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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-04001-01

Pérdida de investidura de congresista

Fecha
10 de agosto de 2021
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
17 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2020-04001-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- DENEGAR la declaratoria de nulidad de lo actuado en este proceso desde la audiencia de pruebas del 15 de octubre de 2020. SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de febrero de 2021 por la Sala Especial de Decisión No. 19, que declaró no probada la excepción de inepta demanda por falta de legitimación del señor Oromairo Avella Ballesteros y negó la solicitud de pérdida de investidura del representante a la Cámara César Augusto Ortiz Zorro, elegido para el periodo constitucional 2018-2022, según las razones explicadas en la parte motiva de esta decisión judicial. TERCERO: REMITIR copia de la presente providencia al Presidente de la Cámara de Representantes, para su conocimiento y demás fines pertinentes. Por Secretaría General de esta Corporación procédase de conformidad.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2020-04001-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

10 de agosto de 2021

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA / NULIDAD PROCESAL POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO E IGUALDAD - No se acredita la alegada causal de nulidad

[S]i en la audiencia de pruebas realizada el 15 de octubre de 2020, se desconocieron el debido proceso y el derecho de igualdad del señor Oromairo Avella Ballesteros y, en caso afirmativo, si se incurrió o no en una causal de nulidad que invalide lo actuado desde esa fecha, de tal suerte que deba retrotraerse el proceso al trámite de la aludida diligencia. En segundo lugar, si en este asunto se configuró la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política, por haber certificado el Congresista César Augusto Ortiz Zorro el cumplimiento de labores de una servidora pública de su Unidad de Trabajo Legislativo, señora Auradelia Negrette Sáenz, cuando ésta se encontraba fuera del país. El hecho de que el ponente de primera instancia le haya indicado al señor Avella Ballesteros en los momentos que antecedieron a la instalación de la audiencia virtual de pruebas, que si bien podía asistir y permanecer en ella pero sin formular preguntas a los testigos y de haberle ofrecido en ese momento la oportunidad de exteriorizar el sentido de las preguntas que querría hacer a los mismos, para evaluarlas y ajustarlas a las formalidades legales, con el objeto de que el ponente las formulara de considerarlas conducentes, pertinentes y útiles, no constituye ninguna irregularidad procesal, no solo por tratarse de un episodio que tuvo lugar por fuera de la audiencia, sino porque los artículos 220 y 221 del CGP, aplicables por remisión a este tipo de procesos , reservan expresamente a “las partes” y al ministerio público la oportunidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos. En todo caso, tal como puede apreciarse en el video de la audiencia de pruebas obrante en el expediente, si bien se registra la asistencia del señor Avella Ballesteros, se observa asimismo que él no pidió la palabra, no dejó ninguna constancia, ni manifestó inconformidad alguna frente a las advertencias que se le hicieron antes de la instalación de la audiencia, con lo cual se desvirtúa la vulneración de derechos alegada. Por otra parte, de haberse presentado cualquier irregularidad, ella se considera saneada en los términos del artículo 136 del Código General del Proceso.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 136 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 220 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 221 / LEY 1881 DE 2018 – ARTÍCULO 21

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA – Naturaleza sancionatoria / CAUSALES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

[L]a pérdida de investidura es una acción jurisdiccional pública y autónoma, de raigambre constitucional; un mecanismo dispuesto para el ejercicio del control político de los miembros de las corporaciones de elección popular por parte de los ciudadanos, en especial frente a aquellos comportamientos que resultan contrarios a la dignidad del cargo, a la moral pública, al buen servicio y al interés general; y al mismo tiempo un juicio de carácter jurídico, subjetivo, sancionatorio y ético, basado en las causales previstas en la Carta Política. Como se trata de un proceso sancionatorio, le corresponde al juez garantizar la efectividad de los principios, reglas y garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y hacer un juicio objetivo de configuración de la causal y subjetivo de responsabilidad del congresista cuestionado. El juicio de la configuración objetiva de la causal comporta la garantía del principio de legalidad, pues el juez, con un criterio de interpretación restrictiva, está llamado a determinar si la conducta endilgada al congresista cuestionado se subsume en la causal indicada por el solicitante de la pérdida de investidura, para luego entrar a definir, en el juicio de responsabilidad subjetiva, si aquella le es imputable o no a título de dolo o culpa grave, en los términos del artículo 1º de la Ley 1881 de 2018.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / LEY 1881 DE 2018 – ARTÍCULO 1

CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONGRESISTA - Indebida destinación de dineros públicos

El artículo 183 numeral 4º de la Constitución y el artículo 296 de la Ley 5ª de 1992, establecen que los congresistas perderán su investidura «por indebida destinación de dineros públicos». No obstante lo anterior, en estas disposiciones ni en la Ley 1881 de 2018, se concretan cuáles son las acciones u omisiones que dan lugar a la estructuración de la causal, razón por la cual la jurisprudencia ha venido identificando una gran variedad de supuestos fácticos que podrían configurar la indebida destinación de dineros públicos. En términos generales, la causal invocada en este proceso, censura cualquier utilización de los dineros públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución o la ley, con el propósito de erradicar y sancionar aquellas prácticas que se apartan de los fundamentos deontológicos propios de la función parlamentaria. Una de esas conductas reprochables la constituye el hecho de pagar o autorizar el pago de salarios a personas que en realidad no han ejercido sus funciones o prestado sus servicios o la remuneración, con cargo al erario de aquellas tareas, funciones, servicios o actividades ajenos a las misiones institucionales del Congreso. Esta corporación ha entendido que el comportamiento sancionable se configura cuando el parlamentario, en su condición de servidor público, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento para los dineros públicos; destina o aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, innecesarias o injustificadas; busca un incremento patrimonial o un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas, independientemente de que dicha actuación configure o no un delito penal. Lo importante, es que el congresista sea el determinador del detrimento patrimonial del Estado, al aplicar dineros públicos a un fin no autorizado. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 28 de marzo de 2017 precisó, que la causal se configura cuando se acreditan los siguientes presupuestos: (i) que se ostente la condición de miembro de una corporación de elección popular, (ii) que se esté frente a dineros públicos y (iii) que estos sean indebidamente destinados.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 183 NUMERAL 4 / LEY 5 DE 1992 – ARTÍCULO 296

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causal de pérdida de investidura consistente en la indebida destinación de dineros públicos, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sentencia del 28 de marzo de 2017, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI) y sentencia del 6 de mayo de 2014. MP. Enrique Gil Botero, Expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00.

UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO – Organización y funcionamiento

Las Unidades de Trabajo Legislativo son equipos de apoyo que tienen como finalidad contribuir al eficiente cumplimiento de la labor legislativa de los Congresistas, motivo por el cual su función se encuentra ligada indefectible y exclusivamente a ese cometido. El hecho de que los congresistas tengan asignada la potestad nominadora y de integración de sus Unidades de Trabajo Legislativo, no significa en modo alguno que puedan apartarse de lo establecido en los artículos 122, 144 y 209 de la Constitución, relativos a su función legislativa, a las condiciones que deben tener en cuenta para la vinculación de sus colaboradores y, a los principios que deben orientar el cumplimiento de sus funciones de naturaleza administrativa. (…). Al fungir los Congresistas como nominadores y superiores jerárquicos y funcionales de los empleados de las UTL, les corresponde brindar las condiciones necesarias para que estos últimos puedan desarrollar las funciones encomendadas, las cuales deben propender la eficiente labor legislativa; deben ejercer, oportuna y debidamente, los controles que sean necesarios para garantizar que estos realicen las tareas a su cargo y certificar el cumplimiento de su función como condición previa indispensable para posibilitar su retribución salarial y prestacional, tal como lo dispone el inciso tercero del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 122 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 144 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 209 / LEY 5 DE 1992 – ARTÍCULO 388

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONGRESISTA – No se configura la causal de pérdida de investidura contenida en el numeral cuarto del artículo 183 de la Constitución Política

Una vez analizada la normativa y la jurisprudencia relacionadas con el tema, así como el acervo probatorio obrante en el expediente, estima la Sala que no están dados los presupuestos para decretar la pérdida de investidura del representante a la Cámara César Augusto Ortiz Zorro, pues si bien el mencionado congresista certificó que la señora Negrette Sáenz cumplió sus labores durante todo el mes de enero de 2019 a pesar de encontrarse en el disfrute de la licencia no remunerada ya mencionada, lo real y cierto es que tan solo le fueron cancelados 19 días de salario, discriminados así: Por los 18 días laborados entre el 14 y el 31 de enero de 2019, tan solo le fueron remunerados 17. Lo anterior, teniendo en cuenta que en tratándose de la liquidación de nóminas oficiales, todos los meses son de 30 días. Además le fueron remunerados los días festivos correspondientes al 1º y el 7 de enero de esa misma anualidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 51 de 1983, para un total de 19 días. A propósito del descanso del día 6 de enero de 2019, es pertinente aclarar que por haber caído esa fecha en día domingo, el descanso remunerado se trasladó para el día siguiente, en aplicación de lo dispuesto en dicha Ley. A manera de conclusión, esta colegiatura estima que no es dable afirmar que el congresista cuestionado haya propiciado una indebida destinación de dineros públicos, motivo por el cual no se configura la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183 numeral 4º de la Constitución Política de Colombia.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 183 NUMERAL 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04001-01(PI)

Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

Demandado: CÉSAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA (SEGUNDA INSTANCIA)

Tema: Pérdida de investidura por la causal 4° del artículo 183 de la Constitución Política

ASUNTO

1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Oromairo Avella Ballesteros contra la sentencia de 3 de febrero de 2021, proferida por la Sala Especial de Decisión No. 19, mediante la cual se declaró no probada la excepción de inepta demanda por falta de legitimación en la causa y se negó la solicitud de pérdida de investidura del representante a la Cámara por el Departamento de Casanare, señor César Augusto Ortiz Zorro, elegido para el período constitucional 2018-2022.

2. ANTECEDENTES

2.1.- La causal de pérdida de investidura invocada

2. El solicitante, mediante escrito radicado el 8 de septiembre de 2020, repartido al despacho del Consejero William Hernández Gómez, presidente de la la Sala Especial de Decisión No. 19, pidió que se decretara la pérdida de investidura antes mencionada, invocando la causal prevista en el artículo 183 numeral 4° de la Constitución Política, consistente en la «indebida destinación de dineros públicos», teniendo en cuenta que el aludido representante a la Cámara certificó que la señora Auradelia Negrette Sáenz, Asesora I adscrita a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), había prestado sus servicios durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019, cuando en realidad ella se encontraba fuera del país, dando lugar al reconocimiento y pago de los salarios correspondientes a los días no laborados, lo cual comporta una indebida destinación de recursos públicos.

2.2.- El Trámite procesal en primera instancia

3. El 14 de septiembre del 2020 se admitió la demanda.

4. En el curso de la instancia se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, se recibieron los testimonios de Auradelia Negrette Sáenz y Álvaro Andrés Gómez Rodríguez y se ofició a la Pagaduría de la Cámara de Representantes para que allegara al proceso una certificación laboral, los comprobantes de nómina correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2018, enero y febrero de 2019 y copia de las certificaciones expedidas por el representante César Augusto Ortiz Zorro sobre el cumplimiento de funciones por parte de la señora Auradelia Negrette Sáenz durante dichos meses.

5. El 27 de enero de 2021 se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, a través de los medios telemáticos dispuestos por el Consejo Superior de la Judicatura.

2.3.- La sentencia de primera instancia

6. El 3 de febrero del año en curso, la Sala Especial de Decisión Nº 19 dictó la sentencia de primera instancia, en la cual se declaró no probada la excepción de inepta demanda por falta de legitimación propuesta por el apoderado del congresista cuestionado y negó la solicitud de pérdida de investidura.

7. En sus consideraciones precisó, que el hecho de que el señor Oromairo Avella Ballesteros hubiese sido sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por el término de 18 años, no le impedía solicitar la pérdida de investidura y por ello determinó que la excepción planteada no tenía vocación de prosperidad.

8. En esa misma providencia la Sala Especial de Decisión desestimó la supuesta vulneración del debido proceso y del derecho a la igualdad, cuestionamiento que fue planteado por el solicitante, pues en los momentos previos a la instalación de la audiencia de pruebas realizada el 15 de octubre de 2020, el ponente le advirtió que si tenía preguntas para formular a los testigos, debía exteriorizarlas en ese momento, para que el magistrado sustanciador, de encontrarlas pertinentes, las ajustara a las formalidades legales y las formulara en dicha diligencia. La Sala Especial de Decisión rechazó dicha censura, pues la indicación hecha por el ponente no fue cuestionada ni recurrida por el señor Avella Ballesteros, operando en consecuencia su saneamiento, de conformidad con el artículo 136 del GCP, aplicable por remisión expresa del artículo 21 de la Ley 1881 de 2018.

9. La decisión de denegar la pérdida de investidura se sustentó en el hecho de no haberse configurado la causal invocada, pues si bien el congresista certificó la prestación de servicios por parte de la señora Auradelia Negrette Sáenz funcionaria de su unidad de Trabajo Legislativo durante el tiempo comprendido entre el 31 de diciembre de 2018 y el 13 de enero de 2019, quien se encontraba disfrutando la licencia ordinaria que le fue conferida mediante la Resolución 2937 del 23 de noviembre de 2018, en realidad no le fueron remunerados.

10. Tal como se expresa en la providencia del a quo, «los desprendibles de nómina remitidos por la División de Personal de la Cámara de Representantes evidenciaron que la funcionaria no recibió la remuneración completa en el mes de enero de 2019, pues tan solo se le pagó el salario equivalente a diecinueve (19) días laborados. Diecisiete (17) de ellos contados desde el día 14 de enero de 2019 y los dos (2) adicionales conforme a lo que se decidió en el respectivo acto administrativo [Resolución No. 2937 de 2018], en aplicación de lo estipulado en el numeral 2 del artículo 1° de la Ley 51 de 1983», norma ésta que dispone que los días festivos son días de descanso remunerado, sin que haya lugar a descuento alguno.

11. En esa decisión se puso igualmente de presente que el hecho de que la señora Negrette Sáenz hubiese estado fuera del país del 11 al 23 de febrero de 2020, en nada cambia el panorama expuesto, pues «se encontraba en disfrute de sus vacaciones (del 3 al 21 de febrero de 2020), las cuales le fueron autorizadas por la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, mediante la Resolución No. 0197 del 29 de enero de 2020».

2.4.- Las aclaraciones de voto

12. La consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez aclaró su voto para descartar la vulneración de derechos alegada por el señor Avella Ballesteros, ya que estos fueron garantizados al inicio de la audiencia de pruebas, con una medida que buscaba efectivizar su intervención y evitar que sus preguntas fueran objeto de rechazo u objeción; en ese orden, «resulta extraño que posteriormente invoque una causal de nulidad que carece de sustento fáctico y jurídico».

13. El consejero William Hernández Gómez también aclaró su voto para precisar que si bien se declaró no probada la excepción de inepta demanda por falta de legitimación del solicitante, tal medio exceptivo es improcedente en el proceso de pérdida de investidura, porque esta es una «acción pública que tiene como objeto adelantar un juicio de responsabilidad subjetiva, sin que el solicitante y el investigado puedan considerarse partes como ocurre en un proceso contencioso» y por ello la excepción propuesta no estaba llamada a prosperar.

14. Por otra parte, el hecho de que el solicitante no participe en la audiencia de pruebas interrogando a los testigos, ello no comporta «la violación del debido proceso o el desconocimiento del principio de igualdad, por cuanto esta posibilidad está delimitada únicamente a quienes tienen la condición de sujetos procesales en dicha actuación».

15. Aseveró que el señor Oromairo Avella Ballesteros «no tiene la condición de sujeto procesal y, por tanto, su actuación está limitada a: formular la pretensión de pérdida de investidura, aportar las pruebas que tenga en su poder, presentar las alegaciones finales y (sic) impugnar la decisión que resuelve el fondo del asunto, de manera que no puede pretender tener todas las facultades que tienen las partes en otros procesos».

2.5.- El recurso de apelación

16. El señor Oromairo Avella Ballesteros interpuso en oportunidad recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el que solicita que se revoque esa decisión y se decrete, en su lugar, la pérdida de investidura deprecada, «o en su defecto, [se declare] la nulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia de pruebas llevada a cabo el día 15 de octubre de 2020», pues insiste en señalar que le fueron vulnerados sus derechos al debido proceso y a la igualdad, invocando las mismas razones ya mencionadas.

17. Si bien admite que «existió una licencia administrativa no remunerada, también lo es, y así quedó demostrado, que el congresista acusado, César Ortiz Zorro, en ejercicio de la potestad que le confiere el inciso 4° del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, certificó el cumplimiento cabal de labores a una funcionaria de su UTL, así como lo hizo con los demás integrantes, durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, ocultando [ese permiso], con lo cual consumó la conducta» reprochada.

18. Por último, puso de presente que el informe de prenómina no es una prueba concluyente, útil y eficaz para determinar si efectivamente le fueron remunerados o no los días en que la señora Negrette Sáenz estuvo de licencia, máxime cuando tal documento no reúne los atributos de un comprobante contable.

2.6.- El Trámite procesal en segunda instancia

19. El 23 de marzo de 2021 se concedió el recurso, por haber sido interpuesto y sustentado en término. Del escrito de impugnación se corrió traslado del mismo a la parte demandada y al Ministerio Público.

20. Al descorrer el traslado, el apoderado del congresista solicitó la confirmación de la decisión de primera instancia, pues no está probado que la señora Negrette Sáenz hubiese percibido pago alguno por los días de enero de 2019 que no laboró por encontrarse en el disfrute de la licencia ordinaria no remunerada antes mencionada.

21. Argumentó que «la aquiescencia del impugnante en el desarrollo de la audiencia de práctica de pruebas, conllevó necesariamente a la convalidación o subsanación de cualquier supuesto de vicio procedimental, lo cual necesariamente impide afectar la validez de la práctica de los 2 testimonios de AURADELIA NEGRETTE SÁENZ y ANDRÉS GÓMEZ» y añadió a lo anterior que no es «posible materialmente insistir en la acusación de detrimento al patrimonio público o de indebida destinación de dineros públicos, salvo que se quisiera hacer preguntas inconducentes, impertinentes o superfluas, sin ningún criterio de utilidad para los hechos investigados».

22. Por otra parte, el hecho de que el congresista hubiese certificado que la señora Negrette Sáenz laboró en su Unidad de Trabajo Legislativo durante todo el mes de enero de 2019, sin hacer alusión a la licencia, no configura per se la causal de indebida destinación de dineros públicos, pues en últimas ello no propició ningún detrimento patrimonial.

23. Señaló además que la Resolución 2937 de 2018 expedida por la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, mediante la cual se concedió la pluricitada licencia no remunerada a la señora Negrette Sáenz, contó con la autorización previa del representante César Augusto Ortiz Zorro, lo cual comporta la autorización para descontar los días que ella no iba a laborar en el mes de enero de 2019, debiendo entenderse entonces que la constancia suscrita por dicho congresista, se refiere solamente a los 19 días en que la señora Auradelia Negrette Sáenz estuvo en servicio activo.

2.7.- El concepto del señor agente del Ministerio Público

24. El 30 de abril de 2021, el señor Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado recomendó confirmar la sentencia apelada, luego de observar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados del accionante y que tampoco demostró que el representante a la cámara hubiese incurrido en la indebida destinación de recursos públicos que se le endilga.

25. A diferencia de lo afirmado por el recurrente, el agente del ministerio público considera que en la audiencia de pruebas sí se le brindó al señor Avella Ballesteros la oportunidad de interrogar a la señora Auradelia Negrette, haciendo «la salvedad de que los cuestionamientos que pretendía plantear […] primero se trasladarían al Consejero, con el fin de validar si cumplían con los requisitos establecidos para ello en el Código General del Proceso, ritual que se suele surtir en procesos en donde se permite que actúen ciudadanos sin tener amplios conocimiento de las ritualidades procesales, ni de la normatividad que debe aplicarse». Por las razones expuestas, estima que el silencio del recurrente en ese momento procesal, produjo la convalidación de esa actuación y además «no es de recibo que el demandante pretenda, mediante recurso de apelación reabrir dicha etapa, retrotraerla o suplir alguna deficiencia en su actuación».

26. Destacó además que el informe de pre-nómina de enero de 2019 fue dado a conocer al señor Oromairo Avella Ballesteros por estado de 6 de octubre de 2020 y no recibió por parte de éste tacha alguna.

27. Puntualizó en todo caso, que la decisión de primera instancia no se fundamentó únicamente en dicho informe, sino también en la Resolución 2937 del 23 de noviembre de 2018 que concedió la licencia ordinaria no remunerada a la funcionaria Auradelia Negrette Sáenz, por el término de 14 días, tiempo en el cual efectuó un viaje personal fuera del país, tal como ella misma lo manifestó en su testimonio.

28. En suma, el concepto rendido por el representante de la Procuraduría señala que no hay duda de que el mes de enero de 2019 se liquidó sobre la base de 19 días laborados y por ello no es dable considerar que lo devengado por la señora Auradelia Negrette Sáenz en el mes de enero de 2019, corresponda a un pago indebido, motivo por el cual, «el presente proceso carece del elemento indispensable sin el cual no podría abrirse paso la pretensión de pérdida de investidura».

3. CONSIDERACIONES

3.1.- La competencia de la Sala

29. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de la presente solicitud de pérdida de investidura, según lo previsto en los artículos 184 y 237-5 de la Constitución Política, 37-7º de la Ley 270 de 1996, 2° de la Ley 1881 de 2018 y 34 del Acuerdo No. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena de esta Corporación.

3.2.- El problema jurídico planteado

30. Teniendo en cuenta los términos de la apelación, el problema jurídico a resolver en este segunda instancia, se contrae a establecer, en primer término, si en la audiencia de pruebas realizada el 15 de octubre de 2020, se desconocieron el debido proceso y el derecho de igualdad del señor Oromairo Avella Ballesteros y, en caso afirmativo, si se incurrió o no en una causal de nulidad que invalide lo actuado desde esa fecha, de tal suerte que deba retrotraerse el proceso al trámite de la aludida diligencia. En segundo lugar, si en este asunto se configuró la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política, por haber certificado el Congresista César Augusto Ortiz Zorro el cumplimiento de labores de una servidora pública de su Unidad de Trabajo Legislativo, señora Auradelia Negrette Sáenz, cuando ésta se encontraba fuera del país.

31. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes ejes temáticos: (i) la presunta vulneración de derechos invocada por el solicitante, (ii) consideraciones generales sobre la pérdida de investidura, (iii) la indebida destinación de dineros públicos como causal de pérdida de investidura, (iv) las normas que regulan la organización y funcionamiento de las Unidades de Trabajo Legislativo y (v) el caso concreto.

3.4.1.- La presunta vulneración de los derechos al debido proceso e igualdad

32. En cuanto se refiere a la supuesta violación del debido proceso y del derecho a la igualdad, ha de tenerse en cuenta que quienes intervienen como solicitantes en los procesos de pérdida de investidura, en realidad no ostentan la calidad de partes ni representan interés particular alguno, pues el bien jurídico que se pretende tutelar en ese tipo de procesos, es el relativo al ejercicio transparente, efectivo y probo de la actividad legislativa. Por esa razón, a los promotores de este tipo de acciones solo se les exige acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 5° de la Ley 1881 de 2018, cuyo texto es del siguiente tenor:

Artículo 5°. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos:

a) Nombres y apellidos, identificación y domicilio de quien la formula;

b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional;

c) Invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación;

d) La solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso;

e) Dirección del lugar en donde el solicitante recibirá las notificaciones a que haya lugar».

33. El hecho de que el ponente de primera instancia le haya indicado al señor Avella Ballesteros en los momentos que antecedieron a la instalación de la audiencia virtual de pruebas, que si bien podía asistir y permanecer en ella pero sin formular preguntas a los testigos y de haberle ofrecido en ese momento la oportunidad de exteriorizar el sentido de las preguntas que querría hacer a los mismos, para evaluarlas y ajustarlas a las formalidades legales, con el objeto de que el ponente las formulara de considerarlas conducentes, pertinentes y útiles, no constituye ninguna irregularidad procesal, no solo por tratarse de un episodio que tuvo lugar por fuera de la audiencia, sino porque los artículos 220 y 221 del CGP, aplicables por remisión a este tipo de procesos, reservan expresamente a “las partes” y al ministerio público la oportunidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos.

34. En todo caso, tal como puede apreciarse en el video de la audiencia de pruebas obrante en el expediente, si bien se registra la asistencia del señor Avella Ballesteros, se observa asimismo que él no pidió la palabra, no dejó ninguna constancia, ni manifestó inconformidad alguna frente a las advertencias que se le hicieron antes de la instalación de la audiencia, con lo cual se desvirtúa la vulneración de derechos alegada. Por otra parte, de haberse presentado cualquier irregularidad, ella se considera saneada en los términos del artículo 136 del Código General del Proceso.

35. Aparte de lo expuesto, no se puede soslayar que de conformidad con el principio de preclusión, la posibilidad de alegar irregularidades procesales se limita a la etapa en la que estas hubiesen tenido lugar. Según el aludido principio, el paso de una etapa procesal a la siguiente, supone la preclusión o clausura de la anterior, de tal suerte que aquellos actos procesales ya concluidos, adquieren plena firmeza y no es dable volver sobre ellos.

36. Sobrada razón le asiste entonces a la Sala Especial de Decisión Nº 19, cuando al referirse a esa supuesta anomalía procesal señaló,:

Así las cosas, si el señor Avella Ballesteros consideraba que se había configurado alguna causal de nulidad por violación del debido proceso, así debió manifestarlo en esa oportunidad procesal, sin que le sea dable alegar dicha situación con posterioridad en atención al principio de preclusión que rige el procedimiento contencioso administrativo.

37. Por las razones expuestas, no hay lugar para declarar la nulidad de las actuaciones surtidas en este proceso desde el 15 de octubre de 2020.

3.4.2.- Aspectos generales sobre la pérdida de investidura

38. Tal como lo han venido sosteniendo la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la pérdida de investidura es una acción jurisdiccional pública y autónoma, de raigambre constitucional; un mecanismo dispuesto para el ejercicio del control político de los miembros de las corporaciones de elección popular por parte de los ciudadanos, en especial frente a aquellos comportamientos que resultan contrarios a la dignidad del cargo, a la moral pública, al buen servicio y al interés general; y al mismo tiempo un juicio de carácter jurídico, subjetivo, sancionatorio y ético, basado en las causales previstas en la Carta Política.

39. Como se trata de un proceso sancionatorio, le corresponde al juez garantizar la efectividad de los principios, reglas y garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y hacer un juicio objetivo de configuración de la causal y subjetivo de responsabilidad del congresista cuestionado.

40. El juicio de la configuración objetiva de la causal comporta la garantía del principio de legalidad, pues el juez, con un criterio de interpretación restrictiva, está llamado a determinar si la conducta endilgada al congresista cuestionado se subsume en la causal indicada por el solicitante de la pérdida de investidura, para luego entrar a definir, en el juicio de responsabilidad subjetiva, si aquella le es imputable o no a título de dolo o culpa grave, en los términos del artículo 1º de la Ley 1881 de 2018.

41. Las causales previstas en el artículo 183 de la Constitución se pueden clasificar en atención a los bienes e intereses jurídicos que pretenden proteger. Por un lado, se encuentran aquellas asociadas al incumplimiento de los deberes exigibles a los miembros de las corporaciones de elección popular, como la no posesión o la inasistencia a un determinado número de sesiones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura, sin que medie fuerza mayor que las justifique.

42. Por otro lado, están también las causales que sancionan hechos o conductas contrarios a la dignidad y las que desconocen los principios constitucionales y legales que rigen la función pública y administrativa, como la moralidad, la transparencia y la defensa del patrimonio público. En este segundo grupo encajan la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, el tráfico de influencias y la indebida destinación de los dineros públicos.

3.4.3.- La “indebida destinación de dineros públicos” como causal de pérdida de investidura

43. El artículo 183 numeral 4º de la Constitución y el artículo 296 de la Ley 5ª de 1992, establecen que los congresistas perderán su investidura «por indebida destinación de dineros públicos». No obstante lo anterior, en estas disposiciones ni en la Ley 1881 de 2018, se concretan cuáles son las acciones u omisiones que dan lugar a la estructuración de la causal, razón por la cual la jurisprudencia ha venido identificando una gran variedad de supuestos fácticos que podrían configurar la indebida destinación de dineros públicos.

44. En términos generales, la causal invocada en este proceso, censura cualquier utilización de los dineros públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución o la ley, con el propósito de erradicar y sancionar aquellas prácticas que se apartan de los fundamentos deontológicos propios de la función parlamentaria. Una de esas conductas reprochables la constituye el hecho de pagar o autorizar el pago de salarios a personas que en realidad no han ejercido sus funciones o prestado sus servicios o la remuneración, con cargo al erario de aquellas tareas, funciones, servicios o actividades ajenos a las misiones institucionales del Congreso.

45. Esta corporación ha entendido que el comportamiento sancionable se configura cuando el parlamentario, en su condición de servidor público, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento para los dineros públicos; destina o aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, innecesarias o injustificadas; busca un incremento patrimonial o un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas, independientemente de que dicha actuación configure o no un delito penal. Lo importante, es que el congresista sea el determinador del detrimento patrimonial del Estado, al aplicar dineros públicos a un fin no autorizado.

46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 28 de marzo de 2017 precisó, que la causal se configura cuando se acreditan los siguientes presupuestos: (i) que se ostente la condición de miembro de una corporación de elección popular, (ii) que se esté frente a dineros públicos y (iii) que estos sean indebidamente destinados.

47. En efecto, la configuración de la causal supone que la destinación indebida de dineros públicos tenga lugar cuando el congresista ostente tal calidad, esto es, se encuentre posesionado y en el ejercicio del cargo y tenga la disponibilidad jurídica o material de destinar o incidir en la destinación de los recursos que administra el Estado, ya sea porque ostenta la calidad de ordenador del gasto, administrador o depositario de los bienes estatales o porque en el ejercicio de sus funciones, ocasiona, determina o permite la incorrecta, ilícita o injusta destinación de dineros públicos. Esto último puede ocurrir en los eventos relativos a la celebración de contratos o en los trámites de pago de la nómina, cuando deba certificar la prestación efectiva del servicio como condición indispensable para autorizar los pagos.

48. Esta corporación en la aludida sentencia del 28 de marzo de 2017 precisó que el sintagma «dinero público» está referido a los recursos públicos que administra el Estado. En ese sentido, los recursos destinados al pago de salarios y prestaciones sociales al personal de las entidades públicas, se enmarcan dentro de ese concepto.

49. En este punto, resulta pertinente acotar que en tratándose del manejo de los recursos asignados al pago de la nómina del personal vinculado a las Unidades de Trabajo Legislativo de la Cámara de Representantes, el respectivo Director Administrativo funge como ordenador del gasto, en los términos del artículo 382 de la Ley 5ª de 1992, adicionado por el artículo 1º de la Ley 1318 de 2009. En todo caso, los desembolsos que ordene dicho servidor público, deben fundarse necesariamente en la certificación de cumplimiento de labores que expida el respectivo congresista, tal como lo establece el Artículo 1° de la Ley 186 de 1995, modificatorio del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992.

50. En ese contexto, un representante a la Cámara puede incurrir en la indebida destinación de dineros públicos, cuando certifica el cumplimiento de labores por parte de alguno de los integrantes de su UTL que en realidad no se cumplieron, o cuando certifica el desarrollo de actividades, tareas o labores que no tienen relación con la actividad legislativa, con el propósito de que unas y otras sean remuneradas con cargo al presupuesto de la Cámara, siempre y cuando su proceder se concrete en la realización efectiva de un pago que no ha debido efectuarse.

3.4.4.- La organización y funcionamiento de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL)

51. Las Unidades de Trabajo Legislativo son equipos de apoyo que tienen como finalidad contribuir al eficiente cumplimiento de la labor legislativa de los Congresistas, motivo por el cual su función se encuentra ligada indefectible y exclusivamente a ese cometido.

52. El hecho de que los congresistas tengan asignada la potestad nominadora y de integración de sus Unidades de Trabajo Legislativo, no significa en modo alguno que puedan apartarse de lo establecido en los artículos 122, 144 y 209 de la Constitución, relativos a su función legislativa, a las condiciones que deben tener en cuenta para la vinculación de sus colaboradores y, a los principios que deben orientar el cumplimiento de sus funciones de naturaleza administrativa.

53. Ahora bien, conforme a lo consagrado en los artículos 384 y 385 de la Ley 5ª de 1992, los empleados de las UTL forman parte de la Rama Legislativa del Poder Público; son de libre nombramiento y remoción; se vinculan «por medio de resolución de nombramiento, expedida por el Director Administrativo en la Cámara de Representantes o el Director General Administrativo del Senado, con la firma del Secretario General respectivo» y prestan sus servicios «en las dependencias donde fueron nombrados, o donde las necesidades del servicio así lo exijan».

54. Al fungir los Congresistas como nominadores y superiores jerárquicos y funcionales de los empleados de las UTL, les corresponde brindar las condiciones necesarias para que estos últimos puedan desarrollar las funciones encomendadas, las cuales deben propender la eficiente labor legislativa; deben ejercer, oportuna y debidamente, los controles que sean necesarios para garantizar que estos realicen las tareas a su cargo y certificar el cumplimiento de su función como condición previa indispensable para posibilitar su retribución salarial y prestacional, tal como lo dispone el inciso tercero del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992.

3.4.5.- El caso concreto

55. En el presente caso, los medios probatorios recaudados en el proceso demostraron los siguientes hechos:

56. La credencial de 15 de marzo de 2018 expedida por los delegados del Consejo Nacional Electoral, demuestra que el señor César Augusto Ortiz Zorro fue elegido como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral de Casanare, por el período comprendido entre 2018 y 2022.

57. Mediante Resolución No. 1545 de 23 de julio de 2018, proferida por la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, la señora Auradelia Negrette Sáenz fue nombrada en el cargo de Asesor I en la Unidad de Trabajo Legislativo del representante a la Cámara César Augusto Ortiz Zorro.

58. La certificación de 15 de octubre de 2020, expedida por el Jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes, da cuenta de que la señora Auradelia Negrette Sáenz tomó posesión del cargo de Asesor I el 27 de julio de 2018, según acta Nº 1545 de la misma fecha; que le fue concedida una «LICENCIA ORDINARIA NO REMUNERADA, desde el 31 de diciembre de 2018 hasta el 13 de enero de 2019. Debiendo reintegrarse a sus funciones el día 14 de enero de 2019»; que por medio de la Resolución Nº 276 de 13 de febrero de 2019 le fue aceptada la renuncia; que mediante Resolución No. 277 de 13 de febrero de 2019 (d) inmediatamente, fue nombrada como Asistente V; y que mediante Resolución Nº 0919 de 1º de junio de 2020 le fue aceptada la renuncia, que se hizo se hizo efectiva a partir del 4 de junio de 2020.

59. Las labores desempeñadas por Auradelia Negrette Sáenz como asesora de la UTL durante los meses de enero, noviembre y diciembre de 2018, y febrero de 2019 fueron certificadas por el representante César Augusto Ortiz Zorro. Nótese que dicha certificación se refiere al mes de enero de 2018 y no al mes de enero de 2019, como se había requerido.

60. La Resolución Nº 2937 de 23 de noviembre de 2018, expedida por el Director Administrativo de la Cámara de Representantes, le concedió catorce (14) días de licencia ordinaria no remunerada a la señora Auradelia Negrette Sáenz, a partir del 31 de diciembre de 2018 y hasta el 13 de enero de 2019, debiéndo reintegrarse el 14 de enero del mismo año. En el artículo 2º de este acto administrativo, se indicó que no serían remunerados 11 días del mes de enero de 2019, así:

El período de la Licencia no remunerada comprende ocho (08) días hábiles laborales (31 de diciembre de 2018, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de enero de 2019) y seis (06) días no laborales (1, 5, 6, 7, 12 y 13 de enero de 2019), de los cuales no deben ser remunerados los días 5, 6, 12 y 13 de enero de 2019, como salario debido a que no prestará sus servicios de manera efectiva durante la semana comprendida entre el 31 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019 y del 7 al 11 de enero de 2019. Los días festivos 1º y 7 de enero de 2019, deben ser remunerados. (Las negrillas son ajenas al texto)

61. La señora Auradelia Negrette Saenz reportó ante la Unidad Técnica Legislativa que en el período comprendido entre el 14 y el 31 de enero de 2019, desarrolló las siguientes actividades:

No
Actividad principal
(Plan de trabajo del 1er Semestre 2018)
Actividades desarrolladas
1
Reuniones de subcomisión del sector arrocero
• Participación en mesa de trabajo sobre financiamiento al sector arrocero.
Se anexa informe de la reunión con los compromisos de la mesa.
2
Asesoría jurídica a las modificaciones del código disciplinario, a través de la Ley 952 de 2019
• Realización de análisis comparativo de los principales cambios del código disciplinario.
Se anexa informe realizado.

62. En el mes de enero de 2019, la señora Auradelia Negrete Sáenz, presentó un informe sobre los resultados de la mesa de trabajo para el financiamiento del sector arrocero que se llevó a cabo el 30 de enero de ese mes y un cuadro comparativo de los cambios propuestos al código disciplinario único.

63. Con Oficio RYC 4.1.1 164 – 2020, la Jefe de la Sección de Registro y Control adjuntó los siguientes comprobantes de la señora Auradelia Negrette Sáenz: (a) «NÓMINA NOVIEMBRE 2018 UTL», (b) «PRENÓMINA UTL DICIEMBRE 2018», (c) «PRENÓMINA PRIMA DE NAVIDAD Y PRIMA SEMESTRAL LEY 52», (d) «Informe de Prenómina de Empleados NÓMINA ENERO 2019 UTL» y (e) «Informe de Acumulados de Empleados NÓMINA FEBRERO 2019 UTL».

Concretamente, en el informe de prenómina de enero de 2019 aparece:

CÓD
CONCEPTO
CANT
DEVENGADOS
DESCUENTOS
1
SUELDO BÁSICO
19
$4.195.788.00

200
APORTES SALUD
4

$167.832.00
201
APORTE PENSIÓN
4

$167.832.00
202
APORTE SOLIDARIDAD
1

$42.000.00
203
RETENCIÓN EN LA FUENTE
19

$1.500.00
220
BBVA LIBRANZA
0

$1.491.000.00

TOTAL

$2.325.624.00
$1.870.164.00

64. Con Oficio RYC 4.4.1. 129/2021 de 25 de junio de 2021, la Jefe de Sección de Registro y Control corroboró, con la certificación y los documentos aportados, que a la señora Auradelia Negrette Sáenz se le retribuyeron y consignaron 19 días de labor en el mes de enero de 2019, lo cual ascendió a $2.325.624.00.

65. Por Resolución Nº 0197 de 29 de enero de 2020, la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes le concedió a la señora Auradelia Negrette Sáenz 15 días hábiles de vacaciones, del período causado 2018-2019, «a partir del día tres (03) al veintiuno (21) de febrero de 2020. Debiendo reintegrarse a sus labores el día veinticuatro (24) de febrero de 2020».

66. En la certificación expedida por Migración Colombia se registran los movimientos migratorios efectuados por la señora Auradelia Negrette Sáenz entre los días 21 de septiembre de 2015 y 21 de septiembre de 2020, en los que aparecen las distintas entradas y salidas efectuadas por ella hacia o desde el exterior y que coinciden exactamente con los días de licencia no remunerada y de vacaciones que le fueron concedidos.

67. En declaración rendida dentro de este proceso, la señora Auradelia Negrette Sáenz admitió que ciertamente salió del país el 31 de diciembre de 2018 y regresó el 13 de enero de 2019, al amparo de la licencia ordinaria no remunerada que le fue conferida por la Cámara de Representantes. Asimismo, al indagarle sobre la remuneración percibida durante dicho período, la deponente afirmó que sólo percibió la remuneración correspondiente a los días realmente laborados. Añadió a lo anterior que viajó fuera del país por motivos personales y que la licencia ordinaria la solicitó ante la División de Personal, con el respectivo visto bueno del congresista César Augusto Ortiz Zorro, a quien le comunicó sobre su viaje desde principios de noviembre de 2018.

68 El testigo Álvaro Andrés Gómez Rodríguez aseveró en su declaración que estuvo vinculado a la UTL del representante a la Cámara César Augusto Ortiz Zorro y fue compañero de trabajo de la señora Auradelia Negrette Sáenz, quien «preparaba jurídicamente los informes para la Comisión Quinta y la Plenaria de Cámara», y que ella se ausentó del servicio por unos días, en virtud de la licencia ordinaria no remunerada que le fue concedida.

69. Una vez analizada la normativa y la jurisprudencia relacionadas con el tema, así como el acervo probatorio obrante en el expediente, estima la Sala que no están dados los presupuestos para decretar la pérdida de investidura del representante a la Cámara César Augusto Ortiz Zorro, pues si bien el mencionado congresista certificó que la señora Negrette Sáenz cumplió sus labores durante todo el mes de enero de 2019 a pesar de encontrarse en el disfrute de la licencia no remunerada ya mencionada, lo real y cierto es que tan solo le fueron cancelados 19 días de salario, discriminados así:

70. Por los 18 días laborados entre el 14 y el 31 de enero de 2019, tan solo le fueron remunerados 17. Lo anterior, teniendo en cuenta que en tratándose de la liquidación de nóminas oficiales, todos los meses son de 30 días. Además le fueron remunerados los días festivos correspondientes al 1º y el 7 de enero de esa misma anualidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 51 de 1983, para un total de 19 días. A propósito del descanso del día 6 de enero de 2019, es pertinente aclarar que por haber caído esa fecha en día domingo, el descanso remunerado se trasladó para el día siguiente, en aplicación de lo dispuesto en dicha Ley.

71. A manera de conclusión, esta colegiatura estima que no es dable afirmar que el congresista cuestionado haya propiciado una indebida destinación de dineros públicos, motivo por el cual no se configura la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183 numeral 4º de la Constitución Política de Colombia.

Conclusión:

72. Por las razones que anteceden la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado denegará la solicitud de declarar la nulidad de lo actuado en este proceso desde la audiencia de pruebas llevada a cabo el 15 de octubre de 2020 y confirmará la sentencia de primera instancia que negó la solicitud de pérdida de investidura del Representante a la Cámara César Augusto Ortiz Zorro.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- DENEGAR la declaratoria de nulidad de lo actuado en este proceso desde la audiencia de pruebas del 15 de octubre de 2020.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de febrero de 2021 por la Sala Especial de Decisión No. 19, que declaró no probada la excepción de inepta demanda por falta de legitimación del señor Oromairo Avella Ballesteros y negó la solicitud de pérdida de investidura del representante a la Cámara César Augusto Ortiz Zorro, elegido para el periodo constitucional 2018-2022, según las razones explicadas en la parte motiva de esta decisión judicial.

TERCERO: REMITIR copia de la presente providencia al Presidente de la Cámara de Representantes, para su conocimiento y demás fines pertinentes. Por Secretaría General de esta Corporación procédase de conformidad.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado Electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Presidente
Con aclaración

Firmado Electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ponente

Firmado Electrónicamente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Con aclaración

Firmado Electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado Electrónicamente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Firmado Electrónicamente
SANDRA LISSETH IBARRA VÉLEZ

Firmado Electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Ausente con excusa

Firmado Electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Con aclaración

Firmado Electrónicamente
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Firmado Electrónicamente
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Ausente con excusa

Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SACHICA MÉNDEZ
Firmado Electrónicamente
MILTON CHAVES GARCÍA

Firmado Electrónicamente
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Firmado Electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN

Firmado Electrónicamente
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Firmado Electrónicamente
EDISON ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS
Con aclaración

Firmado Electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Firmado Electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Firmado Electrónicamente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

ACLARACIÓN DE VOTO / NULIDAD PROCESAL - Rechazo de plano de la nulidad procesal

Estimo que la nulidad procesal invocada debió rechazarse de plano, por extemporánea, y no negarla. De conformidad con el artículo 134 del Código General del Proceso (CGP), las nulidades deben alegarse antes de que se dicte sentencia de primera instancia, salvo cuando ocurran en segundo grado. Por su parte, el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) también prevé que, agotada cada etapa del proceso, no se podrán alegar, en las siguientes, vicios que acarreen nulidades, a menos que se trate de hechos nuevos (…) La presunta irregularidad, hasta ahora advertida por el actor, aconteció durante la audiencia de pruebas en primera instancia, no obstante, el trámite continuó su curso normal sin que él la hubiera alegado, de modo que lo pertinente era el rechazo de plano de la solicitud de nulidad antes que «DENEGAR la declaratoria de nulidad de lo actuado en este proceso desde la audiencia de pruebas del 15 de octubre de 2020», como se decidió.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. – ARTÍCULO 207 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 134

PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Calidad de sujeto procesal del solicitante

[R]esulta un contrasentido material y jurídico que el solicitante de la pérdida de investidura sea reconocido expresamente por la ley como parte, se le permita «la impugnación de autos y en los demás aspectos», pueda interponer el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia o se le corra traslado de la impugnación cuando sea interpuesta por el otro extremo de la relación jurídico-procesal «para que ejerza su derecho de contradicción, solicite la práctica de pruebas, en los términos del artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», si es del caso, sin embargo, no pueda interrogar o contrainterrogar a los testigos durante la audiencia. Esta limitación, amparada por la injustificada distinción entre «solicitante» y «parte», vulnera el debido proceso en sentido amplio, del que hacer parte el derecho a la igualdad de los sujetos procesales. (…) Por las razones expuestas, también discrepo de la afirmación consignada en el fallo aprobado, en el sentido de que los solicitantes de la privación de la investidura «no ostentan la calidad de partes ni representan interés particular alguno, pues el bien jurídico que se pretende tutelar en ese tipo de procesos, es el relativo al ejercicio transparente, efectivo y probo de la actividad legislativa» (negrilla fuera del texto original), precisamente por eso, debe garantizársele su plena participación como parte en el proceso, pues se trata de un bien jurídico de mayor entidad que el meramente particular, como lo es el aludido «transparente, efectivo y probo de la actividad legislativa», por parte de quienes tienen la elevada misión de regular la conducta de la comunidad entera, o si se prefiere, delimitar la libertad de los asociados, a través de normas impersonales o abstractas.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / C.P.A.C.A. – ARTÍCULO 212 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 11 / LEY 1881 DE 2018 - ARTÍCULO 12 / LEY 1881 DE 2018 - ARTÍCULO 14 / LEY 1881 DE 2018 - ARTÍCULO 21

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04001-01(PI)

Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

Demandado: CÉSAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO

Con mi acostumbrado respeto, procedo a aclarar el voto respecto del fallo de 10 de agosto de 2021, adoptado en sala de lo contencioso-administrativo, acerca de las determinaciones concernientes a la nulidad invocada por el solicitante de la pérdida de investidura en el recurso de apelación, por las razones que a continuación se compendian:

1. Según la sentencia aprobada, el apelante solicitó, en forma subsidiaria, que se declarara «la nulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia de pruebas llevada a cabo el día 15 de octubre de 2020», celebrada en primera instancia, puesto que considera que le fueron vulnerados sus derechos al debido proceso e igualdad, dado que no se le permitió interrogar a los testigos en la mencionada diligencia.

Estimo que la nulidad procesal invocada debió rechazarse de plano, por extemporánea, y no negarla. De conformidad con el artículo 134 del Código General del Proceso (CGP), las nulidades deben alegarse antes de que se dicte sentencia de primera instancia, salvo cuando ocurran en segundo grado.

Por su parte, el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) también prevé que, agotada cada etapa del proceso, no se podrán alegar, en las siguientes, vicios que acarreen nulidades, a menos que se trate de hechos nuevos, y así se reconoció en el propio fallo aprobado: «de conformidad con el principio de preclusión, la posibilidad de alegar irregularidades procesales se limita a la etapa en la que estas hubiesen tenido lugar. Según el aludido principio, el paso de una etapa procesal a la siguiente, supone la preclusión o clausura de la anterior, de tal suerte que aquellos actos procesales ya concluidos, adquieren plena firmeza y no es dable volver sobre ellos».

La presunta irregularidad, hasta ahora advertida por el actor, aconteció durante la audiencia de pruebas en primera instancia, no obstante, el trámite continuó su curso normal sin que él la hubiera alegado, de modo que lo pertinente era el rechazo de plano de la solicitud de nulidad antes que «DENEGAR la declaratoria de nulidad de lo actuado en este proceso desde la audiencia de pruebas del 15 de octubre de 2020», como se decidió.

2. Por otra parte, y pese a lo anterior, discrepo del argumento consignado en el fallo aprobado, en el sentido de que «quienes intervienen como solicitantes en los procesos de pérdida de investidura, en realidad no ostentan la calidad de partes ni representan interés particular alguno, pues el bien jurídico que se pretende tutelar en ese tipo de procesos, es el relativo al ejercicio transparente, efectivo y probo de la actividad legislativa» y que, por tal motivo, el actor no estaba legitimado para interrogar los testigos porque «los artículos 220 y 221 del CGP, aplicables por remisión a este tipo de procesos, reservan expresamente a “las partes” y al ministerio público la oportunidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos».

El mandato superior contenido en el artículo 29 de la Constitución Política preceptúa que «El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas», y no lo restringe a solo uno de los extremos de la relación jurídico-procesal, por consiguiente, al juez no le está dado limitarlo. Es más, el artículo primero de la Ley 1881 de 2018 (modificado por la 2003 de 2019) reitera, sin distinción, que en el trámite de la pérdida de investidura «Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política»

Ahora bien, no resulta dable excluir, en forma categórica, de la condición de «parte» al solicitante de la pérdida de investidura, puesto que la Ley 1881 de 2018 le reconoce tal carácter en varias disposiciones, por ejemplo: (i) cuando dispone que durante la audiencia prevista en el artículo 12 «Las partes podrán intervenir por una sola vez», y agrega que «Las partes podrán presentar al final de su intervención un resumen escrito»; y (ii) el artículo 14, que consagra: «3. Del auto admisorio del recurso de apelación se dará traslado, por tres (3) días hábiles, a la otra parte y al Ministerio Público para que ejerza su derecho de contradicción, solicite la práctica de pruebas, en los términos del artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y presente concepto, respectivamente» (se destaca).

No se debe perder de vista que, precisamente, por la condición de parte (que actúa en interés general), el solicitante de la pérdida de investidura está facultado para interponer el recurso de apelación, no solo contra la sentencia, sino para la impugnación de autos y demás aspectos no contemplados en la Ley 1881 de 2018, en los términos del artículo 21 de la misma Ley, que así lo prevé: «Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo», y el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), según el cual el recurso de apelación lo puede interponer «la parte a quien haya sido desfavorable la providencia».

De modo que resulta un contrasentido material y jurídico que el solicitante de la pérdida de investidura sea reconocido expresamente por la ley como parte, se le permita «la impugnación de autos y en los demás aspectos», pueda interponer el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia o se le corra traslado de la impugnación cuando sea interpuesta por el otro extremo de la relación jurídico-procesal «para que ejerza su derecho de contradicción, solicite la práctica de pruebas, en los términos del artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», si es del caso, sin embargo, no pueda interrogar o contrainterrogar a los testigos durante la audiencia. Esta limitación, amparada por la injustificada distinción entre «solicitante» y «parte», vulnera el debido proceso en sentido amplio, del que hacer parte el derecho a la igualdad de los sujetos procesales.

En armonía con el artículo 29 constitucional, debió aplicarse el Código General del Proceso, que prevé:

ARTÍCULO 11. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES. Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.

Por las razones expuestas, también discrepo de la afirmación consignada en el fallo aprobado, en el sentido de que los solicitantes de la privación de la investidura «no ostentan la calidad de partes ni representan interés particular alguno, pues el bien jurídico que se pretende tutelar en ese tipo de procesos, es el relativo al ejercicio transparente, efectivo y probo de la actividad legislativa» (negrilla fuera del texto original), precisamente por eso, debe garantizársele su plena participación como parte en el proceso, pues se trata de un bien jurídico de mayor entidad que el meramente particular, como lo es el aludido «transparente, efectivo y probo de la actividad legislativa», por parte de quienes tienen la elevada misión de regular la conducta de la comunidad entera, o si se prefiere, delimitar la libertad de los asociados, a través de normas impersonales o abstractas.

De antemano se sabe que el actor actúa en favor del interés general, toda vez que «La pérdida de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan», y, en esa dirección, la legitimación del accionante está garantizada por el artículo 184 de la Constitución Política, que faculta a «cualquier ciudadano» para formular la solicitud de pérdida de investidura de congresistas.

Por lo demás, comparto el sentido del fallo, comoquiera que las evidencias documentales recaudadas muestran con suficiencia que el congresista accionado no incurrió en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, alegada por el actor.

Respetuosa y atentamente,

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

ACLARACIÓN DE VOTO / PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Calidad de sujeto procesal del solicitante

Si bien comparto que en este caso no se configuró la mencionada nulidad, pues el solicitante ni siquiera se pronunció en la audiencia de pruebas para expresar su inconformidad, estimo que no se puede desconocer su calidad de sujeto procesal que representa un interés general, por lo que la facultad de los denunciantes no se reduce a la presentación de la solicitud, pues resulta claro que pueden solicitar la práctica de pruebas y formular recursos , intervenir en la audiencia pública de primera instancia, entre otras actuaciones, tal como ha ocurrido en forma inveterada en los procesos de pérdida de investidura desde que se encontraban regulados por la Ley 144 de 1994, sin que se haya negado la posibilidad de interrogar a los testigos bajo el argumento de que no son partes. (…) No obstante lo anterior, llama la atención que para efectos de concluir sobre el saneamiento de la irregularidad sí se reprocha que el solicitante no la hubiera alegado en forma oportuna, para lo cual parece que la postura mayoritaria le reconoce capacidad de actuación, aunque no para interrogar a los testigos. (…) Por los argumentos expuestos, estimo que las facultades del solicitante de la pérdida de investidura no pueden ser disminuidas y para ciertos casos reconocerle capacidad procesal, mientras que para otros no, lo que ciertamente desconoce que la Ley 1881 de 2018 no restringió su marco de actuación, por lo que no es dable hacerlo por vía jurisprudencial.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04001-01(PI)

Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

Demandado: CÉSAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala mayoritaria, me permito expresar las razones que me llevaron a aclarar el voto respecto de la decisión adoptada a través de la providencia de 10 de agosto de los corrientes, mediante la cual se resolvió denegar la declaratoria de nulidad de lo actuado en este proceso desde la audiencia de pruebas del 15 de octubre de 2020 y confirmar la sentencia proferida el 3 de febrero de 2021 por la Sala Especial de Decisión No. 19, que declaró no probada la excepción de inepta demanda por falta de legitimación del señor Oromairo Avella Ballesteros y negó la solicitud de pérdida de investidura del representante a la Cámara César Augusto Ortiz Zorro, elegido para el período constitucional 2018-2022.

Si bien compartí la mencionada decisión, debo señalar que la razón de la presente aclaración radica en que, en los párrafos 32 y 33 de la página 7 de la providencia, se considera que el solicitante en una demanda de pérdida de investidura no ostenta la calidad de parte, por lo que no tiene la facultad de interrogar a los testigos, lo que implica que en el sub lite no se configurara ninguna irregularidad que derivara en la nulidad procesal alegada en el recurso de apelación.

Así se expuso en la providencia materia de aclaración:

“32. En cuanto se refiere a la supuesta violación del debido proceso y del derecho a la igualdad, ha de tenerse en cuenta que quienes intervienen como solicitantes en los procesos de pérdida de investidura, en realidad no ostentan la calidad de partes ni representan interés particular alguno, pues el bien jurídico que se pretende tutelar en ese tipo de procesos, es el relativo al ejercicio transparente, efectivo y probo de la actividad legislativa. (…).

“33. El hecho de que el ponente de primera instancia le haya indicado al señor Avella Ballesteros en los momentos que antecedieron a la instalación de la audiencia virtual de pruebas, que si bien podía asistir y permanecer en ella pero sin formular preguntas a los testigos y de haberle ofrecido en ese momento la oportunidad de exteriorizar el sentido de las preguntas que querría hacer a los mismos, para evaluarlas y ajustarlas a las formalidades legales, con el objeto de que el ponente las formulara de considerarlas conducentes, pertinentes y útiles, no constituye ninguna irregularidad procesal, no solo por tratarse de un episodio que tuvo lugar por fuera de la audiencia, sino porque los artículos 220 y 221 del CGP, aplicables por remisión a este tipo de procesos, reservan expresamente a “las partes” y al ministerio público la oportunidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos”.

Si bien comparto que en este caso no se configuró la mencionada nulidad, pues el solicitante ni siquiera se pronunció en la audiencia de pruebas para expresar su inconformidad, estimo que no se puede desconocer su calidad de sujeto procesal que representa un interés general, por lo que la facultad de los denunciantes no se reduce a la presentación de la solicitud, pues resulta claro que pueden solicitar la práctica de pruebas y formular recursos, intervenir en la audiencia pública de primera instancia, entre otras actuaciones, tal como ha ocurrido en forma inveterada en los procesos de pérdida de investidura desde que se encontraban regulados por la Ley 144 de 1994, sin que se haya negado la posibilidad de interrogar a los testigos bajo el argumento de que no son partes.

En los términos de la providencia, el actor popular tampoco sería parte en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, como tampoco lo sería el demandante en una nulidad simple o una nulidad por inconstitucionalidad, pues con ellas se busca proteger la legalidad en abstracto.

No obstante lo anterior, llama la atención que para efectos de concluir sobre el saneamiento de la irregularidad sí se reprocha que el solicitante no la hubiera alegado en forma oportuna, para lo cual parece que la postura mayoritaria le reconoce capacidad de actuación, aunque no para interrogar a los testigos.

En este sentido se expuso:

“35. Aparte de lo expuesto, no se puede soslayar que de conformidad con el principio de preclusión, la posibilidad de alegar irregularidades procesales se limita a la etapa en la que estas hubiesen tenido lugar. Según el aludido principio, el paso de una etapa procesal a la siguiente, supone la preclusión o clausura de la anterior, de tal suerte que aquellos actos procesales ya concluidos, adquieren plena firmeza y no es dable volver sobre ellos.

“36. Sobrada razón le asiste entonces a la Sala Especial de Decisión Nº 19, cuando al referirse a esa supuesta anomalía procesal señaló:

Así las cosas, si el señor Avella Ballesteros consideraba que se había configurado alguna causal de nulidad por violación del debido proceso, así debió manifestarlo en esa oportunidad procesal, sin que le sea dable alegar dicha situación con posterioridad en atención al principio de preclusión que rige el procedimiento contencioso administrativo”.

Por los argumentos expuestos, estimo que las facultades del solicitante de la pérdida de investidura no pueden ser disminuidas y para ciertos casos reconocerle capacidad procesal, mientras que para otros no, lo que ciertamente desconoce que la Ley 1881 de 2018 no restringió su marco de actuación, por lo que no es dable hacerlo por vía jurisprudencial.

En este sentido, con el mayor respeto por la decisión en comento, dejo expresada mi aclaración de voto.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Consejera de Estado

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link  HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador" https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

ACLARACIÓN DE VOTO / PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Calidad de sujeto procesal del solicitante

Los motivos de mi aclaración se contraen a las razones que expresó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en los párrafos 32 y 33 de la sentencia en los que se considera que quienes intervienen como solicitantes en los procesos de pérdida de investidura “en realidad no ostentan la calidad de partes”, y en consecuencia, la facultad de intervención procesal es restringida, en tanto, como se indicó, de acuerdo con los artículos 220 y 221 del CGP el derecho a interrogar y contrainterrogar a los testigos solo está previsto de manera expresa, para “las partes”. (…) De manera respetuosa no comparto la restricción que se impone a quien, en ejercicio del control político, en defensa de la Constitución y la ley, actúa como solicitante en la acción pública de pérdida de investidura, pues la misma Ley 1881 de 2018 en el artículo 5º faculta al ciudadano para actuar en interés general y presentar la solicitud por escrito la cual debe contener, al menos, entre otros requisitos, “La solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso”, lo que conlleva implícito el derecho como sujeto procesal de controvertir las pruebas arrimadas al proceso, y a su vez, el artículo 12 ejusdem lo habilita para intervenir, en su condición de “parte”, en la audiencia pública especial de pérdida de investidura. (…) Por otra parte, en relación con la intervención como sujeto procesal del accionante en el presente asunto, observo que en la sentencia se analiza el principio de preclusión respecto de la oportunidad del señor Avella Bellesteros para alegar la causal de nulidad por violación al debido proceso, argumento al que subyace su condición de parte legitimada para proponer dicha actuación procesal. No obstante, se aplica una limitación, por carecer de la condición de parte dentro del proceso, que a mi juicio, además de ser un argumento contradictorio, impone una restricción que no está prevista en la ley. En otras palabras, la calidad de parte le permite al solicitante actuar dentro del procedimiento establecido en la Ley 1881 de 2018, sin limitar su intervención para unos asuntos y permitirla para otros.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04001-01(PI)

Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

Demandado: CÉSAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO

Tema: Pérdida de investidura por la causal 4° del artículo 183 de la Constitución Política

Con el acostumbrado respeto por los integrantes de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en virtud del artículo 129 de la Ley 1437 de 2011, me permito expresar las razones por las cuales, si bien acompañé la decisión adoptada en la sentencia de diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021), encuentro necesario aclarar mi voto.

Comparto la decisión que se adoptó en la providencia mencionada en cuanto denegó la
declaratoria de nulidad de lo actuado en este proceso desde la audiencia de pruebas del 15 de octubre de 2020 y confirmó la sentencia proferida el 3 de febrero de 2021 por la Sala Especial de Decisión No. 19, que declaró no probada la excepción de inepta demanda por falta de legitimación del señor Oromairo Avella Ballesteros y negó la solicitud de pérdida de investidura del representante a la Cámara César Augusto Ortiz Zorro, elegido para el periodo constitucional 2018-2022, según las razones explicadas en la parte motiva de la decisión judicial.

Los motivos de mi aclaración se contraen a las razones que expresó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en los párrafos 32 y 33 de la sentencia en los que se considera que quienes intervienen como solicitantes en los procesos de pérdida de investidura “en realidad no ostentan la calidad de partes”, y en consecuencia, la facultad de intervención procesal es restringida, en tanto, como se indicó, de acuerdo con los artículos 220 y 221 del CGP el derecho a interrogar y contrainterrogar a los testigos solo está previsto de manera expresa, para “las partes”.

De manera respetuosa no comparto la restricción que se impone a quien, en ejercicio del control político, en defensa de la Constitución y la ley, actúa como solicitante en la acción pública de pérdida de investidura, pues la misma Ley 1881 de 2018 en el artículo 5º faculta al ciudadano para actuar en interés general y presentar la solicitud por escrito la cual debe contener, al menos, entre otros requisitos, “La solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso”, lo que conlleva implícito el derecho como sujeto procesal de controvertir las pruebas arrimadas al proceso, y a su vez, el artículo 12 ejusdem lo habilita para intervenir, en su condición de “parte”, en la audiencia pública especial de pérdida de investidura.

Cabe recordar que desde la Ley 144 de 1994, que estableció el procedimiento para la pérdida de investidura, se reservó en el artículo 11 el derecho a intervenir en la audiencia, por una sola vez, a “las partes”.

Al respecto me permito señalar que la Corte Constitucional en la sentencia C-247 de 1995, declaró exequible el mencionado artículo 11 de la Ley 144 de 1994 al considerar que dicha disposición aseguraba la comparecencia de “las partes” ante el Consejo de Estado, conforme a las reglas del juicio especial de pérdida de investidura “brindando al enjuiciado la necesaria ocasión de exponer, en su defensa, los argumentos y pruebas que puedan favorecerlo y de oponerse a los que se esgriman en su contra”.

En este orden de ideas, considerar que al solicitante de la pérdida de investidura le está restringido el derecho a interrogar y contrainterrogar a los testigos, conlleva una limitante que no se aviene a los fines y propósitos del debate procesal en esta clase de juicios que cumplen una finalidad constitucionalmente relevante.

Por otra parte, en relación con la intervención como sujeto procesal del accionante en el presente asunto, observo que en la sentencia se analiza el principio de preclusión respecto de la oportunidad del señor Avella Bellesteros para alegar la causal de nulidad por violación al debido proceso, argumento al que subyace su condición de parte legitimada para proponer dicha actuación procesal. No obstante, se aplica una limitación, por carecer de la condición de parte dentro del proceso, que a mi juicio, además de ser un argumento contradictorio, impone una restricción que no está prevista en la ley.

En otras palabras, la calidad de parte le permite al solicitante actuar dentro del procedimiento establecido en la Ley 1881 de 2018, sin limitar su intervención para unos asuntos y permitirla para otros.

En estos términos dejo consignada mi aclaración frente a lo decidido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia del 10 de agosto de 2021.

Fecha ut supra.

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

ACLARACIÓN DE VOTO / NULIDAD PROCESAL - Rechazo de plano de la nulidad procesal

Estimo que la nulidad procesal invocada en el texto del recurso debió rechazarse de plano, por ser abiertamente extemporánea. En efecto, de conformidad con el artículo 134 del Código General del Proceso, las nulidades deben alegarse antes de que se dicte sentencia de primera instancia, salvo cuando ocurran en esta. La presunta irregularidad puesta de presente por el actor ocurrió dentro del trámite de una prueba en el curso de la primera instancia, luego de lo cual el proceso continúo sin que se hubiera invocado, lo que impedía tramitar la petición de nulidad que se incluyó en el texto de la apelación. Con todo, esto es, aunque la nulidad procesal no resultaba viable por extemporánea, debió acudirse al mandato Superior de acuerdo con el cual, “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso”, de acuerdo con lo cual la evidencia no podía ser valorada y debió excluirse del debate, sin afectar la validez de lo actuado, porque se impidió su contradicción por uno de los extremos de la controversia, al impedírsele participar con voz durante la diligencia de recepción del testimonio y restringírsele, desde un principio, la oportunidad para interrogar directamente al testigo.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 134

PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Calidad de sujeto procesal del solicitante

Para la Sala Plena, quien funge como actor en los procesos de pérdida de investidura es simplemente un “solicitante”, pero no es parte, de donde luego concluyó que no tenía derecho a controvertir la prueba testimonial. Contrario a ello, estimo que, por mandato constitucional, el debido proceso se aplica a toda actuación judicial, incluidas las acciones públicas, y el derecho de contradicción hace parte del núcleo esencial de dicha garantía. Así las cosas, quien acudió como demandante tenía derecho a participar en la práctica del testimonio y a controvertirlo en igualdad de armas con su contraparte y el desconocimiento de esta garantía afectó la licitud de la prueba. Además del artículo 29 Superior, debió aplicarse el artículo 11 del Código General del Proceso, de acuerdo con el cual, todas las normas procesales deben interpretarse en el sentido de permitir la efectividad de los derechos sustanciales y cualquier duda en la aplicación de la ritualidad para la recepción del testimonio debía resolverse privilegiando el debido proceso. (…) Así las cosas, considero que la diferenciación entre “solicitante” y “parte” no permite desconocer el derecho a controvertir las pruebas practicadas en el curso del proceso. A mi juicio, quien integraba el extremo activo de la litis, con independencia de su denominación, tenía derecho a contrainterrogar al testigo y a objetar las preguntas de contraparte, por lo que su participación como simple espectador en la diligencia desconoció dicha garantía, lo que se traduce, en aplicación directa de la Constitución, en la nulidad de la prueba así recaudada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO (E) ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-04001-01(PI)

Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

Demandado: CÉSAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque compartí la decisión de fondo, aclaro mi voto en relación con las determinaciones relativas a la nulidad invocada por el recurrente en el recurso de apelación, de acuerdo a lo siguiente:

Estimo que la nulidad procesal invocada en el texto del recurso debió rechazarse de plano, por ser abiertamente extemporánea. En efecto, de conformidad con el artículo 134 del Código General del Proceso, las nulidades deben alegarse antes de que se dicte sentencia de primera instancia, salvo cuando ocurran en esta. La presunta irregularidad puesta de presente por el actor ocurrió dentro del trámite de una prueba en el curso de la primera instancia, luego de lo cual el proceso continúo sin que se hubiera invocado, lo que impedía tramitar la petición de nulidad que se incluyó en el texto de la apelación.

Con todo, esto es, aunque la nulidad procesal no resultaba viable por extemporánea, debió acudirse al mandato Superior de acuerdo con el cual, “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso”, de acuerdo con lo cual la evidencia no podía ser valorada y debió excluirse del debate, sin afectar la validez de lo actuado, porque se impidió su contradicción por uno de los extremos de la controversia, al impedírsele participar con voz durante la diligencia de recepción del testimonio y restringírsele, desde un principio, la oportunidad para interrogar directamente al testigo.

Para la Sala Plena, quien funge como actor en los procesos de pérdida de investidura es simplemente un “solicitante”, pero no es parte, de donde luego concluyó que no tenía derecho a controvertir la prueba testimonial. Contrario a ello, estimo que, por mandato constitucional, el debido proceso se aplica a toda actuación judicial, incluidas las acciones públicas, y el derecho de contradicción hace parte del núcleo esencial de dicha garantía. Así las cosas, quien acudió como demandante tenía derecho a participar en la práctica del testimonio y a controvertirlo en igualdad de armas con su contraparte y el desconocimiento de esta garantía afectó la licitud de la prueba.

Además del artículo 29 Superior, debió aplicarse el artículo 11 del Código General del Proceso, de acuerdo con el cual, todas las normas procesales deben interpretarse en el sentido de permitir la efectividad de los derechos sustanciales y cualquier duda en la aplicación de la ritualidad para la recepción del testimonio debía resolverse privilegiando el debido proceso. Así lo prevé:

ARTÍCULO 11. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES. Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.

Así las cosas, considero que la diferenciación entre “solicitante” y “parte” no permite desconocer el derecho a controvertir las pruebas practicadas en el curso del proceso. A mi juicio, quien integraba el extremo activo de la litis, con independencia de su denominación, tenía derecho a contrainterrogar al testigo y a objetar las preguntas de contraparte, por lo que su participación como simple espectador en la diligencia desconoció dicha garantía, lo que se traduce, en aplicación directa de la Constitución, en la nulidad de la prueba así recaudada.

Con todo, acompañé la decisión de fondo porque aún con exclusión del testimonio, el resultado debía ser el mismo, en tanto no se acreditó la desviación de dineros públicos alegada como causal de pérdida de investidura y, por el contrario, esta quedó desvirtuada con la evidencia documental allegada.

En los referidos términos dejo rendida mi aclaración.

Fecha ut supra,

ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
MAGISTRADO (E)

Así lo establece el artículo 21 de la Ley 1881 de 2018.
«Artículo 136 del CGP. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla». El vídeo de la audiencia puede ser consultado en el siguiente enlace: HYPERLINK "https://playback.lifesize.com/" \l "/publicvideo/2628fda7-9174-4ebe-bb46-f6071a1b5439?vcpubtoken=c56ecc1a-532a-44c8-ad47-f95f9e3da11e" https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/2628fda7-9174-4ebe-bb46-f6071a1b5439?vcpubtoken=c56ecc1a-532a-44c8-ad47-f95f9e3da11e
Corte Constitucional. Sentencias C-280 de 25 de junio de 1996. M.P. Doctor Alejandro Martínez Caballero; C-437 de 25 de septiembre de 1997. M.P. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de septiembre de 1992, MP. Doctor Guillermo Chaín Lizcano. PI Expediente AC-175. Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. PI Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00(PI). No admiten interpretación extensiva o analógica, motivo por el cual deben configurarse todos los supuestos fácticos y jurídicos previstos en la norma para aplicar la consecuencia que ella determina. Así las cosas, la declaración de pérdida de investidura solo procede frente a las conductas del congresista que se adecuen a la descripción realizada por el constituyente
«El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución». Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-00771-00 (PI), M.P. Rocío Araujo Oñate. En el mismo sentido, el artículo 296 de la Ley 5ª de 1992 señala: «CAUSALES. La pérdida de la investidura se produce: […] 4. Por indebida destinación de dineros públicos». Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI). Sentencia del 6 de mayo de 2014. MP. Enrique Gil Botero, Expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. En relación con la ley 1881 de 2018: se pone de presente que las sentencias señaladas hicieron referencia a la Ley 144 de 1994, régimen de pérdida de investidura que estaba vigente para el momento en que fueron promulgadas. No obstante, lo sentado por la Sala Plena en relación con la causal de indebida destinación de dineros públicos y la Ley 144 de 2994, mantiene su vigencia y validez respecto de la Ley 1881 de 2018, derogatoria de la Ley 144 mencionada, pues este nuevo régimen de pérdida de investidura tampoco se ocupó de establecer contenido y alcance concreto para la causal. Así se desprende de las discusiones que sobre esta causal se dieron en la Asamblea Nacional Constituyente, de las cuales se colige que el abanico de conductas que pueden tipificar la indebida destinación de dineros públicos es amplio. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00, sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI). Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 3 de octubre de 2000. MP: Doctor Darío Quiñones Pinilla. Expedientes AC 10529 y AC 10968. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de noviembre de 2016, consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente: 11001-03-15-000-2015-02938-00, accionante: Juan Carlos Arango, accionado: Luciano Grisales Londoño. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de febrero de 2004, consejero ponente:

Alier Hernández Enríquez, expediente: 11001-03-15-000-2003-1149-01, accionante: Álvaro Gutiérrez Marenco, accionado: Dieb Nicolás Maloof Cuse. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI). Sentencia del 6 de mayo de 2014. MP. Enrique Gil Botero, Expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. Dicha aclaración se sustentó en la interpretación literal y gramatical del artículo 183 numeral 4 de la carta superior, acompasada con la historicidad de la norma, la finalidad perseguida con ella por el Constituyente de 1991 y con los lineamientos trazados por la jurisprudencia de la Corporación al resolver los casos concretos. Con ella se retomó la interpretación efectuada por la Sala Plena en sentencia del 5 de febrero de 2001, para concluirla causal corresponde a una descripción típica completa, en tanto indica un sujeto activo, el congresista; el verbo rector, destinar; la circunstancia de modo que lo cualifica, esto es, que sea la destinación sea indebida, y el objeto sobre el cual recae la acción, que viene a ser el bien jurídico protegido: los dineros públicos, así como la consecuencia de su realización, la pérdida de la investidura de congresista. Artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0868_2003.html" \l "7" 7 de la Ley 868 de 2003.
«ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente […]».
«ARTICULO 144. Las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones Permanentes serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento».
«ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones». Modificado por el artículo 3º de la Ley 1318 de 2009. Inciso tercero. «La certificación del cumplimiento de labores de los empleados de la unidad de trabajo legislativo será expedida por el respectivo Congresista». Conforme a la certificación expedida por el jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes (índice 31 ibidem) y a la copia del acto administrativo visible en el índice 11 ibidem. La declaración se recibió en la audiencia que fue celebrada el 15 de octubre de 2020, conforme al acta que obra en el índice 34 de Samai.
«ARTÍCULO  1º DE LA LEY 51 DE 1983.Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: primero de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, además de los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. 2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día». [Negrillas fuera de texto]. Así lo establece el artículo 21 de la Ley 1881 de 2018. Corte Constitucional, sentencia SU- 424 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Ley 1881 de 2018. “Artículo 5.

Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos:
(…)
d) La solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso;”. El artículo 14 de la Ley 1881 de 2018 regula el trámite del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sin que se excluya al solicitante de la legitimación para formularlo. Ley 1881 de 2018. “Artículo 12. A la audiencia pública asistirá la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura y será presidida por el magistrado ponente. Esta diligencia quedará registrada en medio magnético para que obre dentro del expediente. Las partes podrán intervenir, por una sola vez, en el siguiente orden: El solicitante o su apoderado, el agente del Ministerio Público y el Congresista y su apoderado”.

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