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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01322-01

Fecha
1 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01322-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de marzo de 2025 proferida por Sala Especial 26 de Decisión mediante la cual se decretó la pérdida de investidura de la Representante a la Cámara Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez. SEGUNDO: COMUNICAR esta providencia a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior para lo de su cargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018. TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría General, archivar el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01322-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

1 de septiembre de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01322-01
Demandante: Édgar Solier Millares Escamilla

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Pérdida de investidura
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01322-01
Demandante: Édgar Solier Millares Escamilla
Demandada: Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez
Tema: Pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos.
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia en la que se
decretó la desinvestidura de la congresista demandada. La
prueba trasladada desde la actuación penal fue incorporada y
valorada conforme al artículo 174 del CGP, con respeto de las
garantías de defensa y contradicción. La valoración probatoria
efectuada por la primera instancia a partir de la apreciación
conjunta de los medios documentales, testimoniales e indiciarios
permite concluir, con el estándar probatorio de este juicio, que la
congresista destinó de manera indebida los recursos asignados
a su unidad de trabajo legislativo.

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 28 de marzo
de 2025, proferida por la Sala Especial de Decisión n.° 26, que decretó la pérdida
de investidura de la Representante a la Cámara Mary Anne Andrea Perdomo
Gutiérrez.

I. ANTECEDENTES

Demanda de pérdida de investidura

1. Edgar Solier Millares Escamilla ejerció acción pública de pérdida de investidura
contra la representante a la Cámara Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez por la
causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el artículo 183.4 de
la Constitución Política, en relación con los recursos destinados a su Unidad de
Trabajo Legislativo (UTL) conforme al artículo 388 de la Ley 5 de 1992 1.

2. Expuso que la demandada fue elegida Representante a la Cámara por el
departamento de Santander para el período 2022-2026 y que, en ejercicio de la
facultad de conformar su UTL, desde julio de 2022 vinculó a María Isabel Rueda
Guerrero como asistente grado V.

3. Indicó que, tras la renuncia de esta, la congresista postuló y obtuvo el
nombramiento de Laura Fernanda Rueda Guerrero como asesora grado I,

1 Ley 5 de 1992. Artículo 296: La pérdida de la investidura se produce: (…) 4. Por indebida destinación de
dineros públicos.

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Demandante: Édgar Solier Millares Escamilla

actuación que a su juicio fue apenas formal pues María Isabel Rueda habría
continuado ejecutando de facto funciones en la UTL.

4. Afirmó que Laura Fernanda Rueda Guerrero no desarrolló actividades reales en
la UTL y que la gestión cotidiana de la oficina, incluidas las comunicaciones,
instrucciones de trabajo y presencia en el Congreso, siguió a cargo de María Isabel
Rueda Guerrero. Con fundamento en ello, señaló que los salarios reconocidos a
Laura Fernanda se destinaron a un fin distinto del legalmente autorizado, al simular
una relación laboral para canalizar remuneraciones hacia quien no figuraba
formalmente como servidora.

5. Agregó que la representante conocía y toleraba esa irregularidad, pues, pese a
la supuesta inactividad de Laura Fernanda, expidió certificaciones sobre el
cumplimiento de sus labores. Concluyó que la conducta desnaturalizó la finalidad
de los recursos públicos y se ejecutó, por lo menos, con dolo eventual o culpa grave.

6. En consecuencia, solicitó decretar la pérdida de investidura de la representante
y su separación del cargo. Como pruebas, pidió, entre otras, certificaciones de
pagos y de cumplimiento o incumplimiento de labores, el traslado de las
actuaciones adelantadas en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema
de Justicia y la práctica de inspección judicial sobre los registros de ingreso al
Congreso.

Admisión y contestación de la demanda

7. Mediante auto del 20 de marzo de 2024 2, la Sala Especial de Decisión n.° 26 del
Consejo de Estado admitió la solicitud, ordenó la notificación personal de la
demandada y la del Ministerio Público y requirió al peticionario para allegar
certificaciones sobre pagos, cumplimiento de labores y situaciones administrativas
de integrantes de la UTL, así como para ajustar la solicitud de testimonios.

8. La congresista contestó la solicitud 3, se opuso a las pretensiones y negó la
configuración de la causal invocada. Sostuvo que Laura Fernanda Rueda Guerrero
sí cumplió las labores asignadas y afirmó que los hechos planteados por el actor se
sustentaban en apreciaciones y conjeturas.

9. También propuso la excepción previa de ineptitud de la demanda por considerar
que el escrito no cumplía los requisitos de los artículos 162 del CPACA y 82 del
Código General del Proceso (en adelante CGP). Añadió que las vinculaciones de
María Isabel Rueda Guerrero y Laura Fernanda Rueda Guerrero no desconocieron
el artículo 126 de la Constitución Política porque ninguna de ellas era ordenadora
del gasto ni intervino en su propia designación, por lo que no existía inhabilidad que
sustentara la causal alegada. 4

2 Índice Samai 035 del expediente electrónico de primera instancia.
3 Índice Samai 044 del expediente electrónico de primera instancia.
4 La excepción previa de ineptitud de la demanda formulada por la congresista —sustentada en el presunto

incumplimiento de los requisitos formales e indebida acumulación de pretensiones (arts. 82 del CGP y 162 del
CPACA)— fue resuelta por el consejero ponente de primera instancia mediante auto del 24 de julio de 2024,
que la declaró no probada. Previo traslado dispuesto por auto del 9 de mayo de 2024, en el que el solicitante
se opuso, y decidida de plano conforme a los artículos 100 a 102 del CGP, la providencia constató que la
solicitud satisfacía los requisitos del artículo 5 de la Ley 1881 de 2018 —norma especial que rige el escrito de
desinvestidura— y que la excepción se limitó a transcribir las normas invocadas sin señalar un defecto concreto

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Decreto de pruebas y su práctica

10. Mediante auto del 9 de mayo de 2024 5 fueron decretadas como pruebas los
documentos aportados por el solicitante y se ofició a la Sala Especial de Instrucción
de la Corte Suprema de Justicia para que remitiera copia íntegra de la investigación
penal bajo el radicado 11001-02-47-000-2023-00149-00, adelantada contra la
representante demandada por presuntos ilícitos relacionados con la postulación,
vinculación y retiro de miembros de su UTL. Esa Corporación atendió el
requerimiento mediante oficio recibido el 23 de mayo de 2024 6, con el cual se allegó
al expediente la copia de la actuación penal.

11. Además, negó la inspección judicial solicitada sobre las cámaras de seguridad
y los mecanismos electrónicos de control de acceso del Congreso de la República
y la sustituyó por una certificación de la Cámara de Representantes sobre los
movimientos por los puntos de control de María Isabel Rueda Guerrero y Laura
Fernanda Rueda Guerrero al Capitolio y al Edificio Nuevo entre el 11 de enero y el
30 de septiembre de 2023. De oficio, requirió a la Dirección Administrativa de esa
corporación información sobre los registros de cumplimiento de las labores
asignadas a ambas servidoras, la modalidad presencial o remota de sus servicios
y la vinculación del solicitante a la UTL, y pidió a la Secretaría de la Sección Quinta
del Consejo de Estado informar si contra el acto de elección de la congresista se
tramitó medio de control de nulidad electoral y, en caso afirmativo, remitir copia de
la sentencia con constancia de ejecutoria.

12. En esa misma providencia, se dispuso que la práctica de los testimonios
solicitados por el peticionario, relativos a integrantes y exintegrantes de la UTL,
quedaría diferida hasta tanto la congresista designara un apoderado de confianza
para garantizar sus derechos de defensa y contradicción durante la práctica de esas
pruebas. Mediante auto de 22 de octubre de 2024 7, una vez reconocida la
personería del apoderado de la congresista, se programó la práctica de los
testimonios de: María Isabel Rueda Guerrero, Anny Farley Rivero Camacho, Ángel
Yesid Monsalve Ortiz, Patricia Arenas Quintero, Jenny Marcela Mayorca Camacho,
Kirle Andrea García Vega, Yenny Liliana Rincón Gutiérrez, Gladys Morales
Morales, Laura Fernanda Rueda Guerrero, Angélica Cárdenas Oliveros, William
Ricardo Rueda Patiño, Maritza González Giraldo y Grenfell Lozano Guerrero.

13. Los días 27 y 28 de noviembre de 2024 se practicaron ocho de los testimonios
decretados, esto es, los de Laura Fernanda Rueda Guerrero, María Isabel Rueda
Guerrero, Angélica Cárdenas Oliveros, William Ricardo Rueda Patiño, Grenfell
Lozano Guerrero, Anny Farley Rivero Camacho, Kirle Andrea García Vega y Ángel
Yesid Monsalve Ortiz. Su práctica se realizó con intervención del consejero ponente
y la oportunidad de interrogatorio y contrainterrogatorio por parte del peticionario,

del libelo. Precisó, además, que el medio de control de pérdida de investidura admite una sola pretensión posible
—el retiro de la investidura—, lo que descartaba la indebida acumulación, y que los reparos sobre la presunta
insuficiencia probatoria y sobre la designación de dos parientes en la misma unidad de trabajo legislativo
correspondían al fondo del asunto. Finalmente, advirtió que, conforme al artículo 102 del CGP, por los hechos
alegados en la excepción no sería posible invocar causal de nulidad procesal.
5 Índice Samai 066 del expediente electrónico de primera instancia.
6 Índice Samai 087 del expediente electrónico de primera instancia.
7 Índice Samai 125 del expediente electrónico de primera instancia.

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Demandante: Édgar Solier Millares Escamilla

la congresista, su apoderado y la agente del Ministerio Público. El solicitante
desistió de la declaración de Jenny Marcela Mayorca Camacho.

14. Mediante auto del 16 de diciembre de 2024 8 el despacho prescindió de los
testimonios de Yenny Liliana Rincón Gutiérrez, Maritza González Giraldo, Patricia
Arenas Quintero y Gladys Morales Morales ante su inasistencia a las audiencias
programadas, y decretó como prueba de oficio la incorporación de las capturas de
pantalla de las conversaciones del grupo de WhatsApp mencionado por el
solicitante. En la misma providencia se incorporaron al expediente, en cadena de
custodia, las pruebas trasladadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema
de Justicia y se corrió traslado de ellas a los extremos procesales 9.

15. Finalmente, a través de oficios del 17 de enero de 2025 se comunicó a la parte
demandante y a la congresista accionada que, debido al carácter reservado de la
etapa procesal en que se encontraba la investigación penal, el acceso a la prueba
trasladada debía realizarse de manera presencial en la Secretaría General del
Consejo de Estado. 10

Audiencia Pública

16. El 22 de enero de 2025 11 se celebró la audiencia pública prevista en el artículo
12 de la Ley 1881 de 2018. La parte demandante sostuvo que el acervo probatorio
acreditaba los elementos objetivo y subjetivo de la causal porque María Isabel
Rueda Guerrero habría continuado desempeñando funciones en la UTL durante el
periodo de desvinculación formal, sin que se demostrara actividad funcional real de
Laura Fernanda Rueda Guerrero. Además, destacó el contenido de la declaración
rendida por esta última en la actuación penal.

17. El Ministerio Público solicitó negar las pretensiones, consideró que no se
configuraba una destinación indebida de dineros públicos pues el relevo de
personal obedeció a decisiones ordinarias de administración y el régimen de las
UTL admite teletrabajo, de modo que la baja presencialidad no permite inferir, por
sí sola, inactividad. Agregó que los testimonios y certificaciones daban cuenta de
labores desarrolladas por la asesora.

18. Por su parte, la demandada afirmó que las visitas de María Isabel obedecían a
una relación personal y no al ejercicio de funciones públicas e insistió en que la
causal no se configuraba porque la pérdida de investidura exige una desviación real
de la finalidad del gasto y no surge de la sola expedición de certificaciones erróneas.

8 Índice Samai 210 del expediente electrónico de primera instancia.
9 Ese acervo comprendía las providencias proferidas en esa actuación: el auto de apertura de instrucción del

18 de abril de 2024, la providencia del 5 de septiembre de 2024 que resolvió la situación jurídica de la procesada
y el auto de cierre de instrucción del 17 de octubre de 2024, la indagatoria rendida por la congresista, las
declaraciones de integrantes y exintegrantes de la UTL, el tráfico de correos electrónicos y mensajes de datos
recopilado en esa investigación, la información financiera de María Isabel y Laura Fernanda Rueda Guerrero,
incluidos los soportes de descuentos, embargo y transferencias entre ambas, los documentos sobre la salida
del país de Laura Fernanda Rueda Guerrero y las interceptaciones de comunicaciones practicadas por esa
Corporación.
10 Índice Samai 223 y 224 del expediente electrónico de primera instancia.
11 Índice Samai 229 del expediente electrónico de primera instancia.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

19. Mediante sentencia del 28 de marzo de 2025 la Sala Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura n°26 decretó la pérdida de investidura de la representante a
la Cámara Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez por incurrir en la causal de
indebida destinación de dineros públicos prevista en el artículo 183.4 de la
Constitución Política. Como cuestiones previas, precisó que el fallo debía respetar
el principio de congruencia frente a los hechos expuestos en la solicitud, reconoció
la autonomía del juicio de pérdida de investidura frente al proceso penal, valoró la
actuación remitida por la Corte Suprema de Justicia como prueba trasladada en los
términos del artículo 174 del CGP, otorgó mérito a las providencias emitidas en el
trámite penal y a los mensajes de datos allegados, pero descartó la indagatoria de
la congresista como medio de convicción apto para suplir el interrogatorio de parte.

20. En el estudio de fondo, la Sala identificó como problema jurídico12 si la
representante a la Cámara incurrió en la causal de indebida destinación de dineros
públicos por designar en su UTL a Laura Fernanda Rueda Guerrero con el propósito
de que figurara como asesora sin ejecutar realmente las funciones del cargo,
mientras María Isabel Rueda Guerrero, desvinculada formalmente, continuaba
desarrollando de facto las labores de la oficina.

21. A partir de la jurisprudencia de la Sala Plena 13, explicó que la causal exige
verificar tres presupuestos: la condición de congresista, la existencia de dineros
públicos y su destinación indebida. También recordó que, tratándose de recursos
asignados a la nómina de la UTL, la causal puede configurarse cuando el
congresista, mediante el ejercicio de su facultad nominadora y de certificación de
labores, distorsiona la finalidad del gasto para beneficiar a un tercero o sostener
una nómina instrumental o simulada.

22. Tuvo por acreditados los dos primeros presupuestos de la causal. Encontró
probado que Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez ostentaba la calidad de
congresista cuando postuló a María Isabel Rueda Guerrero y, después, a Laura
Fernanda Rueda Guerrero para integrar su UTL. También dio por demostrado que,
como consecuencia del nombramiento de Laura Fernanda como asesora grado I,
se dispuso de dineros públicos, puesto que esta fue incluida en nómina y percibió

12 “Corresponde a la Sala determinar si una representante a la Cámara incurrió en la causal de indebida

destinación de dineros públicos (artículos 183.4 C. Pol. y 296.4 Ley 5 de 1992) por designar una asesora de la
UTL que, de manera premeditada, no ejecutó las funciones propias de su cargo y, con ello, distorsionar el fin
previsto de los dineros destinados para la remuneración de los servicios. Asimismo, por permitir que una
asistente, retirada del servicio del Congreso de la República, continuara cumpliendo funciones propias de la
UTL después de la desvinculación.”
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de septiembre de 2011,

Rad. 11001-03-15-000-2010-01357-00 [fundamento jurídico 3.2.2.]. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2024-00263-01
[fundamento jurídico 3]. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de
septiembre de 2011, Rad. 11001-03-15-000-2010-01357-00 [fundamento jurídico 3.2.2.]. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de marzo de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2015-
00111-00 [fundamento jurídico 2.5], Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 27 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2024-00263-01 [fundamento jurídico 3]. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 10 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-
04001-01 [fundamento jurídico 3.4.3.]. Sobre este mismo aspecto, ver sentencia del 28 de marzo de 2017 de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2015-00111-00 [fundamentos jurídicos
2.7.3. y 2.7.4.].

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salarios y prestaciones con cargo al erario por más de ciento dos millones de
pesos.14

23. En cuanto al tercer presupuesto, la Sala de primera instancia sostuvo que la
indebida destinación podía acreditarse mediante prueba indiciaria dada la dificultad
de comprobar de forma directa maniobras fraudulentas o simuladas. Desde esa
perspectiva, valoró de manera conjunta la documental, los testimonios y el
expediente penal trasladado para concluir que María Isabel Rueda Guerrero
continuó ejerciendo funciones asistenciales en la UTL después de su retiro formal,
mientras Laura Fernanda Rueda Guerrero, aunque figuró como asesora, no ejecutó
en realidad las funciones del cargo. Para sustentar esa inferencia, destacó, entre
otros aspectos, la presencia reiterada de María Isabel en la oficina durante el
período de desvinculación, la falta de ejecución real de labores por parte de Laura
Fernanda, las transferencias del salario recibido por esta a favor de María Isabel y
el contexto de descuentos y embargos que afectaban su remuneración.

24. Con ese conjunto probatorio, la Sala de primera instancia concluyó que la
congresista promovió y consintió un esquema orientado a que Laura Fernanda
figurara como integrante formal de la UTL para permitir que María Isabel siguiera
prestando servicios y recibiendo, por interpuesta persona, la remuneración
correspondiente.

25. Respecto al elemento subjetivo, estimó acreditado que la conducta no obedeció
a una simple desorganización administrativa ni a una deficiente supervisión del
trabajo de la UTL. Consideró demostrado que la representante conocía la
irregularidad y encaminó su voluntad a sostenerla, pues postuló a Laura Fernanda
Rueda Guerrero pese a que no estaba llamada a desempeñar efectivamente el
cargo, permitió que María Isabel continuara actuando en la oficina sin vínculo formal
y certificó el cumplimiento de labores de la asesora durante un período prolongado
en el que, según el acervo probatorio, estas no se ejecutaron.

26. El 23 de abril de 2025 la parte demandada solicitó la aclaración y adición de la
sentencia de primera instancia con reparos orientados, principalmente, a la forma
de la parte resolutiva y al alcance del análisis probatorio, incluida la valoración de
la prueba trasladada y el desarrollo jurisprudencial de la causal. Mediante auto del
30 de mayo de 2025 se negaron ambas solicitudes con fundamento en que la
adición solo procede cuando existe un punto del litigio sin decisión y la aclaración
se limita a expresiones de la parte resolutiva que generen duda real. Se precisó
que los cuestionamientos formulados correspondían a inconformidades con el
sentido del fallo, asunto propio del recurso, y previno al apoderado sobre el deber
de lealtad, buena fe y respeto en sus intervenciones.

III. RECURSO DE APELACIÓN

27. La demandada interpuso recurso de apelación 15 contra la sentencia del 28 de
marzo de 2025 y solicitó que fuera revocada. Indicó, en síntesis, que la decisión

14 C. SALA 4, pág. PDF 6_AEI 0070-2024.
15 Índice Samai 252 del expediente electrónico de primera instancia.

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incurrió en errores in iudicando e in cogitando, por cuanto, a su juicio, se apoyó en
una valoración probatoria subjetiva y sesgada, carente de sustento legal.

28. Sostuvo que la sentencia de primera instancia se apartó de manera injustificada
de los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Plena sobre la causal de indebida
destinación de dineros públicos, particularmente de las sentencias del 28 de marzo
de 2017 (radicado 11001-03-15-000-2015-00111-00) y del 21 de enero de 2025
(radicado 11001-03-15-000-2024-03278-01). Señaló que el a quo desconoció que
los miembros de las UTL no están obligados a ejecutar sus funciones
exclusivamente en la sede del Congreso, que la Ley 2029 de 2020 autoriza el
teletrabajo y la virtualidad, de modo que la ausencia de presencialidad no puede
ser el criterio determinante para inferir el incumplimiento de funciones; que la
conducta negligente del congresista al certificar el cumplimiento de labores de los
integrantes de su UTL no configura por sí sola la causal invocada; y que la ausencia
de un convenio explícito de teletrabajo tampoco conduce necesariamente a la
pérdida de investidura.

29. Cuestionó la valoración de la prueba trasladada desde la investigación penal
adelantada en la Corte Suprema de Justicia. Afirmó que la congresista no participó
en la práctica de esos testimonios ni tuvo oportunidad de contrainterrogar a los
declarantes, y que en este proceso no se dispuso su ratificación, por lo que tales
medios de convicción no podían servir de fundamento para una decisión adversa
sin desconocer las reglas del artículo 174 del CGP y las garantías de defensa y
contradicción. Con fundamento en ese cargo solicitó, además, que se declarara la
nulidad de la valoración de dichas pruebas.

30. Reprochó la apreciación de los testimonios recaudados directamente en el
proceso por estimar que el a quo seleccionó de manera fragmentaria los apartes
desfavorables a la demandada y restó valor a aquellos que daban cuenta de
actividades desarrolladas por Laura Fernanda Rueda Guerrero y del carácter
personal, no funcional, de las visitas de María Isabel Rueda Guerrero al Congreso.
Cuestionó, en la misma línea, la inferencia construida a partir de la supuesta
inconsistencia entre los motivos «familiares» y «personales» aducidos para la
primera desvinculación de esta última, pues, en su criterio, los asuntos familiares
constituyen una especie de los personales y esa divergencia no revelaba
contradicción alguna. Añadió que esta lectura condujo a inferir, sin soporte
suficiente, que María Isabel continuó ejerciendo funciones en la UTL y que existió
una sustitución irregular en el desempeño del cargo.

31. Manifestó que, en aras de aclarar la situación, la congresista solicitó a Laura
Fernanda Rueda Guerrero un informe consolidado de actividades, suscrito el 30 de
septiembre de 2023, cuya aportación oportuna al proceso se habría frustrado por
un error técnico en la contestación de la demanda. Acompañó ese documento al
recurso, junto con la excusa presentada ante la Mesa Directiva de la Cámara el 22
de marzo de 2023, y anunció que serían solicitados como prueba en segunda
instancia.

32. Alegó que no se acreditó el elemento objetivo de la causal porque su
configuración exige demostrar que el congresista destinó recursos públicos a fines

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u objetos no autorizados, distintos o prohibidos, y no basta acreditar el pago de
salarios con cargo a un empleo formalmente existente en la planta de la UTL. En
esa línea, sostuvo que el eventual incumplimiento funcional o deficiencia en la
supervisión del trabajo de la asesora podría comprometer otras formas de
responsabilidad, pero no configuraba, por sí sola, una desviación de la finalidad del
gasto público. Agregó que el régimen aplicable a las UTL permite el trabajo remoto,
de modo que la escasa presencialidad de Laura Fernanda no autorizaba a inferir
su inactividad.

33. Finalmente, sostuvo que tampoco se probó el elemento subjetivo de la causal,
pues no existía evidencia de un acuerdo orientado a que Laura Fernanda Rueda
Guerrero se abstuviera de ejercer el cargo ni de que la congresista hubiera
dispuesto los recursos con la finalidad de trasladar el salario a un tercero. Según
su planteamiento, la sentencia amplió indebidamente el alcance de la causal al
derivarla de una presunta falta de control sobre el trabajo de la asesora, y no de
una conducta deliberada de desviación del gasto público. Por ello solicitó revocar
la sentencia y negar la pérdida de investidura; subsidiariamente, pidió excluir la
valoración de la prueba trasladada y adoptar las medidas necesarias para
restablecer sus garantías procesales.

Admisión del recurso

34. Mediante auto del 21 de julio de 2025 16 se admitió el recurso de apelación por
haber sido interpuesto oportunamente conforme al artículo 14 de la Ley 1881 de
201817. En la misma providencia se negó la incorporación del documento allegado
con la alzada, relacionado con el informe de actividades de Laura Fernanda Rueda
Guerrero, porque fue aportado en segunda instancia sin que se acreditara alguna
de las causales previstas en el artículo 212 del CPACA.

Oposición al recurso de apelación

35. El peticionario se opuso al recurso de apelación 18, para lo cual indicó que los
cuestionamientos dirigidos a la valoración probatoria de la primera instancia
obedecen a una lectura subjetiva del fallo y no tienen entidad suficiente para
desvirtuar el análisis efectuado por el a quo, que explicó de forma expresa la
posibilidad de demostrar la causal de desinvestidura a partir del conjunto de
indicios.

36. Señaló, además, que la sentencia de primera instancia sí examinó el régimen
jurídico que regula el funcionamiento de las UTL y que, a partir de ese marco,
concluyó que no se acreditó que Laura Fernanda Rueda Guerrero hubiera
ejecutado labores durante el tiempo de su vinculación. Precisó que el a quo echó
de menos cualquier prueba que demostrara la elaboración de informes, conceptos,

16 Índice Samai 009 del expediente electrónico de segunda instancia.
17 Al respecto véase la regla de unificación establecida por la Sala Plena de la Sección Segunda en la sentencia

del 12 de abril de 2018, Rad. No. 25000-23-42-000-2014-04339-01(3223-17): «El término para interponer el
recurso de apelación contra una sentencia proferida dentro del procedimiento ordinario regulado por el CPACA,
cuando la solicitud de su adición es negada después del cómputo de la ejecutoria inicial del fallo, es de diez
(10) días contados a partir de la notificación de la providencia que así lo resuelve. Lo anterior, bajo un criterio
de interpretación pro homine de los artículos 247 ordinal 1.º del CPACA, y 287 – inciso final- y 322 ordinal 2.º
inciso 2 del CGP».
18 Índice Samai 017 del expediente electrónico de segunda instancia.

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estudios u otros productos de trabajo atribuibles a dicha funcionaria en beneficio de
la congresista demandada.

37. Afirmó que no es cierto que el fallo hubiera encontrado configurada la causal
de pérdida de investidura porque la congresista certificara el cumplimiento de las
labores de Laura Fernanda. En ese sentido, destacó que el fundamento central de
la decisión consistió en que la demandada postuló para integrar su UTL a una
persona respecto de la cual se tenía certeza de que no desempeñaría función
alguna, lo que desnaturalizó la finalidad de los recursos públicos asignados a ese
cargo.

38. En relación con la prueba trasladada, sostuvo que su incorporación observó las
exigencias del artículo 174 del CGP por cuanto los testimonios fueron practicados
con intervención de la congresista y se trajeron al expediente a solicitud de la parte
demandante. Solicitó, por último, excluir los documentos aportados con el recurso
de apelación relativos al informe consolidado de actividades de Laura Fernanda
Rueda Guerrero, en la medida en que solo fueron allegados en la segunda
instancia.

Intervención del Ministerio Público

39. La Procuradora Delegada de Intervención 6 ante el Consejo de Estado rindió
concepto19 en el que pidió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negar la solicitud de pérdida de investidura. Sostuvo que no se acreditó mediante
prueba directa que la congresista hubiera postulado a Laura Fernanda Rueda
Guerrero con el propósito de que no desempeñara funciones en la UTL y de que
transfiriera su salario a María Isabel Rueda Guerrero.

40. Destacó que, según los testimonios de los integrantes de la UTL, Laura
Fernanda asesoró a la congresista Perdomo Gutiérrez en proyectos de ley
relacionados con el uso del cannabis medicinal, el Plan Nacional de Desarrollo y la
reforma a la salud. A partir de esas declaraciones, consideró demostrado que la
servidora sí realizó actividades propias del cargo de Asesora Grado I durante el
periodo de vinculación. Que, aun cuando pudiera aceptarse que María Isabel
Rueda Guerrero continuó ejerciendo funciones y asesorando a la congresista
mientras estuvo desvinculada de la Cámara, esa circunstancia, aunque
reprochable, no basta para estructurar la causal de indebida destinación de dineros
públicos invocada en la demanda.

41. Indicó que, conforme a la sentencia de la Sala Plena del 10 de mayo de 2022,
la conducta negligente de los congresistas al certificar el cumplimiento de las
labores de los integrantes de la UTL (por ejemplo, cuando acreditan el desarrollo
de funciones sin tener certeza de ello) no configura por sí sola la causal de
destinación indebida de dineros públicos.

42. Añadió que el hecho de que Laura Fernanda solo hubiera ingresado una vez a
las instalaciones del Congreso no permite concluir que no ejecutó labor alguna,

19 Índice Samai 020 del expediente electrónico de segunda instancia.

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dado que en el proceso se explicó que había acordado con la congresista prestar
sus servicios mediante teletrabajo en los términos de la Ley 2029 de 2020.

43. Reconoció que la salida del país de Laura Fernanda sin informar a la
congresista demandada resulta reprochable; sin embargo, estimó que este
comportamiento no demuestra la imposibilidad de cumplir las funciones asignadas,
pues el acompañamiento se realizaba de manera virtual.

44. Finalmente, sostuvo que las transferencias del salario de Laura Fernanda a
María Isabel Rueda Guerrero solo evidencian la existencia de gastos compartidos
entre madre e hija, quienes convivían y se prestaban ayuda económica mutua, sin
que ello permita inferir un propósito de indebida destinación de dineros públicos.

IV. CONSIDERACIONES

45. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de la solicitud de pérdida de
investidura contra la Representante a la Cámara demandada conforme con lo
dispuesto en los artículos 184 y 237.5 de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 2 y 14 de la Ley 1881 de 2018, artículo 37 numeral 7 de la Ley 270
de 1996 y el numeral 6 del artículo 111 del CPACA.

Problemas jurídicos

46. Los reparos 20 formulados por la parte demandada contra la sentencia de
primera instancia giran en torno a dos ejes temáticos, diferenciables pero conexos:
el juicio probatorio y el análisis jurídico del alcance de la causal de pérdida de
investidura invocada.

47. En el primer eje, el problema inicial que se impone resolver corresponde a los
cuestionamientos en torno a la prueba trasladada desde la investigación penal que
se adelanta contra la demandada en la Corte Suprema de Justicia. La recurrente
alega que ese material fue valorado sin que se garantizara su contradicción, con
vulneración del debido proceso y de las reglas previstas en el artículo 174 del CGP.

48. Resuelto lo anterior, se deberán abordar los reproches dirigidos contra la
valoración probatoria realizada por el a quo. En ese sentido, de conformidad con
las pruebas aportadas al proceso, se debe establecer si la valoración de las
pruebas así como la construcción indiciaria llevada a cabo en primera instancia fue
acertada en punto de concluir: (i) que Laura Fernanda Rueda Guerrero no ejerció
las funciones administrativas y de asesoría propias de su cargo durante el período
en que estuvo vinculada a la UTL de la demandada; (ii) que María Isabel Rueda
Guerrero continuó desempeñando labores de hecho en esa unidad pese a su
desvinculación formal; y (iii) que la congresista propuso el nombramiento de Laura

20 Es importante resaltar que la Ley 1881 de 2018 no regula los presupuestos del recurso de apelación, por lo

que es procedente acudir el artículo 320 del CGP20, disposición que prescribe que este recurso tiene por objeto
que el superior examine la providencia recurrida únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante para que la decisión sea revocada o reformada, según sea el caso. Asimismo, el artículo 328
de ese mismo código, prevé que «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley».

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Demandante: Édgar Solier Millares Escamilla

Fernanda Rueda Guerrero en su UTL con el propósito de que transfiriera lo
percibido por salario a María Isabel Rueda Guerrero.

49. De encontrarse que las conclusiones a las que arribó la sentencia impugnada
resultan plausibles, se analizará si esa conducta puede encuadrarse en la causal
de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos. Para tal
efecto, se deberá precisar el alcance y contenido de la causal invocada, examinar
el reparo según el cual la decisión de primera instancia se apartó de los
lineamientos fijados por la Sala Plena en las sentencias del 28 de marzo de 2017 y
del 21 de enero de 2025, y determinar si aquella se configura con los hechos que
se tendrán como probados.

Metodología para resolver

50. Para resolver los problemas planteados, la Sala examinará si el expediente
penal remitido por la Corte Suprema de Justicia fue incorporado válidamente a este
trámite y si podía ser valorado sin desconocimiento del artículo 174 del CGP ni de
las garantías de contradicción y defensa.

51. En cuanto al juicio de valoración probatoria, se establecerá su alcance en punto
de examinar cada uno de los reparos que sobre el particular se exponen en el
recurso de apelación para luego revisar el alcance de la causal de indebida
destinación de dineros públicos; el supuesto desconocimiento de las sentencias
proferidas por esta Sala Plena; los cuestionamientos relativos a los elementos
objetivos y subjetivo de la causal invocada y las conclusiones que se deriven de las
consideraciones precedentes.

Análisis

52. Se confirmará la sentencia del 28 de marzo de 2025 conforme a las razones
que a continuación se anticipan y que serán desarrolladas en el orden metodológico
expuesto. En cuanto al primer eje, se descartará el reproche formulado contra la
prueba trasladada. La demandada contó con la oportunidad de controvertir ese
material en este proceso, en el que se le corrió el traslado correspondiente, tuvo a
su disposición la posibilidad de solicitar la ratificación de los testimonios rendidos
en la actuación penal, de modo que su incorporación y valoración respetaron las
garantías de defensa y contradicción previstas en el artículo 174 del CGP.

53. En cuanto al segundo eje, el análisis probatorio realizado en primera instancia
fue adecuado. La Sala encuentra apropiada la valoración del acervo probatorio
consignada en la sentencia proferida por la Sala Especial de Decisión n°26, la cual,
a partir de la valoración conjunta de la prueba documental, testimonial e indiciaria,
constató que se encuentran acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la
causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral 4 del
artículo 183 de la Constitución Política, sin que la sentencia apelada se hubiera
apartado de los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Plena sobre sus
presupuestos. Por lo anterior, el recurso de apelación no está llamado a prosperar
y la pérdida de investidura decretada en primera instancia será confirmada, como
pasa a explicarse.

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Demandante: Édgar Solier Millares Escamilla

La incorporación y valoración de la prueba trasladada del proceso penal

54. Mediante providencias del 9 de mayo y del 22 de octubre de 2024 21, el a quo
dispuso el traslado de las pruebas provenientes de la investigación penal que cursa
en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la congresista Mary
Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, bajo el radicado interno No. 00999, documentos
sometidos a cadena de custodia en razón de su reserva legal 22. Por auto del 16 de
diciembre de 2024 23, ordenó correr traslado de esos documentos a las partes y a
la agente del Ministerio Público, por el término de tres días, conforme al protocolo
establecido por la Secretaría General del Consejo de Estado, con la advertencia
sobre la reserva de su contenido y los efectos legales de su violación.

55. En atención a las solicitudes de acceso elevadas por el solicitante y por el
apoderado de la congresista, la Secretaría General, mediante los oficios IMLS No.
0024 y No. 0025 del 17 de enero de 2025 24, les indicó el lugar y el protocolo de
consulta de ese material cuya revisión debía surtirse en las dependencias de la
corporación para garantizar la debida reserva.

56. La recurrente sostuvo que se desconoció el artículo 174 del CGP y las garantías
de defensa y contradicción, porque no participó en la práctica de las declaraciones
rendidas en la investigación penal, no tuvo oportunidad de contrainterrogar a los
deponentes y en el trámite de primera instancia no se dispuso su ratificación. Por
tanto, consideró que los testimonios trasladados sin ratificación carecen de fuerza
probatoria para fundar una decisión adversa y pidió que se declarara la nulidad de
su valoración.

57. Para resolver este reparo específico, la Sala estima necesario recordar que el
artículo 174 del CGP dispone que las pruebas practicadas válidamente en un
proceso pueden trasladarse a otro en copia y ser apreciadas sin más formalidades,
a condición de que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la
parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. La norma agrega que, en
eventos en los que no se acrediten tales parámetros, <<deberá surtirse la
contradicción en el proceso al que están destinadas>>.

58. La disposición, entonces, no proscribe la valoración de la prueba trasladada
que no contó con audiencia de la parte afectada: ordena que la contradicción se
garantice en el proceso de destino. Así lo ha entendido la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo 25 en el juicio de pérdida de investidura, escenario en el
que ha admitido la apreciación de las pruebas provenientes de la investigación

21 Índice Samai 066 y 125 del expediente electrónico de primera instancia.
22 Ley 600/2000. Artículo 330: Durante la instrucción, ningún funcionario puede expedir copias de las diligencias

practicadas, salvo que las solicite autoridad competente para investigar y conocer de procesos judiciales,
administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al recurso de queja. Quienes intervienen en el proceso tienen
derecho a que se les expida copia de la actuación, para su uso exclusivo y el ejercicio de sus derechos. El
hecho de ser sujeto procesal impone la obligación de guardar la reserva sumarial, sin necesidad de diligencia
especial. La reserva de la instrucción no impedirá a los funcionarios competentes proporcionar a los medios de
comunicación información sobre la existencia de un proceso penal, el delito por el cual se investiga a las
personas legalmente vinculadas al proceso, la entidad a la cual pertenecen las personas, si fuere el caso, y su
nombre, siempre y cuando se haya dictado medida de aseguramiento.
23 Índice Samai 210 del expediente electrónico de primera instancia.
24 Índice Samai 223 y 224 del expediente electrónico de primera instancia.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 22 de octubre de 2019,

expediente 11001-03-15-000-2018-01294-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sentencia del 11 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-00317-00.

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Demandante: Édgar Solier Millares Escamilla

penal adelantada por la Corte Suprema de Justicia contra el congresista acusado,
siempre que en este proceso se garantice la posibilidad efectiva de conocerlas y
controvertirlas.

59. En el presente asunto, se constata que la aludida contradicción, como
manifestación del derecho defensa, arista del debido proceso, fue plenamente
garantizada. Al respecto, se encuentra que los documentos trasladados fueron
incorporados mediante decisiones notificadas a las partes; el auto del 16 de
diciembre de 2024 ordenó su traslado formal a todos los sujetos procesales por el
término de tres días y tanto el solicitante como el apoderado de la congresista
pidieron acceso a ese material, solicitud que la Secretaría General atendió
mediante los oficios IMLS No. 0024 y No. 0025 del 17 de enero de 2025, en los que
les indicó el lugar y el protocolo de consulta impuestos por la reserva legal. Todo
ello ocurrió antes de la audiencia pública de alegaciones celebrada el 22 de enero
de 2025, escenario en el que la defensa pudo pronunciarse sobre el mérito de esas
pruebas. La demandada, entonces, no solo tuvo a su disposición el expediente
trasladado: activó ella misma el mecanismo de acceso y guardó silencio sobre el
supuesto vicio que ahora alega, sin formular tacha, objeción ni solicitud de
ratificación en las oportunidades previstas para ello.

60. A lo anterior se suma que la Representante a la Cámara contó con la
oportunidad de revisar los documentos que integran la prueba trasladada para
controvertirlos en este proceso y, en lo que atañe a las declaraciones, pese a que
cuestiona que no fueron objeto de ratificación, pasa por alto que omitió hacer uso
de esa herramienta procesal, estatuida en el artículo 222 del CGP 26 y según la cual
aquellas declaraciones de testigos que se hayan rendido en otro proceso sin
citación o intervención de la persona contra quien se aducen pueden ratificarse,
siempre que esta lo solicite.

61. La ratificación, entonces, no opera de oficio: impone una carga procesal de la
parte afectada. La demandada no elevó esa solicitud en ninguna de las
oportunidades del trámite, de modo que la ausencia de ratificación que el recurso
de apelación presenta como omisión del a quo es, en realidad, consecuencia de su
propia inactividad, que no puede ahora invocarse como fuente de un vicio o
irregularidad que impidiera a la Sala de primera instancia valorar dicho material.

62. Los antecedentes de la Sección Tercera de esta Corporación citados en el
recurso27 no llevan a una conclusión distinta. Se trata de decisiones proferidas en
procesos de reparación directa bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil,
cuyo supuesto se concreta en que la contradicción de la prueba testimonial
trasladada no se surtió en el proceso de destino ni la parte contra quien se adujo
tuvo oportunidad de conocerla y controvertirla. Aquí la situación es la inversa: la
prueba fue incorporada mediante decisiones notificadas, trasladada formalmente a

26 GGP. Artículo 222: Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan

rendido en otro o en forma anticipada sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre
que esta lo solicite. Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del
testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25

de julio de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 54001-23-31-000-1996-09313-01(20545).
Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2016, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radi cación
19001-23-31-000-2010-00314-01(57008).

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los sujetos procesales, consultada por la propia defensa antes de alegar de
conclusión, y la posibilidad de solicitar la ratificación de las declaraciones estuvo a
disposición de la demandada y no fue ejercida. La regla de esas providencias, que
nadie resulte condenado con base en pruebas que no pudo controvertir, fue
atendida con creces en el presente asunto.

Alcance de la valoración probatoria

63. Superado el examen sobre la incorporación y contradicción del material
probatorio trasladado, corresponde abordar el segundo grupo de reproches de la
apelación, referido a la forma en que la sentencia de primera instancia construyó
las inferencias que la llevaron a concluir que la congresista desnaturalizó la finalidad
de los recursos asignados a su UTL.

64. La apelación no se limitó a expresar desacuerdo con las conclusiones de la
primera instancia, señaló lo que a su juicio fueron errores en la integración del
conjunto probatorio y en la construcción de las inferencias indiciarias. En ese
escenario, la segunda instancia no puede reducirse a un control externo, sino que
debe revisar de manera directa la motivación probatoria dentro del marco de la sana
crítica.

65. Esa revisión implica verificar si, a partir de las pruebas regular y oportunamente
incorporadas al proceso, las inferencias que sirvieron de soporte a la decisión son
lógicamente consistentes, descansan en hechos indicadores efectivamente
probados y cuentan con la solidez necesaria para satisfacer el estándar probatorio
propio de la pérdida de investidura.

Hechos que se tienen por acreditados

66. De la lectura de la sentencia apelada y del conjunto probatorio obrante en el
expediente, la Sala identifica los siguientes hechos que no fueron objeto de
controversia entre las partes: María Isabel Rueda Guerrero estuvo vinculada
formalmente a la UTL de la congresista demandada hasta el 10 de enero de 2023,
en el cargo de asistente; a partir del 11 de enero de 2023 fue vinculada Laura
Fernanda Rueda Guerrero, hija de María Isabel, como asesora grado I; en
septiembre de 2023 se produjo el reingreso de María Isabel a la UTL, lo que implicó
una nueva salida de Laura Fernanda; durante todo ese período la congresista
mantuvo la facultad de postular y solicitar los movimientos de personal en su
unidad. 28

Hechos cuya valoración y razonamiento probatorio se cuestiona

67. A partir del análisis del acervo probatorio, el a quo infirió y estableció como
probados los siguientes hechos, no aceptados por la parte demandada y que
constituyen el objeto de inconformidad del recurso de apelación:

28 Resolución DACR n.º 2222 del 7 de septiembre de 2023. C. SALA 4, pág. PDF 55

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• María Isabel Rueda Guerrero, a pesar de su desvinculación formal, continuó
cumpliendo las labores propias de su cargo durante el periodo en el que su
hija estuvo vinculada a esa dependencia.
• Laura Fernanda Rueda Guerrero no ejecutó labor alguna como asesora de
la congresista en el periodo en que estuvo vinculada a la UTL.
• Esa situación contó con el consentimiento de la congresista demandada,
pues solo ella podía permitir que la nueva servidora no realizara función
alguna mientras María Isabel seguía cumpliendo las suyas.
• La finalidad de ese esquema fue permitir que María Isabel evadiera las
obligaciones que disminuían la suma total que percibía por concepto de
salario.

68. Para llegar a esas conclusiones, la sentencia se apoyó en los siguientes medios
de convicción, apreciados de manera conjunta:

• Los mensajes de datos del grupo de WhatsApp denominado «Legislativo
Rep. Mary Anne», entre el 6 de enero y el 2 de septiembre de 2023, en los
que el miembro identificado como «María Isabel Rueda UTL» con número
de abonado que corresponde al reconocido como suyo por María Isabel,
compartió información sobre convocatorias a sesiones de comisiones y
plenarias, invitaciones a audiencias públicas de la Cámara de
Representantes, peticiones dirigidas a la congresista demandada e
instrucciones de la representante Perdomo Gutiérrez.29 Esa información es
consistente con los mensajes de datos recopilados en la investigación
penal30.
• Los mensajes de WhatsApp entre María Isabel y la funcionaria de la UTL
Patricia Arenas Quintero, que muestran que, durante el tiempo en que estuvo
formalmente desvinculada, aquella siguió transmitiendo instrucciones de la
representante demandada. Por ejemplo, el 28 de marzo de 2023 María
Isabel le manifestó a la señora Arenas que, por instrucciones de la
representante, le remitía la carta de renuncia para su firma, ante lo cual esta
expresó su inconformidad porque «Mary no se lo dijo personalmente».31
• La certificación No. 2477-2024 de la Dirección General Administrativa del
Congreso de la República, según la cual, entre el 11 de enero y el 30 de
septiembre de 2023, María Isabel Rueda Guerrero registró movimientos por
los puntos de control de esa entidad en 390 ocasiones; en el mismo periodo,
de Laura Fernanda Rueda Guerrero solo se constató un ingreso, el día de
su posesión en el cargo.32
• La información financiera recaudada en la investigación penal conforme a la
cual, cuando renunció por primera vez al cargo, María Isabel tenía
descuentos de la mitad de su salario por concepto de un crédito en la
modalidad de libranza y de un embargo impuesto por un juzgado civil
municipal de Bogotá con ocasión de un proceso ejecutivo.33
• La constatación, con base en la información financiera de ambas, de que
Laura Fernanda transfería a María Isabel, en un lapso no superior a dos días,

29 Índice 2.12 del expediente electrónico de primera instancia.
30 Cfr. cuaderno No. 1, Corte Suprema de Justicia, fl. 136-160, sometido a cadena de custodia
31 Cfr. cuaderno No. 6, Corte Suprema de Justicia, fl. 1205, sometido a cadena de custodia
32 Índice 68 de SAMAI del expediente electrónico de primera instancia
33 Cuaderno No. 1, Corte Suprema de Justicia, fl. 171-172, sometido a cadena de custodia

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lo recibido por concepto de salario como asesora de la UTL por la totalidad
del dinero o por cifras casi idénticas, salvo lo correspondiente a la prima de
servicios de mitad de año.
• Los testimonios rendidos por los integrantes de la UTL y por la propia María
Isabel Rueda Guerrero, coincidentes en que esta continuó asistiendo a la
oficina donde funciona la UTL de la congresista. Los declarantes también
indicaron que la representante asignaba directamente las labores a los
miembros de la unidad y recibía los informes y documentos encargados, y
que a Laura Fernanda se le había asignado la asesoría en temas como el
uso del cannabis medicinal, el Plan Nacional de Desarrollo y algunos
proyectos de discusión legislativa como la reforma a la salud.
• La constatación, en la investigación penal, de que Laura Fernanda salió del
país durante tres semanas en abril de 2023 además que, en su declaración
ante la Corte Suprema de Justicia, reconoció que el viaje no tuvo relación
alguna con el cumplimiento de sus funciones en el Congreso de la
República. 34
• Que durante el lapso de su vinculación al Congreso, Laura Fernanda actuó
como representante legal de Excoil S.A.S. 35 y prestó servicios de asesoría
en temas relacionados con el uso del cannabis a las empresas Novum Vitae
S.A.S., Nirpharma, Colombian Cannabis Center S.A.S. y Excoil S.A.S., por
lo cual recibió honorarios. 36
• La providencia del 5 de septiembre de 2024, mediante la cual la Sala
Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación
jurídica de la congresista como presunta responsable de los delitos de
peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y
revelación de secreto y, al constatar que la procesada estaba «asediando»
a María Isabel Rueda Guerrero y a sus hijas con el propósito de influir en sus
declaraciones ante la justicia, le impuso medida de aseguramiento
consistente en la prohibición de acercarse a ellas. 37

69. Conforme fue anticipado, la apelación imputa errores in cogitando en la
valoración probatoria de la sentencia de primera instancia, lo que impone a esta
Sala revisar directamente si el razonamiento con el que el a quo construyó sus
inferencias fue lógicamente consistente y si se fundamentó en hechos indicadores
efectivamente acreditados.

70. En ese sentido contra esa valoración, la recurrente formuló, en síntesis, los
siguientes reparos: (1) el a quo apreció la prueba de manera selectiva y sesgada,
pues desestimó los apartes favorables a la congresista y otorgó pleno valor a los
desfavorables; (2) el fallo incurrió en una contradicción interna, porque en un aparte
reseñó que a Laura Fernanda se le había asignado la asesoría en temas como el
cannabis medicinal y en otro concluyó que no cumplió sus funciones, y exigió
informes escritos como prueba del cumplimiento de funciones, con
desconocimiento de la libertad probatoria; (3) los vínculos de la asesora con

34 Cfr. cuaderno No. 2, Corte Suprema de Justicia, fl. 277, sometido a cadena de custodia. C. SALA 4, pág.

PDF 94
35 Cfr. cuaderno 4, fl. 622, Corte Suprema de Justicia, sometido a cadena de custodia
36 Cfr. cuadernos 2-4, Corte Suprema de Justicia, fl. 366-369, 465-503, 591-596, 601-613 y 619-622, sometidos

a cadena de custodia SALA 4, págs. PDF 60 y 37 (num. 3.1.10)
37 Cuaderno No. 9, Corte Suprema de Justicia, fl. 1436-1624, sometido a cadena de custodia

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empresas del sector del cannabis confirmaban su calificación en uno de los temas
impulsados por la congresista, en lugar de comprometerla; (4) ningún testigo afirmó
que María Isabel ejerciera funciones de UTL, pues las declaraciones solo dan
cuenta de visitas de carácter personal; (5) la inferencia sobre la divergencia entre
los motivos «familiares» y «personales» del primer retiro es artificiosa, porque los
asuntos familiares son una especie de los personales; (6) la sentencia omitió valorar
los testimonios practicados en este proceso los días 27 y 28 de noviembre de 2024;
y (7) las transferencias de Laura Fernanda a María Isabel no evidencian
irregularidad alguna, pues se explican en la cancelación de gastos compartidos de
vivienda y en la compra de divisas para los estudios de maestría que esta adelantó
en España.

71. Para resolver estos cuestionamientos, la Sala los examinará por separado
siguiendo en cada caso lo que estableció la sentencia de primera instancia, el
contenido del reproche y la posición de esta instancia. Una pareja de reparos se
estudiará de manera conjunta: los reparos (4) y (5), porque ambos controvierten la
misma inferencia: la continuidad de María Isabel Rueda Guerrero en el ejercicio de
hecho de las labores de la UTL pese a su desvinculación formal. Los demás reparos
se resolverán de manera individual.

Frente al primer reparo: supuesta apreciación de la prueba testimonial de
manera selectiva y sesgada

72. El a quo no asignó el mismo mérito a todos los medios de convicción y explicó
por qué. Respecto de los testimonios de los integrantes de la UTL, advirtió que su
imparcialidad podía verse afectada por la subordinación laboral que los vinculaba
con la congresista, de modo que los analizó de acuerdo con las circunstancias de
cada caso, en los términos del artículo 211 del CGP. Respecto de la declaración de
María Isabel Rueda Guerrero, restó credibilidad a su explicación sobre los motivos
del retiro y sobre el carácter personal de sus visitas al Congreso; esto, al contrastar
su dicho en ese punto con la información financiera recaudada en la investigación
penal y por su comportamiento durante el periodo de desvinculación. Con todo,
otorgó valor demostrativo a los elementos convergentes: los registros de ingreso,
los mensajes de datos, la información financiera y las versiones coincidentes sobre
la presencia y actividad de la exasistente.

73. La recurrente sostuvo que esa apreciación fue selectiva y sesgada: los apartes
de las declaraciones que favorecían a la congresista fueron desestimados, mientras
que los desfavorables se tomaron como plena prueba y el desvalor atribuido al
testimonio de María Isabel se sustentó en las mismas circunstancias de cercanía
que rodeaban a los demás deponentes, todos miembros del equipo de trabajo de
la representante, lo que revelaría una incongruencia valorativa carente de
justificación racional.

74. Al respecto la Sala considera que el reparo confunde la ponderación
diferenciada de los medios de prueba con la arbitrariedad. El sistema de la sana
crítica no obliga al juez a asignar idéntico mérito a todas las declaraciones ni a
acoger o desechar cada testimonio en bloque: le impone valorar cada medio según
las circunstancias que rodean su producción y exponer razonadamente el mérito

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que le asigna, que fue exactamente lo que hizo la primera instancia. El tratamiento
diferenciado que el recurso identifica como incongruente tiene, además, una
explicación objetiva que se pasa por alto en la alzada: los apartes desfavorables a
la congresista no se acogieron por sí solos, sino porque encontraron corroboración
en prueba documental ajena a toda sospecha de parcialidad; esto es, los 390
movimientos por los puntos de control de María Isabel frente al ingreso único de
Laura Fernanda, los mensajes del grupo «Legislativo Rep. Mary Anne», las
transferencias inmediatas e íntegras o casi íntegras del salario.

75. En ese sentido, las explicaciones favorables a la congresista carecieron de todo
respaldo distinto del dicho de sus emisoras y resultaron contradichas por esos
mismos elementos objetivos. No es sesgo preferir la versión corroborada sobre la
huérfana: es la operación que la sana crítica ordena.

76. A lo anterior se agrega que la ponderación de la credibilidad de los declarantes
no podía prescindir de un dato que obra en el expediente: la Sala Especial de
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia 38, en la providencia del 5 de septiembre
de 2024 que resolvió la situación jurídica de la congresista, constató que esta
estaba «asediando» a María Isabel Rueda Guerrero y a sus hijas con el propósito
de influir en sus declaraciones ante la justicia, al punto de imponerle una medida
de aseguramiento consistente en la prohibición de acercarse a ellas. Ese contexto,
lejos de revelar un sesgo del a quo, justificaba una cautela adicional en la
apreciación de las versiones favorables a la accionada. El desacuerdo de la
recurrente con el mérito asignado a las pruebas no configura, por sí solo, una
valoración irracional o arbitraria; el reparo es infundado.

77. En suma, el desacuerdo de la recurrente con el mérito asignado a las pruebas
no configura, por sí solo, una valoración irracional o arbitraria. El tratamiento
diferenciado de los medios de convicción respondió a criterios objetivos y explícitos,
y la cautela con que se ponderaron las declaraciones de las personas vinculadas a
la UTL encontró justificación tanto en el artículo 211 del CGP como en las
circunstancias particulares que rodearon su recaudo. El primer reparo, en
consecuencia, no está llamado a prosperar.

Frente al segundo reparo: la supuesta contradicción interna del fallo y la
exigencia de informes escritos

78. El reparo (2) ataca una misma conclusión en dos aspectos: de un lado, sostiene
que el fallo se contradijo al reseñar que a Laura Fernanda se le asignaron funciones
de asesoría y colegir, a la vez, que no las cumplió; de otro, que la deducción relativa
al incumplimiento reposó en la exigencia de un informe escrito que ninguna norma
impone. Uno y otro se responden con la misma distinción: la que separa la
asignación de funciones de su ejecución efectiva, y la libertad probatoria de la
ausencia total de prueba.

79. El fallo impugnado explicó que los testigos refirieron la asignación a Laura
Fernanda de la asesoría en temas como el uso del cannabis medicinal, el Plan
Nacional de Desarrollo y algunos proyectos de discusión legislativa como la reforma

38 Cuaderno No. 9 Corte Suprema de Justicia, fl. 1436-1624, sometido a cadena de custodia

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a la salud. Sin embargo, al valorar si esas funciones fueron efectivamente
ejecutadas, concluyó que las declaraciones de la propia asesora y de los miembros
de la UTL no permitían establecer, con un mínimo grado de certidumbre, que
hubiera llevado a cabo las tareas de asesoramiento.

80. Al respecto, la Sala de primera instancia encontró que las versiones resultaron
encontradas, mientras Laura Fernanda indicó que su trabajo se restringió a la
asesoría, otro miembro de la unidad afirmó que comprendía también funciones
administrativas, como el cargue de reportes. A esa inconsistencia añadió que
resultaba inverosímil que los únicos documentos allegados para dar cuenta de
alguna labor, esto es, los reportes de actividades de febrero y marzo de 2023, no
hubieran sido reseñados por la asesora en su declaración y registraran como
teléfono de contacto el número de un tercero, María Isabel Rueda Guerrero.

81. Por consiguiente, no encuentra la Sala la contradicción que se reclama en el
recurso. Se debe precisar que la sentencia de primera instancia reconoce las
versiones de algunos de los testigos en los que se adujo que a Laura Fernanda se
le había <asignado> la asesoría en determinados temas; sin embargo, ello no da
cuenta del efectivo ejercicio de funciones y por tanto la verosimilitud de tales dichos
se puso en entredicho dadas las contradicciones anotadas ut supra. La valoración
probatoria en este punto se estima ajustada a la labor que en ese sentido le era
exigible a la Sala Especial de Decisión n°26, que se encaminó a establecer si esas
funciones fueron efectivamente ejercidas.

82. En ese orden, se advierte que la recurrente confunde la alusión que hizo el fallo
impugnado a lo afirmado por algunos declarantes con la valoración de esos
testimonios. Reseñar el contenido de una declaración no equivale a tener por
probado lo declarado: el juez puede dar por cierto que los testigos dijeron algo y, al
mismo tiempo, concluir que ese dicho no demuestra el hecho que se pretendía
acreditar. La sentencia hizo lo primero al recapitular la prueba y lo segundo al
valorarla, sin incoherencia alguna.

83. Tampoco convirtió el a quo el informe escrito en tarifa probatoria. La premisa
normativa del recurso es correcta: el control de las labores de los miembros de las
UTL no exige informes escritos y en la materia rige la libertad probatoria, pero es
inaplicable al caso, porque la sentencia no echó de menos un documento en
particular, lo que hizo fue advertir la ausencia de todo respaldo verificable de una
actividad sostenida de la asesora. Como se sostuvo en primera instancia, la prueba
más idónea del asesoramiento que se intentó acreditar con los testimonios era el
resultado de ese trabajo (los documentos, estudios o insumos elaborados para la
representante); pero al proceso no se allegó uno solo, y si la labor se cumplió de
manera virtual, conforme la tesis de la defensa, de suyo es, en sana crítica, que se
echara de menos por la primera instancia que existiera siquiera la copia de los
correos electrónicos con los que la asesora hubiera entregado sus resultados. La
libertad probatoria ampara a quien acredita el hecho por cualquier medio; no suple
la ausencia de todos los medios, y los únicos documentos existentes, los reportes
de febrero y marzo de 2023, jugaron en contra de la tesis de la defensa, por las
inconsistencias que el fallo advirtió y que el recurso no controvierte.

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84. En suma, la conclusión del a quo sobre la falta de ejecución de las funciones
no provino de una contradicción interna ni de una exigencia documental extra
legem, sino de la valoración conjunta de unas versiones inconsistentes y de un
vacío probatorio integral que la recurrente no logró llenar. El reparo (2), en
consecuencia, no está llamado a prosperar.

Frente al tercer reparo: las asesorías privadas de Laura Fernanda

85. Este reparo controvierte el alcance que la primera instancia dio a las relaciones
de la asesora con empresas privadas del sector del cannabis durante su vinculación
a la UTL. Con base en la investigación penal, el fallo estableció que Laura
Fernanda, durante el lapso de su vinculación al Congreso, sostuvo relaciones de
prestación de servicios y asesoría con empresas dedicadas al desarrollo del
cannabis: Novum Vitae S.A.S., Nirpharma, Colombian Cannabis Center S.A.S. y
Excoil S.A.S., siendo representante legal de la última y recibiendo las respectivas
remuneraciones según consta en la información financiera recaudada por la Corte
Suprema de Justicia.

86. La recurrente sostuvo que lo manifestado por los testigos resulta consistente
con esas pruebas, pues confirman que la asesora participó activamente en asuntos
relacionados con el cannabis medicinal; que el hecho de haber recibido pagos de
sociedades privadas no desvirtúa su trabajo en la UTL sino que, por el contrario,
refuerza la idea de que se trataba de una persona calificada en uno de los temas
impulsados en el Congreso.

87. Para la Sala, ese argumento invierte el sentido del indicio. La calificación
técnica de la asesora en materia de cannabis no está en discusión; lo que el hecho
revela, en el contexto del caso, es otra cosa: que durante el mismo periodo en que
no dejó rastro alguno de actividad al servicio de la congresista, Laura Fernanda sí
desplegó una actividad profesional, remunerada y documentada al servicio de
particulares, que incluyó la representación legal de una de esas sociedades.

88. Esa asimetría admite dos lecturas complementarias, ambas adversas a la tesis
de la defensa: la dedicación a los proyectos privados explica la disponibilidad de
quien no tenía carga funcional efectiva en el cargo público, y la percepción de
honorarios privados explica cómo sufragaba sus gastos quien transfería a su
madre, de manera íntegra e inmediata, el salario oficial. Si la asesora hubiera
ejercido realmente las funciones del cargo, su experticia en cannabis habría dejado
huella en productos de trabajo para la representante (estudios, insumos,
ponencias), de los cuales no obra uno solo en el expediente.

89. En ese contexto, la sola mención de actividades puntuales atribuidas a Laura
Fernanda no desvirtúa la conclusión que se desprende del examen integral del
expediente. La Sala no está llamada a resolver este punto a partir de cada dato
aisladamente considerado, sino mediante un juicio de probabilidad racional
construido sobre el conjunto de los elementos acreditados. Bajo ese enfoque, la
hipótesis según la cual María Isabel continuó desempeñando de facto el rol principal
en la UTL ofrece una explicación más consistente y completa que aquella que
atribuye a Laura Fernanda el cumplimiento efectivo y ordinario de las funciones

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propias del cargo. La idoneidad sin ejecución no acredita el servicio: confirma que
el cargo no la requería. El reparo (3) no está llamado a prosperar.

Frente al cuarto y quinto reparo: la continuidad de María Isabel en el ejercicio
de las labores de la UTL

90. Los reparos (4) y (5) se examinan de manera conjunta porque controvierten,
desde dos ángulos, la misma inferencia: la continuidad de María Isabel Rueda
Guerrero en el ejercicio de hecho de las labores de la unidad pese a su
desvinculación formal. El primero sostiene que ningún testigo afirmó que ejerciera
funciones de UTL; el segundo ofrece la explicación alternativa, el retiro por motivos
personales o familiares y las visitas de carácter privado y ataca la inferencia que el
a quo construyó sobre los motivos de la desvinculación.

91. El fallo de primera instancia concluyó que María Isabel, aun después de su
desvinculación, continuó cumpliendo sus funciones asistenciales en la UTL de la
congresista. Fundamentó su análisis en la convergencia de varios elementos: los
testimonios rendidos en este proceso, uniformes en que la exasistente asistía con
regularidad a las instalaciones del Congreso y «aconsejaba» sobre el desarrollo de
los trámites administrativos en la Cámara; las declaraciones rendidas en la
investigación penal, contestes en que, incluso entre enero y septiembre de 2023,
tenía un escritorio asignado en la oficina donde funciona la UTL o fue vista sentada
en él; la certificación No. 2477-2024, que registra 390 movimientos suyos por los
puntos de control del Congreso en ese lapso; los mensajes de datos en el grupo
«Legislativo Rep. Mary Anne» y las conversaciones con Patricia Arenas Quintero,
que la muestran compartiendo convocatorias, peticiones e instrucciones de la
representante, incluido el trámite de la carta de renuncia de la señora Arenas «por
instrucciones» de la congresista.

92. Frente a los motivos del retiro de la otrora auxiliar, el fallo advirtió
inconsistencias: ante la Corte Suprema de Justicia se adujeron razones
«familiares», en este proceso razones «personales» que la propia interesada se
reservó al ser interrogada, mientras la información financiera revelaba un móvil más
plausible, los descuentos por libranza y el embargo que comprometían la mitad de
su asignación y su reincorporación por cerca de tres meses contradecía la tesis del
retiro voluntario por motivos familiares o personales.

93. Por su parte, en el recurso de apelación se sostuvo que en ningún pasaje de
sus declaraciones los deponentes afirmaron, ni siquiera de manera presuntiva, que
María Isabel estuviera desempeñando funciones inherentes al cargo durante el
periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023, pues sus manifestaciones
se limitaron a la percepción de que visitaba las oficinas. De este razonamiento
deriva que la conclusión del a quo constituye una inferencia unilateral y subjetiva,
desprovista de respaldo probatorio directo; que la testigo (María Isabel) explicó que
ingresaba al Congreso para visitar amigos por su trayectoria de más de veinte años
en la entidad y para brindar apoyo personal, sin vínculo laboral, a su amiga la
congresista, y que la divergencia entre los motivos «familiares» y «personales» del
retiro es artificiosa, porque los asuntos familiares constituyen una especie de los
personales, de modo que de esa mención no surge contradicción alguna.

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94. Para esta Sala el primer aspecto del reparo parte de un equivocado
entendimiento del sistema de valoración probatoria a partir de la sana crítica. La
conclusión a la que llegó el fallo impugnado en el sentido de que María Isabel actuó
como funcionaria de hecho no depende de que algún testigo lo mencionara: es una
inferencia construida sobre hechos indicadores plurales, graves y convergentes.
Los testigos no se limitaron a referir visitas: describieron una presencia regular, un
puesto de trabajo identificado por todos y una actividad de consejo sobre los
trámites administrativos de la Cámara.

95. A esas versiones se suman los elementos objetivos, ajenos a toda percepción
testimonial: 390 movimientos por los puntos de control en nueve meses, una
frecuencia propia de quien concurre a trabajar, no de quien visita amigos, y los
mensajes de datos que la muestran transmitiendo instrucciones de la representante
y tramitando asuntos propios de la unidad, como la renuncia de otra funcionaria.
Quien comunica convocatorias a sesiones, canaliza peticiones dirigidas a la
congresista y gestiona por instrucciones de esta la desvinculación de una servidora
no está de visita, se encuentra ejerciendo las labores de la dependencia.

96. La explicación alternativa según la cual se trató de visitas personales de una
exfuncionaria con dos décadas de trayectoria no resiste la confrontación con el
resto del acervo probatorio. No explica los múltiples movimientos por los puntos de
control de ingreso al Congreso, así como tampoco el contenido funcional de los
mensajes y resulta incompatible con la conducta que las reglas de la experiencia
asignan a quien se retira del servicio: apartarse del entorno laboral, no permanecer
en él con la misma o similar intensidad de antes.

97. La segunda parte del reparo, esto es, la equivalencia entre lo familiar y lo
personal, pretende enervar una premisa que la sentencia no sostuvo: la
inconsistencia advertida por el a quo no reposó en la diferencia semántica entre
una y otra expresión sino en la concurrencia de tres circunstancias que el recurso
deja intactas: (i) la reticencia de la propia testigo, que al ser interrogada en este
proceso fue enfática en reservarse los motivos del retiro; (ii) la constatación objetiva
que se advierte en la información financiera 39 que reporta descuentos que
comprometían la mitad de su asignación y (iii) la reincorporación a la unidad entre
el 7 de septiembre y el 29 de noviembre de 2023 que resulta difícilmente conciliable
con un retiro motivado en razones familiares o personales todo lo que, analizado
en conjunto, llevó a la Sala de primera instancia a encontrar un móvil más plausible
de la desvinculación.

98. De contera, la tesis según la cual la Sala de primera instancia construyó una
inferencia a partir de las diferencias semánticas entre las locuciones <personal>> y
<<familiar>> pierde fuerza al reparar en la motivación probatoria contenida en la
sentencia impugnada, particularmente cuando se constata que en esta se

39 Cfr. cuaderno No. 1, Corte Suprema de Justicia, fl. 172 y cuaderno No. 3, fl. 1083-1093, sometidos a cadena

de custodia. La Sala no divulga en esta providencia los montos exactos de las transferencias ni los productos
financieros involucrados porque se trata de datos semiprivados de carácter financiero de personas que no son
parte en este proceso, amparados por el artículo 15 de la Constitución Política y por el régimen de protección
de datos personales contenido en las Leyes 1266 de 2008, artículo 3, literal g) y 1581 de 2012, principios de
circulación restringida y acceso limitado, artículo 4, literales c) y f). Su divulgación no es necesaria para la
motivación de esta decisión, pues el indicio se construye sobre el patrón de correspondencia entre lo percibido
por nómina y lo transferido, verificable en los folios citados, y no sobre las cifras individualmente consideradas.

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contrasta con la información financiera recaudada en la investigación penal, que la
asesora transfería a su madre, dentro de los dos días siguientes a cada pago de
salario o de manera inmediata, la totalidad de lo percibido o sumas casi idénticas,
sin que obre soporte alguno de que conservara para sí la remuneración y que la
propia María Isabel reingresó formalmente a la UTL.

99. El móvil económico, lejos de ser un dato accesorio, dota de coherencia al
conjunto probatorio analizado por la primera instancia: el retiro formal coincidió con
el momento en que se hizo efectivo el descuento judicial que se acumuló al de la
libranza y la desvinculación sustraía el ingreso de esas afectaciones mientras la
remuneración seguía llegando, íntegra en ocasiones y en otras en casi en su
totalidad, por conducto de su hija. Ese móvil dota de gravedad y coherencia al
indicio y lo enlaza con la hipótesis de la designación instrumental. 40

100. En consecuencia, las transferencias constituyen un dato relevante del
análisis, no por sí solo, sino en conexión con los demás elementos del expediente
y no se aprecian como el hecho que configura la causal, que se consuma con la
destinación misma, sino como hecho indicador que, valorado en conjunto, revela
que el salario pagado a la asesora se dirigió materialmente a quien continuó
desempeñando funciones de hecho en la UTL.

101. La inferencia del a quo es, así, la explicación más razonable del cuadro
probatorio, frente a una hipótesis alternativa que ningún elemento del expediente
corrobora.

Frente al sexto reparo: la supuesta omisión de valorar los testimonios
practicados en este proceso

102. En este punto se atribuye al fallo de primera instancia la falta absoluta de
apreciación de las declaraciones rendidas en la audiencia celebrada los días 27 y
28 de noviembre de 2024. Al respecto, advierte la Sala que la sentencia de primera
instancia identificó a los declarantes que comparecieron: Angélica Cárdenas
Oliveros, William Ricardo Rueda Patiño, Grenfell Lozano Guerrero, Anny Farley
Rivero Camacho, Kirle Andrea García Vega y Ángel Yesid Monsalve Ortiz, además
de María Isabel y Laura Fernanda Rueda Guerrero. Además, ponderó su
credibilidad conforme al artículo 211 del CGP en razón de la subordinación laboral
que los vinculaba con la congresista, y extrajo de sus versiones conclusiones
expresas, entre ellas la asistencia regular de María Isabel a las instalaciones del
Congreso y su actividad de consejo sobre los trámites administrativos.

103. Con todo, en la apelación se aduce que en la decisión no se hizo apreciación
legal alguna, ni siquiera superficial, de las manifestaciones rendidas en las pruebas
testimoniales practicadas en las aludidas fechas, en las cuales los testigos dieron
cuenta de la participación de Laura Fernanda como miembro de la UTL en el
asesoramiento de proyectos legislativos y en el apoyo a las funciones de la
representante.

40 Fol. 261, c. o. n.º 2 (en disco) _ Descripción del patrón en C. SALA 4, pág. PDF 61

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104. El reparo carece de sustento en el propio texto de la sentencia, cuya sola
lectura lo descarta: los testimonios practicados en este proceso fueron
identificados, ponderados en su credibilidad y valorados en su contenido, tanto en
lo que informaron sobre María Isabel como en lo que refirieron sobre Laura
Fernanda, incluida la asignación de temas de asesoría, que el fallo reseñó
expresamente. 41

105. Lo que el a quo no hizo fue derivar de esas versiones la conclusión que la
defensa pretendía, por las razones ya examinadas al resolver los reparos
anteriores: la asignación de funciones no acredita su ejecución, y las declaraciones
de personas subordinadas a la accionada debían ponderarse con la cautela que
ordena el artículo 211 del CGP, acentuada por la medida de aseguramiento que la
Sala Especial de Instrucción impuso a la congresista por el asedio a María Isabel
Rueda Guerrero y a sus hijas con el propósito de influir en sus declaraciones ante
la justicia. La inconformidad real de la recurrente recae sobre el mérito asignado a
la prueba y no sobre una omisión valorativa. El reparo no está llamado a prosperar.

Frente al séptimo reparo: las transferencias entre Laura Fernanda y María
Isabel

106. Este reparo ofrece una explicación alternativa al flujo de dinero entre la
asesora y su madre, que la primera instancia valoró como pieza central de la
cadena indiciaria.

107. Con base en la información financiera recaudada en la investigación penal,
el fallo constató que Laura Fernanda transfería a María Isabel, en un lapso no
superior a dos días desde cada pago de nómina, lo recibido por concepto de salario
como asesora de la UTL, por la totalidad del dinero o por cifras casi idénticas, con
la sola excepción de la prima de servicios de mitad de año. Verificó, igualmente,
que sobre la asignación de María Isabel, antes de su retiro, pesaban descuentos
por un crédito de libranza y un embargo judicial que comprometían la mitad de su
salario, afectaciones de las que quedó sustraído el ingreso que comenzó a recibir
por conducto de su hija.

108. La recurrente sostuvo que resulta improcedente considerar que el envío de
dinero de la hija a la madre implique irregularidad alguna, pues ese razonamiento
desconoce la naturaleza de la administración de los recursos una vez salen del
erario, y que las transferencias se explicaban en la cancelación de gastos
compartidos de vivienda y en la compra de divisas para los estudios de maestría
que Laura Fernanda adelantó en España.

109. La objeción sobre el destino del dinero una vez sale del erario pertenece al
debate sobre el alcance de la causal y se resolverá en el acápite correspondiente;
aquí basta precisar que la primera instancia no sancionó la conducta de transferir,
sino que valoró las transferencias como hecho indicador del propósito de la
designación, y como hecho indicador, su fuerza es considerable: no se trata de
aportes periódicos ni de sumas parciales, sino del traslado de la totalidad de lo

41 Crf. Consideraciones 16.4 y siguientes de la sentencia de primera instancia.

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percibido o sumas casi idénticas, con la sola excepción de la prima de servicios de
mitad de año.

110. Los montos exactos y el producto financiero de destino no se detallan en
esta providencia por tratarse de información sometida a reserva 42 tal y como lo
precisó la primera instancia, sin que ello afecte la constatación del patrón descrito.
La sentencia apelada destacó, además, que una vez desvinculada María Isabel,
sobre su ingreso recaían descuentos que lo afectaban, y que casi de inmediato la
nueva vinculada comenzó a realizarle esas transferencias.

111. Las reglas de la experiencia enseñan que, si bien puede existir solidaridad y
afecto entre padres e hijos, en el caso concreto también concurren otros elementos
que debilitan esa explicación y le restan credibilidad, como los son que María Isabel
siguiera acudiendo de forma constante al Congreso, ocupara un puesto de trabajo,
ejerciera funciones de hecho, no se acreditara el cumplimiento de funciones por
parte de Laura Fernada, los embargos que pesaban contra la madre y el dato no
menor de que las transferencias se hicieran por la totalidad o su casi equivalente
de la remuneración.

112. Las explicaciones de la defensa no cierran esa brecha: los gastos
compartidos de vivienda no exigen el giro de la totalidad del salario, y la compra de
divisas para unos estudios en el exterior tampoco explica que el dinero terminara
en la cuenta de la madre y no en la de la estudiante. La explicación que sí articula
todos los datos es la que acogió el a quo: la desvinculación formal de María Isabel
sustraía su ingreso de los descuentos que lo mermaban, mientras la remuneración
del cargo seguía llegándole, completa, por conducto de su hija. El reparo no está
llamado a prosperar.

Análisis de la valoración conjunta de la cadena indiciaria realizada por la
primera instancia

113. Resueltos los reparos individuales, la discusión no se agota en establecer si
existieron irregularidades o desórdenes en la organización interna de la UTL,
hipótesis que incluso el Ministerio Público reconoció como reprochable pero
irrelevante para los efectos del caso. Lo que debe determinarse es si el conjunto de
indicios permitían afirmar que la representante demandada postuló a Laura
Fernanda Rueda Guerrero con conocimiento de que no asumiría efectivamente las
funciones del cargo y consintió que los recursos asignados a su remuneración se
destinaran, de hecho, a retribuir a una persona sin vínculo vigente con la Cámara
de Representantes.

114. La cadena indiciaria construida en la sentencia de primera instancia,
examinada de manera integral y con el grado reforzado de convicción que exige un

42 Cfr. cuaderno No. 1, Corte Suprema de Justicia, fl. 172 y cuaderno No. 3, fl. 1083-1093, sometidos a cadena

de custodia. La Sala no divulga en esta providencia los montos exactos de las transferencias ni los pro ductos
financieros involucrados porque se trata de datos semiprivados de carácter financiero de personas que no son
parte en este proceso, amparados por el artículo 15 de la Constitución Política y por el régimen de protección
de datos personales contenido en las Leyes 1266 de 2008, artículo 3, literal g) y 1581 de 2012, principios de
circulación restringida y acceso limitado, artículo 4, literales c) y f). Su divulgación no es necesaria para la
motivación de esta decisión, pues el indicio se construye sobre el patrón de correspondencia entre lo percibido
por nómina y lo transferido, verificable en los folios citados, y no sobre las cifras individualmente consideradas.

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juicio como el de pérdida de investidura, supera ese examen. Cada hecho indicador
se encuentra acreditado con soporte objetivo: la renuncia de María Isabel coincidió
con el momento en que los descuentos por libranza y el embargo judicial
comprometieron la mitad de su asignación; su hija fue nombrada en la misma
dependencia al día siguiente de la desvinculación; la exasistente registró 390
movimientos por los puntos de control del Congreso en nueve meses, ocupó un
puesto de trabajo identificado por los declarantes, transmitió instrucciones de la
representante y tramitó asuntos propios de la unidad; la asesora formalmente
vinculada ingresó una sola vez, esto es, el día de su posesión, no dejó rastro
documental ni electrónico de su gestión, salió del país durante tres semanas sin
que su ausencia fuera advertida ni reportada, desplegó en ese mismo lapso una
actividad profesional remunerada al servicio de sociedades privadas y transfirió a
su madre, de manera inmediata o no mayor a dos días, la totalidad del salario
percibido.

115. Esos indicios no operan de manera aislada: convergen todos hacia una
misma explicación y se refuerzan entre sí. El móvil económico da sentido al
momento de la renuncia; la inmediatez del nombramiento y el parentesco explican
la escogencia de la reemplazante; la continuidad de hecho de la madre y la
ausencia total de actividad de la hija revelan que el cargo cambió de denominación,
pero no de titular material y el flujo íntegro del salario cierra el circuito, mostrando
a dónde se dirigieron realmente los recursos públicos. Las referencias a actividades
puntuales atribuidas a Laura Fernanda y la ausencia de prueba directa de un
acuerdo no desvirtúan esa inferencia: la prueba indiciaria es precisamente el
instrumento con que el derecho reconstruye los designios que no se documentan,
y las explicaciones alternativas ofrecidas por la defensa, examinadas y descartadas
al resolver cada reparo, no articulan siquiera una parte del cuadro probatorio.

116. Desde esa perspectiva, la Sala no encuentra que la valoración del a quo
hubiera sido caprichosa, selectiva o subjetiva. La sentencia apelada identificó
hechos indicadores plurales, graves, concordantes y convergentes; explicó la
relación existente entre ellos; confrontó la hipótesis acusatoria con las explicaciones
de la defensa y acogió la única que da cuenta de la totalidad de los elementos
acreditados: Laura Fernanda Rueda Guerrero fue vinculada a la UTL con el
propósito de que transfiriera su salario a María Isabel Rueda Guerrero, quien
continuó ejerciendo de hecho las labores de la unidad, para que esta evadiera los
descuentos que afectaban su remuneración. Los reproches contra la valoración
probatoria, en consecuencia, no prosperan.

117. Así las cosas, en el siguiente apartado se determinará si los hechos que se
tienen por probados dan lugar a la configuración de la causal de pérdida de
investidura invocada.

Alcance de la causal de indebida destinación de dineros públicos

118. Establecido que la valoración probatoria de la primera instancia resistió los
reproches de la apelación, la Sala aborda el segundo eje del recurso, dirigido ya no
contra la valoración probatoria sino contra la adecuación jurídica de los hechos en
la causal prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política. Al
respecto, la recurrente formuló tres reparos: (1) la sentencia apelada se apartó de
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los lineamientos fijados por la Sala Plena en las sentencias del 28 de marzo de
2017 (rad. 11001-03-15-000-2015-00111-00) y del 21 de enero de 2025 (rad.
11001-03-15-000-2024-03278-01); (2) el elemento objetivo de la causal no se
acreditó, porque su configuración exige demostrar que el congresista destinó
recursos públicos a fines u objetos no autorizados, distintos o prohibidos, sin que
baste el pago de salarios con cargo a un empleo formalmente existente en la planta
de la UTL, menos aún cuando esos recursos, una vez pagados, ingresan al
patrimonio del servidor y su administración posterior escapa a la órbita del gasto
público; y (3) tampoco se probó el elemento subjetivo, pues no existe evidencia de
un acuerdo orientado a que Laura Fernanda Rueda Guerrero se abstuviera de
ejercer el cargo, y la sentencia amplió indebidamente el alcance de la causal porque
la derivó de una presunta falta de control sobre el trabajo de la asesora y no de una
conducta deliberada de desviación del gasto.

119. Ninguno de los tres reparos prosperará. El primero se resolverá de manera
inicial, porque su respuesta exige precisar el alcance y contenido de la causal
conforme a la jurisprudencia de la Sala Plena, y ese estándar es, a su vez, el
parámetro con el cual deben examinarse los otros dos.

El supuesto desconocimiento de las sentencias de la Sala Plena

120. La sentencia apelada fundó su análisis en la jurisprudencia de la Sala Plena
que exige verificar tres presupuestos para que se configure la causal: la condición
de congresista del sujeto activo, la existencia de dineros públicos y su destinación
indebida. Sobre esa base, recordó que, tratándose de los recursos asignados a la
nómina de la UTL, la causal puede configurarse cuando el congresista, mediante el
ejercicio de su facultad nominadora y de certificación de labores, distorsiona la
finalidad del gasto para beneficiar a un tercero o sostener una nómina instrumental
o simulada, y encuadró en esa hipótesis la conducta que tuvo por probada.

121. Por su lado, la recurrente sostuvo que la sentencia apelada desconoció los
lineamientos fijados por la Sala Plena en las sentencias del 28 de marzo de 2017
(rad. 11001-03-15-000-2015-00111-00) y del 21 de enero de 2025 (rad. 11001-03-
15-000-2024-03278-01). El reproche no tiene vocación de prosperidad. Los
antecedentes judiciales invocados resuelven problemas jurídicos distintos al que se
plantea en este proceso y, además, la sentencia apelada no se apartó de las reglas
que ellos establecen.

122. En la sentencia del 28 de marzo de 2017, el problema jurídico consistió en
determinar si el senador acusado incurrió en indebida destinación de dineros
públicos al certificar el cumplimiento de labores de dos miembros de su UTL: uno
que viajó al exterior sin permiso ni licencia durante días hábiles, y otro que prestaba
sus servicios en la sede de un partido político en la ciudad de Pereira. La regla
central de esa decisión fue que la causal se configura cuando el congresista, a
través de las certificaciones que le impone el artículo 388 de la Ley 5.ª de 1992,
propicia el pago de salarios por servicios que no fueron prestados, con lo cual
distorsiona la finalidad del gasto público; y que, por el contrario, no configura la
causal el hecho de que un miembro de la UTL preste sus servicios en una ciudad
distinta a Bogotá cuando ello obedece a las necesidades del servicio legislativo en
la región de origen del congresista. En esa sentencia, la causal se estructuró a partir
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01322-01
Demandante: Édgar Solier Millares Escamilla

de la certificación de labores que no se ejecutaron (ausencias físicas verificables y
no justificadas) y la discusión sobre el elemento subjetivo se centró en si el
legislador conocía o debía conocer esas ausencias.

123. En la sentencia del 21 de enero de 2025, el problema jurídico consistió en
establecer si el Representante a la Cámara incurrió en la causal al certificar el
cumplimiento de funciones de una servidora de su UTL que registró escasa
presencia en las instalaciones del Congreso y que, según el solicitante, no ejecutó
labor alguna. La Sala negó la pérdida de investidura porque la parte actora no logró
desvirtuar el cumplimiento de funciones: obraban informes mensuales de
actividades firmados y no tachados de falsos, el testimonio de una integrante de la
UTL que corroboró las labores de la servidora, y la Ley 2029 de 2020 habilitaba el
teletrabajo desde el territorio nacional. La regla que de allí se desprende es que la
sola ausencia de presencialidad en la sede del Congreso no configura la causal
cuando existen elementos probatorios que acreditan el ejercicio efectivo de
funciones, y que la ausencia de un acuerdo formal de teletrabajo no equivale, por
sí sola, a inactividad ni estructura la causal.

124. Ninguna de esas reglas fue desconocida. La sentencia del 28 de marzo de
2017 no contradice lo decidido por el a quo, como se anotó, en esa providencia la
Sala estructuró la causal a partir de la certificación de labores que no se prestaron,
lo cual es el punto de partida (no el fundamento exclusivo) del análisis que condujo
a la desinvestidura en primera instancia. La sentencia del 21 de enero de 2025, por
su parte, resolvió un caso en el que la controversia giró en torno a si la servidora
ejecutó o no funciones, y en el que la ausencia de presencialidad fue el único indicio
de inactividad frente a una masa probatoria que acreditaba el contrario. Ese no es
el escenario de este proceso.

125. La discusión no es si Laura Fernanda Rueda Guerrero trabajó de manera
presencial o en modalidad remota, ni si la congresista certificó negligentemente
labores cuya ejecución no verificó. El debate que suscita el presente asunto radica
en si la designación de Laura Fernanda no respondió al propósito real de cubrir el
cargo de asesora grado I, sino que sirvió de instrumento para que los recursos
asignados a esa remuneración permitieran la continuidad de una persona ajena a
la planta. En ese escenario, la causal no se estructura por deficiencia en la
supervisión ni por certificación descuidada de funciones no prestadas, sino por la
instrumentalización de la facultad nominadora desde su origen para desviar el
gasto público hacia una finalidad no autorizada. Se trata, en consecuencia, de una
nómina instrumental, hipótesis que ninguna de las sentencias invocadas por la
apelante excluye ni contradice.

El reparo sobre el elemento objetivo de la causal

126. La sentencia apelada tuvo por acreditados los dos primeros presupuestos de
la causal: la calidad de congresista de la demandada cuando postuló a María Isabel
Rueda Guerrero y, después, a Laura Fernanda Rueda Guerrero para integrar su
UTL; la disposición de dineros públicos, pues esta última fue incluida en nómina y
percibió salarios y prestaciones con cargo al erario por más de ciento dos millones
de pesos. En cuanto al tercero, concluyó, por la vía indiciaria ya examinada, que

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María Isabel continuó ejerciendo funciones asistenciales en la UTL después de su
retiro formal mientras Laura Fernanda, aunque figuró como asesora, no ejecutó
realmente las funciones del cargo, y que la congresista promovió y consintió un
esquema orientado a que la remuneración llegara, por interpuesta persona, a quien
seguía prestando los servicios.

127. La apelación no discute que la demandada ostentó la calidad de congresista
ni que los salarios de la UTL constituyen recursos públicos. Su planteamiento se
concentra en el tercer presupuesto de la causal prevista en el artículo 183.4 de la
Constitución y 296.4 de la Ley 5 de 1992: si, con fundamento en el acervo
probatorio, es posible afirmar que esos recursos fueron indebidamente destinados.

128. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo43, la causal de destinación indebida de dineros públicos se configura
cuando el congresista, en ejercicio de sus funciones, destina recursos del Estado a
fines o propósitos distintos de los autorizados por la Constitución, la ley o el
reglamento, o cuando los aplica a materias prohibidas, innecesarias o injustificadas.

129. La Corporación ha identificado tres elementos al respecto: que el sujeto
activo ostente la condición de congresista y actúe en desarrollo de sus
competencias; que se trate de dineros públicos; y que esos recursos se destinen a
fines ajenos o contrarios a los previstos por el ordenamiento. En materia de
unidades de trabajo legislativo, se ha precisado que la causal puede configurarse,
entre otros eventos, cuando se estructura un esquema de nómina ficticia o
instrumental para beneficiar a un tercero, mediante la postulación de una persona
que formalmente ocupa el cargo, pero que no ejerce de manera real y efectiva las
funciones ni presta en forma sustancial los servicios que corresponden al empleo,
mientras la remuneración se canaliza, total o parcialmente, hacia quien obtiene el
provecho material. 44

130. De ese desarrollo se desprende que, para estructurar la causal, no basta
constatar falencias en la supervisión de la UTL o en la documentación de las
actividades de sus integrantes. Se requiere acreditar que el congresista utilizó el
rubro de personal para un propósito ajeno o proscrito y que la persona postulada
no estaba llamada realmente a desempeñar el cargo, sino a servir de vehículo para
trasladar el salario a un tercero o para financiar fines extraños a la función
legislativa.

43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 19, Sentencia

del 28 de julio de 2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-01705-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo Sentencia del 28 de marzo de 2017. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00
(PI). Sentencia del 6 de mayo de 2014., Expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. La Sala Plena precisó
el alcance del numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política A partir de una interpretación literal y
gramatical de la disposición, complementada con el análisis de su origen, de la finalidad perseguida por el
constituyente de 1991 y de los criterios fijados al resolver casos concretos, la Sala reafirmó que la causal de
pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos contiene una descripción típica completa:
identifica como sujeto activo al congresista; fija como verbo rector la acción de destinar; incorpora como
circunstancia de modo la exigencia de que esa destinación sea indebida; y determina como objeto de la
conducta los dineros públicos, entendidos como bien jurídico protegido, cuya utilización irregular acarrea la
sanción de desinvestidura.
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 10 de mayo de 2022. Exp.

11001-03-15-000-2019-00771-01: “si el congresista ejerce esta competencia indebidamente, disponiendo del
dinero público asignado en la partida para un fin distinto, lo que ocurre cuando postula a una persona para que
formalmente desempeñe las funciones del cargo, por las cuales recibirá la remuneración correspondiente, pero
en la realidad lo hace con el objeto de que sea designado “para que no desempeñe la función que legalmente
le corresponde y le transfiera el salario a un tercero” incurre en la causal de pérdida de investidura.”

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131. Así las cosas, para tener por satisfecho el elemento objetivo en este asunto,
la Sala debe verificar si los salarios pagados a Laura Fernanda Rueda Guerrero
correspondieron realmente al ejercicio efectivo de las funciones del cargo de
asesora grado I o si, por el contrario, fueron utilizados para sostener una situación
en la que otra persona, sin vínculo vigente con la Cámara de Representantes,
continuó desempeñando de hecho las labores de la UTL y recibiendo, total o
parcialmente, el provecho económico de esa remuneración.

El reparo sobre el elemento subjetivo de la causal

132. Sobre el componente subjetivo, la sentencia apelada estimó que la conducta
no obedeció a una simple desorganización administrativa ni a una deficiente
supervisión del trabajo de la UTL. Consideró demostrado que la representante
conocía la irregularidad y encaminó su voluntad a sostenerla: postuló a Laura
Fernanda Rueda Guerrero pese a que no estaba llamada a desempeñar
efectivamente el cargo, permitió que María Isabel continuara actuando en la oficina
sin vínculo formal y certificó el cumplimiento de labores de la asesora durante un
período prolongado en el que, según el acervo, estas no se ejecutaron.

133. La recurrente sostuvo que el elemento subjetivo no se probó, pues no existe
evidencia de un acuerdo orientado a que Laura Fernanda Rueda Guerrero se
abstuviera de ejercer el cargo ni de que la congresista hubiera dispuesto los
recursos con la finalidad de trasladar el salario a un tercero. En su planteamiento,
la sentencia amplió indebidamente el alcance de la causal porque la derivó de una
presunta falta de control sobre el trabajo de la asesora y no de una conducta
deliberada de desviación del gasto público.

134. En cuanto al componente subjetivo, la Corporación 45 ha entendido que, por
regla general, la destinación indebida se realiza de manera dolosa: el congresista
conoce que desnaturaliza la finalidad del recurso y acepta ese resultado, por
ejemplo, al mantener una nómina ficticia, remunerar a quien no presta servicios o
utilizar la UTL como instrumento para sostener vínculos personales o familiares al
margen de la función pública.

135. Por tanto, la Sala debe verificar si el acervo probatorio permite concluir que
conocía la distorsión en el uso de los recursos públicos y la consintió, o que, al
menos, actuó con un grado de indiferencia extrema frente a una situación que
desnaturalizaba de manera evidente la finalidad del gasto.

Análisis concreto para verificar la ocurrencia de la causal

136. Precisado el alcance de los elementos objetivo y subjetivo de la causal,
corresponde establecer si los hechos acreditados en el proceso permitían a la
primera instancia concluir que, en este caso, los recursos asignados a la UTL fueron
destinados indebidamente y si esa situación fue conocida y consentida por la
congresista demandada.

45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativa, Sala Séptima de Decisión de Pérdida de

Investidura. Sentencia del 20 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-03883-00

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Lo que se encuentra probado sobre el funcionamiento de la UTL

137. El punto controvertido no radica en la existencia formal del nombramiento ni
en la naturaleza pública de los recursos comprometidos, sino en establecer cómo
operó en la práctica la UTL durante el período comprendido entre el 11 de enero y
el 30 de septiembre de 2023 y a quién benefició realmente la remuneración
asignada al cargo de asesora grado I, esto es, si se trató de un esquema de nómina
ficticia o instrumental para beneficiar a un tercero.

138. Se encuentra demostrado que Laura Fernanda solo registró un ingreso al
edificio del Congreso, el día de su posesión, mientras que se anotaron un número
elevado de visitas de María Isabel; que varios testigos indicaron que esta última
continuó asistiendo a la oficina y mantuvo una participación activa en la dinámica
del equipo; que el grado de conocimiento personal de Laura Fernanda entre sus
compañeros era sensiblemente menor, y que, durante buena parte del período
analizado, Laura Fernanda realizó transferencias de dinero a favor de su madre.
También está acreditado que María Isabel tenía comprometida una parte
importante de sus ingresos como asistente V de la UTL, pues se le practicaban
descuentos a su salario por un crédito en la modalidad de libranza y la asignación
también soportaba un embargo impuesto dentro de un proceso ejecutivo tramitado
por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá.

139. Para valorar las actividades que se atribuyen a la asesora, es necesario
precisar que el cargo de asesora grado I comportaba deberes de carácter
permanente. Conforme al artículo 388 de la Ley 5.ª de 1992 y al manual de
funciones de la Cámara de Representantes contenido en la Resolución 1095 de
2010, al asesor de UTL corresponden labores de colaboración en el estudio y
análisis de proyectos, la evaluación de iniciativas normativas relativas a planes de
desarrollo y proyectos de inversión, la realización de los estudios que se le soliciten
en las materias de su competencia y el apoyo en la redacción de ponencias. Esas
funciones, por su naturaleza y por tratarse de una vinculación legal y reglamentaria
remunerada mensualmente con cargo al erario, suponían una prestación continua
durante los casi nueve meses del nombramiento y no un concurso episódico u
ocasional.

140. Esta precisión no tiene por objeto enjuiciar el desempeño laboral de la
servidora, no es el debate del presente proceso, sino fijar el parámetro con el cual
deben apreciarse las referencias a actividades puntuales que obran en el
expediente: frente a un cargo cuyos deberes eran de exigibilidad permanente, unas
intervenciones aisladas y débilmente documentadas, esto es: los reportes de
febrero y marzo de 2023 y las certificaciones expedidas por la propia congresista,
cuya correspondencia con la realidad es justamente el objeto de la controversia,
carecen de entidad para acreditar que la designación respondió al propósito real de
proveer el empleo, y dejan en pie la inferencia a la que llegó el fallo de primera
instancia según la cual la vinculación operó como instrumento para canalizar la
remuneración hacia quien continuó desempeñando de hecho las labores de la
unidad.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01322-01
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141. De otro lado, obran testimonios que atribuyen a Laura Fernanda la
realización de ciertas tareas en modalidad no presencial y, en el plano documental,
los reportes de cumplimiento de funciones de febrero y marzo de 2023 46 ,
registrados como proyectados por ella. Examinadas directamente esas piezas, la
Sala encuentra que: el número telefónico 47 de contacto que consignan corresponde
al de María Isabel Rueda Guerrero, lo que compromete la atribución de su
elaboración; la propia asesora no las reseñó como producto de su trabajo al rendir
declaración y su contenido no corresponde a las funciones de asesoría descritas,
sino al trámite de reporte de labores de otros integrantes de la unidad, durante
apenas dos de los casi nueve meses de la vinculación. Fuera de esas piezas y de
las certificaciones expedidas por la propia congresista 48, ningún otro documento del
expediente da cuenta del objeto, alcance y regularidad de labores de asesoría
desarrolladas por dicha servidora.

142. La invocación del trabajo remoto debe examinarse, además, a la luz del
régimen que lo autoriza. El artículo 1 de la Ley 2029 de 2020, interpretativo del
artículo 388 de la Ley 5.ª de 1992, permite que los funcionarios vinculados a las
UTL desarrollen sus funciones fuera de la sede del Congreso, en cualquier lugar
dentro del territorio nacional donde el congresista lo requiera, incluso mediante
teletrabajo o virtualidad, y sujeta esa labor a los mecanismos de información, control
y seguimiento dispuestos por la Dirección Administrativa. En este caso, no obra
constancia de que la modalidad remota se hubiera informado a esa dependencia ni
de mecanismo alguno de seguimiento de la actividad de la asesora.

143. A su vez, el único episodio documentado sobre el lugar desde el cual la
asesora habría prestado sus servicios muestra lo contrario de lo que la norma
autoriza: una permanencia de tres semanas fuera del país, en abril de 2023, sin
situación administrativa que la amparara, según certificó la División de Personal de
la Cámara de Representantes 49 y destinada, por reconocimiento de la propia
servidora, a asuntos personales, lo que motivó la orden de reintegro de una fracción
de la remuneración 50.

144. La hipótesis del teletrabajo, entonces, no solo carece de respaldo en el
expediente, sino que resulta desmentida en el único punto en que pudo ser
verificada. Con todo, la Sala precisa que este examen no convierte la inobservancia
de los parámetros del trabajo remoto en fundamento de la causal, lo que equivaldría
a sancionar una simple irregularidad administrativa, sino que priva de plausibilidad
a la explicación alternativa con la que se pretende justificar la ausencia de toda
actividad verificable de la asesora.

145. De este panorama probatorio se desprende que la discusión no gira en torno
a la mera existencia del nombramiento de Laura Fernanda, sino a la
correspondencia entre esa designación formal y el funcionamiento real de la UTL.

46 Índices 17, 18 y 39 SAMAI.
47 Advertencia realizada por el a quo: la constatación se hace cruzando esos reportes [núm. 10.9 de la sentencia

de primera instancia] contra el registro de abonados celulares del grupo de WhatsApp de la UTL, que está en
las capturas trasladadas de la investigación penal: cuaderno No. 1, Corte Suprema de Justicia, fl. 136-160,
sometido a cadena de custodia.
48 Índices 45.2 y 45.3 SAMAI.
49 Cfr. Cuaderno No. 2, Corte Suprema de Justicia, fl. 512, sometido a cadena de custodia.
50 Cfr. Cuaderno No. 6, fl. 1061-1063, Corte Suprema de Justicia, sometido a cadena de custodia.

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Valorados en conjunto, los elementos del expediente muestran una presencia
funcional relevante y constante de María Isabel y, en contraste, una actividad de
Laura Fernanda apenas puntual y débilmente documentada, insuficiente para
demostrar el ejercicio efectivo, estable y sustancial de las funciones del cargo,
conclusión a la que llegó el fallo de primera instancia y que comparte la Sala.

146. Lo anterior permite establecer, con suficiente claridad, qué quedó acreditado
respecto de cada una de las dos personas involucradas en este análisis. En cuanto
a María Isabel Rueda Guerrero, se encuentra probado que, pese a carecer de
vínculo formal con la Cámara de Representantes desde el 11 de enero de 2023,
registró un número inusualmente elevado de movimientos por los puntos de control
a las instalaciones del Congreso durante ese período; que varios integrantes de la
UTL la identificaron como la persona que seguía recibiendo instrucciones,
apoyando la agenda legislativa y tramitando asuntos de la congresista, y que su
presencia en la dinámica cotidiana de la oficina era percibida, por quienes allí
laboraban, como la de un miembro activo del equipo.

147. En cuanto a Laura Fernanda Rueda Guerrero, se encuentra probado que
registró un único ingreso al edificio del Congreso, el día de su posesión; que su
nivel de reconocimiento personal entre los integrantes de la UTL era sensiblemente
menor al de su madre; que las referencias testimoniales a actividades que habría
desarrollado son puntuales, inespecíficas y no están respaldadas por informes,
conceptos, entregables ni otros soportes documentales que permitan establecer el
objeto, la extensión, la regularidad o la incidencia real de esa supuesta labor, y que
durante buena parte del período analizado transfirió a su madre sumas
coincidentes, en fecha y monto, con los pagos de salario que recibía. Ese contraste,
valorado en conjunto, es el punto de partida para examinar si la designación formal
de Laura Fernanda respondió al propósito de cubrir efectivamente el cargo de
asesora grado I o si, por el contrario, sirvió de instrumento para sostener una
dinámica funcional y económica en beneficio de una persona ajena a la planta.

148. Ahora bien, la eventual realización de labores de hecho por parte de María
Isabel no excluye por sí misma la configuración de la causal. Lo decisivo no es que
alguna actividad hubiera sido materialmente ejecutada, sino que el salario del cargo
de asesora grado I se destinara a remunerar a la persona formalmente designada
por el ejercicio real y efectivo de las funciones del cargo y a la prestación real y
efectiva de las funciones correspondientes. Cuando ese rubro termina sosteniendo,
total o parcialmente, la actuación funcional de una persona sin vínculo vigente con
la Cámara, se produce una distorsión de la finalidad del gasto público.

La hipótesis de nómina instrumental frente a las explicaciones alternativas

149. La hipótesis según la cual la designación de Laura Fernanda respondió a
una finalidad instrumental y no al ejercicio real y efectivo del cargo se apoya, de
manera conjunta, en los siguientes elementos: Laura Fernanda solo registró un
ingreso al edificio del Congreso, con ocasión de su posesión, durante casi nueve
meses de vinculación; María Isabel registró un número inusualmente elevado de
movimientos por los puntos de control, en ese mismo período, pese a carecer de
vínculo laboral vigente; los testimonios describen la presencia constante de María
Isabel en la oficina, su participación activa en la dinámica de la UTL y el escaso o

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nulo contacto personal con Laura Fernanda; aunque algunos testigos señalaron
que Laura Fernanda prestó apoyo en asuntos vinculados con la reforma a la salud,
el Plan Nacional de Desarrollo y el cannabis, esas afirmaciones no aparecen
corroboradas por informes, conceptos, entregables u otros soportes documentales
que permitan establecer con claridad el objeto, alcance, regularidad e incidencia
real de ese supuesto trabajo y se acreditaron transferencias reiteradas de parte del
salario de Laura Fernanda a favor de su madre, en un contexto en el que esta última
tenía comprometida una parte importante de sus ingresos por descuentos de
libranza y embargo sobre su asignación salarial.

150. Frente a ese conjunto, las explicaciones ofrecidas por la defensa y por el
Ministerio Público no desvirtúan la inferencia que surge del examen integral del
expediente. La referencia al trabajo remoto no neutraliza el contraste objetivo entre
la casi total ausencia de Laura Fernanda en la sede del Congreso y la presencia
reiterada de María Isabel en la dinámica cotidiana de la oficina. Tampoco lo hacen
los únicos soportes documentales que la propia sentencia de primera instancia
identificó como posibles indicios de alguna actividad de Laura Fernanda, esto es,
los reportes de cumplimiento de funciones de febrero y marzo de 2023 y los oficios
en cuyo pie de página se indicó que fueron “proyectados” por ella 51. El a quo resaltó
que, fuera de esas piezas y de las certificaciones expedidas por la congresista, no
obra un solo documento que permita establecer con claridad el objeto, alcance,
extensión, regularidad e incidencia real de la labor de asesoría atribuida a dicha
servidora.

151. En consecuencia, aun cuando en el expediente obren esas piezas y existan
referencias testimoniales a actividades puntuales de Laura Fernanda, tales
elementos no alteran la conclusión que surge de la valoración conjunta del material
probatorio. Su alcance demostrativo es limitado y no permite tener por acreditado
el ejercicio real, estable y sustancial de las funciones propias del cargo de asesora
grado I. Lo que muestra el conjunto del expediente es, más bien, una falta de
correspondencia entre la designación formal de Laura Fernanda y el
funcionamiento efectivo de la UTL, en cuyo marco María Isabel continuó
desempeñando de facto el rol funcional principal.

Configuración del elemento objetivo

152. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye, al igual que lo hizo el a quo,
que en este caso se satisface el elemento objetivo de la causal. En efecto, los
salarios pagados a Laura Fernanda Rueda Guerrero no correspondieron al ejercicio
real y efectivo de las funciones del cargo de asesora grado I ni a la prestación
sustancial de los servicios que justificaban esa remuneración. Por el contrario, el
acervo probatorio muestra que esos recursos fueron utilizados para sostener una
situación en la que otra persona, sin vínculo vigente con la Cámara de
Representantes, continuó desempeñando de hecho las labores principales de la
UTL y recibiendo el provecho económico asociado al cargo.

153. No se trata, entonces, de una simple irregularidad administrativa, de un
defecto en la supervisión interna de la UTL o de una deficiente documentación de

51 Índices 17, 18 y 39 de SAMAI

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actividades. Tampoco basta oponer, para descartar la causal, que María Isabel sí
desarrolló labores en beneficio de la oficina. Las labores que el acervo le atribuye,
propias de la asistencia administrativa que antes prestaba, no corresponden al
contenido del empleo de asesora grado I ni pueden tenerse por su ejercicio.
Justamente, esa circunstancia confirma la distorsión en la aplicación del rubro de
personal, porque la designación formal de Laura Fernanda no respondió, en la
realidad, al propósito de cubrir de manera efectiva el empleo de asesora grado I,
sino al mantenimiento de una dinámica funcional y económica en beneficio de una
persona ajena a la unidad de trabajo de la congresista.

Configuración del elemento subjetivo

154. La Sala también encuentra satisfecho el componente subjetivo tal y como
también lo hizo la sentencia apelada. El conjunto probatorio no muestra un episodio
aislado de descuido ni una mera falla de control sobre el funcionamiento de la UTL.
Lo acreditado es que la congresista postuló deliberadamente a la hija de su
exasistente para vincularla a la misma unidad de la que esta acababa de retirarse
—si bien en el cargo de asesora grado I, distinto del de asistente grado V que
aquella ocupaba—, mantuvo esa designación formal durante casi nueve meses,
expidió certificaciones de cumplimiento de labores en períodos en los que el acervo
no registra actividad real atribuible a la asesora, y permitió que quien conservara
una presencia constante y un papel funcional relevante en la oficina fuera
precisamente la persona que acababa de desvincularse.

155. Cada uno de esos pasos requirió una decisión activa de la congresista;
ninguno es explicable como el producto de un descuido, una omisión o una falla de
supervisión. El elemento se configura, entonces, no como la tolerancia de una
irregularidad que se fue consolidando, sino como el resultado de un designio
orientado desde el inicio a mantener a María Isabel Rueda Guerrero como apoyo
funcional de la UTL por interpuesta persona, una vez que su vinculación formal dejó
de ser viable.

156. Las explicaciones alternativas tampoco encuentran sustento. La hipótesis del
trabajo remoto no explica la ausencia de productos de trabajo atribuibles a Laura
Fernanda ni el contraste entre esa ausencia y la presencia constante de su madre.
La hipótesis del apoyo económico familiar no explica que la asesora transfiriera a
su madre, dentro de los dos días siguientes a cada pago de salario o de manera
inmediata, la totalidad de lo percibido o sumas casi idénticas, comportamiento que
no corresponde a una ayuda entre familiares sino al traslado íntegro de la
remuneración a quien continuaba desempeñando de hecho las labores de la
unidad.

157. Del mismo modo, la hipótesis de la simple negligencia en la certificación de
labores no explica que la congresista mantuviera el esquema durante todo el
período analizado sin adoptar ninguna medida correctiva, pese a que la situación
era, por su naturaleza, evidente para quien ejercía la facultad nominadora y de
certificación.

158. Lo que el conjunto probatorio muestra, de manera que no admite otra lectura
razonable, es que la congresista concibió y ejecutó un esquema orientado a que

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Laura Fernanda figurara formalmente como asesora grado I sin asumir
efectivamente las funciones del cargo, con el propósito de que los recursos
asignados a esa remuneración sostuvieran, de hecho, la continuidad funcional y
económica de quien había sido su asistente. Ese es el núcleo de la nómina
instrumental y ese es, precisamente, el contenido doloso que se exige para tener
por configurado el elemento subjetivo de la causal de indebida destinación de
dineros públicos. El componente subjetivo queda, tal y como se concluyó en la
sentencia de primera instancia, plenamente acreditado.

Conclusión

159. La Sala es consciente de la severidad de la sanción de pérdida de investidura
y del estándar reforzado de motivación y análisis probatorio que impone su
imposición. Sin embargo, ese rigor no se traduce en la exigencia de una prueba
directa de la intención interna de la congresista ni en la necesidad de descartar toda
circunstancia secundaria que, de manera aislada, pudiera resultar compatible con
una versión distinta. Lo que demanda es que, a partir de los indicios acreditados y
conforme a las máximas de la experiencia, la explicación que mejor dé cuenta del
conjunto probatorio sea suficientemente sólida para sustentar la conclusión judicial.
En este caso, ese umbral se cumple y la sentencia apelada da cuenta de ello.

160. Lo anterior impone descartar, de manera expresa, que en este caso deba
acudirse al principio de resolución de la duda a favor de la congresista, aplicable a
este juicio en razón de su naturaleza sancionatoria. Ese principio opera cuando,
agotada la valoración racional del conjunto probatorio, subsiste una incertidumbre
razonable sobre los hechos que estructuran la causal; no cuando simplemente
concurren en el expediente elementos de sentido contrario, pues ello ocurre en la
generalidad de los litigios y su solución corresponde, precisamente, a la apreciación
conjunta bajo las reglas de la sana crítica.

161. La duda que activa la garantía debe ser razonable, esto es, fundada en el
mérito de las pruebas y no en la mera posibilidad abstracta de una explicación
distinta. En este asunto, los elementos que podrían sugerir alguna actividad de
Laura Fernanda Rueda Guerrero, esto es, las referencias testimoniales a su
participación en asuntos relacionados con el cannabis medicinal, el Plan Nacional
de Desarrollo y la reforma a la salud, y las certificaciones expedidas por la
congresista, fueron examinados individualmente y en conjunto: las primeras
resultaron puntuales, inespecíficas y desprovistas de corroboración, y las segundas
emanan de la propia demandada y constituyen el objeto mismo de la controversia.

162. Frente a ellos converge una cadena de indicios graves, precisos y
concordantes: el registro de un único ingreso en casi nueve meses de vinculación,
la presencia constante y funcional de María Isabel Rueda Guerrero, las
transferencias sistemáticas coincidentes con los pagos de salario, el contexto
económico que las explica y la ausencia de toda huella de actividad sostenida, cuya
fuerza demostrativa no queda contrarrestada por aquellas menciones aisladas. La
explicación acogida no es, entonces, una entre varias igualmente plausibles: es la
única que da cuenta coherente de la totalidad del acervo, de modo que no subsiste
una duda razonable que deba resolverse en favor de la demandada.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01322-01
Demandante: Édgar Solier Millares Escamilla

163. Esta conclusión no se ve afectada por la tesis, sostenida en algunos
pronunciamientos 52, según la cual los recursos públicos destinados a remunerar a
los servidores de la UTL pierden su naturaleza pública una vez ingresados al
patrimonio del trabajador, de modo que las transferencias posteriores que este
realice a favor de un tercero no configurarían por sí solas la causal de destinación
indebida de dineros públicos.

164. Esa hipótesis, aun si se aceptara en abstracto, no es la que describe lo
ocurrido en este caso. La distorsión que aquí se acredita no opera en el momento
en que el salario pasa al patrimonio de la asesora y es transferido posteriormente
a su madre. Opera desde antes: desde el momento en que la congresista ejerció
su facultad nominadora para designar a una persona que, según lo que demuestra
el conjunto probatorio, no estaba llamada a ejercer efectivamente las funciones del
cargo.

165. Lo que se configura en este caso no es una desviación del salario después de
su pago, sino una nómina instrumental en la que la designación formal fue, desde
su origen, el instrumento para canalizar recursos públicos hacia una finalidad
distinta de la prevista por el ordenamiento. En ese esquema, la naturaleza pública
de los recursos no se pierde con el pago: se distorsiona su destinación desde el
momento en que el nominador estructura el cargo como un vehículo para remunerar
a quien no lo ocupa efectivamente.

166. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada. Se encuentran
acreditados, con la entidad requerida en este tipo de procesos, los elementos
objetivo y subjetivo de la causal de indebida destinación de dineros públicos
prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política. Por tanto, los
cargos de la apelación no logran desvirtuar la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de marzo de 2025 proferida por Sala
Especial 26 de Decisión mediante la cual se decretó la pérdida de investidura de la
Representante a la Cámara Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez.

SEGUNDO: COMUNICAR esta providencia a la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior para lo de
su cargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.

TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría General, archivar el
expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

52 Por ejemplo: Conejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 21 de agosto de

2025. Exp. 11001-03-15-000-2023-05331-02.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01322-01
Demandante: Édgar Solier Millares Escamilla

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Magistrado Magistrada
Ausente con excusa

ZORANNY CASTILLO OTALORA
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrada
Magistrado
Ausente con excusa

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Magistrada
Magistrada Aclara voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Magistrado Magistrado

ALBERTO MONTAÑA PLATA
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Magistrado
Magistrado
Ausente con excusa

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado Magistrado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Magistrada
Magistrado
Ausente con excusa
Aclara voto

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado Magistrado

NICOLÁS YEPES CORRALES
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Magistrado
Aclara voto

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