Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01255-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01255-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 05001-23-33-000-2023-01255-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
3 de octubre de 2024
Demandantes: Carlos Andrés Echeverri Valencia y otro
Demandado: Hernán Darío Torres Alzate,
Diputado de Antioquia, periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01255-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., tres (03) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01255-01 principal
Demandantes: Carlos Andrés Echeverri Valencia y otro1
Demandado: Hernán Darío Torres Alzate, diputado de Antioquia,
periodo 2024-2027.
Tema: Inhabilidad por parentesco con autoridad prevista en el
artículo 49.6 de la Ley 2200 de 2022. Elementos que la
configuran.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por los
demandantes y el procurador 113 Judicial II Administrativo, contra la sentencia del
21 de mayo de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó
las pretensiones de las demandas.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda con radicado 2023-01255-00
1. El señor Carlos Andrés Echeverri Valencia, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de
2011, presentó demanda con el fin que se declare la nulidad de la elección del
señor Hernán Darío Torres Alzate como diputado de Antioquia, para el periodo
2024-2027.
1.1.1 Hechos
2. El demandante sostuvo lo siguiente:
3. Que el demandado se postuló por el partido Liberal Colombiano a la Asamblea
Departamental de Antioquia, para las elecciones del 29 de octubre de 2023.
4. El 10 de noviembre de 2023, se expidió el formulario E-26 ASA mediante el cual
se declaró la elección del señor Hernán Darío Torres Alzate como diputado de
Antioquia.
5. Dentro de los 12 meses anteriores a la elección referida, la sobrina del
diputado, se desempeñó como contralora auxiliar grado 01, código 053, del nivel
1
El señor Nelson Andrés Escalante Solorza
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Demandantes: Carlos Andrés Echeverri Valencia y otro
Demandado: Hernán Darío Torres Alzate,
Diputado de Antioquia, periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01255-01
directivo de la Contraloría General de Antioquia, empleo desde el que ejerce
autoridad administrativa y civil.
1.1.2 Concepto de la violación
6. El demandante consideró que se transgredieron los artículos 137 de la Ley
1437 de 2011 y 49.6 de la Ley 2200 de 20222. Ello, al asegurar que, en el
presente evento se estructuran los elementos que materializan la inhabilidad
endilgada, como pasa a explicarse:
• Parentesco: la señora Gloria Patricia Castro Torres, quien funge como
contralora auxiliar de recursos naturales y del ambiente, es sobrina del
demandado, significa que se encuentra dentro del tercer grado de
consanguinidad. Aportó registros civiles de nacimiento.
• Temporal: el empleo lo desempeñó desde el 8 al 16 de febrero de 2022 y
nuevamente, desde el 21 de septiembre de 2022 hasta el 1 de enero de 2023.
• Espacial: su designación fue en la misma jurisdicción en la que resultó electo el
demandado, esto es, el departamento de Antioquia.
• Objetivo: ejerció autoridad administrativa conforme lo señala el manual de
funciones, entre otras, la de «Liderar las actividades relacionadas con el
componente ambiental en las etapas de planeación, ejecución y elaboración del
informe de la auditoría asignada, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
Resolución que adapta la guía de auditoría territorial, proceso auditor y demás
documentos asociados».
7. El 15 de enero de 2024, presentó reforma a la demanda en la cual señaló que
la sobrina del señor Torres Alzate ostenta la función de policía judicial, la cual le
da la atribución de investigación o indagación y la práctica de pruebas en el
proceso de responsabilidad fiscal lo que implica ejercicio de autoridad
administrativa y civil.
1.1.3 Actuación procesal
8. Mediante auto del 17 de enero de 2024, se admitió la demanda y se negó la
petición cautelar3.
9. El demandado contestó la demanda a través de apoderado4, en el cual solicitó
se nieguen las pretensiones, en tanto no se encuentran acreditados los elementos
temporal y de autoridad, dado que no hay prueba en el plenario de la condición de
servidora pública de quien se dice es su pariente.
2
Artículo 49. De las inhabilidades de los Diputados. Además de las inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el
Código General Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado: (...) 6. Quien tenga vínculo por
matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con
funcionarios que dentro
de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo departamento; (…).
3
El tribunal señaló: Al respecto el demandante solicitó como pruebas que se oficie a la Registraduría Nacional del Estado
Civil para obtener los respectivos registros civiles de nacimiento que acreditarían el vínculo de parentesco en tercer grado
de consanguinidad entre el señor Hernán Darío Torres Alzate y la señora Gloria Patricia Castro Torres. Así mismo, pide que
se exhorte a la Contraloría General de Antioquia para obtener la certificación e historia laboral de la señora Castro Torres.
Sin la anterior documentación no es posible acreditar el elemento material de parentesco ni los elementos objetivo, modal,
temporal y espacial relacionados con el cargo, tiempo de servicios y las funciones de la señora Castro Torres. En todo caso,
la catalogación del ejercicio de autoridad amerita un pronunciamiento de fondo en la sentencia.
4
Luis Fernando López Gallego, identificado con la CC 1.017.217.812 y TP: 309.492 del CSJ.
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Demandado: Hernán Darío Torres Alzate,
Diputado de Antioquia, periodo 2024-2027
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10. En lo que hace al parentesco, manifestó que el registro civil aportado al
proceso, no se corresponde con el del demandado, ya que la fecha de nacimiento
y de registro allí plasmadas no coinciden, por lo que adujo se trataba de un
homónimo5.
11. Respecto del factor territorial, sostuvo que conforme el parágrafo del artículo
49 de la Ley 2200 de 2022, el legislador estableció el deber de interpretar para
efectos de las inhabilidades allí descritas, que el departamento se refiere como
una entidad pública que comprende sus institutos y entidades descentralizadas, lo
cual no cobija el ente de control, en tanto, la contraloría no hace parte de la
administración pública en ese nivel.
12. El CNE6 solicitó su desvinculación, al considerar que no tiene legitimación en
la presente causa por pasiva.
13. El 9 de febrero de 2024 se admitió la reforma a la demanda.
1.2. La demanda con radicado 2024-00037-00
14. El señor Nelson Andrés Escalante Solorza, actuando en nombre propio
presentó demanda a través del medio de control consagrado en el artículo 139 de
la Ley 1437 de 2011, en la que pretende la nulidad del formulario E-26 ASA del 10
de noviembre de 2023, que contiene la designación democrática del señor Hernán
Darío Torres Alzate como diputado de Antioquia, para el periodo 2024-2027.
1.2.1 Hechos
15. Se exponen en idénticos términos a los del proceso 2023-01255-00.
1.2.2 Concepto de la violación
16. Expuso que con la elección demandada, se desconocieron los artículos 275.5
y 137 de la Ley 1437 de 2011 y 49.6 de la Ley 2200 de 2022.
17. Al igual que en el proceso acumulado, sostuvo que en este caso se materializó
la infracción del régimen de inhabilidades, dado que, la sobrina del elegido
(pariente en tercer grado), ejerció autoridad administrativa, en el departamento de
Antioquia, dentro del año anterior a la elección cuestionada.
18. Frente a su labor en la Contraloría General de Antioquia trajo los empleos que
desempeñó la señora Castro Torres, a saber:
• Contralora Auxiliar de Recursos Naturales y del Ambiente, Código 035, Grado
01, desde el 8 de febrero de 2022 hasta el 16 de febrero de 2022.
• Contralora Auxiliar de Recursos Naturales y del Ambiente (E), Código 035,
Grado 02, desde el 17 de febrero de 2022 hasta el 16 de agosto de 2022.
5
Este argumento lo expuso en el escrito de febrero de 2024.
6
Contestó la demanda a través de la abogada María Angélica Herrera Salcedo, identificada con la CC 1.032.464.627 y la
TP: 396.090 del CSJ.
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• A partir del 17 de agosto de 2022 hasta el 20 de septiembre de 2022 fue
nombrada en propiedad como Contralora Auxiliar de Recursos Naturales y del
Ambiente, Código 35, Grado 2.
• Desde el 21 de septiembre de 2022 hasta el 1° de enero de 2023, como
Contralora Auxiliar de Recursos Naturales y del Ambiente, Código 035, Grado
01.
• Contralora Auxiliar en la Oficina Asesora de Planeación, Código 035, Grado
01, desde el 2 de enero de 2023 y hasta el 13 de diciembre de 2023, fecha en
la que fue declarada INSUBSISTENTE.
19. Dentro de las funciones como contralora auxiliar de recursos naturales, adujo
el demandante, se encuentran las de policía judicial que implican el ejercicio de
autoridad administrativa, conforme lo señala el artículo 10 de la Ley 610 de 2000 y
202.4 de la Ley 906 de 2004.
20. Adicionalmente, para sustentar el ejercicio de la autoridad mencionada,
señaló que:
«De la prueba arrimada, llama poderosamente los documentos que denominado “15.
MEMORANDO DE ASIGNACIÓN N 40” y “16. CALIFICACIONES FUNCIONARIOS DE
LIBRE NOMBRAMIENTO”, entregados por la Contraloría General de Antioquia y
alojados en la plataforma Mercurio. El primero de ellos asigna diecisiete (17) sujetos de
control fiscal (administraciones municipales, empresas de servicios públicos, ESE
hospitales y entidades centralizadas y descentralizadas del orden departamental) a la
sobrina del diputado Hernán Darío Torres Alzate, en su condición de líder de
Contraloría Auxiliar de Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Lo que determina de
manera inequívoca su condición de autoridad administrativa.
Adicionalmente, en comunicación dirigida a la doctora Luz Agueda Cuervo Martínez,
subdirectora administrativa de la Contraloría General de Antioquia, con fecha del 12 de
enero de 2023, con radicado 2023300000139, la sobrina del diputado encartado con
este medio de control, entregó formalmente y a través del Sistema Mercurio, las
calificaciones de los funcionarios de libre nombramiento y remoción adscritos a la
Contraloría Auxiliar de Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Lo que demuestra
adicionalmente el ejercicio de funciones con autoridad administrativa y civil». Sic para
lo trascrito.
1.2.3 Actuaciones procesales
21. El 31 de enero de 2024, se admitió la demanda y se negó la petición cautelar7.
22. La RNEC8 contestó el escrito inicial solicitando que se declaren improcedentes
las pretensiones frente a la entidad.
23. El CNE9 propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
7
Sobre este punto señaló el fallador de instancia que frente al elemento objetivo “el cual va encaminado a determinar si la
señora Gloria Patricia Castro Torres ejerció o no autoridad civil, política, administrativa o militar, considera la Sala, en
consonancia con lo expuesto en la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional, que es un asunto que debe
analizarse en la sentencia que ponga fin a esta instancia, ya que amerita una valoración probatoria concreta y ajustada al
principio de razonabilidad y proporcionalidad, pues no es admisible una valoración genérica o abstracta fundada solo en
consideraciones formales sobre la naturaleza de la entidad o el tipo de funciones asignadas”.
8
A través del abogado Diego Alberto Sepúlveda Argáez, identificado con la CC 15.403.243 y TP: 156.006 del CSJ.
9
A través de la abogada Karen Viviana Romero Palomino, identificada con la CC 1.121.844.966 y TP: 258.749 del CSJ.
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24. El demandado, a través de apoderado10, descorrió el traslado y solicitó se
nieguen sus pretensiones. En lo que hace al parentesco, sostuvo que el registro
civil aportado no es el del demandado, en tanto, se trata de un homónimo porque
las fechas de nacimiento son anteriores a las del diputado, aspecto que impide
demostrar el presente elemento.
25. Del factor territorial manifestó que «la Contraloría General de Antioquia no hace
parte del departamento como entidad pública, ni hace parte de los institutos y entidades
descentralizadas del mismo que funcionen en el respectivo territorio o ejerzan
competencias que involucren a la respectiva entidad territorial como departamento»
conforme lo establece el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, por lo
que no se estructuró esta circunstancia.
26. Frente al ejercicio de autoridad administrativa, analizó las funciones de la
Contraloría Auxiliar de Recursos Naturales y del Ambiente y manifestó que el
propósito del empleo, es ejercer bajo los lineamientos del responsable del área,
las funciones encomendadas, lo que denota una total falta de capacidad de
mando, dado que depende del contralor titular de esa dependencia.
27. En lo que respecta a la atribución de liderar actividades relacionadas con el
componente ambiental en las etapas de planeación, ejecución y elaboración del
informe de la auditoría asignada, indicó que:
«es una función genérica que implica simplemente la consolidación y recopilación de
información que el equipo suministra, bajo la supervisión y aprobación del jefe del área
(contralor titular y superior de los contralores auxiliares). Se aclara que los informes de
auditoría son informes que se realizan con información ya recopilada, asimismo,
siempre están sujetos a la validación, revisión y aprobación del jefe del área o contralor
titular, por lo que la autonomía decisoria de la Sra. Gloria como contralora auxiliar era
restringida, toda vez que dependía en todo momento de lo que su superior jerárquico
considerara, aprobara y decidiera respecto de las labores que le encargaban».
28. De fungir como policía judicial, refirió que no conlleva el ejercicio de mando o
autoridad, toda vez que el apoyo se brinda a un superior que emite la respectiva
orden y bajo unos parámetros previamente establecidos por este, sin que sea
dable al servidor subordinado ejercer la función por iniciativa propia.
29. Sobre el particular, trajo jurisprudencia de la corporación11 para señalar que
aquella emana como un apoyo en una investigación a través de procedimientos
técnicos para recaudar el material probatorio que sea necesario para demostrar la
ocurrencia de una conducta lesiva al ordenamiento jurídico.
30. Finalizó señalando, que en el caso concreto se debe determinar la
probabilidad real de incidencia a través de medios de convicción que determinen
el ejercicio de tales atribuciones por parte de la pariente del demandado.
10
Luis Fernando López Gallego, identificado con la CC 1.017.217.812 y TP: 309.492 del CSJ.
11
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia. (M.P. César Palomino Cortés: marzo 14 de 2019).
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1.3 Trámite acumulado
31. El 29 de febrero de 2024, se ordenó la acumulación de procesos y se
determinó que el radicado principal sería el 2023-01255-00.
32. El 4 de abril de 2024, se saneó el proceso, se decretaron las pruebas legal y
oportunamente allegadas y las solicitadas por las partes. A su turno se fijó el litigio
en los siguientes términos:
«En el caso bajo estudio, se debe establecer si procede declarar la nulidad del acto de
elección contenido en el formulario E–26 ASA del 10 de noviembre de 2023, mediante
el cual se declaró la elección del señor Hernán Darío Torres Alzate como diputado del
departamento de Antioquia para el periodo 2024-2027, por presuntamente haber sido
elegido, a pesar de encontrarse incurso en una causal de inhabilidad por parentesco.
Para lo anterior, deberá determinarse si dicho acto administrativo se encuentra viciado
por la causal de nulidad electoral prevista en el numeral 5° del artículo 275 del CPACA,
en concordancia con el numeral 6° del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, según el
concepto de violación expuesto en la demanda. Especialmente deberá verificarse la
acreditación de los elementos estructuradores de la inhabilidad endilgada, a saber: el
elemento de parentesco, el elemento temporal, el elemento territorial y el elemento
objetivo.
Igualmente se analizará la legitimación en la causa de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, del Consejo Nacional Electoral y del Partido Liberal Colombiano».
33. El 25 de abril de 2024, se celebró la audiencia de pruebas en la que se llevó a
cabo el interrogatorio de parte y el testimonio de los señores Gloria Patricia Castro
Torres, Andrés Felipe Ramírez Rodríguez, María Teresa Pérez Guarnizo, Lina
Tatiana Ochoa Murillo, Fernando Vergara Vélez y Carlos Mario Gómez Ruiz12.
1.3.1 Sentencia apelada
34. El 21 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en su Sala
Tercera de Decisión, dictó sentencia en la que consideró que, en este caso se
acreditó la condición de diputado del demandado13; a su turno, que es pariente en
tercer grado de consanguinidad de la señora Gloria Patricia Castro Torres, de
conformidad con los registros civiles aportados al proceso14.
35. Del ejercicio de autoridad administrativa, señaló que las funciones de
contralora auxiliar, código 035, grado 01, en recursos naturales y del medio
ambiente, dependía de un superior jerárquico.
36. En este empleo, encontró que reposa el memorando de asignación con
radicado 2022300007704 del 18 de octubre de 2022, donde el señor Luis
Fernando Palacio Sánchez, contralor auxiliar grado 2 de recursos naturales y
ambiente, designó a tres personas, entre ellas, a la señora Gloria Patricia Castro
12
Quienes testificaron respecto del conocimiento que tienen, en su calidad de servidores públicos de la Contraloría General
de Antioquia, sobre la estructura de la entidad, el proceso de toma de decisiones al interior de la entidad frente a los
subordinados y/o la sociedad en general y el rol que cumplen los Contralores Auxiliares. Ahora bien, en cuanto a la prueba
testimonial de la señora Gloria Patricia Castro Torres, se le interrogará, además, por el Despacho, sobre su relación o
parentesco con el demandado Hernán Darío Torres Álzate, de conformidad con la prueba de oficio decretada.
13
Con el formulario E-26 ASA del 10 de noviembre de 2023.
14
Proceso 2023-01255 archivo “58REPARTODELPRO_03ANEXOSDEMANDAPDF(.pdf)” pág. 18-19 del índice 00002 de
SAMAI y pág. 37-38 y 68-73 del índice 00018 de SAMAI. Igualmente, ello fue aceptado por el demandado y su sobrina en el
curso de la audiencia de pruebas.
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Torres, para adelantar la actuación especial para la fiscalización de la encuesta de
gestión e inversión ambiental 2022, vigencia 2021; y el seguimiento a las metas
ambientales contempladas en el plan de desarrollo o plan corporativo, para ciertas
entidades centralizadas y descentralizadas del orden departamental; documento
donde, además, se plantea el objetivo general, específico y la metodología de
cómo se desarrollaría la actuación especial de fiscalización.
37. Adicionalmente, el señor Palacio Sánchez señaló que:
«cuando fungió como contralora auxiliar sin personal a cargo en la oficina de recursos
naturales y del ambiente, no tenía autonomía frente a subordinados de la entidad, no
estaba facultada para conferir comisiones, ni licencias no remuneradas, ni decretar
vacaciones o suspenderlas, ni trasladar a los funcionarios subordinados, ni reconocer
horas extras, ni vincular personal supernumerario, ni fijar nueva sede al personal de
planta, ni tomar medidas coercitivas frente a sujetos vigilados de la entidad, no tenía
injerencia en la aprobación del plan de vigilancia y control fiscal territorial diseñado por
la entidad, no participaba en los procedimientos de tipificación de hallazgos, solo
participaba en el área que generaba informes preliminares, no podía tomar decisiones
de forma autónoma o sin autorización de su jefe; finalmente, manifestó que dentro del
manual de funciones de toda la entidad, si existe la de policía judicial, no obstante, es
una función que ejerce o le corresponde es a la contraloría auxiliar de responsabilidad
fiscal y es una potestad que hoy tiene la Contraloría General de la Nación, por lo que la
señora Gloria Patricia Castro Torres nunca ejerció esa función».
38. En el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2023 al 13 de diciembre de
ese mismo año, estuvo en el cargo de contralora auxiliar, código 035, grado 01, en
la oficina asesora de planeación, en cuya dependencia también estaba sometida a
un superior.
39. Quien fungía como jefe inmediato de la señora Castro Torres, en declaración
juramentada sostuvo que las funciones de aquella:
«consistían en realizar trimestralmente la verificación del cumplimiento de los planes
de acción y las metas programadas por parte de las diferentes áreas de la entidad,
además, generar alertas e informes del cumplimiento o no de las metas a su superior
jerárquico; que la señora Gloria Castro no tenía personal a cargo, no realizaba
actuaciones que tuvieran injerencia directamente con la comunidad, no tenía poder de
decisión en ninguna de sus funciones, no tenía ni desempeñaba funciones de
auditorías ni de control ni vigilancia fiscal, no tenía competencias para investigar y
sancionar faltas disciplinarias, no tenía autonomía decisoria frente a los funcionarios
internos de la entidad ni de terceros, …».
40. Por lo anterior, el fallador de instancia concluyó que la sobrina del demandado
no tuvo funciones propias que implicaran el ejercicio de autoridad administrativa,
en tanto no tenía potestad de mando ni facultad decisoria al depender de un
superior jerárquico.
41. Al no encontrar acreditado el elemento modal de la inhabilidad endilgada,
negó las pretensiones de la demanda.
42. Finalmente, expuso que, al no prosperar el medio de control, no se
pronunciaría sobre las excepciones propuestas por la RNEC y el CNE.
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1.3 Recursos de apelación
43. El procurador 113 Judicial II Administrativo recurrió el fallo de instancia,
sobre los siguientes argumentos:
44. Alegó que en este caso se encuentran probados y con ello, se estructuran
todos los elementos que configuran la inhabilidad endilgada al demandado, en
tanto: i) es diputado, ii) se demostró el parentesco en tercer grado con la señora
Gloria Patricia Castro Torres, a través de los respectivos registros civiles, iii) la
sobrina del elegido es funcionaria pública de conformidad con el certificado
202300006379 del 18 de diciembre de 2023, en el que consta que lo fue desde el
8 de febrero de 2022 hasta el 13 de diciembre de 2023 y, iv) durante el lapso en
que prestó sus servicios en la Contraloría General del Antioquia ejerció funciones
que denotan la autoridad reprochada.
45. Respecto de este último elemento, sostuvo que:
«En sentir de este Agente del Ministerio Público la señora Gloria Patricia Castro Torres,
en el ejercicio de los cargos de Contralora Auxiliar en la Contraloría Auxiliar de
Recursos Naturales y del Ambiente, y en la en la Oficina Asesora de Planeación, SÍ
ejerció funciones que implican el ejercicio de autoridad administrativa, las cuales se
encuentran contenidas en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 14 del manual de
funciones del cargo denominado Contralor Auxiliar en la Contraloría Auxiliar de
Recursos Naturales y del Ambiente y consistentes en: i) Dirigir conjuntamente con los
responsables del proceso auditor los temas o asuntos a auditar para ser considerados
dentro del Plan de Vigilancia y Control fiscal Territorial de la respectiva vigencia, ii)
Gestionar las actuaciones relacionadas con los viáticos de los funcionarios que se
desplazan a los diferentes municipios para ejecutar las diferentes auditorías, iii)
Preparar el informe de costos de todas las comisiones de auditoría para enviar a la
Dependencia encargada del respectivo análisis, iv) Ejercer funciones de policía judicial,
v) Reportar los beneficios de control fiscal alcanzados en desarrollo del proceso
auditor, vi) Organizar el equipo de auditoria en el componente ambiental y suministrar
apoyo técnico y funcional de acuerdo con los procedimientos establecidos en la guía
de auditoría territorial, proceso auditor y demás documentos asociados, vii) Presidir o
liderar las mesas de trabajo y participar en la solución de las controversias técnicas de
su competencia que surja en desarrollo del proceso auditor, viii) Garantizar el oportuno
traslado de los hallazgos generados en las auditorias de cumplimiento ambiental, ix)
Liderar la ejecución del trámite pertinente para la atención de las denuncias
presentadas por el ciudadano contra los entes vigilados en temas o asuntos
ambientales, x) Orientar a los funcionarios en el ejercicio de las funciones de policía
judicial y ejercer las que le correspondan». Sic para lo trascrito.
46. Adicionó a su argumento, que los empleos desempeñados por la señora
Gloria Patricia son del nivel directivo, lo que comprende funciones de dirección
general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes,
programas y proyectos, lo que a juicio del recurrente se enmarca en la autoridad
que contempla el artículo 190 de la Ley 136 de 1994.
47. Denotó que, con las pruebas arrimadas oportunamente al proceso, se mostró
que la funcionaria de la contraloría, en el marco de sus atribuciones, se le otorgó:
«i) reconocimiento de incentivo de un (1) día, de acuerdo al decreto Nacional 1615 de
2021 del Ministerio del Interior, ii) solicitud de iniciar un proceso administrativo
sancionatorio fiscal contra un gerente de una E.S.E., iii) solicitud de iniciar un proceso
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administrativo sancionatorio fiscal contra un subgerente de una E.S.E., iv) informa
sobre una incapacidad de un funcionario, v) memorandos de asignación de una
actuación especial de fiscalización del componente ambiental vi) solicitud de incentivo
de por participación electoral vii) encuestas de satisfacción ambiental, viii) solicitud de
interrupción de vacaciones de un funcionario a su cargo ix) informe del estado de los
recursos naturales del ambiente 2022, x) calificaciones de funcionarios de libre
nombramiento, xi) solicitud de un de apoyo en proceso de responsabilidad fiscal o de
apoyo, xii) informe preliminar y notificación de la actuación especial de fiscalización de
la encuesta de gestión en inversión ambiental 2022, xiii) autoriza prórroga de la entrega
de información, xiv) actuación especial de fiscalización a la encuesta de gestión en
inversión ambiental 2022». Sic para lo trascrito.
48. Por lo anterior, consideró que se debe revocar la decisión de primera
instancia, en tanto, se encuentra demostrado el ejercicio de autoridad
administrativa.
49. El señor Carlos Andrés Echeverri Valencia, en su condición de
demandante, apeló la sentencia del 21 de mayo de 2024, al considerar que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en su Sala Tercera de Decisión, negó las
pretensiones bajo el supuesto que los empleos desempeñados por la señora
Gloria Patricia no tenían relación alguna con sujetos de control o entidades
externas; pues no eran cargos con poder de mando ni con la facultad decisoria al
depender de un jefe inmediato.
50. Sobre este hecho, señaló que el a quo se centró a verificar si dentro del
manual de funciones de la señora Gloria Patricia Castro se encontraba alguna que
se enmarcara en el ejercicio de autoridad administrativa; no obstante, no analizó lo
concerniente a la autoridad civil, la cual se concreta, en este caso, en la función de
policía judicial que ostenta.
51. Reprochó que se le diera un mayor valor probatorio a los testimonios de
quienes intervinieron en el proceso, sobre los actos administrativos que señalan
con claridad las facultades que ostentaba la pariente del demandado en la
Contraloría General de Antioquia, siendo claro que en esta última se estipula las
funciones que aquella desempeñó, sin que pueda señalarse de ellas que eran de
simple trámite o de «llenar formatos».
52. Señaló que se perdió de vista que «el radicado 20223000007704 de 18 de octubre
de 2022 si demostraba su interacción con los sujetos de control en todo Antioquia. Este
memorando No. 40, si bien se expidió antes de la conducta impediente, el plazo de
ejecución de la actividad era entre 29 de octubre y 19 de diciembre de 2022;
precisamente la fecha de la inhabilidad».
53. Describió el mencionado memorando y resaltó de este, que fue expedido por
el contralor auxiliar de Recursos Naturales y Ambiente, para la señora Castro
Torres, como líder de auditoría a: i) los municipios de Jericó, Ciudad Bolívar,
Pueblorrico, Sabaneta y Urrao, ii) empresas de servicios públicos de Tarso, Urrao,
Valparaíso, Venecia, iii) ESE de Montebello, Pueblorrico, Sabaneta, Salgar y
Santa Bárbara y, iv) entidades centralizadas y descentralizadas del orden
departamental, como la gerencia de Servicios Públicos del departamento, la
Universidad de Antioquia y Fábrica de Licores de ese ente territorial.
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54. En ese acto, se señaló que la actuación especial de fiscalización es una
acción de vigilancia y control breve en la que un funcionario o equipo de trabajo
aborda la investigación de un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la
Contraloría General de Antioquia por cualquier medio de comunicación.
55. El objetivo que se planteó en dicho memorando fue el de evaluar la gestión e
inversión ambiental a través de la información rendida en la encuesta que lleva el
mismo nombre, en los términos y condiciones contemplados en el capítulo 9 de la
Resolución 2020500001775 del 27 de octubre de 2021.
56. Alegó que la metodología allí impuesta, debe seguir en su desarrollo los
lineamientos emitidos por la Contraloría General de Antioquia, esto es, evaluar i) la
gestión ambiental para las entidades centralizadas y descentralizadas del orden
departamental y, ii) el cumplimiento de las metas ambientales en el Plan de
desarrollo en cumplimiento del artículo 2 de la Ley 152 de 1994.
57. A juicio del actor, estas actividades se enmarcan en el ejercicio de autoridad
civil dejado de analizar por el fallador de primera instancia.
58. Adicional, en su empleo de contralora auxiliar con funciones en la Contraloría
de Recursos Naturales y del Ambiente, (entre el 8 al 16 de febrero de 2022 y 21
de septiembre de 2022 al 01 de enero de 2023) tuvo como atribuciones las
contenidas en el manual, resaltando de este las siguientes:
• Liderar las actividades relacionadas con el componente ambiental en las
etapas de planeación, ejecución y elaboración del informe de la auditoría
asignada, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Resolución
que adapta la guía de auditoría territorial, proceso auditor y demás
documentos asociados.
• Suscribir las comunicaciones oficiales de solicitud de información.
• Coordinar y garantizar el registro de la información de las auditorías en que
participa, en el sistema de información misional.
• Ejecutar el trámite pertinente para la atención de las denuncias presentadas
por el ciudadano contra los entes vigilados.
• Ejercer funciones de policía judicial.
59. Frente al cargo de contralora auxiliar con funciones en la oficina Asesora
Jurídica de Planeación, resaltó del manual de funciones las que se trascriben a
continuación:
• Coordinar, participar, ejecutar y velar por el cumplimiento de las leyes,
normas, procedimientos, planes, programas y proyectos de la entidad y
recomendar los ajustes necesarios.
• Coordinar y participar en la ejecución de las asesorías para la formulación,
implementación, ejecución y seguimiento del sistema de gestión
institucional de la entidad.
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• Coordinar y participar en la elaboración del Plan Estratégico Corporativo,
planes de acción y plan general de auditorías.
• Coordinar y participar en la planeación, ejecución, evaluación y
mejoramiento del sistema de medición institucional.
• Formular y realizar propuestas para mejorar el sistema de gestión
institucional.
• Coordinar la rendición de la cuenta a la Auditoría General de la República
en lo que compete a la oficina Asesora de Planeación.
• Cumplir las demás funciones encomendadas de acuerdo a la naturaleza del
cargo.
60. Con todo, trajo consigo antecedentes de las Secciones Primera15 y Quinta16
del Consejo de Estado, para señalar que no se requiere el ejercicio material de la
función, sino que el hecho de detentarla resulta suficiente para incurrir en la
inhabilidad alegada.
61. El demandante Nelson Andrés Escalante Solorza, a través de apoderado17,
solicitó se revoque el fallo de instancia bajo consideraciones similares a las
expuestas por el señor Carlos Andrés Echeverri Valencia.
62. Adicionó frente al memorando de asignación 040, del 18 de octubre de 2022,
que la actuación especial de fiscalización es una acción de vigilancia y control
fiscal breve en la que un funcionario o equipo de trabajo aborda la investigación de
un hecho o asunto que llegue al conocimiento de la Contraloría General de
Antioquia por cualquier medio de comunicación o denuncia ciudadana y que
adquiere la connotación fiscal por su posible afectación al patrimonio público y/o
ambiental.
63. En torno a ello, consideró que «Una auditoría en las contralorías corresponde a la
visita a la entidad, o trabajo de campo, que realizan los auditores para revisar los
diferentes documentos que soportan el área a revisar, tales como contratos, estudios
previos, ejecuciones presupuestales, informes contables, etc».
64. Entonces al ser la pariente del demandado la líder del equipo en la unidad
ambiental, debía velar por la oportunidad en la ejecución y registro de actividades
a cargo de su grupo para reportar los beneficios de la auditoría, resultados que se
originaban en el marco de sus observaciones y hallazgos.
65. Adujo que el manual de funciones le obligaba a liderar las actividades
relacionadas con el componente ambiental en las etapas de planeación, ejecución
y elaboración del informe de auditoría asignada de acuerdo con los procedimientos
15
Sección Primera, radicación 05001-23-33-000-2021-01485-032, M.P. Hernando Sánchez Sánchez en sentencia del 5 de
mayo de 2023, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de
2017, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 440012331001201600055-01, Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de noviembre de 2022, M.P. Hernando
Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 0500012333000202200814-01.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. MP: Alberto Yepes Barreiro. Bogotá D.C., seis
(06) de mayo de dos mil trece (2013). Radicación número: 17001- 23-31-000-2011-00637-01. Actor: Pilar Rosario Ruiz
Castaño y otro. Demandado: gobernador del departamento de Caldas, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 22 de julio de 2021. M.P. Rocío Araújo Oñate (E), número único de radicación
05001-23-33-000-2019- 02965-01.
17
Abogado Carlos Mario García Restrepo, identificado con la CC 70.810.942 y la TP: 52.447 del CSJ
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establecidos en la resolución que adapta la guía de auditoría territorial, proceso
auditor y demás documentos asociados.
66. Afirmó que «este control fiscal, sería inoperante sino se dotará a las contralorías de
herramientas que permitieran una investigación eficaz, veraz y oportuna. Es por eso que
se contempla legal y reglamentariamente la asignación de funciones de policía judicial,
que dicho sea de paso NO LA TIENEN TODOS LOS CONTRALORES AUXILIARES en la
Contraloría General de Antioquia, por ejemplo los contralores auxiliares, Código 35, Grado
01, de la Oficina Asesora de Planeación no tienen la posibilidad reglamentaria de ejercer
funciones policía judicial, por la naturaleza misma de esta unidad, por el contrario en el
área de recursos naturales y del ambiente está perfectamente señalada y reposa en
cabeza de los contralores auxiliares».
67. Para el demandante, el ejercicio de funciones de policía judicial conlleva el
ejercicio de autoridad civil, por cuanto la Ley 610 de 2000 dotó a quienes se
encuentran investidos de ella la potestad de investigación o indagación (arts. 268
de la CP, 10 Ley 610 de 2000 y 202 de la Ley 906 de 2004).
68. Frente al concepto de policía judicial sostuvo:
«Que estas facultades de policía judicial y en especial desde la expedición de la ley
610 de 2000, son transversales a las actuaciones administrativas que adelantan las
contralorías para buscar el resarcimiento del patrimonio público. Es decir, a la
indagación preliminar y proceso de responsabilidad fiscal, que incluye la búsqueda de
bienes para hacer efectivas las medidas cautelares dictadas en busca de la reparación
del daño al patrimonio público. Inclusive las pruebas recaudadas en ejercicio de estas
facultades pueden ser trasladadas a otras investigaciones que buscan establecer
diferentes tipos de responsabilidad tanto judiciales como administrativas (Ojeda, 2008.
pp. 73-74; Amaya, 2002. pp. 551 -513).
(…), en el marco de un análisis de la reforma del control fiscal del decreto ley 403 de
2020, señalan que estas herramientas de policía judicial para el control fiscal sirven
para recaudar pruebas de manera simultánea e inmediata, lo cual evita que las mismas
se pierdan y dejen de ser utilizadas en la acreditación del daño al patrimonio público.
Lo anterior partiendo de, que las potestades del servidor público para buscar el
resarcimiento de los recursos del erario en el seno de un Estado guiado por el principio
de separación de poderes no son arbitrarias, se dan en un sistema de pesos y
contrapesos, de potestades Estatales limitadas por el legislador. Incluso, en gracia de
discusión hay autores, que predican que pueden, bajo esta potestad de policía judicial,
limitar o restringir derechos fundamentales de manera excepcional. Pero aún sin que
se limiten o restrinjan derechos fundamentales, el ejercicio de policía judicial, como la
posibilidad de ordenar, decretar y practicar pruebas dentro de una pesquisa o auditoria
fiscal, es sin lugar a dudas una autoridad civil, que evita que se burle ese averiguatorio
fiscal, incluyendo el tema ambiental» (sic a lo trascrito).
69. Insistió que esa atribución puede ser ejercida en las etapas de auditoría,
siempre y cuando se cumpla en ejercicio de la Ley 1474 de 2011, así como en las
de indagación o investigación de hechos constitutivos de responsabilidad fiscal. El
ejercicio de las funciones de policía judicial para el control fiscal se rige, entre
otros, por lo señalado en la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), en
cuanto resulte compatible con la naturaleza de la acción de responsabilidad fiscal,
estructurada como una actuación de carácter inquisitivo en la cual rige el principio
de permanencia de la prueba.
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70. Alegó que esta investidura otorga la facultad de iniciar averiguación previa
fiscal18 en el lugar de los hechos, con el objeto de asegurar la prueba, ordenando y
practicando las que se consideren necesarias, particularmente en desarrollo de las
auditorías que se adelantan en la fase de vigilancia fiscal. En esta etapa la policía
judicial fiscal puede ordenar y practicar pruebas sin providencia judicial que la
autorice, pues se trata de actos de aseguramiento. Los medios probatorios
recaudados y asegurados por los servidores en dicho escenario, tendrán pleno
valor en el proceso de responsabilidad fiscal y en otras actuaciones, conforme a lo
señalado en los artículos 271 de la Constitución Política y 315 de la Ley 600 de
2000.19
71. Reprochó que el fallador de primera instancia le diera más valor al testimonio
del señor Carlos Mario Gómez Ruiz, sobre las funciones que desempeñaba la
contralora Auxiliar, Código 35, Grado 01, del área de Recursos Naturales y del
Ambiente, Gloria Patricia Castro Torres desde el 21 de septiembre de 2022 hasta
el 1° de enero de 2023, por encima del manual de funciones en donde se advierte
claramente que aquella es del nivel directivo y desde su empleo ejerció autoridad.
72. Mediante auto del 5 de junio de 2024, el a quo concedió el recurso y ordenó el
envío del expediente a la presente Corporación.
1.7 Actuación de segunda instancia
73. Por auto del 3 de julio de 2024, se admitió el recurso de apelación, y se
ordenó correr traslado a los sujetos procesales y al Ministerio Público, quienes
intervinieron en el siguiente orden:
74. El señor Nelson Andrés Escalante Solorza reiteró los aspectos legales y
jurisprudenciales de su alzada.
75. El demandado, a través de apoderado, solicitó se confirme la decisión de
instancia. Para ello, señaló que mientras su sobrina ejerció como contralora
auxiliar Grado 01 en recursos naturales y de planeación, no tuvo personal a cargo.
76. A su turno, señaló que en ejercicio del cargo no tuvo poder de mando ni tenía
la posibilidad de obligar al acatamiento de los particulares en caso de
desobediencia porque no tenía poder de compulsión o coacción por medio de la
fuerza pública; tampoco podía nombrar y remover libremente los empleados de su
dependencia, ni tenía delegación para hacerlo, tampoco era ordenadora del gasto,
ni tenía autonomía decisoria.
77. Adicionó que: «La Sra. Gloria Patricia no podía ejercer ningún acto de autoridad, la
estructura de la Contraloría General de Antioquia impedía que esta pudiera tomar
decisiones frente a los servidores de la entidad, entidades auditadas o la sociedad en
general, toda vez que las decisiones nunca dependían de su autonomía sino que
dependían de un superior jerárquico representado en el jefe del área (Contralor Auxiliar
Grado 02 con personal a cargo) o del supervisor designado (Profesional Universitario
de carrera)».
18
Indagación preliminar en el marco de la norma fiscal.
19
Concepto extraído del manual de policía judicial versión 2
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78. En lo que hace a la función de policía judicial, sostuvo que, a pesar de estar
nominada de manera genérica en todos los manuales de funciones de todos los
contralores auxiliares grado 01 de la Contraloría General de Antioquia, ella no se
ejecutó, dado que, sólo se ejerce por los funcionarios que realizan investigación y
sanción de procesos de responsabilidad fiscal, atribución que no ostentaba la
señora Gloria Patricia.
79. Sobre el memorando de asignación 40, indicó que no demuestra ningún grado
de autoridad o autonomía decisoria, toda vez que no le otorgaba ningún tipo de
autoridad a la funcionaria, por el contrario, quedó probado que por virtud de dicho
acto no asume ningún rol de mando respecto de subordinados de la entidad,
terceros o la sociedad en general, pues no podía tomar decisiones de forma
autónoma o con la fuerza de la coerción, toda vez que su rol era operativo y de
consolidación de información, que era revisada y aprobada en un primer momento
por un supervisor designado y en otro momento por el superior jerárquico.
80. Adicionalmente, según la Guía de Auditoría Territorial establece que el rol que
cumplía la señora Gloria era apoyar técnica y funcionalmente a los integrantes del
equipo de auditoría en el cumplimiento de los objetivos de la asignación de
actividades, el Plan de Trabajo, los cronogramas y programas de auditoría, sin que
implicara poder de mando al ser una labor operativa y de consolidación de
informes, al punto que la misma guía establece que en caso de controversias
entre el equipo asignado, quien decide siempre y en última instancia es el jefe o
superior jerárquico del área que es el Contralor Auxiliar grado 02.
81. El procurador 113 Judicial II Administrativo presentó alegatos en el mismo
sentido de su recurso de apelación.
82. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado no intervino.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
83. La Sala es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los
artículos 15020 y 152.7 a)21 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2.2. Cuestión previa
84. La Sala advierte que en este caso, el fallador de primera instancia dejó de
resolver la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por
el CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
20
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
21
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…) de los diputados de las asambleas
departamnetales (…)»
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85. Frente al CNE, este señaló que la organización de los certámenes electorales
recae en la Registraduría Nacional del Estado Civil, razón por la cual, no tiene
injerencia en el presente asunto.
86. Respecto a este punto, la Sección Quinta en reciente pronunciamiento
determinó que22 resultaba necesaria su vinculación de conformidad con el artículo
277 de la Ley 1437 de 2011. En este orden de ideas, se declarará no probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Consejo
Nacional Electoral.
87. Ahora, en lo que hace a la RNEC, la jurisprudencia de esta Sección ha
señalado que dicha entidad funge como secretaria de la comisión escrutadora,
pero es a través de los delegados del CNE que se declara la elección en el
formulario E-26 ASA.
88. Sobre este particular, las decisiones de la sala han sido consistentes23 en la
materialización de esa excepción cuando el problema jurídico a resolver no se
centra en el marco de sus funciones como órgano encargado de la dirección y
organización de las elecciones, como ocurre cuando se demanda por causales
subjetivas. Así las cosas, se declarará probada la petición estudiada.
2.3. Problema jurídico
89. La controversia en este proceso se circunscribe a determinar si, de acuerdo
con los argumentos expuestos en las apelaciones, hay lugar a confirmar, modificar
o revocar la sentencia de primera instancia. En ese orden de ideas, la Sala se
limitará a estudiar si el negar las pretensiones de la demanda, por no encontrar
acreditado el elemento objetivo de la inhabilidad analizada, se encuentra acorde
con lo probado en el caso concreto.
90. Para el efecto, la Sala: i) hará referencia a la presente causal de anulación del
acto de elección; y (ii) se pronunciará sobre el caso concreto.
2.3.1 Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular24
91. Buena parte del principio democrático, descansa en las garantías que tienen
los ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como
acceder a los cargos de elección popular, en condiciones de igualdad y
transparencia, según lo disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El
derecho a la participación política, específicamente, ha sido erigido como derecho
fundamental, tal como se desprende de varios pronunciamientos de la Corte
Constitucional. En tal sentido, ha expresado este alto tribunal:
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 5 de septiembre de 2024, M.P:
Pedro Pablo Vanegas Gil, Radicado: 68001-23-33-000-2024-00010-02.
23
Sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva de la RNEC en procesos de nulidad electoral por causales
subjetivas, entre otras providencias, ver del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto
del 26 de octubre de 2022, expediente 11001-03-28-000-2022-00269-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 8 de
abril de 2021, expediente 85001-23-33-000-2019-00184-01, del mismo magistrado ponente.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez
Parra, Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
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«Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y
dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los
derechos fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la
dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la
autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la
consecución de un orden justo».25
92. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el
interés general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el
acceso de las personas a la función pública26. Dentro de estas limitaciones
encontramos el régimen de inhabilidades, como restricciones que tienen como
finalidad «garantizar que a los cargos de elección popular se presenten personas
probas y carentes de antecedentes negativos en punto a su idoneidad y
honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio por cuenta de
vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral»27.
93. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha
señalado que el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la
moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes
van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, garantizando de esta
forma la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los
personales del aspirante»28. Así mismo, en la realización del principio
democrático29 esta Sala ha reconocido que estos regímenes tienen como finalidad
«prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se deben
desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones personales de los
aspirantes»30. También, ha indicado la jurisprudencia:
«(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función
pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la
comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de
dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a
los generales de la comunidad»31.
94. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis,
situaciones o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser
candidato32, que unas veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la
condena a pena privativa de la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que
debe guiar la contienda política, como las que tienen que ver con el ejercicio de
autoridad o la celebración de contratos por parte del candidato antes de las
elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio democrático.
25
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-
00087-03(IJ).
28
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
29
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
30
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016
31
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
32
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya
verificación le impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en
términos prácticos, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas
condiciones expresas en normas que definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad.
2019-00926).
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2.3.2 La norma que consagra la causal de inhabilidad invocada
95. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 2200 de 2022, dispuso para los diputados la siguiente causal:
Artículo 49. Además de las inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el
Código General Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido
diputado: (…)
6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer
grado de consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con funcionarios que
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil,
política, administrativa o militar en el respectivo departamento; (…)
96. La Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección33 han acudido, «para
efectos de precisar los elementos que caracterizan este poder (…) no con
carácter analógico sino a título de referente conceptual»34, a la definición de
dirección administrativa plasmada en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 que en
su tenor literal dispone:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los
secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes
de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas
especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal
o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal
supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan
parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan
facultades para investigar las faltas disciplinarias.
97. La Sección Quinta del Consejo de Estado35 ha aceptado que a la noción de
autoridad administrativa puede arribarse a través de un criterio funcional que, a
partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita
obtener la certeza que el titular de la función detenta la autonomía decisoria
requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de
desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio
de la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes
de mando.
98. Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 200536,
mediante la cual esta Sala dispuso:
33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800. M.P. Susana Buitrago
Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia Sentencia de 19 de marzo de 2009.
34
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). M.P. Susana
Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.
35
En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Auto de 1° de octubre de 2020.
36
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-31-000-2003-01299-
02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
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Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa
por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican dirección
administrativa, por ser ésta es una manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo al
segundo, será posible concluir que las funciones propias de un determinado cargo
implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que de dichas
atribuciones haga el juzgador en el caso concreto. (Negrilla fuera de texto)
99. Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia37 ha admitido que
comportan autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:
• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de
vacaciones y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una
nueva sede al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas
disciplinarias.
100. Sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que
implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y
cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí
referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad
decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines
esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo
ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:
[…] aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La
autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de
una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener
esa importancia.38 (Negrilla y subrayas fuera de texto)
101. Es menester recordar que la inhabilidad prevista en la ley supone la
configuración de cuatro elementos, a saber: (i) el vínculo por matrimonio o unión
permanente o parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad
o único civil -elemento personal-, (ii) con un funcionario que ejerce autoridad civil,
política, administrativa o militar -elemento objetivo-, (iii) durante los 12 meses
anteriores a la elección -elemento temporal-, (iv) en el respectivo departamento
por el cual se inscribe el candidato a la asamblea -elemento espacial o territorial-.
102. Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en
todo caso se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se
presenten de manera concurrente y, de no ser así, se entenderá que no se
materializó el cargo de nulidad planteado.
37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. M.P.
Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.
38
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-025). M.P.
Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
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103. Respecto de la autoridad civil, fue definida por la Ley 136 de 1994, de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado
oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:
1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta Ley,
que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de
la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.
2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por
delegación.
3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.
104. En decisión del 2011, la Sala Plena de la Sala de lo Contencioso Administrativo
de esta corporación, en sentencia de unificación, de manera clara señaló que, más allá
del contenido normativo derivado del citado artículo 188 de la Ley 136 de 1994, lo
cierto es que la autoridad civil refiere a “la potestad de dirección y/o mando que tiene
un funcionario sobre los ciudadanos, lo que se refleja en la posibilidad –no necesariamente
en el ejercicio efectivo- de impartir órdenes, instrucciones, o de adoptar medidas coercitivas,
bien de carácter general o particular, de obligatorio acatamiento para éstos.”39 (énfasis de la
Sala)
105. En el mismo fallo, se indicó:
“En tal sentido, la autoridad civil suele expresarse a través de i) la toma de decisiones, o
su injerencia efectiva en ellas, o ii) de la ejecución de las mismas. Las primeras deben
denotar la idea de mando, poder, dirección, coordinación y control que se tiene sobre los
ciudadanos, los bienes que posee o administra el Estado, o sobre los sectores sociales y
económicos; pero no se trata de cualquier clase de decisión -las cuales adopta, incluso,
un funcionario del nivel operativo de una organización, en la labor diaria que tiene a
cargo-, sino de aquella que determinan originariamente el modo de obrar mismo del
Estado. La segunda supone la realización práctica de las tareas que desarrolla la entidad,
y su puesta en práctica demuestra el control que se tiene sobre la administración, los
funcionarios y los ciudadanos destinatarios de las políticas que se trazan desde un vértice
de la administración pública.”40 (énfasis de la Sala)
106. Así mismo, se señaló que:
“(…) también precisa la Sala que la ‘autoridad civil’ tampoco es el género que
comprende a la ‘autoridad administrativa’, o lo que es igual, ésta no es una especie de
aquélla; pues si bien es cierto que las diferencias entre ambas son difíciles de establecer
y apreciar, ello no justifica que se confundan, pues, de ser así, se corre el riesgo de anular
uno de dichos conceptos, pese a que en nuestra Constitución Política se usan claramente
de manera autónoma.” (énfasis de la Sala)
107. Con base en el breve recuento jurisprudencial anterior, se debe señalar que la
Sala Especializada en materia electoral acogió la postura de la Sala Plena antes
señalada, en decisiones posteriores a la adopción de esta41. Así las cosas, se puede
observar en fallo del 7 de febrero del 201942, se indicó a forma de conclusión:
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 2008, exp. 11001-03-15-
000-2007-00287-00- MP Enrique Gil Botero, reiterado en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de
febrero de 2011, exp. 11001-03-15-000-2010-01055-00 (PI)- MP Enrique Gil Botero.
40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 2008, exp. 11001-03-15-
000-2007-00287-00- MP Enrique Gil Botero, reiterado en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 15 de
febrero de 2011, exp. 11001-03-15-000-2010-01055-00 (PI)- MP Enrique Gil Botero.
41
Al respecto consultar, entre otros: Consejo de Estado, sentencia del 4 de agosto de 2016, radicación 54001-23-33-000-
2016-00008-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, sentencia del 9 de abril de 2015, radicación 11001-03-
28-000-2014-00061-00 MP. Susana Buitrago Valencia; Consejo de Estado, sentencia del 12 de marzo de 2015, radicación
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Conforme a lo antes expuesto, y a modo de conclusión debe señalarse que la autoridad
civil no se agota en los eventos regulados en la Ley 136 de 1994, sino que puede
entenderse como la facultad que tiene el funcionario público de desempeñar actos de
poder, control o dirección sobre los ciudadanos o los bienes del Estado a través del
cual no solo cumple la función pública que le fue encomendada, sino que determina el
obrar mismo del Estado.
En otras palabras, la autoridad civil se entiende como aquella potestad de dirección o
mando que tiene determinado servidor público sobre los civiles o particulares, la cual
puede hacer cumplir incluso recurriendo a la coacción, esto es, incluso contra la voluntad
de los mismos, y que es diametralmente distinta a la autoridad administrativa.” (énfasis de
la Sala).
2.4. Caso concreto
108. Sobre el presente asunto, se tiene que la controversia gira en torno a la
determinación de la concreción del elemento objetivo, por ello, se analizarán los
recursos de apelación con base en las argumentaciones expuestas por los
apelantes relativas a: i) si el fallador de primera instancia no analizó que la
pariente del demandado ejerció autoridad civil, ii) que conforme el manual de
funciones la pariente del demandado ejerció autoridad administrativa y civil, iii) que
el empleo desempeñado por la señora Castro Torres al ser directivo, se encuadra
en la clase de autoridad que contempla el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, iv)
que el hecho de reconocer incentivos, iniciar procesos sancionatorios
administrativo, entre otros, es constitutivo del ejercicio de la autoridad prohibida
(memorando 040), v) indebida valoración probatoria por dar mayor preponderancia
a los testimonios que a las pruebas documentales, vi) ejerce autoridad civil por el
hecho de ostentar la función de policía judicial.
2.4.1 El fallador de instancia no analizó si las funciones de la demandada se
enmarcan en la autoridad civil conforme lo expuesto en la demanda
109. Sobre este particular, adujo la parte actora que el fallador de instancia se
limitó a estudiar el elemento objetivo de la inhabilidad únicamente en lo que refiere
al ejercicio de autoridad administrativa, cuando lo propuesto desde la demanda, se
señaló que este se estructuraba no solo por aquella, también desde la perspectiva
civil.
110. Para determinar si en efecto frente a este aspecto no hubo pronunciamiento
en el fallo impugnado, la sala analizará la demanda, la fijación del litigio y la
sentencia de primera instancia, para determinar si fue un cargo propuesto y por
ello ameritaba ser resuelto.
111. En caso de ser afirmativa la omisión en el pronunciamiento, se valorará al
momento de analizar los fundamentos de la apelación que se encuentran en los
siguientes capítulos.
11001-03-28-000-2014-00019-00 MP. Susana Buitrago Valencia; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015 radicado Nº 11001-03-28-000-2014-00045-00 MP. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, sentencia
del 15 de diciembre de 2014, radicación 11001-03-28-000-2014-00047-00 MP. Susana Buitrago Valencia.
42
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 7 de febrero del 2019.
Radicación 11001-03-28-000-2018-00048-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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112. En la demanda, el señor Carlos Andrés Echeverri Valencia, el 12 de
diciembre de 2023, solicitó la nulidad del acto de elección del diputado Hernán
Darío Torres Alzate, por la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 49.6 de
la Ley 2200 de 2022, haciendo especial énfasis en el ejercicio de autoridad
administrativa y no en la civil.
113. De ello da cuenta el fundamento jurídico que trajo en su demanda, en el cual
se cita jurisprudencia sobre la autoridad administrativa y, a su turno, desarrolla
este concepto contrastándolo con el manual de funciones, carga argumentativa
que no se aprecia de la civil.
114. No obstante, el 15 de enero de 2024, presentó reforma a la demanda43 en la
cual señaló que la sobrina del señor Torres Alzate ostenta la función de policía
judicial, la cual le da la atribución de investigación o indagación y la práctica de
pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal lo que «implica autoridad
administrativa y civil, en la medida que coordina, ejecuta, recauda pruebas, investiga a los
particulares y a servidores públicos, puede hacer sus decisiones, siempre que estén
enmarcadas en el ejercicio del control».
115. En lo que hace a la demanda del señor Nelson Andrés Escalante Solorza, la
misma señala textualmente: «El numeral 6, del artículo 49 de la ley 2200 de 2022,
condiciona la inhabilidad a que el pariente haya ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo departamento. No entraré a analizar las
definiciones de autoridad política y militar, por considerar, que de entrada se deben
descartar para la presente acción contenciosa administrativa ahora denominada medio de
control y en consecuencia me limitaré a señalar que la señora GLORIA PATRICIA
CASTRO TORRES ejerció autoridad administrativa desde el cargo que ocupó en la
Contraloría General de Antioquia, afirmación que se desprende de las certificaciones
emanadas del mismo ente de control y en virtud del derecho de petición elevado por el
señor Daniel Antonio Ospina. » Resaltado propio.
116. De lo expuesto, es viable concluir que los demandantes dirigieron los cargos
de las demandas en señalar que la causal de inhabilidad se centra en el ejercicio
de autoridad administrativa de la sobrina del demandado y, limitaron la civil a la
función de policía judicial.
117. En razón de lo anterior, la sala limitará el estudio del elemento objetivo de la
inhabilidad, al ejercicio de autoridad administrativa, salvo en lo relacionado con las
funciones de policía judicial, las cuales, serán analizadas en el acápite
correspondiente de este proveído.
118. Así las cosas, no se encuentra mérito para analizar en este caso el ejercicio
de autoridad civil en el marco de las funciones contempladas en el manual
respectivo, salvo, se reitera, lo relativo a las de policía judicial.
2.4.2 Con las funciones se concretó el ejercicio de autoridad administrativa
119. El ministerio público señaló que «la señora Gloria Patricia Castro Torres, en el
ejercicio de los cargos de Contralora Auxiliar en la Contraloría Auxiliar de Recursos
43
Admitida mediante auto del 9 de febrero de 2024.
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Naturales y del Ambiente, y en la en la Oficina Asesora de Planeación, ejerció funciones
que implican autoridad administrativa, las cuales se encuentran contenidas en los
numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 14 del manual de funciones del cargo denominado
Contralor Auxiliar en la Contraloría Auxiliar de Recursos Naturales y del Ambiente …».
120. El señor Echeverri Valencia sostuvo que la sobrina del demandado, en su
empleo de contralora auxiliar con funciones en la Contraloría de Recurso
Naturales y del Ambiente, (entre el 8 al 16 de febrero de 2022 y 21 de septiembre
de 2022 al 01 de enero de 2023) tuvo como atribuciones las contenidas en el
manual, resaltando de este las de los numerales 3, 7, 14, 15 y 16, de las cuales
sostuvo se predica la autoridad administrativa.
121. Frente al cargo de contralora auxiliar con funciones en la oficina Asesora de
Planeación, señaló que concretaron el ejercicio de autoridad las que se refieren a
los numerales 1, 2, 3, 4, 8, 10 y 14 del manual de funciones.
122. Del recurso de apelación del señor Escalante Solorza, se extrae que a su
juicio, el manual de funciones le obligaba a liderar las actividades relacionadas con
el componente ambiental en las etapas de planeación, ejecución y elaboración del
informe de auditoría asignada de acuerdo con los procedimientos establecidos en
la resolución que adapta la guía de auditoría territorial, proceso auditor y demás
documentos asociados.
123. Para resolver los anteriores planteamientos, se analizará en primer lugar las
funciones ejercidas en la auxiliar de recursos humanos y, luego de ello, en la
oficina de planeación.
124. Contraloría Auxiliar de Recursos Naturales y del Ambiente, ejercido entre
el 21 de septiembre de 2022 hasta el 1 de enero de 2023. Se deja claro que el
periodo inhabilitante es entre el 29 de octubre de 2022 al 29 de octubre de 2023,
sin embargo, como la función la ejerció de forma ininterrumpida en el mismo
empleo, se analizará aquella, sin que esto implique la extensión del factor
temporal.
Contralor auxiliar Código 035, gr 01 Contralor Auxiliar Código 035, grado 07
7. Reportar los beneficios del control fiscal alcanzados en
desarrollo del proceso auditor.
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125. De lo probado se tiene que la sobrina del demandado tenía un jefe
inmediato, que en este caso era el Contralor Auxiliar Código 035, grado 07, quien
en el marco de sus funciones tiene las de dirigir la dependencia de recursos
naturales y ambientales.
126. Del cuadro comparativo de funciones, se tiene que respecto de cada una de
ellas, el jefe inmediato de la demandada tenía el control de la actividad, así, frente
a la atribución 3 de la contralora grado 1, se tiene que su superior funcional dirige
(función 3) con los responsables del proceso los temas o asuntos a auditar;
además organiza el equipo auditor (función 8) y lidera y preside las mesas de
trabajo en la solución de las controversias que surjan (función 9).
127. De la función 4, se advierte que ella simplemente se refiere a que la
funcionaria debe conocer el marco legal que regula la actividad del ente a auditar,
conocimiento que no se advierte como ejercicio de autoridad.
128. La actividad 5 referente a liderar el equipo auditor, esta debe ser analizada
de forma sistemática con las atribuciones del jefe de área, a quien le compete
organizarlo bajo la perspectiva del plan de auditoría; es decir, el ser líder, es en la
actuación particular de coordinación de actividades, recolección de información y
manejo de la misma, el cual, en todo caso, está sometido a los lineamientos del
jefe del área.
129. Sobre ello, se recuerda que el hecho de tener personal a cargo no implica de
forma objetiva la estructuración del elemento objetivo (autoridad administrativa) de
la inhabilidad analizada. Al respecto esta sala ha señalado:
«No obstante ello, las potestades que se confieren a un determinado empleo en lo
concerniente a dirigir las actividades de coordinación, programación de los
procesos de administración de personal, seguridad industrial, y relaciones laborales
(num. 2); dirigir la ejecución de los programas de selección, inducción, capacitación
(num. 3); controlar y evaluar la ejecución de las políticas, planes y programas de
gestión presupuestal (num. 5); dirigir la elaboración del plan financiero de fuentes y
usos de recursos de la entidad (num. 6), y dirigir, coordinar y controlar la adecuada
prestación de los servicios (num. 9), asignaciones todas estas precedidas del verbo
dirigir, no implican, por esta sola característica terminológica, que constituyan
funciones que conlleven, que tengan inmerso o implícito —per se— autonomía con
poder en función de mando que incluya posibilidad de coerción.
Porque no se desprende de tales atribuciones nominales que por ostentar esta clase
de competencias el jefe administrativo y financiero goce de facultades que le concedan
autonomía funcional para tomar decisiones en campos tales como: nombrar o remover
personal de la corporación, conferir comisiones y traslados, sancionar
disciplinariamente, comprometer el presupuesto, celebrar contratos, imponer medidas
de obligatorio acatamiento»44.
130. De las funciones 6, 7 y 8 no se advierte que ellas denoten la potestad de
mando que inhabilita, en tanto, ellas se concretan en la ejecución de las
actividades a realizar por el equipo auditor, esto es, hacer las mediciones
conforme el plan de auditoría y las metodologías que para ello ha diseñado la
CGR y requerir la información que le sirva de soporte del informe, el cual, como se
44
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de mayo de 2013, M.P: Susana Buitrago Valencia, Radicado 23001-
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advierte de la función 10 del jefe del área de recursos ambientales, debe ser
validada por él.
131. En lo referente a la función 9 es una actividad de apoyo a los equipos de
auditoría que no se enmarca en el ejercicio de autoridad administrativa.
132. En cuanto a reportar los beneficios del control fiscal (función 12) se advierte
que esta encuentra su correlativo en la atribución 7 del jefe del área, lo que indica
que ella se limita a la función desplegada, es decir, mientras que estos beneficios
se traducen para la pariente del demandado en las acciones de mejora de la
entidad auditada, (previo aval del líder del proceso), en lo que hace a la
dependencia como tal, esto se extiende a la consolidación total del macroproceso
que dirige el contralor auxiliar designado en materia de recursos renovables.
133. La función de velar por la ejecución y el registro de las actividades (13 y 14
del auxiliar grado 01), compete al jefe inmediato garantizar que ello se concrete
(función 11), es decir, hacer cumplir ese cometido.
134. De la función de ejecutar el trámite para la atención de denuncias
ciudadanas (función 15), se puede constatar, que al jefe del área le compete
liderar su ejecución (función 13).
135. Sobre este particular, se recuerda que la jurisprudencia de la Sección ha
establecido que si las funciones y el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su
titular potestad de mando y de dirección con autonomía decisoria45, se puede
concluir que el servidor público ejerce autoridad administrativa.
136. De ello, se advierte con toda claridad que la señora Castro Torres, no
ostentaba autonomía decisoria, dado que, como se mostró era competencia de su
jefe inmediato dirigir, planear, revisar y presidir la ejecución de las competencias
asignadas al área de Recursos Naturales y de Ambiente.
137. Finalmente, frente al tema del ejercicio de policía judicial, la sala lo analizará
en un acápite aparte, por contener razonamientos particulares por parte de los
recurrentes.
138. En conclusión, del estudio de carácter funcional del cargo de contralor
auxiliar Código 35 grado 01 en el área de recursos renovables y de ambiente, no
se advierte de las ocupaciones que tiene asignadas, un grado de autonomía
jerárquica para la toma de decisiones que implique el ejercicio de autoridad
administrativa.
139. Contralor Auxiliar, Código 035, Grado 01 en la oficina de Planeación,
desde el 2 de enero del 2023 hasta el 13 de diciembre del 2023.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de febrero de
2002, radicado 2804, M.P. Darío Quiñones Pinilla. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, auto del 2 de octubre de 2020, M.P: Rocío Araújo Oñate, Radicado 50001-23-33-000-2020-
00012-01 acumulado
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Contralor Auxiliar código 35 grado 01 Jefe de la oficina asesora de planeación
140. De la función relativa a la coordinación, participación y de velar por el
cumplimiento de las leyes, normas, procedimientos, así como la recomendación
de los ajustes necesarios, se advierte que ella se deriva del propósito principal del
cargo, que no es otro diferente a garantizar bajo los lineamientos del
responsable del área, la planeación, ejecución, control y seguimiento de los
procesos asignados orientado al cumplimiento de las políticas institucionales46.
141. Las funciones segunda, tercera y cuarta, referentes a la coordinación en
asesorías para la formulación e implementación del sistema de gestión de la
entidad, la elaboración del plan estratégico, no advierten mayor dificultad en tanto
no es la contralora auxiliar la que dirige la actividad; por el contrario, sirve de
apoyo a las áreas para su elaboración, lo cual es concordante con la atribución
dada al jefe de Planeación (funciones 2, 3, 4 y 5).
142. En lo que hace a la formulación de propuestas para mejorar el sistema de
gestión institucional (8) se advierte que es una función de apoyo a las áreas que
componen la entidad, de la cual no se advierte dominio o dirección.
143. Frente a la coordinación en la rendición de la cuenta ante la Auditoría
General de la República, se advierte que esa actividad la dirige y coordina el jefe
de la oficina de Planeación (función 10); por lo que no se advierte el ingrediente
necesario para catalogarla como autoridad administrativa.
144. Y finalmente, la cláusula residual que señala que debe cumplir las funciones
encomendadas, de ella no se puede colegir de suyo el ejercicio de autoridad
administrativa.
46
Manual de funciones del empleo.
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145. En conclusión, se advierte que en los manuales de funciones de los empleos
desempeñados por la señora Gloria Patricia Castro Torres, no se advierte la
concreción del elemento objetivo de la inhabilidad estudiada y, por ello, no hay
lugar a revocar el fallo de primera instancia frente a este aspecto.
2.4.3 El empleo desempeñado por la señora Castro Torres al ser del nivel
directivo, se encuadra en la clase de autoridad que contempla el artículo 190
de la Ley 136 de 1994 por ello, sus actuaciones concretas estructuran el
elemento objetivo estudiado
146. Para sustentar este reproche, la parte apelante indicó que los empleos
desempeñados por la señora Gloria Patricia son del nivel directivo, lo que
comprende funciones de dirección general, de formulación de políticas
institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, lo que a juicio del
recurrente se enmarca en la autoridad que contempla el artículo 190 de la Ley 136
de 1994.
147. Muestra de ello, es lo relativo al «radicado 20223000007704 de 18 de octubre de
2022 que, si demostraba su interacción con los sujetos de control en todo Antioquia. Este
memorando No. 40, si bien se expidió antes de la conducta impediente, el plazo de
ejecución de la actividad era entre 29 de octubre y 19 de diciembre de 2022;
precisamente la fecha de la inhabilidad».
148. Describió el mencionado memorando y resaltó de este, que fue expedido por
el contralor auxiliar de Recursos Naturales y Ambiente, para la señora Castro
Torres, como líder de auditoría en: i) los municipios de Jericó, Ciudad Bolívar,
Pueblorrico, Sabaneta y Urrao, ii) empresas de servicios públicos de Tarso, Urrao,
Valparaíso, Venecia, iii) ESE de Montebello, Pueblorrico, Sabaneta, Salgar y
Santa Bárbara y, iv) entidades centralizadas y descentralizadas del orden
departamental, como la gerencia de Servicios Públicos del departamento, la
Universidad de Antioquia y Fábrica de Licores de ese ente territorial.
149. Sostuvo que en ese acto, se señaló que la actuación especial de fiscalización
es una acción de vigilancia y control breve en la que un funcionario o equipo de
trabajo aborda la investigación de un hecho o asunto que llegue al conocimiento
de la Contraloría General de Antioquia por cualquier medio de comunicación.
150. Adicionalmente, la señora Castro Torres, ejerció las siguientes actividades
que muestran el ejercicio material de la autoridad administrativa endilgada, a
saber:
«i) reconocimiento de incentivo de un (1) día, de acuerdo al decreto Nacional 1615 de
2021 del Ministerio del Interior, ii) solicitud de iniciar un proceso administrativo
sancionatorio fiscal contra un gerente de una E.S.E., iii) solicitud de iniciar un proceso
administrativo sancionatorio fiscal contra un subgerente de una E.S.E., iv) informa
sobre una incapacidad de un funcionario, v) memorandos de asignación de una
actuación especial de fiscalización del componente ambiental vi) solicitud de incentivo
de por participación electoral vii) encuestas de satisfacción ambiental, viii) solicitud de
interrupción de vacaciones de un funcionario a su cargo ix) informe del estado de los
recursos naturales del ambiente 2022, x) calificaciones de funcionarios de libre
nombramiento, xi) solicitud de un de apoyo en proceso de responsabilidad fiscal o de
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apoyo, xii) informe preliminar y notificación de la actuación especial de fiscalización de
la encuesta de gestión en inversión ambiental 2022, xiii) autoriza prórroga de la entrega
de información, xiv) actuación especial de fiscalización a la encuesta de gestión en
inversión ambiental 2022».
151. Para resolver este planteamiento, se analizará el contenido del artículo 190
de la Ley 136 de 1994 y, si a partir de aquel, se demostró por el factor orgánico o
funcional el ejercicio de autoridad administrativa.
152. Como se mostró en la parte dogmática de esta providencia, la norma en cita
se comprende de dos partes a saber: la primera que contiene los empleos que por
su rol ejercen autoridad administrativa (factor orgánico), esto es, i) el alcalde, ii)
sus secretarios, iii) los jefes de departamento administrativo, iv) los gerentes de las
entidades descentralizadas y, v) los jefes de las unidades administrativas
especiales como los superiores de los correspondientes servicios municipales.
153. De lo expuesto, emana claro que el empleo de contralor auxiliar código 35
grado 01, no se enmarca en el denominado factor orgánico que consagra la norma
en cita.
154. De su segundo aparte, el artículo 190 idem, consagra lo que la jurisprudencia
ha denominado el factor funcional, lo que significa que, desde el ámbito de
competencias de cada empleo, se ejecutan ciertas labores que conllevan el
ejercicio de autoridad, como por ejemplo: i) la ordenación del gasto, ii) el
otorgamiento de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto y la suspensión
de las vacaciones, iii) los traslados de personal, iv) reconocimiento de horas
extras, v) la vinculación de personal, entre otras.
155. Sobre este último concepto (factor funcional) es que la sala centrará la
verificación de la concreción o no de la inhabilidad por ejercicio de autoridad,
teniendo como sustento el material probatorio legal y oportunamente allegado al
proceso.
Memorando 040 del 18 de octubre de 2022, radicado 20223000007704, en el
ejercicio del empleo de contralora auxiliar grado 01
156. Sobre este se advierte que contiene una motivación que señala qué es la
función de fiscalización, la que concreta en una acción de vigilancia y control, la
cual se rige por la Resolución 2021500001775 de 2021, en la que la Contraloría
General de Antioquia indicó las condiciones (formatos) para rendir cuentas por
parte de los entes y sujetos fiscalizados, en donde se debe garantizar la calidad,
oportunidad y suficiencia de la información en unos plazos determinados.
157. En este mismo documento, se le informa al equipo auditor que fue designado
para adelantar la encuesta de gestión e inversión ambiental de la vigencia 2021 y
el seguimiento de las metas de ese proceso. La líder de este es la señora Castro
Torres.
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158. Su objetivo general es el de evaluar la gestión e inversión ambiental a través
de la información rendida en la encuesta de gestión en los términos y
condiciones de la Resolución 2021500001775 de 2021.
159. Como objetivos específicos tiene, la de emitir concepto sobre la calificación
obtenida en la evaluación de la matriz de riesgo y conceptuar sobre el seguimiento
y cumplimiento a las metas ambientales establecidas para el año 2021.
160. Su metodología de revisión fue establecida de la siguiente manera:
161. Del contenido del referido memorando, se encuentra que la sobrina del
demandado fue designada líder de auditoría, la cual, debe seguir los lineamientos
que sobre la materia expidió el (la) contralor (a) General de Antioquia y quien, en
todo caso, conforme el manual de funciones analizado en el capítulo 2.4.2 de este
proveído, está sometida a la revisión y validación del informe que se produzca con
ocasión de esta labor. (función 10 del contralor auxiliar código 35 grado 2 de
Recursos Naturales y el Ambiente).
162. De texto del mencionado acto administrativo, se advierte que el jefe del área
de Recursos Naturales y Ambiente, es el que señala cómo se adelanta el proceso
auditor, mostrando el método a seguir, en su rol de organizar el equipo de
auditoría y darle apoyo (función 8 de este empleo).
163. Así, del análisis conjunto de la asignación de la auditoría en el memorando
040, con las funciones que desempeñó la señora Gloria Castro al interior de la
entidad, se advierte que de ellas no se extrae el componente de dirección, manejo
y control que conlleva el ejercicio de autoridad administrativa, en tanto, su función
se limitó si bien a liderar en este caso, el equipo auditor, también lo es, que ello se
efectuó en el marco de las instrucciones de quien es la cabeza de la oficina a la
que pertenece, bajo los parámetros de los manuales previamente establecidos.
164. Sobre este punto, se recuerda que es al jefe del área (Recursos Naturales y
del Ambiente) a quien compete dirigir conjuntamente con los responsables del
proceso los temas o asuntos a auditar, así como presidir o liderar las mesas de
trabajo, por ello, no se advierte que en el marco de este memorando, se le haya
dotado de autonomía a la señora Castro Torres que permita inferir potestad de
mando que concrete el ejercicio de autoridad administrativa.
165. Muestra de lo anterior, es que a la señora Gloria Castro le competía
consolidar los resultados de la valoración de riesgos y la evaluación del control
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fiscal (función 8) pero, al jefe del área le corresponde revisar y validar47 este
(función 10).
166. En cuanto a que la labor se ejecute en la sede de las entidades a auditar,
esta Sección señaló frente a ello que48:
«Ahora bien, el impugnante relaciona el ejercicio de autoridad (…) con el hecho que las
funciones propias del empleo deban ejecutarse en lugares públicos y no en las oficinas
de la Secretaría de Gobierno que es la dependencia a la cual se encuentra adscrito el
pariente del demandado, circunstancia que en nada puede ser tenida en cuenta al
momento de valorar este elemento, en tanto el legislador no lo hizo depender de un
espacio, lo que realmente lo materializa es el poder de mando, con el que se dota a
un funcionario público o particular en ejercicio de éstas, para adoptar decisiones lograr
su acatamiento aún por vía coercitiva, atribución que no depende si se hace a
instancias de oficina o ante un espacio público».
167. De ello se extrae, que en este caso no se advierte capacidad legal o
reglamentaria de la sobrina del demandado para tomar acciones que se concreten
en la dirección del presente proceso auditor.
Calificación funcionarios en el ejercicio del empleo de contralora auxiliar
grado 01
168. Obra un documento denominado calificación de funcionarios de libre
nombramiento, suscrito por la señora Gloria Castro, a saber:
169. Del mismo, se puede observar que la señora Castro Torres, hace entrega de
lo que denomina concertación de objetivos y calificaciones de los funcionarios
adscritos al área; no obstante, no se muestra quién realizó dicha labor, por lo que,
si bien este se encuentra dentro del periodo inhabilitante, no se extrae del mismo
ejercicio de autoridad alguna.
170. Lo anterior, si se tiene en cuenta que compete a la Subdirección
Administrativa de esa entidad lo siguiente:
47
Según la RAE significa dar fuerza o firmeza a algo, hacerlo válido.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de marzo de 2021, MP:
Rocío Araújo Oñate, radicado 23001-23-33-000-2019-00465-01
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171. Así las cosas, los temas relativos al manejo del personal, competen al área
administrativa de la Contraloría General de Antioquia y no a la familiar del
demandado, pues es a esta oficina la que debe actuar como jefe de personal y
direccionar la efectiva administración del Talento Humano de la entidad49.
De las demás funciones alegadas por el apelante
172. Para abordar los siguientes reproches de apelación, se debe tener en cuenta
que ellos fueron ejecutados por la pariente del demandado, en un empleo
diferente al de contralora auxiliar Código 35 grado 01 que es el que desempeñó en
el periodo inhabilitante, esto es, entre el 21 de septiembre de 2022 al 01 de enero
de 2023 y del 02 de enero al 13 de diciembre de 2023, cargo en el cual se
demostró que tenía un jefe inmediato.
173. Las pruebas en que se sustenta el recurso de alzada del agente del
Ministerio Público, fueron las acciones emprendidas por la señora Gloria Castro
como jefe directa del área de recursos naturales, cuando desempeñó el empleo de
contralora auxiliar Código 35 Grado 2 (del 17 de febrero al 16 de agosto de 2022
en encargo y del 17 de agosto al 20 de septiembre de 2022 en propiedad), cargo
que ejecutó por fuera del periodo inhabilitante50 y del que se insiste es
diferente al analizado en el aparte 2.4.2 de este proveído, como se advierte a
continuación:
174. Reconocimiento de 1 día de permiso de conformidad con el Decreto Nacional
1615 de 2021, expedido por el Ministerio del Interior, se tiene que sobre este
particular, obran en el proceso los radicados 1116, 1147 del 23 de febrero de
2022, 1195, 1224 y 1230 del 24 de febrero de 2022 y 1445 del 2 de marzo de
2022, entre otros, en los que la señora Gloria Castro los avaló ante la jefe
administrativa de la entidad.
175. Respecto de la orden de iniciar un proceso administrativo sancionatorio
contra los gerentes de las ESE de Nechí, Murindó y Puerto Nare, se advierte que
ello se corresponde con los documentos con radicado 1183, 1184, 1185 y 3002
expedidos por la misma ciudadana el 24 de febrero y 22 de abril de 2022.
49
Función No. 17 del director administrativo según el manual de funciones y competencias laborales.
50
Que se comprende entre el 29 de octubre de 2022 al 29 de octubre de 2023.
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176. Sobre la incapacidad de un funcionario, esta reposa en el radicado 1463 y en
ella se observa que informa al área competente sobre aquella; con todo, la misma
es de fecha 03 de marzo de 2022.
177. De los memorandos de asignación de una actuación especial de fiscalización
en los funcionarios del área de Recursos Naturales y Ambiente, se tiene que
aquella como jefe del área concretó esa actividad entre el 3 al 7 de marzo, del 11
al 23 de abril y el 6 de junio al mes de agosto, todas de 202251.
178. Entre el 11 de mayo y el 7 de junio de 2022, la señora Gloria Castro envió al
jefe de planeación 35 encuestas realizadas a los sujetos de control. De ello, solo
se tiene el oficio remisorio.
179. El 1 de junio de 2022, le solicitó al director Administrativo y Financiero, la
suspensión de las vacaciones de un funcionario de la entidad.
180. El 10 de junio de 2022, remitió al contralor auxiliar delegado, el informe del
estado de los recursos naturales y del ambiente, con el objeto que fuera analizado
y revisado para la aprobación de este o que se le indicaran las recomendaciones a
tener en cuenta.
181. El 14 de julio de 2022, le entregó al subdirector Administrativo de la
Contraloría General de Antioquia la calificación de los funcionarios de libre
nombramiento.
182. El 16 de agosto de 2022, la señora Castro Torres le solicitó al director
Administrativo, Operativo y Financiero la suspensión de las vacaciones de una
funcionaria.
183. El memorial del 24 de agosto de 2022, le notificó a un funcionario del área
que en virtud de lo ordenado en auto del 27 de agosto de 2021 se le comisionó
para ser apoyo y brindar informe técnico del proceso de un proceso de
responsabilidad fiscal.
184. El 24 de febrero de 2022, la señora Gloria Patricia Castro, le otorgó al
secretario de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia, una
prórroga para la entrega de información relacionada con la encuesta de gestión e
inversión ambiental, esta misma gestión la desplegó el 31 de marzo de 2022,
frente al alcalde del municipio de San Rafael, y los gerentes de las ESE de
Amagá, San Rafael y Nariño.
185. Frente a la actuación especial de fiscalización de la encuesta de gestión en
inversión ambiental vigencia 2021 en la ESE Santa Isabel, obra en el proceso dos
documentos fechados de agosto de 2022, en el que se advierte que se encuentra
en modo borrador por ello no se encuentra suscrito por ningún responsable.
186. Sobre este mismo asunto, el 25 de febrero de 2022, se remitió por parte de la
señora Gloria Patricia, la encuesta de inversión ambiental vigencia 2021 a la
51
Ver radicados desde el 1415 al 1608 y 2804 al 2960 y 4780 al 4814 entre otros.
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hidroeléctrica de Ituango SA ESP, el 28 de ese mismo mes y año, a los alcaldes
de los municipios de Abejorral, Alejandría, Amagá, Andes, Argelia, Cocorná,
Concepción, Granada, Guarne, El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El
Santuario, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, San Carlos, San
Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente, Sonsón, el 4 de marzo de 2022 a
los gerentes de las ESE de los municipios de Amagá, Abejorral, Alejandría,
Argelia, Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, Nariño, San Carlos, San
Francisco, San Luis, San Rafael, El Santuario, Sonsón, Andes, San Vicente,
Angeópolis, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Granada, Cocorná, el
9 de marzo de 2022, a CORANTIOQUIA, CORNARE y CORPOURABÁ, entre
otras, actuaciones que no se surtieron más allá del mes de abril de 2022.
187. De lo expuesto, se puede concluir, que no se acreditó a través del factor
temporal que la sobrina del demandado ejerciera autoridad administrativa.
2.4.4 Indebida valoración probatoria
188. Para la parte actora, el fallador de primera instancia dio mayor
preponderancia a las declaraciones y testimonios rendidos que a las pruebas
documentales aportadas, de las cuales se extrae el ejercicio de autoridad
inhabilitante para el demandado.
189. Al revisar el fallo que negó las pretensiones, se advierte que el juez electoral,
valoró cada uno de los documentos adosados al proceso, de los cuales concluyó
que al tener la señora Gloria Patricia en los empleos en las dependencias de
recursos naturales y de planeación un jefe inmediato, ello impedía la
estructuración de la inhabilidad alegada.
190. Luego de contrastar las funciones de la pariente del demandado, con las
declaraciones del señor Carlos Mario Gómez Ruiz, en su condición de Jefe de la
Oficina de Planeación, encontró concordante el hecho que la señora Castro Torres
desde esa dependencia no ejerciera autoridad administrativa, en tanto, «sus
funciones consistían en realizar trimestralmente la verificación del cumplimiento de los
planes de acción y las metas programadas por parte de las diferentes áreas de la entidad,
además, generar alertas e informes del cumplimiento o no de las metas a su superior
jerárquico; que la señora Gloria Castro no tenía personal a cargo, no realizaba
actuaciones que tuvieran injerencia directamente con la comunidad, no tenía poder de
decisión en ninguna de sus funciones, no tenía ni desempeñaba funciones de auditorías
ni de control ni vigilancia fiscal, …»
191. Luego, analizó el testimonio de la señora María Teresa Pérez Guarnizo,
compañera de trabajo en el área de planeación, quien señaló que no existía una
relación de subordinación con la señora Castro Torres dado que cumplían las
mismas funciones, no abrían o iniciaban actuaciones administrativas y, todo lo que
realizaban pasaba por la autorización de su jefe.
192. La señora Gloria Patricia, bajo juramento señaló que no tenía ningún tipo de
autoridad frente a sus compañeros, sostuvo que sus funciones dependían de las
directrices del jefe inmediato.
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193. Frente a esto, obra en el proceso la siguiente certificación:
194. De lo visto, no se extrae que el fallador de instancia dejara de valorar en su
juzgamiento el material documental o que le diera un valor mayor a las
declaraciones y testimonios, en tanto se demostró que su análisis fue sistemático.
2.4.5 Ejercicio de autoridad civil por su función de policía judicial
195. Sobre este hecho señaló la parte actora que «Este control fiscal, sería
inoperante sino se dotará a las contralorías de herramientas que permitieran una
investigación eficaz, veraz y oportuna. Es por eso que se contempla legal y
reglamentariamente la asignación de funciones de policía judicial, que dicho sea de paso
NO LA TIENEN TODOS LOS CONTRALORES AUXILIARES en la Contraloría General de
Antioquia, por ejemplo los contralores auxiliares, Código 35, Grado 01, de la Oficina
Asesora de Planeación no tienen la posibilidad reglamentaria de ejercer funciones policía
judicial, por la naturaleza misma de esta unidad, por el contrario en el área de recursos
naturales y del ambiente está perfectamente señalada y reposa en cabeza de los
contralores auxiliares».
196. Para el demandante, el ejercicio de funciones de policía judicial conlleva el
ejercicio de autoridad civil conforme el artículo 10 de la Ley 610 de 2000 que les
dio la potestad de investigación o indagación (arts. 268 de la CP, 202 de la Ley
906 de 2004 y el Decreto 403 de 2020).
197. Insistió que esa atribución puede ser ejercida en las etapas de auditoría,
siempre y cuando se cumpla con la Ley 1474 de 2011, así como en las etapas de
indagación o investigación de hechos constitutivos de responsabilidad fiscal. El
ejercicio de las funciones de policía judicial para el control fiscal se rige, entre
otros, por lo señalado en la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), en
cuanto resulte compatible con la naturaleza de la acción de responsabilidad fiscal,
estructurada como una actuación de carácter inquisitivo en la cual rige el principio
de permanencia de la prueba.
198. Sobre este particular se tiene que la Ley 610 de 2000 señaló que:
Artículo 10. Policía judicial. Los servidores de las contralorías que realicen funciones
de investigación o de indagación, o que estén comisionados para la práctica de
pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal, tienen el carácter de autoridad de
policía judicial. Para este efecto, además de las funciones previstas en el Código de
Procedimiento Penal, tendrán las siguientes:
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1. Adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares que se requieran por hechos
relacionados contra los intereses patrimoniales del Estado.
2. Coordinar sus actuaciones con las de la Fiscalía General de la Nación.
3. Solicitar información a entidades oficiales o particulares en procura de datos que
interesen para solicitar la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal o para las
indagaciones o investigaciones en trámite, inclusive para lograr la identificación de
bienes de las personas comprometidas en los hechos generadores de daño patrimonial
al Estado, sin que al respecto les sea oponible reserva alguna.
4. Denunciar bienes de los presuntos responsables ante las autoridades judiciales,
para que se tomen las medidas cautelares correspondientes, sin necesidad de prestar
caución.
Parágrafo. En ejercicio de sus funciones, los servidores de los organismos de control
fiscal a que se refiere este artículo podrán exigir la colaboración gratuita de las
autoridades de todo orden.
199. Esta atribución fue ampliada a consecuencia del Acto Legislativo 04 de 2019,
en el que se modificaron los artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitución
Política de Colombia. En razón de ello, se expidió el Decreto 403 de 2020, en el
que se desarrollo las funciones de policía judicial, de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 102. Autonomía e Independencia. La coordinación y el ejercicio de las
funciones especiales de Policía Judicial para la vigilancia y el control fiscal en todas
sus modalidades, estará a cargo del Contralor General de la República y el desempeño
de estas se realizará de manera autónoma e independiente. (…)
ARTÍCULO 104. Funciones especiales de Policía Judicial. Son funciones especiales de
policía judicial de la Contraloría General de la República, en el marco del numeral 16
del artículo 268 de la Constitución Política, aquellas actividades investigativas para
adelantar la vigilancia y control fiscal de los bienes o fondos públicos en defensa de los
intereses patrimoniales del Estado, que cumplan con alguno de los siguientes criterios:
a) Pruebas que deban recaudarse o practicarse mediante actuaciones urgentes o
especiales por fuera del marco de un procedimiento ordinario de control fiscal micro o
macro, indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal, a través de, entre
otros mecanismos, visitas de fiscalización y verificación a los sujetos de control y
particulares que manejen recursos públicos, sin previa notificación o aviso, en las
cuales podrá acceder a toda la información sin que se le pueda oponer reserva y
recaudar pruebas relacionadas con la custodia, manejo y administración de los
recursos públicos.
Los medios probatorios que sean recaudados durante estas diligencias serán objeto de
contradicción en las oportunidades procesales ordinarias.
b) Las que se requieran para el análisis e investigación técnica y especializada de
conductas en contexto que permitan hacer seguimiento del recurso público, identificar
organizaciones, dinámicas o comportamientos recurrentes que ocasionen pérdida y
menoscabo del patrimonio público, generando insumos con valor probatorio, por fuera
del marco de un procedimiento ordinario de control fiscal micro o macro, indagación
preliminar o proceso de responsabilidad fiscal, y bajo los procedimientos y protocolos
establecidos por el Contralor General de la República.
Los medios probatorios que sean recaudados durante estas diligencias serán objeto de
contradicción en las oportunidades procesales ordinarias.
PARÁGRAFO 1. Las funciones y criterios dispuestos en este artículo se ejercerán sin
perjuicio de las atribuciones de policía judicial ya otorgadas en la ley a la Contraloría
General de la República.
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El Contralor General de la República establecerá los protocolos y procedimientos de
policía judicial al interior de la Contraloría General de la República.
PARÁGRAFO 2. El ejercicio de las funciones especiales de policía judicial a las que se
refiere este artículo corresponde exclusivamente al Contralor General de la República
directamente o a través de los servidores públicos de la entidad, sin perjuicio de la
función de policía judicial atribuidas a los servidores o dependencias por disposición
legal.»
200. De la norma reglamentaria se extrae que la función de policía judicial se
efectúa en el marco de las actividades investigativas en defensa de los intereses
patrimoniales del estado, bajo 2 criterios, esto es, el recaudo de pruebas que
deban conseguirse fuera de un procedimiento de control fiscal, sin que medie
previa notificación o aviso, a esta actividad no se puede oponer reserva de la
información. La segunda, es relativa a la consecución de las probanzas necesarias
para el análisis e investigación técnica que permitan identificar organizaciones,
dinámicas o comportamientos que menoscaben el erario público, igualmente en el
marco del proceso fiscal.
201. A renglón seguido, la norma señala que ello se efectuará bajo los
procedimientos y protocolos establecidos por el Contralor General de la República.
202. De lo expuesto, se tiene que para el desarrollo de la función de policía
judicial, la entidad debió expedir el protocolo del ejercicio de esta prerrogativa, el
cual, no se encuentra dentro del presente medio de control.
203. Sobre esto, la Corte Constitucional ha señalado que: «el ejercicio de las
funciones de policía judicial relacionadas con el control disciplinario (en el caso de la
Procuraduría General de la Nación) o el control fiscal (en el caso de la Contraloría
General de la República), será desplegado dentro de los márgenes de la autonomía
funcional y técnica que la Constitución y la ley reconocen a cada una de estas
entidades52».
204. Lo anterior resulta relevante en tanto, la forma en que se ejecuta esta función
las normas que rigen la materia, le delegaron al contralor General de la República,
la reglamentación de cómo se cumple dicho rol al interior del proceso de
responsabilidad y fuera de este, aspecto con el que no se cuenta en este proceso.
205. Ello, con el fin de determinar si ella la puede ejecutar directamente o si por el
contrario, esta depende de la orden que se imparta por parte del funcionario que
tenga el proceso de responsabilidad fiscal a cargo o en los casos de urgencia que
se den por fuera de dicha actuación, si lo puede ejercer directamente o por orden
del jefe de área.
206. Al respecto, en la declaración del señor Carlos Mario Gómez Ruiz, quien al
momento de declarar era el jefe de planeación de la entidad, pero, fue contralor
auxiliar de recursos naturales y ambientales, sobre el particular señaló:
«Minuto 1:17:55: preguntado: Sabe Ud. Si en el manual de funciones del jefe
de la contraloría auxiliar del medio ambiente y de los contralores auxiliares que
52
Sentencia C 440 de 2016.
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asisten dicha oficina tienen funciones de policía judicial dentro de su manual de
funciones. Respuesta: No doctor ese es un tema que ha sido pues discutido al
interior de la entidad porque es que propiamente el tema de manejo de policía
judicial lo sostiene es la contraloría auxiliar de responsabilidad fiscal y eso es
una potestad que tiene la general de la República, pues como hacer uso de ese
tema, pues nunca doctor, no conozco la primera situación en 10 años que se
emplee digamos esa figura insisto hoy la debe tener por norma la contraloría
auxiliar de responsabilidad fiscal y no más, insisto no debe ser aplicada ni
conozco que se aplicara en la contraloría general… está en el manual de
funciones para toda la entidad está ese tema dentro de las funciones, … es un
manual que tiene un tiempo importante,… Minuto 1:23:58: Preguntado: Esa
función de policía judicial … que tan probable era que se hubiera ejercido,
Contestado: en absoluto doctor es que insisto en mis 10 años en la Contraloría
General de Antioquia no he conocido de esa situación»
207. Así las cosas y ante la duda de cómo se ejecuta esta función en el trámite
administrativo que le corresponde adelantar a la contraloría, esto es, si la familiar
del demandado tiene el dominio en la ejecución de tales medidas o si por el
contrario, la efectúa bajo la dirección de un superior o de un funcionario
investigador, se erige como necesario negar la prosperidad de este argumento de
impugnación, ante la duda probatoria que en la materia existe.
208. De otra parte, cuando el ejercicio de aquella función se ejerce en el curso de
un proceso judicial, los agentes que la desarrollan, se encuentran bajo el mandato
del ente investigativo.
209. Al respecto la Corte Constitucional señaló:
«La noción de policía judicial comprende específicamente la capacidad de cumplir
funciones enderezadas a satisfacer las necesidades instrumentales y técnicas de la
actividad de los funcionarios judiciales, quienes por distintas razones, que
corresponden a la naturaleza de su investidura y de su labor, no las pueden atender
directamente. En este sentido se trata de determinar que autoridades como la Policía
Judicial de la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad, la
Procuraduría y Contraloría General de la Nación, las autoridades de tránsito en
asuntos de su competencia, los Alcaldes e Inspectores de Policía, el Cuerpo Técnico
de la Fiscalía General de la Nación, todos los servidores que integran las unidades de
Fiscalía y los miembros de la Policía Nacional en los territorios en donde no haya
policía judicial especializada, pueden colaborar bajo la coordinación de la Fiscalía
General de la Nación y de sus delegados, en el adelantamiento de las funciones
correspondientes a aquella noción.”[17] (subrayado fuera de texto)
De este modo ha entendido la Corte, que el ejercicio de las competencias de policía
judicial que la ley otorga a otros órganos constitucionales como la Procuraduría
General de la Nación y la Contraloría General de la República, debe entenderse
desde el concepto de colaboración armónica entre las ramas del poder, pero bajo
la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación. Por lo mismo se
trata de competencias subordinadas a las directrices del ente acusador.
Alrededor de este último punto debe precisarse desde ya, que las funciones
de dirección y coordinación de las funciones de policía judicial, constitucional y
legalmente adscritas a la Fiscalía General de la Nación, están circunscritas al ejercicio
de la acción penal y a la realización de las investigaciones que revistan las
características de delito, conforme lo previene el artículo 250 de la Constitución».
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210. En el marco de la función de policía judicial bajo el principio de colaboración
armónica, se tiene que ella se ejecuta por el funcionario del ente de control, bajo
los lineamientos del funcionario judicial, lo que denota la falta de capacidad
decisoria y de mando de quien debe recaudar el material probatorio.
211. Bajo la anterior perspectiva, se negará la prosperidad del argumento de
apelación relativo al ejercicio de autoridad civil por ostentar la función de policía
judicial.
2.5 Conclusión
212. Al no encontrar acreditado el requisito objetivo de la inhabilidad consagrada
en el artículo 49.6 de la Ley 2200 de 2022, se impone confirmar la sentencia de
primera instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el 21 de mayo de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR probada la falta de legitimación en la causa de la RNEC
y NEGAR la prosperidad de la excepción solicitada por el Consejo Nacional
Electoral, según lo dicho en esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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