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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03278-01

Fecha
21 de enero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03278-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 02 de octubre de 2024, proferida por la Sala Décima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura de esta Corporación, mediante la cual se negó la solicitud de pérdida de investidura presentada en contra del congresista Germán Rogelio Rozo Anís, representante a la cámara por la circunscripción electoral del departamento de Arauca. SEGUNDO: Por Secretaría General,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03278-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veintiuno de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03278-01
Accionante: WILMER JOSÉ VALENCIA LADRÓN DE GUEVARA
Accionado: GERMÁN ROGELIO ROZO ANÍS
Tema: Causal de pérdida de investidura del numeral 4° del artículo
183 Constitucional – indebida destinación de recursos
públicos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decide el recurso de apelación
interpuesto por el solicitante contra la sentencia proferida el 02 de octubre de 2024
por la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura número 10 que negó la
desinvestidura del señor Germán Rogelio Rozo Anís, representante a la Cámara,
elegido para el período constitucional 2022-2026.

I. ANTECEDENTES

La solicitud1

1. El 26 de junio de 20242, el ciudadano Wilmer José Valencia Ladrón de
Guevara solicitó3, en ejercicio del derecho de acción4, que se decrete la pérdida de
investidura de Germán Rogelio Rozo Anís -en adelante el Congresista-, porque, a
su juicio, incurrió en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la
Constitución Política y en el numeral 4 del artículo 296 de la Ley 5ª del 17 de junio
de 19925, por indebida destinación de dineros públicos.

2. En síntesis, sustentó sus pretensiones en los siguientes fundamentos
fácticos6:

3. El señor Germán Rogelio Rozo Anís fue elegido representante a la Cámara
por el departamento de Arauca para el período constitucional 2022-2026.

1 Índice 2 SAMAI, Archivo “4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2” e índice 8 SAMAI, Archivo “10RECIBE

MEMORIA_ RV: Demandaperdidadei(.zip) NroActua 8” historial de actuaciones de primera
instancia.
2 Índice 2 SAMAI, Archivo “1ED_ActadeReparto(.png) NroActua 2”
3 Actuando en nombre propio.
4 Previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
5 "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes".
6 Folios 2-3 Archivo “4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2” índice 2 SAMAI.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03278-01
Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

4. La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, previa
postulación del Congresista acusado, nombró a la señora Jessica Yasid Rico
Galeano en la Unidad de Trabajo Legislativo en los cargos de Asesor II y Asistente
I.

5. La servidora de la UTL, desde su primera posesión hasta la presentación de
la solicitud de pérdida de investidura, no ha cumplido con las funciones que
legalmente le fueron asignadas a esos empleos, dado que en muy pocas
oportunidades asistió a las instalaciones del Congreso de la República y tampoco
desarrolló labores en las regiones.

6. Además, la servidora salió en varias ocasiones del país sin estar amparada
por una situación administrativa, verbi gracia, vacaciones, permiso, comisión o
licencia no remunerada, tal como lo certificó el jefe de personal de la Cámara
mediante oficio D.P.4.1.1570/2023 del 4 de julio de 2023.

7. Sin embargo, el representante a la Cámara certificó mensualmente que
Jessica Rico Galeano cumplió con sus funciones y que laboró los días que estuvo
fuera del país “a efectos de que le fueran cancelados los salarios de manera
completa a la referida funcionaria”.

8. Como fundamentos jurídicos de la solicitud, refirió lo siguiente7:

9. El demandante invocó la causal establecida en el numeral 4 del artículo 183
de la Constitución Política, el cual preceptúa que los congresistas perderán su
investidura por indebida destinación de dineros públicos. Para su configuración, se
deberá acreditar: (i) la calidad de congresista que pueda disponer de recursos; (ii)
que tales dineros sean públicos; y (iii) que sean indebidamente destinados.

10. En el caso concreto, señaló que el señor Germán Rogelio Rozo ostenta la
calidad de representante a la Cámara, y en tal condición, certificó en los términos
del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, el cumplimiento de funciones por parte de
una servidora que no ha ejercido ni ejecutado labor alguna, dado que ni siquiera
asiste a las instalaciones del Congreso o cumple tareas que no tienen relación
directa con la eficiente labor legislativa.

11. Explicó que los salarios y prestaciones sociales de los miembros de la UTL
hacen parte del presupuesto de la Nación y, por ende, son recursos públicos;
emolumentos que le han sido cancelados sin que hubiese cumplido con sus
funciones.

12. Añade que, a los servidores de las UTL de los congresistas les corresponde
cumplir funciones que deben tener relación directa con la labor legislativa prevista
en el artículo 114 superior; no obstante, aclara que los servicios se pueden prestar
en las instalaciones del Congreso de la República o donde la necesidad del
servicio lo exija (cualquier parte del territorio nacional), evento último para el cual

7 Folios 3-11 del Archivo “4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2”.

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Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

debe encontrarse en una situación administrativa, como es, la comisión de
servicio, conforme a los artículos 80 del Decreto 1950 de 1973 y 65 del Decreto
1042 de 1978, normas generales y de aplicación supletiva a los empleados de las
UTL.

13. En virtud de todo lo expuesto, concluyó que las funciones de la servidora
Jessica Yasid Rico Galeano, como Asesor II y Asistente I, eran de apoyo y
asesoramiento, salvo cuando se encontrara realizando tareas investigativas
concretas; por lo que la inasistencia a las instalaciones del Congreso y las salidas
del país, demuestran que no desarrolló ninguna actividad dirigida a lograr una
eficiente labor legislativa, máxime que no se encontraba bajo ninguna novedad
administrativa; situaciones que acreditan que se traicionó, cambió o distorsionó los
fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o los
reglamentos para el adecuado manejo de los dineros públicos. Lo anterior, bajo el
pleno conocimiento del Congresista.

Contestación de la demanda

14. El 18 de julio de 20248, el accionado Germán Rogelio Rozo Anís, a través
de apoderado judicial, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las
pretensiones, al carecer de fundamentos fácticos y probatorios que configuren la
causal de indebida destinación de dineros públicos.

15. En relación con los hechos, señaló que es cierto que la señora Jessica
Yasid Rico Galeano fue nombrada en su UTL, primero en el empleo de asesor II y
luego para desempeñar el cargo de asistente I; no obstante, es falso que la
mencionada funcionaria hubiera salido del país en días laborales sin contar con
una licencia no remunerada.

16. Refirió que no es cierto que el Congresista hubiese certificado días no
laborados por Jessica Rico, pues conforme a lo que se desprende de su
vinculación y administración de licencias y permisos, ello es una función única y
exclusiva de la División de Personal de la Cámara de Representantes, al igual que
el desarrollo de su labor y certificación para pagos.

17. En cuando a la indebida destinación de los dineros públicos, señaló que se
cumplen con los dos primeros supuestos establecidos por la jurisprudencia;
empero, no se acreditó el tercer requisito porque la servidora laboró de forma
continua y desarrolló a cabalidad sus funciones, incluso entregó los informes de
sus labores, salvo por los períodos durante los cuales le fueron concedidas
licencias ordinarias no remuneradas para salir del país.

18. En adición, explicó que los integrantes de las UTL no necesariamente
deben trabajar en la sede del Congreso de la República, pues es factible que
desarrollen labores propias de sus cargos en lugares o territorios donde lo
determine el respectivo congresista, de conformidad con lo dispuesto por la Ley

8 Índice 00022 y 00024 SAMAI.

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Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

2029 de 2020 y el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992. En virtud de lo anterior, la
servidora pública desarrolló gran parte de sus labores, bajo la modalidad de
teletrabajo desde la ciudad de Bogotá y el departamento de Arauca.

19. También aseguró que la servidora de la UTL cumplió a cabalidad sus
labores, lo cual está soportado en los informes periódicos de actividades
radicados.

20. Finalmente, acotó que el solicitante actuó con temeridad y mala fe al afirmar
que la señora Jessica Yasid Rico salió del país en días laborales y sin licencia no
remunerada, dado que tenía conocimiento de la existencia de tales situaciones
administrativas por las respuestas que recibió a sus peticiones del 1 y 10 de
agosto de 2023.

Sentencia de primera instancia

21. La Sala Décima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, en
sentencia proferida el 2 de octubre de 20249, negó las pretensiones de la
demanda.

22. En cuanto a la causal invocada de pérdida de investidura, consideró que en
el presente caso concurren los dos primeros presupuestos de configuración para
la indebida destinación de dineros públicos:

23. (i) Que se ostente la calidad de congresista. Quedó demostrada con la
credencial expedida por los miembros de la Comisión Escrutadora General de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que consta que Germán Rogelio
Rozo Anís, fue elegido representante a la Cámara por el departamento de Arauca,
para el período constitucional 2022 a 2026, por el partido Liberal Colombiano y
que tomó posesión el 20 de julio de 2022.

24. Asimismo, que la conducta objeto de estudio se desplegó durante el
desempeño del empleo de representante a la Cámara, dado que se acreditó que
nombró a Jessica Yasid Rico Galeano en su UTL con las resoluciones 1740 del 29
de julio de 2022, en el cargo de asesor II, y 2249 del 31 de agosto de 2022, en el
de asistente I.

25. (ii) Que se esté frente a dineros públicos. Advirtió que la controversia gira
en torno a que el representante a la Cámara certificó que Jessica Yasid Rico
cumplió con sus funciones como integrante de su UTL con el fin de que recibiera
el pago de salarios y prestaciones; emolumentos que se enmarcan en la categoría
de dineros públicos porque se financian con los recursos que ingresan al
presupuesto general de la Nación a través de sus distintos métodos de recaudo
previstos en el artículo 11 del Decreto 111 de 1996 con el fin de cubrir los gastos
de funcionamiento del Congreso de la República.

9 Índice 00114 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado -historial de actuaciones

de primera instancia.

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Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

26. Acto seguido, la Sala a quo consideró que no se acreditó el tercer elemento
de la causal de pérdida de investidura que exige que los dineros públicos sean
indebidamente destinados a fines diferentes a los establecidos en la Constitución,
la ley o el reglamento, en provecho propio o de un tercero, por el actuar directo o
indirecto del congresista.

27. Destacó que, no tiene sustento probatorio la afirmación del solicitante
relacionada con que la servidora pública no ejerció las funciones de asesoría y
apoyo dentro de la sede del legislativo ni en otras regiones y, por el contrario, de
las pruebas allegadas se puede inferir que las certificaciones suscritas por el
representante a la Cámara están debidamente fundadas en documentos cuya
credibilidad no fue desvirtuada, verbi gracia, los informes de labores que Jessica
Rico presentó por los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022;
y enero, febrero, abril, mayo, junio y julio de 2023, en los que detalló las
actividades que cumplió como asistente I y como asesora II.

28. En línea con ese razonamiento, la Sala Décima Especial de Decisión,
afirmó que, si bien está demostrado que la asistencia de Jessica Yasid Rico
Galeano a la sede del Congreso de la República fue inconstante durante el tiempo
que estuvo vinculada como empleada de la UTL, este solo hecho no permite
deducir que desatendió las labores que le correspondían y que Germán Rogelio
Rozo Anís profirió las certificaciones con información contraria a la realidad, por
cuanto estaba habilitada para realizarlas desde el lugar que el congresista le
indicara conforme lo dispone la Ley 2029 de 2020.

29. De otro parte, recalcó que, contrario a lo afirmado por el accionante, la
señora Jessica Yasid Rico Galeano salió del país una vez le otorgaron las
licencias no remuneradas que solicitó, a través de las Resoluciones 1972 del 11
de agosto de 2022, 2559 del 28 de septiembre de 2022, 0697 del 9 de marzo de
2023 y 0826 del 24 de marzo de 2023; además que por los meses en los que
disfrutó de las licencias no recibió la totalidad de su salario.

30. Agregó que, en solo dos meses (marzo y julio) la mencionada servidora
obtuvo el pago de 8 días de más; pago adicional que pudo obedecer a otras
situaciones de carácter administrativo en el área de nómina del Congreso de la
República encargada de hacer la liquidación de los salarios y en modo alguno
puede endilgarse a la actuación del representante a la Cámara, quien no solo
acreditó el cumplimiento de todas las actuaciones que legalmente tenía a su
cargo, sino que además no está obligado a ejercer el control sobre tal actividad.

31. En virtud de lo anterior, la Sala a quo concluyó que en el presente asunto
no se acreditó la configuración del tercer elemento de la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política,
puesto que el solicitante no probó que el congresista Germán Rogelio Rozo Anís
expidió las certificaciones de que trata el artículo 388 de la Ley 5 de 1992 en favor
de Jessica Yasid Rico Galeano pese a que dejó de ejecutar sus funciones y que
salió del país en días laborales sin estar amparada por una situación
administrativa. Por consiguiente, la veracidad de las certificaciones no fue

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Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

desvirtuada, lo que permite deducir que no realizó actuaciones, directas o
indirectas, para beneficiar a la mencionada funcionaria con el pago de los salarios
y, por ende, que los dineros públicos sobre los que tenía injerencia fueran
«indebidamente destinados».

Recurso de apelación

32. Inconforme con la anterior decisión, el 06 de noviembre de 202410, el
solicitante interpuso recurso de apelación en su contra, a fin de que se revoque y
se declare la pérdida de investidura del Congresista acusado. Para tal efecto,
indicó que la sentencia cuestionada incurrió en falencias en la valoración del
material probatorio, imputaciones que sustentó en los siguientes argumentos:

33. En primer lugar, reiteró que el representante Rozo Anís incurrió en indebida
destinación indirecta de los recursos públicos al certificar el pago de salarios a la
servidora que no realizó las funciones asignadas dentro del marco legal
establecido.

34. Sostuvo que los informes de actividades realizados por la señora Rico
Galeano no son suficientes para tener por acreditado que la mencionada servidora
sí cumplió con las funciones asignadas dentro de la UTL del Congresista, pues de
una valoración detallada se evidencia que fueron prefabricados para distorsionar
la realidad en el presente asunto.

35. Explica que las actividades desarrolladas mes a mes son prácticamente
iguales, es decir, “un copie y pegue de un informe a otro”, pues al observar los
informes 1, 2, 3, 4 y 5, los cuestionarios analizados fueron todos dirigidos a las
mismas entidades, esto es, Ministerios de Salud, Trabajo, Deportes y el ADRES,
con diferencia del informe 6, el cual menciona a estas entidades y añade un
cuestionario al DPS; sin embargo, indicó que la experiencia enseña que éstas no
pudieron estar sometidas a control político de manera permanente, por un término
de seis meses; además de inconsistencias en el informe 7 por encontrarse la
funcionaria en licencia no remunerada.

36. De otro lado, señaló que el testimonio de la señora Leydi Fernández no
encuentra sustento en otros medios de prueba y presenta inconsistencias, por
cuanto las funciones de analizar cuestionarios y creación de informes de control
político se realizaban con presencia de todos los miembros de la UTL, por lo que
no comprende como se ejecutaba esta función mediante la modalidad de
teletrabajo, máxime cuando solo tenía contacto con el Representante y ninguno
con los compañeros.

37. Asimismo, aseguró que el fallo cuestionado desconoció que para trabajar
bajo la modalidad de teletrabajo o en territorio se debía presentar el reporte por
parte del Congresista a la División de Personal y realizar un acuerdo de

10 Índice 00119 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado -historial de
actuaciones de primera instancia.

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voluntades, como se indicó en oficio del 08 de agosto de 2024, sin que se haya
aportado por el demandado al proceso.

38. Expuso que el hecho que se encontraba en territorio, no tiene justificación
para sus ausencias a las instalaciones del Congreso de la República, toda vez que
de los informes allegados solo desarrolló una actividad relacionada con el Grupo
Éxito en el Municipio de Arauca, por lo que se pregunta dónde se encontraba esta
funcionaria el resto de tiempo.

39. Recalcó que el registro de entradas al Congreso acredita que la señora
Rico Galeano en un año de servicio, sólo hizo presencia en trece (13)
oportunidades a sus instalaciones, sus informes de actividades sin ningún tipo de
soporte, la falta de control sobre el cumplimiento de funciones en la modalidad de
teletrabajo y territorio, dan cuenta que en realidad la servidora no cumplía ninguna
función dentro de la UTL del representante Rozo Anís.

40. En lo atinente al teletrabajo, señaló que no es punto nuevo de la litis, sino
que fue un argumento de defensa del accionado y fue objeto del decreto de
pruebas de oficio, por lo que no se desconocería las garantías constitucionales de
defensa y contradicción del Congresista.

41. Concluyó que, si bien no se discute la irregularidad en la que se prestó el
servicio por parte de la señora Rico Galeano; es cierto que la poca asistencia a las
instalaciones del Congreso sin un respaldo legal como la modalidad de teletrabajo
u otra situación administrativa, deja en evidencia que la mencionada servidora no
ejecutaba función alguna y, aún así, percibía salarios y prestaciones sociales,
configurándose la causal de pérdida de investidura endilgada.

Trámite en segunda instancia

42. Una vez concedido el recurso de apelación por haber sido interpuesto y
sustentado en oportunidad11, fue asignado por acta de reparto del 20 de
noviembre de 202412. Por auto del 02 de diciembre de 2024, se admitió y se corrió
traslado por tres (03) días al congresista acusado y al Ministerio Público para que
se pronunciaran13.

43. El Procurador Quinto Delegado ante esta Corporación14 el 09 de diciembre
de 202415 rindió concepto solicitando confirmar la sentencia apelada, dado que no
se demostró que se haya configurado la causal de pérdida de investidura del
numeral 4 del artículo 183 de la Carta Política, esto ante la ausencia de prueba
que acredite que la funcionaria no cumplió con las tareas que le fueron

11 A través del auto del 08 de noviembre de 2024, se concedió el recurso de apelación formulado

por el solicitante [índice No. 00121 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado -
historial de actuaciones de primera instancia-].
12 Índice 00001 y 00002 SAMAI – historial actuaciones segunda instancia.
13 Índice 00004 SAMAI – historial actuaciones segunda instancia.
14 Índice 00012 SAMAI – historial actuaciones segunda instancia.
15 El término de tres (03) días, contados desde el día siguiente a la fijación en lista que se realizó el

05 de diciembre, venció el 10 de diciembre de 2024.

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encomendadas, pues no se desvirtuó la legalidad de los informes mensuales de
actividades presentados por la funcionaria Rico Galeano.

44. Sostuvo que, a falta de nuevo material probatorio, se tiene que los
argumentos del demandante para controvertir la sentencia de primera instancia no
pueden valorarse más allá de apreciaciones subjetivas frente a lo probado en el
proceso, lo cual no es suficiente para desvirtuar la veracidad de los informes
presentados, ni tampoco de las resoluciones que le concedieron unas licencias a
la señora Jessica Rico, toda vez que, con el escrito de alzada, no se allegó
ninguna prueba nueva que permita dilucidar que tales documentos no son acordes
a la realidad.

45. Lo anterior por cuanto la carga de la prueba está en la parte que pretende
poner en tela de juicio la legitimidad de un documento y no al revés; es decir, no le
corresponde a la parte demandada demostrar la idoneidad de los documentos
allegados al expediente, tal imposición recae en quien los tilda de espurios, deber
en el que no tuvo éxito la parte actora.

46. El apoderado judicial del Congresista acusado16 alegó de conclusión para lo
cual señaló el marco normativo y jurisprudencial de la causal de pérdida de
investidura de indebida destinación de dineros públicos; reiterando que la
funcionaria Jessica Yasid Rico Galeano laboró de forma continua a excepción de
las licencias ordinarias no remuneradas debidamente otorgadas mediante
resolución; y el cumplimiento cabal de las funciones consta en los informes
presentados de forma oportuna donde especificó las actividades desarrolladas.

47. Destacó que de conformidad con la Ley 2029 de 2020, los funcionarios
adscritos a las UTL pueden trabajar fuera de la sede del Congreso, esto es, en
cualquier lugar del territorio nacional, donde el congresista lo requiera, tal como
ocurrió en el caso concreto, pues la señora Jessica Rico desarrolló sus labores en
teletrabajo desde la ciudad de Bogotá y departamento de Arauca.

48. Por último, citó in extenso la sentencia de primera instancia y solicitó se
confirme, en el sentido de negar la solicitud de pérdida de investidura del
Representante a la Cámara.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

49. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado, la Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por el
solicitante en contra de la sentencia de primera instancia.

50. Adicionalmente, se verifica que en este juicio están satisfechos los
siguientes presupuestos procesales: competencia17, caducidad de la acción18, y
legitimación en la causa19-tanto por activa como por pasiva-.
16
Índice 00013 SAMAI.
17De conformidad con lo previsto en los artículos 184 y 237-5 de la Constitución Política de 1991,

37-7 de la Ley 270 de 1996 -LEAJ-, 111-6 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- y 2 y 14-4 de la Ley

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51. Con el propósito de resolver de fondo el asunto, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo procederá al desarrollo del siguiente itinerario de fallo:
(i) El objeto del recurso de apelación interpuesto; (ii) Breve marco normativo y
desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos; y (iii) El análisis y resolución del caso concreto.

El objeto del recurso de apelación interpuesto

52. En este punto, es del caso recordar que, según lo establece el artículo 320
del Código General del Proceso20, norma aplicable por autorización expresa del
artículo 21 de la Ley 1881 de 201821, los argumentos planteados por el apelante
frente a la sentencia cuestionada por regla constituyen límites que fijan la
competencia jurisdiccional en segunda instancia.

53. Así mismo, como ya lo ha definido la Sala22, el análisis en esta instancia no
discurrirá nuevamente y en detalle sobre otros aspectos no relacionados con el
objeto del recurso de apelación, tales como la naturaleza jurídica del juicio de
pérdida de investidura, pues, solo corresponde revisar la sentencia en los precisos
aspectos que señaló el apelante23.

54. En este contexto, en el sub examine no hay discusión respecto de la
configuración de los dos primeros requisitos objetivos de la causal invocada en la
solicitud, los que la Sala Especial a quo consideró acreditados: (i) que se ostente

1881 de 2018 y el artículo 34 del Acuerdo 080 de 2019 (reglamento interno del Consejo de
Estado), la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas por las
Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, sin la participación
de los magistrados de la Sala Especial que profirió la providencia recurrida.
18 El artículo 6 de la Ley 1881 de 2018 dispone que la demanda de pérdida de investidura se debe

presentar dentro del plazo de cinco (5) años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del
hecho generador, so pena de que opere la caducidad. Así pues, como las circunstancias
constitutivas de la indebida destinación de dineros públicos -supuestamente- datan de agosto de
2022 a julio de 2023; y la solicitud de pérdida de investidura se radicó el 26 de junio de 2024, se
concluye que la acción se ejerció dentro de la oportunidad legal.
19 Según lo previsto en los artículos 143 del CPACA y 5 de la Ley 1881 de 2018, la pérdida de

investidura de un congresista puede ser solicitada por cualquier ciudadano interesado. En ese
sentido, en este caso, se encuentra debidamente acreditada la calidad de ciudadano colombiano
del señor Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara, solicitante de la pérdida de investidura (índice
9). Igualmente, está demostrado que el señor Germán Rogelio Rozo Anís, fue elegido
Representante a la Cámara por el departamento de Arauca, para el periodo 2022-2026, por el
partido Liberal Colombiano, tomando posesión el 20 de julio de 2022 (fl. 14-32 índice 2 SAMAI). De
ahí, entonces, que se encuentre probada la legitimación por activa y por pasiva de quienes
concurren al presente proceso.
20“Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión (…).”
21“Artículo 21. Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley

se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de
forma subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
22 En este sentido ver sentencia de 8 de septiembre de 2020, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, radicación 11001-03-15-000-2019-04145-01(PI). C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
23 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Marta Nubia Velásquez

Rico, sentencia del 12 de septiembre de 2023, radicación No. 11001-03-15-000-2023-00145-01 [PI]

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03278-01
Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

la calidad de congresista y (ii) que se trate de dineros públicos, por lo que esta
Sala Plena no hará ningún pronunciamiento sobre el particular.

55. En estricto sentido, la controversia que esta instancia debe resolver, gira en
torno a la demostración del tercer requisito del elemento objetivo de la causal,
relativo a la “indebida destinación de dineros públicos”, el cual, a juicio del
recurrente, se hace evidente en este caso a partir de la ausencia de prueba del
cumplimiento de funciones por parte de la señora Jessica Yasid Rico Galeano. En
este sentido, cuestiona la valoración de la prueba documental y testimonial
realizada en primera instancia y la ausencia del reporte y acuerdo de voluntades
sobre la modalidad de teletrabajo.

56. En vista de lo anterior, corresponde a la Sala establecer si la valoración de
la prueba documental y testimonial muestra falencias que afecten su alcance en
los términos alegados en la apelación y, si de ello, se desprende, la demostración
de la “indebida destinación”, como tercer requisito del elemento objetivo de la
causal alegada por el solicitante.

57. Solo en el caso de que los argumentos de disenso resulten fundados y se
acredite la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura invocada, la Sala Plena abordará el estudio del elemento subjetivo,
según los cargos señalados por el solicitante en el recurso de apelación materia
de análisis.

De la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos

58. La Constitución Política,en su artículo 183 (numeral 4) y la Ley 5 de 1992
(artículo 296), prevé una causal de pérdida de investidura, según la cual “[…] los
congresistas perderán su investidura […] [p]or indebida destinación de dineros
públicos […]”.

59. La citada causal no tiene un desarrollo conceptual (propiamente dicho) en la
Constitución ni en las normas legales que rigen la pérdida de investidura, pues no
se estableció normativamente sus características, elementos de configuración,
finalidad y alcance; sin embargo, la referida dogmática ha sido objeto de suficiente
desarrollo jurisprudencial por parte de esta Corporación.

60. En relación con los presupuestos o elementos para la configuración de la
causal en comento, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación24 ha sido pacífica en establecer los siguientes:
(i) se ostente la condición de congresista, (ii) se trate o estén comprometidos
recursos (dineros) públicos, y (iii) estos sean indebidamente destinados.

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo de

2017, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Proceso identificado con el número único de
radicación 11001031000201500111- 00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03278-01
Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

61. Sobre la forma de materializarse la causal de indebida destinación de
dineros públicos, ha explicado el órgano de cierre de lo contencioso
administrativo25 lo siguiente:

“(…) para que la causal se configure es necesario que el Congresista, en su
condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal consagrado
en la Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados
sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o haya
destinado o utilizado los recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere pretendido derivar
un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la
condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar,
defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los
bienes del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha
señalado que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La
Sentencia del 1 de noviembre de 200554 señaló: ‘Para la configuración de la
causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del
artículo 183 de la Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del artículo
298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos como son la
conducta y el fin’
En el primero –como se exige para las demás causales por las que se puede
demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el sujeto activo que la agota
ostente la calidad de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al ejercer las
competencias propias de su investidura: i) cambie o distorsione los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento al
destinar los recursos públicos a materias, actividades o propósitos no
autorizados, o a aquéllos que autorizados son diferentes a los que se
encuentran asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos, no
necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento patrimonial para sí o a
favor de terceros, o iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o en el de terceras personas, etc.

Finalmente, debe advertirse que se trata de una causal autónoma, por eso no es
necesaria una sentencia condenatoria en material penal, por los hechos objeto de
estudio en la jurisdicción administrativa (…)” (Resaltado Sala)

62. En el mismo sentido, en sentencia del 28 de marzo de 201726, en punto de
la causal bajo estudio sostuvo:

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de

2014, radicación 11001-03-15-000-2013-00865-00.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo de

2017, C.P. doctor Rafael Francisco Suárez Vargas. Proceso identificado con el número único de
radicación 11001031000201500111- 00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03278-01
Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

“(…)
Cuando no se presentan esos elementos y se contraríe el ordenamiento jurídico,
se está en presencia de irregularidades que pueden dar lugar a sanciones penales
o disciplinarias, mas no a la pérdida de investidura. […].

En suma, puede decirse que la causal se materializa cuando el Congresista,
en su condición de servidor público, de manera directa o indirecta, destina
dinero público, a fines diferentes a los establecidos en la Constitución, la ley
o el reglamento, en provecho propio o de un tercero, independientemente de
que dicha actuación configure un delito penal. Lo importante es que la
conducta del Congresista sea determinante del detrimento patrimonial del
Estado, al aplicar los dineros públicos a un fin no autorizado (…)” (Resaltado
Sala)

63. Así mismo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del
10 de agosto de 202127, expuso lo siguiente:

“[…] 44. En términos generales, la causal invocada en este proceso censura
cualquier utilización de los dineros públicos para fines no previstos, distintos,
prohibidos o no autorizados por la Constitución o la ley28, con el propósito de
erradicar y sancionar aquellas prácticas que se apartan de los fundamentos
deontológicos propios de la función parlamentaria. Una de esas conductas
reprochables la constituye el hecho de pagar o autorizar el pago de salarios a
personas que en realidad no han ejercido sus funciones o prestado sus
servicios o la remuneración, con cargo al erario de aquellas tareas,
funciones, servicios o actividades ajenos a las misiones institucionales del
Congreso. […].

46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 28 de marzo
de 201729 precisó, que la causal se configura cuando se acreditan los siguientes
presupuestos: (i) que se ostente la condición de miembro de una corporación de
elección popular, (ii) que se esté frente a dineros públicos y (iii) que estos sean
indebidamente destinados.

50. En ese contexto, un representante a la Cámara puede incurrir en la indebida
destinación de dineros públicos, cuando certifica el cumplimiento de labores

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de agosto de

2021; C.P. Gabriel Valbuena Hernández; proceso identificado con el número único de radicación
110010315000202004001- 01.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de

2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00,
sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-
15-000-2015-00111-00 (PI).
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sentencia del 28 de marzo de

2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
Sentencia del 6 de mayo de 2014. MP. Enrique Gil Botero, Expediente: 11001-03-15-000-2013-
00865-00. Dicha aclaración se sustentó en la interpretación literal y gramatical del artículo 183
numeral 4 de la carta superior, acompasada con la historicidad de la norma, la finalidad perseguida
con ella por el Constituyente de 1991 y con los lineamientos trazados por la jurisprudencia de la
Corporación al resolver los casos concretos. Con ella se retomó la interpretación efectuada por la
Sala Plena en sentencia del 5 de febrero de 2001, para concluir que la causal corresponde a una
descripción típica completa, en tanto indica un sujeto activo, el congresista; el verbo rector,
destinar; la circunstancia de modo que lo cualifica, esto es, que sea la destinación sea indebida, y
el objeto sobre el cual recae la acción, que viene a ser el bien jurídico protegido: los dineros
públicos, así como la consecuencia de su realización, la pérdida de la investidura de congresista

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03278-01
Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

por parte de alguno de los integrantes de su UTL que en realidad no se
cumplieron, o cuando certifica el desarrollo de actividades, tareas o labores
que no tienen relación con la actividad legislativa, con el propósito de que
unas y otras sean remuneradas con cargo al presupuesto de la Cámara,
siempre y cuando su proceder se concrete en la realización efectiva de un
pago que no ha debido efectuarse. […].

51. Las Unidades de Trabajo Legislativo son equipos de apoyo que tienen como
finalidad contribuir al eficiente cumplimiento de la labor legislativa de los
Congresistas, motivo por el cual su función se encuentra ligada indefectible y
exclusivamente a ese cometido.

52. El hecho de que los congresistas tengan asignada la potestad nominadora y de
integración30 de sus Unidades de Trabajo Legislativo, no significa en modo alguno
que puedan apartarse de lo establecido en los artículos 122, 144 y 209 de la
Constitución, relativos a su función legislativa, a las condiciones que deben tener
en cuenta para la vinculación de sus colaboradores y, a los principios que deben
orientar el cumplimiento de sus funciones de naturaleza administrativa. […].

Al fungir los Congresistas como nominadores y superiores jerárquicos y
funcionales de los empleados de las UTL, les corresponde brindar las condiciones
necesarias para que estos últimos puedan desarrollar las funciones
encomendadas, las cuales deben propender la eficiente labor legislativa; deben
ejercer, oportuna y debidamente, los controles que sean necesarios para
garantizar que estos realicen las tareas a su cargo y certificar el cumplimiento de
su función como condición previa indispensable para posibilitar su retribución
salarial y prestacional, tal como lo dispone el inciso tercero del artículo 388 de la
Ley 5ª (…)”. (Resaltado Sala)

64. En adición, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de
28 de septiembre de 202131 reiteró: “[…] constituye indebida destinación de
dineros público la autorización de pago de salarios y prestaciones sociales de
funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo que incumplen las funciones del
cargo o las obligaciones que el empleo les impone, o que desarrollan actividades,
tareas o labores que no tienen relación con la actividad que constitucionalmente
corresponde al congresista […]”.

65. Sobre las distintas situaciones relacionadas con los dineros destinados al
pago de la nómina de los empleados públicos de las UTL, el Consejo de Estado32
ha indicado que podría configurarse la causal, entre otros, en los siguientes
eventos: (i) cuando el congresista solicita dádivas, porcentajes, montos de dinero
a sus funcionarios33; (ii) el parlamentario les asigna funciones por fuera del orden

30 Artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 7 de la Ley 868 de 2003.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de septiembre

de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, proceso identificado con el número único de radicación
110010315000202000517- 01
32 Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16, C.P. Nicolás Yepes Corrales, Sentencia

del 17 de junio de 2024, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03081-00.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de septiembre

de 2011, radicación, 11001-03-15-000-2010-01357-00. En esta providencia, la Sala Plena decretó
la pérdida de investidura del congresista Luis Enrique Salas Moisés, quien exigía a los miembros
de su UTL contribuciones, a título de diezmos, para la iglesia que este dirigía y que además eran

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03278-01
Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

legal34 o para su beneficio personal35; (iii) cuando autoriza el desarrollo de
funciones a esos mismos por motivaciones que no consultan el servicio público36;
(iv) se nombra a alguien dentro de la UTL para pagar un favor político o para que
transfiera parte de su salario a un tercero o al propio congresista 37; y/o (v) autoriza
el pago de salarios pese a que esos funcionarios no desempeñan labor alguna38 o
el común conocido como “corbata burocrática39”.

Caso concreto

66. De conformidad con las normas y criterios jurisprudenciales indicados ut
supra, la Sala Plena procede a realizar el análisis y valoración probatoria en
relación con el tercer supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos.

utilizados para financiar su actividad política. Adicionalmente, se probó que les asignaba labores
diferentes a “las propias de sus cargos, (…), las cuales debían cumplirse por fuera de su oficina en
el Congreso y dentro del tiempo en el que debían estar dedicados a labores propias de la
Corporación”. Específicamente, se ordenaba a los servidores visitar en época de elecciones a los
electores en sus propias viviendas y hacerle campaña a un concejal.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de abril de

2018, radicación: 11001-03-15-000-2017-01062-00. En este caso se alegaba que el congresista
demandado había utilizado a los miembros de su UTL para ayudar en la campaña política para la
Alcaldía de Bogotá y que estos destinaban el horario laboral para tal fin. La Sala, después de
precisar que “si bien es cierto que, pese a no ser el congresista ordenador del gasto, de su debida
información acerca de las novedades relacionadas con el personal a su cargo, en particular las
tocantes con las ausencias de sus servidores, destina en forma indirecta dineros públicos para el
pago de los salarios de los miembros de su UTL”, negó la solicitud, toda vez que en el caso
concreto no se demostró que esas novedades se hubieran efectuado para “propósitos diferentes al
cumplimiento de las funciones de estos”.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de agosto de

2001, radicación 12546. En este caso, se alegaba que el congresista demandado vinculó a una
persona a su UTL en el grado de Asistente II, quien después de su nombramiento salió del país por
varios meses recibiendo su remuneración, pues el parlamentario adujo que fue autorizada a
prestar sus servicios por fuera del país. La Sala Plena decretó la pérdida de investidura, bajo la
consideración de que el congresista cambió, sin competencia, el lugar donde debían prestarse los
servicios de los miembros de la UTL, que en todo caso debían desarrollarse dentro del territorio
colombiano, privilegiando el interés personal de la funcionaria sobre el interés público que el cargo
demandaba. Igualmente, en la sentencia del 20 de septiembre de 2011, radicación, 11001-03-15-
000-2010-01357-00, antes referenciada, se explicó que constituye indebida destinación asignar
funciones que no se relacionen con el cargo en beneficio personal del congresista o de un tercero
36 Así se catalogó en sentencia Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

sentencia de 14 de julio de 2015, radicación 11001-03-15-000-2012-01350-00, al precisar que da
lugar a esta causal el hecho de que se asignen funciones “en lugares diferentes al sitio de trabajo y
por motivaciones que no consultan el servicio público”.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 10 de mayo de

2022, radicación 11001-03-15-000-2019-00771-00.
38 La Sala Plena en sentencia del 28 de septiembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2020-

00517-01 concluyó que “constituye indebida destinación de dineros público la autorización de pago
de salarios y prestaciones sociales de funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo que
incumplen las funciones del cargo o las obligaciones que el empleo les impone, o que desarrollan
actividades, tareas o labores que no tienen relación con la actividad que constitucionalmente
corresponde al congresista”.
39 “Así, es claro que el constituyente quiso sancionar con pérdida de investidura a aquellos

congresistas que utilizan indebidamente los dineros reservados para el pago de la nómina de los
miembros de la UTL, vinculando a personas a las que no se les asigna función alguna relacionada
con el cumplimiento de sus tareas legislativas pero se les permite percibir los salarios como si
prestaran sus servicios, en lo que se conoce como “corbata burocrática”, pues consideró que esa
conducta resulta a tal nivel reprochable que debe generar consecuencias no solamente penales
sino también relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos.”: Consejo de Estado – Sala
Especial de Decisión No. 16, C.P. Nicolás Yepes Corrales, Sentencia del 17 de junio de 2024,
radicación No. 11001-03-15-000-2020-03081-00

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03278-01
Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

(i) La indebida destinación de los recursos (dineros) públicos

67. De acuerdo con el recurso de apelación, Germán Rogelio Rozo Anís
incurrió en indebida destinación de dineros públicos al certificar el cumplimiento de
funciones de personal a su cargo, sin que hubiera ejecutado realmente las
funciones constitucionales, legales o reglamentarias asignadas para estos
cargos40.

68. Con el fin de determinar si, en efecto, hubo indebida destinación de
recursos por parte del Congresista por los hechos que han sido referidos, es
menester efectuar algunas consideraciones iniciales sobre la naturaleza y finalidad
de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).

69. El legislador consciente de que la actividad en el seno de este órgano es
esencialmente política y que los intereses a defender allí dependen de la agenda
que cada parlamentario proponga, creó las denominadas Unidades de Trabajo
Legislativo, cuyo propósito, de acuerdo con lo reglado en el artículo 388 de la Ley
5ª de 1992, es “lograr una eficiente labor legislativa”.

70. El artículo 388 de la Ley 5ª de 1992 reglamenta que: (i) cada congresista
contará con una UTL para el logro de una eficiente labor legislativa, (ii) ésta estará
integrada por no más de 10 empleados, (iii) quedará a discreción del congresista
postular a los candidatos de su equipo de trabajo, (iv) los cargos de estos
funcionarios serán designados por el respectivo congresista, (v) el valor del sueldo
mensual de la UTL no podrá sobrepasar 50 SMMLV para cada unidad, y (v) la
certificación del cumplimiento de labores por parte de estos está atribuida al
congresista respectivo.

71. Para lo que interesa a esta causa, debe resaltarse que las tareas que están
llamadas a cumplir los miembros de las UTL se encuentran ligadas
inescindiblemente a las funciones previstas para los Senadores y los
Representantes a la Cámara, esto es, reformar la Constitución, hacer las leyes y
ejercer control político sobre el gobierno y la administración (artículo 114 de la
Constitución Política)41, entre otras funciones.

72. Ahora, si bien los congresistas gozan de discrecionalidad para conformar
sus Unidades de Trabajo, ello no implica que cuenten con la potestad ilimitada
para asignar cualquier tipo de tarea, actividad o labor que considere del caso,

40 Advierte la Sala Plena que la sentencia de primera instancia concluyó que “se demostró que

Jessica Yasid Rico Galeano salió del país una vez le fueron concedidas las respectivas licencias
no remuneradas, a través de las resoluciones 1972 del 11 de agosto de 2022, 2559 del 28 de
septiembre de 2022, 0697 del 9 de marzo de 2023 y 0826 del 24 de marzo de 2023; y que en los
meses en que disfrutó de ellas no recibió la totalidad de su salario al descontarse por nómina los
días no laborados”; razones frente a las cuales el recurrente no se manifestó y tampoco alegó
como lo hizo en la demanda que la servidora salió del país sin la respectiva licencia no
remunerada, por lo que sobre este aspecto no se pronunciará la Sala.
41 Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 16, C.P. Nicolás Yepes Corrales, sentencia

del 17 de junio de 2024, radicación 11001-03-15-000-2020-03081-00.

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pues aquellas deben referirse al marco funcional y concreto del empleo42, de
manera que deben estar relacionadas con la categoría y el nivel del cargo que el
servidor público desempeña, siempre ligadas a la naturaleza y finalidad de la UTL.

73. Posteriormente, se expidió la Ley 2029 del 24 de julio de 2020, “Por medio
de la cual se interpreta el artículo 388 de la Ley 5.ª de 1992, modificada por el
artículo 1 de la Ley 186 de 1995 y el artículo 7° de la Ley 868 de 2003”; normativa
que dispone:

“(…) ARTÍCULO 1o. Interprétese la expresión “Cada Congresista contará, para el
logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio”
contenida en el inciso 1 del artículo 388 de la Ley 5.ª de 1992, en el siguiente
sentido:
Para el logro de una eficiente labor legislativa, social, política y de control de los
Congresistas, los funcionarios que estén vinculados a la Unidad de Trabajo
Legislativo podrán realizar sus funciones en la sede del Congreso de la República,
o en cualquier lugar dentro del territorio nacional donde el congresista lo
requiera, incluso a través de las figuras de teletrabajo o virtualidad.

La labor de los funcionarios vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo podrá
incorporar actividades de apoyo político, y su actividad se sujetará a mecanismos
de información, control y seguimiento dispuestos por la Dirección Administrativa
correspondiente (…)”43 (Destacado fuera de texto).

74. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-127 de 5 de mayo de 202144,
se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma y en relación con los
antecedentes legislativos, señaló:

“(…) Según los antecedentes legislativos de la norma demandada, ésta fue
adoptada por el Congreso de la República con el objetivo de aclarar que cada
congresista se encuentra facultado para tener asistentes o asesores de su
UTL en cualquier lugar del territorio nacional, para apoyarle en todas las
funciones, incluidas las legislativas, de control, sociales, de campaña política, de
rendición de cuentas, o cualquier otra relacionada con las obligaciones
constitucionales y legales de los Senadores y Representantes a la Cámara.

42 La Corte Constitucional en sentencia T-105 de 2002 dijo: “Considera la Sala del caso, llamar la

atención sobre la forma impropia como usualmente dentro de la administración pública se asignan
funciones de un cargo, a través del mecanismo denominado “asignación de funciones” mecanismo
o instituto que no existe jurídicamente como entidad jurídica autónoma dentro de las normas que
rigen la administración del personal civil al servicio del Estado. Se considera del caso precisar, que
dicha función de amplio contenido no puede ser ilimitada, sino que debe referirse siempre y en
todos los casos a un marco funcional y concreto, esto es, que dichas funciones deben hacer
referencia a las funciones propias del cargo que se desempeña por el funcionario a quien se
asignan. No es procedente su descontextualización, de tal manera que el jefe inmediato sí puede
asignar otras funciones diferentes a las expresamente contempladas en el respectivo Manual de
Funciones y Requisitos de la entidad, de acuerdo a las necesidades del servicio, a los fines y
objetivos propios de cada entidad, pero, dentro del contexto de las funciones propias del
funcionario y acordes al cargo que ejerce y para el cual ha sido nombrado.”
43 La Corte Constitucional mediante sentencia C-127 de 5 de mayo de 2021, con ponencia de la

Magistrada Cristina Pardo Schlesinger, dentro del Expediente D-13902, dispuso “[…] [d]eclarar
INEXEQUIBLE la expresión «podrá incorporar actividades de apoyo político» contendida en el
inciso 3° del artículo 1 de la Ley 2029 de [24 de julio de] 2020 […]”
44 Corte Constitucional, sentencia C-127 de 5 de mayo de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

Expediente D13902.

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En ese sentido, el objetivo de la propuesta quedó redactado de la siguiente
manera «se hace necesario interpretar la Ley 5ª de 1992 con la autoridad que la
Constitución le confiere expresamente al Congreso en el artículo 150, y así aclarar
y hacer explícita la facultad que tiene cada Congresista de tener asistentes o
asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo en cualquier lugar del territorio
nacional, para apoyarle en todas las funciones del Congresista, incluidas las
legislativas, de control, sociales, de campaña política, de rendición de cuentas, o
cualquier otra relacionada con las funciones constitucionales y legales de los
Senadores y Representantes a la Cámara»

El informe de ponencia para primer debate en Cámara al Proyecto de Ley número
396 de Cámara de 2019, «por medio del cual se interpreta el artículo 388 de la Ley
5ª de 1992» se incluyó en la Gaceta del Congreso No. 532 del 12 de junio de
2019, y señaló:

«[la] importancia dentro de un sistema democrático justifica afianzar,
por un lado, la autonomía e independencia de la Rama, especialmente
en lo relativo a su funcionamiento interno y al apoyo que las Unidades
de Trabajo Legislativo brindan a los Congresistas. Y de otro lado,
respecto de la decisión autónoma e independiente del Legislativo de
ejecutar sus funciones políticas, legislativas, de rendición de cuentas,
entre otras, desde cualquier lugar del territorio que se estime
conveniente, a fin de promover la descentralización y la correcta
representación de la población colombiana que se encuentra dispersa
mucho más allá de las instalaciones del Congreso y de las fronteras del
Distrito Capital.

Con todo, el aclarar que los miembros de las Unidades de Trabajo
Legislativo pueden ejercer sus funciones desde cualquier lugar
del territorio nacional es una medida conveniente, oportuna y
ciertamente ajustada a los valores democráticos de nuestra
Constitución, máxime en una época en la que los avances en las
comunicaciones permiten sin mayores problemas el teletrabajo, y
concomitantemente la posibilidad de hacer llegar a los
Congresistas que sesionan en la capital, las inquietudes de la
población que reside en los distintos entes territoriales»].

Posteriormente, en el informe de ponencia para segundo debate en Cámara al
Proyecto de Ley orgánica número 396 de 2019, se insistió en la posibilidad de
que los miembros de las UTL puedan realizar sus funciones en cualquier
lugar dentro del territorio nacional donde el congresista lo requiera, incluso a
través de las figuras de teletrabajo o virtualidad y la necesidad de promover la
descentralización y la debida representación de las distintas regiones del país, en
la Gaceta del Congreso No. 654 del 23 de julio de 2019, se especificó:

«Para mayor claridad de nuestro sistema jurídico, promover la
descentralización y la debida representación de las distintas regiones
del país, y para evitar interpretaciones extensivas de las normas
sancionatorias o disciplinarias que atenten contra la democracia
representativa, se hace necesario interpretar la Ley de acuerdo a la
facultad constitucional que tiene el Congreso en el artículo 150 de la
Constitución política, y aclarar expresamente que los integrantes de las

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UTL pueden laborar desde el lugar del territorio nacional que designe el
respectivo Congresista. De esta manera, además, se reivindica la
autonomía, independencia e inviolabilidad del Congreso como requisito
fundamental para la existencia de cualquier democracia».”
(Destacado fuera de texto).

75. Adicionalmente, la Corte Constitucional concluyó que el Congreso de la
República se extralimitó en el ejercicio de la función de interpretación de la ley,
prevista en el numeral 1 del artículo 150 de la Constitución Política, pues con el fin
de aclarar las dudas acerca de si los integrantes de las UTL deben laborar dentro
de las instalaciones del Congreso, o si pueden hacerlo desde cualquier otro lugar
del territorio nacional, especialmente desde las regiones en donde los
congresistas fueron electos o tienen simpatizantes, procedió a establecer un
nuevo mandato que habilita a los funcionarios de las UTL a participar en
actividades y controversias políticas; disposición última que declaró
inconstitucional al desconocer el artículo 127 constitucional.

76. Bajo este contexto, la Sala Plena realizará el estudio de las pruebas con el
objeto de determinar si se acreditó la indebida destinación de dineros públicos por
la autorización del pago de salarios y prestaciones sociales de la servidora Jessica
Rico miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo, quien presuntamente no realizó
o incumplió las funciones u obligaciones de los empleos que ejerció.

77. Al respecto, en el sub examine se encuentra los siguientes hechos
relevantes acreditados:

78. Jessica Yasid Rico Galeano fue nombrada45 y tomó posesión46 el 01 de
agosto de 2022 en el cargo de Asesor II de la Unidad de Trabajo Legislativo del
representante a la cámara, Germán Rogelio Rozo Anís47; y luego nombrada y
posesionada el 01 de septiembre de 2022 en el cargo de Asistente I de la citada
UTL48.

79. Asimismo, se acreditó que, mediante Resolución DACAR No. 1697 del 24
de julio de 2023, emanada de la División de Personal de la Cámara de
Representantes, le fue aceptada la renuncia a la señora Jessica Rico Galeano al
cargo de Asistente I de la UTL del Congresista, a partir del 25 de julio de 202349.

80. El Congresista certificó el cumplimiento de funciones de Jessica Yasid Rico
Galeano, durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre
de 2022; y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 202350, en los cuales

45 Mediante Resolución No. 1740 de 29 de julio de 2022, expedida por el Jefe de División de
Personal (Folios 33-36 Pdf índice 0002 SAMAI).
46 Acta de Posesión No. 1740 vista en el folio 32 de la demanda, índice 0002 SAMAI.
47 A través de Resolución No. 2225 de 31 de agosto de 2022, se aceptó la renuncia de Jessica

Rico Galeano al cargo de Asesor II a partir del 01 de septiembre de 2022 (fl.49 pdf índice 54).
48 A través de Resolución No. 2249 de 31 de agosto de 2022 y Acta de posesión No. 2249 (Folios

37- 38 Pdf índice 2 SAMAI).
49 Certificación expedida el 04 de julio de 2024 (Folio 16 pdf índice 22 SAMAI) y folios 77-78 pdf

índice 54.
50 Archivo “78RECIBE MEMORIAL_Memorial_JESSICAYASIDRICOANEX(.zip)” índice 54 SAMAI.

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se informa al jefe de división de personal de la Cámara de Representantes que
“(…) En atención a lo establecido en el Art. 388 de la Ley 5 de 1992, y conforme al
cumplimiento de labores de los funcionarios pertenecientes a mi Unidad de
Trabajo Legislativo UTL; me permito certificar que las personas relacionadas a
continuación han cumplido cabalmente con sus respectivas obligaciones (…)”.

81. De acuerdo con los informes presentados por Jessica Rico Galeano, el
propósito general de los cargos que desempeñó era: “Proveer apoyo en la
formulación y análisis de los informes de control político a las instituciones que son
citadas en Comisión Séptima”; y las “funciones” asignadas fueron: “1. Analizar los
cuestionarios de preguntas que envían las instituciones citadas a control político en la
Comisión Séptima, así como también proveer puntos de discusión sobre la información
analizada; 2. Creación de informes de control político sobre la base de las intervenciones
de las entidades citadas a la Comisión Séptima; 3. Coordinación de obtención de recursos
públicos y privados para el departamento de Arauca, y 4. Acompañamiento a las
actividades del Representante en el territorio”51.

82. La Sala sintetiza las actividades informadas por la servidora Jessica Rico,
mes a mes, en el siguiente cuadro52:

Fecha de Actividades Realizadas
presentación (Se transcribe literal con posibles errores54)
y Fecha
captura de
pantalla53
155. Revisión de artículos de la Ley 5 de 1992 para socializar las
Informe No. 1 funciones del Representante en Comisión y Plenaria.
(19-08-2022) 256. Apoyo en la revisión del proyecto de ley “Por medio de la cual se

51 Folios 1-42 Pdf índice 22 SAMAI y Archivo RECIBE MEMORIAL InformesJessicapdf(.pdf)
NroActua 24
52 La Sala advierte que transcribó literal las actividades plasmadas en los informes y a modo

ilustrativo algunas imágenes de los soportes de estas.
53 Se aportó por el demandado las capturas de pantalla de los correos electrónicos (recibidos) de

los informes de los meses de noviembre, diciembre de 2022, enero, febrero, marzo, abril, mayo de
2023, desde la cuenta yrg-5@hotmail.com (Folios 1-3 pdf índice 22 SAMAI).
Al respecto, la Sala debe precisar que, de acuerdo con el artículo 274 del CGP, “serán valorados
como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que
fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con
exactitud.”53. De ahí, entonces, que la jurisprudencia del Consejo de Estado53 haya establecido que
para que los mensajes de datos puedan ser valorados dentro de un proceso judicial, deben
garantizarse los elementos de confiabilidad, trazabilidad y originalidad e integralidad, de manera
que resulta necesario: “(i) que la información contenida en el mensaje de datos sea accesible para
su posterior consulta –art. 6° de la Ley 527 de 1999–; (ii) la identificación del iniciador del mensaje
–quien lo genera –art. 7° de la Ley 527 de 1999–; (iii) la integralidad de su contenido, esto es, que
no haya sido alterado a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva
–arts. 8° y 9° de la Ley 527 de 1999–”. En este contexto, las captura de pantalla de los correos
electrónicos no pueden ser valorados como mensaje de datos propiamente dicho, al no cumplir con
los anteriores requisitos, pues la información allí contenida no es accesible para su posterior y
actual consulta, ni es posible verificar la integralidad de su contenido, es decir, que no haya sido
alterada en comparación con las imágenes allegadas, en los términos de los artículos 6.º, 8.º y 9.º
de la Ley 527de 1999, por lo que debe ser valorada según las reglas generales de los documentos.
54 La fuente de transcripción son los informes de actividades allegados al plenario en su columna

de actividades realizadas.
55 Las actividades relacionadas con el número 1 corresponden a la función: “Analizar los

cuestionarios de preguntas que envían las instituciones citadas a control político en la Comisión
Séptima, así como también proveer puntos de discusión sobre la información analizada”.

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establecen mecanismos para fortalecer la cobertura del programa
subsidios no vis y se dictan otras disposiciones”.
Informe No. 2 357. Revisión de base de datos de la Agencia Presidencial para la
(20-09-2022) cooperación para la búsqueda de convocatorias en las que
organizaciones del departamento de Arauca puedan participar
1. Se analizaron los cuestionarios de preguntas y se escribieron los
informes pertinentes sobre la base de las respuestas dadas por las
Informe No 1 instituciones afiliadas a la Comisión Séptima de la Cámara de
(18-10-2022) Representantes (Ministerios de Salud, Trabajo, Deporte, ADRES, etc.)
2. Se realizaron los correspondientes informes sobre las intervenciones
de las siguientes entidades: Ministerio de Deportes, Ministerio de Salud,
DIAN

3. Se llevó a cabo una reunión con representantes del grupo éxito con el
fin de organizar una convocatoria en Arauca con la ayuda de la cámara
de comercio y los negociadores del grupo éxito (para carnes y agricultura)
para apoyar empresas, asociaciones o fundaciones de la región que
pudieran convertirse en proveedores del grupo éxito.
3. Ya se adelantaron conversaciones con la cámara de comercio para
realizar la convocatoria para que el evento se pueda realizar entre el 21 y
25 de noviembre de este año.
1. Se analizaron los cuestionarios de preguntas y se escribieron los
informes pertinentes sobre la base de las respuestas dadas por las
Informe No. 3 instituciones afiliadas a la Comisión Séptima de la Cámara de
(29-11-2022) Representantes (Ministerios de Salud, Trabajo, Deporte, ADRES, etc.)
2. Se realizaron los correspondientes informes sobre las intervenciones
de las siguientes entidades: Ministerio de Deportes, Ministerio de Salud,
DIAN, Ministerio de Hacienda.

56 Las actividades relacionadas con el número 2 corresponde a la función asignada de: “Creación

de informes de control político sobre la base de las intervenciones de las entidades citadas a la
Comisión Séptima”.
57
Las actividades relacionadas con el número 3 corresponde a la función de: “Coordinación de
obtención de recursos públicos y privados para el departamento de Arauca”.

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3. y 458. Se ayudó en la coordinación y ejecución de la convocatoria en
Arauca con la ayuda de la cámara de comercio y los negociadores del
grupo éxito (para carnes y agricultura) para apoyar empresas,
asociaciones o fundaciones de la región que pudieran convertirse en
proveedores del grupo éxito.
Se llevó a cabo un control de la asistencia al evento de la rueda de
negocios del grupo éxito con selectos productores agrícolas del
departamento de Arauca.
Se acompañó y se le dio apoyo al Representante durante la convocatoria
de negocios del grupo éxito en Arauca.

Se coordinó con la caja de compensación COMFIAR las posibles fuentes
de financiación de ayuda internacional, particularmente desde la agencia
presidencial para la cooperación y se crearon las bases de datos
pertinentes para dicha actividad.

1. Se analizaron los cuestionarios de preguntas y se escribieron los
informes pertinentes sobre la base de las respuestas dadas por las
Informe No. 5 instituciones afiliadas a la Comisión Séptima de la Cámara de
(24-01-2023) Representantes (Ministerios de Salud, Trabajo, Deporte, ADRES, etc.) y
se envió un reporte final de las actividades que se hicieron durante los
seis meses de trabajo.
2. Se analizaron los cuestionarios de preguntas y se escribieron los

58 Las actividades relacionadas con el número cuatro corresponden a: “Acompañamiento a las
actividades del Representante en el territorio”.

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informes pertinentes sobre la base de las respuestas dadas por las
instituciones afiliadas a la Comisión Séptima de la Cámara de
Representantes (Ministerios de Salud, Trabajo, Deporte, ADRES, etc.) y
se envió un reporte final de las actividades que se hicieron durante los
seis meses de trabajo.
3. y 4. Con el objetivo de obtener recursos para el departamento de
Arauca principalmente para sus empresas, entidades sin ánimo de lucro y
fundaciones durante el último mes se llevaron a cabo actividades de
apoyo encaminadas a proveer el soporte necesario para que las
organizaciones e individuos del departamento pudieran acceder y aplicar
a las convocatorias de origen internacional que pudieran proveer recursos
financieros, materiales y educacionales para su desarrollo.
Se ayudó en la coordinación para la obtención de recursos de ayuda
internacional para el departamento de Arauca mediante el agendamiento
de mesas de trabajo con entidades araucanas.
Se coordinó con la caja de compensación COMFIAR las posibles fuentes
de financiación de ayuda internacional, particularmente desde la agencia
presidencial para la cooperación y se crearon las bases de datos
pertinentes para dicha actividad.
1. Se prepararon los posibles temas de discusión de la agenda legislativa
para el 2023. Principalmente reforma a la salud, reforma pensional y el
Informe No. 6 plan de desarrollo. Para esto se crearon documentos que contienen los
(24-01-2023) principales puntos de contención de los actores involucrados en base a
seminarios de discusión convocados por diferentes grupos de interés
(ANIF, Universidad de los Andes, LAPA etc.)
2. Se prepararon, las notas, comentarios y principales puntos de
discusión del plan de desarrollo 2022-2026 con el objetivo de identificar
las propuestas con mayor nivel de afectación nacional y departamental,
así como las principales preocupaciones que tienen los diferentes
sectores del país.
3. Con el objetivo de obtener recursos para el departamento de Arauca
principalmente para sus empresas, entidades sin ánimo de lucro y
fundaciones durante el último mes se llevaron a cabo actividades de
apoyo encaminadas a proveer el soporte necesario para que las
organizaciones e individuos del departamento pudieran acceder y aplicar
a las convocatorias de origen internacional que pudieran proveer recursos
financieros, materiales y educacionales para su desarrollo.
Se empezó la creación de la base de datos que contiene toda la
información sobre las convocatorias de origen internacional para la
financiación de proyectos en el departamento.
1. Se prepararon los posibles las respuestas a los cuestionarios de la
Informe No. 6 Comisión Séptima de la Cámara de Representantes que habían sido
(27-02-2023) agendados para el mes de febrero. Particularmente, aquellos
relacionados con el Ministerio de Vivienda.
08/03/2023

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2. Se prepararon, las notas, comentarios y principales puntos de
discusión del plan de desarrollo 2022-2026 con el objetivo de identificar
las propuestas con mayor nivel de afectación nacional y departamental,
así como las principales preocupaciones que tienen los diferentes
sectores del país. Con esta información se presentó un informe general
del Plan Nacional de Desarrollo.
Se prepararon, las notas, comentarios y principales puntos de discusión
de la Reforma a la Salud. con el objetivo de identificar las propuestas con
mayor nivel de afectación nacional y departamental, así como las
principales preocupaciones que tienen los diferentes sectores del país.
Con esta información se presentó un informe general de la Reforma.
3. Con el objetivo de obtener recursos para el departamento de Arauca
principalmente para sus empresas, entidades sin ánimo de lucro y
fundaciones durante el último mes se llevaron a cabo actividades de
apoyo encaminadas a proveer el soporte necesario para que las
organizaciones e individuos del departamento pudieran acceder y aplicar
a las convocatorias de origen internacional que pudieran proveer recursos
financieros, materiales y educacionales para su desarrollo.
Se continuó con la creación de la base de datos que contiene toda la
información sobre las convocatorias de origen internacional para la
financiación de proyectos en el departamento.
Informe No. 7 1. Se dio apoyo en la planeación, coordinación y ejecución de la
(25-04-2023) audiencia pública de Reforma a la Salud que tuvo lugar en la ciudad de
Arauca el día jueves 30 de marzo de 2023. Para esto se construyó una
base de datos de las instituciones e individuos que iban a participar y se
procedió a contactarlos para confirmar su asistencia.
2. Investigación y creación de informes sobre temas relevantes en la
Comisión Séptima como apoyo informativo al representante.
3. Se llevó a cabo un análisis de los últimos cambios que se le hicieron
durante el último mes al Plan Nacional de Desarrollo (PND),
particularmente desde las proposiciones que se aprobaron y los artículos
que fueron objeto de modificación.
4. Se dio soporte en las asesorías de aplicación a recursos
internacionales de entidades araucanas.

Informe No. 8 1. Se realizó un informe final sobre los proyectos actualizados del Plan

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(25-05-2023) Plurianual de Inversiones del PND referentes al departamento de Arauca.

2. Se presentó un discurso político del PND para presentarlo ante la
comunidad araucana.
3. Se dio soporte en las asesorías de aplicación a recursos
internacionales de entidades araucanas y en las convocatorias para
funcionarios públicos araucanos.
Informe No. 1. No se llevaron a cabo actividades en este aspecto.
09 y 10 2. Revisión y creación de un resumen del informe “transitar y habitar la
(07-07-2023) frontera” para el análisis del estado de la violencia en el departamento de
Arauca.
3. No se llevaron a cabo actividades en este ítem.

83. De otra parte, se acreditó que la señora Jessica Rico Galeano durante el
periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2022 y el 19 de julio de 2023,
registró quince (15)59 ingresos a las instalaciones del Congreso de la República60.

84. Por último, en audiencia de pruebas del 12 de agosto de 202461, se practicó
el testimonio de Leidy Yaneth Fernández Plata62, quien al ser interrogada contestó
(por su importancia, se transcribe in extenso):
“ (…) Asimismo, ella hizo entrega mensualmente durante el período de un año más o
menos que perteneció a la UTL, de informes que se validaban para que el
representante previamente haga la certificación de cumplimiento de labores.
Asimismo, Jessica durante el período que laboró, asistió al Congreso como debe
reposar en sus ingresos al Congreso, porque un ingreso es con el carné, entonces ella
en repetidas ocasiones estuvo en el Congreso y sus funciones también las presentaba
de manera de teletrabajo o directamente en el territorio.
(…)

¿Desde qué lugar o sede desarrolla usted las actividades laborales en la Unidad de
Trabajo Legislativo? Directamente desde el Congreso de la Republica ¿Presencial
todo el tiempo? En el Congreso hay una particularidad que son comisiones y plenarias
martes, viernes y jueves, podemos llamarlo es el fuerte dentro de la cámara, el lunes

59 Aclara esta Sala que, de los quince ingresos, dos se realizaron como visita agendada y el resto

como servidora pública, todos durante el periodo en que laboró como miembro de la UTL.
60 Índice 52 y 92 de SAMAI.
61Índices 56 y 58 SAMAI (Ver enlace de grabación
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/40096e53-c4f3-4f88-9a86-
d602d26dca9c?vcpubtoken=37149418-4e8b-449a-813c-e4c65e2199ef)
62 Asistente III de la UTL del Congresista acusado.

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vamos nosotros, pero lunes y viernes podemos hacerlo también por teletrabajo, pero el
fuerte de nuestras funciones son comisiones plenarias, martes, miércoles y jueves.

¿Conoce a Jessica Yasid Rico Galeano y que relación ha mantenido con ella? No,
relación solamente durante el año de trabajo, sé que se llama Jessica Yasid Rico
Galeano, entró a trabajar en julio del año 2022 hasta el año 2023, netamente laboral.
¿Dentro de esa relación laboral ha mantenido algún contacto con ella? No señor, ni un
solo contacto.
(…)
En concreto, ¿qué labores tenía que desarrollar ella? Bueno dentro de la Comisión
Séptima que es a la que pertenece el representante Rozo, se hacen diversos controles
políticos y en esos controles políticos se hacen cuestionarios para las entidades a las
que se les va a hacer el control político. Una de las funciones que yo tengo
conocimiento que hacía Jessica era hacer estudio a esos cuestionarios para que el
jefe tuviera insumos de los debates de control político. Asimismo, también una de las
funciones que ella tenía era apoyo a territorio, era apoyar las diferentes actividades
que el representante tuviera que pues hacer en territorio, que me acuerdo una de ellas
es el apoyo del grupo Éxito, que estaba haciendo un convenio con la Cámara de
Comercio de Arauca para que el grupo Éxito pues trabajara con el grupo cárnicos y
lácteos de Arauca. Asimismo, en temas de búsqueda y apoyo de cooperación
internacional para buscar recursos para nuestro departamento, en plenarias también
se hacían diferentes estudios para los proyectos que el jefe quisiera presentar. Y pues
las demás que el representante le colocara como su jefe inmediato.
(…)
¿Usted tiene conocimiento si ella hacía teletrabajo o alternaba teletrabajo y presencial
en el Congreso? ¿Tiene conocimiento de qué días le correspondía asistir
presencialmente al Congreso de la República? Yo sé que ella fue porque pues era
compañera de trabajo, pero pues los días no los tengo claros, eso reposa pues en la
Cámara allá en personal pues porque allá hacen el registro y teletrabajo sí porque
pues el equipo la UTL también trabaja en teletrabajo, como le decía, los fuertes son
martes, miércoles y jueves, y en muchas ocasiones el Congreso no tiene agua, pues
nosotros trabajamos en teletrabajo.

¿Tiene conocimiento del lugar o de la sede muy puntual desde donde ella hacía
teletrabajo, si estaba autorizada, desde qué región podía hacer el teletrabajo
autorizado? Ella tenía sus sedes de teletrabajo entre Bogotá y Arauca.

¿Tuvo conocimiento de los informes de labores que ella hubiese presentado? Sí
señor.

¿Quién supervisaba esos informes o lo hacía directamente ante el congresista? El
representante hace entrega de una certificación de cumplimiento de labores y esa
certificación de cumplimiento de labores se hace previa revisión de los informes. Yo
resalto de que en la Cámara no es un requisito el certificado de labores por parte del
representante para hacer el respectivo pago. Ellos pagan se entregue o no se
entregue la certificación. Pero para el representante poder hacer la certificación de
cumplimiento de labores se hace porque se hace revisión de los informes entregados.
(…)
Apoderado parte demandada: ¿Señora Leidy, respecto a la señora Jessica Yasid Rico,
usted podría hacer un complemento o manifestarnos si ella realizaba en concreto en
qué consistiría si lo realizaba, actuaciones o labores en territorio en Arauca? Sí señor,
ella realizaba funciones en el territorio como se lo dije al señor Magistrado, que ella
estuvo allá hace más de un año en la UTL, entonces ella hacia acompañamiento al

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representante a las diferentes actividades donde él hacia presencia, como reposa en
los informes, también ella representó pues al representante en actividades de fuente
como el grupo Éxito que le dije al señor Magistrado.
(…)
Apoderado parte demandante: ¿Quién se encarga de coordinar a todos los
funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante German Rozo
Anís? Directamente el representante ¿Cuál es el motivo o razón para que la señora
Rico Galeano ejerciera funciones en un lugar distinto a las instalaciones del
Congreso? Es por teletrabajo, eso ya lo manejó ella directamente con el
representante, él autorizó el teletrabajo ¿Qué jornada semanal le asignaron en esa
modalidad de teletrabajo a la señora Rico Galeano? Nosotros somos 24/7 (…) ¿Cómo
medían el desempeño de la señora Rico Galeano en el cumplimiento de sus
funciones? Eso lo hace directamente el Representante, como administrativa mi función
era revisar la entrega de los informes y para hacer la respectiva certificación de
cumplimiento de labores que llevaba la firma del representante, pero ella tenía
comunicación directa con el representante porque él era el jefe inmediato. ¿Cuándo
ella se desplazaba a la ciudad de Arauca a hacer las gestiones como usted lo
manifestó en respuesta anterior, se le otorgaba algún permiso por parte del
representante o de la mesa directiva de la cámara de representantes? Para viajar a
Arauca, no señor no, no sé si ella hablaba directamente con el Representante por
teléfono, eso si no tengo conocimiento o personalmente con él, pero desde
administrativamente no tengo conocimiento de eso, si ella llamaba al jefe o le decía al
jefe no sé. (…)”

85. Conforme con lo que hasta aquí se ha expuesto, es claro que las
actividades (análisis de proyectos de ley, análisis de cuestionarios, creación de
cuestionarios de control político y apoyo en actividades en la región) que, de
acuerdo con la defensa, se le asignó a la señora Rico Galeano y que esta cumplió
pueden considerarse como de asesoría y apoyo al cumplimiento de la labor
legislativa del Representante pues, corresponderían a aquellas contempladas, en
términos generales, en el artículo 18 de la Resolución 1095 de 201063.

86. Aunado a ello, la Sala considera que no se encuentra probado que los
informes de actividades presentados por la servidora Jessica Rico hayan sido
“prefabricados64 para distorsionar la realidad”, por las siguientes razones: (i) se
encuentran firmados; (ii) no fue controvertida su veracidad ni se desvirtuó su
63 Mediante Resolución núm. MD 1095 de 24 de junio de 2010 expedida por la Mesa Directiva de
la Cámara de Representantes, se estableció las funciones de los asesores y asistentes de las
unidades de trabajo legislativo, así:
Para el cargo de asesor las funciones son las siguientes: i) colaborar con el honorable
representante en el estudio de factibilidades y análisis de proyectos; ii) estudiar, evaluar y analizar
los proyectos de ley que se refieran a planes de desarrollo y proyectos de inversión, por parte del
honorable representante a quien preste sus servicios; iii) realizar los estudios que se le soliciten
en las diferentes materias de su competencia; iv) colaborar en la redacción de ponencias; y v)
las demás que le asignen, acordes con la naturaleza del cargo.
Y, para el cargo de asistente tiene como funciones: i) colaborar en todas y cada una de las
actividades desarrolladas por el honorable representante; ii) mantener informado al honorable
representante sobre las citaciones para las sesiones de las Comisiones y Plenarias de la Cámara;
iii) recoger y distribuir diariamente la correspondencia del honorable representante; iv) suministrar
oportunamente el Orden del Día de las sesiones plenarias, la Gaceta del Congreso y demás
documentos que requiera el honorable representante, para su labor legislativa; y v) las demás que
le asigne directamente el representante al cual presta sus servicios.
64Según la Real Academia Española la definición de prefabricado (da)
1. adj. Dicho de una construcción: Formada por partes fabricadas previamente para su montaje pos
terior

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credibilidad65; (iii) dentro los informes se aportan algunos soportes como
fotografías, recortes de los cuestionarios, de los informes del presupuesto general
de la nación, de la ANIF, de la reforma a la salud, Oficio del Ministerio de Vivienda,
oficio del 05 de mayo de 2023, formato de asistencia, tablas, etc.; (iv) las fechas
de presentación de los informes coinciden en gran mayoría66 con las que se
observan en las capturas de pantalla de los correos electrónicos; (v) el correo
electrónico que se registra en las capturas de pantalla, es el mismo al informado
por el Congresista en los certificados de cumplimiento; (vi) no existe prueba que
acredite que se trata de documentos manipulados, alterados o adulterados; y (vii)
no se desvirtuó la veracidad y contenido de dichos documentos por parte del
accionante67.

87. En cuanto al segundo reparo del recurso de apelación, consistente en que
los informes son repetitivos para cinco meses, se evidencia que no es cierto dado
que para dos meses (agosto y septiembre) no se realizó tareas relacionadas con
el análisis de cuestionarios y elaboración de informes de control político a las
entidades (Ministerios de Salud, Trabajo y Deporte y el ADRES) citadas por la
Comisión Séptima Constitucional Permanente; y solo para los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2022 se describieron actividades similares; sin
embargo, para estos periodos también se incluyó el cuestionario al Departamento
para la Prosperidad Social, los informes de intervención de la DIAN y el Ministerio
de Hacienda y los oficios a la Conferencia Episcopal y la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

88. Aunado a ello, la parte accionante no allegó, ni solicitó el decreto
documental de los cuestionarios o los informes de intervención que soportan las
actividades ejecutadas por la señora Rico Galeano, siendo imposible para esta
instancia determinar con certeza si se trató de un mismo cuestionario o fueron
distintos, cuántos informes se entregaron, y demás condiciones; además que no
se trató de una sola entidad (sino de cuatro) por lo que infiere la Sala que se
desplegó una actividad continua o prolongada en el tiempo.

89. De otra parte, las respuestas dadas por la única testigo ante los
cuestionamientos formulados por el magistrado conductor, el solicitante y el
apoderado del congresista demandado, fueron claras y precisas en señalar que la
servidora Jessica Rico sí cumplía funciones de apoyo para el control político y
actividades en el territorio, refiriendo que elaboraba cuestionarios para las
entidades a las que se les realizaba el respectivo control y colaboró en la

65 La parte demandante solo propuso tacha de falsedad de las Resoluciones 1972 del 11 de agosto

de 2022, 2559 del 28 de septiembre de 2022, 0697 del 09 de marzo de 2023, 0826 del 24 de
marzo de 2023 y 1312 del 06 de junio de 2023, por el cual se le concede Licencia ordinaria no
remunerada a la señora Rico Galeano (índice 55), la cual fue rechazada mediante auto de fecha 02
de septiembre de 2024 (índice 79 SAMAI).
66El informe No. 06, es el único que no coincide la fecha, dado que en la captura de pantalla se

observa el día 08/03/2023, sin embargo, la fecha del informe es el 27 de febrero de 2023; sin
embargo, sí es posterior la fecha de envío.
67 En efecto, la jurisprudencia ha señalado que «[l]a falsedad ideológica se refiere a la veracidad

del contenido del documento, es decir, cuando el legítimo autor realiza manifestaciones ajenas a la
realidad, mientras que, la falsedad material consiste en la alteración del documento auténtico ya
existente o de la creación de un documento falso».

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consecución de un convenio entre el Grupo Éxito y la Cámara de Comercio de
Arauca que beneficiaria a los empresarios y productores de la región y la
búsqueda de cooperación internacional para la obtención de recursos para el
departamento.

90. Además, la declarante señaló que la señora Rico Galeano sí presentaba
mes a mes los informes de actividades con el fin que el Representante elaborara
las certificaciones de cumplimiento, contrario a lo que alega el recurrente; y
tampoco es cierto que la funcionaria no tuviera relación con sus compañeros, dado
que, si bien contestó en una de las preguntas no haber tenido contacto, en el
contexto general del testimonio se refería a no tener una relación personal, sino
únicamente laboral.

91. En adición, la alegada ausencia de medios de prueba que respalde el dicho
de la testigo no tiene la entidad para restarle credibilidad, en tanto no constituye
una tarifa legal o una solemnidad prescrita por el ordenamiento para la eficacia del
testimonio y, por el contrario, la limitación del alcance de la prueba testimonial solo
tiene previsión legal en los términos del artículo 225 del CGP68, los cuales no
tienen ocurrencia en este caso.

92. En ese sentido, el análisis conjunto de los elementos probatorios que obran
en el expediente, en particular, los informes firmados por la señora Rico Galeano,
las capturas de pantalla de los correos electrónicos y el testimonio de la señora
Fernández Plata, permite concluir que, en contra de lo que se afirmó en la alzada,
la servidora de la UTL sí cumplía y ejercía funciones de asesoría69 y asistenciales
a la tarea congresional.

93. Ahora bien, debe resaltarse que incluso si el análisis hubiera sido individual
y por cada uno de los meses que duró la vinculación de la señora Jessica Rico,
como lo propuso el demandante en el recurso de apelación, tampoco sería posible
dar por acreditado el elemento objetivo de la causal alegada, ya que mientras para
la mayoría de meses es claro que las funciones fueron atendidas al desarrollar
actividades como por ejemplo, revisión del proyecto de ley para fortalecer la
cobertura del programa de subsidios de vivienda, reunión con el Grupo Éxito para
apoyar a empresarios de Arauca, mesas de trabajo con entidades araucanas,
reuniones con la Caja de Compensación COMFIAR, preparación de documentos
para los debates sobre las reformas a la salud, pensional y el plan de desarrollo,
informe sobre el análisis de la violencia en el departamento de Arauca, entre otras;
solo para algunos meses existen actividades iterativas que solo generaría una

68 “ARTÍCULO 225. LIMITACIÓN DE LA EFICACIA DEL TESTIMONIO. La prueba de testigos no

podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o
contrato.
Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente
pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como
un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que
tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal
omisión.”
69 Advierte la Sala que la señora Jessica Rico Galeano solo laboró del 01 al 31 de agosto de 2022

en el cargo de Asesor II, periodo durante el cual desarrolló actividades concretas, como la revisión
de la Ley 5 de 1992 para su socialización, revisión de un proyecto de ley y revisión de base de
datos.

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duda razonable que, en ámbitos sancionatorios como este, debe operar en favor
del congresista70.

94. Así las cosas, al constatar la Sala que la valoración probatoria realizada en
la sentencia apelada no incurrió en yerros de apreciación y que sus conclusiones
son plausibles en el marco de la sana crítica y la autonomía funcional, se concluye
que los reparos planteados por el recurrente sobre este punto carecen de
vocación de prosperidad; y por el contrario, se acreditó que la vinculación de la
señora Jessica Yasid Rico a la UTL del Representante tuvo como finalidad el
cumplimiento de funciones concretas relacionadas con el apoyo para el control
político a las entidades del Gobierno Nacional y como enlace del Congresista con
la comunidad del departamento de Arauca, por el cual resultó electo como
Representante, funciones que fueron cumplidas por la servidora.

95. De otra parte, la Sala debe precisar que, aunque en su contestación el
Congresista Rozo Anís alegó que las labores de la señora Rico Galeano en gran
parte se desarrollaron bajo la modalidad de teletrabajo en las ciudades de Bogotá
y Arauca, el reproche formulado en la solicitud de pérdida de investidura fue la
ausencia total de funciones desarrolladas y/o ejecutadas durante todo el periodo
en el cual estuvo vinculada la otrora servidora pública a la UTL del Representante,
de manera que al haberse demostrado, de forma general y global, que a la
servidora sí le fueron asignadas actividades y que, estas fueron ejecutadas, se
enervó el presupuesto básico planteado por el solicitante respecto del elemento
objetivo de la causal bajo examen.

96. En adición, para la fecha de los hechos a que se refiere esta causa ya se
había expedido la Ley 2029 de 2020, la cual otorga la posibilidad de que los
representantes a la cámara pudieran designar miembros en sus UTL para prestar
sus servicios desde el territorio por el cual fueron elegidos, incluso a través de las
figuras de teletrabajo o virtualidad. Lo anterior, con el fin de reivindicar la
autonomía, independencia e inviolabilidad del Congreso, promover la debida
representación de las distintas regiones del país y lograr una eficiente labor
legislativa, social y de control de los congresistas.

97. Al respecto, resulta relevante precisar que la jurisprudencia del Consejo de
Estado con anterioridad a la expedición de la citada ley había reconocido que,
tratándose de la Cámara de Representantes, es usual que se “designe personal,
generalmente en las regiones de las que es oriundo el congresista, habida cuenta
de que es allí donde se encuentran aquellos ciudadanos que se ven más
próximamente representados por él”71.

70 Sobre este asunto, en sentencia de 5 de julio de 2019, radicado 05001-23-33-000-2018-02483-

01, la Sección Primera del Consejo de Estado indicó que dado el carácter sancionatorio de estos
procesos, a ellos les resulta plenamente aplicable el principio de in dubio pro reo, que se traduce
en el deber de “demostrar, más allá de toda duda razonable, es decir, de manera rotunda,
concluyente y fehaciente, que el demandado realizó la conducta típica que el ordenamiento jurídico
proscribe y que sanciona con la desinvestidura y que es culpable. Cualquier duda razonable en
relación con la realización de la conducta o la culpabilidad se debe interpretar en favor del
demandado.”.
71 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de marzo de

2017, radicación 11001-03-15-000-2015-00111-00.

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98. Sin embargo, el recurrente alega que en el sub examine no existe respaldo
legal de la modalidad de teletrabajo, por cuanto no se aportó el acuerdo de
voluntades, concluyendo que la referida servidora no ejecutaba función alguna.

99. En relación con el teletrabajo, cabe señalar que fue incorporado en el
ordenamiento jurídico por medio de la Ley 1221 de 2008, como un medio de
generación de empleo y autoempleo, mediante la utilización de tecnologías de la
información y las comunicaciones -TIC. El artículo 2° de la citada ley define al
teletrabajo como “una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de
actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las
tecnologías de la información y la comunicación - TIC, para el contacto entre el trabajador
y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de
trabajo”. Además, dicha norma aclara que el teletrabajador es la “persona que
desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la información y la
comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus servicios”.

100. El ejercicio del teletrabajo puede revestir tres variantes72: (i) autónomos,
que son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para
desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña oficina o un local
comercial. En esta categoría se encuentran las personas que trabajan siempre
fuera de la empresa y solo acuden a la oficina en algunas ocasiones; (ii) móviles,
que son los teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas
herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las
TIC en dispositivos móviles; y (iii) suplementarios, que corresponde a aquellos
teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del
tiempo lo hacen en una oficina.

101. La Ley 1221 de 2008 fue reglamentada inicialmente por el Decreto 884
73
de 2012 . Esta norma establecía las condiciones laborales especiales del
teletrabajo que regían las relaciones entre empleadores y teletrabajadores. Así, el
artículo 6° del mencionado decreto dispone:

“ARTÍCULO 6°. Manuales de funciones de las entidades públicas. Para los
servidores públicos las entidades deberán adaptar los manuales de funciones y
competencias laborales, con el fin de permitir y facilitar la implementación del
teletrabajo como una forma de organización laboral.” (Subrayado de la Sala)

102. La jurisprudencia constitucional también se ha pronunciado sobre el
teletrabajo. Así, por ejemplo, en la sentencia C-103 de 20217475, la Corte señaló:

72 Sobre el particular, ver Sentencia C-212 de 2022 de la Corte Constitucional.
73 Compilado dentro del Capítulo 5 al Título 1, Farte 2, Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único

Reglamentario del Sector Trabajo,
74 Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo.
75La Corte Constitucional declaró EXEQUIBLES, por el cargo analizado, (i) el numeral 1° del

artículo 6 de la Ley 1221 de 2008, “Por la cual se establecen normas para promover y regular el
teletrabajo y se dictan otras disposiciones”; y (ii) el parágrafo del artículo 6 de la mencionada
ley, salvo la siguiente expresión: “el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada
laboral, y”, la cual se declaró INEXEQUIBLE.

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“(…) Finalmente, es importante hacer una serie de precisiones respecto del
teletrabajo. En primer lugar, como ya se ha explicado, si bien éste reviste unas
particularidades especiales en atención a su naturaleza, lo cierto es que no altera
la disponibilidad de los trabajadores respecto del empleador, pues el elemento
de subordinación se mantiene intacto (de acuerdo con lo señalado en el artículo 3
del Decreto 884 de 2012), solo que este último se redefine, al permitir el uso de los
poderes de dirección y orientación, sin la presencia física del empleado en un sitio
específico de trabajo.

En segundo lugar, con independencia de la categoría de teletrabajo que se asuma,
es claro que su naturaleza flexible permite pactar los horarios en que se prestará el
servicio, siempre con el deber de respetar unos mínimos que respondan al amparo
de la dignidad del trabajador y a la justicia en las relaciones de trabajo, como es el
de las normas sobre la jornada máxima legal (tal como advierte el artículo 3 del
Decreto 884 de 2012). (…)

Y, en tercer lugar, el límite de la jornada máxima legal se inscribe dentro de la
órbita de protección del derecho al descanso del trabajador –lo que incluye la
vertiente del derecho a la desconexión digital– cuya obligatoriedad resulta
predicable frente al teletrabajo,
(…)
De esta manera, al no estar sometido a una presencia física en un lugar de
trabajo, el teletrabajador se somete a unas condiciones especiales, en las que
priman las metas, los resultados y la ejecución de lo contratado, a partir del uso de
tecnologías que brindan dicha flexibilidad, la cual se traslada a la fijación de los
días y horarios de prestación del servicio, siempre sobre la base del límite de la
jornada máxima legal de 48 horas a la semana o de cualquier otra que se fije por
el legislador. Se trata de un esquema que sigue, mutatis mutandi, el formato de
distribución de la jornada por mutuo acuerdo entre las partes del contrato de
trabajo, que se consagra en el literal d), del artículo 161, del CST.
(…)
Finalmente, en la sentencia también se aclaró que la figura del teletrabajo es
distinta al trabajo en casa, adoptado con ocasión de la pandemia del COVID-
19. En efecto, no se trata de conceptos asimilables, pues mientras el primero se
sujeta indispensablemente al uso de las TIC para el desempeño de la actividad y
el contacto con la empresa; el trabajo en casa, como lo establece el Ministerio del
Trabajo, responde a una “(…) situación ocasional, temporal y excepcional, [ajena
a] los requerimientos necesarios para el teletrabajo, y [que] se constituye [en] una
alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento legal, para el desarrollo de las
actividades laborales en el marco de la actual emergencia sanitaria”.

Esta opción de prestación del servicio tiene como fin trasladar temporalmente el
lugar de trabajo, por circunstancias especiales que impiden al trabajador acudir
con normalidad al sitio dispuesto habitualmente para el efecto, con miras a
preservar la estabilidad en los empleos, sin alterar el objeto de lo contratado, la
naturaleza del contrato o la forma como se ejecuta, la cual, por lo general, no
requiere el uso de las TIC, tal y como lo dispone el Ministerio del Trabajo en la
Circular 0041 de 2020.” (Resaltado original)

31

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103. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1227 del 18 de
julio de 202276, con el fin de modificar y adicionar algunos artículos del Decreto
884 de 2012, para impulsar el teletrabajo como forma de organización laboral,
para lo cual se propuso eliminar las barreras que hacen difícil su implementación.

104. Así, el artículo 3 del decreto en cita señala que, entre otras, (i) el contrato de
teletrabajo debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 39 del CST
para los trabajadores particulares; y las disposiciones vigentes que rigen las
relaciones o vinculaciones con los servidores públicos, incluyendo, en ambos
casos, las garantías básicas de todos los trabajadores. Además, se aclara que (ii)
el contrato o la vinculación deberá indicar, por lo menos, (a) las condiciones
necesarias para la ejecución de las funciones asignadas, los medios tecnológicos
y de ambiente requeridos, así como la descripción de equipos y programas
informáticos, junto con las restricciones y las responsabilidades que pueda
acarrear su incumplimiento; (b) la modalidad de teletrabajo a ejecutar y la
jornada semanal aplicable; (c) las responsabilidades en cuanto a la custodia de los
elementos de trabajo y procedimiento de restitución de equipos; así como (d) las
medidas de seguridad digital que debe conocer y cumplir el teletrabajador, y (e) la
descripción de los requisitos mínimos del puesto de trabajo para el desarrollo de la
labor contratada, en aspectos ergonómicos y tecnológicos.

105. Adicionalmente, el referido decreto estableció las obligaciones de las
partes77, las obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales, la
obligación del empleador o entidad pública de adoptar y publicar de manera
virtual, la política interna en que se regule los términos, características, y
condiciones del teletrabajo conforme a las necesidades y particularidades del
servicio y sobre la flexibilidad de esta modalidad dispuso:

“ARTICULO 2.2.1.5.17. Flexibilidad del teletrabajo Las partes procurarán la
flexibilización respecto del tiempo y modo en el desempeño de la labor contratada,
siempre que se cumpla con la jornada laboral semanal establecida para servidores
públicos y trabajadores del sector privado. Con este fin, se podrán acordar los
esquemas de cumplimiento y seguimiento de funciones, así como de tiempos de
entregas de trabajos y de ejecución de labores. La flexibilidad en el cumplimiento
del horario de trabajo no podrá afectar el descanso efectivo de los

76
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.5.3, 2.2.1.5.5, 2.2.1.5.8 y 2.2.1.5.9. y se adicionan los
artículos 2.2.1.5.15 al 2.2.1.5.25 al Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo,
relacionados con el Teletrabajo.”
77“ARTÍCULO 2.2.1.5.8. Obligaciones de las partes en el desarrollo del teletrabajo Las
obligaciones del empleador y del teletrabajador son las siguientes:
1. El empleador tiene las siguientes obligaciones en el desarrollo de teletrabajo:
1.1 Diligenciar el formulario adoptado para el desarrollo del teletrabajo, suministrado por la
Administradora de Riesgos Laborales.
1.2 Informar a la Administradora de Riesgos Laborales, la modalidad de teletrabajo elegido. En el
caso de teletrabajo suplementario y autónomo, informar el Iugar elegido para la ejecución de las
funciones, así como cualquier modificación a ella. Para el caso de teletrabajo móvil, informar las
condiciones en que se ejecutará la labor contratada. Para cualquier modalidad de teletrabajo, el
empleador indicará la jornada semanal aplicable, la clase de riesgo que corresponde a las labores
ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la empresa, entidad o centro de trabajo.
1.3 Incluir el teletrabajo en su metodología para la identificación, evaluación, valoración y control de
peligros y riesgos de la empresa o entidad, adoptando las acciones necesarias según su Plan de
Trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.(…)”

32

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teletrabajadores, ni su derecho a la desconexión laboral, conforme con lo
dispuesto en la Ley 2191 de 2022, el Código Sustantivo del Trabajo, los Convenios
internaciones en materia de jornada de trabajo ratificados por Colombia y las
normas que adicionen, modifiquen o sustituyan.”

106. Finalmente, la Corte Constitucional explicó que el trabajo en casa78, trabajo a
domicilio, teletrabajo y trabajo remoto79, tienen el elemento común de que no
equivalen a nuevas modalidades de trabajo (o de tipologías de contrato de
trabajo), sino que tan solo prevén nuevas formas en las que se procede a su
ejecución, esto es, a la manera como se presta el servicio, tanto en el ámbito
privado como público, según las características especiales de cada regulación.

107. En el sub examine, se evidencia que la Cámara de Representantes expidió la
Directiva Presidencial No. 002 de 16 de marzo de 202080, en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 385 de marzo de 2020 y la Circular Externa No. 0018 de 2020,
expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se estableció
de manera temporal cuatro opciones de horarios flexibles, así como la
implementación del “teletrabajo o trabajo remoto (en casa)” como medida
excepcional y ocasional81.

108. La anterior medida fue prorrogada a través de las Directivas Presidenciales
No. 003 del 23 de marzo de 2020 y 005 del 13 de abril de 2020; además
atendiendo lo dispuesto en la Resolución 777 de 02 de junio de 2021, expedida

78
Considera la Sala prima facie que el trabajo en casa no aplica a los servidores públicos del
Congreso de la República, por cuanto la Ley 2088 del 12 de mayo de 2021 establece en su artículo
primero:
ARTÍCULO 1o. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. La presente ley tiene por objeto regular la
habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones
ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relación laboral,
legal y reglamentaria con el Estado o con el sector privado, sin que conlleve variación de las
condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral.
PARÁGRAFO. La presente ley no será aplicable a quienes se encuentren cobijados por
regímenes especiales de orden constitucional o legal en atención al desempeño de sus
funciones siempre y cuando estas sean incompatibles con el trabajo en casa.”
79
Por su parte, el trabajo remoto se encuentra regulado en la Ley 2121 de 2021, siendo definido
como “una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su
inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de
tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo, donde el
empleador y trabajador no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. En todo
caso, esta forma de ejecución no comparte los elementos constitutivos y regulados para el
teletrabajo y/o trabajo en casa y las normas que lo modifiquen.”
80 Índice 53 SAMAI.
81 La Directiva No. 002 de 2020 estableció:

“QUINTO: IMPLEMENTAR el teletrabajo o trabajo remoto (en casa) como medida excepcional,
ocasional y temporal para la contención del COVID-19. Esta medida es útil como modalidad de
trabajo cuando las funciones del cargo permitan su implementación. Para lo cual cada
Representante y/o Jefe inmediato, deberá reportar a la División de Personal lo más pronto posible
el listado de los funcionarios a su cargo que aplicarán dicha medida. Se recomienda a los
Representantes a la Cámara, adoptar el uso de las TICS con el objetivo de minimizar la presencia
de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo -UTL- en las instalaciones del Congreso.
SEXTO: De conformidad con lo anteriormente dispuesto, la vinculación al Teletrabajo o trabajo
remoto (en casa) es voluntaria, tanto para la entidad como para el trabajador. Para tal efecto, los
servidores públicos seleccionados por la Cámara de Representantes para hacer parte de esta
medida temporal, deberá suscribir un acuerdo de voluntariedad con la entidad. Dicho formato
deberá solicitarse a la División de Personal. La implementación de la anterior disposición, no
ocasionará gastos a cargos de la Entidad.”

33

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por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Cámara de Representantes
profirió la Directiva Presidencial No. 012 del 15 de junio de 2021, mediante la cual
comunicó que a partir del 21 de junio de 2021, los funcionarios de esa Corporación
debían retornar a sus labores presenciales, bajo los protocolos de bioseguridad.

109. Estima Sala que con ocasión de la pandemia del COVID-19, la Cámara de
Representantes asimiló el teletrabajo, trabajo en casa y el trabajo remoto; figuras
que según la ley y la jurisprudencia constitucional difieren en sus características
esenciales8283; además el numeral sexto de la Directiva No. 002 de 2020 estipuló
que para ser beneficiario de esa medida temporal se debía firmar un acuerdo de
voluntades con la entidad, el cual debía solicitarse a la División de Personal, es
decir, dicho formato se suscribía con la Corporación y no con el Congresista, dado
que el teletrabajo es un acuerdo de voluntades entre la administración y el
empleado.

110. La Sala advierte además que, pese al requerimiento probatorio del despacho
sustanciador, no se allegó el acto administrativo por medio del cual se regula la
política interna de Teletrabajo en la Cámara de Representantes y los lineamientos
generales para su implementación, tampoco el manual de procedimiento de
vinculación a la mencionada figura o el Manual de Teletrabajo, donde se
establezca los requisitos necesarios para realizar la solicitud de postulación,
revisión, evaluación y selección de los funcionarios interesados en ejecutar dicha
modalidad; al igual que las condiciones para la aprobación o negación, en otras
palabras, no hay certeza del procedimiento, de los responsables o su rol, de las
actividades y los registros a llevar a cabo para el acuerdo de teletrabajo84.

111. Cabe precisar también que, aun cuando las pruebas aportadas al plenario no

82 Sentencia C-212/2022, Magistrado ponente: Alejandro Linares Cantillo, ver cuadro numeral 156.
83 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-212 de 2022, explicó: “(…) Antecedentes y
consagración legal del trabajo en casa. La introducción de la habilitación del trabajo en casa nace
como una necesidad derivada de los mecanismos de contingencia creados para atender las
consecuencias generadas por la pandemia del COVID-19. De esta manera, el Presidente de la
República expidió la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020, mediante la cual se ordenó
a los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional adoptar mecanismos que
permitan el cumplimiento de las labores y funciones de los servidores públicos desde la casa, por
medio del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC.
(…)
El trabajo en casa difiere del teletrabajo, entre otras razones, (i) porque el primero corresponde a
una simple habilitación temporal para prestar el servicio en casa, por la existencia de razones
ocasionales, excepcionales o especiales que impiden asistir al lugar tradicionalmente señalado
para el efecto; mientras que el teletrabajo es una forma de organización laboral cuya
prestación del servicio exige obligatoriamente la utilización de tecnologías de la información
y las comunicaciones, y si bien excluye la presencia física del trabajador en un sitio específico de
trabajo, nada impide que pueda acudir con cierta frecuencia a la oficina, como ocurre con el
teletrabajador en la variedad suplementaria.
Adicionalmente, (ii) el trabajo en casa es netamente temporal, por lo que en principio se extenderá
hasta un término de tres meses prorrogable por un plazo igual, sin perjuicio de extenderse hasta
que desaparezcan las condiciones que autorizaron su habilitación. Por el contrario, el teletrabajo
es permanente y su finalización se sujeta a las reglas de terminación del vínculo, en los
términos del CST. (…)”
84 Por ejemplo, el Senado de la República expidió Resolución 542 del 11 de mayo de 2023, “por

medio de la cual se adopta la política interna de Teletrabajo y se dictan lineamientos generales
para su implementación”; Procedimiento de vinculación a la modalidad de Teletrabajo fecha de
aprobación 2023-12-15 y Manual de Teletrabajo fecha de aprobación 2024-07-29.

34

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den certeza del presunto acuerdo de voluntades para desarrollar la modalidad de
teletrabajo, lo cierto es que dicha falencia por sí sola no lleva a configurar los
elementos definitorios de la desinvestidura que aquí se analiza, por cuanto se
reitera que lo que se alegó en la demanda fue la ausencia de funciones ejecutadas
por la señora Rico Galeano, lo cual se desvirtuó en el plenario, y por el contrario,
las pruebas dan convicción que la referida servidora si laboró ocasionalmente en
el Congreso y en el territorio.

112. Debe destacarse que incluso la testigo fue contundente al declarar que la
señora Jessica Rico laboró bajo la modalidad de teletrabajo desde las ciudades de
Bogotá y Arauca, lo cual corrobora lo alegado por la defensa del Representante;
además no es cierto que los Oficios No. D.P.4.1.2054/2024 y D.P.4.1.2055 del 08
de agosto de 202485 expedidos por el Jefe División de Personal certifiquen que la
servidora no contaba con aprobación o autorización para desarrollar sus funciones
bajo la figura del teletrabajo86, pues nada al respecto mencionan los citados
documentos y la parte actora incumplió la carga probatoria que le correspondía.

113. En todo caso, se debe recordar que de acuerdo con el artículo 5° de la
Resolución 2330 de 2016, “Por la cual se establece la jornada laboral ordinaria y
flexible para los Servidores Públicos de la Cámara de Representantes”87, las
jornadas, turnos u horarios en los que los servidores de la UTL prestarán su
servicio deben ser fijados por los Representantes a la Cámara para los cuales
laboran88, en otras palabras, la flexibilidad laboral es consustancial a la labor de
estas Unidades.

114. La Sala no comparte el argumento del recurrente cuando asimila la no
existencia de soporte documental para el teletrabajo con la no ejecución de
función alguna por parte de la servidora, dado que el hecho que no se haya
allegado el acuerdo de voluntades no necesariamente implica que la señora Rico
Galeano no haya laborado; o per se la inexistencia de actividades labores o que
estas no sean válidas.

115. Así las cosas, no se probó con grado de convicción suficiente, una indebida
destinación de dineros públicos por parte del Representante Rozo Anís, por los
motivos que a continuación se sintetizan: (i) La señora Jessica Rico sí tenía
asignadas actividades de apoyo a la tarea legislativa de acuerdo a los informes y
el testimonio de Leidy Fernández; (ii) No se acreditó por la parte actora la

85 Índice 53 SAMAI
86 El Oficio No. D.P.4.1.2055, solo remitió los desprendibles de nómina, certificaciones de
cumplimiento de labores de los miembros de la UTL del Congresista, la hoja de vida de la señora
Jessica Yasid Rico, en la cual se incluyó las solicitudes de licencias no remuneradas junto con las
resoluciones que las concedieron, así como las resolución con la cual se aceptó la renuncia al
cargo del Asistente I de la UTL, y certificación laboral en la cual se detallaron los cargos
desempeñados y la asignación salarial para cada uno de ellos; sin embargo, nada se dijo respecto
si la mencionada funcionaria contaba con autorización para desarrollar las funciones bajo
teletrabajo.
87 Disponible en https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/RESOL%202330.pdf
88 “Artículo 5° Se exceptúan de las jornadas a que se refiere esta resolución y de los horarios y

turnos para el almuerzo a que se refiere la presente resolución, los empleados de las unidades de
trabajo legislativo, cuyo horario será fijado por los Representantes a la Cámara para los cuales
laboran.”

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Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

ausencia total o parcial de funciones desarrolladas y/o ejecutadas por la señora
Rico Galeano durante el periodo en el cual estuvo vinculada a la UTL del
Representante; (iii) La servidora Rico Galeano laboró bajo la modalidad de
teletrabajo desde la ciudad de Bogotá y el Departamento de Arauca; (iv) Se probó
que la servidora sí asistió a las instalaciones del Congreso de la República, lo que
corrobora que sí desarrollaba funciones; (v) No se probó por el accionante que la
la servidora no contara con la autorización o aprobación para realizar alguna de
las modalidades de teletrabajo (autónomo o móvil), y (vi) en todo caso, ante una
duda razonable en ámbitos sancionatorios como este, debe operar en favor del
congresista89.

116. Finalmente, sobre la carga de la prueba, ha considerado la jurisprudencia de
esta Corporación90, que recae en cabeza del solicitante de la pérdida de
investidura91, quien debe acreditar los elementos objetivo y subjetivo de la causal
que invoca92, incluso sin que sea dable afirmar que opera una inversión de dicha
carga, dado el carácter sancionatorio del proceso y la aplicación de la presunción
de inocencia93, por lo que en el presente asunto, la parte accionante incumplió con
la carga probatoria que le correspondía.

117. En consecuencia, en el sub examine, no se encuentra acreditada la causal
de indebida destinación de dineros públicos, puesto que, como se dejó anotado

89 Sobre este asunto, en sentencia de 5 de julio de 2019, radicado 05001-23-33-000-2018-02483-

01, la Sección Primera del Consejo de Estado indicó que dado el carácter sancionatorio de estos
procesos, a ellos les resulta plenamente aplicable el principio de in dubio pro reo, que se traduce
en el deber de “demostrar, más allá de toda duda razonable, es decir, de manera rotunda,
concluyente y fehaciente, que el demandado realizó la conducta típica que el ordenamiento jurídico
proscribe y que sanciona con la desinvestidura y que es culpable. Cualquier duda razonable en
relación con la realización de la conducta o la culpabilidad se debe interpretar en favor del
demandado.”.
90 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo- Consejera Ponente: Marta

Nubia Velásquez Rico, sentencia del 12 de septiembre de 2023, radicación: 11001-03-15-000-
2023-00145-01 [PI]
91 La carga de la prueba en los procesos de pérdida de investidura recae sobre el actor; esta es la

regla general en los procesos de que conoce la justicia contenciosa administrativa, así: “La referida
norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe
probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan
ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico
debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general,
corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al
demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales
basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la
consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si
es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos
de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos
de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses”. Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de diciembre de 2007,
Radicación: 11001-03- 15-000-2006-01308-00(PI), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
92 “[L]a aplicación del principio “onus probandi incumbit actori” acogido en el artículo 167 del

C.G.P., mueve a decir que corresponde al solicitante de la pérdida de investidura, la demostración
de la conducta que reprocha al congresista acusado, tanto en lo que atañe a sus elementos
objetivos, como en lo referente al elemento subjetivo del dolo o de la culpa grave”. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de septiembre de 2020, radicación 11001-03-15-000-
2019-04145-01(PI). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
93 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 16. Sentencia de 11

de octubre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-01599-00(PI) C.P. Nicolás Yepes Corrales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03278-01
Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

en precedencia, se demostró que la servidora Jessica Yasid Rico Galeano sí tenía
asignadas actividades concretas y de las pruebas aportadas se puede inferir
razonablemente que las desarrolló durante el periodo que se desempeñó como
miembro de la UTL del Congresista acusado. Por lo tanto, se despachará de
forma desfavorable las súplicas de la alzada, ya que se constató que la sentencia
de primera instancia, atendió a la valoración racional del plexo probatorio que
yace en el plenario conforme a las reglas de la sana crítica y en congruencia con
el asunto debatido en el sub examine.

Conclusión

118. En suma, esta Sala Plena considera que, al no haberse probado el tercer
supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos, prevista en el numeral 4 del artículo 183
de la Constitución Política y en el numeral 4 del artículo 296 de la Ley 5.ª de 1992,
no es necesario realizar el estudio del elemento subjetivo.

119. Por las razones aquí explicadas, sin ser necesario descender en otras
consideraciones, será confirmada la sentencia proferida el 02 de octubre de 2024
por la Sala Décima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 02 de octubre de 2024, proferida por la
Sala Décima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura de esta Corporación,
mediante la cual se negó la solicitud de pérdida de investidura presentada en
contra del congresista Germán Rogelio Rozo Anís, representante a la cámara por
la circunscripción electoral del departamento de Arauca.

SEGUNDO: Por Secretaría General, COMUNÍQUESE esta decisión a la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al
Ministerio del Interior para lo de su cargo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente, previas las
anotaciones que fueren menester.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03278-01
Accionante: Wilmer Valencia Ladrón de Guevara
Accionado: Germán Rogelio Rozo Anís

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Vicepresidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Magistrado Magistrada

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Magistrada Magistrado

FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrado Magistrada

LUIS EDUARDO MESA NIEVES ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado Magistrado

WILSON RAMOS GIRÓN JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Magistrado Magistrado

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

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