo a nuestra Oficina Jurídica para proceder a su revisión y tomar las acciones legales
pertinentes.
131. El 22 de diciembre siguiente reiteró que la institución no había realizado ninguna
acción tendiente a la ejecución del acuerdo de voluntades y que las desarrolladas con
relación al mismo no fueron adelantadas por la universidad, específicamente señaló:
En la Universidad Popular del Cesar, no existen contratos ni actuaciones administrativas para
la ejecución de esos convenios objeto de investigación, la Coordinadora de Grupo Gestión y
Desarrollo Humano en atención a la visita realizada por la Procuraduría, certificó y aportó como
evidencia de las actas, que no existe comisión de servicios que autorice a ningún funcionario
para que saliera a otra ciudad o municipio del país a ejecutar convenios de concursos de
méritos para la selección de personeros.
De igual forma, se evidenciaron nombres de personas que supuestamente actuaban en
nombre la Universidad Popular del Cesar, aparecen practicando las pruebas y actividades
relacionadas con los convenios, en los diferentes municipios, es necesario hacer claridad que
estas personas no son, ni contratistas, ni funcionarios de la Institución, así quedó consignado
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en las certificaciones que expidió y entregó la Coordinadora de Grupo Gestión y Desarrollo
Humano a la Procuraduría General de la Nación.
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que cualquier ejecución que se haga en desarrollo
del convenio está viciada y se desarrolló de forma ilegal, razón por la cual, en mi calidad de
representante legal de la Institución no puedo avalarla y vulnerar los derechos de las personas
que se inscribieron y participaron en un concurso que debió ser de méritos.
132. El 27 del mismo mes y año se suscribió por parte del rector de la UPC y el presidente
del Concejo de Floridablanca, el acta de terminación y liquidación por mutuo acuerdo del
contrato 77 de 2023, dejando constancia que no hubo erogación por parte del órgano
colegiado.
133. Resulta preciso señalar que la última actuación de la universidad fue hasta el envío
de los resultados de la valoración de las hojas de vida el 16 de noviembre de 2023, por
cuanto luego de esa etapa, según el cronograma del proceso, proseguía la fase a cargo
del concejo municipal, esto es, lo relacionado con la entrevista y posterior elección.
134. Finalmente, en sesión plenaria del 10 de enero de 2024 el concejo decidió elegir,
como resultado del concurso referido, al señor J Mario Barragán Pachón como personero
de Floridablanca para el periodo 2024-2028 con un total de 15 votos.
135. El tribunal de primera instancia concluyó en la sentencia apelada que la UPC
cumplía con el requisito de idoneidad previsto en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de
2015 al ser una institución de educación superior oficial de carácter académico creada
mediante la Ley 34 de 1976, además, que la ejecución del concurso de méritos estuvo a
su cargo, por lo que es de dicha entidad respecto de la cual se predica el requisito que
exige la norma, en razón a que el contrato de prestación de servicios fue ejecutado por
personal de la institución educativa y no en nombre propio por parte del vicerrector
administrativo.
136. Los procuradores judiciales recurrentes señalan que la idoneidad no es un asunto
de forma, sino uno sustancial, de verificación material, de ahí que, aun siendo una
institución de educación superior, se le imponga a la UPC para servir como operador
logístico de un concurso de méritos, que, dentro de su estructura institucional, cuente con
los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y logísticos suficientes para fungir como tal
y satisfacer los principios que informan cualquier proceso de selección, destacando los
de transparencia, igualdad y publicidad.
137. Por su parte, el demandante Alexánder Anaya Arango, señaló en la apelación que
la UPC no era idónea porque ni de su estatuto general, ni de su objeto social se extrae
que tenga funciones de selección de personal, y si bien cumple el requisito de ser
universidad, la sección41 ha definido a las entidades especializadas en procesos de
selección de personal, como órganos o personas jurídicas de derecho público o privado
«[…] que tienen dentro de su objeto social la realización, apoyo o gestión a procesos de selección
de personal», por lo que respecto de las entidades universitarias no puede presumirse ipso
iure que cumplen con esta exigencia sustancial.
138. Al respecto, el inciso segundo del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015
41
Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 76001-23-33-000-2016-00233-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 8 de junio
de 2017 y Rad. 08001-23-33-000-2020-00139-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia de 6 de mayo de 2021.
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Demandado: J Mario Barragán Pachón,
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Radicación: 68001-23-33-000-2024-00185-02 (principal)
establece que:
Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el concurso,
que podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior
públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal.
139. La jurisprudencia de la sala42 ha precisado sobre el entendimiento de la anterior
disposición que:
[E]l artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, regula que los concejos municipales o
distritales efectuarán los trámites pertinentes para el concurso de méritos para elegir a
personero, para tal fin, este podrá ser apoyado o acompañado por: 1) universidades, 2)
instituciones de educación superior públicas o privadas o 3) entidades especializadas en
procesos de selección de personal.
En cuanto al acompañamiento de universidades e instituciones de educación superior
públicas o privadas, no se exige ninguna calificación o requisito, solo que estén
acreditadas como tales ante las autoridades competentes, pero cuando se acude a la
tercera categoría, [...] la normativa mencionada dispone que sea una entidad especializada en
procesos de selección, este es el requisito o cualificación que se estableció para que exista
idoneidad en la entidad que acompañe o apoye el concurso de méritos para elegir personero.
Así las cosas, para la Sala, cuando no se acude a universidades o instituciones de educación
superior, el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, fija el requisito o cualificación que la
entidad sea especializada en procesos de selección. [Resaltado de la sala]
140. Bajo el anterior análisis, se descartan los reparos de los demandantes encaminados
a exigir de la UPC una idoneidad material o que en su objeto social se encuentre la
actividad de selección de personal, requisito o cualificación que solo es predicable de las
entidades especializadas que pretendan apoyar este tipo de convocatorias.
141. No desconoce la sección que en la sentencia C-105 de 2013 la Corte Constitucional
estudió el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 e indicó que las dificultades de los concursos
hacen imperativa la disposición y utilización de sofisticadas herramientas humanas,
informáticas, administrativas y financieras, de las que en principio carecen los concejos
municipales y distritales.
142. Sin embargo, cuando se expidió el Decreto 2485 de 2014, compilado en el Decreto
1083 de 2015, si bien en las consideraciones del mismo se aludió a la referida providencia
de la Corte Constitucional, el legislador en el artículo 1° no fijó requisito o cualificación
alguna a las universidades a efectos de acompañar los procesos de selección de los
personeros.
143. Si bien el rector de la UPC indicó que la institución no ejecutó el contrato a través
de su personal, es un asunto que no versa sobre la legalidad del acto de elección acusado
sino en relación con la validez del acuerdo de voluntades, que como se explicó en el
numeral 2.4.2. se escapa de la competencia del juez electoral.
144. Con todo, de las pruebas allegadas al expediente es posible extraer que personal
vinculado a la universidad hizo parte del desarrollo del proceso de selección como se
explicará al resolver el siguiente cargo.
42
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de febrero de 2022. Radicación: 25000-23-41-000-2020-00377-01. Magistrado
Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandantes: Jesús Eduardo Rodríguez Orozco y otros
Demandado: J Mario Barragán Pachón,
personero de Floridablanca (Santander), periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00185-02 (principal)
145. En conclusión, la UPC, por ser una universidad según su acto de creación, esto es,
la Ley 34 de 1976, cumple con el requisito de idoneidad que predica artículo 2.2.27.1 del
Decreto 1083 de 2015 como una de las entidades habilitadas para que los concejos
contraten el apoyo en los procesos de selección de personeros.
146. En cuanto a las sentencias de algunos tribunales del país citadas por los
procuradores judiciales apelantes a efectos de que se tengan en cuenta para resolver el
asunto, las mismas no resultan vinculantes para el órgano de cierre de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, por lo que no se hará pronunciamiento adicional.
147. En ese orden, no prospera este cargo.
2.4.4. De la cadena de custodia del material utilizado para las pruebas a las que se
citaron a los aspirantes a personero de Floridablanca
148. En el fallo apelado se estimó que no había evidencia clara que indique la ausencia
en la cadena de custodia de las pruebas y sus resultados, ni prueba de las falencias en
que incurrió el claustro universitario en el proceso de la práctica de las pruebas en el
concurso.
149. La parte demandante del radicado 2024-00185-00 planteó desde su demanda que
se materializó el vicio de expedición irregular por la inexistencia de algún tipo de protocolo
como mecanismo efectivo para garantizar la objetividad, transparencia y sobre todo la
indemnidad de la cadena de custodia de las pruebas y sus resultados, desde su
elaboración hasta su calificación.
150. Frente al punto, la jurisprudencia43 de la sala ha precisado que, si bien, la normativa
que regula los concursos para elegir personero no dispone expresamente la exigencia de
un protocolo de cadena de custodia, una lectura adecuada de la misma, en salvaguarda
de la garantía del principio de la transparencia, lo hace exigible.
151. También se enfatizó en la importancia de contar con un procedimiento, idealmente
en la forma de un protocolo, instructivo o guía, que asegure la protección de la identidad
de los concursantes que presentan los exámenes, el estado original, las condiciones de
transporte, embalaje y preservación, los lugares y fechas de almacenamiento, las
personas responsables de su custodia, entre otros aspectos afines44.
152. No obstante, se ha reconocido que45 «[L]a ausencia de dicho instrumento no conduce
automáticamente a la nulidad de la elección del personero, pues debe ponderarse la incidencia
de tal omisión en el resultado del concurso, es decir, si el yerro tiene la suficiente entidad para
afectar con nulidad el acto demandado».
153. En el caso concreto, se advierte que el artículo 38 de la Resolución 60 del 24 de
julio de 2023, por medio de la cual se convocó y reglamentó el concurso público de
personero, incorporó la siguiente cláusula expresa:
ARTÍCULO 38°.- RESERVA DE LAS PRUEBAS: Las pruebas realizadas durante el proceso
43
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia del 22 de marzo de 2018, Radicación
Número: 85001-23-33-000-2017-00019-03.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de enero de 2022, radicado 52001-
23-33-000-2020-00982-03, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
45
Ibidem.
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de selección son de carácter reservado y solo serán de conocimiento de las personas que
indique la Universidad Popular del Cesar, el aspirante que individualmente solicite exhibición
de las pruebas y las autoridades judiciales dentro de un proceso judicial.
154. También se aportó al proceso el documento titulado «Protocolo (paso a paso) para la
aplicación de las pruebas en los concursos públicos de méritos»46 elaborado el 8 de julio de
2023, suscrito por el vicerrector administrativo de la UPC, del cual se extrae la creación
de un comité evaluador de las pruebas escritas aplicadas y valoración de hojas de vida
de los participantes a los concursos de mérito para seleccionar personero, integrado por:
• Orlando Gregorio Seoanes Lerma, vicerrector administrativo o su delegado
• Aldemar Montejo Zapata, profesional universitario de la UPC.
• Durvis María Lacouture Vega, contratista para convenios de concursos de mérito.
155. Adicional, se contempló lo relacionado con: i) el transporte de las pruebas hasta el
lugar de aplicación, ii) los mecanismos de embalaje y seguridad que se emplearían para
asegurar la confidencialidad de estas, iii) mecanismo de identificación de participantes,
iv) disposición del material sobrante, entre otros puntos a cargo de la UPC.
156. A su turno, se tiene constancia del acompañamiento de la Procuraduría Provincial
de Instrucción de Bucaramanga a la jornada de aplicación de la prueba de conocimientos
realizada el 14 de octubre de 2023 en Floridablanca, acta suscrita por la profesional
universitaria Claudia Bibiana Guarín Lizcano, en donde se anotó:
¿Se contó con la presencia del Si, estuvo el señor Orlando Seoanes vicerrector de la Universidad Popular
coordinador de los salones? del Cesar.
¿Se verificó que el material esté Se pudo observar que el vicerrector de la UPC llegó al colegio José Elías
debidamente sellado, embalado Puyana a las 7 a.m. en una camioneta roja y portaba 5 tulas de color azul
y rotulado con los precintos de cerradas con precinto rojo, respecto al embalaje y el rotulado no se pudo
seguridad? verificar. Es de anotar que venían tres tulas azules para el municipio de
Floridablanca y una tula para el municipio de los Santos y otra tula para el
municipio de Cepita, también los participantes se distribuyeron en
diferentes salones según el municipio por el cual estaban concursando.
¿Se verificó que las bolsas de Como se señaló en el punto anterior se observó que el vicerrector de la
seguridad que contiene los UPC llegó al colegio José Elías Puyana a las 7 a.m. en una camioneta roja
cuadernillos y hojas de y portaba 5 tulas de color azul cerradas con precinto rojo, respecto al
respuesta de los participantes, embalaje y el rotulado no se pudo verificar, una vez abiertos los precintos
estén embaladas y rotuladas con en su interior venían unas bolsas en plástico selladas las cuales contenían
los precintos de seguridad? las pruebas.
¿Se verificó que cuando se Una vez abierta las tulas se entregaron por el vicerrector a los participantes
abran cada una de las bolsas de las pruebas las cuales venían en una bolsa plástica cerrada, las mismas
sean entregadas a los jefes de fueron entregada a los participantes según el orden en que se sentaron en
salón? el salón, es decir las bolsas no venían marcadas con el nombre de los
concursantes.
¿Se verificó la hora que se 8:00 a.m.
realizó la entrega de las bolsas
con los cuadernillos a los jefes de
salón?
Cumplimiento del horario de Las pruebas iniciaron a las 8:05 en promedio, dado que las pruebas
inicio de la prueba de empezaron a ser entregadas a las 8:00 en punto.
conocimiento que se realizara a
las 08:00 a.m.
¿Se contabilizó el número de Si, del municipio de Floridablanca se convocaron 79 asistieron 40, de los
citados y el número de Santos se convocaron 27 asistieron 15, de Cepita se convocaron 18
asistentes? asistieron 7.
¿Se verificó hasta qué horas se 8:30 a. m.
permitió el ingreso de
participantes?
¿Se verificó la hora que se El plazo era hasta las 12, pero terminaron antes, porque todos los
termina la prueba de participantes entregaron la prueba: Floridablanca a la 11:30 a.m., los
conocimiento? santos a las 10:28 a.m., cepita a la 10:10 a.m.
46
Ver el PDF 026_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda_Indice_27_11 del expediente digital.
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¿Se verificó que se procediera Una vez entregadas las pruebas por todos los participantes, se
con el embalaje de los destruyeron las pruebas sobrantes y las pruebas contestadas se
documentos […]? guardaron en la talega azul de tela y se puso un precinto rojo, en este
proceso la universidad solicitó a dos de los aspirantes que se quedaran
como testigos cuando guardaran las pruebas en las tulas y levantaron un
acta de ello.
¿En caso de existir acta de No se solicitó
sesión, se solicitó copia de esta?
¿Se verificó que se dejara El material sobrante se destruyó rompiéndose por la mitad y los pedazos
constancia sobre el material se guardaron en las tulas azules.
sobrante […]?
¿Hora de entrega de las bolsas o No se entregaron a empresa de seguridad, el señor vicerrector
maletas a la empresa de administrativo de la UPC, salió del colegio con las 5 tulas azules que
seguridad, en caso de que contienen las pruebas y se subió en una camioneta roja.
exista?
¿Se presentaron No se pudo verificar.
diligenciamiento de preguntas
dudosas o repetidas?
Hora de inicio del 12:02 en una camioneta roja.
desplazamiento de las bolas o
maletas
157. Posteriormente, el procurador regional de instrucción del Cesar realizó visita
especial a la Vicerrectoría Administrativa de la UPC el 1 de diciembre de 2023, la cual
fue atendida por Orlando Seoanes Lerma, quien entregó documentación, de la cual se
describe la que interesa a este proceso, así:
FLORIDABLANCA Se deja constancia que se hace entrega de una (1) carpeta color blanco,
donde reposa documentación sin foliar no se establece el número de folios que la conforman.
Así mismo se hace entrega de una segunda carpeta que contiene información del citado
municipio contentivo de 224 folios y 19 bolsas de seguridad, documentación que es escaneada
y entregada en la presente diligencia.
158. En la misma diligencia se tomó la declaración del señor Seoanes Lerma, en la que
indicó:
Las preguntas realizadas por la Universidad Popular del Cesar en los exámenes realizados a
los participantes corresponden a un banco de preguntas que tienen carácter de
confidencialidad, ya que obedecen a la producción intelectual de varios profesionales idóneos,
al igual que el intercambio de estas con otras entidades que desarrollan este tipo de
actividades […] las cuales obedecen a la participación de profesionales de otras entidades
públicas y privadas. Las pruebas son calificadas mediante plantilla de evaluación debidamente
parametrizada de acuerdo al examen que se realiza. El personal que asistió a este proceso en
los diferentes municipios donde se desarrolló fueron la contratista Durvis Laouture Vega y el
funcionario de planta Aldemar Montejo Zapata, con el apoyo logístico del personal de cada
concejo municipal.
Los protocolos de seguridad son entregados en archivo digital, se deja constancia de
pantallazo donde se establece que se entregaron 83 documentos digitales.
159. La anterior actividad se continuó el 4 de diciembre de 2023, donde se aportaron las
certificaciones de vinculación de los señores Aldemar Montejo Zapata y Durvis María
Lacouture con la UPC, expedidas por la coordinadora del Grupo de Gestión de Desarrollo
Humano, así:
• Aldemar Montejo Zapata, revisada su historia laboral se advierte que no contaba
con comisión de servicios para adelantar el proceso de presentación de pruebas
para concurso de elección de personero municipal.
• Durvis María Lacouture Vega, contratista desde el 5 de julio hasta el 4 de
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diciembre de 2023 mediante contrato de prestación de servicios profesionales OPS-
160 cuyo objeto era: «contratar un profesional que asesores en la articulación y gestión
de proyectos de inversión, concurso de méritos, convocatorias y licitaciones del orden
nacional e internacional a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad
Popular del Cesar».
160. Lo que da cuenta la anterior certificación expedida por la coordinadora del Grupo de
Gestión de Desarrollo Humano, es que el señor Aldemar Montejo Zapata tiene historia
laboral de vinculación en la UPC, pero que no tenía comisión de servicios para adelantar
el proceso de presentación de pruebas para concurso de elección de personero
municipal.
161. El 5 del mismo mes y año, el procurador regional de instrucción del Cesar realizó
un informe sobre las visitas realizadas donde indicó:
Se establece que el señor ALDEMAR MONTEJO ZAPATA, estuvo como jefe de salón el día
14 de octubre de 2023 en el Municipio de Floridablanca- Santander en horas de la mañana y
Cúcuta- Norte de Santander en horas de la tarde como jefe de salón en la realización de
pruebas para concurso de elección de personero municipal en representación de la
Universidad Popular del Cesar.
162. De conformidad con las pruebas relacionadas, es posible concluir que los señores
Orlando Gregorio Seoanes Lerma y Aldemar Montejo Zapata, funcionarios de la UPC,
fueron los encargados de llevar a cabo la jornada de aplicación de la prueba de
conocimientos realizada el 14 de octubre de 2023 en Floridablanca, independientemente
de que contaran o no con comisión de servicios; además, que existía un protocolo de
cadena de custodia que fue aplicado.
163. No pasa por alto la sección que la UPC certificó con posterioridad al desarrollo de
la prueba de conocimientos, que no tiene constituido ni aprobado un reglamento, banco
de preguntas, protocolo de confidencialidad y seguridad para el desarrollo de concursos
públicos para la selección de personeros; sin embargo, este aspecto se contrapone a lo
verificado en el proceso de selección que culminó con la elección acusada.
164. Además, no se presentaron reclamaciones de participantes sobre la injerencia de
factores externos que mostraran la materialización de un fraude, aparte de la del señor
Luis José Escamilla Moreno relacionada con la temática de las preguntas, y tampoco
existe prueba alguna de manipulación de resultados a consecuencia del mal manejo de
la información, que lleve al desconocimiento de los principios de transparencia,
confidencialidad e integridad de los documentos.
165. Sobre el punto, la sección47 ha considerado que «la falta de reclamaciones dirigidas a
cuestionar la integridad o seguridad de las pruebas practicadas constituye un indicio de que esta
fase se llevó a cabo de conformidad con el carácter reservado que exigió la respectiva
convocatoria».
166. Por lo anterior, tampoco puede accederse a este cargo.
167. En consecuencia, como no prosperaron los argumentos de las apelaciones, se
impone confirmar la sentencia de primera instancia, mediante la cual se negaron las
47
Consejo De Estado, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 27 de enero de 2022, Radicación: 52001-23-33-
000-2020-00982-03.
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pretensiones.
168. Finalmente, advierte la sala que si bien mediante auto del 7 de noviembre de 202448
se confirmó la suspensión provisional del acto acusado en el radicado 2024-00172-00,
por cuanto, se advirtió de manera preliminar la violación de los parámetros de la
convocatoria que se deben observar en el concurso de méritos, en especial, el
acompañamiento de la UPC, de conformidad con el inciso final del artículo 229 de la Ley
1437 de 2011, «la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento», por lo que,
una vez recaudado todo el material probatorio de los cuatro expedientes acumulados, se
pudo advertir que los reparos de los recurrentes no tienen la virtualidad para revocar el
fallo impugnado, como se explicó previamente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de mayo de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de las demandas y levantó
la medida cautelar decretada, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que frente a esta decisión no procede
recurso alguno.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
48
En el radicado 68001-23-33-000-2024-00185-01.
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