Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01705-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01705-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01705-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nº 19
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-00
Convocante: Diego Vásquez Contreras
Convocado: Jairo Alberto Castellanos Serrano
Tema: Causales de pérdida de investidura de Indebida destinación de
dineros públicos y tráfico de influencias. Niega pretensiones.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir sobre la solicitud que, en ejercicio de la acción pública
de Pérdida de Investidura de los Congresistas, consagrada en los artículos 183 y
184 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 143 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y conforme a la
Ley 1881 de 2018, instauró el ciudadano Diego Vásquez Contreras, en contra del
Senador de la República Jairo Alberto Castellanos Serrano.
ANTECEDENTES
El señor Diego Vásquez Contreras, solicitó que se decrete la pérdida de
investidura del Senador Jairo Alberto Castellanos Serrano, elegido para el periodo
2022-2026, para que no vuelva a ejercer cargos de elección popular por haber
incurrido en las causales de ley para su muerte política.
La solicitud de pérdida de investidura se fundamenta en los hechos que pueden
resumirse de la siguiente manera:
1. Que al senador Alberto Castellanos Serrano, le inició la Procuraduría General
de la Nación proceso disciplinario IUS E-2022-740475 – IUC D-2023-274-9777 por
favorecer a su cuñado con diferentes contratos mientras fue alcalde de Toledo
Norte de Santander.
2. Que el convocado, en vez de pagar los servicios profesionales de un defensor,
dio poder especial a su Asesora Grado 1 de la Unidad de Trabajo Legislativo –
UTL, quien es funcionaria pública, para asumir su defensa técnica.
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3. Que las UTL de los congresistas, se pagan de los impuestos y son según la Ley
4ª exclusivamente para funciones legislativas, no para hacer favores personales a
los Senadores y Representantes y menos para que ejerzan como abogados de los
mismos.
4. Que a la señora María Camila Rivera López se le reconoció personería jurídica
para actuar dentro del proceso disciplinario IUS E-2022-740475 – IUC D-2023-
274-9777, que se le adelanta por corrupción a su jefe.
5. Que el convocado, es abogado de profesión siendo plenamente consciente de
la falta cometida, al usar indebidamente los recursos de todos y valerse de su
investidura para ahorrarse un profesional del derecho, con sus asesores
legislativos, lo que además de configurar varios delitos y otras faltas disciplinarias,
da lugar a decretar su pérdida de investidura.
6. Que esa práctica, también la ha ejercido el congresista convocado en otros
procesos penales que se adelantan en su contra ante la Corte Suprema de
Justicia, a través de la misma apoderada, con lo cual se demuestra su dolo.
Las causales en las que se fundamenta las pretensiones, son las siguientes:
Indebida destinación de dineros públicos: Expresó que el senador no puede
valerse de su equipo o Unidad de Trabajo Legislativo, creado para una labor
netamente legislativa, para ahorrarse un abogado en las causas e investigaciones
que afronta, así sean con ocasión a su calidad de senador.
Que la jurisprudencia es clara cuando afirma que la causal se presenta si se le da
a los recursos una finalidad ilegal o prohibida en la ley tal como sucedió en esta
oportunidad. Que, el Senador tiene un sueldo por encima de 37 millones de pesos,
con los cuales puede y debe perfectamente cubrir los honorarios de los abogados
que le deban asistir, antes que usar su equipo de trabajo legislativo que se paga
con los recursos públicos de todos los ciudadanos para este fin ilegal.
Tráfico de influencias: Indicó que, en este caso, se cumple con los requisitos que
ha señalado el Consejo de Estado, para que se acredite esta causal. Que, el
convocado le impuso, obligó u ordenó a otro servidor público, su asesora grado 1
María Camila Rivera López asumir su defensa dentro del proceso disciplinario que
se le adelanta por corrupción (darle contratos a su cuñado) ante la Procuraduría, y
el beneficio obtenido por el senador es que gracias a ese abuso de poder no pagó
abogado, sino que lo asumió la sociedad de sus impuestos.
Que también está demostrado el dolo de la conducta, pues el convocado es
abogado titulado y ha nombrado a la misma funcionaria pública en otras causas
penales para que lo represente, por lo que es totalmente consciente de su actuar
ilegal.
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Contestación de la solicitud
La parte convocada, se opuso a las pretensiones, al considerar que los
planteamientos y cargos, no solo son desprovistos del respectivo soporte
constitucional y legal con el alcance dado por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado, sino ausentes de medios de convicción suficientes, que satisfagan el
estándar de prueba exigible para lograr la inhabilidad de por vida para ejercer un
cargo de elección popular.
Manifestó que la señora María Camila Rivera López, simplemente, llevó a cabo
una averiguación administrativa el 22 de febrero de 2023 de forma presencial ante
la Procuraduría General de la Nación, dentro del radicado No. IUS E-2022-740475
– IUC D-2023-274-9777, única y exclusivamente, para notificarse del auto de
apertura de investigación, para que luego el senador disciplinado procediera a
nombrar a su defensor de confianza según la especialidad de la causa
investigativa.
Que es mentiroso y malintencionado, indicar que a la señora María Camila Rivera
López, integrante de la UTL del senador accionado, le fue conferido poder
especial para ejercer su defensa técnica en la investigación disciplinaria; que
prueba de ello, es que nunca actúo dentro de esa causa, y pocos días después, el
congresista convocado designó a su abogado de confianza, para asumir su
defensa técnica disciplinaria hasta este momento.
Consideró que el Senador no incurrió en la causal de indebida destinación de
dineros públicos por el simple hecho de que una funcionaria de su UTL adelantara
una labor secretarial de notificación dentro de un proceso disciplinario.
Que la conducta de la abogada María Camila Rivera López, se limitó a una labor
administrativa de notificación del auto de fecha 13 de enero de 2023, más no, de
representación del senador Jairo Alberto Castellanos Serrano dentro de la
investigación disciplinaria y que tampoco se derivó de una función pública.
Que la conducta sobre la que descansa el reproche de indebida destinación de
dineros públicos por emplear el senador convocado una UTL para notificarse de
un auto dentro de la investigación No. IUS E-2022-740475 – IUC D-2023-274-
9777, es un asunto bagatela que no da lugar automáticamente a la pérdida de
investidura de un congresista en virtud del principio de proporcionalidad.
Aseguró que la labor de notificación llevada a cabo, no supuso tampoco una
afectación a las funciones públicas encomendadas de las cuales se pudiera
desprender la malversación de recursos públicos.
Que existe ausencia total de culpa o dolo del senador, al solicitar a la abogada que
procediera a notificarse de un auto de apertura de investigación para enterarse y
nombrar a un apoderado que asumiera su defensa técnica.
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Que no podía ni formal ni materialmente ejercer como defensora dentro de la
investigación disciplinaria IUS E-2022-740475 – IUC D-2023-274-9777 por
insuficiencia de poder. Que el mandato conferido para notificarse del auto de
apertura de investigación de fecha 12 de enero de 2023, tampoco cumplió los
requisitos del Código General del Proceso y de la Ley 2213 de 2022 por lo que no
debe ser tenido en cuenta como prueba.
Consideró que no se cumplen los presupuestos legales y jurisprudenciales para
hablar de un tráfico de influencias por el hecho de haber solicitado el senador
demandado a su UTL, la notificación de un auto de apertura de investigación
disciplinaria en su contra.
Trámite procesal
La solicitud radicada por el señor Diego Vásquez Contreras, el 9 de abril de 2023,
fue repartida el 10 de abril de 2023, fue inadmitida por auto del 12 de abril de 2023
y admitida mediante auto del 28 de abril de 2023.
A través del auto del 18 de mayo de 2023, se abrió el proceso a pruebas y se fijó
fecha para llevar a cabo la práctica del interrogatorio de parte y de la prueba
testimonial, para el día 14 de junio de 2023.
La diligencia de pruebas se llevó a cabo el día 14 de junio de 2023, dentro de la
cual se rindió declaración de parte del señor Jairo Alberto Castellanos Serrano el
testimonio de la señora María Camila Rivera López.
Posteriormente, a través del auto de 14 de junio de 2023, se fijó fecha para la
audiencia pública del artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, para el día 28 de junio
de 2023 a las 9:00 a.m. y en esa misma fecha y hora fue desarrollada la diligencia.
AUDIENCIA PÚBLICA
Se celebró audiencia pública de manera virtual el 28 de junio de 2023 a las 9:15
a.m., en la cual intervino el Ministerio Público y la parte Convocada, ante la
inasistencia de la parte Convocante, como a continuación se resume:
Apoderado de la parte convocada. Refirió que, una vez revisado el expediente
en su totalidad, no se pudo demostrar ninguna de las causales de pérdida de
investidura solicitadas dentro del medio de control.
Frente a la indebida destinación de dineros públicos, dijo que no se logró
establecer que el demandado haya usado de manera directa o indirecta recursos
públicos con el fin de dilapidar o afectar el erario.
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Que no se puede afirmar la existencia de la causal por el hecho de que una
integrante de la UTL actuara, simplemente, notificándose de un auto de apertura
de investigación en la Procuraduría General de la Nación, a efectos de poner en
conocimiento de su jefe, para que éste a su vez nombrara a un apoderado que
ejerciera su defensa técnica.
Que no se logró establecer que la señora María Camila Rivera López, haya
ejercido su defensa técnica dentro del proceso, que del expediente emerge lo
contrario, que no hay ningún tipo de actuación como alegatos, solicitud o recurso,
o cualquiera otra de las permitidas dentro de ese proceso.
Que tampoco se demostró la ilicitud sustancial de la conducta, esto es, que la
simple designación de una autorización esté amparada en el artículo 74 del
Código General del Proceso, toda vez, que la funcionaria pública solo estaba
facultada para notificarse dentro de una actuación disciplinaria, por lo que no se
encuentra la demostración del elemento subjetivo.
En cuanto a la causal de tráfico de influencias, manifestó que no se encontró
desarrollada dentro de la demanda y que, siguiendo la línea del Consejo de
Estado, esa carga le corresponde exclusivamente al convocante.
Conforme con lo anotado, solicitó que se mantenga la investidura del Senador
Mario Alberto Castellanos Serrano.
Ministerio Público. El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado,
expresó que el poder de la funcionaria María Camila Rivera López, es una
manifestación concreta del derecho de postulación en materia procesal, incluida la
disciplinaria. Que el objeto de ese poder, únicamente alude a la revisión del
expediente y a la notificación del auto de apertura de la investigación disciplinaria
y no a las facultades otorgadas por el artículo 77 del CGP y que ello concuerda
con la declaración que ofreció la apoderada, en concordancia con los documentos
visibles en los folios 85 y 88 en los que se encuentra la revocatoria del poder para
la revisión del expediente, a la notificación y al apoderamiento.
Que lo anterior no es suficiente para configurar la causal alegada de indebida
destinación de dineros públicos, puesto que, contrario a lo afirmado por el actor,
no obedeció a un gasto como tal o de un abogado para que lo representara en un
proceso administrativo sancionatorio.
En cuanto a la causal de tráfico de influencias, aseguró que no se trata de una
influencia de tal envergadura del parlamentario hacía su funcionario de la UTL,
como para afirmar que la misma se efectuó anteponiendo su investidura de
congresista y ejerciendo por ello, su poder de influencia, pues el mismo se da en
función de la subordinación hacia su funcionario en el interior de su despacho,
quien le encomienda una labor administrativa específica que no le reporta un
beneficio concreto, ni probado en el expediente.
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Con base en los conceptos de moralidad administrativa y del derecho de buena fe
y de buena administración consideró pertinente decidir sobre la compulsa de
copias a la autoridad disciplinaria, en pro de la salvaguardia de la totalidad de los
recursos públicos, incluso si son mínimos como lo aludió el apoderado de la
accionada, pues todo le pertenece a la ciudadanía en un Estado con recursos
limitados. Que, resulta evidente que, si es posible advertir un reproche a los
funcionarios involucrados por impartir y acatar órdenes funcionales para atender,
así sea tangencialmente asuntos personales, sin ninguna relación ni causalidad
con las funciones parlamentarias y las que se ejercen al interior de las UTL.
Por todo lo anterior, solicitó que no se decrete la pérdida de investidura del
senador Jairo Alberto Castellanos Serrano.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala Especial de Decisión N° 19 del Consejo de Estado, es competente para
conocer en primera instancia de la solicitud de pérdida de investidura presentada
en virtud de lo dispuesto en los artículos 183, 184 y 237-5 de la Constitución
Política, 37-7 de la Ley 270 de 1996, 2 de la Ley 1881 de 2018 y el Acuerdo 011
de 31 de enero siguiente, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Problema jurídico
Debe la Sala Especial determinar, si el congresista Jairo Alberto Castellanos
Serrano; incurrió en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos y tráfico de influencias, al conferirle poder especial a su
Asesora Grado 1 de la Unidad de Trabajo Legislativo, María Camila Rivera López,
dentro del proceso disciplinario IUS E-2022-740475 – IUC D-2023-274-9777,
iniciado por la Procuraduría General de la Nación.
Acervo probatorio
Las pruebas aportadas y practicadas en el proceso son las siguientes:
• Copia del expediente disciplinario IUS E-2022-740475 – IUC D-2023- 274-
9777.
• Certificado expedido por el Jefe de Recursos Humanos del Congreso de la
República, respecto de la Historia Laboral de la señora María Camila Rivera
López, en la que se resalta que mediante Resolución No. 684 del 10 de
junio de 2022, expedida por la Dirección General Administrativa del Senado
de la República, se nombró en el cargo de Asesor Grado I, dentro de la UTL
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del Senador Jairo Alberto Castellanos Serrano y que mediante Acta No. 326
del 24 de julio de 2022, se posesionó en el cargo mencionado.
• Resultado del escrutinio E-26 SEN del 13 de marzo de 2022 y constancia
del Congreso de la República, con los que se acredita que el señor Jairo
Alberto Castellanos Serrano, es Senador de la República en el periodo
2022-2026.
• Interrogatorio de parte rendido por el señor Jairo Alberto Castellanos
Serrano.
• Testimonio de la señora María Camila Rivera López.
Aspectos generales sobre la pérdida de investidura
La Constitución Política de 1991 regula la pérdida de investidura en los artículos
183 y 184. El desarrollo legal de estas normas constitucionales se encuentra en la
Ley 1881 de 2018, y el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011. Se caracteriza como
un medio de control de naturaleza sancionatoria, en consecuencia, se debe
desarrollar de acuerdo al principio del debido proceso dispuesto en el artículo 29
de la Constitución Política.
Para la pérdida de investidura, aplican los principios de legalidad en sentido
estricto –tipicidad-, taxatividad, pro homine e in dubio pro reo. La aplicación
restrictiva se impone sobre la interpretación extensiva o analógica. Se trata de un
juicio subjetivo que el Consejo de Estado ha considerado de carácter ético, pues
se reprochan conductas contrarias a la dignidad del cargo que se ostenta 1. El juez
evalúa si el representante de la voluntad popular se comporta de acuerdo con las
exigencias legales y constitucionales2.
Entre otros atributos del proceso, se destaca: i) es de carácter jurisdiccional y
conlleva una imperiosa consecuencia, pues la pérdida de investidura genera
inhabilidad para ocupar cargos de elección popular iguales o similares; ii) tiene
fuertes implicaciones democráticas, pues más que la limitación de los derechos
políticos de un ciudadano, representa un juicio de carácter subjetivo respecto del
comportamiento de un miembro de una corporación pública y su sujeción al
imperio de la ley; iii) es un medio de control de carácter público, de allí que la
1
Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido: “La pérdida de investidura constituye una clara
manifestación del ius puniendi del Estado, con el fin de juzgar la conducta de los servidores públicos de
elección popular, llamada a cumplir un papel fundamental en la democracia participativa y deliberativa, pues
con ella se busca preservar valores esenciales de la democracia como la defensa del interés general, el
decoro, la rectitud, la lealtad, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la buena marcha del
servicio público en el ejercicio de la representación popular” (CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de marzo de 2021. Exp. 15001-23-33-000-2020-01680-
01(PI). M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés).
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativa, Sala Séptima de Decisión de Pérdida de
Investidura. Sentencia del 20 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-03883-00(PI). M.P. María
Adriana Marín (E).
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legitimación por activa la tenga cualquier ciudadano; iv) es un juicio de
responsabilidad subjetiva, lo que implica verificar que existió una conducta dolosa
o gravemente culposa3; v) cuenta con la garantía de la doble instancia; vi) tiene un
término de caducidad de cinco años y vii) es una institución autónoma e
independiente respecto de los demás regímenes de responsabilidad de los
servidores públicos4.
Ahora bien, el análisis en los procesos de pérdida de investidura se surte en dos
etapas. En primer lugar, se estudia desde una perspectiva objetiva que el miembro
de una corporación pública haya incurrido en una conducta tipificada como causal
para perder la investidura, según el régimen correspondiente. En segundo lugar,
procede el análisis subjetivo de la conducta, donde se verifica que esta sea un
acto volitivo y consciente que transgrede el régimen legal.
De las causales de pérdida de investidura invocadas en la demanda
Indebida destinación de dineros públicos
En el presente caso, se advierte que la causal de pérdida de investidura que se
invoca en la solicitud, es la prevista en el numeral 4º del artículo 183 de la
Constitución Política, que establece para los congresistas, la siguiente “4. Por
indebida destinación de dineros públicos”.
Dicha causal no se encuentra definida en la Constitución o la ley, por lo que ha
sido la jurisprudencia la que ha desarrollado su alcance.
Así, por ejemplo, en sentencia del 10 de agosto de 2021, la Sala Plena de esta
Corporación, Magistrado Ponente Gabriel Valbuena Hernández, expediente con
radicación 11001-03-15-000-2020-04001-01, expuso lo siguiente:
“44. En términos generales, la causal invocada en este proceso, censura
cualquier utilización de los dineros públicos para fines no previstos, distintos,
prohibidos o no autorizados por la Constitución o la ley5, con el propósito de
erradicar y sancionar aquellas prácticas que se apartan de los fundamentos
deontológicos propios de la función parlamentaria. Una de esas conductas
reprochables la constituye el hecho de pagar o autorizar el pago de salarios
a personas que en realidad no han ejercido sus funciones o prestado sus
servicios o la remuneración, con cargo al erario de aquellas tareas, funciones,
servicios o actividades ajenos a las misiones institucionales del Congreso.
3 Al respecto, el H. Consejo de Estado ha señalado: “i) si el congresista estaba en condiciones de comprender
el hecho o circunstancia configurativa de la causa, ii) si le era exigible otra conducta o comportamiento, iii) si el
congresista atendió las normas jurídicas y, finalmente, iv) si la sanción de pérdida de investidura, en el caso
concreto, es necesaria para garantizar los fines fijados en la Constitución” (Ibid).
4 Ibid.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2014,
consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00, sentencia del 28 de
marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01705-00
45.
Esta corporación ha entendido que el comportamiento sancionable se
configura cuando el parlamentario, en su condición de servidor público, al
ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o
distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución,
la ley o el reglamento para los dineros públicos; destina o aplica tales recursos
a materias expresamente prohibidas, innecesarias o injustificadas; busca un
incremento patrimonial o un beneficio no necesariamente económico en su
favor o de terceras personas6, independientemente de que dicha actuación
configure o no un delito penal7. Lo importante, es que el congresista sea el
determinador del detrimento patrimonial del Estado, al aplicar dineros públicos
a un fin no autorizado8.
46.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 28 de
marzo de 20179 precisó, que la causal se configura cuando se acreditan los
siguientes presupuestos: (i) que se ostente la condición de miembro de una
corporación de elección popular, (ii) que se esté frente a dineros públicos y (iii)
que estos sean indebidamente destinados.
47.
En efecto, la configuración de la causal supone que la destinación indebida
de dineros públicos tenga lugar cuando el congresista ostente tal calidad, esto
es, se encuentre posesionado y en el ejercicio del cargo y tenga la
disponibilidad jurídica o material de destinar o incidir en la destinación de los
recursos que administra el Estado, ya sea porque ostenta la calidad de
ordenador del gasto, administrador o depositario de los bienes estatales o
porque en el ejercicio de sus funciones, ocasiona, determina o permite la
incorrecta, ilícita o injusta destinación de dineros públicos. Esto último puede
ocurrir en los eventos relativos a la celebración de contratos o en los trámites
de pago de la nómina, cuando deba certificar la prestación efectiva del servicio
como condición indispensable para autorizar los pagos.
48.
Esta corporación en la aludida sentencia del 28 de marzo de 2017 precisó
que el sintagma «dinero público» está referido a los recursos públicos que
administra el Estado. En ese sentido, los recursos destinados al pago de
salarios y prestaciones sociales al personal de las entidades públicas, se
enmarcan dentro de ese concepto”.
6 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 3 de octubre de 2000. MP: Doctor Darío Quiñones Pinilla.
Expedientes AC 10529 y AC 10968.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de noviembre de 2016,
consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente: 11001-03-15-000-2015-02938-00, accionante:
Juan Carlos Arango, accionado: Luciano Grisales Londoño.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de febrero de 2004,
consejero ponente: Alier Hernández Enríquez, expediente: 11001-03-15-000-2003-1149-01, accionante:
Álvaro Gutiérrez Marenco, accionado: Dieb Nicolás Maloof Cuse.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP.
Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI). Sentencia del 6 de mayo
de 2014. MP. Enrique Gil Botero, Expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. Dicha aclaración se sustentó
en la interpretación literal y gramatical del artículo 183 numeral 4 de la carta superior, acompasada con la
historicidad de la norma, la finalidad perseguida con ella por el Constituyente de 1991 y con los lineamientos
trazados por la jurisprudencia de la Corporación al resolver los casos concretos. Con ella se retomó la
interpretación efectuada por la Sala Plena en sentencia del 5 de febrero de 2001, para concluirla causal
corresponde a una descripción típica completa, en tanto indica un sujeto activo, el congresista; el verbo rector,
destinar; la circunstancia de modo que lo cualifica, esto es, que sea la destinación sea indebida, y el objeto
sobre el cual recae la acción, que viene a ser el bien jurídico protegido: los dineros públicos, así como la
consecuencia de su realización, la pérdida de la investidura de congresista.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01705-00
Para que la causal de pérdida de investidura de congresista por indebida
destinación de dineros públicos se configure objetivamente, debe cumplirse con
los siguientes supuestos:
1. Que el sujeto ostente la calidad de congresista y que esté en ejercicio de
las funciones propias de su cargo.
2. Que se esté frente a dineros públicos. En lo relativo a este supuesto, para
efectos del alcance de la causal, estos son aquellos recursos públicos que
administra el Estado.
3. Que los dineros públicos sean indebidamente destinados.
Tráfico de influencias
El numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Política, dispone que los
congresistas perderán su investidura, “Por tráfico de influencias debidamente
comprobado”.
Se ha dicho por la jurisprudencia de la Corporación, que esta causal, se configura
cuando un congresista antepone su investidura frente a un servidor público, quien,
bajo el influjo de la dignidad parlamentaria, realiza una actividad que no
adelantaría de no ser por la calidad de quien lo solicita. De modo que se produce
una relación en la que el senador, gracias a su investidura, influye en el otro
servidor en el sentido de la decisión que aquel le solicita10. Así mismo, se ha
considerado que la disposición constitucional tiene un sentido ético y que debe
examinarse bajo esa óptica, independientemente de las previsiones penales o
disciplinarias que establezcan conductas similares.
Esta causal de desinvestidura se configura si se reúnen los siguientes elementos,
que deben aparecer demostrados en el proceso de forma concurrente:
1. Que se trate de persona que ostente la calidad de Congresista;
2. Que se invoque esa calidad o condición;
3. Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero,
dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de
1.992, en cuanto a las gestiones de los Congresistas a favor de sus
regiones, y
10 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión de Pérdida de investidura No 16, sentencia del 11 de febrero
de 2019, Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque, expediente: 11001-03-15-000-2018-00317-00.
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4. Con el fin de obtener beneficio de un servidor público en asunto que éste se
encuentre conociendo o hubiese de conocer11.
De la conformación de las Unidades de Trabajo Legislativo en el Congreso
de la República
El artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, establece que cada Congresista contará con
una unidad de trabajo a su servicio integrada por no más de 10 empleados, y/o
contratistas; que para la provisión de esos cargos cada Congresista postulará,
ante la Mesa Directiva, en el caso de la Cámara y, ante el Director General, o
quien haga sus veces, en el caso del Senado, el respectivo candidato para su
libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato.
Además, reguló la norma, que, para el pago de los salarios, el congresista,
deberá certificar el cumplimiento de las funciones de su unidad de trabajo
legislativo, de lo que se desprende que el senador tiene la facultad nominadora
respecto de su UTL, fungiendo como superior jerárquico y funcional de los
empleados y contratistas que integren su unidad de trabajo legislativo.
Por su parte, el artículo 384 de la Ley 5ª de 1992, dispuso que los funcionarios
que prestan sus servicios al Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, se denominan empleados de la Rama Legislativa del Poder
Público; y que, serán de libre nombramiento y remoción, entre otros, los
empleados de la Unidad de Trabajo Legislativo. Y el artículo 385, indica que la
vinculación laboral de los empleados que conforman las plantas de personal,
se hará por medio de resolución de nombramiento, expedida por la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes y del Director General en el
Senado, respectivamente.
Caso concreto
El accionante solicitó la pérdida de investidura del senador Jairo Alberto
Castellanos Serrano, con fundamento en la causal de indebida destinación de
dineros públicos consagrada en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución
Política, por lo que pasa la Sala a analizar, si la conducta del congresista
convocado, se encuadra en los presupuestos de dicha causal.
La calidad de congresista del convocado está demostrada. Además, se encuentra
desarrollando sus funciones como Senador por el periodo 2022-2026.
11
Consejo de Estado. Sentencia de 30 de julio de 1996, expediente núm. AC- 3640, (Consejero Ponente Dr.
Silvio Escudero Castro). Reiterado en Sentencia del 24 de febrero de 2015, exp. 11001-03-15-000-2012-
01139-00 (PI-2012-01139 y 2012- 01443), C.P. María Claudia Rojas Lasso.
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Frente al requisito que se trate de dineros públicos, se tiene que los salarios de los
funcionarios públicos hacen parte del componente de gastos de funcionamiento de
la Nación y, por tanto, los congresistas administran indirectamente dineros
públicos con respecto del pago de los emolumentos por las funciones
desempeñadas por los miembros de sus UTL.
Así las cosas, se cumple con ese requisito, toda vez que en la demanda se afirma
que el Congresista utilizó personal de su UTL, para su defensa, destinando
recursos públicos (el salario de la integrante de su UTL, se paga con este tipo de
recursos) y en esto consistiría la indebida destinación.
Con respecto del tercer elemento, esto es, que los dineros públicos sean
indebidamente destinados, se tiene, que, contrario a lo afirmado por el
demandante, no se encuentra configurada la causal de indebida destinación de
dineros públicos, como pasa a analizarse:
El convocante fundamentó la pretensión de pérdida de investidura, en el hecho de
que el senador Jairo Alberto Castellanos Serrano, dio poder a su Asesora Grado I
de la UTL María Camila Rivera López, para que asumiera su defensa técnica,
dentro del proceso disciplinario IUS E-2022-740475 – IUC D 2023-274-9777
adelantado por la Procuraduría General de la Nación.
El congresista convocado reconoció expresamente, en la contestación de la
demanda, en el interrogatorio de parte y en el alegato de conclusión, que el poder
que se le dio a su Asesora Grado I de la UTL María Camila Rivera López, fue para
la revisión del expediente y notificación del auto de apertura de investigación,
limitándose al acto de notificación y a la solicitud de copias de un proceso. Que
dicho poder fue revocado el 15 de marzo de 2023, por lo que consideró que,
ninguna funcionaria de su UTL, ejerció como apoderada especial para llevar a
cabo su defensa técnica dentro de la causa disciplinaria.
Además, esta última circunstancia fue admitida y explicada por la Abogada María
Camila Rivera López, quien, en su testimonio, reconoció que la actuación que
adelantó ante la Procuraduría consistió en asistir a revisar el expediente, tomar
unas copias y notificarse; y que, posteriormente el Senador, procedió a contratar a
su abogado de confianza.
Con la demanda, fue allegada copia del proceso IUS E-2022-740475 – IUC D
2023-274-9777, en el que se verifica los siguientes presupuestos:
• Que el 12 de enero de 2023, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la
Procuraduría General de la Nación, dentro del proceso IUS E-2022-740475
– IUC D 2023-274-9777, ordenó la apertura de investigación disciplinaria
del Senador Jairo Alberto Castellanos Serrano.
• Que el 6 de febrero de 2023, fue remitido al correo electrónico
jalabeto@hotmail.com, citación para que compareciera dentro de los 5 días
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siguientes con el fin de notificarle de manera personal el auto calendado 12
de enero del 2023, por medio del cual se ordenó la APERTURA DE
INVESTIGACION DISCIPLINARIA en su contra.
• Que el 22 de febrero de 2023, se presentó ante la Sala Disciplinaria de la
Procuraduría General de la Nación, poder conferido por el señor Jairo
Alberto Castellanos Serrano a la Doctora María Camila Rivera López, el
cual contiene la siguiente información:
“DOCTORA
MARIA CRISTINA FONSECA FONSECA
SECRETARIA PROCURADURIA GR 12
SALA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION
E S. D.
REFERENCIA: PODER PARA REVISIÓN EXPEDIENTE Y
NOTIFICACIÓN Expediente IUS E-2022-740475 IUC D-2023-2749777
JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO, mayor de edad, con
domicilio y residencia en la ciudad de Cúcuta, identificado (a) con la
Cédula de Ciudadanía No. (…) de Toledo, Norte de Santander, en mi
calidad de senador denunciado, respetuosamente le manifiesto a usted,
que por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y
suficiente a la Doctora MARIA CAMILA RIVERA LOPEZ, mayor de
edad, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía (…), portador (a) de
la Tarjeta Profesional No. (…) del C. S. J, para que en mi nombre y
representación revise expediente, se notifique y realice las actuaciones
a que haya lugar en esta etapa del proceso.
Sírvase, por lo tanto reconocerle personería a mi apoderado en los
términos y para los efectos del presente poder.
Atentamente,
JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO
C.C. No (…)
ACEPTO
MARIA CAMILA RIVERA LOPEZ”
(…)”
• Que el 22 de febrero de 2023, la Dra. María Camila Rivera López, en su
calidad de apoderada del investigado Jairo Alberto Castellanos Serrano, se
notificó del auto de apertura de investigación disciplinaria de fecha 12 de
enero de 2023.
• Que el mismo 22 de febrero de 2023, fue remitido al correo electrónico
maria.rivera@senado.gov.co, el Oficio SDI No. 555-2023, en el cual se
indica que “Conforme a su solitud de copias del expediente referido, realizado el
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día de hoy en la diligencia de notificación personal, me permito adjuntar el archivo,
en el cual reposa el cartulario totalmente escaneado y actualizado”.
• Que, el 1º de marzo de 2023, se presentó “REVOCATORIA DE PODER PARA
REVISIÓN EXPEDIENTE Y NOTIFICACIÓN Expediente IUS E-2022-740475 –
IUC D 2023-274-9777”, ante la Procuraduría General de la Nación, revocando
el poder otorgado a la Doctora María Camila Rivera López.
• Que el 14 de marzo de 2023, se presentó poder especial proceso
disciplinario radicado No. IUS E-2022-740475 - IUC D-2023-274-9777,
otorgado por Jairo Alberto Castellanos Serrano al Doctor Camilo Araque
Blanco.
• Que, por auto del 16 de marzo de 2023, la Sala Disciplinaria de Instrucción,
aceptó la revocación del mandato otorgado a la Dra. María Camila Rivera
López y le reconoció personería al Dr. Camilo Araque Blanco.
Con lo visto, puede establecer la Sala, que no se demostró que el congresista
convocado haya conferido poder a una de las integrantes de su UTL, quien
ostenta la calidad de servidora pública, para que “asumiera su defensa técnica”,
como lo afirma el convocante, con el fin de “ahorrarse un abogado de confianza en la
causales e investigaciones que afronta el demandado, así sean con ocasión a su calidad
de senador”.
Lo anterior en la medida en que, tal y como quedó acreditado, la gestión
adelantada por la abogada María Camila Rivera López, consistió en la notificación
personal del auto de apertura de la investigación y solicitud de copias, en los
términos conferidos en el poder, y no ejerció ninguna de las facultades dispuestas
por el artículo 77 del Código General del Proceso. Además, no se desprende de
esas actividades, que la misma corresponda a una defensa técnica dentro de un
proceso disciplinario, por lo que no es posible evidenciar que la Asesora Grado I
de la UTL del congresista convocado, haya destinado parte de su tiempo de
trabajo, a la defensa técnica de su jefe.
Incluso, la testigo hizo referencia a cuánto de su tiempo tomó el acto de
notificación y solicitud de copias, que como se reitera no corresponde a una
defensa dentro del proceso disciplinario, dejándose además sentado, que esa
actuación fue de mero trámite u operativa y que no interfirió en el cumplimiento de
sus funciones.
Al margen de lo anterior, se tiene que la labor encomendada por el Congresista a
su UTL, correspondió a la descrita en el artículo 71 de la Ley 1437 de 2011, que
dispone que “Cualquier persona que deba notificarse de un acto administrativo podrá
autorizar a otra para que se notifique en su nombre … El autorizado solo estará facultado
para recibir la notificación y, por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con
el acto administrativo se tendrá, de pleno derecho, por no realizada”. Además, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 del CPACA, toda notificación personal
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lleva consigo la entrega de copias, por lo que ese poder pudo ser conferido a un
abogado o a cualquier otra persona, de donde se desprende que su intención
nunca fue la de conferir un poder para que ejerciera su defensa técnica.
Por lo tanto, en este caso no está comprobada la indebida destinación de dineros
públicos de manera directa o indirecta por parte del senador, es decir, no está
demostrado que el congresista convocado, haya utilizado instrumentos para
cambiar la destinación de los dineros públicos.
Ahora, en cuanto a la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias, el
convocante se limitó a informar que el señor Jairo Alberto Castellanos Serrano que
ostenta la calidad de senador le impuso, obligó u ordenó a otro servidor público,
en este caso, a su Asesora Grado 1 María Camila Rivera López, asumir su
defensa dentro del proceso disciplinario que se le adelanta por corrupción y que el
beneficio obtenido por el senador por ese abuso de poder fue no pagar un
abogado. Al respecto se tiene:
Como se dijo antes, la calidad de congresista del señor Jairo Alberto Castellanos
Serrano, se encuentra acreditada, puesto que fue elegido como senador por el
periodo 2022-2026 y se encuentra posesionado en el cargo.
En lo que refiere a que se invoque la calidad o condición de congresista; se
advierte que de las pruebas que obran en el plenario, no es posible desprender
que el senador Castellanos Serrano haya ejercido alguna presión en contra de la
Abogada María Camila Rivera López, quien hace parte de su UTL, puesto que de
su testimonio, no se observa que la haya presionado anteponiendo su condición
de senador para que aceptara el poder que le confirió a efectos de notificarse del
auto de apertura de investigación disciplinaria y solicitar la expedición de copias.
De otra parte, en lo que tiene que ver con el requisito de que se reciba, haga dar o
prometer para sí o para un tercero dinero, dádiva, con el fin de obtener beneficio
de un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o hubiese de
conocer, tampoco se acreditó que el senador Jairo Alberto Castellanos Serrano,
haya ofrecido alguna dádiva a un miembro de su UTL, en este caso a la Doctora
María Camila Rivera López, con el objeto de que aceptara el poder a ella conferido
y gestionara los trámites a los que se ha hecho mención en apartes anteriores y
tampoco está dentro de las funciones de las UTL la labor encomendada por el
Congresista, por cuanto no se trató de un asunto que ella estuviese conociendo o
hubiese debido conocer por las funciones de su cargo.
En conclusión, la conducta del congresista no encuadra en los supuestos de
hecho del numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Política.
En atención a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que, no se encuentra
probado el elemento objetivo de las causales de la pérdida de investidura
alegadas en la solicitud, esta Sala considera que no es necesario realizar el
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estudio del elemento subjetivo, por lo que lo procedente es negar la pérdida de
investidura.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que pudo haberse presentado alguna
irregularidad que, aunque no dé lugar a la configuración de las causales de
pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos y de tráfico de
influencias, sí amerita ser investigada por parte de la Procuraduría General de la
Nación, tal y como lo solicitó el Procurador Judicial Delegado ante la Corporación,
en los alegatos de conclusión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 19, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Negar la solicitud de pérdida de investidura instaurada por el señor
Diego Vásquez Contreras, en contra del Senador de la República Jairo Alberto
Castellanos Serrano, por las causales de indebida destinación de dineros públicos
y tráfico de influencias.
SEGUNDO: Ejecutoriada la sentencia, envíese copia de esta providencia a la
Mesa Directiva del Senado de la República, al Consejo Nacional Electoral y al
Ministerio del Interior para lo de su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.
TERCERO: Remítase copia de la presente actuación a la Procuraduría General de
la Nación, en los términos de la parte considerativa de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala Especial en sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Firmado electrónicamente
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ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Firmado electrónicamente
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Salvamento parcial de voto
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