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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
24 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas dirigidas a obtener la nulidad del acto de elección de la señora Leyla Marleny Rincón Daza, como representante a la Cámara por el departamento del Huila, período 2022-2026, contenido en el formulario E-26 CAM del 24 de marzo de 2022, conforme con la parte motiva de este proveído. 60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de noviembre de 2018, M.P: Rocío Araújo Oñate, Radicado No. 11001-03-28-000-2018-00075-00 27 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: María Elena Daza Bolaños y otros Demandada: Leyla Marleny Rincón Trujillo – Representante a la Cámara por el departamento del Huila Rad: 11001-03-28-000-2022-00058-00 (ppal) SEGUNDO. – ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

1 de diciembre de 2022

Demandantes: María Elena Daza Bolaños y otros
Demandada: Leyla Marleny Rincón Trujillo – Representante a la Cámara por el
departamento del Huila
Rad: 11001-03-28-000-2022-00058-00 (ppal)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00058-00 (ppal)
11001-03-28-000-2022-00044-00
11001-03-28-000-2022-00104-00
Demandantes: María Elena Daza Bolaños y otros
Demandada: Acto electoral de Leyla Marleny Rincón Trujillo como
representante a la Cámara por el departamento del Huila
para el período 2022-2026.

Temas: Elementos estructuradores de las causales de inhabilidad
contenidas en los numerales 2, 3 y 8 del artículo 179 de la
Constitución Política.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sección Quinta del Consejo de Estado, a dictar fallo de única instancia en el
expediente acumulado de la referencia, en el cual se cuestiona la legalidad del acto de
elección de la señora Leyla Marleny Rincón Trujillo como representante a la Cámara
por el departamento del Huila, periodo 2022-2026, contenido en el formulario E-26 CAM
del 24 de marzo de 2022.

I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda

1.1. Expediente 2022-00044-001

1. Mediante escrito del 20 de abril del 20222, el señor José Javier Caro de la Cruz,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en
el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en el que cuestionó la legalidad del acto
electoral de la ciudadana Leyla Marleny Rincón Trujillo como representante a la Cámara
por el departamento del Huila.

1.1.1. Hechos

2. El demandante señaló que el 24 de marzo de 2022, la demandada fue declarada

1
M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
2
De conformidad con la constancia de radicación de demandas por web, obrante en el documento
REPARTOYRADICACION_11001032800 020220004(.pdf) NroActua 1 del sistema SAMAI.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: María Elena Daza Bolaños y otros
Demandada: Leyla Marleny Rincón Trujillo – Representante a la Cámara por el
departamento del Huila
Rad: 11001-03-28-000-2022-00058-00 (ppal)

electa representante a la Cámara por el departamento del Huila por la “Coalición Pacto
Histórico”, según consta en el formulario E-26 CAM de la misma fecha.

3. Previa a esta designación democrática, la señora Rincón Trujillo fue concejal del
municipio de Neiva (período 2020-2023), dignidad en la que fungió como presidenta de
la mencionada corporación.

4. Sostuvo que renunció a su investidura de concejal, el 13 de noviembre de 2021,
dimisión que fue aceptada el 17 del mismo mes y año, según consta en la Resolución
070 proferida por el Concejo Municipal de Neiva, de esa data.

5. Aseveró que la accionada como miembro de la mesa directiva del Concejo de Neiva,
firmó las Resoluciones 064 y 066 del 4 y 6 noviembre de 20213 y varios contratos, lo
que la hacía inelegible para ser representante a la Cámara por el departamento del
Huila, conforme con las causales de inhabilidad de los numerales 2 y 3 del artículo 179
de la Constitución.

1.1.2. Concepto de la violación

6. Se alegó que la demandada se encontraba inhabilitada para ser congresista, por
cuanto desempeñó funciones administrativas y políticas como integrante de un cuerpo
legislativo de orden municipal, aspecto que a juicio del demandante, concreta la causal
de anulación del numeral 2 del artículo 179 Superior.

7. Adicionalmente, consideró que intervino en la gestión de negocios y firmó contratos
como miembro de la mesa directiva del Concejo municipal del Huila, dentro del año
anterior a la elección, de manera que incurrió en la causal de inelegibilidad del 179.3
constitucional.

8. Soportó los vicios aducidos en:

a) La renuncia que presentó 11 de noviembre de 2021 y reiterada el 13 del mismo mes y
año, ante la mesa directiva del concejo municipal, al considerar que con ello gestionó
asuntos ante la administración.
b) Las Resoluciones N° 064 del 4 de noviembre de 2021 y 066 del 8 de noviembre del
mismo año, mediante las cuales intervino en un proceso de contratación estatal –
programación y cronograma –, con el fin de ajustar la fecha de la firma de un contrato
que dicha corporación suscribiría con una entidad de educación superior, con el fin de
desarrollar el proceso de convocatoria y elección del Contralor municipal de Neiva.
c) Resolución 070 del 17 de noviembre de 2021, por medio de la que se aceptó su
renuncia.
d) Contrato de prestación de servicios N° 062 de 1 de septiembre de 2021, que como
presidenta (E) del Concejo de Neiva, suscribió con la señora Yolsy Maura Fajardo
Enciso, en calidad de representante legal del Concejo.

9. Por lo anterior, solicitó la suspensión provisional del acto demandado.

3
Por medio de las cuales se abrió el proceso de selección del contralor municipal de Neiva.

2

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Demandantes: María Elena Daza Bolaños y otros
Demandada: Leyla Marleny Rincón Trujillo – Representante a la Cámara por el
departamento del Huila
Rad: 11001-03-28-000-2022-00058-00 (ppal)

1.1.3 Trámite relevante

10. En decisión del 2 de junio de 2022, la Sala admitió la demanda y denegó la
suspensión provisional de los efectos del acto demandado.

11. En el término para contestar la demanda, intervinieron:

12. La demandada, a través de apoderado, solicitó se denieguen las pretensiones, al
considerar que frente a la causal de inelegibilidad establecida en el numeral 2 del
artículo 179 Superior, es requisito para su estructuración el haber ejercido como
empleado público.

13. Para el caso concreto, la demandada fue concejal de Neiva en el período 2020-
2023, investidura que a la luz del artículo 312 Superior, no tiene la calidad de empleado
público, por lo que, respecto de la señora Rincón Trujillo no se puede predicar la
mencionada inhabilidad.

14. En lo que hace al numeral 3 del artículo 179 de la Constitución, citó la sentencia del
18 de noviembre de 20214, en la que la Sala Electoral señaló que en el ejercicio de las
atribuciones legales, no se persigue un interés propio ni de terceros, sino satisfacer el
general, razón por la que, frente a los concejales cuando en el cumplimiento de sus
funciones intervienen en la celebración de contratos, ello no se traduce en la
materialización de la inhabilidad, en tanto no se estructura el elemento subjetivo de la
norma que se aduce desconocida.

15. Mediante decisión del 19 de julio de 2022 se ordenó remitir el proceso para su
eventual acumulación.

1.2. Expediente 2022-00058-005

16. La ciudadana María Elena Daza Bolaños interpuso el 29 de abril de 2022 6,
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el
artículo 139 de la Ley 1437 del 2011.

1.2.1 Hechos

17. Señaló que el 27 de octubre de 2019, la señora Leyla Marleny Rincón Trujillo fue
elegida concejal del municipio de Neiva para el período constitucional 2020-2023. Indicó
que, en dicha condición, el 10 de octubre de 2020, fue designada como primera
vicepresidente de la corporación, dignidad en la que se le encargó como presidenta a
partir del 19 de octubre del 2021 y hasta el 17 de noviembre del 2021, fecha en la que
le fue aceptada su renuncia como cabildante.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado No.
41001-23-33-000-2019-00555-01, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
5
M.P: Rocío Araújo Oñate.
6
SAMAI. Actuación No. 1. Constancia de reparto y radicación.

3

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Demandantes: María Elena Daza Bolaños y otros
Demandada: Leyla Marleny Rincón Trujillo – Representante a la Cámara por el
departamento del Huila
Rad: 11001-03-28-000-2022-00058-00 (ppal)

18. Alegó que, en ejercicio del encargo de la presidencia del Concejo municipal de
Neiva, celebró contratos estatales e intervino en la gestión de negocios y actos jurídicos
propios de la representación legal de dicha entidad.

19. Además, resaltó que la demandada resultó electa en una curul a la Cámara de
Representantes por el departamento del Huila, el 24 de marzo de la presente anualidad,
aspecto que concreta la coincidencia de períodos con el de concejal el cual culminaba
en el año 2023.

1.2.2. Concepto de la violación

20. Consideró que con el acto electoral demandado se incurrió en la causal de nulidad
consagrada en el numeral 5º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, en tanto la
señora Leyla Marleny Rincón Trujillo se encontraba inhabilitada para ocupar el cargo de
congresista, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3º y 8º del artículo 179
constitucional.

21. En cuanto a lo primero, indicó que en el expediente se arrimó prueba documental
que considera suficiente para demostrar la celebración de contratos estatales y otras
gestiones llevadas a cabo en el lapso del período inhabilitante que consagra la norma
constitucional. Concluyó señalando que “[u]n correcto entendimiento de esta causal
constitucional indica que desde el 13 de septiembre de 2021 (6 meses antes de la elección de
Congreso), quien se postula como candidata -en este caso- tenía una restricción ineludible de
celebrar contratos estatales en interés propio o en el de terceros y de intervenir en la gestión de
negocios o actos jurídicos propios de la figura de Representante legal de la Corporación
Concejo de Neiva.”

22. En cuanto a la segunda causal de inelegibilidad alegada, precisó que la
jurisprudencia unificada de la Sección Quinta7 ha indicado que los derechos de los
electores, y no solamente del elegido, deben ser considerados al estudiar problemas
jurídicos derivados del derecho electoral. Siendo ello así, “el período institucional de los
concejales –para citar sólo el caso concreto- tiene raigambre objetiva por disposición de la
Constitución (Acto Legislativo No. 2 de 2002) y no pueden ser de uso arbitrario, unilateral,
personal o subjetivo del elegido –o elegida, para el caso concreto-.”

23. Manifestó que las consideraciones de la sentencia de unificación citada, aplican
incluso a los cargos plurinominales, por lo que sus consideraciones conllevan a concluir
que, en el presente caso, se configura la inhabilidad deprecada en atención a la
coincidencia de períodos en relación con el Concejo municipal de Neiva y la Cámara de
Representantes por el departamento del Huila.

24. Las razones expuestas, fueron el sustento de la petición cautelar deprecada por la
parte actora.

7
Sentencia de unificación dictada dentro del radicado 11001-03-28-000-2015-00051-00, MP: Alberto Yepes Barreiro.

4

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Demandantes: María Elena Daza Bolaños y otros
Demandada: Leyla Marleny Rincón Trujillo – Representante a la Cámara por el
departamento del Huila
Rad: 11001-03-28-000-2022-00058-00 (ppal)

1.2.3 Trámite relevante

25. En decisión del 26 de mayo de 2022, se admitió la demanda y se negó la petición
cautelar.

26. Surtidas las notificaciones de rigor, contestaron aquélla los siguientes sujetos
procesales:

27. En escrito del 17 de junio de 2022, la demandada, a través de apoderado, solicitó
se denieguen las pretensiones, al considerar que, de los 3 cargos propuestos, esto es,
el de gestión de negocios, celebración de contratos y coincidencia de períodos, ninguno
tiene la vocación de prosperidad en tanto no se estructuran en el caso concreto.

28. Expuso que frente a la inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 179
Superior, la parte actora no desarrolló ni sustentó en su escrito inicial, cómo habría
incurrido la demandada en estas conductas, es decir, no determinó el título en que
actuó o intervino en la supuesta gestión y/o celebración de contratos, aspecto que hace
inepta la demanda.

29. No obstante ello, manifestó que conforme con la arquitectura constitucional que rige
la función administrativa, cuando un servidor público desarrolla las actividades propias
de su cargo, lo hace en el marco del cumplimiento del deber funcional y no en ejercicio
de su libre desarrollo de la personalidad, por lo que en estos casos lo que busca es
procurar la satisfacción del interés general y no el personal, aspecto que denota la no
acreditación del elemento modal de la inhabilidad establecida en el numeral 3 del
artículo 179 Superior, en tanto las actuaciones no son en interés propio ni de terceros
sino por un fin mismo del Estado8.

30. En lo que hace al contrato aducido por la parte actora, señaló que fue suscrito por
fuera de los 6 meses consagrados en la norma superior, razón por la cual no debe ser
tenido en cuenta en el presente análisis.

31. En lo que atañe a la causal de inelegibilidad del numeral 8 ídem, luego de explicar
su contenido y elementos estructuradores, señaló que la demandada presentó renuncia
al Concejo de Neiva el 13 de noviembre de 2021, aceptada el 17 del mismo mes y año
a través de la Resolución No. 070, e inscribió su candidatura el 13 de diciembre de
2021, según se extrae del formulario E-6.

32. Por lo señalado, adujo que cuando resultó electa como representante a la Cámara,
no se encontraba ejerciendo como concejal, por lo que no se concretó la coincidencia
prohibida.

33. El Consejo Nacional Electoral, en escrito del 1 de julio de 2022, solicitó que se
declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, al no haber conocido de solicitud

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de noviembre de 2021, M.P: Luis
Alberto Álvarez Parra, Radicado No. 41001-23-33-000-2019-00555-01

5

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Demandantes: María Elena Daza Bolaños y otros
Demandada: Leyla Marleny Rincón Trujillo – Representante a la Cámara por el
departamento del Huila
Rad: 11001-03-28-000-2022-00058-00 (ppal)

de revocatoria de la inscripción de la demandada en sede administrativa.

1.3. Expediente 2022-00104-009

34. El 9 de mayo de 2022, la ciudadana Martha Fabiola Garcés Aldana, presentó
demanda en ejercicio del medio del medio de control de nulidad electoral, contra el
formulario E-26 CAM del 24 de marzo de 2022, que contiene la elección de la señora
Leyla Marleny Rincón Trujillo, como representante a la Cámara por el departamento del
Huila.

1.3.1 Hechos

35. Señaló que la señora Rincón Trujillo fue elegida concejal del municipio de Neiva
para el periodo constitucional comprendido entre el 1º de enero de 2020 al 31 de
diciembre de 2023. En esa dignidad, fue designada como vicepresidenta de dicha
corporación y, además, le fueron delegadas funciones de la presidencia, por lo que
actuó como ordenadora del gasto.

36. Como integrante de la mesa directiva del Concejo municipal de Neiva: I) discutió y
realizó la convocatoria pública para escoger la institución de educación superior que
participaría en la selección del contralor de ese municipio para el periodo 2022-2025; II)
suscribió distintas resoluciones, por ejemplo, la que autorizó la realización de sesiones
mixtas y todas aquellas relacionadas con el trámite de convocatoria para elegir aquél;
III) aprobó y firmó la evaluación de proponentes para acompañar dicho proceso y
participó en la selección de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para ese
fin.

37. Firmó la resolución mediante la cual se aceptó la renuncia del presidente del
concejo municipal, señor Deivis Martínez. Como consecuencia de esta, asumió la
presidencia de la corporación hasta el 17 de noviembre de 2021, fecha en la que fue
aprobada su dimisión como concejal.

38. Se afirmó igualmente que, como ordenadora del gasto del Concejo municipal de
Neiva, la accionada suscribió un contrato de prestación de servicios con la señora Yolsy
Fajardo Enciso, por el valor de $8.000.000, por un periodo de 4 meses (Contrato No.
062 del 1 de septiembre de 2021).

39. Sostuvo que renunció a la duma de forma extemporánea frente a la limitación
temporal que establece la Constitución Política en el artículo 179.8, para postularse
como candidata a la Cámara de Representantes.

40. Finalmente, refirió que la demandada ha sido y es, docente de la Universidad
Pública del Huila Surcolombiana10.

9
M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
10
Frente a este hecho no expuso argumento alguno que sustentara sus pretensiones anulatorias.

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departamento del Huila
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1.3.2 Concepto de la violación

41. A juicio de la demandante, la accionada se encontraba inhabilitada conforme con lo
previsto en el artículo 179.3 de la Constitución para ser elegida representante a la
Cámara por cuanto gestionó, tramitó, propuso y debatió una convocatoria pública cuyo
desenlace era la contratación de una universidad para conformar la terna para contralor
de la ciudad.

42. Señaló que en dicho trámite la señora Rincón Trujillo no sólo realizó la convocatoria
en su calidad de presidenta y vicepresidenta de la mesa directiva de la corporación de
elección popular, sino que evaluó y ponderó las propuestas. De igual forma, se afirmó
que la disposición arriba señalada fue desconocida por cuanto la demandada, en
calidad de ordenadora de gasto, suscribió el contrato de prestación de servicios No. 062
de 2021.

43. Adicionalmente, adujo que se transgredió el ordinal 8 de la misma norma,
disposición que indica que [n]adie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo
público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo,
así sea parcialmente. Lo anterior, por cuanto, en su criterio, [l]a renuncia [de la demandada
a su condición de concejal de Neiva] surtió su trámite o efecto por fuera del término
constitucional y/o legal previsto para ser elegido congresista, puesto que la jurisprudencia de
esta Corporación ha indicado que la inhabilidad establecida en la norma citada se configura,
entre otros eventos, cuando se escoja a una persona para desempeñar un cargo o para ser
miembro de una corporación pública y que, estando en ejercicio del mismo, aspire a ser elegida
para otra corporación o cargo.

1.3.3 Trámite procesal

44. El 9 de junio de 2022, la Sala Electoral admitió la demanda y negó la suspensión
provisional del acto electoral. En el término de traslado para contestar el escrito inicial,
se pronunciaron:

45. El 11 de julio de 2022, el apoderado judicial de la demandada, solicitando que se
denieguen las pretensiones, teniendo como fundamento las consideraciones expuestas
para el medio de control con radicado No. 2022-00058-00.

46. El 19 de julio de 2022, el CNE, contestó la demanda en idéntico sentido que la parte
demandada.

47. El 8 de agosto de 2022, se decidió remitir el presente proceso para su eventual
acumulación.

1.3.4. Acumulación de procesos y sorteo de magistrado ponente

48. Luego de decidida la acumulación, se adelantó el sorteo de magistrado ponente11,

11
14 de septiembre de 2022.

7

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departamento del Huila
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correspondiéndole a quien sustancia la presente actuación.

1.3.5 Auto que decidió la posibilidad de dictar sentencia anticipada12

49. En providencia del 21 de octubre de 2022, se dispuso lo correspondiente a las
excepciones13, la incorporación de los medios de convicción aportados y se fijó el litigio.

50. Finalmente, se ordenó correr traslado de los medios de convicción decretados, para
que, con posterioridad a ello, se procediera a otorgar la oportunidad a las partes para
alegar de conclusión con el fin de dictar sentencia anticipada.

1.3.6 Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

51. La demandada14, a través de apoderado, el 21 de noviembre de 2022, solicitó
denegar las pretensiones, reiterando los argumentos de defensa expuestos en sus
escritos de contestación de las diferentes demandas.

52. El Consejo Nacional Electoral, el 22 de noviembre de 2022, solicitó negar las
pretensiones bajo consideraciones que no hacen parte del presente medio de control
acumulado, dado que sus argumentos giran en torno a la legalidad de la inscripción de
la lista del “Pacto Histórico” por acatamiento de lo consagrado en el inciso 5 del artículo
262 Superior.

53. La señora Martha Fabiola Garcés Aldana, en su condición de demandante, el 25
de noviembre de 2022, solicitó se acceda a las pretensiones de la demanda, al
considerar que al interior del proceso, se encuentran probados los hechos y las
violaciones normativas aducidas en el presente medio de control acumulado.

54. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, el 25 de
noviembre de 2022, presentó concepto en el que solicitó denegar las pretensiones de la
demanda, al considerar que:

55. Frente a la inhabilidad consagrada en el numeral 2 del artículo 179 de la
Constitución, sostuvo que no se materializa, en tanto el ejercicio de autoridad o
jurisdicción, a juicio del demandante, se concretó cuando fue concejal de Neiva. No
obstante, el ser miembro de la duma municipal, no se encuadra en el elemento
subjetivo, en tanto, de ellos no se predica la condición de ser empleado público, a la luz
del artículo 312 Superior.

56. En lo que hace a la causal establecida en el numeral 3 ídem, señaló que la gestión
de negocios no se concreta cuando la misma es producto de la función que
constitucional y legalmente se le atribuye a un servidor público.

57. En lo que se refiere a celebración de contratos, señaló que la misma no se concretó
12
AUTOQUEDECIDESOBREEXCEPCIONESP REVIAS(.pdf) NroActua 53 del sistema SAMAI.
13
Sobre este aspecto, se decidió negar las excepciones propuestas, esto es, ineptitud de la demanda y falta de legitimación en la
causa por pasiva del CNE.
14
Memorial(.pdf) NroActua 64

8

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Demandantes: María Elena Daza Bolaños y otros
Demandada: Leyla Marleny Rincón Trujillo – Representante a la Cámara por el
departamento del Huila
Rad: 11001-03-28-000-2022-00058-00 (ppal)

dado que el contrato en el que se sustenta la petición anulatoria, es e No. 062 del 1 de
septiembre de 2022, acuerdo de voluntades que se encuentra por fuera del período
inhabilitante que es de 6 meses anteriores a la elección. -13 de marzo de 2022-.

58. Finalmente, de la causal del numeral 8 del artículo 179 constitucional, señaló que al
haber renunciado la demandada a la duma municipal, con anterioridad a la fecha de su
inscripción como representante a la Cámara por el departamento del Huila, impidió su
concreción en el caso concreto.

59. El 28 de noviembre de 2022, la demandante, María Elena Daza Bolaños,
presentó alegatos de conclusión de forma extemporánea15.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

60. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para tramitar en única
instancia el presente proceso, en virtud de lo establecido en el artículo 149, numeral
3º16 de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo normado en el artículo 13 del Acuerdo 80 de
2019 –Reglamento del Consejo de Estado–, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Problema jurídico

61. La Sala considera que, el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar
si es válido el acto electoral de Leyla Marleny Rincón Trujillo, como representante a la
Cámara por el departamento del Huila, contenido en el E-26 CAM del 24 de marzo de
2022.

62. Para tal efecto, resulta necesario resolver los siguientes interrogantes:

 Si la señora Leyla Marleny Rincón Trujillo se encuentra inmersa en la inhabilidad
consagrada en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política, por haber
desempeñado, en su condición de concejal del municipio de Neiva, funciones que
implican el ejercicio de autoridad administrativa y política, dentro de los 12 meses
anteriores a su elección. Para ello, se debe dilucidar si los concejales ostentan o no la
condición de empleados públicos.

 Si se materializó la causal de inhabilidad, consagrada en el numeral 3 del artículo 179 de
la Constitución Política, referente a la gestión de negocios, que en el ejercicio de sus
funciones como miembro de la mesa directiva del Concejo municipal de Neiva, ejerció la

15
De conformidad con la constancia secretarial del 28 de noviembre de 2022, expedida por la secretaría de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, el traslado para alegar de conclusión trascurrió entre el 11 al 15 de noviembre de 2022, por lo que, al haberse
allegado el 28 del año en curso, resultan ser extemporáneos. ALDESPACHOPARASENTENCIA_2258XA SENT(.docx) NroActua 68
16
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. (Artículo modificado por el artículo 24 de
la Ley 2080 de 2021) El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones,
subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia
de los siguientes asuntos: 3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el
Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento
Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las
entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan
aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.

9

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Demandada: Leyla Marleny Rincón Trujillo – Representante a la Cámara por el
departamento del Huila
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demandada, al tramitar, proponer y debatir la convocatoria pública para contratar a un
ente educativo de apoyo para la selección del contralor de la ciudad.

En esta misma medida, si al evaluar y ponderar las propuestas presentadas por los
oferentes, es constitutivo de la gestión de negocios que contempla la norma Superior.

 Si hacía inelegible a la demandada, conforme con la regla establecida en el numeral 3
del artículo 179 superior, haber sido miembro de la mesa directiva del Concejo de Neiva
y en virtud de ello, celebrar contratos ante entidades públicas.

 Finalmente, corresponde determinar si la demandada se encuentra inhabilitada por la
causal consagrada en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución, por haber
resultado elegida para más de una corporación pública en la que sus períodos
coinciden. En este aspecto, si se desconoció la sentencia de unificación de la Sección
Quinta del Consejo de Estado con radicado No. 2015-00051-00.

63. Con el fin de resolver los anteriores planteamientos, se procederá a realizar i) una
breve referencia en cuanto al concepto y fundamentación de las inhabilidades para el
ejercicio de cargo públicos; (ii) sobre los elementos estructuradores de las causales de
inelegibilidad previstas en los numerales 2º, 3° y 8° del artículo 179 constitucional; y (iii)
estudiar el caso concreto.

2.3 Resolución de los planteamientos propuestos

2.3.1 Concepto y fundamentación de las inhabilidades17

64. En cuanto a la primera temática señalada, se parte de resaltar que la Constitución
Política de 1991, al establecer desde el artículo 1º la forma de organización que se
adoptaría, precisó que Colombia es una República unitaria “democrática, participativa y
pluralista”, incluyendo en el marco de las finalidades del Estado -art. 2º-, “facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación”.

65. Bajo este principio fundante de nuestra estructura constitucional, resulta importante
para efectos del presente estudio, hacer referencia al derecho de participación política
en su componente de acceso al ejercicio de funciones públicas.

66. Desde 199418 se ha señalado que la democracia participativa no se limita a
establecer procedimientos para la toma de decisiones, toda vez que desde la
Constitución de 1991 esta fue redefinida para la “estructuración de nuevos escenarios en
los que el ciudadano no agota su rol político en movilización para votaciones periódicas, sino
que, el Constituyente propició nuevos escenarios de injerencia social y política, caracterizados
por mayores espacios de deliberación y de decisión, sobre temas que le afectan o en los que
tiene interés.”19

17
Este acápite, reitera apartes de lo dispuesto por la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 27 de julio
del 2021, radicado 11001-03-28-000-2020-00004-00; M.P. Rocío Araújo Oñate.
18
Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara.
19
Corte Constitucional. Sentencia C- 101 del 24 de octubre del 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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67. Bajo esta concepción de la democracia participativa, se tiene que la misma
encuentra un instrumento para su materialización en los denominados derechos
políticos consagrados en el artículo 40 constitucional20, el cual precisa:

ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido. (…)

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. (Énfasis de la
Sala).21

68. Entendiendo que no existen derechos absolutos, se predica de la anterior
prerrogativa constitucional puede ser objeto de restricciones razonables y
proporcionales, establecidas por el texto fundamental y por el legislador -arts. 123 y
150, numeral 23 de la Constitución- y que, por lo tanto, se contraponen directamente al
interés del ciudadano de participar en el ejercicio, conformación y control del poder
político22. Es de resaltar que estas limitaciones también encuentran su fundamento en
la finalidad de la función pública, que busca la satisfacción de los intereses de la
población, bajo los específicos criterios que guían su ejercicio, como son la igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, ello conforme al
artículo 209 Superior23.

69. Bajo el panorama antes descrito, se presenta la figura jurídica de las inhabilidades.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esta se entiende de la
siguiente manera:

“(…)las inhabilidades son ‘aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que
impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público
(…) y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad,
imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos
públicos’, y que las mismas pueden tener naturaleza sancionatoria, en materia penal,
contravencional, disciplinaria, correccional y de punición por indignidad política; en los
demás casos no tienen dicha naturaleza.”24.

20
Es de resaltar que, sobre este derecho, la Corte Constitucional también ha predicado su naturaleza universal y expansiva. En
decisión C-089 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz se indicó que esta garantía es universal bajo el entendido de que
compromete diversos escenarios, procesos y lugares dentro de la esfera pública y privada, y además, porque el concepto de
política sobre el que descansa se nutre de todo lo que le puede interesar a la persona, a la comunidad y al Estado, lo que justifica la
injerencia en la distribución, el control y la asignación del poder social. De otro lado, en la misma decisión, se desarrolló su
naturaleza expansiva, porque su dinámica comprende el conflicto social y busca encauzarlo a partir del respeto y la constante
reivindicación de un mínimo de democracia política y social, la cual debe ampliarse de manera progresiva con la finalidad de
conquistar nuevos ámbitos y profundizar permanentemente en su vigencia, lo que exige de los principales actores públicos y
privados, un ineludible compromiso con su efectiva construcción.
21
No sobra indicar que, en virtud del bloque de constitucionalidad consagrado en los incisos 1º y 2º de artículo 93 de la Constitución,
el reconocimiento de esta garantía se encuentra incorporado en diversos tratados internacionales hace parte de nuestro
ordenamiento interno, por lo que es importante referenciar igualmente al contenido del artículo 21 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
22
Se pueden consultar las sentencias C-537 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón, C-200 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
C-408 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, reiteradas en la sentencia C-100 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
23
Corte Constitucional. Sentencia C-612 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos
24
Al respecto, ver: sentencias C-558 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-348 de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia C-
181 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. Todas las anteriores, citadas en: Corte Constitucional. Sentencia C-903 del 2008. M.P. Jaime
Araújo Rentería.

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70. Las decisiones de esta Corporación han sido pacíficas en señalar igual concepto
respecto de la figura en estudio. En fallo de unificación la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo precisó respecto del concepto de inhabilidad25:

“3.1 Una noción general de inhabilidad implica restricciones al ejercicio del derecho
fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pues
buscan impedir la elegibilidad de determinadas personas que se encuentran afectadas por
situaciones, circunstancias o condiciones, que el Constituyente anticipó como riesgos que
afectan intereses, valores y principios superiores protegidos.”

2.3.2 Elementos constitutivos de las causales de inhabilidad alegadas

2.3.2.1 Numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política

71. La disposición normativa en comento prescribe una prohibición en contra de quien
hubiere ejercido, en condición de empleado público, dentro de los doce meses
anteriores a la fecha de la elección, autoridad política, civil, administrativa, militar o
jurisdiccional, ya que tal como lo indica la sentencia proferida el 1º de febrero del
200026 , el sentir de este ordinal es “impedir que la influencia sobre el electorado proveniente
del poder del Estado, se pueda utilizar en provecho propio, pues tal circunstancia empañaría el
proceso político electoral, quebrantando la igualdad de oportunidades de los candidatos”.

2.2.1 Requisitos para su configuración27

Elementos Ingrediente normativo
Subjetivo El elegido que hubiese tenido el carácter de empleado público
Temporal Que haya ejercido dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la
elección;
Modal Jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar
Territorial En la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección

2.3.2.2 Numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política

72. La jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado como aquella
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 28 han fijado los
presupuestos que materializan la causal de inhabilidad en comento.

73. Así, en decisión de 6 de mayo de 1999, la Sala Especializada en Asuntos
Electorales del Consejo de Estado señaló que:

25
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 29 de enero del 2019. Radicación
11001-03-28-000-2018-00031-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
26
M.P. Ricardo Hoyos Duque, Rad. AC 7974, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
27
M.P. Darío Quiñones Pinilla, Rad. 2002-0014-01(2904). Este criterio, fue reiterado, entre otros, en: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00018-00. Sentencia de 25 de octubre de 2018.
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente
11001-03-28-000-2014-00021-00. Sentencia de 15 de abril de 2015. M.P. Susana Buitrago Valencia; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 16 de marzo del 2019, M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sobre el alcance de
esta inhabilidad y su desarrollo jurisprudencial consultar, entre otros, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de
diciembre de 2018. Rad. 11001-03-28-000-2018-00029-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016,
entre otras.
28
C.P Marco Antonio Velilla Moreno, Rad. 2013-01394, demandado: Eduardo Agatón Diaz Granados Abadía.

12

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“De conformidad con el artículo 179 de la Constitución, no pueden ser congresistas
quienes dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección hayan intervenido en
gestión de negocios ante entidades públicas, o intervenido en la celebración de contratos
con entidades públicas, en interés propio o en el de terceros, o hayan sido representantes
legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales. Y tales
inhabilidades se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual
deba efectuarse la respectiva elección.”29

74. Se desprende de lo trascrito en precedencia que la situación inhabilitante contenida
en el artículo 179.3 de la Carta Política de 1991, contempla una multiplicidad de
circunstancias fácticas que pueden conllevar su configuración, dentro de las cuales,
cabe mencionar (i) la gestión de negocios ante entidades públicas; (ii) la celebración de
contratos en interés propio o de terceros; y, finalmente, (iii) el haber desempeñado la
representación legal de entidades que administren tributos y contribuciones
parafiscales.

75. En este caso, se analizarán las causales de inelegibilidad correspondientes a la
gestión y celebración de contratos por ser las que contiene el concepto de la violación
de la demanda.

76. En cuanto a los requisitos para su configuración, se tiene los siguientes:

GESTIÓN DE NEGOCIOS
Elementos Ingrediente normativo
Material Participar en trámites negociales ante autoridades públicas
Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
Temporal anteriores a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual debe
efectuarse la elección
Modal o de Que la gestión comporte un beneficio propio o para terceros. En este
propósito aspecto, es importante poner de presente que la Sección ha concluido
que los beneficios extra patrimoniales también pueden dar lugar a la
materialización de la inhabilidad30.

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
Elementos Ingrediente normativo
La celebración de contratos ante entidades públicas
Material
Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
Temporal anteriores a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual debe
efectuarse la elección
Subjetivo Que el contrato comporte un beneficio propio o para terceros. En este
aspecto, es importante poner de presente que la Sección ha concluido

29
C.P. Mario Rafael Alario Méndez, Rad. 1999-N1868, demandante: Víctor Julio Gutiérrez.
30
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de agosto de 2004, Radicación 3944-3957 y Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 27 de noviembre de 2008. Radicación 680012315000200700669 01 C.P Filemón Jiménez Ochoa.

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que los beneficios extra patrimoniales también pueden dar lugar a la
materialización de la inhabilidad31.

2.3.2.2 Numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política

77. El propósito de esta inhabilidad es conminar a los elegidos por voto popular a
cumplir con los compromisos adquiridos con los votantes, esto es, a respetar el
mandato que el elector depositó en sus manos; así mismo, evitar que se confundan los
intereses del cargo que se desempeña con los intereses personales de una nueva
postulación.

78. De otra parte, busca hacer efectiva la restricción establecida en el artículo 128 32
constitucional consistente en no desempeñar más de un empleo público y no recibir
más de una asignación del erario.

79. Respecto de la inhabilidad de coincidencia de períodos prevista en el artículo 179.8
de la Constitución Política, como en otras ocasiones se ha precisado 33, la disposición
constitucional en comento fue objeto de modificaciones a través de los Actos
Legislativos N° 01 de 200334 y 01 de 200935.

80. La primera surgió con la expedición del artículo 10 del Acto Legislativo 01 de 2003,
el cual consignaba36:

“Artículo 10. El numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política quedará así:

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una
corporación y un cargo, sí los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere
parcialmente. La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad.

Parágrafo transitorio. Lo dispuesto en el numeral 8º del presente artículo no se aplicará a
quienes hubiesen renunciado con anterioridad a la vigencia del presente Acto Legislativo”.

81. Es pertinente mencionar que mediante providencia C-332 de 2005, la Corte
Constitucional al estudiar la constitucionalidad del precepto normativo lo declaró
inexequible, al encontrar que existieron vicios en su formación, bajo los siguientes
argumentos:
31
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de agosto de 2004, Radicación 3944-3957 y Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 27 de noviembre de 2008. Radicación 680012315000200700669 01 C.P Filemón Jiménez Ochoa.
32
Dispone el artículo 128 de la Constitución Nacional que: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.”
33
Entre otras ver, Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 10 de marzo de 2011. M.P. Susana Buitrago Valencia. Exp.
11001-03-28-000-2010-00020-00 y Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 21 de marzo de 2015. M.P. Susana Buitrago
Valencia. Exp. 11001-03-28-000-2010-00050-00
34
Texto modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009. Inexequible: 8. Nadie podrá ser elegido para más de una Corporación o cargo
público, ni para una Corporación y un cargo si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia
un (1) año antes de la elección al cargo al que se aspire elimina la inhabilidad. Parágrafo transitorio. La inhabilidad establecida en
el numeral anterior no aplicará para quienes hayan renunciado al menos seis (6) meses antes del último día de inscripciones para la
realización de las elecciones al Congreso de la República en el año 2010.
35
Texto modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003. Inexequible: 8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo
público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia
a alguno de ellos no elimina la inhabilidad. Parágrafo transitorio. Lo dispuesto en el numeral 8 del presente artículo no se aplicará a
quienes hubiesen renunciado con anterioridad a la vigencia del presente Acto Legislativo.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de noviembre de 2018, M.P: Rocío
Araújo Oñate, Radicado No. 11001-03-28-000-2018-00075-00

14

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“(…) es claro que el artículo 10 del Acto Legislativo de 2003 en ningún momento derogó
el numeral 8º del artículo 179 de la CP, tan sólo reiteró el texto constitucional por razones
de claridad en el trámite legislativo. La norma del Acto Legislativo no alteró la vigencia del
numeral 8º, únicamente adicionó una frase final y un parágrafo.

En conclusión, el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política se encuentra
vigente desde el momento en que fue expedido por la Asamblea Nacional Constituyente
hasta el día de hoy, sin solución de continuidad.

Finalmente, como la presente sentencia se limitó analizar los cargos formulados por la
demanda presentada contra el artículo 10 del Acto Legislativo de 2003, en razón a las
violaciones por vicios de procedimiento, no implica un pronunciamiento sobre si la
renuncia elimina la inhabilidad. La jurisprudencia que ha interpretado los alcances del
numeral 8º, se ha encargado de abordar la cuestión”.

82. Tratándose de la segunda modificación la cual resultó de la expedición del artículo
13 del Acto Legislativo No. 01 de 2009 se señaló que “la renuncia un año antes de la
elección al cargo al que se aspire elimina la inhabilidad” y que tal inhabilidad “no aplicará para
quienes hayan renunciado al menos 6 meses antes del último día de inscripciones para la
realización de las elecciones al Congreso de la República en el año 2010”.

83. La anterior regulación a su vez corrió la misma suerte de su antecesora pues fue
declarada inexequible por vicios en su formación mediante sentencia C-040 de 2010.
Sobre la vigencia del numeral 8º del artículo 179 de la Carta Política de 1991 expresó la
Corte Constitucional:

“(…) En consecuencia, deberá declararse la inconstitucionalidad de la totalidad del artículo
13. Así, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de aquella disposición y de manera
análoga a como lo decidió esta Corporación en la sentencia C-332/05, la Corte advierte
que el numeral octavo del artículo 179 de la Constitución Política se encuentra
vigente desde la fecha de promulgación de la Carta y hasta el día de hoy, sin solución
de continuidad.” (Negrillas propias).

84. En ese orden de ideas, es claro que, al haber sido las reformas arriba referidas
declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el texto primigenio del artículo
179.8 se mantiene intacto desde la promulgación de la Constitución de 1991 hasta la
actualidad.

85. Para su configuración, se tienen los siguientes requisitos37:

Elementos Ingredientes normativos
Material Que el candidato haya sido elegido previamente para una corporación o
cargo público
Modal Que resulte electo en un nuevo cargo o corporación, no obstante, si se
presentó renuncia al cargo o dignidad que ostentaba de forma anterior a
la inscripción, no se materializa la inhabilidad.
Temporal Que los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea

37
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de marzo de 2019, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad: 2018-00090-00.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de octubre de 2014, dictada en el expediente No. 2014-00032. Demandante:
Mónica Adriana Segura González contra Juan Carlos Rivera Peña, Representante a la Cámara por el Departamento de Risaralda.
M.P. Alberto Yepes Barreiro.

15

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parcialmente

86. De los elementos descritos, en las causales de inhabilidad analizadas, es posible
establecer entonces que dichos factores de naturaleza subjetiva, territorial, temporal
y modal, deben presentarse de manera concurrente38 para que se predique la
configuración de los efectos y consecuencias jurídicas de la condición de inelegibilidad,
entre ellas, la declaratoria de nulidad de la elección que se demande ante el juez
electoral.

87. Corresponderá a la Sala, en el apartado subsiguiente, presentar el desarrollo de
aquellos elementos que resultan relevantes para el asunto sometido a consideración de
esta judicatura y la forma en que aterrizan al estudio de las pretensiones elevadas por
los demandantes.

2.4 Resolución de los problemas jurídicos

2.4.1 Si la señora Leyla Marleny Rincón Trujillo se encuentra inmersa en la
inhabilidad consagrada en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución
Política. -reitera jurisprudencia-39

88. El presente cargo de nulidad, radica en que la demandada, en su condición de
concejal del municipio de Neiva, desplegó atribuciones que implican el ejercicio de
autoridad administrativa y política, dentro de los 12 meses anteriores a su elección.

89. Para analizar el presente reproche de anulación, se procederá a estudiar cada uno
de los elementos que lo integran, con el fin de determinar su materialización en el caso
concreto.

90. Elemento subjetivo: Este ingrediente de la norma constitucional, refiere a la
condición previa de “empleados públicos” que se exige para su configuración. Sobre este
punto, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo presenta un desarrollo
particular, pues es de señalar que no todo cargo desempeñado en entidades de
carácter público, implica en sí mismo, la calidad referida.

91. En sentencia del 30 de mayo del 201940, la Sección Quinta conceptualizó frente a la
expresión servidores públicos -como categoría que consagra el género-, que estos se
desagregan en i) empleados públicos, ii) miembros de corporaciones públicas y, iii)
trabajadores oficiales.

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00018-00.
Sentencia de 25 de octubre de 2018. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2014-00021-00. Sentencia de 15 de abril de 2015. M.P. Susana
Buitrago Valencia; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-
00628-00. Sentencia de 16 de mayo de 2019. M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00029-00. Sentencia de 24 de noviembre de 2018. M.P. Alberto
Yepes Barreiro.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 30 de mayo de 2019, Radicado No.
11001-03-28-000-2018-00091-00, M.P: Rocío Araújo Oñate.
40
Radicación 11001-03-28-000-2018-00091-00; M.P. Rocío Araújo Oñate.

16

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Demandantes: María Elena Daza Bolaños y otros
Demandada: Leyla Marleny Rincón Trujillo – Representante a la Cámara por el
departamento del Huila
Rad: 11001-03-28-000-2022-00058-00 (ppal)

92. En lo que respecta a los primeros -empleados públicos-, la Sala Especializada en lo
Electoral del Consejo de Estado41, concluyó que es: “aquel que está vinculado a la
administración mediante una relación legal y reglamentaria, nombrado y posesionado en los
respectivos empleos que han sido creados, de conformidad con la nomenclatura, clasificación,
funciones, requisitos y grado salarial, expresamente previstos en las normas pertinentes.”

93. Corresponde ahora verificar si estas características se predican de los miembros de
las corporaciones públicas de elección popular, esto es asambleas departamentales y
concejos distritales o municipales, últimos que interesan al caso concreto.

94. De conformidad con lo normado de forma expresa en el artículo 312 de la
Constitución Política, los concejales no tienen la calidad de empleados públicos. Al
respecto la normativa enuncia que:

“Artículo 312. (…) La ley determinará las calidades, inhabilidades, e
incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los
concejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos. (…).”
(Negrilla fuera de texto original).

95. Es necesario indicar que, si bien los concejales son considerados como servidores
públicos de acuerdo con en el artículo 123 de la Constitución Política, dicha calidad, no
les confiere la condición de empleados públicos, conforme la regla constitucional
trascrita, dado que, como se ilustró no son conceptos sinónimos.

96. Al respecto, el Consejo de Estado42 y la Corte Constitucional43, han reafirmado esta
diferenciación como se ilustra a continuación:

97. En la sentencia C-222 de 1999, el máximo Tribunal Constitucional señaló:

“(…) Respecto de los concejales municipales, la Constitución consagra en forma enfática
(art. 312 C.P.) que "los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos". No
obstante, en el artículo 123 Ibídem sí se establece con claridad que los miembros de las
corporaciones públicas son servidores públicos. Y es que no es lo mismo pertenecer a
este género (servidor público) -que abarca a todos los que mantienen un vínculo laboral
con el Estado, bien desde el punto de vista legal y reglamentario o puramente
contractual- que ser catalogado como empleado público, una especie de aquél, que se
caracteriza por una relación legal y reglamentaria, de modo que el nexo con el Estado
tiene lugar por nombramiento y posesión y no por contrato. Los empleados públicos son
servidores públicos. Los concejales también, pero sin tener el carácter específico de
empleados públicos, dado el origen de su vinculación, por elección popular, que
difiere del de aquéllos.” (se resaltó).

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00018-00.
Sentencia de 4 de marzo de 2011. M.P. María Nohemí Hernández Pinzón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de septiembre de 2008, Proceso No. 73001-23-31-000-2007-00703-01, M.P. Filemón
Jiménez Ochoa.
42
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Rad. 66001-23-31-000-2008-00120-01(PI). Demandado: José
Geniver Corrales Galeano. M.P. María Claudia Rojas Lasso. 12 de marzo de 2009. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Rad. 73001-23-31-000-2007-00703-01. Demandado: Concejal Municipio de Ibagué. M.P. Filemón
Jiménez Ochoa. 4 de septiembre de 2008. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 15001-23-
31-000-2011-00623-01. M.P. Susana Buitrago Valencia. Demandado: Concejal de Tunja. 18 de abril de 2013. Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 05001-23-31-000-2007-03280-01, Sentencia del 5 de febrero de 2009M.P.
Susana Buitrago Valencia.
43
Corte Constitucional, sentencia de 14 de abril de 1999. Proceso No. C-222, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Corte
Constitucional, sentencia de 28 de enero del 2003. Proceso No. C-043, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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departamento del Huila
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98. Adicionalmente, en la sentencia C-043 de 2003, acotó:

“(…) En cuanto a la naturaleza jurídica de la función que llevan a cabo los concejales (de
Bogotá o de cualquier municipio), el Consejo de Estado indicó que se trata de la
denominada “función pública de carácter administrativo”. Sobre si tal actividad era
“trabajo”, en los términos del artículo 25 de la Constitución Política, y sobre la calidad
en que se desempeñaba por parte de los concejales, el Consejo recordó que si bien, de
conformidad con lo indicado por el artículo 123 de la Constitución Política, los
concejales como todos los miembros de las corporaciones públicas son
servidores públicos, no por ello pertenecen a las categorías de empleados
públicos o trabajadores oficiales. Agregó que la actividad que realizan en ejercicio de
las funciones públicas, como actividad humana que es, puede calificarse de trabajo,
pero que éste no les confiere la calidad jurídica de “trabajadores”. En cuanto a si la
actividad que desempeñan los concejales está comprendida dentro de la protección
prevista en el artículo 53 de la Constitución, la Sala de consulta respondió al Ministro
del Interior que el término “honorarios” que utiliza el artículo 312 de la Constitución
Política al referirse a la remuneración de los concejales llevaba a entender que su
actividad no estaba comprendida como objeto de los principios esenciales consignados
en el artículo 53 de la misma Carta, que fija las bases del estatuto de trabajo. Añadió
que los concejales están sujetos al estatuto especial que les es propio y al régimen de
responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades que la misma Carta y la ley les
señalan en su condición de servidores públicos”.

99. Bajo el amparo de las premisas normativas y jurisprudenciales, es pertinente
concluir que los concejales no son empleados públicos, pues hacen parte de una
categoría denominada miembros de una corporación político administrativa, elegidos
popularmente, con funciones, competencias específicas y régimen especial de
honorarios y seguridad social. Por lo tanto, si el juez electoral los tratara dentro de esa
categoría, se estaría desconociendo de manera flagrante y palmaria la carta
constitucional que es de obligatorio cumplimiento.

100. Este criterio fue reiterado en sentencia del 26 de marzo de 2015, por la Sección
Quinta, al resolver la demanda que se instauró contra la elección de un congresista
porque su padre ejerció como concejal. En esa oportunidad la Sala señaló, que:

“(…) Bajo este panorama, es evidente que los concejales únicamente gozan, en los
términos del artículo 123 constitucional, de la calidad de servidores públicos como
categoría que engloba a los miembros de las corporaciones públicas, pero en ningún
momento ese carácter les asigna la calidad de “funcionarios públicos”.

Asimismo, la Sala considera que del hecho de que en distintos apartes de la Constitución
se acuñe la expresión “funcionario” no se desprende que dicha categoría sea equiparable
a la de “servidor público” contenida en el artículo 123 Constitucional, debido a que la
mención indistinta que realiza la Carta Política a los “funcionarios” no es argumento
suficiente para entender que estos últimos son sinónimos a los servidores públicos”44
(resaltado fuera del texto original).

101. En consecuencia, de conformidad con las normas constitucionales citadas de
manera reiterada, no resulta procedente una interpretación en que se entienda a los

44
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de marzo de 2015, exp. 11001-03-28-000-2014-00058-00, M.P.: Alberto
Yepes Barreiro.

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concejales como empleados públicos, con el fin de endilgarle la causal de inhabilidad
contenida en el artículo 179.2 Superior, lo que permite concluir que el cargo planteado
por el demandante no tiene vocación de prosperar y, por la misma razón, no se
analizarán los demás elementos de la norma45.

2.4.2 Si se materializaron las causales de inhabilidad consagradas en el numeral 3
del artículo 179 de la Constitución Política, referente a la gestión de negocios y a
la celebración de contratos

102. Estos cargos los sustenta en que:

A. Gestión de negocios:

-En ejercicio de sus funciones como miembro de la mesa directiva del Concejo
municipal de Neiva, tramitó, propuso y debatió la convocatoria pública para contratar
a un ente educativo de apoyo para la selección del contralor de la ciudad.

• Además, porque evaluó y ponderó las propuestas presentadas por los oferentes en
el marco del proceso contractual referido, lo cual, a juicio de la parte actora, es
constitutivo de la gestión de negocios que contempla la norma Superior.

B. Celebración de contratos

• Por haber sido miembro de la mesa directiva del Concejo municipal de Neiva y en
virtud de ello, celebrar contratos ante entidades públicas, concretamente el de
prestación de servicio No. 062 del 1 de septiembre de 2021.

103. Se procederá ahora a revisar los elementos que las constituyen, a saber46:

104. En lo que respecta al elemento material de la gestión de negocios, la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en fallo de 5 de abril de 2012 47, señaló que tiene
ocurrencia luego que el candidato al Congreso de la República, efectúa
comportamientos o conductas tendientes a establecer aproximaciones con los órganos
públicos, con el propósito de obtener beneficios para sí o para terceros.

105. Al respecto la Sala Electoral determinó que estos acercamientos, se constituyen
en diligencias previas al contrato, es decir, los acercamientos a una entidad pública
para concretar el negocio o las propuestas que efectivamente se le hagan, las que se
enmarcan en esta causal, aun cuando lo pretendido no se concrete48. Se trata del
conjunto de actuaciones que allanan el camino para la obtención de consecuencias

45
Sobre la necesidad de estructuración concurrente de todos los elementos de la inhabilidad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 19 de mayo de 2022, Radicado No: 11001-03-28-000-2022-00053-00, M.P:
Rocío Araújo Oñate y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 2 de junio de 2022,
Radicado No: 11001-03-28-000-2022-00044-00, M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
46
Estas mismas consideraciones fueron tomadas del auto del 26 de mayo de 2022, radicado No. 11001032800020220005800, M.P:
Rocío Araújo Oñate.
47
C.P. Alberto Yepes Barreiro Rad,.2010-00025-00, demandado: REPRESENTANTE A LA CAMARA POR EL DEPARTAMENTO
DE SUCRE.
48
Ibidem.

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jurídicas provechosas en favor de quien postula su nombre al Congreso, sin importar
que las mismas se materialicen.

106. En el caso concreto, se encuentra acreditado que la demandada suscribió la
Resolución No. 047 del 3 de agosto de 2021, por medio de la cual se dio apertura al
proceso de contratación del operador logístico que apoyaría el proceso de selección del
contralor de Neiva.

107. Igualmente, existe copia de la Resolución No. 056 del 8 de octubre de 2021, entre
otros actos aportados49, en donde se reabre el proceso de selección de contratistas con
el mismo fin expresado en el numeral anterior, y sus actos modificatorios, por medio de
los cuales se introducen cambios al cronograma de selección de contratistas, asuntos
que permitirían deducir la gestión de negocios.

108. Sin embargo, se debe advertir que la norma que se aduce desconocida, señala
que la fase negocial es ante y no por la entidad pública que representa la demandada,
aspecto que permitiría inferir que no se acredita el presente elemento dado que la
señora Rincón Trujillo actuó en representación del Concejo de Neiva y no ante la
corporación municipal, por lo que no se puede predicar la configuración del referido
elemento.

109. El elemento modal o subjetivo, exige que estas tratativas, comporten un
beneficio propio o para terceros.

110. En tesis expuesta por la Corporación, en sentencia de 18 de noviembre de 200850,
se explicó que:

“(…), la gestión debe ser referente a negocios y pretende un lucro o el logro de un
fin cualquiera, por ello tiene mayor amplitud; ...

Señala la jurisprudencia que cuando la gestión de negocios ante entidades públicas
concluye en la celebración de un contrato, esta causal sólo podrá ser examinada como
intervención en la celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a la
realización de un contrato no tiene éxito, entonces la causal se analiza sólo como gestión
de negocios propiamente dicha.

49
Resolución No. 057 del 14 de octubre de 221, por medio del cual se corrige un error formal de la Resolución No. 056 de 2021,
suscrito por la demandada como miembro de la mesa directiva del Concejo de Neiva.
Resolución No. 060 de 26 de octubre de 2021, por medio de la cual se acepta la renuncia de la entonces presidenta del Concejo de
Neiva, señora Deiby Martínez Cortés, suscrita por la demandada como miembro de la mesa directiva del Concejo de Neiva.
Resolución No. 061 del 28 de octubre de 2021, por medio de la cual la mesa directiva del Concejo de Neiva modificó la Resolución
No. 057 de esa misma vigencia, en lo que hace al cronograma de actividades.
Resolución No. 062 del 28 de octubre de 2021, por medio de la cual se corrigió un error formal de la Resolución No. 061, acto
administrativo suscrito por la demandada como miembro de la mesa directiva del Concejo de Neiva.
Resolución No. 064 del 4 de noviembre de 2021, por medio de la cual se modificó las resoluciones No. 061 y 062, suscrita por la
demandada como miembro de la mesa directiva del Concejo de Neiva.
Resolución No. 066 del 8 de noviembre de 2021, por medio de la cual se modificó la Resolución No. 064, suscrita por la demandada
como miembro de la mesa directiva del Concejo de Neiva.
Resolución No. 068 del 11 de noviembre de 2021, por medio de la cual se suspendió el proceso de selección del contralor municipal
de Neiva. Acto administrativo suscrito por la demandada en su condición de miembro de la mesa directiva del Concejo de esa
municipalidad.
50
C.P.: Mauricio Torres Cuervo. Radicación No. 11001-03-15-000-2008-00316-00 (PI).

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Asimismo, cuando se trata de celebración de contratos estatales, las etapas
subsiguientes tales como su ejecución y liquidación no se tornan ni configuran
inhabilidad por intervención en gestión de negocios, precisamente porque el fin de la
negociación que era el contrato ya se obtuvo, y ante la materialidad misma del contrato
estatal la inhabilidad únicamente podría tipificarse por la celebración de contratos en
interés propio o de terceros.”

111. En este asunto, se dedujo que la demandada al desempeñarse como concejal de
Neiva, gestionó contratos, lo que conlleva a que deba estar acreditado el presente
ingrediente normativo, esto es, que sea en beneficio propio o de terceros.

112. Con los medios de convicción arrimados a este estado del proceso, no es factible
concluir la materialización del presente requisito, ello por cuanto como bien lo señaló la
parte demandante, este asunto se enmarcaba dentro de las funciones de la demandada
como primera vicepresidenta del Concejo de Neiva, aspecto que denota el
cumplimiento del deber legal más que de la búsqueda del beneficio propio o de un
tercero en detrimento de los fines democráticos.

113. A este punto, se tiene que la elección del contralor municipal del mencionado ente
territorial, en virtud del artículo 272 Superior corresponde al Concejo de Neiva, a través
de una convocatoria pública que se rige por ley con base en los principios de
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana, equidad de género y
mérito.

114. Para el adelantamiento del proceso de selección, el artículo 11 de la Ley 1904 de
2018, estableció que sus disposiciones serán aplicables en lo que corresponda a la
elección de contralores territoriales. En el mismo cuerpo normativo, se estableció que la
convocatoria pública se hará por conducto de la mesa directiva, a la cual se faculta para
seleccionar en el mismo acto a una institución de educación superior, pública o privada
y con acreditación de alta calidad, con quien se deberá suscribir contrato o convenio -
art. 5 idem-.

115. Entonces, al ser este proceso de selección un imperativo legal previsto en la
Constitución y la ley, no puede señalarse que son tratativas de los concejales para
obtener un beneficio propio o de terceros, en tanto se enmarcan en las funciones
asignadas con miras a concretar el control fiscal del ente territorial.

116. Al respecto la Sección en un caso similar señaló: “Como se vio anteriormente, la
facultad de los concejales de Barranquilla de proponer nombres de quienes integrarán su
unidad de apoyo normativo, está prevista en el reglamento del Concejo. En ese orden, los
concejales al postular los nombres de quienes integran su unidad no llevan a cabo tratativas o
trámites negociales con el propósito de obtener un beneficio para sí o para terceros. Por el
contrario, cuando postulan, ejercen su derecho a contar con personal de apoyo y
confianza para el ejercicio de sus funciones”51. (Negrillas propias).

117. Conforme con lo anterior, esta judicatura no encuentra estructurado el elemento
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de marzo de 2019, M.P: Alberto
Yepes Barreiro, Radicado No. 11001-03-28-000-2018-00090-00 (ACUMULADO 11001-03- 28-000-2018-00110-00).

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departamento del Huila
Rad: 11001-03-28-000-2022-00058-00 (ppal)

modal o subjetivo de la gestión de negocios y por ello, se concluye que no es factible
acceder a la pretensión anulatoria solicitada.

118. Continuando con los cargos que sustentan las demandas, se tiene que se acusó a
la representante a la cámara de celebrar contratos con entidades públicas. Se
soporta la petición objeto de estudio con el de prestación de servicios No. 062 del 1 de
septiembre de 2021, suscrito por la demandada en representación del Concejo de
Neiva y la señora Yolsy Maura Fajardo Enciso.

119. En este asunto se recuerda que la celebración de contratos y la gestión de
negocios, si bien son inhabilidades diferentes, comparten en su estructuración los
elementos modal y temporal, esto es, que la conducta prohibida debe ser en provecho
propio o de un tercero y adelantarse dentro de los 6 meses anteriores a la elección.

120. Como se indicó en el acápite correspondiente a la gestión de negocios, en este
caso no se puede predicar la existencia de un interés propio o de terceros, en tanto, el
instrumento contractual se celebró en ejercicio de las funciones de la demandada como
presidenta (E) Concejo municipal de Huila, para apoyar las gestión de acciones que
promuevan la integración y participación de la duma con las comunidades,
contribuyendo en la comunicación a la ciudadanía y grupos de interés sobre los
acuerdos, programas y debates que se desarrollen en la corporación, tal como se
extrae del acuerdo de voluntades.

(…)

121. Adicionalmente, se observa que, con el acuerdo de voluntades aportado, no es
factible acreditar la inhabilidad alegada, en tanto se encuentra fuera del término
constitucionalmente establecido, dado que, toda suscripción de contratos, para este

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caso en concreto, debe hacerse entre el 13 de marzo de 202252 y el 13 de septiembre
de 202153.

122. Por manera que, al haberse celebrado el 1° de septiembre de 2021, escapa al
ámbito de protección de la norma e impide la materialización de la causal aducida.

123. Adicionalmente, la secretaria del Concejo municipal de Neiva, certificó frente a la
celebración de contratos por parte de la demandada, que:

124. Así las cosas, al no configurarse los elementos modal y temporal, no resulta
factible la anulación del acto de elección demandado bajo la égida de la celebración de
contratos.

2.4.3 Finalmente, corresponde determinar si la demandada se encuentra
inhabilitada por la causal consagrada en el numeral 8 del artículo 179 de la
Constitución, para la cual es relevante establecer si se desconoció la sentencia
de unificación de la Sección Quinta del Consejo de Estado con radicado No. 2015-
00051-00

125. Frente al elemento modal de la inhabilidad conocida como coincidencia de
períodos, hay que señalar que la Sección Quinta del Consejo de Estado en su
jurisprudencia determinó, que emana necesario analizar la regla establecida en el
artículo 280.8 de la Ley 5 de 1992, que a la letra reza54:

Artículo 280. Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos Congresistas:

52
Fecha en que se celebraron las elecciones de Congreso de la República.
53
Que es la data que resulta de contabilizar los 6 meses anteriores a la contienda democrática que señala el numeral 3 del artículo
179 de la CP.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de octubre 30 de 2014, expediente 11001-
03-28-000-2014-00054-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de septiembre 6 de 2018, expediente 11001-03-28-000-2018-00014-00 C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de septiembre 27 de 2018, expediente 11001-03-28-000-
2018-00012-00 C.P. Rocío Araújo Oñate, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia
octubre 4 de 2018, C.P Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No 11001-03-28-000-2018-00011-00 acumulado.

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8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una
corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea
parcialmente. Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o
dignidad antes de la elección correspondiente.” (Negrilla fuera de texto).

126. Dicho precepto normativo fue objeto de control de constitucionalidad por vía de
acción55, decisión en la que se declaró su exequibilidad y se determinó los alcances de
la renuncia del cargo con miras a aspirar a ser congresista, así:

“(…) En efecto, la coincidencia de períodos, señalada en el canon constitucional como
factor decisivo en la configuración de la inhabilidad, no puede entenderse sino con
referencia a una persona en concreto que actúe simultáneamente en dos
corporaciones, en dos cargos o en una corporación y un cargo.

Un período puede concebirse, en términos abstractos, como el lapso que la Constitución o
la ley contemplan para el desempeño de cierta función pública. Pero tal concepto no puede
ser tenido en cuenta para efectos de inhabilidades sino cuando en realidad un individuo
específicamente desarrolla, dentro del tiempo respectivo, las actividades propias de la
función. Vale decir al respecto, que los períodos no tienen entidad jurídica propia y
autónoma, sino que dependen del acto condición en cuya virtud alguien entra en ejercicio
de funciones. Se convierten entonces en límites temporales de éstas. /…/

Lo anterior implica, no solamente la imposibilidad de ejercer simultáneamente dos cargos,
para más de una corporación o empleo público, sino también, la prohibición previa de la
elección como congresista en las circunstancias anotadas, lo que equivale a
entender que quien aspire a esta dignidad, no podrá encontrarse como Concejal o
Diputado, ni tampoco tener la calidad de servidor público, en el momento de la inscripción
como candidato al Congreso, salvo la de Senador o Representante a esa corporación.

En dicho caso, se requiere haberse formalizado la renuncia correspondiente en ese
momento, a fin de evitar que el Concejal o Diputado o Servidor Público candidato a
Congresista pudiese estar dentro de la prohibición de que trata el numeral 8° del
artículo 179 de la Constitución Política.

Ya esta Corporación ha admitido que la renuncia aceptada constituye vacancia absoluta y
por consiguiente, es aplicable lo dispuesto en el artículo 261 de la Carta Política según el
cual "ningún cargo de elección popular tendrá suplente. Las vacancias absolutas serán
ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción",
sucesivo y descendente. (Sentencia D-236. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).

Lo anterior indica que si se configuró una falta absoluta en presencia de la renuncia
formalmente aceptada a un concejal o diputado, antes de la inscripción como candidato
al Congreso, no rige para ellos la prohibición consagrada en el artículo 179, numeral
8°, toda vez que su período para esas corporaciones se extinguió en virtud de su
dimisión formal, …”. (Negrillas propias).

127. Teniendo en cuenta lo reseñado, se puede colegir que quien aspire a una nueva
dignidad no podrá encontrarse en el ejercicio de otro empleo ya sea en una corporación
o cargo, en el momento de la inscripción como candidato al Congreso de la República.

128. De otra parte, tratándose de concejales, la Ley 136 de 1994 en su artículo 44 56
55
Corte Constitucional, sentencia C-093 del 4 de marzo de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera
Vergara, radicados No. D-448 y D-468 acumulados.
56
“Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público ni para una corporación y un cargo, si los respectivos

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departamento del Huila
Rad: 11001-03-28-000-2022-00058-00 (ppal)

estableció que quienes se encuentren en ejercicio y aspiren a ser congresistas deben
renunciar a su investidura antes de la fecha de la inscripción de su candidatura al
Congreso de la República, es decir, que los miembros de la duma municipal, para
evitar la configuración de la inhabilidad por coincidencia de períodos consagrada en el
artículo 179.8 Superior, deben dimitir a ésta, de forma previa a la formalización de su
nueva aspiración.

129. En conclusión, la inhabilidad consagrada en el artículo 179.8 de la Constitución
Política, se materializa en el caso que un ciudadano resulte electo para más de una
corporación o cargo público, cuando los respectivos períodos coincidan en el tiempo,
así sea parcialmente y no obre renuncia previa, que en este caso en concreto, debe ser
con anterioridad a la inscripción de la candidatura.

130. Se procede ahora a determinar si se acreditan todos los elementos que
estructuran la presente inhabilidad.

131. Con la demanda y su contestación, se aportaron los elementos probatorios
necesarios para demostrar que materialmente, la demandada resultó electa para más
de una Corporación, a saber.

Concejal de Neiva Representante a la Cámara por el
departamento del Huila
Formulario E-26 CON del 4 de noviembre Formulario E-26 CAM del 24 de marzo de
de 2019, por medio del cual la comisión 2022, por medio del cual la comisión
escrutadora general, declaró la elección escrutadora general, declaró la elección
de la demandada como concejal del de la demandada como congresista.
municipio de Neiva.

132. Luego ahora, se debe determinar si los mismos coinciden en el tiempo, así sea
parcialmente.

Concejal municipal de Neiva Representante a la Cámara por el
departamento del Huila
Resultó electa para el período 2019-2023. Como representante resultó electa para el
período 2022-2026.

133. Es decir, existe coincidencia parcial de períodos, dado que se traslaparían en el
tiempo, el ejercicio de concejal y representante a la Cámara en los años 2022 y 2023, lo
que demuestra la concurrencia parcial en el tiempo.

134. Finalmente, frente a la dimisión como concejal del municipio de Neiva, se recuerda
que éste debe ser previo a su inscripción como representante a la Cámara por el
departamento de Neiva, para evitar la estructuración de la presente causal de

periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.
Los concejales en ejercicio que aspiren a ser congresistas deben renunciar a su investidura antes de la fecha de la inscripción de su
candidatura”.

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inhabilidad.

135. En el expediente obra:

• Resolución 070 del 17 de noviembre de 2021, por medio de la que se aceptó su
renuncia como concejal.

• Formulario E-6 del 13 de diciembre de 2021, en el que consta la inscripción de la
lista en coalición denominada “Pacto Histórico”, de donde se puede extraer que
en el renglón 101 la demandada fue postulada y aceptó su candidatura al
suscribir el documento electoral.

136. Por manera que, al haberse inscrito la demandada y aceptado su candidatura al
Congreso, el 13 de diciembre de 2021, se tiene que la renuncia a la duma municipal se
hizo en término, dado que la misma fue aceptada el 17 de noviembre de 2021 con
efectos a partir de la misma fecha, lo que quiere decir, que para el 13 de diciembre de
2021, ya no era concejal de Neiva.

137. Es decir, aun cuando se trata de períodos institucionales, los artículos 280.8 de la
Ley 5 de 1992 y 44 de la Ley 136 de 1994 para el caso en concreto, crearon una
excepción al régimen de inhabilidades por la coincidencia de períodos de que trata el
artículo 178.9 de la Constitución Política, el cual señala que si se presenta y acepta la
renuncia previo a la inscripción para el nuevo cargo de elección popular, desaparece la
causa de la inelegibilidad, lo anterior al configurarse una falta absoluta en presencia de
la renuncia formalmente aceptada a un concejal, antes de la inscripción como candidato
al Congreso, toda vez que su período para esa corporación se extinguió en virtud de su
dimisión formal57.

138. Así las cosas, queda demostrado que, al momento de su inscripción como
representante a la Cámara por el Huila, la señora Leyla Marleny Rincón Trujillo, no era
miembro del Concejo municipal de Neiva, conllevando a que no se observe vulneración
de las normas invocadas tal y como lo ha establecido esta corporación en múltiples
pronunciamientos58 y por tanto se imponga denegar las pretensiones de la demanda.

139. Para finalizar, la parte actora adujo que, con la elección enjuiciada, se desconoció
la sentencia de unificación de la Sección Quinta del Consejo de Estado 59, en donde se
determinó que la renuncia formalmente aceptada no conlleva a la viabilidad de acceder
a otro cargo de elección popular, pues defraudaría a los ciudadanos que apoyaron el
proyecto democrático del cual se dimite de forma anticipada.

57
Corte Constitucional, sentencia C-093 del 4 de marzo de 1994, M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera
Vergara, radicados No. D-448 y D-468 acumulados.
58
Sobre el tema en cuestión, se pueden consultar entre muchas, las sentencias de 24 de noviembre de 1999, Exp. 1891, M.P.
Darío Quiñónez Pinilla; de 3 de mayo de 2002, Exp. 2000-0880-02, M.P. Mario Alario Méndez; de 25 de agosto de 2005, Exp. 2003-
01418-01, M.P. Darío Quiñónez Pinilla; de 19 de julio de 2007, Exp. 2002-3991-00; de 10 de marzo de 2011, Exp. 2010-00020-oo,
M.P. Susana Buitrago Valencia; de 8 de octubre de 2014, Exp. 2014-00032-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro; de 30 de octubre de
2014, Exp. 2014-00054-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro, de 12 de marzo de 2015, Exp. 2014-00050-00, M.P. Susana Buitrago
Valencia y de 15 de abril de 2015, Exp. 2014-00059-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
59
Hace referencia a proferida dentro del Radicado No. 2015-00051-00, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia
del magistrado Alberto Yepes Barreiro.

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140. Se debe recordar que en la sentencia de unificación que se aduce desconocida,
se determinó la materialización de la causal de nulidad del artículo 275.5 de la Ley 1437
de 2011, por la transgresión al régimen de inhabilidades e incompatibilidades debido a
que la demandada, previo a su elección como gobernadora del departamento de La
Guajira (2016-2019), se desempeñó como alcaldesa del municipio de Albania (Guajira)
en el período 2012-2015.

141. En este caso la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación, accedió a la pretensión de nulidad de la demanda, por cuanto , “entre el 21 de
julio de 2014 -extremo temporal inicial aplicable al caso concreto- y el 25 de junio de 2015 -
extremo temporal final aplicable al caso concreto-, ciertamente, transcurrieron menos de los 12
meses que exigen los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, en consonancia con la
modificación de la Ley 1475 de 2011”.

142. Teniendo en cuenta lo decidido en aquella ocasión, la Sala Electoral, en un caso
similar al puesto en conocimiento60, decantó que son varias las razones por las que la
sentencia invocada no se desconoce en los casos de elecciones populares a
corporaciones públicas, por cuanto: i) el fallo de unificación precisó que su aplicación es
para alcaldes y gobernadores, en tanto determinó que se predica de quienes resulten
favorecidos en una contienda electoral para un cargo uninominal y no plurinominal y, ii)
su parte resolutiva señala que unifica jurisprudencia en los términos del artículo 270 de
la Ley 1437 de 2011, en relación con la definición del extremo temporal inicial de la
incompatibilidad prevista, para alcaldes y gobernadores, en los artículos 31.7 y 32,
38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000.

143. Por lo reseñado, tampoco se advierte el desconocimiento de la sentencia de
unificación alegada, que imponga al juez electoral la declaratoria de nulidad del acto
demandado sobre las consideraciones aducidas por la parte actora.

144. En conclusión, al no materializarse los componentes estructuradores de las
inhabilidades alegadas por la parte actora, corresponde a la Sala Electoral denegar las
pretensiones de las demandas de nulidad que nos ocupa, tal como se dejará
consignado en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,
III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas dirigidas a obtener la nulidad
del acto de elección de la señora Leyla Marleny Rincón Daza, como representante a la
Cámara por el departamento del Huila, período 2022-2026, contenido en el formulario
E-26 CAM del 24 de marzo de 2022, conforme con la parte motiva de este proveído.

60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de noviembre de 2018, M.P: Rocío
Araújo Oñate, Radicado No. 11001-03-28-000-2018-00075-00

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SEGUNDO. – ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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