Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01705-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01705-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01705-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
31 de octubre de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: DIEGO VÁSQUEZ CONTRERAS
Congresista
acusado: JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO
Tesis: No incurre en las causales de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros
públicos y tráfico de influencias el congresista que
confiere poder a un miembro de su UTL para
notificarse del auto de apertura de una
investigación disciplinaria seguida en su contra.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo procede a decidir el
recurso de apelación interpuesto por el solicitante contra la sentencia
proferida el 28 de julio de 2023 por la Sala Especial de Decisión de Pérdida
de Investidura número 19 que negó la desinvestidura del señor Jairo
Alberto Castellanos Serrano, senador de la República, elegido para el
período constitucional 2022-2026.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1
El solicitante, actuando en nombre propio, pidió que se decretara la pérdida
de la investidura del congresista por indebida destinación de dineros
públicos y por tráfico de influencias.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2
El solicitante informó que la Procuraduría General de la Nación inició un
proceso disciplinario con radicado nro. IUS E-2022-74075-IUC D-2023-
274-9777 en contra del congresista, debido a que, según indicó, favoreció
a un cuñado con diferentes contratos mientras fue alcalde de Toledo,
Norte de Santander.
Aseguró que el congresista, en lugar de pagar los servicios profesionales
a un abogado, otorgó poder especial a su asesora grado 1 de la unidad
de trabajo legislativo- UTL, María Camila Rivera López, para que asumiera
la defensa técnica en el mencionado proceso disciplinario.
Alegó que la UTL de los congresistas “se pagan de nuestros impuestos” y
su finalidad es cumplir funciones exclusivamente legislativas, “no para
hacer favores personales a los senadores y representantes, y menos para
que ejerzan como abogados” para la defensa de aquellos.
Indicó que a la señora María Camila Rivera López le reconocieron
personería para actuar en el precitado proceso disciplinario, y agregó que
el congresista es abogado, por lo que fue plenamente consciente de la
falta cometida.
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Visto en el índice 2 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
2 Visto en el índice 2 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
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Solicitante: Diego Vásquez Contreras
Anotó que el congresista utilizó indebidamente los recursos públicos y
aprovechó su investidura para evitar pagar un abogado y, en su lugar,
emplear a la asesora legislativa para que ejerciera la defensa técnica en
el proceso disciplinario, cuando los asesores legislativos son funcionarios
públicos y deben dedicarse exclusivamente a tareas legislativas.
1.3. Fundamento de las causales invocadas3
Para sustentar la indebida destinación de dineros públicos citó
jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, indicando que esta causal se configura cuando los
recursos públicos son destinados a una finalidad prohibida por la ley, tal
como sucedió en este caso, por cuanto el congresista no puede utilizar a
los funcionarios de la UTL para evitar pagar un abogado que lo represente
en un proceso disciplinario.
Frente a la causal de tráfico de influencias, manifestó que el congresista
ordenó u obligó a otro servidor público a que asumiera la defensa dentro
del proceso disciplinario que se adelanta en su contra, y el beneficio
obtenido es que, al abusar del poder como senador, “no pagó abogado,
sino que se lo pagó la sociedad de sus impuestos”.
Expuso que está demostrado el dolo en la conducta del congresista puesto
que es abogado “y ha nombrado a la misma funcionaria pública en otras
causas penales para que lo represente”.
2.- Contestación por parte del congresista4
El congresista acusado, actuando por conducto de apoderado judicial,
presentó escrito de respuesta a la solicitud de pérdida de investidura.
3 Visto en el índice 2 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
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Visto en el índice 23 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
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Solicitante: Diego Vásquez Contreras
Manifestó que es cierto que actualmente se adelanta una investigación
disciplinaria en su contra en la Procuraduría General de la Nación, pero que,
en el referido proceso, no se ha proferido pliego de cargos, ni decisión de
primera instancia.
Alegó que la abogada María Camila Rivera López el 22 de febrero de 2023
simplemente llevó a cabo una averiguación administrativa, en el sentido de
notificarse del auto de apertura de la investigación disciplinaria de fecha del
12 de enero de 2023, por cuanto el congresista “no pudo hacerlo
directamente por sus diferentes compromisos como parlamentario”.
Agregó que no es cierto que a la abogada María Camila Rivera López,
integrante de la UTL, se le haya conferido poder especial para “ejercer su
defensa técnica” en la investigación disciplinaria; prueba de ello es que
dicha funcionaria no actuó dentro de la causa y luego de conocer el
contenido de las diligencias, el congresista designó al abogado de confianza
para que lo representara.
Argumentó que no incurrió en la causal alegada, dado que, de los hechos
invocados, no se desprende una indebida destinación de dineros públicos,
toda vez que no hay ninguna prueba en el expediente en la que se verifique
que exista una afectación a las finanzas públicas.
Acotó que la causal no se configura por el simple hecho de que la señora
María Camila Rivera López, miembro de la UTL, haya adelantado una labor
secretarial consistente en un acto de notificación del auto de apertura de la
investigación con el radicado nro. IUS E-2022-74075-IUC D-2023-274-
9777, pues ello no implica afectar los recursos públicos como lo aduce el
solicitante.
Refirió que el poder que le confirió a la señora María Camila Rivera López
tenía por objeto, única y exclusivamente, la revisión y notificación del auto
de apertura de la precitada causa disciplinaria, por lo que insistió que la
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Solicitante: Diego Vásquez Contreras
actuación de dicha funcionaria solo se limitó a la notificación y solicitud de
copias. Aseveró que dicho poder fue revocado el 15 de marzo de 2023.
En cuanto al elemento subjetivo, aludió que el hecho de que una funcionaria
de la UTL haya llevado a cabo un acto de notificación no implica la intención
del congresista de afectar los recursos públicos que le fueron asignados
para integrar y poner en funcionamiento la UTL.
Frente a la causal de tráfico de influencias, señaló que, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, se produce cuando el congresista se
aprovecha de su calidad ante otro servidor público con el fin de provocar un
estado de presión, coacción o pérdida de autonomía en la adopción de una
decisión o asunto de su competencia con el fin de obtener un beneficio.
Aseguró que el hecho de solicitarle a una funcionaria de la UTL que se
notifique del auto de apertura de la investigación disciplinaria no se adecúa
a los presupuestos para la configuración de la causal de tráfico de
influencias. En este punto acotó que no hay un solo hecho o prueba que
apunte siquiera a sospechar o suponer que el congresista se valió de su
investidura para coaccionar a un miembro de su UTL para notificarse y
obtener copias de una investigación disciplinaria que se adelanta en su
contra.
3. La sentencia de primera instancia5
La Sala Especial de Decisión de Pérdida de investidura número 19, en
sentencia proferida el 28 de julio de 2023, negó las pretensiones de la
demanda.
En cuanto a la causal de indebida destinación de dineros públicos,
consideró que no estaba configurada, dado que no se probó que hayan
sido indebidamente destinados los dineros públicos.
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Visto en el índice 48 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
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Solicitante: Diego Vásquez Contreras
Para ello, indicó que se aportaron copias de las actuaciones adelantadas
en el expediente con radicado nro. IUS E-2022-74075-IUC D-2023-274-
9777 y que, una vez revisadas, era posible concluir que no se demostró
que el congresista haya conferido poder a una de las integrantes de la
UTL para que “asumiera su defensa técnica”, como lo afirma el solicitante.
Lo anotado, por cuanto está acreditado que la gestión que adelantó la
abogada María Camila Rivera López consistió en la notificación personal del
auto de apertura de la investigación disciplinaria y solicitud de copias, en
los términos conferidos en el poder; y, además, no ejerció ninguna de las
facultades previstas por el artículo 77 del Código General del Proceso. En
ese sentido, afirmó que no era posible evidenciar que la mencionada
funcionaria haya destinado parte de su tiempo de trabajo a la defensa
técnica de su jefe.
Agregó que, al margen de lo dicho, la labor encomendada por el
congresista a la funcionaria correspondió a la descrita por el artículo 71
del CPACA que establece que “cualquier persona que deba notificarse de
un acto administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su
nombre (…) el autorizado solo estará facultado para recibir la notificación
y, por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto
administrativo se tendrá, de pleno derecho por no realizada”.
Añadió que, acorde con el artículo 67 del CPACA, toda notificación
personal lleva consigo la entrega de copias, “por lo que ese poder pudo
ser conferido a un abogado o a cualquier otra persona, de donde se
desprende que su intención nunca fue la de conferir un poder para que
ejerciera su defensa técnica”.
Por lo tanto, consideró que no estaba comprobada la indebida destinación
de dineros públicos de manera directa o indirecta, es decir, que el
congresista haya utilizado instrumentos para cambiar la destinación de
los dineros públicos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
Respecto de la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias,
indicó que, de las pruebas que obraban en el expediente, no se desprendía
que el congresista hubiera ejercido alguna presión en contra de la
abogada María Camila Rivera López, puesto que, del testimonio que aquella
rindió en este proceso, no se observaba que la haya presionado
anteponiendo su condición de senador para que aceptara el poder que le
confirió a efectos de notificarse del auto de apertura de la investigación
disciplinaria y solicitar la expedición de copias.
Advirtió que no estaba acreditado que el congresista hubiera ofrecido
alguna dádiva a la precitada funcionaria con el fin de que aceptara el
poder conferido y la labor encomendada no se trataba de un asunto que
estuviese conociendo o que debía conocer por las funciones a cargo de
las UTL.
4. El recurso de apelación6
El solicitante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia con fundamento en lo siguiente:
Manifestó que era indistinto que la abogada María Camila Rivera López
haya hecho una o todas las actuaciones posibles como defensora, basta con
demostrar que actuó “como defensora de su jefe” en el proceso disciplinario
siendo servidora pública para que se configure la causal.
Expuso que, contrario a lo señalado por la Sala de Decisión nro. 19, el
que un congresista haya utilizado a una funcionaria de la UTL para
adelantar labores personales “como representarlo dentro de un proceso
disciplinario (así sea en una simple notificación personal o labor
administrativa) es un abuso de poder que compromete la recta
administración de recursos públicos, demostrándose así la indebida
destinación de dineros públicos”.
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Visto en el índice 53 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
Argumentó que “los recursos públicos que pagamos todos los colombianos
para que cada congresista tenga un equipo de UTL no son para que ellos
los usen en asuntos distintos y ajenos a su competencia, solo para
ahorrarse honorarios de abogado, más aún si se tiene en cuenta que el
demandado gana 40 millones mensuales en promedio”.
Destacó que la abogada María Camila Rivera López, en la declaración
rendida, confesó que no recibió honorarios por su gestión, lo que indica que
su contraprestación fueron los recursos públicos que percibe como
funcionaria de la UTL.
Por último, adujo que era obvio que, si el acusado no fuera congresista y
jefe de la UTL, la abogada María Camila Rivera López no hubiera aceptado
representarlo en el proceso disciplinario, lo que demuestra el tráfico de
influencias.
5. Trámite en segunda instancia
Una vez concedido el recurso de apelación por haber sido interpuesto y
sustentado en oportunidad7, fue asignado por acta de reparto del 11 de
septiembre de 20238. Por auto del 12 de septiembre de 2023 se admitió
y se corrió traslado por tres días al congresista acusado y al Ministerio
Público para que se pronunciaran9.
El apoderado del senador acusado descorrió el traslado y solicitó fuera
confirmada la decisión de primera instancia, para lo cual expuso10 que en
el recurso de apelación no se indicó cuál fue el error en el que incurrió la
decisión de primera instancia para que ésta sea revocada. Reiteró que el
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Visto en el índice 58 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
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Visto en el índice 2 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-01 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
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Visto en el índice 4 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-01 en la Sede
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Visto en el índice 10 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-01 en la Sede
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
solicitante olvidó por completo que la conducta desplegada por la
funcionaria de la UTL consistente en notificarse del auto de apertura de la
investigación no produjo una afectación al patrimonio público.
El Procurador Delegado con Funciones Mixtas Seis para la
Conciliación Administrativa fue notificado personalmente vía correo
electrónico del auto que admitió el recurso de apelación el 21 de
septiembre de 202311, se fijó en lista por el término de tres (3) días el 26
de septiembre de 202312; no obstante, remitió el concepto el sábado 30
de septiembre de 202313, de manera que, por haber sido presentado
extemporáneamente, no se tendrá en cuenta.
Surtido el trámite procesal correspondiente, la Sala procederá a proferir
sentencia de segunda instancia.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para
conocer en segunda instancia de la presente solicitud de pérdida de
investidura, atendiendo lo previsto por los artículos 184 y 237-5 de la
Constitución Política, así como lo dispuesto por el numeral 7 del artículo
37 de la Ley 270 de 1996, el artículo 2 de la Ley 1881 de 2018 y el artículo
34 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena de esta Corporación.
11 Vistoen el índice 4 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-01 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
12 Visto en el índice 11 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-01 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
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Visto en el índice 13 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-01 en la Sede
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
2.- Hechos probados
En el proceso está acreditado lo siguiente:
2.1.1. El 6 de febrero de 2023 la secretaria de la Sala Disciplinaria de
Instrucción de la Procuraduría General de la Nación remitió al señor Jairo
Alberto Castellanos Serrano, vía correo electrónico y también a la
dirección de senado de la República, el oficio nro. 330- 2023 en el que se
indicaba lo siguiente14:
“[…] Referencia: Expediente IUS E-2022-740475 IUC D-2023-
2749777
Respetado Señor,
Por medio de la presente me permito citarlo a que comparezca ante
esta secretaria ubicada en la calle 16 N° 6-66 Bogotá, piso 21 Edificio
Avianca dentro de los 5 días siguientes al recibo de la presente
comunicación con el fin de notificarle de manera personal el auto
calendado 12 de Enero del 2023, por medio del cual se ordenó la
APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA en su contra en el
expediente de la referencia providencia proferida por la Sala
Disciplinaria de Instrucción. Lo anterior de conformidad con los
articulos 120,121,123 y 127 de la Ley 1952 de 2019.
En caso de no presentarse dentro de los 15 dias siguientes para ser
notificado de manera personal en esta secretaria, se procederá a la
notificación por edicto, en los términos del articulo 127 del Código
General Disciplinario.
Finalmente le informo que de conformidad con el artículo 122 del
Código General Disciplinario la notificación del auto de apertura de
investigación podrá surtirse de manera electrónica para lo cual y en
caso que sea su deseo le solicito remitir autorización por escrito a
los correos electrónicos dhortua@procuraduria.gov.co,
mcfonseca@procuraduria.gov.co y/o jrojasn@procuraduria.gov.co
[…]”.
2.1.2. El 22 de febrero de 2023 se radicó en la Sala Disciplinaria de
Instrucción de la Procuraduría General el poder conferido por el señor
Jairo Alberto Castellanos Serrano a la abogada María Camila Rivera López,
que fue otorgado en los siguientes términos15:
14 Visto en el índice 13 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
15 Visto en el índice 2 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
“[…] REFERENCIA: PODER PARA REVISIÓN EXPEDIENTE Y
NOTIFICACIÓN
Expediente IUS E-2022-740475 IUC D-2023-2749777
JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO, (…) en mi calidad de
senador denunciado, respetuosamente le manifiesto a usted, que
por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y
suficiente a la Doctora MARIA CAMILA RIVERA LOPEZ, mayor de
edad, identificado (a) con (…) portador (a) de la Tarjeta Profesional
No. 244.345 del C. S. J, para que en mi nombre y representación
revise expediente, se notifique y realice las actuaciones a que haya
lugar en esta etapa del proceso.
Sírvase, por lo tanto reconocerle personeria a mi apoderado en los
términos y para los efectos del presente poder […]”.
2.1.3. Está acreditado que el 22 de febrero de 2023 la abogada María
Camila Rivera López, “en su calidad de apoderada del investigado Jairo
Alberto Castellanos Serrano (aporta poder)”, se notificó del auto de
apertura de investigación disciplinaria proferido el 12 de enero de 2023
en el expediente nro. IUS E-2022-74075-IUC D-2023-274-977716.
2.1.4. Por correo electrónico enviado el 22 de febrero de 2023, la Sala
Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación le
indicó a la abogada María Camila Rivera López que, conforme a la solicitud
de copias del expediente disciplinario que hizo en la diligencia de
notificación personal, adjuntaba los archivos correspondientes17.
2.1.5. El 14 de marzo de 2023, el abogado Camilo Araque Blanco remitió
a la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la
Nación escrito en el que el señor Jairo Alberto Castellanos Serrano le
confería poder “especial, amplio y suficiente (…) para que me represente
y ejerza mi defensa técnica dentro del proceso disciplinario que adelanta
la entidad en mi contra”. Agregó que “mi apoderado queda revestido de
las más amplias facultades, incluyendo las de renunciar, reasumir,
conciliar, transigir y sustituir y todas aquellas propias del contrato de
16 Visto en el índice 2 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
17 Ibídem.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
mandato regulado en el artículo 77 del Código General del Proceso y
demás normas concordantes” 18.
2.1.6. El 15 de marzo de 2023 el señor Jairo Alberto Castellanos Serrano
radicó en la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General
de la Nación escrito en el que revocó el poder que había conferido a la
abogada María Camila Rivera López19.
2.1.7. El 16 de marzo de 2023, el Procurador Delegado de la Sala
Disciplinaria de Instrucción resolvió “admitir la revocación del mandato
otorgado a la Dra. María Camila Rivera López” y reconoció personería al
abogado Camilo Araque Blanco como apoderado del investigado.
3.- Análisis de la sala
El solicitante apeló la decisión de primera instancia con fundamento en
que sí está configurada la causal de indebida destinación de dineros
públicos, así como el tráfico de influencias, por lo que, para resolver el
recurso, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo examinará los
presupuestos para la configuración de cada una de las causales.
3.1. La indebida destinación de dineros públicos
El numeral cuarto del artículo 183 de la Constitución Política establece
que los congresistas perderán su investidura por indebida destinación de
dineros públicos. Frente a esta causal, la Corporación ha dicho que no
está definida en la Constitución ni en las normas legales que regulan el
ejercicio de la acción de pérdida de investidura y por ello ha explicado que
se configura cuando el elegido destina los dineros públicos a unas
finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la
18 Ibídem.
19 Ibídem.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
Constitución, la ley y los reglamentos, como ocurre en los siguientes
casos20:
a) cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados; b) cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados, pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran
asignados; c) cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento; d)
cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas;
e) cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros, y f) cuando la destinación tiene la
finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su
favor o en el de terceros.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación ha
señalado que el énfasis interpretativo de la causal no se fija sobre la
expresión “dineros públicos”, sino sobre la forma en que puede llevarse a
cabo su correcta destinación21, por lo que ha sostenido que la indebida
utilización de dineros públicos se produce de dos formas, a saber, directa,
cuando el congresista actúa como ordenador del gasto y destina
indebidamente el dinero, bien sea para obtener finalidades particulares o
para destinarlo a fines distintos, e indirecta, cuando la conducta del
congresista propicia una destinación distinta a pesar de que el gasto fue
debidamente ordenado22. Por lo tanto, en esta causal puede incurrir no
solo el ordenador del gasto, sino todo congresista cuando cambia la
destinación de los recursos públicos23.
20
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de
octubre de 2000. C.P. Darío Quiñones Pinilla. Expedientes AC 10529 y AC 10968.
21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 13 de
noviembre de 2001. C.P. Ligia López Diaz. Expediente radicación nro. 2001 010101.
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de
febrero de 2017. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expediente radicación nro.
11001 03 15 000 2015 01564 00. Acumulado.
23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de
septiembre de 2011. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Expediente radicación nro. 11001
03 15 000 2010 01357 00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
Precisado cuando los congresistas pueden incurrir en indebida destinación
de dineros públicos, se recuerda que, para que se configure la causal,
deben estar reunidos los siguientes requisitos24:
(i) Que se ostente la condición de congresista.
(ii) Que se esté frente a dineros públicos, es decir, que provengan de una
actividad económica del Estado.
(iii) Que los dineros públicos sean indebidamente destinados.
Examinados en el caso concreto, se advierte que el primer elemento no
es discutido por las partes y está cumplido, toda vez que se acreditó con
la copia del formulario E-26 SEN25 del 13 de marzo de 2022, que el señor
Jairo Alberto Castellanos Serrano fue elegido senador de la República por
la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza para el período
constitucional 2022-2026. Así mismo, fue aportada constancia expedida
el 26 de enero de 2023 por el secretario general del senado de la
República, en la que informa que el senador Castellanos Serrano tomó
posesión del cargo el 20 de julio de 202226.
El segundo elemento tampoco se cuestiona por las partes y también está
cumplido, dado que la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado
que los dineros con que se paga la nómina de los empleados públicos de
las UTL son recursos públicos, puesto que hacen parte del ciclo
presupuestal en el componente de gastos y, específicamente, de gastos
de funcionamiento27.
24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de
marzo de 2017. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente radicación 11001 03
15 000 2015 00111 00.
25
Visto en el índice 9 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
26 Visto en el índice 9 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
27 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 24 de
abril de 2018. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2017 0106200.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
En lo relacionado con el tercer elemento, es decir, que los dineros hayan
sido indebidamente destinados, se advierte que las partes no
controvierten que la abogada María Camila Rivera López haga parte de la
UTL del congresista y, en todo caso, se comprueba que es así, acorde con
el testimonio que rindió en este proceso.
No obstante, el solicitante en el recurso de apelación alegó que (i)
indistintamente de que la funcionaria de la UTL haya hecho una o todas
las actuaciones posibles como defensora, la causal de pérdida de
investidura se configura porque actuó como defensora del congresista y,
además, que, a diferencia de lo señalado por el a quo, (ii) el solo hecho
de que una funcionaria de la UTL, que legalmente tiene la finalidad de
atender funciones exclusivamente legislativas, se haya notificado del acto
de apertura de la investigación disciplinaria adelantada en contra del
congresista, comprueba que existió una indebida destinación de dineros
públicos, puesto que desarrolló una actividad de tipo personal en su
beneficio. Son dos entonces las razones que expone el apelante para que
sea revocada la sentencia de primera instancia, a las que nos referiremos
en las líneas siguientes:
En cuanto al primer reparo del recurso de apelación, consistente en que
la indebida destinación de dineros públicos se configuró porque es
indistinto que la funcionaria de la UTL haya hecho una o todas las
actuaciones posibles como defensora y que basta con demostrar que
actuó como defensora del congresista en la actuación disciplinaria, se
advierte que no le asiste razón al recurrente, por las razones que pasan
a explicarse.
(i) De las pruebas documentales obrantes en el proceso, está acreditado
que el congresista confirió poder a la abogada María Camila Rivera López,
cuya referencia fue “PODER PARA REVISIÓN EXPEDIENTE Y
NOTIFICACIÓN”, y en el cuerpo del mismo se indicó que el propósito era
que “revise expediente, se notifique y realice las actuaciones a que haya
lugar en esta etapa proceso”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
De este modo, el poder se concedió con un propósito específico y
determinado, consistente en notificarse del auto de apertura de la
investigación disciplinaria, revisar el expediente y adelantar las
actuaciones propias de esa etapa procesal, como fue la solicitud de copias
de las diligencias. En ese sentido, del contenido del poder conferido no se
desprende que la finalidad haya sido que la abogada María Camila Rivera
López ejerciera la defensa del congresista en la investigación disciplinaria.
En este punto, es pertinente contrastar el contenido del poder que el
congresista confirió a la abogada María Camila Rivera López con el que
otorgó de forma posterior al abogado Camilo Araque Blanco, puesto que
en éste último se indicó que el propósito era que lo representara y
ejerciera la defensa técnica en la investigación disciplinaria y, además, en
el poder concedió expresamente las facultades previstas por el artículo 77
del Código General del Proceso, las cuales sí habilitan el ejercicio de una
defensa técnica.
Por lo señalado, no le asiste razón al recurrente cuando en el recurso de
apelación manifestó que la abogada María Camila Rivera López actuó
como defensora del congresista, toda vez que el poder conferido no tenía
ese alcance, sino que limitó a que se notificara de manera personal del
auto de apertura de la investigación disciplinaria.
Por otro lado, en lo que se relaciona con el segundo reparo, de
conformidad con el cual el solicitante adujo que los recursos públicos
utilizados para el pago de la UTL de los congresistas no están previstos
para que se utilicen en asuntos distintos “solo para ahorrarse honorarios
de abogado”, la Sala considera que el hecho de que la funcionaria se haya
notificado personalmente del auto de apertura de la investigación
disciplinaria que se adelantaba en contra del congresista no tiene la
connotación que pretende darle el demandante, ni conduce por lo tanto a
una indebida destinación de dineros públicos, por los motivos que pasan
a señalarse.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
(i) El artículo 388 de la Ley 5 de 199228 regula la Unidad de Trabajo
Legislativo- UTL de los congresistas y establece que cada uno de ellos
contará, “para el logro de una eficiente labor legislativa”, con una unidad
de trabajo a su servicio integrada por no más de diez empleados y/o
contratistas. Para la provisión de estos cargos cada congresista postulará,
ante el director administrativo, en el caso de la Cámara, y ante el director
general o quien haga sus veces, en el caso del Senado, el respectivo
candidato para su libre nombramiento y remoción o su vinculación por
contrato. También dispone que la certificación del cumplimiento de las
labores de los empleados y/o contratistas de la UTL será expedida por el
respectivo congresista.
Se destaca que el parágrafo del precitado artículo dispone que, cuando se
trate de la calidad de asesor, podrá darse la vinculación por contrato de
prestación de servicios debidamente celebrado y el congresista podrá
solicitar a la autoridad nominadora que disponga la iniciación de las
labores contratadas desde el mismo momento de la designación del
asesor.
(ii) Además de las pruebas documentales obrantes en el expediente, debe
tenerse en cuenta que, por auto del 18 de mayo de 2023, se decretó “el
testimonio de la señora María Camila Rivera López” solicitado por el
apoderado del congresista y se recibió en la audiencia celebrada el 14 de
junio de 202329. Frente al decreto de esta prueba el solicitante no
interpuso ningún recurso, ni tampoco lo tachó por estar afectada la
imparcialidad de la declarante debido a la relación de dependencia que
tiene con el congresista acusado por hacer parte de su UTL, acorde con el
artículo 211 del Código General del Proceso.
28“Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de
Representantes”.
29 Visto en el índice 34 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
Al efecto, de lo informado por la declarante, abogada María Camila Rivera
López30, se destaca que, a la pregunta hecha por el apoderado del
congresista respecto de las actividades que desarrolló en la investigación
disciplinaria, contestó que, “en el mes de enero de 2023 llegó al correo
electrónico que yo reviso diario, porque llegan derechos de petición y
citaciones al senador y demás, revisé y llegó una citación de notificación
personal en la Procuraduría, mi jefe en ese momento, pues como tiene
también trabajo en regiones, no podía asistir a notificarse personalmente
y me pidió el favor que lo hiciera, yo asistí y revisé el expediente, procedí
a contarle de qué se trataba y procedió él a contratar su abogado de
confianza”.
Lo relatado por la abogada se corrobora con las pruebas documentales,
toda vez que está acreditado que el 6 de febrero de 2023 la secretaría de
la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación
remitió al congresista vía correo electrónico la citación para que acudiera
a notificarse de manera personal del auto de apertura de la investigación
disciplinaria. Igualmente se verifica que fue la funcionaria de la UTL quien
acudió a notificarse e hizo una solicitud de copias y posteriormente el
congresista confirió poder a un abogado para que, tal y como se indicó en
el poder, ejerciera la defensa técnica dentro del proceso disciplinario.
También se destaca de la declaración rendida que, a la pregunta hecha
por el abogado del congresista sobre si la gestión adelantada afectó de
alguna manera o le impidió ejercer sus labores dentro de la UTL, afirmó
que no, y agregó que “la revisión del expediente simplemente lo vi en ese
momento como lo que hago a diario que es visitar entidades públicas,
sacar citas, reunirme con asesores, con funcionarios, entonces
simplemente fue una labor operativa donde revisé un expediente y no me
tomó más diez minutos hacerlo y posteriormente informarle a mi jefe para
que designara su abogado de confianza”31.
30 Visto en el índice 34 del radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01705-00 en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
31 Ibidem.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
(iii) La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que un
congresista puede incurrir de manera indirecta en una indebida
destinación de dineros públicos cuando a los funcionarios que conforman
su UTL les encarga el desarrollo de actividades que no corresponden a
una naturaleza legislativa32, y ello es así, porque el pago que recibe el
funcionario de la UTL se justifica por el cumplimiento de funciones
legislativas.
De conformidad con lo dicho, si bien la Sala advierte que es reprochable
que el Congresista haya dado poder a una de las funcionarias que
conforman su UTL para que se notificara de un asunto personal, también
advierte que este hecho no comporta una indebida destinación de dineros
públicos, por cuanto, conforme con lo probado en este proceso, no se
advierte que a la abogada María Camila Rivera López se le haya encargado
de manera reiterada o periódica el desarrollo de actividades de tipo
personal en beneficio del congresista aquí acusado, o designado labores
de esta misma naturaleza que ocuparan parte relevante de su horario
laboral y, en consecuencia, se evidenciara o acreditara que dicha
funcionaria no ha cumplido funciones de tipo legislativo que justificaran
su retribución económica como miembro de la UTL.
En otras palabras, si bien es reprochable que el congresista haya conferido
un poder para que una funcionaria de la UTL acuda a notificarse
personalmente de un auto de apertura de una investigación disciplinaria
que se adelanta en su contra, ello no configura una indebida destinación
de dineros públicos, dado que no se probó que la servidora de la UTL haya
dejado de atender las tareas propias de la función legislativa por las que
percibe la contraprestación económica.
32 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de
julio de 2015. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000
2012 01350 00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
3.2. El tráfico de influencias
El numeral quinto del artículo 183 de la Constitución Política establece que
los congresistas perderán su investidura por tráfico de influencias
debidamente comprobado. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha
establecido que los requisitos para que se configure esta causal son los
siguientes33:
i) Que la persona que ejerce la influencia ostente la calidad de
Congresista.
ii) Que se invoque esa calidad o condición ante el servidor público,
ejerciéndose en todo caso un influjo síquico sobre éste, sin tener en
consideración el orden jerárquico existente entre ambos.
Frente a este requisito, la jurisprudencia ha explicado que debe verificarse
que “se haya ejercido “sobre el servidor un influjo síquico derivado de la
condición de Congresista, es decir, que lo que se pretenda de aquél se
consiga por la anteposición del cargo de Senador o Representante” (…)”34,
precisando que “el tráfico de influencias puede darse frente a cualquier
servidor público sin consideración al orden jerárquico en que se
encuentre”35.
iii) Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o
dádiva, con las salvedades o excepciones previstas en la Ley 5 de 1992
en cuanto a las gestiones de los congresistas en favor de sus regiones.
Sobre este elemento, la jurisprudencia ha señalado que “el Congresista
33 Sobre los elementos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por
tráfico de influencias ver la sentencia proferida el 24 de abril de 2018 por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter. Expediente nro. 11001
0315 000 2017 01062 00.
34
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6 de
mayo de 2014. C.P.: Enrique Gil Botero. Expediente nro. 11001 0315 000 2013 00865
00.
35 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6 de
mayo de 2014. C.P.: Enrique Gil Botero. Expediente nro. 11001 0315 000 2013 00865
00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
bien puede solicitarle al servidor público un beneficio en dinero y/o dádiva
para sí o para un tercero (…) conducta que implica una relación de doble
envío, donde el Congresista solicita para recibirlo, darlo o prometerlo y
consecuentemente el servidor público accede a ello. Sin embargo, la
conducta se configura aun cuando el servidor público no accede, porque
basta la simple solicitud”36.
iv) Que el beneficio pretendido por el congresista provenga de un asunto
que el servidor público se encuentre conociendo o haya de conocer, frente
a lo cual la jurisprudencia ha señalado que “(…) el referido beneficio
pretendido por el Congresista sea en dinero y/o dádivas, tenga su origen
en un asunto en donde el servidor público sea o vaya a ser competente,
es decir, que tenga o vaya a tener el conocimiento del mismo, razón
justamente por la cual resulta abordado por el Congresista (…)”37.
El solicitante, en el recurso de apelación, adujo que esta causal estaba
configurada por cuanto “es obvio que si el demandado no fuera
congresista y jefe de la UTL” la abogada María Camila Rivera López no
hubiese aceptado “representarlo” ante la Procuraduría General de la
Nación en el proceso disciplinario.
La Sala advierte que el solicitante, en el escrito de pérdida de investidura
y en el recurso de apelación, omitió sustentar las razones por las cuales
los elementos constitutivos de la causal están configurados, dado que el
hecho de que el congresista sea el jefe de la UTL y una de las funcionarias
se haya notificado del acto de apertura de la investigación disciplinaria
conforme al poder conferido no permite tener por acreditados los
supuestos de hecho de la causal.
36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 1 de
noviembre de 2016. C.P. María Elizabeth García González. Expediente nro. 11001 0315
000 2015 01571 00.
37 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 1 de
noviembre de 2016. C.P. María Elizabeth García González. Expediente nro. 11001 0315
000 2015 01571 00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
En todo caso, de las pruebas obrantes en el proceso y de los supuestos
de hecho invocados, tampoco se advierte un tráfico de influencias, dado
que no se observa que el congresista, aprovechándose de su calidad, haya
acudido ante un servidor público con el propósito de obtener un beneficio
respecto de un asunto que por razón de su competencia deba conocer.
Por las razones aquí explicadas, sin ser necesario descender en otras
consideraciones, será confirmada la sentencia proferida el 28 de julio de
2023 por la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura número
19, al no estructurarse el elemento objetivo de las causales de pérdida de
investidura invocadas por el solicitante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de julio de 2023
por la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura número 19,
que negó la pérdida de investidura del senador de la República JAIRO
ALBERTO CASTELLANOS SERRANO, elegido para el período
constitucional 2022-2026, según las razones explicadas en la parte
motiva de esta decisión judicial.
SEGUNDO: Remitir copia de la presente providencia al presidente del
Congreso de la República para su conocimiento. Por secretaría de la
Corporación procédase de conformidad.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha38.
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclara voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto Aclara voto
Ausente con excusa
MILTON CHAVES GARCÍA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
ARGÜELLO Consejero de Estado
Consejera de Estado Aclara voto
Aclara voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
38
“ARTÍCULO 2. Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo
de Estado conocerán en primera instancia de la pérdida de investidura de los
congresistas a solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier
ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución. La Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo será competente para decidir el recurso de apelación frente
a la sentencia de primera instancia, sin la participación de los magistrados que decidieron
el fallo recurrido.” (se destaca).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-01
Solicitante: Diego Vásquez Contreras
Ausente con excusa
ALBERTO MONTAÑA PLATA NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
JORGE EDISON PORTOCARRERO
Consejero de Estado
BANGUERA
Aclara voto
Consejero de Estado
WILSON RAMOS GIRÓN
Consejero de Estado JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Consejero de Estado
Ausente con excusa
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
Ausente con excusa
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Consejero de Estado Consejera de Estado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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