Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00638-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-00638-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-00638-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA Nro. 13
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, veintitrés (23) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Pérdida de investidura
Radicación 11001-03-15-000-2026-00638-00 (989)
Solicitante NIDIA ESPERANZA MÁRQUEZ MONROY
Congresista ANDREA PADILLA VILLARRAGA
ASUNTO SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1881 de 2018, procede la Sala
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Nro.13 a decidir, en primera
instancia, la solicitud de pérdida de investidura de la referencia.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de pérdida de investidura
Nidia Esperanza Márquez Monroy solicitó la desinvestidura de Andrea Padilla
Villarraga, senadora de la República para el período 2022-2026, por el
desconocimiento del numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política, esto es,
por vulnerar el régimen de inhabilidades, al desconocer lo previsto en el numeral 8
del artículo 179 ejusdem, según el cual «[n]adie podrá ser elegido para más de una
corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos
coinciden en el tiempo, así sea parcialmente».
En su sentir, de acuerdo con el verbo rector de la inhabilidad en comento, al
momento de ser elegida concejal el 29 de octubre de 2019, la accionada «adquirió
una INHABILIDAD para ser elegida a (otro) Cargo Público y/o Corporación, de elección popular,
por un periodo de CUATRO AÑOS, mismos que corresponden al periodo constitucional para el
cual había sido elegida como Concejal». Por lo tanto, bajo ese entendido, «la existencia o
no de la INHABILIDAD […] no está ligada a una, eventual, renuncia al cargo al que haya sido
elegido/a en primera instancia, el/la DEMANDADO/A». [Resalto del original].
Así las cosas, señaló la coincidencia parcial de períodos en los años 2022, 2023 y
2024, resultado de la elección de la accionada como concejal de Bogotá D.C. para
el periodo 2020-20241 y, posteriormente, como senadora para el periodo 2022-
2026.
2. Oposición2
A través de apoderado judicial, la accionada se opuso a la pretensión de
desinvestidura pues, en el caso concreto, no existió un ejercicio simultáneo de
funciones públicas y no se produjo afectación institucional alguna, debido a la
extinción del vínculo anterior, producto de la presentación y aceptación de la
renuncia al cargo de concejal.
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Página 4 del archivo .pdf contentivo de la solicitud de desinvestidura, obrante en el índice 2 del Samai.
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Índice 15 del Samai.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00638-00 (989)
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
En efecto, su posesión para el cargo de concejal tuvo lugar el 1° de enero de
2020, no obstante, sus funciones en el mismo cesaron el 11 de diciembre de 2021,
con ocasión de la renuncia que presentó y se le aceptó por la plenaria de la
corporación en votación nominal llevada a cabo el 9 del mismo mes y año.
En esa medida, el ejercicio como senadora de la República, para el periodo 2022-
2026, no solo fue posterior al de concejal, sino que se presentó sin traslape
temporal con este, ya que su posesión como congresista se registró el 20 de julio
de 2022.
Así, «la sola coincidencia formal de calendarios no configura por sí misma tipicidad
sancionatoria». Una interpretación contraria, como la prohijada por la parte actora,
«convierte la causal en una forma de responsabilidad objetiva» , a más de que desconocería
los principios de interpretación restrictiva, y de proporcionalidad3.
3. Audiencia pública4
El 29 de abril de 2026, esta sala especial de decisión celebró, de manera virtual, la
audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018; diligencia a la
que concurrieron la solicitante, la Procuradora Primera Delegada ante el Consejo
de Estado, y la accionada y su apoderado, cuyas intervenciones proceden a
sintetizarse.
3.1. Intervención de la solicitante5
La solicitante sostuvo que la congresista sí incurrió en la causal de pérdida de
investidura invocada, debido a la coincidencia parcial de periodos entre los cargos
de concejal y senadora para los años 2022 (segundo semestre), 2023, 2024,
2025, y 2026 (semestre inicial).
Ello, habida cuenta de su elección al concejo de Bogotá para el periodo
comprendido entre el «1° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024», así como para
el periodo 2022-2026 como senadora de la República, dignidad de la que tomó
posesión el 20 de julio de 2022.
Si bien es cierto que la convocada por pasiva presentó renuncia al concejo de
Bogotá D.C. el 9 de diciembre de 2021 y la misma se aceptó el 11 del mismo mes
y año por el pleno de la Corporación, no lo es menos que tal situación carecía de
entidad para impedir la estructuración de la causal de inhabilidad alegada, en tanto
la norma constitucional no prevé el supuesto de la renuncia ni ningún otro como
eventos que enerven la configuración de la causal.
Esa interpretación se refuerza, a su juicio, porque en la sentencia C-040 de 2010
se declaró la inexequibilidad de la modificación que el Acto legislativo 01 de 2009
introdujo al numeral 8° del artículo 179 constitucional habilitando la eliminación de
la inhabilidad cuando la renuncia se presentara un año antes de la elección al
cargo que se aspirara.
3
Sería (i) inidónea porque no se ejercieron de forma simultánea funciones, de suerte que la imposición de la sanción de
desinvestidura no protegería bien jurídico alguno; (ii) innecesaria por la existencia de «mecanismos electorales
internos»; y (iii) desproporcionada, porque «el sacrificio democrático sería excesivo frente a la inexistencia de daño
institucional».
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Índice 58 del Samai.
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Resumen escrito obrante en el índice 56 del Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00638-00 (989)
Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
3.2. Intervención del Ministerio Público6
La agente del ministerio público solicitó se denegara la solicitud de pérdida de
investidura por la inexistencia de periodos coincidentes al no desempeñarse de
manera simultánea ambas investiduras -la de concejal y congresista-.
Señaló que, según lo previsto en el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de
1992, declarado exequible mediante la sentencia C-093 de 1994, la renuncia
debidamente aceptada antes de la elección al cargo que se aspira impide la
configuración de la causal de inhabilidad del numeral 8 del artículo 179
constitucional, tal como lo ha reconocido, además, esta corporación a través de su
sección quinta7, de la sala de consulta y servicio civil8, y de su sala plena de lo
contencioso administrativo9.
Ello fue lo que se presentó en el caso concreto, porque la renuncia se aceptó
antes del 13 de diciembre de 2021, fecha en la que culminó la jornada de
inscripción de candidatos al Congreso de la República para las elecciones
legislativas a realizarse en marzo de 2022.
En efecto, la accionada presentó su renuncia, en los términos del artículo 53 de la
Ley 136 de 1994, a partir del 11 de diciembre de 2021 mediante oficio Nro.
2021IE6602, misma que le fue aceptada por la Plenaria de esa corporación, en
votación del 9 de diciembre de 2021, según el documento denominado «VOTACIÓN
PLENARIA» y lo informado en la parte motiva de la resolución 002 del 13 del mes y
año en comento, por medio de la que se declaró la vacancia absoluta de la curul.
Por demás, aun cuando se registró la expedición de la sentencia C-080 de 2026,
que declaró la inexequibilidad de las disposiciones contenidas en el artículo 280.8
de la Ley 5 de 1992 y en el artículo 44 de la Ley 136 de 1994, que permitían a
servidores públicos de elección popular renunciar a su cargo y aspirar a ser
congresistas sin incurrir en la inhabilidad por coincidencia de períodos, lo cierto es
que ella no es aplicable al sub judice, ya que la decisión surte efectos respecto de
las elecciones al Congreso de la República que tengan lugar con posterioridad a la
comunicación de dicha providencia.
3.3. Intervención de la congresista10
La congresista, a través de su apoderado, se opuso a la pretensión de
desinvestidura ante la inexistencia del ejercicio simultáneo de funciones como
concejal y congresista: el vínculo en el primer cargo se extinguió desde el 11 de
diciembre de 2021, producto de la aceptación de la renuncia que presentó a dicha
corporación, mientras que la vinculación en la segunda dignidad tuvo lugar a partir
del 20 de julio de 2022 -fecha de posesión-.
Lo anterior adquiere relevancia, en su sentir, porque la pérdida de investidura «no
protege meramente la formalidad de los períodos, sino la integridad del ejercicio del poder
público»; integridad que no se afectó comoquiera que no se acreditó el conflicto
funcional o aprovechamiento indebido del cargo.
6
Resumen escrito de la intervención obrante en el índice 57 del Samai.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de mayo de 1995,
radicación 1135.
8
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 15 de diciembre de 2016, radicado 2320.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 15, sentencia del 1 de
septiembre de 2023, radicación 11001-03-15-000-2022-06041-00.
10
Resumen escrito de la intervención obrante en el índice 61 del Samai.
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Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Consideró, adicionalmente, que la tesis de la parte actora aparejaba una
responsabilidad objetiva, la cual se encuentra proscrita en materia de
desinvestidura, al tiempo que deriva efectos de un vínculo formal y materialmente
extinguido y pretende sancionar a quien actuó de conformidad con el
ordenamiento jurídico al renunciar en debida forma y posesionarse de acuerdo con
las reglas constitucionales aplicables.
CONSIDERACIONES
1. Presupuestos procesales. Competencia, legitimación, y oportunidad
1.1. La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura 13 del Consejo de
Estado es competente para conocer en primera instancia de las solicitudes de
pérdida de investidura de los congresistas, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 18411 y 237-512 de la Constitución Política, 37-713 de la Ley 270 de 1996,
214 de la Ley 1881 de 2018 y el Acuerdo 011 de 31 de enero de 2018, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado.
1.2. En el expediente se encuentra debidamente acreditada la calidad de
ciudadana colombiana de Nidia Esperanza Márquez Monroy, solicitante de la
pérdida de investidura, por ser portadora de la cédula de ciudadanía 51.726.208.
Igualmente está demostrado que la señora Andrea Padilla Villarraga fue elegida
como Senadora de la República para el periodo constitucional 2022-2026,
tomando posesión el 20 de julio de 2022, según formulario E-26SEN15 y
certificación del 6 de febrero de 2023 emitida por el Subsecretario General del
Senado de la República16.
De ahí, entonces, que se encuentre acreditada la legitimación por activa y por
pasiva de quienes concurren al presente proceso.
1.3. También se observa que la solicitud de pérdida de investidura se presentó
dentro del término otorgado por el legislador para el efecto, esto es, dentro de los 5
años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho generador de la
causal de pérdida de investidura.
En efecto, la coincidencia de periodos aducida tiene como extremo inicial el año 2022
(segundo semestre) por lo que a la fecha de presentación de la solicitud de la
referencia no han transcurrido 5 años.
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Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y en un
término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de
la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
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Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: (…). 5. Conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de
los congresistas, de conformidad con esta Constitución y la ley.
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Artículo 37. De la sala plena de lo contencioso administrativo. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las
siguientes funciones especiales: (…). 7. Conocer de los casos de la pérdida de investidura de los Congresistas, de
conformidad con la Constitución y la ley. Las sentencias que ordenen la pérdida de la investidura deberán ser
aprobadas por los miembros de la Sala Plena y por las causales establecidas taxativamente en la Constitución.
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Artículo 2. Las salas especiales de decisión de pérdida de investidura del consejo de estado conocerán en primera
instancia de la pérdida de investidura de los congresistas a solicitud de la mesa directiva de la cámara correspondiente
o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la constitución. La Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo será competente para decidir el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, sin la
participación de los magistrados que decidieron el fallo recurrido.
15
En el que consta que la señora Padilla Villarraga fue elegida senadora de la República en la circunscripción nacional por
la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, para el periodo constitucional 2022-2026.
16
Sobre el particular se anotó: «[se] posesionó como Senadora de la República en la sesión inaugural de Congreso pleno
correspondiente al día veinte de julio de dos mil veintidós (20-VII-2022), como consta en el Acta 01 de la fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso edición año XXXI No. 849 de 2022, y en la actualidad ejerce sus funciones como
tal».
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Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Luego, se encuentran acreditados los presupuestos procesales en el asunto de la
referencia.
2. Delimitación del problema jurídico
De conformidad con lo establecido en la solicitud de pérdida de investidura, a esta
Sala Especial de Decisión le corresponde definir si se vulneró el régimen de
inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses por desconocer lo
previsto en el numeral 8 del artículo 179 Superior, esto es, por la configuración de
la inhabilidad jurisprudencialmente denominada como «coincidencia de periodos».
Para el efecto, se procederá a establecer el alcance de la causal de pérdida de
investidura mencionada y, posteriormente, se examinará el caso concreto a la luz
de ese contenido.
3. Violación del régimen de inhabilidades por coincidencia de periodos.
Alcance de la causal
3.1. Tal como se anotó, la causal de pérdida de investidura que convoca la
atención de esta sala especial es la relativa al desconocimiento del régimen de
inhabilidades, prevista en el numeral 1 del artículo 183 constitucional, bajo el
entendido de que se desconoció el numeral 8 del artículo 179 superior, según el
cual «[n]adie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una
corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente» .
3.2. El numeral de la previsión en comento fue modificado por los artículos 10 y
13 de los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, respectivamente. Sin
embargo, como consecuencia de la inexequibilidad de estas disposiciones, el texto
vigente corresponde a aquel expedido por la Asamblea Nacional Constituyente,
que se transcribió en el párrafo precedente.
Considérese que:
• El artículo 10 del Acto Legislativo 1 de 200317 descartó expresamente que la
renuncia eliminara la inhabilidad, por lo que incorporó al texto constitucional
lo siguiente «la renuncia a alguno de ellos [del cargo público o de la dignidad en la
corporación] no elimina la inhabilidad». Adicionalmente, estableció el ámbito de
aplicación de la inhabilidad, bajo el entendido de que «[no aplicaba] a quienes
hubiesen renunciado con anterioridad a la vigencia del presente Acto Legislativo» .
No obstante, a través de la sentencia C-332 de 2005, se declaró la
inexequibilidad de esta disposición por vicios de procedimiento al desconocer
los principios de consecutividad y de identidad flexible o relativa.
Además, se concluyó la vigencia del texto original sin solución de continuidad
desde el momento en que fue expedido por la Asamblea Nacional
Constituyente hasta el día de expedición de esa sentencia y se precisó que lo
decidido no correspondía a un pronunciamiento acerca de si la renuncia
eliminaba la inhabilidad correspondiente. En este sentido se anotó:
[…] Es claro que el artículo 10 del Acto Legislativo de 2003 en ningún momento derogó el
numeral 8° del artículo 179 de la CP, tan solo reiteró el texto constitucional por razones de
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Por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones.
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claridad en el trámite legislativo. La norma del Acto Legislativo no alteró la vigencia del
numeral 8°, únicamente adicionó una frase final y un parágrafo.
En conclusión, el numeral 8° del artículo 179 de la Constitución Política se encuentra vigente
desde el momento en que fue expedido por la Asamblea Nacional Constituyente hasta el día
de hoy, sin solución de continuidad.
Finalmente, como la presente sentencia se limitó a analizar los cargos formulados por la
demanda presentada contra el artículo 10 del Acto Legislativo de 2003, en razón a las
violaciones por vicios de procedimiento, no implica un pronunciamiento sobre si la renuncia
elimina la inhabilidad. La jurisprudencia que ha interpretado los alcances del numeral 8°, se
ha encargado de abordar la cuestión.
• El artículo 13 del Acto Legislativo 1 de 200918 permitió que la renuncia
eliminara la inhabilidad siempre que la misma tuviera lugar un año antes de
la elección al cargo que se aspirara. También dispuso el ámbito temporal de
aplicación de la inhabilidad al prever que no aplicaría para «quienes [hubieren]
renunciado al menos seis (6) meses antes del último día de inscripciones para la realización
de las elecciones al Congreso de la República en el año 2010».
Empero, mediante la sentencia C-040 de 2010 se declaró la inexequibilidad
de este acto legislativo por vicios de procedimiento debido al
desconocimiento de los principios de consecutividad y de identidad flexible o
relativa; pronunciamiento en el que se reiteró la vigencia, sin solución de
continuidad, del texto original de la inhabilidad desde la expedición de la
Constitución hasta la fecha de la decisión al señalarse:
[…] En consecuencia, deberá declararse la inconstitucionalidad de la totalidad del artículo
13. Así, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de aquella disposición y de manera
análoga a como lo decidió esta Corporación en la sentencia C-332/05, la Corte advierte que
el numeral octavo del artículo 179 de la Constitución Política se encuentra vigente desde la
fecha de promulgación de la Carta y hasta el día de hoy sin solución de continuidad.
Por lo tanto, como se manifestó, el texto de la prohibición corresponde al
consignado originalmente en la Constitución, el cual se encuentra vigente, sin
solución de continuidad, hasta la actualidad.
3.3. La inhabilidad en comento también se previó en la Ley 5ª de 1992; regulación
en la que se procedió con su desarrollo al establecer la posibilidad de que la
renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente no diera lugar a
su configuración.
Así, en el numeral 8 del artículo 280 de la referida ley dispuso lo siguiente:
Artículo 280. CASOS DE INHABILIDAD. No podrán ser elegidos Congresistas […]
8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una
corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea
parcialmente. Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o
dignidad antes de la elección correspondiente. [Resalto fuera del original].
Esa previsión fue declarada exequible por medio de la sentencia C-093 de 1994,
con fundamento en los siguientes argumentos:
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Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia.
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• Para efectos de la prohibición, el periodo «no [podía] entenderse sino con referencia
a una persona en concreto que [actuara] simultáneamente en dos corporaciones, en dos
cargos o en una corporación y un cargo».
Por lo tanto, aun cuando el periodo podía concebirse en términos abstractos
como el lapso establecido, por la Constitución o la ley, para el desempeño de
determinada función pública, esa conceptualización no era la considerada
para efectos de inhabilidades.
Lo anterior, ya que «los períodos no [tenían] entidad jurídica propia y autónoma, sino
que [dependían] del acto condición en cuya virtud alguien entra en ejercicio de funciones».
• La inhabilidad no se configuraba ante la inexistencia de ejercicio real y
concreto del cargo, bien porque no se tomó posesión del mismo ora ante una
separación definitiva.
Esto implicaba, entonces, que quien aspirara a ser congresista -Senador o
Representante a la Cámara- no podría encontrarse como concejal o diputado
ni tener la condición de servidor público al momento de la inscripción. Luego,
para impedir la configuración de la inhabilidad el candidato debía haber
formalizado la renuncia antes de ese momento.
• La renuncia debidamente aceptada generaba la vacancia absoluta del cargo,
razón por la que vacante absolutamente el cargo de concejal o diputado no
regía para ellos la prohibición del numeral 8 del artículo 179 constitucional, al
extinguirse el periodo en esas corporaciones.
Así las cosas, la inhabilidad contenida en el texto constitucional se debía entender
en armonía con la salvedad establecida en la Ley 5ª de 1992.
3.4. No desconoce esta Sala Especial que, en algunos momentos, las posiciones
de la Sala Plena y de la Sección Quinta han arribado a conclusiones distintas
acerca del momento para el cual se debe presentar la renuncia debidamente
formalizada a fin de impedir la estructuración de la inhabilidad en mención.
En efecto:
• La Sala Plena del Consejo de Estado en providencia del 19 de febrero de
200219 señaló que aun cuando en la sentencia C-093 de 1994 se afirmó que
la renuncia al cargo debía registrarse antes de la inscripción, tal argumento
constituía un obiter dictum, bajo el entendido de que la norma examinada en
la sentencia de constitucionalidad se refería a la elección, el pronunciamiento
de exequibilidad no fue condicionado y tampoco se justificó por qué la
inhabilidad se producía con la inscripción.
En esa medida, carecía de fuerza vinculante la exigencia relativa a la
renuncia antes de la inscripción.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Ricardo Hoyos Duque, sentencia del 19 de
febrero de 2002, radicado 11001-03-15-000-2001-00163-01. Pronunciamiento registrado al examinar el caso de un edil
de una localidad Bogotá D.C. elegido para el periodo 1998-2000, quien presentó renuncia al cargo y se le aceptó el 5 de
marzo de 1998; posteriormente, en las elecciones al congreso del 8 de marzo de 1998, se inscribió en el segundo
renglón de la lista para la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral de Bogotá D.C. y, desde el 15 de
diciembre de 1998 al 16 de marzo de 1999, por llamamiento, ocupó la curul del elegido durante su licencia no
remunerada.
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Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
Posteriormente, en sentencia del 13 de febrero de 200720, esa misma sala
sostuvo que uno de los elementos estructurantes de la causal de inhabilidad
era la ausencia de renuncia antes de la elección como congresista a la
investidura o cargo que por efectos de la anterior elección o designación se
venía ostentando o desempeñando. No obstante, al momento de examinar el
caso concreto se determinó que la renuncia se formalizó antes de la
inscripción y elección.
Más adelante, en pronunciamiento del 28 de julio de 201521, la Sala en
comento expresamente sostuvo que la ratio decidendi de la sentencia C-093
de 1994 correspondía a que: (i) la coincidencia de periodos debía entenderse
con referencia a una persona en concreto que actúe simultáneamente en dos
corporaciones, en dos cargos, o en una corporación y un cargo diferente, si
los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente; (ii)
para efectos de la inhabilidad, el periodo debe entenderse como el tiempo
efectivo en el que un ciudadano ejerce una función pública; y, (iii) la
configuración de falta absoluta por renuncia formalmente aceptada a concejal
o diputado antes de la inscripción como candidato al congreso impedía la
configuración de la inhabilidad contemplada en el numeral 8 del artículo 179
superior
Ello explica que al analizar el caso concreto el hito considerado para
establecer la formalización de la renuncia correspondiera a la inscripción de
la candidatura al congreso.
Finalmente, la Sala Plena, en sentencia del 7 de marzo de 202322 señaló
dentro de los elementos de la inhabilidad el no haber renunciado antes de la
elección como congresista a la investidura o cargo que por efectos de la
anterior elección o designación venía ostentando o desempeñando. Empero,
al examinarse el sub judice se encontró que la renuncia había sido anterior a
la elección e, incluso, a la inscripción.
• Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha sostenido que el
hito a tener en cuenta es la inscripción de la candidatura, bien se trate de
concejales23 o diputados24 que posteriormente resultan elegidos
congresistas.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, sentencia
del 13 de febrero de2007, radicado: 11001-03-15-000-2006-01025-00. En el proceso se discutió la coincidencia de
periodos respecto de un diputado de la Asamblea del Valle del Cauca para el periodo 2004-2007 que presentó renuncia
el 11 de enero de 2006 y el 12 del mismo mes y año se le aceptó a partir de esa fecha; y, quien, posteriormente, el 25
de enero de 2006 se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del Valle
del Cauca.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia del
28 de julio de 2015, radicado: 11001-03-15-000-2014-04010-00. En el asunto se discutió el caso de un diputado de la
Asamblea del Tolima para el periodo 2012-2015 que presentó renuncia al cargo el 27 de noviembre de 2013 y el 28 del
mismo mes y año se le aceptó; posteriormente, el 6 de diciembre de 2013 inscribió su candidatura a la Cámara de
Representantes para el periodo 2014 2018.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 7 de marzo
de 2023, radicado: 11001-03-15-000-2022-04009-01. Lo discutido correspondió al caso de un diputado de la Asamblea
de Antioquia para el periodo 2020-2023 que posteriormente fue elegido como Representante a la Cámara por el
departamento de Antioquia para el periodo 2022-2026.
23
Cfr., entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Quinta del Consejo de Estado: 12 de marzo de 2015,
M.P.: Susana Buitrago, 11001-03-28-000-2014-00056-00; 17 de julio de 2015, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, radicado: 11001-03-28-000-2014-00041-00; 15 de noviembre de 2018, M.P.: Rocío Araújo Oñate, radicado:
11001-03-28-000-2018-00075-00; 28 de marzo de 2019, M.P.: Alberto Yepes Barreiro, radicado: 11001-03-28-000-
2018-00090-00; 1° de diciembre de 2022, M.P.: Rocío Araújo Oñate, radicado: 11001-03-28-000-2022-00058-00.
24
Cfr., entre otras, las siguientes sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado: marzo 10 de 2011, M.P.:
Susana Buitrago Valencia, radicado: 11001-03-28-000-2020-00020-00; 15 de abril de 2015, M.P.: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, radicado: 11001-03-28-000-2014-00059-00; 27 de septiembre de 2018, M.P.: Rocío Araújo
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Para el efecto ha considerado, entre otros, que: (i) el legislador orgánico –
numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5 de 1992- estableció expresamente
que, en el caso de los congresistas, la presentación y aceptación de la
renuncia impide la configuración de la causal de inhabilidad bajo estudio; (ii)
aunque es cierto que la Constitución no se refiere a dicha excepción, no lo es
menos que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-093 de 1994,
declaró la constitucionalidad de la misma, como se anotó; (iii) el estudio
realizado por la Corte Constitucional en ese pronunciamiento es una decisión
de control concreto de constitucionalidad que hace tránsito a cosa juzgada
absoluta, y, consecuencialmente, la decisión allí contenida surtía efectos
generales y vinculaba a todos los poderes públicos; y, (iv) debía observarse
una interpretación sistemática y armónica entre el numeral 8º del artículo 280
de la Ley 5ª de 1992 y el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución, antes
que una interpretación exegética de esta última.
Es por ello que, al momento de referir el elemento modal de la inhabilidad, la
Sección Quinta ha destacado que corresponde al siguiente: «Que resulte electo
en un nuevo cargo o corporación, no obstante, si se presentó renuncia al cargo o dignidad
que ostentaba de forma anterior a la inscripción, no se materializa la inhabilidad»25.
3.5. Dicho eso, y para lo que aquí interesa, el extremo temporal de la renuncia
tratándose de concejales que aspiraran ser congresistas fue regulado
expresamente por norma especial. En efecto, el artículo 44 de la Ley 136 de 1994
dispone:
Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público ni para una
corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea
parcialmente
Los concejales en ejercicio que aspiren a ser congresistas deben renunciar a su investidura
antes de la fecha de la inscripción de su candidatura. [Resalto fuera del original]
Por tal razón, los concejales en ejercicio que aspiraran ser congresistas debían
renunciar a su investidura antes de la fecha de inscripción de su candidatura.
Así lo ha reconocido expresamente la Sección Quinta de esta Corporación al
sostener26:
128. De otra parte, tratándose de concejales, la Ley 136 de 1994 en su artículo 44 estableció
que quienes se encuentren en ejercicio y aspiren a ser congresistas deben renunciar a su
investidura antes de la fecha de la inscripción de su candidatura al Congreso de la
República, es decir, que los miembros de la duma municipal, para evitar la configuración de
la inhabilidad por coincidencia de períodos consagrada en el artículo 179.8 Superior, deben
dimitir a ésta, de forma previa a la formalización de su nueva aspiración.
129. En conclusión la inhabilidad consagrada en el artículo 179.8 de la Constitución Política,
se materializa en el caso que un ciudadano resulte electo para más de una corporación o
cargo público, cuando los respectivos períodos coincidan en el tiempo, así sea parcialmente
y no obre renuncia previa, que en este caso en concreto, debe ser con anterioridad a la
inscripción de la candidatura27.
Oñate, radicado: 11001-03-15-000-2018-00012-00; 18 de octubre de 2018, M.P.: Alberto Yepes Barreiro, radicado:
11001-03-28-000-2018-00016-00.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P.: Rocío Araújo Oñate, sentencia
del 1° de diciembre de 2022, radicado: 11001-03-28-000-2022-00058-00.
26
Ibidem nota inmediatamente anterior
27
En sentido similar ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Sección Quinta: 6 de septiembre de 2018, M.P.:
Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado: 11001-03-28-000-2018-00014-00; octubre 4 de 2018, M.P.: Carlos Enrique
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3.6. Es de anotar que en la sentencia C-080 de 2026, cuyo texto no se ha
publicado a la fecha de expedición de la presente decisión, pues solo se cuenta
con el comunicado Nro. 16 del 15 de abril de la misma anualidad28, la Corte
Constitucional declaró la inexequibilidad de (i) la expresión: «[s]alvo en los casos en
que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente» ,
contenida en el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, (ii) así como de la
expresión «[l]os concejales en ejercicio que aspiren a ser congresistas deben renunciar a su
investidura antes de la fecha de inscripción de su candidatura» , contenida en el inciso 2 del
artículo 44 de la Ley 136 de 1994 referido.
Según el comunicado referido, luego de descartar la cosa juzgada constitucional
con respecto a la sentencia C-093 de 199429, esa corporación señaló, a partir de lo
establecido en los artículos 133 y 259 constitucionales, la existencia de «un deber
constitucional de las personas elegidas de honrar la confianza atribuida por la ciudadanía,
radicándose en ellas un deber, del mayor grado de importancia, de representar al pueblo y actuar
con sujeción al bien común».
En esa medida, la interpretación conjunta del artículo 6 del Acto Legislativo 01 de
2003 y el artículo 179.8 superior, permitió concluir que la inhabilidad para ser
congresista no puede desactivarse con la desvinculación del cargo mediante
renuncia.
Una posición contraria permitiría «abandonar, sin consecuencias, el deber de representar a
quienes han impuesto el mandato y, por esa vía, subordinar la designación del pueblo en las
elecciones a la búsqueda de intereses individuales».
Con todo, la sentencia en comento produce efectos, según lo dispuesto en el
comunicado en mención, «respecto de las elecciones al Congreso de la República que tengan
lugar con posterioridad a su comunicación».
4. Caso Concreto. No configuración de la causal de pérdida de investidura
4.1. El presente asunto se decidirá a la luz de la tesis vigente antes de la
sentencia C-080 de 2026, toda vez que este último pronunciamiento no resulta
aplicable: no se trata de una elección al Congreso de la República surtida con
posterioridad a la comunicación de dicho pronunciamiento.
4.2. Precisado lo anterior se tiene que, contrario a lo sostenido por la accionante,
la renuncia impide la estructuración de la inhabilidad prevista en el numeral 8 del
artículo 179 de la Constitución, al efectuarse la interpretación armónica con el
numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992.
Ello cobra relevancia al considerar la existencia de norma especial que regulaba la
situación de los concejales que aspiraran ser congresistas, en virtud de la cual
debían renunciar a su investidura antes de la fecha de inscripción de su
candidatura -L. 136 de 1994, art. 44-.
4.3. Ahora bien, de los elementos de convicción válidamente allegados al proceso
se tiene que:
Moreno Rubio, radicado, 11001-03-28-000-2018-00011-00; y, 15 de noviembre de 2018, M.P.: Rocío Araújo Oñate,
radicado: 11001-03-28-000-2018-00075-00.
28
Puede consultarse en: https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado-16-Abril-15-de-2026
29
Como consecuencia de la modificación incorporada al artículo 125 superior por el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de
2003 al señalar que los periodos establecidos en la Constitución para los cargos de elección tienen carácter
institucional.
10
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• El 30 de noviembre de 2021, a través de documento de radicado
2021IE15108, la señora Andrea Padilla Villarraga presentó, a la presidenta
del Concejo de Bogotá D.C., renuncia como concejal «a partir del diez (10) de
diciembre de 2021», para que la sometiera a consideración de la Plenaria de la
Corporación30.
Posteriormente, el 6 de diciembre de 2021, mediante documento de radicado
2021IE016602, la hoy accionada dio alcance a la renuncia inicialmente
presentada y señaló que la fecha de la misma era a partir del 11 del mismo
mes y año31.
• El 9 de diciembre de 2021, la plenaria del Concejo de Bogotá D.C. sometió a
votación la renuncia presentada por la entonces concejal Padilla Villarraga,
misma que se aceptó con una votación de 37 votos afirmativos y 1
negativo32.
De la aceptación de la renuncia da cuenta también la resolución 002 del 13
de diciembre de 2021, «POR LA CUAL SE HACE UN LLAMADO A OCUPAR UNA
CURUL EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.», producto de la vacancia absoluta de
la curul ocupada por la hoy convocada por pasiva como consecuencia de la
aceptación de su renuncia; acto administrativo en cuya parte motiva se
señaló:
[…] Que la concejala ANDREA PADILLA VILLARRAGA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 52.440.836, perteneciente al partido Alianza Verde, mediante oficio con
número de radicado 2021IE15502 del 6 de diciembre de 2021, presentó ante la Presidenta
de la Corporación renuncia como Concejala de Bogotá, a partir del 11 de diciembre de 2021.
Que en cumplimiento del numeral 6 del artículo 22 del Acuerdo 741 de 2019, la Presidenta
de la Corporación en la sesión del Concejo de Bogotá realizada el 9 de diciembre de 2021
sometió a consideración de la Plenaria la renuncia presentada por la concejala ANDREA
PADILLA VILLARRAGA, la cual fue aceptada con 37 votos. […]
• La elección de la señora Padilla Villarraga como congresista para el periodo
2022-2026 tuvo lugar en los comicios del 13 de marzo de 2022, según el
contenido del formulario E-26SEN33. Su posesión se registró el 20 de julio del
año en comento, según certificación del 6 de febrero de 2023 emitida por el
subsecretario general del Senado de la República34.
4.4. El examen de lo anterior permite a esta Sala Especial de Decisión concluir
que dentro del proceso no existe elemento de convicción que demuestre que la
renuncia presentada por la accionada y aceptada por la plenaria del Concejo de
Bogotá D.C. fuera posterior a la inscripción de su candidatura al Congreso de la
República.
Los medios probatorios solo acreditan que la formalización de la renuncia fue
anterior a la elección: se aceptó con efectos a partir del 11 de diciembre de 2021
mientras que la jornada de votación para el congreso tuvo lugar el 13 de marzo de
2022 y la posesión como congresista se registró el 20 de julio de esa misma
anualidad.
30
Índice 25 del Samai.
31
Índice 15 del Samai, página 33 del archivo .pdf contentivo de la contestación.
32
Índice 15 del Samai, página 34 del archivo .pdf contentivo de la contestación.
33
Índice 2 del Samai.
34
Índice 15 del Samai, página 36 del archivo .pdf contentivo de la contestación.
11
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Es del caso precisar que, de acuerdo con lo establecido en la norma especial de la
Ley 136 de 1994, y contrario a lo manifestado por la agente del ministerio público,
es improcedente acudir a la fecha máxima dispuesta en el calendario electoral
para la realización de inscripciones al congreso como extremo temporal para la
formalización de la renuncia que enerva la inhabilidad bajo estudio.
La norma especial fue clara al disponer que el supuesto a considerar era la fecha
de la inscripción de la candidatura del concejal en ejercicio que aspirara ser
congresista. Por tal razón era ese, no otro, el momento a tener en consideración.
En consecuencia, no se probó el ejercicio concomitante de los períodos como
concejal y senadora de la República por parte de la accionada ante la ausencia de
prueba que evidenciara la formalización de la renuncia en fecha posterior a la
inscripción de su candidatura al congreso; carga que le asistía a la parte actora,
máxime cuando en estos procesos no opera la inversión de esa carga, en virtud
de la naturaleza sancionatoria de la pérdida de investidura y de la presunción de
inocencia35.
Esto es suficiente para negar la solicitud de pérdida de investidura de la
referencia, puesto que no se estructura el supuesto de hecho inhabilitante de la
causal invocada por la actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Pérdida de Investidura 13,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de pérdida de investidura de la Senadora Andrea Padilla
Villarraga, promovida por la señora Nidia Esperanza Márquez Monroy, por
las razones expuestas en esta providencia.
2. Conforme con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, contra
esta sentencia procede el recurso de apelación que deberá interponerse y
sustentarse ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura 13,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
3. Ejecutoriada esta providencia, a través de la Secretaría General de la
Corporación, comunicar a la Mesa Directiva del Senado de la República, al
Consejo Nacional Electoral y al ministro del Interior, para lo de su cargo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.
4. En firme esta providencia, archívese el expediente.
Notifíquese y cúmplase,
35
Cfr., entre otros, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Martha Nubia Velásquez rico,
sentencia del 12 de septiembre de 2023, radicado: 11001-03-15-000-2023-00145-01.
12
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Solicitante: Nidia Esperanza Márquez Monroy
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura 13 en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrada Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
13
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