Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00263-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00263-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00263-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
27 de agosto de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00263-01
Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00263-01
Actor: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR
Convocada: YENICA SUGEIN ACOSTA INFANTE
Referencia: Pérdida de investidura
PÉRDIDA DE INVESTIDURA – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el solicitante José
Manuel Abuchaibe Escolar, contra la sentencia del 20 de marzo de 2024, proferida
por la Sala Veintiuno (21) Especial de Decisión, mediante la cual se negó la solicitud
de pérdida de investidura1.
I. SOLICITUD
El señor José Manuel Abuchaibe Escolar solicitó la pérdida de investidura de la
Representante a la Cámara por el departamento del Amazonas Yenica Sugein
Acosta Infante, por la causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en
el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política, con fundamento en lo
siguiente:
La señora Yeimy Beverly Duque Ocampo fue vinculada a la Unidad de Trabajo
Legislativo (en adelante, UTL) de la Representante a la Cámara Yenica Sugein
Acosta Infante, en el cargo de Asesor VIII, mediante la Resolución No. 1521 del 23
de julio de 2018, proferida por la Dirección Administrativa de la Cámara de
Representantes.
Según información suministrada por Migración Colombia, la señora Duque Ocampo
salió del territorio nacional el 16 de mayo de 2022 y regresó al país el día 22 del
mismo mes y año. Asimismo, viajó al exterior el 25 de agosto de 2022 y regresó el 31
siguiente.
En los meses de mayo y agosto de 2022, la señora Yeimy Beverly Duque Ocampo
recibió el pago del salario en su totalidad.
Contra la congresista convocada se formuló solicitud de pérdida de investidura
similar (exp. 2023-00145-01), trámite en el que se profirió sentencia de segunda
instancia el 12 de septiembre de 2023, mediante la cual se confirmó la providencia
de 18 de enero de 2023, que negó la referida petición, pese a encontrarse
1 Integrada por los doctores Rafael Francisco Suárez Vargas, Nubia Margoth Peña Garzón, Luis Alberto Álvarez
Parra, Wilson Ramos Girón y José Roberto Sáchica Méndez.
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
demostrado que, respecto de una de las funcionarias de la UTL que estuvo fuera de
Colombia, no se expidió la certificación de cumplimiento de funciones2. Por lo tanto,
se cuestiona si en ese fallo se aceptó la violación del artículo 388 de la Ley 5ª de
1992 y se torna inaplicable la causal de pérdida de investidura invocada.
Afirma que se presume que se evitó que las citadas certificaciones fueran allegadas
al expediente o que tales documentos desaparecieron de la Pagaduría de la Cámara
de Representantes, lo que motivó que el 17 de julio de 2023, se solicitara ante la
Corte Suprema de Justicia la investigación penal de la parlamentaria y del presidente
de la citada cámara.
La congresista convocada «viene certificando el cumplimiento de las labores de los funcionarios
de su UTL, pero observamos que cuando se trata de probar en los casos de funcionarios que han
recibido pagos, a pesar de estar fuera del país, convenientemente, la Pagaduría no remite esos
documentos»3.
Mediante derecho de petición se solicitó «copia de las certificaciones y las constancias que
emitió la Representante en relación con las labores desarrolladas por los miembros de su Unidad de
Trabajo Legislativo, que correspondan a los meses en que estuvieron o han estado vinculadas YEIMY
BEVERLY DUQUE OCAMPO y CAMILA ANDREA MARIN BARDALES, firmadas por la Honorable
Representante, agregando además se nos certifique si las mencionadas funcionarias demostraron
ante el Congreso que cumplieron alguna función específica en Bogotá o fuera de ella, dentro del
territorio nacional o fuera de él»4.
El 4 de diciembre de 2023, se recibió respuesta al citado derecho de petición, sin que
se remitieran las certificaciones de la asesora Yeimy Beverly Duque Ocampo,
durante el tiempo en que estuvo fuera del país5. Por el contrario, sí se anexaron las
certificaciones de cumplimento de labores de la otra funcionaria, de lo que se
desprende que se intenta ocultar la realidad frente a las mismas.
Se presenta una conducta dolosa por parte de la congresista, pues dado que la
señora Duque Ocampo se desempeña como coordinadora de su UTL, debía tener
conocimiento de los días en los que esa funcionaria permaneció fuera del país y, por
tanto, el pago efectuado a esa asesora carece de justificación y vulnera la Ley
Orgánica 2029 de 24 de julio de 2020.
De acuerdo con la mencionada ley, los funcionarios que estén vinculados a la UTL
podrán realizar sus funciones en la sede del Congreso de la República o en cualquier
lugar dentro del territorio nacional donde el congresista lo requiera, incluso a través
de las figuras de teletrabajo o virtualidad, pero no pueden desempeñar sus labores
por fuera del territorio nacional.
Al no figurar las certificaciones de cumplimiento de labores de la señora Duque
Ocampo, durante el tiempo en el que estuvo fuera del país, se advierte que la
congresista «al parecer viene manipulando» la información que suministra a la Cámara de
Representantes.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp. 11001031500020230014501, C.P.
Martha Nubia Velásquez Rico.
3 Pág. 7.
4 Ibidem.
5 Respecto de la funcionaria Duque Ocampo se remitieron solo unos meses reportando cumplimiento de labores:
julio a diciembre de 2018, enero a diciembre de 2019, febrero de 2021, diciembre de 2022 y enero a julio de 2023.
Pág. 8.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00263-01
Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
No es aceptable que los congresistas cuenten con un amplio margen de
discrecionalidad respecto de los recursos que son asignados para el funcionamiento
de la UTL, puesto que tienen un nivel de responsabilidad que debe garantizar que
estos se utilicen de manera exclusiva para el ejercicio de la función legislativa.
Concluye que la convocada incurrió en indebida destinación de dineros públicos,
porque la asesora Yeimy Beverly Duque Ocampo recibió la totalidad de su salario en
mayo y agosto de 2022, a pesar de no haber laborado todos los días de esos meses,
por encontrarse fuera del país.
Si la Representante a la Cámara hubiese obrado con la diligencia debida al momento
de revisar el cumplimiento de las funciones de los integrantes de la UTL, habría
advertido que estaba ante una situación potencialmente capaz de convertirse en
desviación de los dineros públicos.
II. CONTESTACIÓN
La Representante a la Cámara Yenica Sugein Acosta Infante, a través de apoderado,
contestó la demanda en los siguientes términos:
El 6 de mayo de 2022, la convocada solicitó autorización al presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes, para ausentarse los días 17, 18 y 19 de
mayo de 2022, en virtud de su participación en la 5ª Sesión Ordinaria de la Asamblea
del Parlamento Amazónico – PARLAMAZ.
La Representante Acosta Infante participó en la citada reunión de forma presencial
en la ciudad de Brasilia (Brasil), en compañía de su asesora Yeimy Beverly Duque
Ocampo, para lo cual salieron del territorio nacional entre el 16 y el 22 de mayo de
2022.
La citada asesora puso en conocimiento de la congresista convocada, que su
cónyuge residía en Belém (Brasil) y se encontraba bajo especiales circunstancias de
salud, motivo por el cual le solicitó permiso -licencia no remunerada redactada y firmada por
la asesora- para ausentarse del país los días 29, 30 y 31 de agosto de 2022, el que se
radicó ante la División de Personal de la Cámara de Representantes.
El 25 de agosto de 2022, la asesora Yeimy Beverly Duque Ocampo salió del país sin
informarle a la Representante a la Cámara.
En relación con lo expuesto por el solicitante sobre lo decidido en el expediente
11001031500020230014501, precisa que en ese asunto se demostró que, si bien un
miembro de su UTL desconoció el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, al realizar
funciones fuera del territorio nacional, tal conducta no era adjudicable a la
congresista, pues se advirtió que esa funcionaria desarrolló funciones en forma
virtual y resultaba una carga exorbitante exigirle a la parlamentaria que comprobara
el lugar desde el cual la servidora efectuaba las labores encomendadas, aunado a
que la representante no tuvo conocimiento que se encontraba en el exterior.
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
No se presenta el tercer aspecto del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura6 -indebida destinación de dineros públicos-, por cuanto la Representante a la
Cámara no expidió certificaciones respecto al cumplimiento de funciones de la
señora Duque Ocampo, que hayan servido de fundamento para el pago de los
salarios durante los días que permaneció fuera del país.
Agrega que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que la inexistencia
de una certificación que respalde el cumplimiento de funciones, hace inviable la
configuración de la causal de pérdida de investidura invocada7.
No existe prueba sobre algún acuerdo entre la congresista y la División de Personal
de la Cámara de Representantes, cuyo objeto sea no allegar las certificaciones de
cumplimiento de funciones de la mencionada asesora, ya que tales documentos no
fueron expedidos por la convocada.
Tampoco se configura el elemento subjetivo de la causal invocada, por culpa grave o
dolo en las actuaciones de la congresista convocada, en tanto el primer viaje al
exterior de la señora Duque Obando, realizado entre el 16 y el 22 de mayo de 2022,
obedeció a la necesidad de asistencia, consejo y asesoría durante su participación
en la 5ª Sesión Ordinaria de la Asamblea del Parlamento Amazónico, en la ciudad de
Brasilia (Brasil), por lo que no era viable jurídicamente que se radicara una solicitud
de licencia no remunerada, ante la efectiva prestación del servicio.
Igualmente, no es reprochable la conducta de la Representante Acosta Infante
respecto de la segunda salida al exterior de la referida asesora, pues tuvo la
diligencia de cerciorarse de que la funcionaria solicitara la licencia no remunerada,
sin que se le pueda exigir que debía conocer que su servidora salió del país dos días
más de lo autorizado, o que la Dirección Administrativa de la Cámara de
Representantes no realizara los descuentos por los días no trabajados.
En este segundo viaje al exterior de la servidora Duque Ocampo, que ocurrió entre el
25 y el 31 de agosto de 2022, no se presenta comportamiento reprochable de la
Representante Acosta Infante, pues la convocada autorizó a la funcionaria para que
solicitara una licencia no remunerada por los días 29, 30 y 31 de agosto de 2022.
La salida al exterior de la citada asesora los días 25 y 26 de agosto de 2022, como
se indicó, no fue informada a la Representante y, en consecuencia, tampoco fue
avalada por ella.
Resulta una carga excesiva pedirle a la congresista que, luego de verificar que su
subordinada remitiera la solicitud de licencia no remunerada, revisara que la
dependencia correspondiente expidiera la resolución y realizara los descuentos por
los días que la asesora no trabajó.
No le es exigible a la representante percatarse que la funcionaria Duque Ocampo le
diera correcto uso al permiso solicitado, toda vez que salió del país tan solo dos días
antes de lo que le autorizó la congresista. Lo anterior, cobra certeza dado que los
flujos migratorios tienen carácter reservado, como lo disponen los artículos 24 de la
Ley 1437 de 2011 y 2.2.1.11.4.3 del Decreto 1067 de 2015.
6 En relación con los elementos de: que se ostente la condición de congresista y que se esté frente a dineros
públicos, no existe duda sobre su configuración.
7 Consejo de Estado, Sala 4 Especial de Decisión, sentencia de 5 de junio de 2023, exp.
11001031500020230014500, C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00263-01
Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
III. AUDIENCIA PÚBLICA
Se llevó a cabo el 12 de marzo de 2024, bajo la dirección del presidente de la Sala
Veintiuno (21) Especial de Decisión y con la asistencia de los demás integrantes de
la misma, del solicitante José Manuel Abuchaibe Escolar, de la Representante a la
Cámara Yenica Sugein Acosta Infante, su apoderado, y el Procurador Delegado con
funciones mixtas 6: para la Conciliación Administrativa.
El solicitante pidió se declare la pérdida de investidura de la Representante a la
Cámara por incurrir en indebida destinación de dineros públicos, ya que la señora
Yeimy Beverly Duque Ocampo integrante de la UTL, recibió la totalidad del salario en
mayo y agosto de 2022, pese a que no laboró todos los días de esos meses, por
encontrarse fuera del país.
Expresó que el elemento subjetivo se configuró a título de culpa, porque la
representante permitió el pago de los salarios a la señora Duque Ocampo, quien no
laboró en el país unos días de los meses de mayo y agosto de 2022.
Anotó que también se configuró el referido elemento a título de dolo, por cuanto fue
la Representante quien autorizó el acompañamiento de la citada asesora a Brasil, y
se observa un comportamiento reprochable que denota la falta de cuidado y
diligencia, pues es su deber supervisar, controlar y vigilar que las personas que
hacen parten de su equipo cumplan sus funciones conforme a la ley.
Agregó que el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, señala que a los legisladores les
corresponde emitir la certificación del cumplimiento de las labores de los empleados
de su UTL para el pago del salario de los servidores. Por lo tanto, tal documento
debió expedirse y sería aconsejable que se compulsara copia ante la Fiscalía y la
Corte Suprema de Justicia con el fin de averiguar lo sucedido en este aspecto.
El Procurador Delegado con funciones mixtas 6: para la Conciliación
Administrativa manifestó que al no advertirse que la Representante a la Cámara
hubiese realizado conductas encaminadas a destinar indebidamente dineros
públicos, se debe negar la pérdida de investidura.
Señaló que Yeimy Beverly Duque Ocampo asesora de la UTL, en el viaje realizado
en mayo de 2022, cumplió con sus funciones al acompañar a la congresista en el
evento del Parlamento Amazónico.
Anotó que se encuentra acreditado que: (i) la Representante le indicó a la asesora
Duque Ocampo que debía pedir una licencia no remunerada por los días 29, 30 y 31
de agosto de 2022, (ii) que se presentó dicha solicitud a la División de Personal de la
Cámara de Representantes y (iii) que el viaje realizado por la referida asesora
durante el 25 y 26 de agosto de 2022, no fue puesto en conocimiento de la
congresista convocada.
No se configuró el elemento subjetivo, dada la ausencia de dolo y culpa grave
atribuible a la congresista convocada, pues su conducta no fue realizada con la
intención de causar un daño, ni se denota falta de diligencia o cuidado, sino que, por
el contrario, cumplió con su deber de solicitar a la División de Personal de la Cámara
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
de Representantes el otorgamiento de la licencia no remunerada en favor de la
asesora Duque Ocampo.
Por otra parte, no es exigible a la congresista que vigilara si la asesora tramitó las
comisiones y permisos, o si salió del país antes de la licencia, pues como lo indicó la
funcionaria en la declaración rendida en el proceso, ella apoya la coordinación de
todo el equipo de la UTL y es el enlace con el área de recursos humanos. Además,
reconoció que no informó a la Representante de su salida del país antes de las
fechas que inicialmente le puso en conocimiento.
La mencionada asesora radicó el 23 de febrero de 2024, ante la División de Personal
de la Cámara de Representantes, solicitud de liquidación de reintegro de recursos
por los días 25 a 26 de agosto de 2022 y pidió una licencia no remunerada por los
días 29, 30 y 31 de ese mes y año, y dado que no se emitió el correspondiente acto
administrativo, solicitó que le detallen el valor a reintegrar.
La Representante a la Cámara, mediante apoderado, se opuso a la solicitud de
pérdida de investidura.
Indicó que no existen certificaciones o documentos que permitan inferir que la
Representante Yenica Sugein Acosta Infante determinó una destinación de recursos
públicos en los meses de mayo y agosto de 2022, lo cual deja sin fundamento la
atribución de responsabilidad en el presente proceso.
Anotó que, del acervo probatorio se evidencia que el primer viaje al exterior de la
asesora Yeimy Duque Ocampo, realizado entre el 16 y 22 de mayo de 2022, fue
netamente laboral, pues asistió a la Representante Acosta Infante durante su
estancia en Brasil.
Expresó que no es reprochable la conducta de la congresista respecto de la segunda
salida al exterior de la asesora Duque Ocampo, del 25 al 31 de agosto de 2022, pues
tuvo la diligencia de cerciorarse que su funcionaria procediera a solicitar la licencia
no remunerada.
Manifestó que la congresista convocada no conoció, ni debía conocer que su
asesora salió del país dos días antes de lo autorizado, o que la Dirección
Administrativa de la Cámara de Representantes no realizó el descuento por los días
no trabajados, pues se trata de información que solo está a disposición de la
funcionaria y de esa división.
IV. SENTENCIA APELADA
La Sala Veintiuno (21) Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, en sentencia
de 20 de marzo de 2024, negó la solicitud de pérdida de investidura, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política
y la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, para que se configure la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos se requieren tres presupuestos o elementos, esto es,
(i) que se ostente la condición de congresista, (ii) que se esté frente a dineros
públicos y (iii) que estos sean indebidamente destinados.
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
Se encuentra acreditada la condición de congresista de la señora Yenica Sugein
Acosta Infante, quien fue elegida como Representante a la Cámara por el
departamento del Amazonas para el periodo constitucional 2018-2022 y 2022-2026.
Se está frente a dineros públicos, porque los recursos con los que se paga la
nómina de los empleados de las UTL, son públicos y más concretamente «dineros
públicos», en tanto provienen de una actividad económica del Estado y se integran al
ciclo presupuestal, con el propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las
necesidades que demanda el interés general. Conforme al criterio de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, el salario que se paga a través de la nómina de
personal de las entidades públicas, se expresa en dinero público8.
Respecto a la indebida destinación de dineros públicos por el pago de la totalidad
de los salarios a Yeimy Beverly Duque Ocampo, miembro de su UTL, quien se
ausentó del país desde el 16 hasta el 22 de mayo de 2022 y desde el 25 hasta el 31
de agosto del mismo año, se indicó lo siguiente:
Del viaje al exterior de la señora Yeimy Beverly Duque Ocampo desde el 16
hasta el 22 de mayo de 2022
La Representante a la Cámara se ausentó del país junto con Yeimy Beverly Duque,
Ocampo asesora VIII de la UTL, desde el 16 hasta el 22 de mayo de 2022, para
asistir a la 5ª Sesión Ordinaria de la Asamblea del Parlamento Amazónico -
PARLAMAZ.
Está acreditado que en esas fechas asistió de forma directa a la congresista, es
decir, que contrario a lo manifestado por el solicitante, la mencionada funcionaria sí
cumplió con las funciones propias del cargo, como asesora de la UTL.
Si bien, en principio, podría considerarse pertinente que la señora Duque Ocampo
debía solicitar ante la División de Personal de la Cámara de Representantes una
comisión de servicios, conforme lo establece el artículo 2.2.5.5.25 del Decreto 1083
de 2015, ello no configura la causal de pérdida de investidura invocada, por cuanto el
viaje obedeció al cumplimiento de sus funciones como miembro de la UTL y fue
costeado por la Representante a la Cámara y por PARLAMAZ.
En relación con el desconocimiento de la Ley Orgánica 2029 de 2020, precisa que
esa ley faculta a los funcionarios de la UTL para realizar sus funciones dentro del
territorio nacional y no prohíbe que, por las necesidades del servicio, conforme lo
dispone el artículo 385 de la Ley 5ª de 1992, puedan prestar sus funciones por fuera
del país.
En conclusión, para el periodo entre el 16 hasta el 22 de mayo de 2022, la
Representante a la Cámara no incurrió en la causal prevista en el numeral 4 del
artículo 183 de la Constitución Política, esto es, indebida destinación de dineros
públicos, toda vez que la asesora VIII Yeimy Beverly Duque Ocampo, recibió la
totalidad del salario por el mes de mayo de 2022, al cumplir a cabalidad sus
funciones.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo de 2017, exp.
11001031500020150011100.
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
Del viaje al exterior de la señora Yeimy Beverly Duque Ocampo desde el 25
hasta el 31 de agosto de 2022
Sobre el viaje al exterior de la señora Yeimy Beverly Duque Ocampo del 25 hasta el
31 de agosto de 2022, encontró acreditado lo siguiente:
• La señora Yeimy Beverly Duque Ocampo salió del país del 25 hasta el 31 de
agosto de 2022, fecha para la cual estaba vinculada en el cargo de asesora
VIII en la UTL de la Representante a la Cámara Yenica Sugein Acosta Infante.
• Dicha funcionaria le comunicó a la congresista que debía ausentarse por
necesidades personales, por lo cual la aforada la autorizó para solicitar ante la
dependencia pertinente, una licencia no remunerada por los días 29, 30 y 31
de agosto de 2022.
• La señora Duque Ocampo suscribió la solicitud de licencia no remunerada,
con el visto bueno de la Representante a la Cámara.
• De acuerdo con lo reportado por la División de Personal de la Cámara de
Representantes, no se le concedió permiso, comisión de servicios o estudio, o
licencia no remunerada a la señora Yeimy Beverly Duque Ocampo, de lo cual
no tuvo conocimiento la convocada.
De lo anterior concluye que la congresista, bajo el principio de buena fe, confió en
que la solicitud de licencia no remunerada le había sido concedida a la señora Duque
Ocampo por los días 29, 30 y 31 de agosto de 2022, y, por otra parte, no tuvo
conocimiento de que la funcionaria salió el país en una fecha no autorizada, esto es,
el 25 del mismo mes y año.
La salida del país de la señora Yeimy Beverly Duque Ocampo entre el 25 y el 31 de
agosto de 2022, no obedeció a un acto personal y material de la congresista que
permita inferir una indebida destinación de dineros públicos, pues se acreditó que: (i)
nombró a la señora Duque como asesora VIII desde el 2018, para el cumplimiento de
unas funciones específicas que hasta la fecha de la ocurrencia de los hechos venía
realizando, (ii) procuró que la funcionaria se ausentara del cumplimiento de sus
funciones bajo una situación administrativa legalmente permitida y (iii) su empleada
no le informó que saldría del país dos días antes de lo previsto, esto es, el 25 de
agosto de 2022.
Pese a que la citada funcionaria recibió su salario completo en el mes de agosto de
2022, ello no obedeció a una certificación expedida por la congresista, toda vez que,
está demostrado que la Representante no certificó el cumplimiento de funciones de
la asesora Duque Ocampo para dicho mes.
Respecto a la vulneración de la Ley Orgánica 2029 de 2020, anota que si bien la
señora Duque Ocampo pese a estar vinculada en la UTL, no realizó sus funciones
dentro del territorio nacional, ello implica un reproche personal para dicha
funcionaria, mas no configura la causal de indebida destinación de dineros públicos
en cabeza de la congresista.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00263-01
Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
Concluye que en el asunto sometido a consideración no se configura el elemento
objetivo, porque no se reunieron todos los presupuestos de la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política.
Elemento subjetivo
En relación con la salida del país de la señora Duque Ocampo del 16 hasta el 22 de
mayo de 2022, no advierte dolo o culpa grave de la congresista convocada, ya que el
viaje obedeció a la invitación de la Representante a la Cámara al Congreso del
Parlamento Amazónico que se realizó en Brasil, quien decidió ir acompañada de su
asesora, persona que tenía a su cargo la función de asesorarla en sus intervenciones
ante instituciones internacionales y preparar los insumos necesarios en las sesiones
del referido parlamento.
Además, resalta que, conforme al testimonio rendido por la asesora, los tiquetes
aéreos fueron costeados por la congresista y los viáticos asumidos por la entidad que
invitó a la Representante.
Respecto al viaje al exterior de la citada asesora del 25 hasta el 31 de agosto de
2022, no se acreditó el dolo en la conducta de la congresista, en la medida en que su
intención nunca fue la de propiciar el pago de los salarios de su funcionaria, pese a
que no cumplió a cabalidad con sus funciones durante todo el mes de agosto de
2022.
La Representante no tuvo conocimiento que la señora Duque Ocampo salió del país
el día 25 del mismo mes y año, y tampoco que a esa funcionaria no le fue concedida
la licencia no remunerada, por los días 29, 30 y 31 de agosto de 2022.
No se configura una culpa grave, por cuanto la Representante a la Cámara no contó
con los mecanismos suficientes para tener conocimiento de que la miembro de su
UTL no ejerció sus funciones entre el 25 y el 31 de agosto de 2022.
Lo anterior, por cuanto: «i) la señora Duque Ocampo podía trabajar de manera virtual y el reporte
de sus tareas no se hacía diariamente; ii) la congresista, se insiste, presumía que los días 29, 30 y 31
de agosto de 2022, la funcionaria estaba bajo una licencia no remunerada; iii) en dos días hábiles,
esto es, 25 y 26 de agosto de 2022, era difícil establecer que la antes mencionada estuviera ausente y
el desempeño exacto de sus funciones; y, iv) es imposible que un congresista tenga acceso a las
salidas del país, por cualquier medio de transporte, de los empleados que tiene a su cargo».
V. RECURSO DE APELACIÓN
El solicitante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
en el que expresó lo siguiente:
De acuerdo con los hechos y pruebas allegadas al proceso, es claro que la
Representante a la Cámara por el Departamento de Amazonas Yenica Sugein
Acosta Infante incurrió en la causal establecida en el numeral 4 del artículo 183 de la
Constitución Política, que determina que los congresistas perderán su investidura
«por indebida destinación de dineros públicos».
La sentencia desconoce la normatividad y los precedentes en la materia, además,
incurre en una errada valoración probatoria, dado que la congresista convocada
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00263-01
Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
debió obrar con diligencia en relación con la coordinadora de la UTL Yeimy Bervely
Duque Ocampo.
Salida de Colombia el 16 de mayo de 2022 y regreso al país el 22 de mayo del
mismo año
En el fallo recurrido se justifica la conducta dolosa de la congresista, pues sin tener
facultades requirió que una funcionaria de su UTL desempeñara funciones por fuera
del territorio nacional, sin estar amparada por un acto administrativo de comisión,
siendo lo más grave que la acusada sufragó los gastos de pasajes y viáticos,
cuestionando si estos pueden ser considerados como factor salarial.
El artículo 1 de la Ley 2029 de 20209, no permite que el parlamentario requiera a los
funcionarios vinculados a la UTL para que desempeñen sus labores por fuera del
territorio nacional. Por lo tanto, cuando en la sentencia se indica lo contrario, «es
deducir que se quiere manipular la redacción de la norma».
Asimismo, al afirmarse que esa disposición «no prohíbe que, por las necesidades del
servicio, conforme lo señala el artículo 385 de la Ley 5ª de 1992, estos puedan prestar sus funciones
por fuera de él, como, efectivamente, ocurrió en este caso resulta aberrante y es prácticamente una
MODIFICACION A LA LEY».
La señora Duque Ocampo en el testimonio rendido el 15 de febrero del año en curso,
justificó el cobro del sueldo al considerar que laboró y cumplió sus funciones en el
exterior. Por su parte, el jefe de la División de Personal en la respuesta de 23 de
febrero de 2024, expresó que los miembros de las UTL no están habilitados para
desempeñar sus funciones fuera del país, lo cual es una prueba concluyente.
Salida del país el 25 de agosto de 2022 y regreso el día 31 del mismo mes y año
El recurrente indica que en el fallo se trata de justificar que, con la sola autorización a
la funcionaria para tramitar la licencia no remunerada por los días 29, 30 y 31 de
agosto de 2022, la representante cumplió con sus funciones a cabalidad, pues la
salida de la asesora los días 25 y 26 de agosto de 2022, no fue puesta en
conocimiento de la convocada.
No se entiende cómo se afirma en el fallo que, en dos días hábiles, esto es, 25 y 26
de agosto de 2022, era difícil establecer que la funcionaria estuviera ausente y el
desempeño exacto de sus funciones, pues se trata de la coordinadora de la UTL,
persona de entera confianza de la congresista.
En el fallo se omite analizar sobre la ausencia de las certificaciones de cumplimiento
de funciones de la señora Duque Ocampo, las cuales no fueron remitidas por la
Cámara de Representantes, y de la licencia no remunerada para salir del país.
La sentencia desconoce el precedente contenido en el fallo de 28 de marzo de
201710, respecto a la obligación del congresista de certificar el cumplimiento de
labores de los miembros de la UTL, y comparte el salvamento de voto presentado
9 Transcribió apartes de la sentencia de la Corte Constitucional C-127 de 2021 y del Consejo de Estado Sala
Especial de Decisión, C.P. María Adriana Marín de 21 de octubre de 2020, exp. 11001031500020200051700, en
las que se indicó que los miembros de las UTL pueden ejercer sus funciones desde cualquier lugar del territorio
nacional.
10 Exp. 11001031500020150011100, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
10
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
por el consejero Pedro Pablo Vanegas Gil en el proceso
11001031500020190077101, en el que señaló que: «lo expresado en la sentencia en
mención puede llevar a hacer inaplicable la causal de pérdida de investidura del artículo 183, ordinal
4, superior, en la medida en que bastaría con que se afirme que el congresista demandado asignó
funciones a un funcionario o funcionaria de su UTL en el momento en que inició su desempeño
funcional para eximirlo de responsabilidad, toda vez que a la luz de lo señalado en la providencia, no
debe verificar de manera alguna que tales funciones se estuviesen cumpliendo durante su
permanencia en el cargo y, aún más, podía certificar que estas se estaban ejecutando debidamente,
sin que ello constituya una indebida destinación de los dineros públicos destinados al pago del salario
y demás emolumentos del referido servidor o servidora pública».
Se desconoce el artículo 388 de La Ley 5ª de 1992, norma que es clara en advertir
que a los legisladores les corresponde emitir una certificación del cumplimiento de
las labores de los empleados de la UTL y, con base en la misma se paga el salario
de los servidores. Por lo tanto, debe aclararse si la certificación de las funciones
expedidas por los congresistas, no son un presupuesto para el pago de salarios, lo
que sería una modificación de la mencionada norma.
Afirma que es una «aberración jurídica» el pago de salarios en la Cámara de
Representantes sin la certificación de haberse prestado el servicio, y cuestiona que
se quiere establecer como precedente que «no es indispensable para demostrar la indebida
destinación de recursos públicos por vía indirecta, la certificación del cumplimiento de funciones
expedida por el congresista a cargo de la UTL», además, no existe en el ordenamiento
jurídico exoneración de responsabilidad en materia de pérdida de investidura por
procurar voluntariamente, después de cometida la conducta, anular o disminuir sus
consecuencias o reparar el daño.
En el fallo se guarda silencio sobre las certificaciones de cumplimiento que debían
existir, frente a lo cual «se presume» que se ha evitado que lleguen al expediente, y
pueden haberse desaparecido de la Pagaduría de la Cámara, lo que amerita que se
compulsen copias para que se investigue por la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría General de la Nación, y se despeje este aspecto.
No se realizó un análisis sobre la situación de salud del esposo de la señora Duque
Ocampo, que fue el motivo que la obligó a ausentarse del país el 25 de agosto de
2022, quien casualmente reside en Brasil, lo cual pudo motivar a la congresista para
«ayudar personalmente a su amiga funcionaria».
VI. OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN
La Representante a la Cámara, a través de apoderado, adujo que no se configuró la
causal de pérdida de investidura invocada, por las siguientes razones:
• La ausencia de certificaciones de cumplimiento de funciones expedidas por
la Representante descarta la configuración del elemento objetivo de la
conducta
En este caso no se configura el elemento objetivo, por cuanto no existen
certificaciones de cumplimiento de funciones expedidas por la congresista en
relación con Yeimy Beverly Duque Ocampo, durante los meses de mayo y agosto de
2022, en los que esa asesora se desplazó fuera del territorio colombiano.
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
En atención a las pruebas aportadas en el proceso, y las subreglas jurisprudenciales
fundadas en el principio de legalidad, para los casos de desplazamientos al exterior
de miembros de una UTL, debe concluirse que la inexistencia de una certificación
que respalde el cumplimiento de funciones hace inviable la configuración de la causal
de pérdida de investidura, cuyo reproche se basa exclusivamente en la participación
directa o indirecta de un miembro del Congreso de la República en la destinación de
dineros públicos.
• La Representante no participó de manera directa o indirecta en la presunta
destinación indebida de recursos públicos
La congresista no participó de manera directa o indirecta en la presunta destinación
indebida de recursos públicos, toda vez que: (i) en el primer viaje al exterior, la
funcionaria Duque Ocampo cumplió integralmente sus funciones, y (ii) en la segunda
salida al exterior, no es reprochable la conducta de la parlamentaria, pues tuvo la
diligencia de cerciorarse que su funcionaria, antes de partir, solicitara la licencia no
remunerada.
La Representante Acosta Infante no conocía ni debía conocer que su asesora salió
del país dos días hábiles más de lo que por ella fue autorizado, o que la Dirección
Administrativa de la Cámara de Representantes no realizara los correspondientes
descuentos por los días no trabajados, toda vez que se trata de información que solo
estaba a disposición de la funcionaria Duque Ocampo y de esa dependencia.
• La suficiencia del material probatorio recabado en el proceso, la presunción
de inocencia que le asiste a la Representante Acosta y la carga de la prueba
que de dicha garantía se deriva en el juicio de pérdida de investidura
El actor era quien debía aportar evidencia convincente que lograra desvirtuar la
presunción de inocencia de la congresista, no obstante, su actuación consistió en
proponer afirmaciones sin soporte probatorio.
El magistrado sustanciador -de primera instancia- utilizó sus facultades oficiosas para
dilucidar puntos oscuros dentro del proceso como lo eran: (i) la situación
administrativa en la que se encontraba la señora Duque Ocampo en los periodos en
los que se desplazó al exterior y (ii) las funciones que cumplía la señora Duque
Ocampo, lo cual no significa que el juez debe probar lo no ocurrido, como lo pretende
el apelante.
Aceptar lo contrario supondría la conversión del juez en parte del proceso, lo cual
terminaría por desconocer el derecho a un juicio justo, independiente e imparcial,
asimismo, que las dudas razonables que surjan del análisis probatorio se resuelvan
en favor de la convocada, dada la naturaleza punitiva del proceso de pérdida de
investidura.
La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicitó se confirme
la decisión de primera instancia, mediante la cual se negó la solicitud de pérdida de
investidura de la congresista convocada. Al efecto, expresó:
Respecto de la causal de pérdida de investidura relacionada con la indebida
destinación de dineros públicos, se encuentran probados en el proceso dos de los
tres elementos establecidos por la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00263-01
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Administrativo del Consejo de Estado11, esto es, que la convocada ostenta la calidad
de congresista y que se trata de dineros públicos.
En lo concerniente al tercer elemento, relativo a que los dineros se hayan destinado
indebidamente, del análisis de las funciones del cargo de Asesora VIII de la UTL de
la congresista convocada, de acuerdo con la Resolución 1095 de 2010 “Manual de
Funciones de la Cámara de Representantes” y la declaración rendida en el proceso por la
señora Yeimy Beverly Duque Ocampo, se evidencia el cumplimiento de sus
funciones, pues acompañó a la congresista a un evento, desarrollando labores de
asesoría y revisión.
La Ley 2029 de 24 de julio de 2020, mediante la cual se interpretó lo dispuesto por el
artículo 388 de la Ley 5 de 1992, determina que los miembros de las UTL pueden
prestar sus servicios desde cualquier lugar del territorio nacional, y no prohíbe desde
su literalidad, que eventualmente y por necesidades del servicio, puedan ejercer
funciones en el exterior.
Por lo tanto, no se configura el tercer elemento de la causal de pérdida de investidura
invocada, máxime que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado12, en reciente pronunciamiento señaló que destinar indebidamente dineros
públicos no puede asimilarse a utilizarlos de manera indebida.
Extender la destinación del dinero público al ejercicio de funciones ocasionales por
fuera del territorio nacional, implica hacer una interpretación extensiva de la conducta
prevista como causal de pérdida de investidura.
Así las cosas, decretar la pérdida de investidura de una congresista porque decidió
asistir a un evento internacional en virtud de su cargo, acompañada por una
funcionaria de su confianza, implicaría adoptar una decisión que violaría gravemente
el principio de legalidad de las sanciones.
No es necesario analizar el elemento subjetivo de la causal, debido a la falta de
concurrencia de todos los componentes del elemento objetivo. Esto implica, por sí
mismo, la imposibilidad de atribuir culpabilidad a la convocada.
Llama la atención las elucubraciones de que se vale el recurrente para edificar las
presuntas conductas o comportamientos en que a su juicio habría incurrido la
congresista, que, en todo caso, se alejan por mucho de la posibilidad de encuadrar la
conducta en trasgresión alguna.
Si bien existe el legítimo uso de los recursos de alzada en favor de los extremos
procesales y son parte de sus derechos y principios fundamentales, tales como el
debido proceso y el acceso a la administración de justicia, ello no obsta para que
actúen con la debida proporcionalidad, racionalidad y lealtad procesal, como
imperativos categóricos.
Resulta relevante el hecho que los citados deberes procesales no estén siendo
ejercidos en debida forma, ya que el solicitante acude al uso de afirmaciones, la
mayoría de ellas indeterminadas, para atacar la investidura de una mujer que ejerce
11 Sentencia de 5 de junio de 2001, exp. AC 0059, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
12 Sentencia de 10 de mayo de 2022, exp. 11001-03-15-000-2019-00771-01 (PI), C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
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como Representante a la Cámara, evidenciando que, en caso de prosperar las
pretensiones, su hipotético remplazo correspondería a un hombre.
Debe tenerse en cuenta que en el presente asunto, si bien la cuota de género
prevista en la Ley 1475 de 2011 no se torna en obligatoria en atención a su
aplicación en listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección
popular, no puede obviarse que la Constitución Política establece la igualdad entre
hombres y mujeres; y que Colombia es suscriptora de una gran cantidad de
instrumentos internacionales que promueven (i) la eficacia de esta igualdad y (ii) la
no violencia contra las mujeres, los cuales han debido ser incorporados mediante
leyes que a su vez son revisadas previamente por la Corte Constitucional, y sin
embargo, el Congreso de la República, pasados 22 años de entrada en vigencia de
la Carta Magna, aún no establece la paridad como forma de expresión de la igualdad
de hombres y mujeres en el acceso a cargos públicos, especialmente de elección
popular.
Para el Ministerio Público, si bien en el presente caso la norma vigente en materia de
cuota obligatoria de acceso a cargos de elección popular no obligaba a las
organizaciones políticas a inscribir en su listas un mínimo del 30% de mujeres, es
imperativo que las agrupaciones políticas en el seno de su democracia interna
atiendan los principios constitucionales, que se replican en los parámetros
estatutarios, relacionados con el logro de la igualdad material entre hombres y
mujeres, de tal suerte que, para el caso de las circunscripciones electorales, donde
se eligen hasta dos curules, uno de los tres candidatos de la lista debe ser mujer.
La anterior consideración se afianza en la línea institucional adoptada por la
Procuraduría General de la Nación, cuyo objeto es permear sus actuaciones con
enfoque de género femenino cuando ello sea posible, al igual que con el concepto
emitido en su oportunidad frente al proyecto de Código Electoral, en el que se abogó
por la efectiva paridad o cuando menos, la universalidad de la cuota en todas las
circunscripciones electorales, con independencia de los escaños que se van a
proveer.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con los artículos 184 y 237-5 de la Constitución Política, 37-7 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia y 14 de la Ley 1881 de 2018, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para
conocer en segunda instancia de la solicitud de pérdida de investidura de un
congresista.
2. Problema jurídico
Se advierte que la Ley 1881 de 2018 no regula los presupuestos de la apelación13,
por lo tanto, es procedente la aplicación del artículo 320 del Código General del
13 L.1881/18. Artículo 21. Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley se
seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria
el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
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Proceso14, que prescribe que este recurso tiene por objeto que el superior examine la
providencia recurrida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante para que la decisión sea revocada o reformada, según sea el caso.
Asimismo, el artículo 328 de ese mismo código, prevé que «[e]l juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si la
Representante a la Cámara por el departamento del Amazonas Yenica Sugein
Acosta Infante, elegida para el periodo constitucional 2018-2022 y 2022-2026,
incurrió en la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros
públicos, prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política, por
cuanto la señora Yeimy Beverly Duque Ocampo asesora VIII de la UTL percibió el
salario completo a pesar de que: (i) entre los días 16 y 22 de mayo de 2022 ejerció
sus funciones como miembro de la UTL en el exterior y (ii) entre los días 25 y 31 de
agosto de 2022 no laboró, por encontrarse fuera del territorio nacional, aunado a la
ausencia del certificado de cumplimiento de funciones.
Para tal efecto, se observa que en el caso no se cuestionan dos de los tres requisitos
que configuran el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura invocada,
esto es, que se ostente la calidad de congresista y que se trate de dineros públicos;
por lo tanto, no se estudiaran tales requisitos que, por lo demás, se encuentran
acreditados.
De acuerdo con lo anterior, se observa que el solicitante formula reparos respecto al
tercer requisito, relativo a la indebida destinación de dineros públicos, al considerar
que:
• En relación con la salida del país de la señora Duque Ocampo asesora
VIII de la UTL de la convocada, los días 16 a 22 de mayo de 2022, expone
que: el fallo justifica la conducta de la congresista, quien desconoce lo
dispuesto en la Ley Orgánica 2029 de 2020 sobre el ejercicio de funciones de
los miembros de la UTL en el territorio nacional, los precedentes en la materia
e incurre en una errada valoración probatoria.
• Respecto a la salida al exterior de la citada asesora, los días 25 al 31 de
agosto de 2022, señala que: en el fallo se justifica la conducta de la
congresista, se desconoce el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992 y el precedente
sobre la obligación del parlamentario de expedir el certificado de cumplimiento
de funciones, y se omite el análisis sobre la falta del citado certificado,
presupuesto para el pago del salario, respecto del cual se «presume» que se ha
evitado que llegue al expediente.
En el evento que se demuestre la configuración del mencionado elemento objetivo,
se procederá al estudio de los argumentos expresados por el recurrente relacionados
con el elemento subjetivo, en concreto, frente al dolo y la culpa grave en la conducta
de la congresista, al requerir el cumplimiento de funciones por parte de la asesora de
la UTL fuera del territorio nacional, y lo afirmado en el fallo sobre la dificultad de
establecer la ausencia de la coordinadora de la UTL y el cumplimiento de sus
14 CGP. Art. 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. (…).
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
labores, incluido el argumento relacionado con la falta de análisis de la situación del
esposo de la señora Duque Ocampo y los motivos de la congresista para «ayudar
personalmente a su amiga funcionaria».
3. Causal invocada
El señor José Manuel Abuchaibe Escolar solicitó la pérdida de investidura de la
Representante a la Cámara por el departamento del Amazonas Yenica Sugein
Acosta Infante, con fundamento en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 183
de la Constitución Política.
El artículo 183 de la Constitución Política, establece como causales de pérdida de
investidura, las siguientes:
«Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de
conflicto de intereses.
2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en
las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de
instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
(…)»,
En relación con el contenido y configuración de la causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 22 de noviembre de 201615,
indicó:
«De manera puntual, en sentencias de mayo 6 de 2014 y julio 14 de 2015, con ponencia
del Dr. Enrique Gil Botero y el Dr. Ramiro Pazos Guerrero, respectivamente, se hizo un
recuento del tratamiento jurisprudencial de la causal bajo estudio con el fin de establecer
su verdadero contenido así:
“En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un congresista destina
los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o
dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que estando
autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o a cometidos prohibidos, entre
otros.
En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 201216, señaló que aunque la
causal no está definida en el ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los
dineros públicos no corresponde a los fines estatales preestablecidos por la Constitución, la ley
o el reglamento:
(…)
Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del
6 de marzo de 200317 también señaló: “ ‘Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal
de pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el congresista, en su
condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional,
al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los
fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para
destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando
aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o
15 Sentencia de 22 de noviembre de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2015-
02938-00(PI).
16 Cita de cita: Rad. 2010-00352, C.P. María Claudia Rojas Lasso. (Cita del texto original)
17Cita de cita: Rad. 2002-1007, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero. (Cita del texto original)
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas, etc. ‘En los eventos como los antes indicados, la conducta del congresista bien
puede ser delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto o de
contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la Constitución, la ley o los
reglamentos’ ”.
De allí que, para que la causal se configure es necesario que el Congresista, en su
condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal consagrado en
la Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados sean diferentes a
aquellos para los cuales se encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los
recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas; o
perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o
hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la condición de
nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar, defender y cuidar el
patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar
su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la causal comporta dos
elementos: i) la conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de 200518 señaló: “Para la
configuración de la causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º
del artículo 183 de la Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la
Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos como son la conducta y el fin.”
En el primero –como se exige para las demás causales por las que se puede demandar la
pérdida de investidura- es necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad de
Congresista y precisamente que en esa condición ejerza competencias para las que fue
investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al ejercer las
competencias propias de su investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento al destinar los recursos públicos a
materias, actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que autorizados son diferentes
a los que se encuentran asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos, no
necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento patrimonial para sí o a favor de terceros,
o iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de
terceras personas, etc.» (Negrillas originales)
Además, ha señalado19 que la indebida destinación de dineros públicos, en el caso
de los congresistas será directa cuando tiene capacidad de ordenación del gasto y
dispone de manera ilícita de los recursos para obtener finalidades particulares o darle
una destinación diferente a la establecida en el presupuesto, y será indirecta cuando
a pesar de no haber sido ordenador del gasto, el congresista con su conducta tiene
injerencia a través de autorizaciones y certificaciones y lo destina a un objeto distinto
al previsto inicialmente.
En sentencia de 28 de marzo de 201720, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, sobre la configuración de la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos, precisó lo siguiente:
«El análisis gramatical por grupos sintácticos de la causal de indebida destinación de
dineros públicos permite establecer lo siguiente: (i) sujeto oracional «los congresistas»;
(ii) verbo «perderán»; (iii) complemento directo «su investidura»; y (iv) complemento
circunstancial de causa «por indebida destinación de dineros públicos».
18 Cita de cita: Rad. 2004-01673, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. (Cita del texto original)
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 22 de noviembre de 2016,
C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente: 11001-03-15-000-2015-02938-00; 28 de marzo de 2017, C.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente: 11001-03-15-000-2015-00111-00.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo de 2017, C.P.
doctor Rafael Francisco Suárez Vargas. Proceso identificado con el número único de radicación
11001031000201500111-00.
17
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00263-01
Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
(…)
En esta oportunidad, estima la Sala pertinente clarificar que de acuerdo a la estructura
de la norma y los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para que se configure la causal se
requieren tres presupuestos o elementos:
(i) Que se ostente la condición de congresista;
(ii) Que se esté frente a dineros públicos; y
(iii) Que estos sean indebidamente destinados.
Cuando no se presentan esos elementos y se contraríe el ordenamiento jurídico, se está
en presencia de irregularidades que pueden dar lugar a sanciones penales o
disciplinarias, mas no a la pérdida de investidura.»
En síntesis, para que se configure el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, se deben acreditar de
manera concurrente los siguientes requisitos: (i) que se ostente la condición de
miembro del Congreso de la República, (ii) que se esté frente a dineros públicos y (iii)
que estos sean indebidamente destinados.
Respecto a la semántica del enunciado referido a que los dineros públicos sean
indebidamente destinados -único requisito del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura invocada, cuestionado por el recurrente-, en la sentencia reseñada se expresa
que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española «define la palabra
«destinación» como acción y efecto de «destinar», vocablo que a su turno significa ordenar, señalar
o determinar una cosa para algún fin o efecto, y la palabra «indebido» como aquello que no es
obligatorio ni exigible o que es ilícito, injusto y falto de equidad».
De acuerdo con las mencionadas definiciones, en la misma providencia se indicó
que el enunciado referido a la indebida destinación «desde el punto de vista jurídico, debe
entenderse aquella que recae o se aplica a un fin o propósito distinto, o contrario al que legal o
reglamentariamente se encuentra previsto o destinado a un determinado bien, o cuando versa sobre
algo prohibido, ilícito o injusto, o innecesario21».
Tratándose de la pérdida de investidura de los congresistas por indebida destinación
de dineros públicos, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación, en sentencia de 10 de agosto de 202122, precisó que «el comportamiento
sancionable se configura cuando el parlamentario, en su condición de servidor público, al ejercer las
competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento para los dineros públicos; destina
o aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, innecesarias o injustificadas; busca un
incremento patrimonial o un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas23, independientemente de que dicha actuación configure o no un delito penal 24. Lo
importante, es que el congresista sea el determinador del detrimento patrimonial del Estado, al aplicar
dineros públicos a un fin no autorizado25».
21 Cita de cita: Expediente AC-9877. Actor: Emilio Sánchez Alsina. Demandado: Octavio Carmona Salazar. Ver,
además, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de julio de 2002,
consejero ponente: Jesús María Lemos Bustamante, expediente: 11001- 03-15-000-2001-0248-01, accionante:
Rubiel Orlando Espinosa Triana, accionado: Lorenzo Rivera Hernández.
22 Cita de cita: Rad. 11001-03-15-000-2020-04001-01, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
23 Cita de cita: Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 3 de octubre de 2000. MP: Doctor Darío Quiñones
Pinilla. Expedientes AC 10529 y AC 10968.
24 Cita de cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de noviembre
de 2016, consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente: 11001-03-15-000-2015-02938-00,
accionante: Juan Carlos Arango, accionado: Luciano Grisales Londoño.
25 Cita de cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de febrero de
2004, consejero ponente: Alier Hernández Enríquez, expediente: 11001-03-15-000-2003-1149-01, accionante:
Álvaro Gutiérrez Marenco, accionado: Dieb Nicolás Maloof Cuse.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00263-01
Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
Respecto a los recursos asignados para el pago de los funcionarios que hacen parte
de las unidades de trabajo legislativo y la indebida destinación de dineros públicos, la
Sala Plena en la mencionada sentencia de 10 de agosto de 2021, expresó:
«En este punto, resulta pertinente acotar que en tratándose del manejo de los recursos
asignados al pago de la nómina del personal vinculado a las Unidades de Trabajo
Legislativo de la Cámara de Representantes, el respectivo Director Administrativo funge
como ordenador del gasto, en los términos del artículo 382 de la Ley 5ª de 1992,
adicionado por el artículo 1º de la Ley 1318 de 2009. En todo caso, los desembolsos que
ordene dicho servidor público, deben fundarse necesariamente en la certificación de
cumplimiento de labores que expida el respectivo congresista, tal como lo establece el
Artículo 1° de la Ley 186 de 1995, modificatorio del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992.
En ese contexto, un representante a la Cámara puede incurrir en la indebida destinación
de dineros públicos cuando certifica el cumplimiento de labores por parte de alguno de
los integrantes de su UTL que en realidad no se cumplieron, o cuando certifica el
desarrollo de actividades, tareas o labores que no tienen relación con la actividad
legislativa, con el propósito de que unas y otras sean remuneradas con cargo al
presupuesto de la Cámara, siempre y cuando su proceder se concrete en la realización
efectiva de un pago que no ha debido efectuarse …»
En resumen, de acuerdo con los precedentes de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta corporación, la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos, puede ser directa cuando se tiene capacidad de
ordenación del gasto e indirecta en el evento contrario, y se configura cuando el
congresista en ejercicio de sus funciones, con su conducta, traiciona, cambia o
distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o
el reglamento para que los referidos dineros sean destinados a fines diferentes a los
allí previstos y, en concreto, sobre los recursos asignados para los pagos del
personal que integran las unidades de trabajo legislativo, la citada causal se
presenta, entre otros, cuando el parlamentario certifica el cumplimiento de labores
que no se realizaron, o que no conciernen a la función legislativa o congresional.
4. Aspecto subjetivo
Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley
1881 de 2018, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019, el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La
acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de
investidura establecidas en la Constitución.
En relación con los principios aplicables al proceso de pérdida de investidura, la
Corte Constitucional en la sentencia SU-326 de 202226, consideró lo siguiente:
«217. Esta Corte, en armonía con la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha definido la
pérdida de investidura como aquella “acción pública de carácter sancionatorio prevista en
la Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por ser
incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.”27 Por consiguiente, se trata de un
juicio de propósito ético, pues las causales ideadas por el Constituyente constituyen un
código de conducta que busca preservar la dignidad del cargo y, por lo mismo, la
26 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
27 Cita de cita: Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 2016.
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
intangibilidad del Congreso de la República. Dignidad que surge por el hecho del voto
ciudadano y que enaltece el principio de representación democrática.
(…)
220. Debido a la gravedad de esta sanción, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que el proceso de perdida de investidura debe ser especialmente
cuidadoso con la observancia de las garantías que gobiernan el debido proceso. Por lo
tanto, “las normas constitucionales en las cuales se consagra la pérdida de la investidura
deben ser interpretadas en armonía con el artículo 29 de la Carta.”28 Esta premisa está
ahora dispuesta expresamente por el legislador en el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018.
221. Como la pérdida de investidura es uno de los procesos que se adelantan en virtud
del ius puniendi estatal, y el régimen de garantías aplicable corresponde al del derecho
sancionador, los principios constitucionales que se imponen en materia sancionatoria,
como los de legalidad, tipicidad, favorabilidad, non bis in idem y culpabilidad, deben guiar
también el estudio de las demandas de pérdida de investidura».
En la citada providencia, la Corte Constitucional, sobre el principio de culpabilidad
expresó que se encuentra proscrita la responsabilidad objetiva.
«222. (…) A partir de la Sentencia SU-424 de 2016, proferida por el pleno de esta
Corporación, se dio un giro radical a la figura al precisar su alcance e introducir la
exigencia de evaluar el elemento de la culpabilidad, es decir, de realizar un juicio de
responsabilidad subjetiva. Esta regla, a su turno, fue recogida en la jurisprudencia del
Consejo de Estado29 y, posteriormente, en la Ley 1881 de 2018.30 Puntualmente, en la
Sentencia SU-424 de 2016 se dijo que:
“Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el análisis de responsabilidad que
realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden
operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del
ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de
legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable.”
223. A partir de entonces, al realizar el reproche sancionador, la autoridad judicial
competente, tras verificar la configuración de la causal de pérdida de investidura, debe
examinar si en el caso particular se configura el elemento de la culpabilidad (dolo o culpa)
de quien ostenta la dignidad de congresista, esto es, analizar las circunstancias
particulares en las que se presentó la conducta y si el demandado conocía o debía
conocer de la actuación que desarrolló, y si su voluntad se enderezó a esa acción u
omisión.
224. Asimismo, debe determinar si, a pesar de que se encuentre acreditada la causal,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque
haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una
situación de fuerza mayor o caso fortuito, o en general exista alguna circunstancia que
permita descartar la culpa».
En estas condiciones, el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva, porque es necesario que se verifique que la conducta
del congresista, al incurrir en alguna de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, fue dolosa o gravemente culposa.
5. Caso concreto
28 Cita de cita: Ibidem.
29 Cita de cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de septiembre
de 2016. Rad. 11001-03-15-000-2014-03886-00 (PI).
30 Cita de cita: Ut supra 211.
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
Con fundamento en las disposiciones citadas y el lineamiento jurisprudencial de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, se procede a
establecer si la Representante a la Cámara Yenica Sugein Acosta Infante incurrió en
la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos,
prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política, por cuanto la
señora Yeimy Beverly Duque Ocampo asesora VIII de la UTL, percibió el salario
completo, a pesar de que: (i) entre los días 16 y 22 de mayo de 2022 ejerció sus
funciones como miembro de la UTL en el exterior y (ii) entre los días 25 y 31 de
agosto de 2022 no laboró, por encontrarse fuera del territorio nacional, aunado a que
la parlamentaria no expidió el certificado de cumplimiento de funciones.
Para tal efecto, se estudiarán de manera separada las situaciones relativas a las
salidas del país de la señora Duque Ocampo.
5.1. Salida del país desde el 16 hasta el 22 de mayo de 2022
Respecto a la salida de la señora Yeimy Beverly Duque Ocampo, asesora VIII de la
UTL de la congresista convocada, desde el 16 hasta el 22 de mayo de 2022, el a quo
consideró que no se presentó una indebida destinación de dineros públicos, al
encontrarse acreditado que la citada funcionaria en esas fechas asistió en forma
directa a la congresista convocada durante la 5ª Sesión Ordinaria de la Asamblea del
Parlamento Amazónico -PARLAMAZ-, por lo cual cumplió con las funciones propias de
su cargo.
Señaló que, si bien la asesora debió solicitar una comisión de servicios ante la
División de Personal de la Cámara de Representantes, ello no configura la causal de
pérdida de investidura, por cuanto el viaje fue costeado por la Representante a la
Cámara y PARLAMAZ.
En relación con el desconocimiento de la Ley Orgánica 2029 de 2020, precisó que
esa ley faculta a los funcionarios de la UTL para realizar sus funciones dentro del
territorio nacional y no prohíbe que, por las necesidades del servicio, conforme lo
dispone el artículo 385 de la Ley 5ª de 1992, puedan prestar sus funciones por fuera
del país.
El recurrente indicó que la congresista convocada incurrió en la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, con fundamento en que no
procedían los pagos efectuados a la asesora de la UTL en ese periodo, ya que de
acuerdo con la Ley Orgánica 2029 de 2020, la funcionaria no podía prestar sus
servicios por fuera del territorio nacional, tal como lo expresó el jefe de la División de
Personal de la Cámara de Representantes en la respuesta del 23 de febrero de
2024, máxime que no se profirió un acto administrativo otorgando una comisión de
servicios.
Para resolver, se observa que en el proceso se encuentra probado que la
Representante a la Cámara Yenica Sugein Acosta Infante, previa invitación del
presidente del Parlamento Amazónico, asistió a la 5ª Sesión Ordinaria de ese
organismo que se celebró en la ciudad de Brasilia (Brasil), los días 18 y 19 de mayo
de 2022.
La congresista convocada requirió a la asesora VIII de la UTL Yeimy Beverly Duque
Ocampo, para que le asistiera y apoyara en el mencionado evento, teniendo en
cuenta que, dentro de las funciones del cargo se encuentran, entre otras, las de
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
«[a]compañar y asesorar a la Representante Yenica Acosta en sus intervenciones ante instituciones
nacionales, agencias internacionales, embajadas, entre otras, para la cooperación en el desarrollo del
Departamento de Amazonas» y «preparar los insumos necesarios para la participación de la
Representante Yenica Acosta en las sesiones del Parlamento Amazónico – Parlamaz, del cual
actualmente la Representante a la Cámara actúa como delegada del Congreso de la República de
Colombia»31.
Asimismo, está acreditado y no es objeto de cuestionamiento que:
• La asesora salió del país el lunes 16 mayo de 2022, hacia la ciudad de Sao
Paulo (Brasil), y regresó el domingo 22 de mayo siguiente32.
• Los días 18 y 19 de mayo de 2022, la congresista asistió, junto con la asesora
VIII de su UTL, a la 5ª Sesión Ordinaria del Parlamento Amazónico33. El día
viernes 20 del mismo mes y año, la parlamentaria acompañó al embajador de
Colombia en Brasil a la presentación del Instituto Brasileño del Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, del modelo de Sistema y
Procedimientos Federales para la Gestión Forestal: Uso sustentable de Flora
y Control de Madera Nativa Nacional.
• De acuerdo con lo manifestado por la asesora en la declaración rendida en el
proceso, en las citadas fechas realizó las funciones propias de su cargo, que
consistieron en la revisión de las actas, asistencia y asesoramiento en las
intervenciones de la congresista y en las reuniones que se dieron en el marco
de la Embajada de Colombia en Brasil y con el IBAMA -Instituto Brasileño de Medio
Ambiente y Recursos Naturales Renovables-, y la traducción de las actas que
estaban en portugués34.
Visto lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón al recurrente al señalar que
la congresista convocada incurrió en indebida destinación de dineros públicos, toda
vez que, como lo puso de presente el a quo, está demostrado que la señora Yeimy
Beverly Duque Ocampo durante el referido periodo ejerció la función de asesorar a la
Representante a la Cámara, en su visita al exterior, ante un organismo internacional
y, por lo tanto, el pago del salario efectuado a la citada asesora durante los días 16 a
22 de mayo de 2022, obedeció a la retribución por el cumplimiento de las labores
propias del cargo, como asesora VIII de la UTL.
De esta forma, es claro que no se encuentra probado que la convocada adelantara
una actuación dirigida a distorsionar o cambiar las finalidades previstas en la
Constitución, la Ley o el reglamento para la destinación de los dineros públicos, toda
vez que de su actuación no se deriva que, en este caso, indirectamente hubiese
determinado que los recursos reservados para el pago de los miembros de la UTL,
se hayan destinado a una actividad u objeto diferente, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación.
En tales condiciones, no se advierte que el a quo haya incurrido en indebida
valoración probatoria, que conduzca a una conclusión diferente frente a la no
configuración de la causal de pérdida de investidura invocada.
31 Índice 31 Samai. Así consta en la certificación de funciones específicas en relación con Yeimy Beverly Duque
Ocampo, asesora VIII en la UTL, suscrita por la congresista.
32 Índice 32 de Samai.
33 Índice 16 de Samai.
34 Así consta en la transcripción de la declaración de la funcionaria, rendida en el proceso el 15 de febrero de
2024, visible en las páginas 24 a 30 de la sentencia de primera instancia.
22
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
Cabe anotar que si bien el recurrente señala que en la certificación suscrita por el
jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes35 se expresa que
«los miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo no están habilitados para desempeñar sus
funciones fuera del país», tal afirmación se efectuó en el contexto de las diferentes
situaciones administrativas aplicables a esos servidores y en consideración a la
literalidad de la Ley 2029 de 2020, sin que constituya un criterio vinculante para el
juez y, en todo caso, resulta insuficiente para acreditar la indebida destinación de
dineros públicos en el presente asunto, en tanto que la valoración de esa prueba se
debe efectuar en conjunto con los demás elementos de juicio aportados al
expediente, y conforme a la sana crítica.
Tampoco se evidencia el desconocimiento del precedente judicial, por cuanto el
hecho reprochado por el recurrente, referido a que la congresista hubiese requerido a
la asesora VIII de la UTL para que la asistiera y apoyara en una labor propia de su
función congresional en el exterior, no es una actuación que se enmarque en los
eventos indicados por la jurisprudencia del Consejo de Estado para que se configure
el elemento de indebida destinación de dineros públicos, que atañen a la conducta
del parlamentario de expedir la correspondiente certificación de cumplimiento de
labores, de alguno de los integrantes de su UTL que no han ejercido sus funciones, o
por el desarrollo de actividades o tareas que no tienen relación con la actividad
legislativa.
La Sala considera que los reparos expuestos por el solicitante respecto al
desconocimiento por parte de la Representante a la Cámara de la Ley Orgánica 2029
de 24 de julio de 202036 y la ausencia de un acto administrativo de comisión para que
la citada asesora ejerciera sus funciones en el exterior, tienen que ver con las
circunstancias en las que la señora Duque Ocampo ejerció las labores propias de su
cargo, mas no evidencian que la congresista incurrió en una indebida destinación de
dineros públicos.
Debe tenerse en cuenta que el ejercicio de funciones por parte de los miembros de la
UTL desde el exterior no está prohibido, y tampoco es un presupuesto fáctico que
comporte la configuración de la causal invocada. Lo anterior, en virtud de la
naturaleza sancionatoria del juicio de pérdida de investidura, en el que no resulta
procedente incluir situaciones de carácter laboral y administrativas para fundamentar
la indebida destinación de dineros públicos por parte del parlamentario, pues como
35 Índice 36 de Samai. «d. informe bajo qué situación administrativa (permisos, comisiones, licencias, etc.) los
miembros de las unidades de trabajo legislativo de la Cámara de Representantes pueden salir del país y ejercer,
desde el exterior, funciones propias o relacionadas con su cargo, y devengar salarios y prestaciones por el
cumplimiento de tales labores […]».
La Ley 2029 de 24 de julio de 2020 dispone que los miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo de los
congresistas pueden realizar sus funciones en la sede del Congreso de la República o en cualquier lugar del
territorio nacional. De acuerdo a lo anterior, y salvo las disposiciones especiales que reglamentan la
circunscripción internacional de la Cámara de Representantes, los miembros de las Unidades de Trabajo
Legislativo no están habilitados para desempeñar sus funciones fuera del país».
36 ARTÍCULO 1°. Interprétese la expresión “Cada Congresista contará, para el logro de una eficiente labor
legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio” contenida en el inciso 1° del artículo 388 de la Ley 5ª de
1992, en el siguiente sentido:
Para el logro de una eficiente labor legislativa, social, política y de control de los Congresistas, los funcionarios
que estén vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo, podrán realizar sus funciones en la sede del Congreso
de la República, o en cualquier lugar dentro del territorio nacional donde el congresista lo requiera, incluso a
través de las figuras de teletrabajo o virtualidad.
La labor de los funcionarios vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo podrá incorporar actividades de apoyo
político, y su actividad se sujetará a mecanismos de información, control y seguimiento dispuestos por la
Dirección Administrativa correspondiente.
23
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
se expuso en la jurisprudencia antes reseñada, la conducta objeto de sanción se
refiere a la expedición de la certificación de cumplimiento de labores, para que se
realicen pagos a personas que en realidad no han ejercido sus funciones o prestado
sus servicios, o desarrollado actividades ajenas a las misiones institucionales del
Congreso.
Aunado lo anterior, se precisa que el precedente de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, citado por el recurrente, esto es, la sentencia de 28 de marzo de
201737, tuvo supuestos de hecho y de derecho diferentes, en tanto que, en esa
oportunidad se advirtió que el parlamentario sí expidió las certificaciones de
cumplimiento de labores para los meses en los que el funcionario de la UTL viajó
fuera del país, y tal pronunciamiento fue proferido con anterioridad a la expedición de
la Ley Orgánica 2029 de 24 de julio de 2020. Igualmente, se anota que el salvamento
de voto efectuado en el proceso 2019-00771-0138, que se cita en el recurso de
apelación, no tiene carácter vinculante.
Por lo demás, frente a las alegaciones sobre la presunta manipulación y modificación
de la Ley 2029 de 2020, no le asiste razón al solicitante, pues la interpretación de esa
norma por parte del juez de primera instancia concuerda con las circunstancias y
exigencias actuales de la labor congresional, y se ajusta a la jurisprudencia de la
corporación en materia de pérdida de investidura, que exige la aplicación estricta de
ciertas garantías, dentro de las cuales se encuentra la referida a que las normas
aplicables para que se configuren las causales, son de interpretación restrictiva.
En ese sentido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación
precisó que «la declaración de pérdida de investidura solo procede frente a las conductas del
congresista que se ajusten a la descripción exacta de la situación jurídica señalada en la norma. De
ahí que se exija un examen riguroso, en cada caso concreto, de las circunstancias y condiciones en
las que se produjo la conducta y con el mismo rigor se deben respetar las garantías procesales que le
asisten al parlamentario enjuiciado, por mandato constitucional (art. 29 CP) y legal (art. 1 de la Ley
1881 de 2018)»39.
Aunado a lo anterior, como lo destacó el a quo, el viaje de la señora Duque Ocampo
«fue costeado por la representante a la Cámara y por Parlamaz»40, aspecto que también fue
advertido por el recurrente en el escrito de apelación, precisando la Sala que este no
es el escenario para analizar si los gastos de pasajes y viáticos pueden ser
considerados como factor salarial.
En tales condiciones, no le asiste razón al apelante respecto a los reparos relativos a
la indebida valoración probatoria por parte del a quo y el desconocimiento de las
normas y del precedente judicial; por el contrario, no se evidencia que la convocada
haya incurrido en una conducta que desconozca los fines constitucionales, legales o
reglamentarios para la destinación de los dineros públicos.
5.2. Salida del país desde el 25 hasta el 31 de agosto de 2022
En la sentencia se indicó que no se configuró la causal invocada, toda vez que la
salida del país de la señora Yeimy Beverly Duque Ocampo, desde el 25 hasta el 31
37 Proceso identificado con el número único de radicación 11001031000201500111-00. C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas
38 C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil
39 Sentencia de 13 de abril de 2021, exp. 11001031500020200351801, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
40 Pág. 37 de la sentencia apelada.
24
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de agosto de 2022, no obedeció a un acto personal y material por parte de la
congresista que permita inferir la indebida destinación de dineros públicos, ya que
procuró que la funcionaria se ausentara del cumplimiento de sus funciones bajo una
situación administrativa legalmente permitida, y su empleada no le informó que
saldría del país dos días antes de lo previsto, esto es, el jueves 25 de agosto de
2022.
Asimismo, se expresó que está demostrado que la congresista no certificó el
cumplimiento de funciones para dicho mes, y que frente a la vulneración de la Ley
Orgánica 2029 de 2020, si bien la señora Duque Ocampo pese a estar vinculada en
la UTL, no realizó sus labores dentro del territorio nacional, ello implica un reproche
personal para dicha asesora, mas no configura la causal de indebida destinación de
dineros públicos en cabeza de la convocada.
Por su parte, el recurrente alega que en el fallo se trata de justificar que con la sola
autorización a la funcionaria para tramitar la licencia no remunerada, por los días 29,
30 y 31 de agosto de 2022, la Representante cumplió con sus funciones a cabalidad,
pues la salida de la asesora los días 25 y 26 de agosto de 2022, no fue puesta en
conocimiento de la convocada y se omite el análisis sobre la ausencia de las
certificaciones de cumplimiento de funciones de la señora Duque Ocampo, el cual es
un presupuesto para el pago de salarios, de acuerdo con el artículo 388 de la Ley 5ª
de 1992.
Además, el solicitante anota que en la sentencia se guarda silencio sobre las
certificaciones de cumplimiento que debían existir, frente a lo cual se presume que se
ha evitado que lleguen al expediente, y pueden haberse desaparecido de la
Pagaduría de la Cámara, lo que amerita que se compulsen copias para que se
investigue por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la
Nación.
Al respecto, la Sala observa que según lo expresado en la contestación de la
demanda y la declaración rendida en el proceso por la señora Yeimy Beverly Duque
Ocampo, la citada funcionaria le comunicó a la congresista convocada, que debía
ausentarse por asuntos personales y no estaría desempeñando sus funciones
durante los días 29, 30 y 31 de agosto de 2022.
La señora Duque Ocampo, con el visto bueno de la congresista convocada, radicó
ante la División de Personal de la Cámara de Representantes, una solicitud de
licencia no remunerada por los referidos días.
No obstante, la citada asesora salió del país desde el 25 hasta el 31 de agosto de
2022, tal como lo certificó el Coordinador Grupo Extranjería Regional Andina de
Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con lo indicado por la congresista en la contestación de la demanda y el
testimonio rendido por la señora Duque Ocampo, la referida asesora no le informó a
la convocada sobre la salida del país el día 25 de agosto de 2022.
El jefe de la División de Personal del Congreso de la República, en oficio de 23 de
febrero de 2024, informó que respecto de la señora Duque Ocampo no se
encontraron situaciones administrativas, ni certificaciones del cumplimiento de
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
labores remitidas por la Representante a la Cámara Yenica Sugein Acosta Infante,
para el periodo comprendido entre mayo y agosto de 202241.
De acuerdo con los hechos expuestos, no se advierte la indebida destinación de
dineros públicos, ya que la congresista convocada no incurrió en una conducta con el
fin de distorsionar el fin para el cual fue asignado el recurso público que, en este
caso, corresponde al pago del salario de uno de los integrantes de la UTL.
La Sala observa que dada la necesidad manifestada por la asesora Duque Ocampo
de ausentarse de sus labores los días 29, 30 y 31 de agosto de 2022, la congresista
otorgó el visto bueno para el trámite ante la división correspondiente, de la solicitud
de licencia no remunerada para esas fechas, con el fin de que la funcionaria pudiera
atender sus asuntos personales cobijada bajo la correspondiente situación
administrativa. Por lo tanto, no se evidencia que hubiese incurrido en una conducta
que propiciara la indebida destinación de dineros públicos.
Así las cosas, no resulta procedente endilgarle responsabilidad a la parlamentaria
derivada de la salida anticipada del país de la asesora Duque Ocampo los días 25 y
26 de agosto de 2022, máxime que la referida funcionaria declaró en el presente
proceso que no le informó a la congresista sobre ese hecho, y no obra prueba que
conlleve a concluir que la convocada sí tenía conocimiento sobre ello o que existiera
un acuerdo para permitir el pago de la asignación salarial, a pesar de que la señora
Duque tenía previsto atender asuntos personales.
Si bien la actuación de la funcionaria no fue consecuente con lo inicialmente pedido a
la Representante a la Cámara, tal actuación no puede derivar en consecuencias
negativas que deba soportar la congresista, pues se entiende que el juicio de
responsabilidad en el medio de control de pérdida de investidura recae sobre la
conducta del parlamentario y debe estar relacionada con una de las causales de
desinvestidura previstas de forma taxativa en el ordenamiento jurídico.
Además, obra como prueba la solicitud del 23 de febrero de 202442, dirigida al jefe de
División de Personal de la Cámara de Representantes, mediante la cual la citada
funcionaria pidió «la liquidación para reintegrar el recurso de una solicitud que realicé el 22 de
agosto de 2022, una licencia no remunerada, que en primera instancia hice efectivo el permiso por
oficio a la Honorable Representante, sin embargo, revisando mi carpeta de personal, no evidencio el
acto administrativo (resolución) del permiso y por ende no me descontaron». Asimismo, expresó
«que pongo en conocimiento que hubo dos días, 25 y 26 del mismo mes de agosto de 2022 que no
pude trabajar, por favor me pueden calcular el valor que debo reintegrar».
De la certificación de cumplimiento de labores
Frente al reparo del presunto desconocimiento y modificación al artículo 388 de la
Ley 5ª de 1992, el cual dispone que: «[l]a certificación de cumplimiento de labores de los
empleados y/o contratistas de la Unidad de Trabajo Legislativo, será expedida por el respectivo
Congresista», se precisa lo siguiente.
Sobre la certificación de cumplimiento de labores, en sentencia de 28 de marzo de
201743, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación expresó
41 Índice 36 de Samai.
42 Ibidem.
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo de 2017, C.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 11001031000201500111-00.
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que, «[d]e acuerdo con el artículo 388 de la Ley 5.ª de 1992, modificado por las Leyes 186 de 1995 y
868 de 2003, se reitera, cada congresista tiene a su cargo una Unidad de Trabajo Legislativo,
conformada por varias personas, frente a las cuales aquél tiene la obligación de certificar el
cumplimiento de labores, con el fin de que le sean cancelados sus salarios».
En sentencia de 10 de agosto de 202144, la Sala anotó que tratándose del manejo de
los recursos asignados al pago de la nómina del personal vinculado a las UTL de la
Cámara de Representantes, el respectivo Director Administrativo funge como
ordenador del gasto y que «[e]n todo caso, los desembolsos que ordene dicho servidor público,
deben fundarse necesariamente en la certificación de cumplimiento de labores que expida el
respectivo congresista, tal como lo establece el Artículo 1° de la Ley 186 de 1995, modificatorio del
artículo 388 de la Ley 5ª de 1992».
Posteriormente, en providencia de 10 de mayo de 202245, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta corporación señaló que «[l]a consideración acerca de
que el dinero con el que se remunera al funcionario que no ha cumplido es propiciada por el
Congresista, en la medida en que si este no hubiese certificado el cumplimiento eficiente de las
labores no se le habría pagado tal remuneración, parte de considerar que tal certificación es un
requisito necesario para que se realice el pago. Pero, en realidad, el artículo 388 de la ley 5 de 1992
no establece tal condición; dicha norma sólo dispone que <<la certificación de cumplimiento de
labores de los empleados y/o contratistas de la Unidad de Trabajo Legislativo, será expedida por el
respectivo Congresista».
Por lo tanto, se consideró que el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, no establece que
la certificación del cumplimiento de labores es una condición para el pago del salario
de los miembros de la UTL, pues «[u]na norma con una disposición semejante atentaría contra
el derecho «fundamental» a la remuneración de los funcionarios públicos, y contra su derecho al
«debido proceso» que supone que el salario por incumplimiento de funciones o por abandono del
cargo sólo puede dejar de pagarse luego del agotamiento de un procedimiento administrativo en el
que el funcionario haya participado».
Asimismo, en la mencionada providencia se indicó que lo dispuesto en ese artículo
no se refiere a certificar la asistencia a laborar de los miembros de la UTL, sino al
cumplimiento de sus labores, lo que implica que el funcionario no puede ser privado
de su salario por la ausencia de tal certificación.
En el presente caso, se observa que, con la solicitud de pérdida de investidura se
allegaron las certificaciones de cumplimiento de labores de la señora Duque
Ocampo, expedidas por la convocada, correspondientes a los meses de julio a
diciembre de 2018, enero a diciembre de 2019 y 2020, febrero de 2021, diciembre de
2022 y, enero a julio y octubre de 2023 -periodos no cuestionados-. Por su parte, el jefe
de la División de Personal de la Cámara de Representante informó que «no se
encontraron certificaciones de cumplimiento de labores remitidos por la Representante Yenica Sugein
Acosta para los meses de mayo y agosto de 2022»46, que son los que interesan en el asunto.
La Sala anota que, del material probatorio aportado al expediente se desprende que,
frente a dicha funcionaria la parlamentaria certificó de manera periódica el
cumplimiento de labores; sin embargo, como también se advirtió, durante mayo y
agosto de 2022 no se expidieron certificaciones, pese a lo cual se efectuó el pago del
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de agosto de 2021, C.P.
Gabriel Valbuena Hernández, Exp. 711001-03-15-000-2020-04001-01.
45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de mayo de 2022, C.P.
Martín Bermúdez Muñoz, Exp. 11001-03-15-000-2019-00771-01.
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Índice 36 Samai.
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salario por esos meses, por lo que es claro que la ausencia de ese documento, en la
práctica, no condiciona la remuneración en favor de los integrantes de la UTL.
Visto lo anterior, se considera que no le asiste razón al recurrente al señalar que el
fallo de primera instancia desconoce y modifica el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992,
pues si bien existe la obligación del parlamentario de expedir la citada certificación
del cumplimiento de labores, lo cual materializa el control que debe ejercer respecto
de los integrantes de la UTL y garantiza la debida destinación de los recursos
asignados para retribuir el trabajo que efectivamente realicen, la falta de expedición
de dicho documento no tiene la entidad suficiente para condicionar el pago de los
salarios, en tanto prevalece el derecho del servidor público a recibir la remuneración
oportunamente.
Con todo, cabe anotar que la falta de expedición de la certificación por parte del
congresista no impide que se configure la causal de pérdida de investidura analizada,
pues lo determinante es establecer en cada caso si el parlamentario, con su
conducta propició la indebida destinación de dineros públicos, toda vez que en su
condición de nominador y superior jerárquico y funcional de los integrantes de su
UTL, debe procurar que los recursos públicos se destinen a los fines previstos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
En tales condiciones, se concluye que, en el presente asunto, la referida omisión es
insuficiente para aseverar que la convocada incurrió en una indebida destinación de
dineros públicos, pues como se indicó no era dable endilgarle responsabilidad al
estar acreditado que no tuvo conocimiento de la salida anticipada del país de su
asesora los días 25 y 26 de agosto de 2022, y para los días 29, 30 y 31 del mismo
mes y año, dio el visto bueno -autorización-, para que la referida funcionaria radicara
ante la División de Personal de la Cámara de Representantes, una solicitud de
licencia no remunerada.
Por otra parte, en cuanto a los señalamientos relacionados con que «se presume» que
se ha evitado que las certificaciones de cumplimiento de labores se alleguen al
expediente, y que pueden haberse desaparecido de la Pagaduría de la Cámara, lo
que a juicio del apelante amerita que se compulsen copias para que se investigue
por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, la Sala
precisa que en este caso, lo que se estableció es que dichas certificaciones no
fueron expedidas, razón suficiente para que no se acceda a esa solicitud. Sin
embargo, ello no obsta para que el recurrente, si así lo considera, acuda
directamente a las respectivas autoridades.
Para terminar, la Sala no puede pasar por alto lo señalado por la representante del
Ministerio Público, en el sentido de que la parte actora acude a afirmaciones -la
mayoría indeterminadas-, para cuestionar la investidura de una mujer que es
Representante a la Cámara «evidenciando que, en caso de prosperar las pretensiones, su
hipotético remplazo correspondería a un hombre», la falta de garantías respecto de la
participación y el acceso de la mujer a los cargos de elección popular.
Al respecto, se debe destacar que la Constitución Política señala como uno de los
fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en el texto fundamental (art. 2), siendo uno de ellos el principio
de igualdad material (art. 13), en virtud del cual todas las personas gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica,
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por lo que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
Asimismo, protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
A partir de esa cláusula constitucional, solo por mencionar algunas, el constituyente
de 1991 incorporó disposiciones de protección para los derechos de la mujer, como
es lo relativo a los derechos políticos con la garantía de la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública (art.
40), la igualdad de sexos y la especial protección a la mujer, quien no podrá ser
sometida a ninguna clase de discriminación.
Empero, en el asunto bajo examen, no se evidencia que el debate gravite en una
situación que involucre un posible escenario de violencia o discriminación contra una
mujer, dada la condición de Representante a la Cámara de la demandada, que haga
necesaria la intervención del juez de la pérdida de investidura.
En suma, al no encontrarse demostrado el elemento objetivo para que se configure la
indebida destinación de recursos públicos, lo procedente es confirmar la sentencia
apelada que negó la pérdida de investidura de la Representante a la Cámara por el
departamento del Amazonas Yenica Sugein Acosta Infante.
5.3. Elemento subjetivo
Como no se configura el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política, la Sala se
abstiene de analizar los reparos expresados por el recurrente frente al elemento
subjetivo.
6. Conclusión
En conclusión, se confirmará la sentencia de 20 de marzo de 2024, proferida por la
Sala Veintiuno (21) Especial de Decisión, mediante la cual se negó la solicitud de
pérdida de investidura de la Representante a la Cámara por el departamento del
Amazonas Yenica Sugein Acosta Infante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de marzo de 2024, proferida por la Sala
Veintiuno (21) Especial de Decisión, mediante la cual se negó la solicitud de pérdida
de investidura.
SEGUNDO: No se accede a la compulsa de copias.
TERCERO: COMUNICAR lo dispuesto en esta sentencia, a la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministro del Interior,
para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881
de 2018.
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Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR MARTÍN GONZALO BERMÚDEZ MUÑOZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Aclaración de voto) (Aclaración de voto)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Consejero de Estado Consejera de Estado
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
(Aclaración de voto)
MARÍA ADRIANA MARÍN LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejera de Estado Consejero de Estado
ALBERTO MONTAÑA PLATA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Ausente en comisión de servicios)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JORGE EDISON PORTOCARRERO
Consejero de Estado BANGUERA
Consejero de Estado
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Aclaración de voto)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado Consejero de Estado
30
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