Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00145-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00145-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00145-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
12 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - segunda instancia
[Ley 1881 de 2018]
TEMAS: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTAS – Causal relativa a la
indebida destinación de dineros públicos / LÍMITES DE LA APELACIÓN – Los
argumentos planteados por el apelante frente a la sentencia cuestionada se constituyen
en límites que fijan la competencia jurisdiccional en segunda instancia / SISTEMA
PROBATORIO EN LOS PROCESOS DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Por regla general
corresponde al de la libertad probatoria y libre apreciación / CARGA DE LA PRUEBA -
Recae sobre el solicitante de la pérdida de investidura, quien debe acreditar los elementos
objetivo y subjetivo de la causal que invoca / PRUEBA TESTIMONIAL – Valoración /
PRUEBA TESTIMONIAL – LIBERTAD PROBATORIA - La alegada ausencia de prueba
documental que respalde los dichos de las testigos no tiene la entidad para restarles
credibilidad, pues no constituye una tarifa legal o una solemnidad prescrita por el
ordenamiento para la eficacia del testimonio.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor José Manuel
Abuchaibe Escolar frente a la sentencia del 5 de junio de 2023, proferida por la
Sala Cuarta Especial de Decisión de esta Corporación, mediante la cual se negó
la solicitud de pérdida de investidura presentada en contra de la congresista
Yénica Sugein Acosta Infante, representante a la cámara por la circunscripción
electoral del departamento del Amazonas1.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de pérdida de investidura formulada
El 13 de enero de 20232, el señor José Manuel Abuchaibe Escolar -en adelante el
solicitante-, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA
y su procedimiento regulado en la Ley 1881 de 2018, radicó, en nombre propio,
1 Elegida popularmente para los períodos constitucionales 2018-2022 y 2022-2026.
2 Índice No. 2 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado [historial de actuaciones
de primera instancia].
1
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
solicitud de pérdida de investidura3 en contra de la representante a la cámara
Yénica Sugein Acosta Infante -en lo sucesivo la congresista denunciada-, por
considerar que incurrió en la causal contenida en el artículo 183-4 de la
Constitución Política de 19914.
1.1. Los fundamentos fácticos y jurídicos invocados por el solicitante
El solicitante, con la finalidad de acreditar la configuración la causal de pérdida de
investidura, expuso las siguientes razones de hecho y de derecho:
En relación con el elemento objetivo sostuvo, en síntesis, que:
El 8 de septiembre de 2021, el jefe de la División Personal de la Cámara de
Representantes expidió la Resolución No. 1945, a través de la cual se vinculó a la
señora Otilia Rodríguez Lozano en la Unidad de Trabajo Legislativo5 de la
congresista denunciada, específicamente, en el cargo denominado «Asistente II».
En la misma fecha antes mencionada, la señora Otilia Rodríguez Lozano se
posesionó en el aludido cargo, a pesar de que se encontraba fuera del país.
En ese sentido, el solicitante indicó que, de acuerdo con la información
suministrada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la señora
Rodríguez Lozano viajó al exterior el 26 de agosto de 2021 y regresó al país el 4
de diciembre de la misma anualidad, período en el cual se le pagaron sus salarios
como integrante de la UTL de la congresista denunciada.
De igual modo, señaló que la señora Otilia Rodríguez Lozano nuevamente salió de
Colombia el 9 de mayo de 2022 y regresó al territorio nacional el 29 de ese mismo
mes, lapso en el cual también se le pagó el salario correspondiente.
Asimismo, adujo que la señora Rodríguez Lozano volvió a salir del país el 13 de
junio de 2022 y regresó a Colombia el 18 de septiembre de la misma anualidad,
«[…] anotando que solo fue declarada insubsistente6 el 28 de junio de 2022,
cobrando sueldo hasta el día 27 del mismo mes y año […]».
3 A través del auto del 18 de enero de 2023 -notificado en debida forma-, se admitió la solicitud de
pérdida de investidura objeto de análisis [índice No. 4 de la plataforma tecnológica SAMAI del
Consejo de Estado -historial de actuaciones de primera instancia-].
4 Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura: […] 4. Por indebida destinación de dineros
públicos […].
5 En adelante UTL.
6 Mediante la Resolución No. 1481 del 21 de junio de 2022, el jefe de la División de Personal de la
Cámara de Representantes declaró, a partir del 28 de junio de la misma anualidad, la
insubsistencia de la señora Otilia Rodríguez Lozano [índice No. 11 de la plataforma tecnológica
SAMAI del Consejo de Estado -historial de actuaciones de primera instancia-].
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
En tal virtud, aseguró que la congresista denunciada destinó indebidamente
dineros públicos, puesto que la señora Otilia Rodríguez «[…] recibió la totalidad de
su salario por días y meses durante los cuales no laboró, ya que se encontraba
fuera del país […]».
Así las cosas, el solicitante sostuvo que a la señora Rodríguez Lozano no se le
exigió realizar funciones en la sede física del Congreso de la República, ni en
cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, incluso a través de figuras como
el teletrabajo o la virtualidad, de conformidad con lo prescrito en el artículo 1° de la
Ley Orgánica 2029 del 24 de julio de 20207.
Como consecuencia de lo anterior, señaló que los pagos efectuados a la señora
Otilia Rodríguez Lozano carecían de una razón «legítima» que los justificara, dado
que dicha funcionaria de la UTL de la congresista denunciada estuvo en varias
oportunidades por fuera del territorio nacional, circunstancia que, en su criterio,
vulneraba lo previsto en el artículo 1° de la Ley Orgánica 2029 de 2020.
Para complementar lo antes expuesto, insistió en que la congresista denunciada
incurrió en la conducta de destinación indebida de dineros públicos, «[…] pues
permitió, autorizó y certificó de manera ilegal el desempeño de funciones de un
miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo, lo que nunca hizo […]», de ahí que,
a juicio del solicitante, dicho comportamiento de la representante «propició» que
se le pagaran salarios a la señora Rodríguez Lozano por servicios que no le prestó
al Congreso de la República.
En suma, el solicitante concluyó que la señora Otilia Rodríguez Lozano tenía la
posibilidad de prestar sus servicios -a través de figuras como el teletrabajo o la
virtualidad- en un lugar diferente al distrito capital de Bogotá -sede física del
Congreso de la República-; sin embargo, «[…] legalmente no podía hacerlo por
fuera del territorio nacional […]» [énfasis propio del texto transcrito].
Frente al elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura invocada,
razonó lo siguiente:
En lo relativo al dolo, indicó que la congresista denunciada conocía las reglas
jurídicas contenidas en la Ley Orgánica 2029 de 2020, puesto que, como
representante a la cámara, participó en su aprobación.
7 «Por medio de la cual se interpreta el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, modificada por el artículo
1° de la Ley 186 de 1995 y el artículo 7° de la Ley 868 de 2003».
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
Adujo que, como lo prevé el artículo 9 del Código Civil, la ignorancia de las leyes
no sirve de excusa, de manera que, al referirse a la culpa, sostuvo que [se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:
[…] Está claramente establecido en este proceso que, no obstante, su deber
de conocer estas normas y que el desconocimiento de las mismas no la
exoneraba de la correspondiente responsabilidad, la representante YENICA
SUGEIN ACOSTA INFANTE procedió a vincular en su UTL a OTILIA
RODRIGUEZ LOZANO, sin exigirle el cumplimiento de funciones dentro
del territorio nacional.
De haber obrado con la diligencia debida, YÉNICA SUGEIN ACOSTA
INFANTE, luego de revisar los condicionamientos legales bajo los cuales tenía
que vincular a OTILIA RODRIGUEZ LOZANO, hubiese advertido la existencia
de una situación potencialmente capaz de convertirse en una desviación
descarada de los dineros públicos.
YENICA SUGEIN ACOSTA INFANTE sabía de la existencia de una situación
potencialmente capaz de convertirse en una desviación descarada de los
dineros públicos y que, aun así, de forma dolosa, optó por hacerlo para
complacencia de OTILIA RODRIGUEZ LOZANO, incurriendo en un descuido
que tornó en negligente su conducta, es decir, que lo hizo actuar con la culpa
objeto de verificación en el análisis subjetivo de esta causal de pérdida de
investidura […] [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].
2. La oposición a la solicitud de pérdida de investidura promovida
El 30 de enero de 20238, la congresista denunciada, a través de su apoderado
judicial, se opuso al decreto de la pérdida de investidura pretendida por el
solicitante, con los siguientes argumentos:
Complementó el recuento fáctico efectuado por el solicitante, en el sentido de
señalar que, a través de distintos cuerpos normativos internos -Directiva No. 011
del 18 de enero de 2021-, la Dirección Administrativa de la Cámara de
Representantes reguló varios aspectos relativos a su régimen de funcionamiento
en «situación de no presencialidad», entre ellos, la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones para los procedimientos de nombramiento,
posesión, encuesta y evaluación médica ocupacional.
Advirtió que la señora Otilia Rodríguez Lozano tomó posesión de su cargo «vía
correo electrónico», procedimiento «regular» desde el punto vista jurídico y
«usual» para esa época -septiembre de 2021-.
8 Intervención presentada dentro de la oportunidad procesal pertinente [índice No. 11 de la
plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado -historial de actuaciones de primera
instancia-].
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
Indicó que, por cuenta de dicha circunstancia, la señora Rodríguez Lozano pudo
posesionarse en el cargo de «Asistente II» en la UTL de la congresista
denunciada, sin que la División de Personal de la Cámara de Representantes se
diera cuenta de que se encontraba por fuera del territorio nacional.
También aseguró que la señora Otilia Rodríguez Lozano nunca le comunicó a la
congresista denunciada sobre sus viajes al exterior.
Expuso que, aunque la señora Rodríguez Lozano estuvo por fuera Colombia entre
el 8 de septiembre y el 4 de diciembre de 2021, lo cierto era que sí ejecutó las
labores que se le asignaron.
En lo concerniente al lapso comprendido entre el 5 de diciembre de 2021 y el 8 de
mayo de 2022, la señora Otilia Rodríguez Lozano continuó con el cumplimiento de
sus funciones de manera virtual -dentro del territorio nacional-.
A inicios de junio de 2022, la congresista denunciada tuvo conocimiento de que la
señora Rodríguez Lozano había viajado al exterior, no solo en el período
comprendido entre el 9 de mayo y el 29 de ese mismo mes, sino en 2021, época
para la cual ya se encontraba vinculada a la UTL de la representante.
En virtud de lo anterior, el 8 de junio de 2022, la congresista denunciada le pidió al
director administrativo y al jefe de la División de Personal de la Cámara de
Representantes declarar la insubsistencia de la señora Otilia Rodríguez Lozano.
De igual manera, en la misma fecha antes relacionada, la congresista denunciada
también le solicitó a la señora Rodríguez Lozano reintegrar los salarios que
percibió como «Asistente II» durante los períodos en los que estuvo por fuera de
Colombia.
El 21 de junio de 2022, el jefe de la División de Personal de la Cámara de
Representantes, por medio de la Resolución No. 1481, declaró la insubsistencia
de la señora Otilia Rodríguez Lozano, con efectos a partir del 28 de junio de dicha
anualidad.
Por otra parte, enfatizó en el hecho de que, según lo señalado por la Dirección
Administrativa de la Cámara de Representantes, en ninguno de los períodos
durante los cuales la señora Rodríguez Lozano estuvo por fuera del territorio
nacional existían certificaciones respecto del cumplimiento de sus funciones.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
Realizadas las precisiones antecedentes, señaló que el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura alegada no se configuró, toda vez que no existían
certificaciones expedidas por la representante cuestionada que hubiesen servido
de fundamento para destinar dineros públicos -a título de salarios- a favor de la
señora Otilia Rodríguez Lozano, concretamente, en los lapsos en los que
permaneció en el exterior, aunque hubiese estado vinculada a la UTL de la
congresista denunciada.
En secuencia con dicha premisa, aseguró que, como la congresista denunciada no
expidió certificaciones de cumplimiento de funciones por parte de la señora
Rodríguez Lozano -«Asistente II» en la UTL a su cargo-, ello significaba que el
«elemento esencial» requerido para que se configurara la indebida destinación de
dineros públicos «indirecta» quedaba descartado.
Frente al elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura invocada,
sostuvo que las actuaciones de la congresista denunciada estaban exentas de
dolo o culpa grave.
A partir de un recuento cronológico de las normas que internamente expidió el
Congreso de la República en el lapso comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y
el 12 de noviembre de 2021, señaló que dicha Corporación Pública funcionó «[...]
de forma no enteramente presencial durante un año y ocho meses, con las
evidentes dificultades de adaptación en los procedimientos de funcionamiento y
control internos que una situación novedosa y extraordinaria acarrea en una
institución como esta [...]».
Aunado a lo expuesto, para contextualizar cuál era la complejidad y la necesidad
de las tareas de coordinación, enlace y diálogo comunitario de las que se
encargaba la señora Otilia Rodríguez Lozano en la áreas no municipalizadas del
departamento del Amazonas, así como la imposibilidad de la congresista
denunciada de saber si dichas funciones eran ejecutadas en el territorio nacional,
se advirtió que resultaba necesario contar con una aproximación geográfica de las
zonas en las que recaían las labores asignadas a la «Asistente II».
Así pues, en la medida en que la mayoría de los desplazamientos a las áreas no
municipalizadas debían realizarse fluvialmente, indicó que ello representaba
dificultades con el acceso y el relacionamiento en dichas zonas, las cuales, en su
criterio, eran bien gestionadas por la señora Rodríguez Lozano, dado que contaba
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
con un conocimiento profundo del territorio y, además, sabía cuáles eran las
formas más eficientes para «moverse» en el departamento.
También se refirió a la «brecha digital» que limitaba «ostensiblemente» la
comunicación a través de videoconferencias o correos electrónicos en el
departamento del Amazonas.
En ese orden de ideas, recalcó que las llamadas de voz y los mensajes a través
de WhatsApp eran los medios de comunicación más efectivos en la aludida
entidad territorial, al igual que [se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores]:
[...] [C]onstituían un medio idóneo para controlar la ejecución de las labores
encomendadas a una funcionaria que trabajaba virtualmente. Tanto así que,
como se reitera, nunca se sospechó que la señora Rodríguez Lozano
estuviera por fuera del territorio nacional pues, las llamadas y mensajes
compartidos con la señora Yeimy Duque estaban vinculados a su número
telefónico colombiano y, lo más importante, siempre estuvo al día con la
agenda de la UTL [...].
Respecto de las funciones desarrolladas por la señora Otilia Rodríguez Lozano,
insistió en que su vinculación a la UTL de la congresista denunciada obedeció a la
amplia experiencia y cercanía que tenía con las comunidades de las áreas no
municipalizadas del departamento del Amazonas, de ahí que sus aportes como
«Asistente II» -en términos de coordinación9- resultaran esenciales para llevar a
cabo la labor política de la representante a la cámara cuestionada.
Agregó que, por cuenta del «capital relacional» de la señora Rodríguez Lozano,
«[...] sus contribuciones a la UTL fueron determinantes para fortalecer la relación
entre la Representante Acosta Infante y su electorado [...]».
Por otra parte, de acuerdo con el nivel asistencial del cargo desempeñado por la
señora Otilia Rodríguez Lozano, precisó que aquella funcionaria recibía
9 Según lo consignado en el escrito de oposición presentado por el apoderado judicial de la
congresista denunciada, las labores de Otilia Rodríguez Lozano resultaron fundamentales para la
coordinación de [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]: «[...] i) personas que
prestaban servicios de alojamiento (que generalmente eran habitaciones en casas privadas); ii)
personas que proveían alimentos durante los días que duraba una visita a una comunidad alejada;
iii) determinando, de acuerdo con la información recibida por los líderes comunitarios, la estrategia
de transporte más adecuada para llegar a alguna de las áreas lejanas del Departamento (por
ejemplo, si se debía llegar por Villavicencio o por Leticia, o si era necesario el transporte aéreo en
temporada invernal, o si por temporada de verano no era posible el transporte por vía fluvial, entre
otras); o iv) recibiendo información por parte de la comunidad sobre visitas de técnicos (por
ejemplo, para un proyecto de ampliación de cobertura en red de telefonía celular, o para la
instalación de un parque lúdico en la Comunidad de Tarapacá) [...]» [índice No. 11 de la plataforma
tecnológica SAMAI del Consejo de Estado -historial de actuaciones de primera instancia-].
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
instrucciones y coordinaba las actividades que se le encargaban con Yeimy
Beverly Duque Ocampo, integrante de la UTL de la congresista denunciada en
calidad de «Asesora VIII».
En virtud de todo lo expuesto, concluyó que la congresista denunciada actuó
convencida «plena y sinceramente» de que su conducta y la de sus subalternos se
ajustaba al ordenamiento jurídico, toda vez que la señora Rodríguez Lozano: [i]
cumplió con las funciones asignadas; [ii] se comunicaba con Yeimy Beverly
Duque Ocampo y [iii] a finales de 2021, se reunió presencialmente con la
representante a la cámara cuestionada en el departamento del Amazonas.
3. La sentencia de primera instancia
Agotadas las etapas procesales pertinentes, mediante la sentencia del 5 de junio
de 202310, la Sala Cuarta Especial de Decisión de esta Corporación negó la
solicitud de pérdida de investidura.
Para sustentar la determinación en comento, se refirió, entre otras, a la sentencia
del 10 de mayo de 2022 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado11, con la finalidad de precisar el estado
actual de la jurisprudencia en relación con el alcance de la causal de pérdida de
investidura consistente en la indebida destinación de dineros públicos.
En virtud del fallo antes mencionado, la Sala Especial concluyó lo siguiente:
[…] 123. Así las cosas, de acuerdo con el más reciente pronunciamiento de la
Sala Plena de la corporación, la configuración de dicha causal ocurre al
momento de la destinación de los dineros, por lo que, no es posible extenderlo
a conductas realizadas con posterioridad o de terceros. Por tanto, «una vez se
ha producido lo anterior, lo relacionado a cómo se ejecutan las labores para
las cuales fueron destinados esos dineros y el control sobre ellas no forma
parte de la destinación de los dineros». Pues la debida destinación no
comprende la debida ejecución de la actividad para la cual se destinaron los
recursos, ni el control de su correcta utilización [...].
Precisado lo anterior, al analizar cada uno de los requisitos del elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura invocada, consideró que la congresista
denunciada no destinó indebidamente dineros públicos, pues, si bien para la fecha
10 Índice No. 66 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado [historial de
actuaciones de primera instancia].
11 La providencia judicial referida es la siguiente: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 10 de mayo de 2022, radicación No. 11001-03-15-000-2019-00771-01
[PI], C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
en que se nombró y posesionó la señora Otilia Rodríguez Lozano se encontraba
fuera del país, en atención a lo previsto en la Directiva No. 011 del 18 de enero de
202112, las encuestas, las evaluaciones médicas de ingreso y los demás trámites
de vinculación a la Cámara de Representantes se realizarían de forma virtual.
En ese sentido, se advirtió que en la resolución de nombramiento de la señora
Rodríguez Lozano no intervino la congresista denunciada, dado que ese acto
administrativo fue proferido por el jefe de la División de Personal y el secretario
general de la Cámara de Representantes.
Así pues, señaló que el solicitante pretendía derivar de la conducta de otros
funcionarios un reproche a la congresista denunciada, a pesar de que aquella solo
se limitó a postular a la señora Otilia Rodríguez Lozano para el cargo de
«Asistente II».
A pesar de que el solicitante indicó que la señora Rodríguez Lozano no tenía
funciones asignadas, que no las cumplió o que las ejerció de manera «ilegal» por
estar fuera de Colombia, lo cierto era que, de acuerdo con lo señalado en la
oposición presentada por la congresista denunciada y los testimonios recaudados,
estaba acreditado que dicha funcionaria: [i] sí ejercía labores de coordinación en
el departamento del Amazonas y [ii] se las reportaba a Yeimy Beverly Duque
Ocampo, quien era la encargada de verificar el cumplimiento de las aludidas
actividades, por disposición de la representante a la cámara cuestionada.
Como consecuencia de lo expuesto, consideró que la congresista denunciada no
desatendió su deber de controlar el cumplimiento de las funciones radicadas en
cabeza de la señora Otilia Rodríguez Lozano, con independencia del hecho de
que dicha funcionaria sí contravino lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley
Orgánica 2029 de 2020, puesto que sus funciones no podían ser ejecutadas por
fuera del territorio nacional.
De otro lado, recalcó que la señora Rodríguez Lozano nunca le informó a Yeimy
Beverly Duque Ocampo -coordinadora de la UTL- sobre sus salidas de Colombia,
mucho menos a la congresista denunciada. Asimismo, según la información
proporcionada por la División de Personal de la Cámara de Representantes, la
12 Normativa interna de la Cámara de Representantes [índice No. 11 de la plataforma tecnológica
SAMAI del Consejo de Estado -historial de actuaciones de primera instancia-].
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
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Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
aludida funcionaria no solicitó ante dicha dependencia ningún tipo de autorización
para desempeñar sus funciones en el exterior.
Acto seguido, la Sala a quo afirmó que las salidas del país de la señora Otilia
Rodríguez Lozano constituían «actos de un tercero» que no se le podían adjudicar
a la congresista denunciada, dado que resultaba «[…] un despropósito pretender
que, más allá de procurar por el cumplimiento de las responsabilidades que le
eran asignadas a la integrante de la UTL, también debía ejercer vigilancia respecto
de que dicha funcionaria no saliera del país […]».
Destacó el hecho de que la congresista denunciada, al enterarse de los viajes al
exterior de la señora Rodríguez Lozano, adelantó las gestiones necesarias para
que se declarara la insubsistencia de esa funcionaria y, además, le solicitó que
reintegrara las sumas de dinero que se le pagaron -lo cual efectivamente sucedió-.
Mencionó que, según lo considerado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado -en la sentencia del 10 de mayo de 2022-, el
certificado de cumplimiento de funciones -último inciso del artículo 388 de la Ley
5ª de 1992- de los integrantes de la UTL de un congresista no constituía un
presupuesto para el pago del salario de esos funcionarios.
En virtud de lo probado en el proceso, advirtió que la congresista denunciada no
certificó el cumplimiento de las funciones de la señora Otilia Rodríguez Lozano en
su rol como «Asistente II», lo cual suponía que dicha representante «[…] no tuvo
injerencia o ejerció actos tendientes a propiciar el pago de los sueldos de la
funcionaria, pues los mismos fueron cancelados sin que mediaran dichas
certificaciones […]».
En línea con ese razonamiento, la Sala concluyó que, desde el punto de vista
objetivo, la indebida destinación de dineros públicos alegada por el solicitante no
se configuró.
También estudió la Sala el elemento subjetivo y, con fundamento en los
testimonios de las señoras Otilia Rodríguez Lozano y Yeimy Beverly Duque
Ocampo, consideró que se encontraba acreditada la debida diligencia de la
congresista denunciada respecto del cumplimiento de las funciones de la señora
Otilia Rodríguez Lozano.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
4. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, el 16 de junio de 202313, el solicitante
interpuso recurso de apelación14 en su contra, a fin de que se revoque y se
declare la pérdida de investidura de la congresista acusada. Para tal efecto, indicó
que la sentencia cuestionada incurrió en un «serio» desconocimiento de la
normativa vigente y una valoración probatoria «muy precaria», imputaciones que
sustentó en los siguientes argumentos:
Sostuvo que el fallo impugnado justificó la conducta dolosa de la congresista
denunciada, dado que ella propició la vinculación de la señora Otilia Rodríguez
Lozano para que no realizara ninguna función en su UTL, permaneciendo en gran
parte fuera del país durante su vinculación en el cargo, sin que estuviera obligada
a cumplir un horario en un sitio de trabajo determinado.
Asimismo, aseguró que los pagos efectuados a la señora Rodríguez Lozano
carecían de una razón legítima que los justificara, toda vez que los viajes al
exterior de esa funcionaria suponían la vulneración de lo dispuesto en el artículo
1° de la Ley Orgánica 2029 de 2020.
Al referirse a la sentencia del 10 de mayo de 2022, proferida por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, indicó que el hoy consejero
ponente de la decisión apelada salvó el voto frente a dicho pronunciamiento, con
fundamento en consideraciones totalmente contrarias a las contenidas en la
providencia ahora cuestionada y manifestó su desacuerdo con las consideraciones
expuestas en aquella sentencia.
Afirmó que en la sentencia apelada se trataba de crear la «imprecisión» de que la
certificación -a cargo de los congresistas- de las funciones de los miembros de
una UTL no constituía un presupuesto para el pago de sus salarios, en supuesta
contravención con lo prescrito en el último inciso del artículo 388 de la Ley 5ª de
1992.
En ese sentido, aseguró que las aludidas certificaciones de cumplimiento de la
señora Otilia Rodríguez Lozano sí deberían existir en la sección de pagaduría de
la Cámara de Representantes; sin embargo, consideró que se había «evitado»
13 Índice No. 71 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado [historial de
actuaciones de primera instancia].
14 A través del auto del 30 de junio de 2023, se concedió la impugnación formulada por el
solicitante [índice No. 75 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado -historial de
actuaciones de primera instancia-].
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
que se aportaran al expediente y que incluso hasta habrían podido hacerse
desaparecer de la dependencia correspondiente, lo que ameritaba las
investigaciones del caso.
Afirmó que, al evaluar los testimonios, la Sala de decisión no respetó las reglas de
la sana crítica y, en relación con la declaración de la señora Yeimy Beverly Duque
Ocampo, cuestionó la credibilidad de su dicho respecto de la forma en la que se
acreditaba el cumplimiento de las funciones asignadas a la funcionaria Rodríguez
Lozano, pues no existía en el expediente alguna otra prueba que confirmara su
versión.
También consideró que el testimonio de la señora Otilia Rodríguez Lozano era
«bastante acomodado», dado que, en su criterio, no era viable que,
encontrándose en el exterior, hubiese cumplido sus funciones de coordinación en
el departamento del Amazonas. Agregó que, si la funcionaria en cuestión cumplió
con las labores encargadas de forma virtual, debía tenerse en cuenta que la
conectividad en esa entidad territorial era deficiente, circunstancia que ponía en
duda la veracidad de su declaración.
Manifestó que no se aportaron al expediente los mensajes de datos que
acreditaran lo aseverado por la señora Rodríguez Lozano, por lo que catalogó su
testimonio como un «montaje».
Recalcó que al proceso no se allegó prueba documental alguna que diera cuenta
de la existencia de las funciones asignadas a la señora Otilia Rodríguez Lozano -
directamente por la congresista denunciada o a través de otra persona-, así como
tampoco se evidenciaba el cumplimiento de aquellas previstas en el artículo 18 de
la Resolución No. MD 1095 del 24 de junio de 2010 -Manual de Funciones de la
Cámara de Representantes-.
En lo atinente a la devolución de los salarios que recibió la señora Rodríguez
Lozano mientras se encontraba por fuera del territorio nacional, consideró que
dicha situación fue una maniobra utilizada para «hacer frente» a la solicitud de
pérdida de investidura.
Adujo que la conducta de la representante a la cámara cuestionada denotaba falta
de cuidado y diligencia, pues no estableció mecanismos idóneos para controlar el
cumplimiento de las funciones a cargo de su subordinada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
Por último, concluyó que la indebida destinación de dineros públicos alegada sí se
configuró en el caso concreto, a título de dolo o culpa grave, toda vez que la
congresista denunciada postuló a la señora Rodríguez para que fuera vinculada a
su UTL y no desempeñara funciones y «posiblemente» le transfiriera el salario
devengado a un tercero.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, la Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por el solicitante en
contra de la sentencia de primera instancia.
Adicionalmente, se verifica que en este juicio están satisfechos los siguientes
presupuestos procesales: [i] competencia15; [ii] caducidad del medio de control16 y
[iii] legitimación en la causa17 -tanto por activa como por pasiva-.
1. El objeto del recurso de apelación interpuesto
De acuerdo con los reparos concretos propuestos por el solicitante en su recurso
de apelación, es claro que no hay discusión respecto de la configuración de los
dos primeros requisitos objetivos de la causal invocada en la solicitud, los que la
Sala Especial a quo consideró acreditados: i) que se ostente la calidad de
congresista y ii) que se trate de dineros públicos, por lo que esta Sala no hará
ningún pronunciamiento sobre el particular.
Al margen de las apreciaciones del solicitante sobre las supuestas motivaciones
de la congresista denunciada al integrar a la señora Rodríguez Lozano a su UTL -
15 De conformidad con lo previsto en los artículos 184 y 237-5 de la Constitución Política de 1991,
37-7 de la Ley 270 de 1996 -LEAJ-, 111-6 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- y 2 y 14-4 de la Ley
1881 de 2018 y el artículo 34 del Acuerdo 080 de 2019 (reglamento interno del Consejo de
Estado), la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas por las
Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, sin la participación
de los magistrados de la Sala Especial que profirió la providencia recurrida.
16 En virtud de lo prescrito en el artículo 6 de la Ley 1881 de 2018, la solicitud de pérdida de
investidura debe presentarse dentro del término de cinco años contados a partir del día siguiente a
la ocurrencia del hecho generador de la causal invocada, so pena de que se configure la
caducidad. Así pues, como las circunstancias constitutivas de la indebida destinación de dineros
públicos -supuestamente- datan del 8 de septiembre de 2021 hasta el 27 de junio de 2022 y la
demanda se presentó el 13 de enero de 2023, su radicación fue oportuna.
17 Según lo previsto en los artículos 143 del CPACA y 5 de la Ley 1881 de 2018, la pérdida de
investidura de un congresista puede ser solicitada por cualquier ciudadano interesado. En ese
sentido, en este caso, tanto el señor José Manuel Abuchaibe Escolar como la representante a la
cámara Yénica Sugein Acosta Infante están legitimados en la causa tanto por activa como por
pasiva, respectivamente, puesto que respecto de ambos extremos procesales se encuentran
reunidas y acreditadas las calidades exigidas para ser parte en este tipo de juicios, aspectos que
no hacen parte del debate en esta instancia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
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las cuales apuntan a la supuesta configuración del elemento subjetivo-, en estricto
sentido jurídico, la controversia que esta instancia debe resolver inicialmente gira
en torno a la demostración del tercer requisito del elemento objetivo de la causal,
relativo a la “indebida destinación”, la cual, a juicio del recurrente, se hace
evidente en este caso a partir de la ausencia de prueba documental respecto de la
asignación y cumplimiento de funciones por parte de la señora Otilia Rodríguez
Lozano. En este sentido, cuestiona la valoración de la prueba testimonial realizada
en primera instancia y la ausencia de soportes que sustenten los dichos de las
declarantes.
En vista de lo anterior, corresponde a la Sala establecer si la valoración de la
prueba testimonial muestra falencias que afecten su alcance probatorio en los
términos alegados en la apelación y si de ello se desprende la demostración de la
“indebida destinación” como tercer requisito del elemento objetivo de la causal
alegada por el solicitante.
Solo en el caso de que los argumentos de disenso resulten fundados y se acredite
la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
invocada, la Sala abordará el estudio del elemento subjetivo, según los cargos
señalados por el solicitante en el recurso de apelación materia de análisis.
En este contexto, es del caso recordar que, según lo establece el artículo 320 del
Código General del Proceso18, norma aplicable por autorización expresa del
artículo 21 de la Ley 1881 de 201819, los argumentos planteados por el apelante
frente a la sentencia cuestionada se constituyen en límites que fijan la
competencia jurisdiccional en segunda instancia.
Así mismo, como ya lo ha definido esta Sala20, el análisis en esta instancia no se
ocupará de discurrir nuevamente y en detalle sobre otros aspectos no
relacionados con el objeto del recurso de apelación, tales como la naturaleza
jurídica del juicio de pérdida de investidura, o el análisis de los presupuestos de la
causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183-4 de la Constitución
18 Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión (…).
19 Artículo 21. Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley
se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de
forma subsidiara el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
20 En este sentido ver sentencia de 8 de septiembre de 2020, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, radicación 11001-03-15-000-2019-04145-01(PI). C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
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Política, salvo para analizar si se encuentra acreditada la “indebida destinación”
como tercer requisito materia de discusión, pues, con estricta sujeción al marco
competencial que marca el recurso, a esta Sala le corresponde revisar la
sentencia en los precisos aspectos que señala el apelante.
2. El caso concreto
Como se dijo anteriormente, el recurrente afirma que la “indebida destinación” se
constata a partir de la ausencia de prueba documental respecto de la asignación y
cumplimiento de funciones por parte de la señora Otilia Rodríguez Lozano, sin que
la valoración de la prueba testimonial haya sido adecuada, pues las declarantes
no presentaron soportes que sustentaran sus dichos.
Sobre la valoración de la prueba testimonial, la jurisprudencia de esta corporación
ha señalado que21:
Como es bien sabido, la atendibilidad de la prueba testimonial depende en
buena medida de que las declaraciones rendidas sean responsivas,
condición que ha de entenderse satisfecha cuando …las respectivas
contestaciones se relaten concienzudamente …, relato que por lo tanto debe
incluir … la expresión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrió el hecho, y la explicación concerniente al lugar, modo y tiempo como
el testigo tuvo conocimiento del mismo”, toda vez que solamente así,
explicando cómo de qué manera tuvo el declarante conocimiento del hecho
acerca del cual testifica, podrá el juzgador apreciar la veracidad con que el
testimonio se produce y si realmente dicho declarante tiene o no el
conocimiento que se atribuye, resultado al que no es fácil arribar pues
supone comprobar, ante esa información así suministrada, si el testigo
declaró sobre hechos que pudieron caer bajo la acción de sus sentidos, si
apoya o no su dicho en observaciones personales suyas, si la declaración
resulta verosímil por no contrariar los dictados del sentido común ni las leyes
elementales de la naturaleza y, en fin, si esa misma declaración, además de
original y persistente, es consonante con el resto del material probatorio
obrante en el proceso. …, preciso es no olvidar que las declaraciones
efectuadas, sea para acogerlas o para desecharlas han de tomarse en su
integridad.
La finalidad de la prueba testimonial apunta a la exposición sobre los hechos
percibidos por el declarante, “a efectos de llevar certeza al juez acerca de las
circunstancias que constituyen el objeto del proceso”22, es decir de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin que en principio interese su opinión,
pues de lo contrario se trataría de un testimonio técnico o de una prueba pericial.
21 Corte suprema de Justicia, Sala de casación Civil, sentencia de agosto 11 de 1992, citada por la
Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 19 de julio de 2007, Radicación número:
68001-23-15-000-2006-02791-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón.
22 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Pruebas. Dupré Editores Ltda.
Bogotá, 2017. Pág. 274.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
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Se debe acudir al texto de las pruebas para evaluar si las declaraciones son
responsivas, exactas y completas o si son vagas, incoherentes o contradictorias,
así como también se debe examinar si algún testigo puede estar movido por
sentimientos de interés, afecto o animadversión que lo puedan tornar en
sospechoso y puedan afectar su credibilidad o imparcialidad23.
En cuanto a la asignación de funciones y verificación de cumplimiento, que es el
aspecto cuya valoración cuestiona el recurrente, considera la Sala necesario citar
in extenso y de manera literal lo que las testigos indicaron sobre el tema24, lo cual
permitirá analizar las características de sus versiones que atañen al ejercicio
evaluativo en discusión.
• Declaración de la señora Otilia Rodríguez Lozano (trascripción exacta de lo
declarado, incluidos los errores)
Ponente: ¿Qué funciones le fueron asignadas por la representante Yénica
Sugein Acosta Infante? Contestó: Bueno ella me dijo en sí, no ella no, porque
hay que aclarar que yo casi con ella no tengo comunicación, de hecho por las
ocupaciones de ella y por las mías yo casi nunca me comunicaba con ella,
nunca, con la que me organizaba, la que hablaba era con la doctora Yeimy
Duque, con ella sí, entonces yo le pregunté cuando a mí me llamaron a decirme
que me iban a vincular, que de la cámara para la vinculación, tal cosa, entonces
ya yo le pregunté que cuál eran mis funciones y cuando a mí me llamaron para
hacerme vinculación también pregunte si debía desplazarme a Bogotá, que no
que eso lo definía con la representante, entonces ya le pregunté a Yeimy y ella
me dijo es coordinar todo lo que, las visitas, las cosas que la jefe tiene
pendiente en las áreas no municipalizadas, entonces yo te voy diciendo, yo te
voy diciendo qué, cómo vamos a hacer el cronograma para que vayas
organizando las llegadas de ella a cada sitio y los avances de las cosas a las
que le estamos haciendo seguimiento, de hecho también lo que necesite la
comunidad, tú vas a ser nuestros ojos y nuestros oídos en esos sitios, le dije
que bueno. Ponente: en el ejercicio de estas funciones que le señalaron ¿a
quién le reportaba usted el avance y el cumplimiento de las mismas? Contestó:
a la doctora Yeimy Duque, siempre por ejemplo ella me llamaba y me decía Oti,
hay que coordinar, la jefe tiene una visita, se está gestionando, entonces ella
me decía, se está gestionando en tal ministerio el muelle de Tarapacá, se está
gestionando, entonces yo aprovechaba y le decía a ella mire se está
desbarrancando, en el Encanto se desbarrancó, se va a llevar la base naval, tal
23 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. ARTÍCULO 211. IMPARCIALIDAD DEL
TESTIGO. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren
en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes
personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el
testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
24 El testimonio de la señora Otilia Rodríguez Lozano se encuentra entre el minuto 8:50 y 1:21:13
de la grabación, mientras que el de la señora Yeimy Beverly Duque Ocampo se encuentra entre el
minuto 1:26:30 y 2:30:16 del mismo soporte digital.
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cosa, entonces qué hay que hacer porque la gente me está llamando, esto lo
otro, entonces que le diga a la representante, ella tomaba nota y ella me decía
listo, yo hablo con ella y a ver qué razón, qué le decimos a la comunidad o qué
va a hacer ella frente a esa situación y eso lo manejábamos de esa manera,
siempre era ella y pues de hecho que cuando ella hacía las visitas, pues
estaban los resultados de mis funciones. Ponente: ¿Mediante qué medios se
comunicaba usted con la representante Yénica Acosta o con Yeimy Duque y
cada cuánto tiempo lo hacía? Contestó: Generalmente hablamos pues no muy
seguido, por decir cuando estábamos en la planificación de alguna llegada, del
seguimiento, porque tocaba hacerle seguimiento, un ejemplo, se hizo, se
transportaron, ella consiguió con un ministerio el muelle de Tarapacá, entonces
son estructuras, yo debía conseguir revisar allá en Puerto Asís que la estructura
llegó allá, entonces ya mandar fotos de que sí llegó la estructura, revisar en qué
embarcación se iban a ir, ya la transportaron, la embarcación salió, ya hacerle
seguimiento, ya pasó por Puerto Alegría, ya pasó por el Encanto, ya pasó por
Arica, entonces en cuatro días se estima que ya llegue a Tarapacá, para que la
gente esté lista, que los ingenieros que iban a hace la obra ya se trasladaran
desde Bogotá desde Leticia a Tarapacá, que llegaran allá para empezar a hacer
la obra, todo eso eran mis funciones, coordinar que todas esas cosas encajaran
para que pues tuvieran el resultado que se proponían ellos. Ponente: Si, pero
quisiéramos preguntarle si usted tenía que enviar correos electrónicos, tenía
que hacer video llamadas, cada cuánto tiempo. Contestó: si, entonces por
ejemplo yo le mandaba las fotos que son las evidencias, le mandaba las fotos
de todo el proceso, entonces se fue tal embarcación, entonces ya le reenviaba
las fotos a Yeimy y le iba diciendo cómo se iban transportando, bueno ya
llegaron los ingenieros o ellos me decían Oti, los ingenieros llegan tal día,
entonces para que por favor que ubicarles el hotel, ubicarles la alimentación y
todo, entonces sí ya bueno, el único hotel que hay allá es de fulano, ya hice las
reservas, entonces le escribía a ella ya quedó el hotel tal, la comida se la van a
dar tal señora, entonces ya le avisaba a ella por whatsapp, siempre por
whatsapp, correo electrónico cuando ella me escribía algo al correo entonces yo
le respondía, pero de resto o era el whatsapp, generalmente era whatsapp.
Ponente: cuando su señoría dice por whatsapp o por llamada o por correo ¿era
con Yeimy Duque o con la congresista? Contestó: con Yeimy, con Yeimy, nunca
hubo un mensaje con la doctora Yenica, nunca, es que con ella casi no.
Ponente: ¿La congresista la autorizó para desempeñar sus actividades
utilizando tecnologías de la información y la comunicación, sin que fuera
necesaria su presencia física en su lugar de trabajo? Contestó: no, que ella
directamente me haya dicho no, yo le pregunté cuando a mí me llamaron para
hacerme la vinculación, lo primero que pregunté ¿debo desplazarme a Bogotá?
Me dijeron no, háblese con la congresista y ella le dirá sus funciones y dónde
las debe ejercer, fue lo primero que pregunté, le pregunté a la doctora Yeimy y
ella me dijo no, que yo era clave y precisamente era el soporte de ella ahí en
Leticia, era para que estuviera haciendo las gestiones en las áreas no
municipalizadas, que es el sitio donde pues, disculpe que lo diga así
coloquialmente, pero me muevo como pez en el agua, porque considero que si
en el departamento del Amazonas hay una persona que conoce el
departamento de punta a punta esa soy yo, no lo digo con prepotencia, lo digo
con mucha humildad, Dios me ha permitido por mis trabajos poder conocer y
recorrer el departamento del Amazonas. Ponente: ¿Qué trámite debía adelantar
para obtener el pago de sus servicios y ante quien los adelantaba? Contestó:
pues realmente yo no tenía que presentar informes, yo solamente le mandaba a
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la doctora Yeimi lo que yo había hecho, le decía mira, me ponían tareas y yo le
daba los resultados de esas tareas, pero que yo presentara un informe para el
pago nunca, no que un informe oficial que tal cosa no, sí le reportaba allá las
cosas y le mandaba las evidencias y de hecho que cuando se hacían las
coordinaciones y la representante iba a los sitios y ella llegaba, a veces duraba
dos, tres horas en el sitio donde ella iba en el departamento a visitar y ya se
devolvía y ya al día siguiente Yeimy, Oti, muchas gracias que todo salió muy
bien, que pudieron hacer las cosas, que se dio, que esto lo otro, que muy
bonito, tal cosa y ya, eso era todo. (…) Ponente: ¿Durante su estadía fuera del
país, siguió cumpliendo las funciones que tenía asignadas, cuáles eran y a
quién le reportó? Contestó: totalmente, se las reporté a la doctora Yeimy Duque,
y totalmente las cumplí a cabalidad, prueba de eso es que ella en octubre
entregó el muelle, en Tarapacá, igual se hizo, entregaron un parque, en
noviembre ella hizo una visita en los primeros días de noviembre que se
coordinó, ella visitó el Encanto, estuvo en Pedrera, en Tarapacá, ella estuvo
haciendo esa visita y en Chorrera, porque en Chorrera también, ella estaba
destinado la estructura de los muelles que habían salido como a la par con
Tarapacá y Chorrera, pero sucedió una cosa, que el río se secó muchísimo y
duró el muelle, la estructura del muelle de Chorrera en Puerto Asís, por falta de
canal navegable, como será que hasta la semana pasada llegó la estructura, yo
estaba en Puerto Asís o en el Encanto cuando ya me notificó las personas de
allá que ya llegó la estructura del muelle y me mandaron las fotos, entonces eso
fue, y así siempre se ha trabajado. Ponente: señora Rodríguez, en la pregunta
sobre si usted cuando estaba fuera del país siguió cumpliendo las funciones,
usted responde que sí, quisiera preguntarle cuáles funciones, si usted nos
puede describir las funciones que cumplía en el exterior. Contestó. Bueno,
porque es que todo se hace, todo era en tiempo de pandemia y todo se hacía
virtual, y yo siempre he usado la conectividad porque les voy a contar, para
poder responderle les voy a poner en contexto de qué es el departamento del
Amazonas, en el departamento del Amazonas no se hace presencialidad, ni
siquiera un gobernante, un gobernador de turno alcanza a conocer todo el
departamento, por una sencilla razón, no le alcanzaría el presupuesto para
recorrerse el departamento del Amazonas, esa es una de las razones más
grandes, porque para el departamento del Amazonas se llega o por aire o por
tierra, el departamento del Amazonas tiene nueve áreas no municipalizadas, de
las nueve áreas no municipalizadas ocho cuentan con aeródromos, de esas
ocho solamente hay cuatro pistas operables, Tarapacá, Pedrera, Chorrera y
Encanto, la de Arica y Mirindí son dos pistas que son nuevas, a pesar de que
son nuevas quedaron con dificultades pues están muy restringidas para el
decolaje, el avión alcanza a aterrizar pero tiene riesgo para salir, se limitan
muchas cosas, esto hace que no se llegue, para llegar a puerto Alegría, que es
otra de las áreas no municipalizadas, toca es vía fluvial y allá la seguridad es
muy difícil, no se puede, de hecho que del Encanto Puerto Alegría son diez
horas de recorrido fluvial, eso hace primero poner en riesgo la seguridad de las
personas y segundo el tiempo, no se puede ir de un día para otro, son caminos
largos, de ahí que yo conozco el departamento porque cuando yo salgo a
correrías yo, por ejemplo en mi responsabilidad como empresaria, que llego a
los diferente sitios, (…) El ponente concede el uso de la palabra al demandante
para que interrogue a la testigo: (…) Pregunta: ¿En qué momentos hizo
acompañamiento a la representante Yénica Acosta en sus desplazamientos por
el Amazonas? Explíquenos por favor. Contestó: Yo la acompañé a ella
únicamente en todos los recorridos que ella o las visitas que ella hace al
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departamento, solamente en una ocasión la acompañé en un recorrido, que fue
cuando se fue a entregar, a mirar en Valencia que hubo una urgencia porque se
habían quedado sin agua potable y había una sequía, entonces yo le había
informado a la doctora Yeimi y ella se había comunicado y ella se fue para
solucionar eso, me iba a ir en esa, ella ya sabía la empapé de las cosas, se fue
ella para allá y yo me quedé porque precisamente ella me pidió que estuviera
pendiente de que ella salía a Pedreros, ella me dijo a mi cuando ya estaban
listos, que ella dijo, se iba con las personas que ella designara y entonces me
dijo, Oti, porqué no vienes conmigo y entonces le dije si quiere, hay cupo, me
dijo si hay cupo porque hay que hacer un peso y balance, porque les explicaba
que sí, (…) fue la vez que pude acompañarla, en el mes de enero, fue la única
vez que la acompañé, de resto nunca fui a ninguno de los desplazamientos que
ella hacía, mi función era coordinar y organizar que todas las cosas que ella
fuera a hacer estuvieran en el tiempo, dentro de los tiempos, porque el
Amazonas tiene dos cosas, que después de las cuatro de la tarde no despega
una aeronave si está en Chorrera, si está en Pedrera, o si está en Mirindí, o si
está en Araracuara, no despega, por qué?, por la sencilla razón de que el
aeropuerto alterno está a dos horas de camino, se llega a presentar una
eventualidad o un mal tiempo, cualquier cosa para donde coge, no puede
retornarse, no puede nada, no hay aeropuertos alternos que cubran esa ruta,
son cosas que el tiempo para ella era fundamental y ella recorría el
departamento generalmente en tres días, para llegar a ocho, a siete áreas no
municipalizadas, entonces eso es la situación, solo asistí una vez que fue en el
mes de enero, pero de resto sí estaba muy pendiente de coordinar las
actividades a las que ella iba a realizar en cada sitio. (…) El ponente concede el
uso de la palabra al apoderado de la demandada, para que interrogue a la
testigo. Pregunta: Indique más específicamente, ¿cómo podía cumplir funciones
estando fuera del país? Contestó: porque yo tenía que coordinar, entonces yo
llamaba, dije esto para que entiendan que yo tengo muchos conocidos por
todas las áreas, entonces yo llamaba por ejemplo si es en Tarapacá llamo a
Wilder, es una persona que tengo una amistad con él, Wilder, avísame si ya
llegó tal remolcador que lleva la estructura, entonces él iba al puerto y se daba
cuenta si ya había llegado ese remolcador, entonces llamaba, no que ya pasó
por Arica pasó el jueves, debe estar llegando el domingo o lunes, bueno
entonces yo ya sabía que iba a llegar ese día (…) llamo al señor Morales, al
señor Wilder en Arica, así le hago seguimiento, en Puerto Alegría la señora
Gloria, en fin, todo el mundo me distingue, yo tengo números de contactos y de
esa manera yo iba haciendo los enlaces, iba buscando, iba haciendo que las
cosas que me solicitaban a mí tuviesen un resultado positivo, que las cosas se
pudieran dar, ella hizo una visita a Chorrera y la salieron a recibir los niños del
colegio, eso fue en octubre, no estaba yo aquí y se gestionaron las cosas, yo
soy la que me encargo de hacer eso, de que las cosas se dieran, de que la
gente supiera que ella llegaba (…).
• Declaración de la señora Yeimy Beverly Duque Ocampo (trascripción exacta de
lo declarado, incluidos los errores)
Consejero ponente: ¿Qué funciones tenía usted asignadas o tiene en la UTL de
Yénica Sugein Acosta Infante? contestó: Bueno, primero pues, yo
prácticamente me posesioné en el mismo año que ella también inició su
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proceso en el 2018 y desde ese momento vengo asumiendo de enlace
legislativo con los ministerios, con cada uno de los ministerios. También estoy,
digamos que muy de cerca, con todo el trabajo de los proyectos legislativos que
se vienen desarrollando desde las regiones hacia el departamento. Otras de las
funciones que me fueron delegadas fue el tema de enlace con el área
administrativa y específicamente con recursos humanos entre la Cámara y todo
el personal asistencial de la UTL de la representante Yénica Acosta. También
estoy de enlace en la Comisión de Derechos Humanos y, desde pandemia más
o menos, iniciamos un proceso de coordinación. Antes de pandemia,
simplemente estaba en el cargo de asesora. Consejero ponente: ¿Usted estaba
a cargo de hacer seguimiento a las labores que desempeñaban otros servidores
de dicha UTL? Contestó: Sí señor. Consejero ponente: ¿Podría ampliar la
respuesta? ¿En qué consistía ese seguimiento de las labores? Contestó:
Básicamente, en el tema asistencial, la representante Yénica Acosta tenía 3
asistenciales que estaban en región y una persona del nivel asistencial que
estaba en la ciudad de Bogotá. Entonces, con estas personas, digamos que
eran productos muy específicos, actividades y acciones muy específicas en la
región, de acuerdo a sus perfiles se delegaban cada una de las actividades que
eran dadas por la representante para desarrollarse. Se le hacía el seguimiento,
básicamente, era la entrega de ese producto, que la actividad se viera con
proyección y que tuviera resultados positivos. A veces hacíamos reuniones, no
eran muy continuas, realmente como yo asumí ese cargo durante pandemia,
empecé como a tener ese liderazgo, entonces digamos que empezamos a
hacer ese trabajo de seguimiento con ellos a través de WhatsApp, de teléfonos,
porque la señal en el departamento del Amazonas es de muy difícil conexión, el
teléfono como tal, se terminaban cortando las llamadas, entonces lo que
utilizábamos era a través de llamadas por WhatsApp para hacer los
seguimientos, sin colocar cámaras, porque, en el momento en que uno
colocaba la cámara, se caía la señal. Entonces esas reuniones las hacíamos
también, iniciamos en pandemia y ya posteriormente cuando hacía
desplazamientos al departamento se verificaba la población. Consejero
ponente: ¿Recibía usted los informes que remitía la señora Otilia Rodríguez
Lozano? Contestó: El personal asistencial no presentan un informe como tal, se
verificaba con que el producto de la actividad que se le asignaba fuera correcto,
que tuviera un éxito la actividad. Ahí era que se verificaba si verdaderamente se
convocaron a las personas, se organizó toda la parte logística, entonces,
básicamente, ese era como una evidencia de esas actividades. Consejero
ponente: ¿Usted le puede informar a este despacho cuál era el trámite que se
debe realizar a fin de obtener el pago de los servicios prestados por los
servidores de la UTL y ante quién debería realizar esos trámites? Contestó:
Realmente, antes de pandemia, me permito detallar ese tema, porque con la
situación se volvió como distinta, nosotros hacíamos, o bueno, se nos solicitaba
un formato en Excel donde va nombre completo de la persona, el cargo, la
identificación y si hubo o no hubo alguna novedad, es decir, si hay licencias, si
hay vacaciones, entonces que se especificara abajo el número de la resolución
por la que se da esa novedad y por cuánto tiempo fue. Ese era un certificado
que se hacía manualmente antes de pandemia y obviamente la firma de la
representante era también en físico. Yo me encargaba de hacer esa proyección
de ese certificado, de ese diligenciamiento de la matriz y ya quedaba a
disposición de la representante, pues su respectiva revisión y así poderla remitir
al área de recursos humanos. Durante pandemia, digamos que no hubo una
notificación como tal del área administrativa de cómo se iban a seguir haciendo
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Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
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esos procesos, pues realmente, como estábamos con tal carga laboral por la
situación que vivió el departamento, nos concentramos en poder avanzar y
mitigar esa pandemia allá, entonces no es que haya pasado a un segundo
plano, pero como no fue solicitado constantemente y como quien daba la
autorización y quien firmaba era la representante, pues ella tampoco me lo
solicitó, entonces digamos que durante la pandemia ese proceso se fue como
olvidando. Se le concede la palabra al apoderado judicial de la congresista
denunciada. Preguntó: ¿Qué significa o qué quiere decir usted cuando refiere
que estaban funcionando en pandemia? Contestó: El Congreso nos mandó a
todas de virtualidad, solo comunicación o seguimientos tanto a las comisiones
como plenarias a través de videollamadas o por Zoom en YouTube, para poder
hacer seguimiento de cómo iban los proyectos de ley. Las personas que
estaban en otros sectores, en región, el seguimiento se hacía a través del
celular, a través de llamadas y el Congreso saca la resolución, inclusive hay una
resolución donde las personas que ingresaran para esas fechas o se hicieran
novedades de ingreso de UTL tenían que ser de manera virtual. Todo de
manera virtual. Las actividades como tal, no había nada específico, no había
nada escrito, no sé si debido a esa situación tan diferente. Se daban estas
cosas, el departamento fue cerrado en el 2022, el aeropuerto, quedamos
bloqueados con el departamento por la nueva variante de la pandemia. Cuando
iniciamos semipresencialidad en el Congreso, los que primero ingresaron y era
el 50% de los congresistas, fueron ellos. No podíamos asistir ni asistentes ni
asesores, nada. Todos hacíamos seguimiento por el teléfono y a medida que
fue pasando el tiempo y que se fueron dando todas las medidas y protocolos,
las personas fuimos ingresando de a poquito y así de manera gradual. Las
personas que estaban en región, pues realmente nosotros siempre hemos
manejado con la región el tema del teléfono, por la distancia, por la geografía de
mi departamento, porque no es fácil llegar a esas zonas tan alejadas, de poder
escuchar a la gente, todo se hace a través del teléfono, la manera de
comunicarse con nuestra región y con nuestro departamento y con las zonas
más alejadas es a través de un teléfono. No hay otra manera de llegar allá en
físico, por todo, por tiempo, por desplazamiento geográfico y por los costos que
tienen esos desplazamientos hacia esas zonas. Preguntó: ¿La representante le
dijo alguna de las razones de para qué se vinculaba a la señora Otilia, cuál era
el papel, el rol o cuál era la función y objetivo de su vinculación a la UTL en ese
momento? Contestó: Sí, realmente, nosotros teníamos una debilidad en el
equipo de trabajo con relación a ese conocimiento de comunidades y de las
zonas no municipalizadas del departamento. Si me permiten explicar cómo es
esa geografía en mi departamento, porque es muy importante aclararla, porque
necesitábamos eso, necesitábamos ese enlace que hubiera entre las
comunidades y entre los corregimientos hacia el Congreso. Necesitábamos esa
información y también porque tuvimos una dificultad como en enero de ese
mismo año, tuvimos una dificultad en una de las gestiones que hizo la
representante, que venía desarrollando desde 2018 para que llegaran obras y el
desarrollo al departamento y más en esas regiones tan lejanas. Tuvimos un
inconveniente en enero con una balsa pesquera. Era una balsa de acopio que
entregaron en enero y con la entrega se tuvieron muchos inconvenientes. La
población en esa zona es muy complicada. O sea, hay que saberla llevar y hay
que saber organizar con ellos previo a que llegue la obra o a que llegue la
infraestructura, porque genera un impacto social muy grande. Como no se dio
ese proceso antes de que llegara la obra. Cuando llega la obra, ellos se enteran
en terreno que no solamente había una asociación pesquera, sino que había 3
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asociaciones pesqueras y empezó el conflicto más grande en esa región, por
determinar quién iba a funcionar esa asociación. Tuvimos que pensar cada vez
más qué necesitamos fortalecer, que esa esa posibilidad de ingresar a alguien
en la UTL que tuviera un perfil amplio y conocedor de esas zonas. Conocíamos,
ya conocíamos el trabajo de Otilia. Otilia ha sido prácticamente, desde lo que yo
la conozco, enfermera, ella fue enfermera y contrató con el Hospital San Rafael
de Leticia hace muchísimos años. Ella se conoce todo ese departamento. Mejor
dicho, con lupa, conoce cada una de las comunidades conoce las personas, las
zonas. Ella fue autoridad en cada una de estas zonas porque en una zona
donde no hay un médico donde no hay alguien referente y una enfermera
asume ese rol. Y la gente la sigue. Ella es líder en estas zonas. Si ustedes
llegasen a cualquier comunidad o corregimiento del departamento la conocen.
Saben quién es Otilia. Entonces, ese ese bagaje de ella y esa experiencia que
ella tiene nos gustó. Nos gustaron esas experiencias y ese perfil de su hoja de
vida para ingresar dentro del trabajo, a la UTL. Así fue como su hoja de vida
llega a la UTL de la representante Yénica. Preguntó: ¿Siendo esta la labor del
perfil, cuál era el objetivo que se tenía con la vinculación de Otilia, qué labor le
dijo la representante que cumpliera o qué labor entendió usted que tenía que
cumplir respecto del funcionamiento de la señora Otilia, dentro de, como parte
del equipo de la UTL? Contestó: Otilia era la encargada de toda la organización
logística. Sí, a eso me refiero con convocar a la población, hacer reuniones
previas, organizar todas esas reuniones previas con los líderes y autoridades.
Preguntó: ¿Cuál era su papel respecto de la señora Otilia? Contestó: Mi papel
era muy básico, pues igual yo estoy aquí desde la ciudad de Bogotá laborando.
Yo era la comunicadora, la representante me decía, nos tenemos que desplazar
a hacer la entrega, por ejemplo, del muelle de Tarapacá, entonces yo tenía que
generar esa comunicación no solo con la señora Otilia, sino con las otras
personas del área asistencial que teníamos en zona. ¿Para qué? Para que, de
acuerdo a sus perfiles, empezaran a desarrollar todas las acciones para que la
representante cuando llegara en terreno tuviera todo, absolutamente todo
organizado. Preguntó: ¿Notó usted algún cambio entre el momento en que la
señora Otilia estuvo fuera del país y en el que estuvo desarrollando funciones
en el territorio nacional? Contestó: Pues como lo dije anteriormente, no. La
comunicación y digamos que el seguimiento que yo hacía, todo se hacía por vía
telefónica, o sea, la situación continuó igual, lo único es que cuando ya
empezaron a abrir aeropuertos, ya empezaron, digamos que a bajar un poco
todo ese tema, pues fui en dos ocasiones al departamento y la vi
presencialmente. Pero de resto, nuestra comunicación era por teléfono y el
cumplimiento de las actividades se daban, o sea, el producto estaba ahí, por
ejemplo, cuando la representante llegó al Encanto y a Chorrera, se notaba que
se había hecho una actividad previa, o sea, se notaba que se había hecho un
proceso de convocatoria, o sea, se notaba que la gente estaba preparada, que
la gente ya sabía que iba la representante. La pista en Chorrera para llegar, o
sea la pista para llegar al pueblo, digámoslo así, está más o menos como a 40
minutos caminando. Entre 40 y 30 minutos caminando. Entonces toda la gente
estaba en la pista, por ejemplo, las reuniones estaban programadas, o sea, las
reuniones ya tenían un horario, a la representante le tocó dormir en esta zona y
sí estaba cuadrado todo donde ella se iba a quedar, porque en esta zona no
existe hoteles ni existe nada de ese tema. Entonces toca ubicarse donde ella
pudiera pernoctar y en cuanto a su seguridad pudiera quedarse en esta zona.
No cambió, o sea, seguimos teniendo buenos resultados en las actividades y
las gestiones que la representante había hecho de obras y demás estaban
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llegando y se estaban viendo reflejadas en una buena concertación con la
comunidad. No queríamos que nos pasara lo mismo que nos pasó en enero con
esa balsa de acopio pesquero, no queríamos que se repitiera ese percance
social que tuvimos en ese momento y se volviera a presentar en las otras
zonas. Se le concede la palabra al solicitante. Preguntó: ¿Cómo corrobora
antes de firmar la representante que los funcionarios de la UTL estuvieran
cumpliendo con sus funciones? Contestó: Bueno, como ya lo mencioné, antes
de pandemia, yo no estaba con el cargo de coordinación, hacía la proyección
del certificado por instrucciones de la honorable representante, ella me daba
como, digámoslo así, como esa orden me decía, hay que hacer la certificación
correspondiente al mes. Ella era la que me daba la instrucción y yo hacía la
proyección de ese formato que les mencioné, donde están los nombres y las
novedades. Eso era básicamente mi, digamos que mi accionar ahora en el
momento de la certificación, ya cuando se inició la pandemia, pues a mí la
representante no me volvió a dar esa instrucción. De hacer eso, hacer el
diligenciamiento de ese formato. Preguntó: ¿La representante firmaba sin
corroborar esas labores que hacían los funcionarios de la UTL, según entiendo
en sus palabras. Y además usted nos dijo en otra pregunta de hace poco que
ya no se presentaba un informe, yo repito entonces, porque no puede haber
pagos sin certificaciones de labores. Cómo hacía si en alguna ocasión le
preguntó a usted la representante antes de firmar si estaban cumpliendo con
sus labores. Por eso insisto en eso? Contestó: La situación de pandemia fue
muy inusual. Entonces eso cambió muchas cosas. Antes de pandemia para
generar ese formato de certificación, la representante me daba la orden,
obviamente, si ella me daba la orden es porque ya había hecho una verificación
y ella pues estaba en terreno y estaba también aquí en Bogotá, pues se
evidenciaba en las acciones que nosotros desarrollábamos. Antes de pandemia,
nosotros pasábamos informes trimestrales a la coordinadora que estaba en ese
momento, que pues era otra persona que estaba en la UTL, que actualmente no
está dentro del equipo.
Frente a lo antes dicho por las declarantes en cuanto a los aspectos
específicamente cuestionados en el recurso de apelación -asignación y
cumplimiento de funciones-, la Sala Especial de primera instancia concluyó que
estaba acreditado que la señora Rodríguez Lozano i) sí tenía funciones
asignadas, dirigidas a la coordinación con las municipalidades, áreas no
municipalizadas y comunidades indígenas de la región de la Amazonía; se precisó
que, por instrucciones de la congresista, no era necesaria su presencia en la
ciudad de Bogotá; ii) que sus actividades se llevaban a cabo por vía telefónica y
por la aplicación WhatsApp, las que incluso cumplió cuando estuvo fuera del país,
y eran reportadas a la señora Yeimy Duque Ocampo, a quien la congresista le
había encomendado su verificación, por lo que no era dable señalar que la
denunciada incumplió su deber de ejercer control del cumplimiento de las
obligaciones a cargo de la señora Otilia Rodríguez.
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Según el apelante, tales conclusiones son erradas, pues considera, en síntesis,
que las declarantes debieron aportar pruebas que soportaran sus dichos, por lo
que sus versiones no son creíbles.
En cuanto al sistema probatorio que enmarca los procesos de pérdida de
investidura, debe decirse que, por regla general, corresponde al de la libertad
probatoria y libre apreciación25, de manera que, en aplicación de dicho principio,
cualquier medio de prueba puede ser utilizado para acreditar los hechos y
circunstancias que son objeto de debate, siempre que se respeten las garantías
constitucionales y los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad de la
prueba. Por su parte, el juzgador debe valorar los medios de prueba que integran
el material probatorio a partir de la sana crítica, “sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos” -artículo
176 del CGP-.
Sobre la carga de la prueba, igualmente ha considerado la jurisprudencia de esta
Sala que esta recae sobre el solicitante de la pérdida de investidura26, quien debe
acreditar los elementos objetivo y subjetivo de la causal que invoca27, incluso sin
que sea dable afirmar que opera una inversión de dicha carga, dado el carácter
sancionatorio del proceso y la aplicación de la presunción de inocencia28.
25 “El artículo 176 del CGP toma decidido partido por el sistema de la libre apreciación al disponer
que ‘Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia y validez de
ciertos actos’, adicionando en el inciso segundo que ‘El juez expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Op cit., Pág. 119.
26 La carga de la prueba en los procesos de pérdida de investidura recae sobre el actor; esta es la
regla general en los procesos de que conoce la justicia contenciosa administrativa, así: “La referida
norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe
probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan
ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico
debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general,
corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al
demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales
basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la
consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si
es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos
de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos
de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses”. Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de diciembre de 2007,
Radicación: 11001-03- 15-000-2006-01308-00(PI), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
27 “[L]a aplicación del principio “onus probandi incumbit actori” acogido en el artículo 167 del
C.G.P., mueve a decir que corresponde al solicitante de la pérdida de investidura, la demostración
de la conducta que reprocha al congresista acusado, tanto en lo que atañe a sus elementos
objetivos, como en lo referente al elemento subjetivo del dolo o de la culpa grave”. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de septiembre de 2020, radicación 11001-03-15-000-
2019-04145-01(PI). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
28 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 16. Sentencia de 11
de octubre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-01599-00(PI) C.P. Nicolás Yepes Corrales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
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Considera la Sala que el supuesto que alega el recurrente, por errada valoración
probatoria, no está acreditado, pues de la lectura de las conclusiones probatorias
de la sentencia apelada, sustentadas en los testimonios aquí analizados, no se
deriva que la Sala Especial de Decisión No. 4 hubiera considerado probados
hechos ajenos a los razonablemente resultantes del escrutinio de las
declaraciones de las señoras Rodríguez Lozano y Duque Ocampo.
Estima la Sala que las respuestas dadas por las testigos ante los
cuestionamientos formulados por el magistrado conductor, el solicitante, el
apoderado de la congresista denunciada y la representante del Ministerio Público
fueron claramente responsivas, se relataron de manera concienzuda y con lujo de
detalles, con expresión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos materia del relato y con claridad respecto de la razón de su
conocimiento por parte de las declarantes, sin que a pesar de sus vínculos
laborales con la UTL de la denunciada hayan sido motivadas por sentimientos de
interés o animadversión que afecten su credibilidad o imparcialidad, tanto así que
ni siquiera fueron objeto de tacha por parte del solicitante, de modo que sus
dichos, por sí solos y confrontados entre sí, resultan verosímiles, sobre todo
teniendo en cuenta la época en que se desarrollaron las situaciones narradas,
para la cual constituye un hecho notorio que debían apreciarse en el marco de las
restricciones impuestas a partir de la pandemia generada por la propagación del
virus Covid-19 y las estrategias adoptadas para que nuestra sociedad siguiera
adelante con sus actividades -entre ellas las laborales- apelando a la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones29.
La alegada ausencia de prueba documental que respalde los dichos de las
testigos no tiene la entidad para restarles credibilidad, en tanto no constituye una
tarifa legal o una solemnidad prescrita por el ordenamiento para la eficacia del
testimonio y, por el contrario, la limitación del alcance de la prueba testimonial solo
tiene previsión legal en los términos del artículo 225 del CGP30, los cuales no
tienen ocurrencia en este caso.
29 Para la doctrina se entiende como hecho notorio “aquel que dadas las características que
originaron su ocurrencia se supone conocido por la generalidad de los asociados, cualquiera que
sea el grado de cultura y conocimientos, dentro de un territorio y en cierta época, pues la
notoriedad puede ser mundial, continental, regional o puramente municipal y está referida a un
determinado lapso (…)”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Op cit., Págs. 74-75.
30 ARTÍCULO 225. LIMITACIÓN DE LA EFICACIA DEL TESTIMONIO. La prueba de testigos no
podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o
contrato.
Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente
pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como
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Debe destacarse que incluso el mismo solicitante tuvo la oportunidad para indagar
en la diligencia de testimonios sobre los soportes documentales que ahora echa
de menos, pero optó por no formular preguntas sobre este aspecto, dejando de
lado en ese momento la carga que le correspondía y que pretendió subsanar con
una petición de pruebas en segunda instancia que fue denegada, por su clara
improcedencia31.
Sobre el cumplimiento de las funciones previstas para el cargo de Asistente II,
infiere la Sala que las desempeñadas en el territorio por la señora Rodríguez
Lozano, tales como labores de coordinación con las comunidades de la región
amazónica, de logística del transporte de la representante en el territorio, entrega
de obras, entre otras, se enmarcaban en “Colaborar en todas y cada una de las
actividades desarrolladas por el honorable Representante” y en “las demás” que
se asignaran, según la cláusula abierta contenida en el Manual de Funciones de la
Cámara de Representantes -artículo 18 de la Resolución No. MD 1095 del 24 de
junio de 2010-.
Finalmente, en gracia de discusión, es claro que la señora Rodríguez Lozano
reintegró los dineros recibidos como retribución durante el tiempo en que estuvo
fuera del país, con lo que cualquier daño al erario fue materialmente remediado32.
Al constatar la Sala que la valoración probatoria realizada en la sentencia apelada
no incurrió en yerros de apreciación y que sus conclusiones son plausibles en el
marco de la sana crítica y la autonomía funcional, se concluye que los reparos
un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que
tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal
omisión.
31 En providencia de 17 de julio de 2023, la magistrada sustanciadora denegó la petición de
pruebas realizada junto con el recurso de apelación, en la que, entre otras, el solicitante requirió
“2. Solicitar a YÉNICA SUGEIN AGOSTA INFANTE, que remita al proceso documentos,
CORREOS O MENSAJES DE WHATSAPP, en donde se pruebe que OTILIA RODRÍGUEZ
LOZANO alguna vez fue requerida para alguna función, o se le asignaron funciones directas,
diferente a las legales, detalladas en el artículo 18 de la Resolución 1095 de 2010 (manual de
funciones), por parte de la congresista YÉNICA SUGEIN AGOSTA INFANTE. Si no existen esos
documentos, que así lo confirme en su respuesta”.
Como sustento de la decisión se expuso: “Vale destacar que el recurrente no sustentó su petición
probatoria en ninguna de las causales de excepción señaladas en el artículo 212 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a lo que se suma que el
despacho tampoco encuentra que ninguno de los medios probatorios solicitados en esta instancia
cumpla con los supuestos previstos en la norma en cita”. Providencia visible en el índice 18 del
registro de actuaciones de SAMAI.
32 Según consta en la respuesta del jefe de División de Personal de la Cámara de Representantes,
la señora Otilia Rodríguez Lozano solicitó liquidación para la devolución de los salarios por ella
percibidos, durante el tiempo que permaneció fuera del territorio nacional, y realizó el
correspondiente reintegro el 10 de febrero de 2023 a través del comprobante de consignación del
Banco BBVA al número de cuenta 0130309090100000982 a nombre de la Cámara de
Representantes, por la suma de $20’123.917,20. Documento visible en el índice 47 del registro de
actuaciones de primera instancia en SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
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planteados por el recurrente carecen de vocación de prosperidad y que el tercer
requisito del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura invocada,
alusivo a la “indebida destinación”, no se encuentra acreditado en el proceso, ya
que la vinculación de la señora Otilia Rodríguez Lozano a la UTL de la denunciada
tuvo como finalidad el cumplimiento de funciones concretas relacionadas con el
desarrollo de su labor en representación de la comunidad del departamento del
Amazonas, por el cual fue electa como congresista, funciones que fueron
cumplidas por la funcionaria y supervisadas por la persona designada por la
congresista.
En estas condiciones, la Sala se ve relevada de acometer el análisis del elemento
subjetivo, atinente a la responsabilidad derivada de la actuación dolosa o
gravemente culposa que se alega por el solicitante, por lo que se confirmará la
sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de junio de 2023, proferida por la Sala
Cuarta Especial de Decisión de esta Corporación, mediante la cual se negó la
solicitud de pérdida de investidura presentada en contra de la congresista Yénica
Sugein Acosta Infante, representante a la cámara por la circunscripción electoral
del departamento del Amazonas.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente y remítase copia
de esta providencia a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, al
Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, para lo de su cargo, de
conformidad con el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018. Por Secretaría General de
la Corporación procédase de conformidad.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]
Solicitante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Congresista: Yénica Sugein Acosta Infante
Referencia: Pérdida de investidura - Segunda instancia [Ley 1881
de 2018]
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Con aclaración de voto
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ MILTON CHAVES GARCÍA
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO MARÍA ADRIANA MARÍN
FREDY IBARRA MARTÍNEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
WILSON RAMOS GIRÓN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Con aclaración de voto
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Con aclaración de voto
NICOLAS YEPES CORRALES
Con aclaración de voto
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
[EXPEDIENTE DIGITAL]
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