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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2023-00286-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2023-00286-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia del 25 de abril de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena anuló la elección de Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez como concejal de Zona Bananera (Magdalena), período 2024- 2027 conforme las consideraciones de la presente decisión. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 47001-23-33-000-2023-00286-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

28 de noviembre de 2024

Demandante: Ernesto José Castro Montenegro
Demandada: Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez
como concejal de Zona Bananera (Magdalena)
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00286-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 47001-23-33-000-2023-00286-01
Demandante: Ernesto José Castro Montenegro
Demandada: Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez como concejal de
Zona Bananera (Magdalena), para el periodo 2024 a 2027

Tema: Inhabilidad por celebración de contratos del artículo 43.3 de la
Ley 136 de 19941.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado, conjuntamente,
mediante apoderado judicial, por la demandada y el impugnador contra la sentencia
del 25 de abril de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del
Magdalena accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del acto
de elección de Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez como concejal de Zona
Bananera (Magdalena), para el periodo 2024 a 2027.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda y el concepto de la violación

1. El señor Ernesto José Castro Montenegro, mediante apoderado judicial, y a
través del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), solicitó la nulidad del acto de elección de la señora Yurleidis Mercedes
Cárdenas Márquez como concejal del municipio de Zona Bananera (Magdalena),
para el periodo 2024 a 2027.

2. En criterio del accionante, la demandada incurrió en la causal de inelegibilidad
establecida en el artículo 43.32 de la Ley 136 de 19943, toda vez que, el 10 de enero

1 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
2 «Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito […]».
3 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

Calle 12 No. 7-65. Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandante: Ernesto José Castro Montenegro
Demandada: Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez
como concejal de Zona Bananera (Magdalena)
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00286-01

de 2023, celebró el contrato de apoyo a la gestión 2023-01-10-062 con el Hospital
Zona Bananera, cuyo objeto fue:

La prestación de Servicios de Salud, integrante del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, que desarrolla acciones de Promoción, Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación de la salud en el área de cobertura que es el municipio de Zona
Bananera.

3. Para el demandante se encuentran probados los elementos de la inhabilidad
alegada, así:

• Temporal. Indicó que la ley establece una inhabilidad para ser elegido
concejal municipal si se ha celebrado un negocio jurídico con una entidad estatal
en el año anterior a ser elegida concejal. Adujo que la señora Yurleidis Mercedes
Cárdenas Márquez suscribió el contrato de apoyo a la gestión 2023-01-10-062
con la Empresa Social del Estado Hospital Zona Bananera (Magdalena), el 10 de
enero de 2023. Por ello, como la elección se celebró el 29 de octubre de 2023 y
el contrato se firmó dentro del periodo comprendido entre el 29 de octubre de
2022 y el 29 de octubre de 2023, afirmó que se encuentra estructurado este
elemento.

• Material u objetivo. Explicó que se cumple dicho elemento debido a que la
señora Cárdenas Márquez firmó el contrato de apoyo a la gestión con la Empresa
Social del Estado Hospital Zona Bananera (Magdalena). Indicó que dicha
entidad, que fue creada mediante Decreto 0203 del 7 de abril de 2000 e
identificada con NIT 819003632-1, es una IPS de naturaleza pública con
personería jurídica, adscrita a la Secretaría de Salud Departamental del
Magdalena.

• Subjetivo. Se probó el interés propio de la demandada, por la retribución de
$1.300.000 que recibiría por la prestación de sus servicios a dicha E.S.E., durante
el periodo comprendido entre el 10 al 31 de enero de 2023.

• Territorial. Esgrimió que la Empresa Social del Estado Hospital Zona
Bananera, (Magdalena), como IPS Pública del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, tiene como área de cobertura dicha localidad, donde desarrolla
acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Además, en el
contrato suscrito se determinó que, para todos los efectos contractuales y legales
atinentes a los compromisos de este, se acordó como domicilio ese municipio.

4. En consecuencia, adujo que, como se han probado todos los presupuestos de la
inhabilidad por celebración de contratos, establecida en el artículo 43.34 de la Ley
136 de 1994, se debe anular la elección demandada.

4 «Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito […]».

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro
Demandada: Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez
como concejal de Zona Bananera (Magdalena)
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2. Trámite en primera instancia

2.1. Admisión de la demanda

5. Mediante auto del 7 de diciembre de 20235, el Tribunal Administrativo del
Magdalena admitió la demanda, dispuso las notificaciones y comunicaciones
pertinentes. Respecto a la caducidad del medio de control, manifestó:

3.2 Oportunidad para presentar la demanda: el ordinal a) numeral 2 del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, previene que “cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo electoral, el término será de treinta (30) días. Si la elección se declara
en audiencia pública el término se contará a partir del día siguiente”.

Conforme con lo transcrito se tiene que en el presente asunto en audiencia pública
celebrada el 4 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora declaró electa como
concejal a la señora Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez, por haber obtenido la
mayor votación en el partido Centro Democrático, tal como se extrae del acta parcial
de escrutinio municipal consignado en el formulario E-26 CON, mientras que la
demanda se radicó, según acta individual de reparto el 6 de diciembre de 2023, lo
que significa que la demanda no está afectada por la caducidad, pues fue presentada
dentro del término de 30 días. [Énfasis del original].

2.2. Contestación e intervenciones

6. Admitida la demanda, se presentaron las intervenciones que se refieren a
continuación:

7. La demandada6 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, toda vez que no
se dan los presupuestos para configurar la inhabilidad alegada. Argumentó que, el
Hospital, aunque opera en el municipio de Zona Bananera, depende administrativa
y presupuestalmente del departamento, por lo tanto, el cargo ocupado en la E.S.E.
fue en un nivel departamental y al que se inscribió es municipal, como lo es el de
concejal. Por último, propuso la caducidad del medio de control, por cuanto, a su
juicio, la demanda fue presentada de manera extemporánea.

8. La Registraduría Nacional del Estado Civil7 (RNEC) solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque, lo atinente a inhabilidades,
incompatibilidades y censura a comportamientos que refieren con la ética electoral
no es del ámbito de competencia de la entidad. Agregó que conforme al artículo 32
de la Ley 1475 de 2011, tratándose de inscripciones de candidatos, su función se
limita a la verificación de requisitos formales.

9. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no contestó la demanda, conforme el
informe de paso al despacho del 15 de febrero de 20248.

5 Índice 3 Samai del tribunal.
6 Índice 12 Samai del tribunal.
7 Índice 16 Samai del tribunal.
8 Índice 19 Samai del tribunal.

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2.3. Audiencia inicial

10. El 29 de febrero de 20249, la magistrada ponente del Tribunal Administrativo del
Magdalena, en audiencia, explicó que la participación del señor Jaime Manuel
Manga Tejada como impugnador fue aceptada con auto del 2010 de ese mes y año,
pero su contestación fue extemporánea11, por lo que no se pronunciaría sobre las
excepciones planteadas por este12. Luego fijó el litigio en los siguientes términos:

Con fundamento en lo anterior y en las pretensiones de la demanda el problema
jurídico consiste en determinar si la elección de la señora Yurleidis Mercedes
Cárdenas como concejal por el partido Centro Democrático, se encuentra inmersa en
la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011,
por configurarse la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994, con ocasión a la celebración de unos contratos de prestación de
servicios con la E.S.E. Hospital Zona Bananera. [Énfasis del original].

11. Finalmente, se decretaron las pruebas documentales aportadas y solicitadas por
las partes.

2.4. Audiencia de pruebas

12. La diligencia se realizó el 2 de abril de 202413 y en ella se incorporó como prueba
la respuesta allegada por la E.S.E. Hospital Zona Bananera14 y se llevó a cabo el
interrogatorio de parte a la señora Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez.

2.5. Sentencia de primera instancia

13. En fallo del 25 de abril de 202415, el Tribunal Administrativo del Magdalena
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la RNEC y respecto a la caducidad el medio de control, consideró:

En el presente asunto, la elección de la señora Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez
como concejal del municipio de Zona Bananera se declaró en audiencia a través del
Acta de Escrutinio Municipal E-26 CON del 4 de noviembre de 2023, por lo tanto, la
parte actora contaba con 30 días para ejercer el medio de control de nulidad electoral
so pena de operar la caducidad, es decir hasta el 11 de enero de 2024, por lo tanto,
como la demanda fue radicada el 6 de diciembre de 202316, se desprende que fue
presentado dentro del término previsto en la ley, motivo por el cual no operó la
caducidad del medio de control. [Énfasis del original].

9 Índice 3 Samai, «ExpedienteDigitalOneDrive(.zip) NroActua 3» , documento «22ActaAudienciaInicial.pdf».
10 Índice 20 Samai del tribunal.
11 Decisión que fue objeto de recurso de reposición y, en subsidio, apelación por la demandada y el

impugnador en la audiencia y fue negado por la magistrada ponente. El de apelación lo rechazó por
improcedente.
12 Ineptitud sustantiva de la demanda y no estar todos los litisconsortes necesarios.
13 Índice 37 Samai del tribunal. Acta de la audiencia.
14 Relacionada con los soportes de ejecución y pago de:«• Contrato de Apoyo a la Gestión No. 2023-

01-10-062 del 10 de enero de 2023, • Contrato 2023-02-16-197 del 16 de febrero de 2023, • Contrato
2023-04-03-377 del 03 de abril de 2023, • Contrato 2023-05-03-424 del 03 de mayo de 2023 y, •
Contrato 2023-06-28-630 del 28 de junio de 2023».
15 Índice 45 Samai del tribunal.
16 «Pdf 2 constancia de recibido. Pdf 1 acta de reparto».

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro
Demandada: Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez
como concejal de Zona Bananera (Magdalena)
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14. Luego, indicó que i) la señora Cárdenas Márquez fue elegida concejal del
Municipio de Zona Bananera el 29 de octubre de 2023; ii) celebró seis contratos de
prestación de servicios con la E.S.E. Hospital Local Zona Bananera (Magdalena)
durante el año anterior a la elección y iii) dichos negocios jurídicos tenían como
objeto la prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería y fueron
suscritos en fechas comprendidas entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de octubre
de 2023.

15. Respecto al elemento temporal de la inhabilidad, explicó que la ley establece
que un candidato no debe celebrar contratos con entidades públicas dentro del año
anterior a la fecha de la elección. Por tal razón, advirtió las fechas de suscripción de
los contratos celebrados17 por la señora Cárdenas Márquez coinciden con el periodo
inhabilitante, lo que demuestra que se cumple con dicho elemento de la inhabilidad.

16. Destacó que, según la jurisprudencia, la inhabilidad se genera con la sola
celebración del contrato, sin que sea necesario demostrar su ejecución. Para
sustentarlo sostuvo que la norma busca evitar que un servidor público haya fungido
como contratista de una entidad estatal dentro del año anterior a la elección,
independientemente de si se venían ejecutando otros contratos con antelación.

17. Desde tal óptica precisó que la causal de inhabilidad se configura cuando se ha
intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel
y, por consiguiente, en el caso de la señora Cárdenas Márquez suscribió varios
negocios jurídicos con la E.S.E. Hospital Local de Zona Bananera, entidad pública
descentralizada del orden departamental. Por ello, coligió que se cumple el
elemento objetivo de la inhabilidad.

18. Manifestó que el elemento territorial exige que el contrato se ejecute o cumpla
en el municipio o distrito para el cual resultó electo el candidato.

19. En ese orden, encontró que en la cláusula 18 de los contratos 2023-01-10-062,
2023-02-16-197 y 2023-04-03-377, y en la 19 de los contratos 2023-05-03-424,
2023-06-01461 y 2023-06-28-630, se indicó como domicilio contractual el municipio
de Zona Bananera. Además, halló que las actas de inicio de los contratos señalan
que los mismos se ejecutaron en la sede de la E.S.E. Hospital Local, ubicada en la
jurisdicción del municipio.

20. Sobre el elemento subjetivo indicó que se refiere a que la celebración del
contrato se realice en interés propio o de terceros y, desde tal connotación, encontró
que la señora Cárdenas Márquez suscribió los contratos en su propio interés, toda
vez que pactó a su favor el reconocimiento de unos honorarios por la prestación de
los servicios.

21. Respecto del argumento de la demandada, según el cual, no obtuvo ventaja de
la realización del contrato, afirmó que dicho razonamiento no es válido, por cuanto

17 Ver pie de página 13.

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la inhabilidad surge con la sola suscripción de este, sin que importen las actuaciones
posteriores. Desde tal perspectiva, arguyó:

De igual manera, se advierte que no le asiste la razón a la demandada cuando alega
que no obtuvo ventaja de la ejecución del contrato, asegurando que en desarrollo del
mismo no se ejecutaron la totalidad de las labores pactadas sino se limitó a fungir
como auxiliar de enfermería en urgencias de la ESE., teniendo en cuenta que la
causal de inhabilidad surge con la suscripción del contrato, por tanto, la ejecución y
actuaciones posteriores a esta no son determinantes para la configuración de la
causal. De igual manera, tampoco resulta conducente que el presunto hecho de
ejecutar de forma irregular el contrato, como lo aduce la accionada, o de forma
imperfecta, no enerva la inhabilidad nacida con la suscripción del contrato, y menos
la faculta para invocar el principio de in dubio pro reo, pues la nulidad electoral no es
un proceso sancionatorio derivado del ejercicio del ius puniendi del Estado, sino
obedece al control de legalidad del acto de elección, por tanto, no hay lugar a aplicar
el mencionado principio invocado por la demandada.

22. En vista de lo indicado, concluyó que la señora Yurleidis Mercedes Cárdenas
Márquez incurrió en la causal de inhabilidad para ser elegida concejal, toda vez que
celebró contratos con una entidad pública dentro del año anterior a su elección, los
cuales debían ejecutarse en el municipio para el cual resultó electa, por ello, refirió
que se configuraron todos los elementos de aquella. Por lo tanto, accedió a las
pretensiones de la demanda.

23. Finalmente, el Tribunal recordó que las inhabilidades son taxativas y de
interpretación restrictiva, por lo que no se deben considerar supuestos no exigidos
en la norma. La anterior decisión se notificó a las partes por correo electrónico del
26 de septiembre de 2024.18

2.5. Recurso de apelación19

24. Mediante apoderado, la demandada Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez y el
impugnador Jaime Manuel Manga Tejada, de manera conjunta, presentaron recurso
de apelación, conforme los siguientes argumentos.

25. Señalaron que el Tribunal fundamentó su decisión en la existencia de seis
contratos suscritos por la demandada con una entidad pública dentro del año
anterior a la elección, lo que configuraría la causal de inhabilidad; no obstante,
consideraron que la sentencia no tuvo en cuenta las siguientes vicisitudes de orden
jurídico:

Forma del contrato: Los contratos objeto de la inhabilidad carecen de los
elementos fundamentales para ser considerado como tales.

Ausencia de manejo de recursos: La demandada no manejó recursos públicos
ni fungió como autoridad administrativa durante la ejecución de dichos contratos.

18 Índice 47 Samai del tribunal.
19 Índice 48 Samai del tribunal.

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Ambigüedad en el domicilio contractual: Los contratos no especifican el lugar
de ejecución, lo que genera incertidumbre sobre si la accionada llevo a cabo las
actividades en la jurisdicción de la elección.20

Actividades no desarrolladas: Se pactaron actividades que no se ejecutaron,
lo que evidencia que los contratos objeto de la inhabilidad no reflejan la realidad.

26. Además, refirieron que el impugnador presentó excepciones previas de inepta
demanda y que ella no comprendió a todos los litisconsortes necesarios. Agregó
que, pese a que el Tribunal las consideró extemporáneas, deberían ser valoradas
en esta instancia de apelación, por cuanto, la demanda original no cumplió con los
requisitos formales exigidos por el artículo 166 del CPACA, en tanto no se
acompañó copia del acto acusado con las constancias de su publicación.

27. Por todo lo expuesto, solicitaron que se revoque la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Mediante auto
del 8 de octubre de 202421, el Tribunal Administrativo del Magdalena concedió la
impugnación contra la sentencia.

3. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia

28. El 22 de octubre de 202422, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación y ordenó adelantar el trámite de los artículos 292 y 293 del CPACA.

3.1. Traslado del recurso e intervenciones

29. La Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público23, para que, si a bien lo tenía, presentara concepto.
Dentro de dichos términos se presentaron las siguientes intervenciones:

3.1.1. La demandada y el impugnador24

30. Reiteraron los mismos argumentos de la apelación.

3.1.2. Demandante25

31. Se opuso a la prosperidad del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada por falta de sustentación, en ese sentido, consideró que el escrito se
basa en hechos que no fueron debatidos ni probados en la oportunidad procesal

20 Que explicó en los siguientes términos: «No se tuvo en cuenta, que quien contrata es una entidad

del orden Departamental y no se determinó dentro del cuerpo del contrato es decir no existe clausula
alguna que pacte o indique el domicilio contractual, lugar de ejecución del contrato o donde se
llevarían a cabo las actividades del contratista». [Énfasis del original].
21 Índice 50 Samai del tribunal
22 Índice 5 Samai.
23 Entre el 5 al 7 de noviembre de 2024 (índice 11 Samai) y desde el día siguiente hasta el 15 del

mismo mes y año (índice 14 Samai), respectivamente.
24 Índice 9 Samai.
25 Índice 12 Samai.

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correspondiente. Frente a ello, recordó que esta instancia no es el escenario para
exponer argumentos nuevos, sino para expresar las razones por las cuales se
disiente del fallo.

32. Si bien, la parte demandada argumentó que el tribunal no tuvo en cuenta las
falencias de forma de los negocios jurídicos, la ausencia de manejo de recursos, la
ambigüedad en el domicilio contractual y el hecho de que algunas actividades no se
desarrollaron, lo cierto es que las pruebas presentadas demuestran lo contrario, en
efecto, los contratos son válidos y la demandada sí se benefició económicamente
de ellos. Además, aunque no se especificó el lugar de ejecución, la entidad
contratante tiene su sede en el mismo municipio donde la demandada fue elegida.

33. Reiteró que la accionada incurrió en la inhabilidad prevista en el «numeral 3.°
del artículo 43 de la Ley 617 de 2000», por celebrar seis contratos con una entidad
pública dentro del año anterior a la elección. Aunque en dichos negocios no se
detalló el lugar de ejecución, se encuentra acreditado que se llevaron a cabo en el
mismo municipio de la elección. Al respecto, trajo a colación una jurisprudencia del
Consejo de Estado26 con el fin de señalar que lo que constituye causal de inhabilidad
es la intervención en la celebración del contrato y no su ejecución.

34. Puso de presente que en la audiencia de pruebas del 2 de abril de 2024, las
partes y el Ministerio Público declararon no advertir ningún vicio o irregularidad en
el proceso, razón por la que el tribunal declaró saneada la actuación, conforme a lo
establecido en el artículo 207 del CPACA. Manifestó que, en esta etapa del proceso
no es viable analizar aspectos de excepciones como las planteadas en la apelación.

35. Con base en los argumentos expuestos, solicitó que se confirme en su
integridad la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la elección de
la demandada por incurrir en causal de inhabilidad.

3.1.3. Procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado27

36. En su concepto, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia bajo las
siguientes consideraciones:

(i). La ciudadana YURLEIDIS MERCEDES CÁRDENAS MÁRQUEZ, el 10 de enero
de 2023, el 16 de febrero de 2023, el 3 de abril de 2023, el 3 de mayo de 2023, el 1
de junio de 2023 y el 28 de junio de 2023, celebró diferentes contratos de prestación
de servicios con la ESE Hospital Local Zona Bananera, entidad de naturaleza pública,
los cuales fueron ejecutados en Zona Bananera -Magdalena-, por lo que incurrió en
la inhabilidad prescrita en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40-3 de la Ley 617 de 2000. Es decir, que se consumaron los criterios de
temporalidad, territorialidad, objetividad y criterio subjetivo por beneficios
patrimoniales.

26 «CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN QUINTA. Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE
MORENO RUBIO. Bogotá D. C., ocho (08) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación
número: 23001-23-33-000-2015-00461-02. Actor: C.M.I.S. Demandado: S.H.C.F.».
27 Índice 17 Samai.

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(ii). Las minutas de los contratos celebrados entre la accionada y la entidad pública,
ESE Hospital Local Zona Bananera, fueron objeto de cumplimiento de las condiciones
para el perfeccionamiento, tanto de forma como de contenido.

(iii). La formalidad del presupuesto normativo es que la persona dentro del año
anterior a la elección haya celebrado contratos con entidades públicas de cualquier
nivel en interés propio, siempre que los contratos se hayan ejecutado o cumplido en
el respectivo municipio, por lo que se descarta el incumplimiento de cláusulas
contractuales, el manejo de recursos y el ejercicio de autoridad administrativa o
policiva.

(iv). Finalmente, el tema de la publicación del acto no fue objeto de consideración en
la fijación del litigio, por lo que no se menester su valoración en esta instancia. [Énfasis
del original].

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

37. Esta sección es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
por la demandada e impugnador, de conformidad con los artículos 15028 y 152,
numeral 7.º, literal a)29 del CPACA, así como lo dispuesto en el Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Caso concreto

38. Como se explicó en los antecedentes, el Tribunal Administrativo del Magdalena
accedió a las pretensiones de la demanda porque encontró acreditado que la
demandada incurrió en la causal de inhabilidad para ser elegida como concejal del
municipio de Zona Bananera, en tanto celebró contratos con una entidad pública
dentro del año anterior a su elección, lo cuales debían ejecutarse en el municipio
para el cual resultó electa.

39. Por ello, la primera instancia fue tajante en concluir que se acreditaron todos los
elementos de la inhabilidad del artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994 (modificado por
el artículo 40-3 de la Ley 617 de 2000), razón por la que la accionada no podía ser
elegida concejal.

40. Dicha sentencia fue objeto de reparo por la demandada Yurleidis Mercedes
Cárdenas Márquez y el impugnador Jaime Manuel Manga Tejada y sus argumentos
giran en torno a que i) los contratos carecían de los elementos jurídicos esenciales
para ser considerados como tales; ii) la accionada no manejó recursos públicos ni
ejerció autoridad administrativa; iii) el domicilio contractual era ambiguo y iv) se
pactaron actividades que no se llevaron a cabo por la señora Cárdenas Márquez.

28 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerán segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
29 «Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7.

De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: // a) De la nulidad del acto de elección […]
de los miembros de corporaciones públicas de los municipios […]».

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Demandante: Ernesto José Castro Montenegro
Demandada: Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez
como concejal de Zona Bananera (Magdalena)
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00286-01

41. Además, el impugnador en la contestación que presentó ante el tribunal elevó
las excepciones previas de inepta demanda y de no comprender la demanda a todos
los litisconsortes necesarios, las cuales, según lo refirió, fueron consideradas
extemporáneas en la primera instancia, no obstante, insiste en que sean valoradas
en sede de apelación.

42. En el orden de los antecedentes expuestos, con el fin de determinar si se
confirma, modifica o revoca la sentencia apelada, la Sala, a partir del estudio de las
pruebas allegadas oportunamente al expediente, establecerá si la demandada
incurrió o no en la inhabilidad por celebración de contratos.

43. Lo anterior, se abordará estrictamente a partir de los argumentos planteados en
la apelación por la parte demandada y el impugnador, precisión que se sustenta en
los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso (CGP)30, que prescriben que
este medio de impugnación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos formulados por la parte
recurrente.31

44. Previo a resolver la apelación conjunta presentada, la Sección hará unas breves
consideraciones sobre i) la inhabilidad por celebración de contratos y ii) la solución
al problema jurídico.

2.1. Inhabilidad contenida en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificado por el 40 de la Ley 617 de 2000. Reiteración32

45. El numeral 3.º del artículo 4333 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el 40 de
la Ley 617 de 2000) establece tres situaciones que pueden inhabilitar a un

30 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de

septiembre de 2023, expediente 68001-23-33-000-2022-00153-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra,
sobre el alcance del recurso de apelación, se consideró: «Al respecto, la Sala debe poner de
presente que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso, «[e]l recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación
con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión.», disposición que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328
Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley».
32 Sobre la inhabilidad por celebración de contratos, se pueden consultar, entre otras, las siguientes

decisiones del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia
del 3 de octubre de 2024, expediente 81001-23-39-000-2023-00076-01, MP. Pedro Pablo Vanegas
Gil. 26 de septiembre de 2024, expediente 19001-23-33-000-2024-00009-01, MP Omar Joaquín
Barreto Suárez. 5 de septiembre de 2024, expediente 13001-23-33-000-2023-00435-01, MP Gloria
María Gómez Montoya. 14 de julio de 2024, expediente 41001-23-33-000-2023-00424-01, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.
33 «No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: […] Quien dentro

del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del
nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel
en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante
legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio o distrito».

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ciudadano para inscribirse como candidato para concejal municipal, a saber:34

i) Quienes hayan intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas en
interés propio o de terceros.
ii) Quienes hayan celebrado contratos con entidades públicas en interés propio o en
el de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito.
iii) Hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o
contribuciones o que presten servicios públicos o de seguridad social en el régimen
subsidiado en la respectiva circunscripción territorial.

46. Debe precisarse que para que se configure dicha causal de inhabilidad, la norma
dispuso un margen temporal, el cual corresponde al año inmediatamente anterior a
la fecha de elección, aplicable a los tres eventos descritos.

47. A su vez, si bien en la disposición esbozada existen tres escenarios
inhabilitantes, para la presente controversia se centrarán las consideraciones en la
celebración de contratos con entidades públicas y el lugar donde debe ejecutar tal
negocio jurídico, pues se trata de las hipótesis a las cuales se dirigen las censuras
de los apelantes.

48. Frente a ello, la jurisprudencia de esta Sección35 ha indicado que la celebración
de contratos requiere de los siguientes elementos configurativos para su
estructuración:

Elementos Ingrediente normativo
Material u
La celebración de contratos ante entidades públicas.
objetivo
La conducta prohibida tiene lugar dentro del año anterior a la
Temporal
elección.
Espacial o El evento inhabilitante debe acaecer en la circunscripción en la
territorial cual debe efectuarse la elección.
El contrato debe comportar un beneficio propio o para terceros.
En este aspecto, es importante poner de presente que la
Modal o de
Sección ha concluido que los beneficios extrapatrimoniales
propósito
también pueden dar lugar a la materialización de la
inhabilidad36.

49. En ese orden, se ha indicado que «la conducta que materializa la inhabilidad
objeto de estudio es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que
se ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del
respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma,
independiente del momento de su ejecución o liquidación»37, pues dichas

34 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia de 18 de noviembre

de 2021, radicado 41001-23-33-000-2019-00555-01.
35 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia de 18 de mayo de

2023, radicado 11001-03-28-000-2022-00157-00; MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 26 de mayo
de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío
Araújo Oñate, sentencia de 1 de diciembre de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00.
36 «Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de agosto de 2004, Rad 3944-3957; y,

sentencia del 27 de noviembre de 2008. Rad. 68001231500020070066901. MP. Filemón Jiménez
Ochoa».
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 13001-23-

33-000-2018-00417-01. Providencia del 30 de mayo de 2019. MP. Alberto Yepes Barreiro.

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actividades se ubican por fuera del supuesto que configura el elemento material de
la norma.38

50. Por su parte, el elemento territorial implica, para el juez de lo electoral, la labor
de verificar si el contrato se ejecutó en el municipio para el cual fue elegido el
demandado, escenario que en algunas ocasiones exige que, además que se
verifique lo pactado y lo estipulado en los estudios previos, se revise el lugar donde
se despliegan las actividades pactadas, conforme las pruebas allegadas al
expediente, cuya valoración se hace en conjunto39.

51. Sumado a esto, no es de menor importancia recordar que, sobre la concurrencia
de dichos requisitos, esta Sección, en providencia del 22 de julio de 202440, reiteró
que los supuestos enunciados son concomitantes, de modo que si falta alguno de
ellos no se configura la inhabilidad.

52. Así pues, conforme las anteriores consideraciones, se abordará el estudio de la
causal inhabilitante contenida en el artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el 40 de la Ley 617 de 2000.

2.2. Solución al problema jurídico

53. La Sala confirmará la sentencia apelada, toda vez que, como la señora Yurleidis
Mercedes Cárdenas Márquez celebró contratos en interés propio, dentro del
período inhabilitante y que debían ejecutarse en el municipio de la elección, incurrió
en la inhabilidad del numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 (modificado
por el 40 de la Ley 617 de 2000). Por tal razón, los argumentos expuestos en el
recurso de apelación carecen de vocación de prosperidad por lo que pasa a
explicarse.

54. Lo primero que se advierte es que el juez electoral no es el competente para
estudiar la validez de los contratos. De igual forma, a través del medio de control de
nulidad electoral no resulta procedente abordar el objeto de la acción de
controversias contractuales. Por lo tanto, en este caso no es factible analizar si los
celebrados por la señora Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez carecen o no de
los elementos jurídicos para ser considerados válidos.

55. Respecto de ello, conviene anotar que el medio de control de nulidad electoral,
conforme el artículo 139 del CPACA, prescribe lo siguiente:«[c]ualquier persona
podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y
autoridades públicas de todo orden», alcance que demuestra que lo que persigue

38 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,

sentencia de 16 de octubre de 2020, expediente 2020-03518. Sección Quinta, sentencia de 13 de
agosto de 2020, expediente 2019-00926; sentencia de 31 de julio de 2009, expediente 2007-00966-
02. Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 63001-23-
33-000-2023-00102-02, MP. Gloria María Gómez Montoya.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de

julio de 2024, expediente 76001-23-33-000-2023-00886-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del (25) de

julio de 2024, expediente 85001-23-33-000-2023-00124-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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el accionante no es posible decidirlo a través de la presente acción.

56. Si lo que se persigue es cuestionar la existencia y validez de los contratos
celebrados con entidades públicas, se debe acudir al medio de control de
controversias contractuales, establecido en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011,
que dispone «[c]ualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que
se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales,
que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras
declaraciones y condenas».

57. En el orden de ideas, en términos de la inhabilidad endilgada a la accionada, lo
que resulta relevante a fin de determinar su configuración gira en torno a la
celebración de contratos o, en términos puntuales, si se probó que existió un
acuerdo de voluntades entre la demandada y la E.S.E. Hospital Zona Bananera, de
acuerdo con las formalidades que establece la Ley 80 de 1993 en torno al contrato
estatal41.

58. En ese sentido, se precisa que la inhabilidad por celebración de contratos, como
en el presente caso, conlleva la verificación de los siguientes elementos: i) material
u objetivo, ii) temporal; iii) espacial o territorial y, finalmente, iv) modal o de propósito,
los cuales se derivan del artículo 43.3 de la Ley 136 de 199442.

59. En segundo lugar, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la
apelación, según el cual, la demandada no manejó recursos públicos ni fungió como
autoridad administrativa durante la ejecución de los contratos, pues, en el presente
asunto el cargo se circunscribe a la celebración de contratos en el período
inhabilitante.

60. Frente a ello, se advierte que dichos aspectos que se traen en la apelación no
fueron objeto de debate en el proceso, pues no hacen parte de la causal de
inelegibilidad planteada en este proceso, toda vez que no se trata de cargos que se
hubiese propuesto en la demanda y, por ende, tampoco hicieron parte de la fijación
del litigio, cuyo problema jurídico se centró, específicamente, al supuesto de la
inhabilidad por celebración de contratos.

61. En tercer lugar, el ruego de la apelante en torno a sus dudas respecto del
domicilio contractual, por cuanto los contratos no especifican la locación de
ejecución, aspecto que, según su parecer, le generó incertidumbre sobre si las
actividades se llevaron a cabo en la jurisdicción donde la demandada fue elegida,
tampoco está llamado a prosperar

62. Previo a sustentar la negativa del cargo, es oportuno anotar que para efectos de
analizar el lugar de ejecución del contrato, es factible acudir a cualquier medio

41 Artículo 41 de que establece: «Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo

sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito».
42 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

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probatorio allegado al proceso, así lo ha señalado la jurisprudencia43:

58. Frente a dicho aspecto, la Sala encuentra preciso aclarar al accionado que la
anterior pieza probatoria, al igual que la minuta del negocio jurídico que celebró,
resulta pertinente, útil y conducente para determinar en dónde se ejecutó el contrato.

59. A su vez, es oportuno anotar que, para efectos de analizar el lugar de ejecución
del contrato, es factible acudir a cualquier medio probatorio allegado al proceso que
lo demuestre, así lo ha señalado la jurisprudencia y también se desprende del artículo
176 del CGP, el cual permite la apreciación de las pruebas en conjunto, salvo de las
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos
actos, lo que no es del caso dado a que no existe alguna disposición que imponga
ese deber para acreditar lo que se discute.

63. En el orden de los sustentos expuestos, como lo puso de presente el tribunal,
se encuentra que al proceso se aportaron seis contratos44 celebrados por la señora
Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez con la E.S.E. Hospital Local Zona Bananera
(Magdalena), cuyo objeto fue prestar sus servicios técnicos como auxiliar de
enfermería para llevar a cabo actividades de promoción y prevención de forma
oportuna y efectiva; procurando siempre la atención integral del paciente, los cuales
se relacionan de la siguiente manera:45

No. Fecha de Domicilio
Acta de inicio
contrato suscripción contractual
2023-01-10- 10 de enero de El 10 de enero de 2023 en las instalaciones
062 2023 «Para todos los de la E.S.E. en el municipio.
2023-02-16- efectos El 16 de febrero de 2023 en las
16 febrero 2023 contractuales y
197 instalaciones de la E.S.E. en el municipio.
legales atinentes
2023-04-03- El 3 de abril de 2023 en las instalaciones
3 de abril de 2023 a este
377 de la E.S.E. en el municipio.
compromiso, las
2023-05-03- 3 de mayo de El 3 de mayo de 2023 en las instalaciones
partes acuerdan
424 2023 de la E.S.E. en el municipio.
como domicilio el
2023-06-01- 1.º de junio de municipio de Zona El 1.º de junio de 2023 en las instalaciones
461 2023 Bananera – de la E.S.E. en el municipio.
2023-06-28- 28 de junio de Magdalena».46 El 28 de junio de 2023 en las instalaciones
630 2023 de la E.S.E. en el municipio.

64. Al lado de dichas probanzas, se adjuntaron los correspondientes antecedentes
contractuales, como: estudios previos, certificados de disponibilidad presupuestal,
hoja de vida, certificados de registro presupuestal y actas de inicio, a partir de los
cuales se extraen los siguientes aspectos relevantes.

65. Revisados dichos contratos, se halló que la E.S.E. contratante tiene como
dirección la «carrera 11 No. 4-04 Sevilla, Zona Bananera». Aunado a esto se resalta
que en el interrogatorio de parte que rindió la demandada en la audiencia de

43 Sobre el tema se puede consultar, entre otras decisiones, la siguiente del El Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 25 de julio de 2024, expediente
85001-23-33-000-2023-00124-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
44 Índice 3 Samai, «ExpedienteDigitalOneDrive(.zip) NroActua 3», documento
«27RespuestaHospitalLocalZonaBananera1».
45 Sobre la existencia del acuerdo de voluntades, se puede consultar del Consejo de Estado, Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5 de septiembre de 2024,
expediente 13001-23-33-000-2023-00435-01, MP. Gloria María Gómez Montoya.
46 Conforme a las cláusulas 18 y 19, dependiendo del contrato.

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pruebas del 2 de abril de 202447, explicó que, a partir de las actividades pactadas
en los negocios jurídicos celebrados, ella realizó turnos de doce (12) horas en
el área de urgencias del Hospital Local del municipio de Zona Bananera, es decir,
fue la misma accionada quien hizo manifiesto que los contratos se ejecutaron en el
lugar del domicilio contractual.

66. Por ello, más allá de la supuesta ambigüedad en el domicilio contractual de los
contratos o la discusión respecto a que el referido hospital pertenece al nivel
departamental, lo cierto es que, del análisis en conjunto de las pruebas allegadas al
proceso, se demostró que la ejecución del cumplimiento de las obligaciones por
parte de la contratista, es decir, de la señora Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez,
se realizaron en las instalaciones del establecimiento de salud contratante, que está
ubicado en el municipio en el que la demandada fue elegida como concejal. Por lo
tanto, dicho argumento de los apelantes tampoco tiene vocación de prosperidad.

67. La misma suerte corre el planteamiento de los impugnantes en tanto indicaron
que las actividades pactadas no se llevaron a cabo, lo que, según sus dichos,
evidenció que los contratos no reflejaron la realidad.

68. Contrario a lo referido por los apelantes, para que se configure la inhabilidad en
tela de juicio, basta con la celebración del contrato, como en efecto se probó en el
presente caso, y que este deba ejecutarse en el lugar de elección, de manera que
indagar si las actividades se llevaron a cabo o no se trata de un aspecto que escapa
al alcance que el legislador y la jurisprudencia de esta Sección le han reconocido al
artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994.

69. En todo caso, llama la atención de la Sala que la demandada en el interrogatorio
de parte explicó que los «jefes inmediatos», a partir de las actividades establecidas
en los contratos suscritos, le asignaban las funciones a cumplir, como era realizar
turnos de doce (12) horas en urgencias de la E.S.E. Hospital Local Zona Bananera
y que por ello recibió el pago mensual pactado, probanza que demuestra que dicho
argumento de la apelación carece de la entidad necesaria para revocar la
providencia de primera instancia.

70. Por otra parte, los apelantes afirmaron que el impugnador presentó excepciones
previas de inepta demanda y falta de inclusión de todos los litisconsortes
necesarios. Indicaron que si bien el tribunal decidió que aquellas fueron
extemporáneas, solicitaron que sean valoradas en esta instancia como argumento
del recurso de apelación.

71. Respecto a la intervención de terceros en el medio de control de nulidad
electoral, el artículo 228 del CPACA establece que «[e]n los procesos electorales
cualquier persona puede pedir que se la tenga como impugnador o coadyuvante» y
«su intervención solo se admitirá hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de
celebración de la audiencia inicial».

47 Índice 36 Samai del tribunal. Video MP4 de la audiencia de pruebas. Ver minuto: 11, segundo: 43

al minuto: 24, segundo:42.

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72. En cuanto al alcance material de la figura y los límites en su ejercicio, el artículo
71 del CGP48 precisa que los coadyuvantes podrán «efectuar los actos procesales
permitidos a la parte que ayuda[n], en cuanto no estén en oposición con los de esta
y no impliquen disposición del derecho en litigio».

73. Esto último significa un límite de postulación para los intervinientes, en tanto
implica que el ejercicio activo de la litis, asociado a la parte a la que pretenden
apoyar, sea coherente y armónico. De tal manera, aquellos no podrán exceder el
marco razonable que subyace a la causa petendi y la pretensión del coadyuvado.

74. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha destacado el carácter
subsidiario de las actuaciones que pueden ser desplegadas por los coadyuvantes e
impugnadores en el marco de los procesos de nulidad electoral, pues su
intervención siempre dependerá del comportamiento procesal asumido por la parte
a la que pretenden apoyar (demandante o demandado).

75. En este sentido, la jurisprudencia electoral ha establecido que los terceros
interesados solo podrán hacer uso de los instrumentos procesales concebidos por
el ordenamiento cuando los coadyuvados actúan, de manera que su participación
se circunscribe a enriquecer argumentativamente la posición asumida por estos49.
En palabras de esta Sala Electoral:

El tema de la coadyuvancia ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sección
Quinta, en el sentido de señalar que las partes y los coadyuvantes tienen
posibilidades de actuación dentro del proceso que resultan diferenciables, por cuanto
mientras las partes actúan de manera autónoma, los otros intervinientes encuentran
como condicionamiento de sus postulaciones el interés de la parte a la que apoyan,
habiéndose inclusive señalado que su posición es la de contribuir a enriquecer
argumentalmente la posición de la parte coadyuvada, como actualmente se evidencia
del contenido del artículo 228 del CPACA, para la especificidad de los procesos
electorales, cuyo texto reza: “En los procesos electorales cualquier persona puede
pedir que se la tenga como impugnador o coadyuvante. Su intervención solo se
admitirá hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de celebración de la audiencia
inicial”.

76. Con fundamento en lo anterior, la Sección ha rechazado las peticiones elevadas
por los coadyuvantes e impugnadores, cuando exceden las facultades que asisten
a las partes, disponiendo del derecho de acción que ha sido empleado por ellas. En
ese sentido, por ejemplo, ha desestimado los recursos ordinarios propuestos de
manera independiente por los terceros intervinientes, luego de que el demandante
o demandado se abstiene de interponerlos50.

77. Igualmente, ha negado las intervenciones que exceden los cargos de nulidad
alegados por las partes, bajo el entendido de que su margen de actuación es
restringido y está vinculado al debate propuesto por el actor. Al respecto, ha

48 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
49 Ver, en ese sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

auto de 29 de abril de 2021, expediente 11001-03-28-000-2020-00088-00, MP. Luis Alberto Álvarez
Parra.
50 Idem.

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explicado la Sala51:

3.3 Ahora bien, esta misma Sala de Decisión también ha definido que la intervención
del tercero en el proceso electoral no puede estar dirigida a adicionar argumentos
o cargos nuevos, al explicar que su labor solo consiste en contribuir o ayudar a la
parte principal sin que ello le permita hacer modificación alguna. [Énfasis del original].

78. Conforme con los límites establecidos por la ley y la jurisprudencia, referidos
anteriormente, el debate procesal se circunscribe a los cargos de nulidad planteados
por las partes, lo que impide estudiar causales de anulación distintas o efectuar
análisis impropios o ajenos al extremo que solicitan acompañar. Así las cosas, si
bien el tercero interesado dentro del proceso puede realizar todos los actos adjetivos
permitidos a la parte a la que ayuda, ello no implica que le asistan oportunidades
procesales adicionales, privilegiadas o diferentes a las previstas en la ley.

79. Teniendo claro los alcances de la intervención de los terceros en los medios de
control de nulidad electoral, en el presente caso se tiene, que la señora Yurleidis
Mercedes Cárdenas Márquez, al contestar la demanda52, mediante apoderado
judicial, en cuanto a excepciones, manifestó:

Nota: no tengo Excepciones (sic) previas, dado que el abogado demandante, le falto
(sic) direccionamiento al no colocar un contexto, claro, preciso y expreso.

80. Por lo tanto, como la parte accionada no propuso las excepciones de ineptitud
sustantiva de la demanda ni la falta de inclusión de todos los litisconsortes
necesarios al contestar la demanda, como si las planteó el impugnador en su
intervención (que además el tribunal la consideró como extemporánea), la Sala
advierte que dicho argumento carece de vocación de prosperidad.

81. En conclusión, esta Sección confirmará la sentencia apelada, pues se demostró
que la demandada no podía ser elegida concejal, por cuanto celebró varios
contratos dentro del año anterior a su elección, con la E.S.E. Hospital Local Zona
Bananera (Magdalena), en interés propio y se ejecutaron en el municipio en que fue
electa para dicha dignidad.

82. Finalmente, no sobra anotar que, conforme el ordinal 3.º del artículo 288 del
CPACA, la sentencia que dispone la nulidad electoral por estar incurso en causal
de inhabilidad, prevista en el ordinal 5.º del artículo 275 del mismo código, implica
la cancelación de la respectiva credencial que se hará efectiva a la ejecutoria de la
sentencia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley.

51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 21 de octubre

de 2021, expediente 54001-23-33-000-2021-00195-01, MP. Rocío Araújo Oñate.
52 Índice 12 Samai del tribunal.

Calle 12 No. 7-65. Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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17

Demandante: Ernesto José Castro Montenegro
Demandada: Yurleidis Mercedes Cárdenas Márquez
como concejal de Zona Bananera (Magdalena)
Radicado: 47001-23-33-000-2023-00286-01

III. FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 25 de abril de 2024, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Magdalena anuló la elección de Yurleidis Mercedes
Cárdenas Márquez como concejal de Zona Bananera (Magdalena), período 2024-
2027 conforme las consideraciones de la presente decisión.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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