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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00175-01

Fecha
30 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00175-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Magnolia Elvira Pérez Avendaño y otros por no agotar el requisito de relevancia constitucional, para en su lugar, Segundo: Declarar la improcedencia del amparo solicitado por no agotar el requisito de subsidiariedad. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00175-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00175-01
Accionante: Magnolia Elvira Pérez Avendaño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial.

Decisión: Se modifica la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional, para en su lugar, declarar
improcedente la acción por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la señora Magnolia Elvira Pérez Avendaño y otros1,
contra la providencia del 20 de febrero de 2025 proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2. La señora Magnolia Elvira Pérez Avendaño y otros, actuando a nombre propio,
instauraron acción de tutela contra el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del
Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, con ocasión de las providencias del 27 de septiembre y 22 de
noviembre de 2024, respectivamente, dentro de la acción de cumplimiento
identificada con el radicado núm. 11001-33-36-034-2024-00239-00/01, por estimar
que se les vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la igualdad.

2.1. Hechos

3. El 21 de septiembre de 2017, en desarrollo del proceso verbal abreviado 013-
17, la Inspección Municipal de Ubaté amparó la tenencia de un predio rural2,

1 Marco Pérez Chávez, Zulma Nieto Pérez, Andrés, Elkin y Leonardo del Río Pérez.
2 Denominado: “Las Azucenas” ubicado en la vereda del Llano del municipio de Ubaté.

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Acción de Tutela
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Accionante: Magnolia Elvira Pérez Avendaño y otros

decisión fue confirmada3 por la Alcaldía Municipal de la Villa de San Diego-
Ubaté- Cundinamarca.

4. La parte actora manifestó que la inspección referida no ejecutó la medida
correctiva por perturbación a la mera tenencia y sostuvo que el perturbador
ocasionó la destrucción del bien inmueble al solicitar licencias para la
construcción en el predio.

5. Por lo anterior, el 5 de agosto de 2024, presentó una acción de cumplimiento4,
reprochando incumplidos los artículos 23 y 190 de la Ley 1801 de 2016 5 y
pretendiendo lo siguiente:

«En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 87 de la constitución
política solicitamos al juez impartir la orden a la Inspección Municipal de
Policial de Ubaté Cundinamarca, de ejecutar la medida de restitución y
protección del bien inmueble rural sobre el que se resolvió amparar la mera
tenencia mediante el proceso verbal abreviado No 013 – 17.». (SIC) Negrillas
de la Sala.

6. Del expediente6 se evidenció que la parte actora al momento de presentar la
acción de cumplimiento indicó que el bien inmueble rural sin restituir hace parte
de la masa herencial, en un proceso de sucesión en curso.

7. Mediante providencia del 27 de septiembre de 20247, el Juzgado Treinta y
Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la
demanda al considerarla improcedente, teniendo en cuenta que la acción
instaurada no persiguió: “el cumplimiento de una ley o acto administrativo que
contenga o contemple el deber imperativo omitido”, sino el cumplimiento de una
decisión proferida por una autoridad policial en un proceso verbal sumario. Lo
anterior, aunado al hecho de que la parte actora no agotó la posibilidad de ejercer
otros mecanismos legales como una acción reivindicatoria.

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, a
través de sentencia del 22 de noviembre de 2024 modificó la decisión del a quo,
la cual quedó así:

«PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento
frente al artículo 23 de la Ley 1801 de 2016, por las razones expuestas en la
presente providencia.

SEGUNDO: NEGAR la acción de cumplimiento frente al artículo 190 de la Ley
1801 de 2016, por las razones expuestas en la presente providencia.” 8

3 Mediante la Resolución núm. 763 del 15 de diciembre de 2017.
4 Ante el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá.
5 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
6 Índice 2 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-36-034-2024-00239-00, certificado 3C94FF8C1CFC4DB2

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7 Índice 2 del aplicativo SAMAI, 4_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOS_15_1_20254_40_3_20250117103002028

(1)
8 El Tribunal concluyó que la acción de cumplimiento no era procedente para la ejecución de una decisión

policiva, pues su naturaleza jurisdiccional escapa del objeto de la acción. Efectuó su análisis bajo el marco
normativo dispuesto por el artículo 87 constitucional y la Ley 393 de 1997. Además, indicó que no era posible
exigir el cumplimiento de una medida de protección teniendo en cuenta que esta tenía un carácter
provisional.

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Acción de Tutela
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Accionante: Magnolia Elvira Pérez Avendaño y otros

2.2. Fundamento jurídico

9. La parte accionante adujo, de manera general y sin argumentar como se
generaron en las providencias objeto de tutela, la existencia de los defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto y procedimental absoluto.

10. De acuerdo con su exposición, se colige que los entiende configurados en las
decisiones de las autoridades judiciales por no considerar a la acción de
cumplimiento viable para ordenar la ejecución de la medida correctiva de policía
para la restitución del bien inmueble por el cual se resolvió amparar la tenencia
dentro del proceso verbal abreviado núm. 013 de 2017.

11. Adicionalmente, y nuevamente sin profundizar en ello, afirmó que las
autoridades accionadas presuntamente omitieron aplicar el artículo 2º de la Ley
393, que indicó, desarrolla el artículo 87 constitucional.

12. Adujo como sustento de sus argumentos que: “Hay ocasiones en que de
continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es
inminente e inevitable la destrucción de un bien jurídicamente protegido, de
manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del estado”,
citando la sentencia T-956 de 2013, que trata de un asunto referente al derecho
fundamental al debido proceso de los migrantes y a los derechos del niño a tener
una familia y a no ser separado de ella.

2.2. Pretensiones

13. La parte accionante solicitó:

«Proteger los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad ante la ley.

De la orden a impartir:

Ordenar a los accionados, imponer a la Inspección Municipal de Policía de
Ubaté el cumplimiento de la cláusula tercera que se lee en el acto
administrativo No 013 – 17 por el cual se resolvió amparar la tenencia. En otras
palabras, ordenar la ejecución de la medida correctiva de la restitución del bien
inmueble.». (SIC en toda la cita).

2.3. Intervenciones

14. La acción de tutela fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante auto del 20 de enero de 20259, a través del cual ordenó notificar a la
Juez Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá y a los magistrados
de la Sección Cuarta -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca como accionados y como terceros interesados en el resultado del
proceso vinculó y notificó al Municipio de Ubaté - Inspección de Policía de la Villa
de San Diego, quien actuó como parte demandada en el proceso ordinario, y
remitió copia de la solicitud de tutela al alcalde del Municipio de Ubaté y al
Inspector de Policía de la Villa de San Diego del municipio referido.

9 Índice 4 del aplicativo SAMAI

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Acción de Tutela
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Accionante: Magnolia Elvira Pérez Avendaño y otros

2.3.1. La Alcaldía Municipal de Ubaté- Cundinamarca10 a través de su
dignatario, indicó que no cuenta con competencia para pronunciarse sobre el
asunto, toda vez que no hizo parte del proceso. No obstante, indicó que las
decisiones judiciales reprochadas por la parte actora, fueron proferidas en
derecho.

2.3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, a través de la magistrada ponente de la decisión, solicitó negar
las pretensiones de la acción pues indicó que no existió vulneración ius
fundamental alguna de su parte.

15. Afirmó que el defecto procedimental absoluto es inexistente, teniendo en
cuenta que esa autoridad judicial actuó bajo el procedimiento legal establecido
en el ordenamiento jurídico evaluando si la acción de cumplimiento era
procedente para exigir a la Inspección Primera Municipal de Ubaté-
Cundinamarca la ejecución de la orden efectuada en el proceso verbal abreviado
del 21 de septiembre de 2017, en acatamiento de lo dispuesto en los artículos 23
y 190 de la Ley 1801 de 2016.

16. Sostuvo que efectuó su análisis bajo el marco normativo dispuesto por el
artículo 87 constitucional y la Ley 393 de 1997 concluyendo que la acción de
cumplimiento no procede para pretender la ejecución de una decisión policiva,
pues su naturaleza jurisdiccional escapa del objeto de la acción.

2.3.3. El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá,
solicitó negar las pretensiones del amparo afirmando que no vulneró ninguno de
los derechos fundamentales invocados por el accionante pues su actuación
atendió en todo momento el debido proceso y le garantizó el acceso a la
administración de justicia.

17. Sostuvo que la acción de tutela no se podía convertir en una tercera instancia
pues vulneraría la independencia del juez quien actuó dentro del principio de
legalidad.

2.3.4. No se rindieron más informes.

2.4. Sentencia Impugnada

18. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 20 de
febrero11 de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional. Consideró que los actores intentaban
reabrir un debate ya resuelto en sede contencioso-administrativa.

19. Además, determinó que la acción de tutela no puede utilizarse como una
instancia adicional para controvertir decisiones judiciales ordinarias. Sostuvo que
la orden de amparo de tenencia ya había cobrado ejecutoria, por lo que no era

10 Índice 8 del aplicativo SAMAI, ibidem.
11 Índice 14 del aplicativo SAMAI.

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Acción de Tutela
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posible exigir su cumplimiento nuevamente. Concluyó además que los juicios
civiles de policía tienen naturaleza jurisdiccional y no pueden ser ejecutados
mediante acción de cumplimiento, pues resuelven conflictos entre particulares.

Impugnación12

20. La parte actora alegó que la decisión impugnada rechazó la acción sin evaluar
correctamente la relevancia constitucional y le exigió demostrar a los accionantes
la afectación de derechos fundamentales, cuando era su función como juez
constitucional. Asimismo, criticó la falta de análisis sobre la relación entre la
acción de cumplimiento y el artículo 87 de la Constitución y adujo que se ignoró
el perjuicio inminente alegado en el escrito de tutela.

21. Finalmente, sostuvo que era incorrecto considerar cumplida la restitución del
inmueble solo por estar ordenada en un proceso policivo sin haberse
materializado, pues contradice la finalidad de la acción de cumplimiento.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

22. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

23. Es de advertir que, si bien la parte actora cuestionó las providencias del 27
de septiembre de 2024 proferida por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo
del Circuito de Bogotá y del 22 de noviembre de 2024 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, lo cierto es que
la sentencia de segunda instancia fue la que puso fin al proceso, por lo que el
análisis en esta sede solo será respecto a la sentencia del 22 de noviembre de
2024.

Problema jurídico

24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, con ocasión de la providencia del 22 de noviembre de 2024 dentro
de la acción de cumplimiento identificada con el radicado núm. 11001-33-36-034-
2024-00239-00/01, incurrió en los defectos procedimental absoluto y procedimental
por exceso ritual manifiesto y con ellos en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad de la señora Magnolia Elvira Pérez Avendaño y otros.

12 Índice 2 del aplicativo SAMAI, expediente11001-03-15-000-2024-00263-01.

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Acción de Tutela
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25. No obstante, en primer lugar, debe verificarse si la acción presentada cumple
con los requisitos generales de procedencia de la acción, en particular el de
subsidiariedad.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

26. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015 fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

27. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

28. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.

3.4. Del requisito de subsidiariedad

29. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

30. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

31. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones

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paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia19.

32. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el
cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

3.4.1. Análisis del caso concreto

33. La presente acción de tutela es improcedente por no agotar el requisito de
subsidiariedad, teniendo en cuenta que el actor contaba con otros mecanismos
judiciales que no se evidencia que haya utilizado antes de acudir a la presente
acción constitucional.

34. La primera de ellas era presentar una acción posesoria, la cual está
contemplada en los títulos XIII y XIV del Código Civil. En este caso, si el
perturbador estaba ocupando el bien antes de 2017, el accionante pudo haber
interpuesto la acción referida antes de que expirara el plazo de un año desde la
perturbación.

35. Según el Artículo 976 del Código Civil Colombiano, la acción posesoria
prescribe al año desde el momento en que se produce la perturbación, pero la
parte actora no presentó prueba alguna de haberla ejercido. Tampoco allegó
prueba alguna de su intervención al respecto en el proceso de sucesión en curso
para proteger sus derechos sobre la masa herencial.

36. Sumado a lo expuesto, de acuerdo con el artículo 80 del Código Nacional de
Policía, las medidas policiales de protección a la tenencia de bienes inmuebles
tienen un término de cuatro (4) meses desde la existencia de la perturbación o la
ocupación ilegal, “pues tienen un carácter precario y provisional, de efecto
inmediato, cuya única finalidad, es mantener el statu quo mientras el juez
ordinario competente decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos
en controversia “(…)”.Negrillas de la Sala.

37. Aunado a lo anterior, las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales
accionadas, en particular la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B estuvieron ajustadas a derecho y no se advierte
que con estas se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte
actora, pues como lo advirtió la autoridad judicial accionada no era posible
exigir nuevamente el cumplimiento de la medida de protección teniendo en
cuenta que esta tenía un carácter provisional.

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38. Así las cosas, la tutela no puede suplir la omisión del actor o su falta de
diligencia para utilizar los mecanismos judiciales adecuados y su alegación en la
vía ordinaria correspondiente, pues la acción constitucional no fue establecida
para tal fin, teniendo en cuenta que pasaron más de seis años desde que se
emitió la medida policial y la fecha de presentación de su demanda.

39. El principio de subsidiariedad exige que la tutela solo proceda cuando no
exista otro mecanismo judicial idóneo para la defensa de los derechos invocados.
En este caso, el demandante disponía de otros recursos procesales ordinarios
que no ejerció.

40. En ese entendido, se recuerda a la parte accionante que la jurisprudencia
constitucional13 ha sido clara en reiterar que las personas deben hacer uso de
todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha
dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal
manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como vía preferente
o instancia judicial adicional de protección.

41. Así las cosas, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que
permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda
de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva
de sus derechos.

42. Además, la tutela contra providencias judiciales es excepcional y requiere
demostrar una afectación grave y manifiesta a derechos fundamentales, lo cual
no se advierte en este caso, pues las autoridades judiciales accionadas
atendieron el debido proceso y todos los derechos inherentes a este, por lo que
la simple inconformidad de la parte actora con la decisión de las autoridades
judiciales no basta para demostrar la existencia de una vulneración ius
fundamental.

43. Por las razones expuestas, la Sala modificara la sentencia de primera
instancia que declaró improcedente la acción por no agotar en el requisito de
relevancia constitucional, para en su lugar, declararla improcedente por no agotar
el requisito de subsidiariedad, pues, se reitera, dentro de las facultades del juez
constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales idóneas
para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario,
la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de protección
alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde

13
Corte Constitucional Sentencia T-375 de 2018.

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institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la
Constitución a los jueces constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela presentada por la señora Magnolia Elvira Pérez Avendaño y otros
por no agotar el requisito de relevancia constitucional, para en su lugar,

Segundo: Declarar la improcedencia del amparo solicitado por no agotar el
requisito de subsidiariedad.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Ausente con permiso
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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