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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00012-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00012-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de mayo de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: ENVIAR copias del expediente a la Procuraduría Regional del Meta y a la Contraloría Departamental del Meta para que en el ámbito de sus Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado número: 50001 23 33 000 2025 00012 01 Demandante: Esteban Rodríguez Valencia competencias se evalúe si de su comportamiento incurrió en una responsabilidad disciplinaria o fiscal. TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado La presente providencia fue firmado electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2025-00012-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

26 de febrero de 2026

Radicado número: 50001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Esteban Rodríguez Valencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Radicado: 50001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Esteban Rodríguez Valencia
Demandado: Yan Carlos Chavarro Munevar
Tesis: No incurren en la causal de pérdida de investidura, por indebida destinación
de dineros públicos, los presidentes de los Concejos Municipales que ordenen el
traslado de recursos presupuestales entre rubros financiados por ingresos de libre
destinación.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el accionante y el
Ministerio Público contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Meta el 29 de mayo de 2025.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

1. Esteban Rodríguez Valencia1, en adelante el accionante, presentó solicitud
para que se declare la pérdida de investidura2 del Concejal Yan Carlos Chavarro

1 En nombre propio.
2 Prevista en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA) “ARTÍCULO 143. PÉRDIDA DE INVESTIDURA. […]
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de
diputados, concejales y ediles.”

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Radicado número: 50001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Esteban Rodríguez Valencia

Munevar3, en adelante el accionado, por presuntamente haber incurrido en la
conducta prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 20004. En esta
demanda se presentaron las siguientes pretensiones5:

«PRIMERA: DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del concejal YAN
CARLOS CHAVARRO MUNÉVAR período constitucional 2024-2027,
identificado con la cédula 1.010.210.222 por violar el numeral 4 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, de conformidad con lo probado en los hechos y los
soportes adjuntos.

SEGUNDA: Por las conductas disciplinarias aquí narradas, dar traslado a la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para lo de su competencia.

TERCERO: Ordenar notificar de la decisión al Concejo Municipal de Acacías-
Meta, a la Registraduría Nacional y al Concejo Nacional Electoral para lo de
su competencia».

1.2. Presupuestos fácticos de la solicitud

2. La parte accionante indicó que el accionado fue elegido presidente del
Concejo Municipal en la sesión plenaria del 2 de enero de 2024 para el período
2024.

3. Señaló que el accionado durante su ejercicio como presidente de dicha
Corporación expidió la Resolución No. 3 de 2024 por medio de la cual liquidó el
presupuesto de la vigencia fiscal 2024. Adicionalmente adujo que en dicha
resolución se incluyó el rubro No. 2.1.2.02.02.008.83990 correspondiente a
servicios profesionales, técnicos y empresariales por un valor de trescientos
ochenta millones cuatrocientos veinte mil pesos ($380.420.000).

4. Informó que el 14 de junio de 2024 el accionado suscribió contrato de
prestación de servicios profesionales No. 16 por un valor de treinta y tres millones
setecientos cincuenta mil pesos ($33.750.000) y cuyo objeto consistía en la
asesoría jurídica, acompañamiento administrativo, emisión de conceptos y
representación judicial de la corporación. Para la ejecución de este contrato le

3 Concejal del municipio de Acacías, Meta.
4 Previsto en el artículo 83 del Decreto 01 de 1984 “Los diputados y concejales municipales y

distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […] 4. Por
indebida destinación de dineros públicos”.
5 Cfr. Índice núm. 2 del expediente digital, del cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.

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asignó el mencionado rubro presupuestal No. 2.1.2.02.02.008.83990
correspondiente a servicios profesionales, técnicos y empresariales del Concejo
Municipal.

5. Sostuvo que, con posterioridad a la suscripción del mencionado contrato, el
accionado expidió la Resolución No. 84 del 28 de octubre de 2024, por medio de
la cual se efectuaron unos traslados en el presupuesto de rentas, de capital y de
gastos del Concejo Municipal. Explicó que en dicha resolución se realizó una
operación de contracrédito por un valor de ocho millones seiscientos ochenta y
cinco mil seiscientos ocho pesos ($8.685.608) respecto de, entre otros, el rubro
presupuestal No. 2.1.1.01.02 correspondiente a las contribuciones inherentes a la
nómina. Entre estas contribuciones se encuentran factores como pensiones,
cesantías, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

6. Afirmó que con el 77% de los recursos obtenidos de la operación de
contracrédito aplicada al rubro de las contribuciones inherentes a la nómina del
Concejo Municipal la misma resolución dispuso la adición presupuestal al rubro
No. 2.1.2.02.02.008.83990 correspondiente a los servicios profesionales, técnicos
y empresariales del Concejo Municipal.

7. Indicó que tan solo unos días después, el 31 de octubre de 2024, el Concejo
Municipal expidió un registro presupuestal para suscribir la adición del contrato
No. 16, con el que se afectó el mismo rubro No. 2.1.2.02.02.008.83990 al que
habían sido trasladados los recursos resultantes de la operación de contracrédito,
por un valor de siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000). Además, señaló
que el 11 de diciembre de 2024 se generó una orden de pago por concepto de la
adición del contrato No. 16 de 2024. En esa orden de pago se afectó el mismo
valor de siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000).

8. Por último, afirmó que en la Resolución No. 84 del 31 de diciembre de 2024
el Concejo Municipal determinó que el saldo de la ejecución presupuestal para el
año 2024 fue 0. Por ello argumentó que el accionado habría dejado «sin soporte
presupuestal CRP y RP los recursos de cesantías, pensiones y de parafiscales

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correspondientes a los funcionarios de planta de carrera administrativa, así como
los fondos de terceros».

9. Con base en lo expuesto reprochó que con la operación de contracrédito que
el accionado realizó se habrían trasladado recursos de la seguridad social y
parafiscales que cuentan con destinación específica y están protegidos por la
Constitución y la Ley. Así las cosas, advirtió que con la expedición de la orden de
pago del 11 de diciembre de 2024 se configuró la conducta de destinación indebida
de recursos públicos.

10. En línea con lo anterior argumentó que aún cuando los referidos recursos
hacen parte de los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal que se
financian con ingresos corrientes de libre destinación, lo cierto es que se trata de
dineros reservados para el pago de obligaciones de la seguridad social y
parafiscales protegidas como derechos fundamentales en el artículo 48 de la
Constitución Política. Como fundamento de esta consideración advirtió que de
conformidad con el parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 617 de 2000 y la sentencia
del 1 de junio de 2023 de la Sección Primera de esta Corporación6 «este tipo de
movimientos presupuestales (traslados) se deben apartar las rentas reconocidas
por la Constitución y la Ley como de rentas de destinación específica».

11. Agregó que la solicitud de decreto de pérdida de investidura se encontraba
soportada en reiterada jurisprudencia y específicamente trajo a colación dos
precedentes del Consejo de Estado. Respecto al primero afirmó que en la
sentencia del 3 de noviembre de 2011 de la Sección Primera de esta Corporación
se decretó la pérdida de investidura del Presidente del Concejo Municipal de
Girardot por la destinación indebida de recursos a objetos diferentes a los que
estaban asignados por la Constitución y la Ley.

12. Tratándose del segundo precedente trajo a colación la sentencia del 3 de
octubre de 2000 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y explicó que
en dicha providencia se indicó que la acción pública de pérdida de investidura

6 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 1 de junio de 2023, exp:
68001233300020230000801, C. P. Hernando Sánchez Sánchez.

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«comporta un juicio de naturaleza ÉTICA que tiene como propósito proteger la
dignidad del cargo que ocupan los miembros de cuerpos colegiados; juicio que
tiene por objeto reprochar y sancionar comportamientos contrarios a la dignidad
del cargo que ejercen los representantes del pueblo, cayendo en actos de
corrupción consistente en desviar o evadir las funciones y responsabilidades
propias del cargo […]».

13. Finalmente, respecto a las causales de destinación indebida de dineros
públicos establecidas en la jurisprudencia, destacó como aplicable al presente
caso la que hace referencia a la utilización de recursos para objetos, actividades
o propósitos que si bien están autorizados son diferentes a las finalidades que les
fueron asignadas.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

14. El 3 de febrero de 2025 el accionado presentó contestación7 de la solicitud
de decreto de pérdida de investidura y expuso los argumentos que se presentan
a continuación.

15. En primer término, señaló que no incurrió en la causal de indebida
destinación de dineros públicos prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley
617 de 2000.

16. Como punto de partida sostuvo que de acuerdo con la jurisprudencia de
esta corporación en el radicado No. 11001-03-15-000-2023 01705-01, la
configuración de la causal de pérdida de investidura invocada se presenta
cuando: a) se destinan dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados; b) se destinan dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales se encuentran asignados; c) se destinan
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por
la Constitución, la ley o los reglamentos; d) cuando se destinan dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos innecesarios o injustificados; e) cuando la

7 Cfr. Índice núm. 9 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.

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destinación de los dineros públicos tiene como finalidad obtener un incremento
patrimonial o de terceros; y f) cuando la destinación de los dineros públicos tiene
como finalidad derivar en un beneficio no necesariamente económico en favor del
servidor público o de terceros.

17. Con base en ello afirmó que no se configuraba la causal invocada de
pérdida de investidura toda vez que los recursos objeto de la demanda fueron
destinados bajo el mismo objeto relacionado con el funcionamiento de la entidad
y al rubro previamente asignado por la Resolución No. 84 de 2024.

18. Advirtió que estos recursos no fueron utilizados para obtener algún tipo de
beneficio o para destinarlos a actividades prohibidas o injustificadas. Por el
contrario, adujo que estos recursos se utilizaron para cubrir el valor de la adición
presupuestal de un contrato celebrado con un profesional en derecho encargado
de asesorar al Concejo Municipal de Acacías en su cuarto período de sesiones
ordinarias que iniciaba en el mes de noviembre de 2024.

19. En relación con los fundamentos fácticos enunciados el accionante adujo
que no se trasladaron recursos con destinación específica y que los aportes
correspondientes a pensiones, cesantías, cajas de compensación familiar,
sistema de riesgos laborales, ICBF y SENA causados durante la vigencia 2024
fueron pagados en su totalidad.

20. Señaló que, en gracia de la discusión, debería atenderse a lo dispuesto en
la sentencia de la Sección Primera de esta Corporación en el radicado No. 13001-
23 33-000-2016-01107-01 bajo la cual se determinó que la infracción de normas
disciplinarias no es una causa de la pérdida de investidura y que la incursión en
mora por el no pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales no
configura por sí misma la causal de indebida destinación de dineros públicos.

21. En línea con lo anterior destacó que en la mencionada providencia se indicó
lo siguiente:

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«Cabe advertir que el hecho de que se trate del traslado de una partida
presupuestal denominada “transferencia parafiscal” no significa que se trate
de recursos parafiscales sino que la partida se titula de esa manera por el
pago que la entidad debe efectuar por este concepto. En ese sentido, la
presidenta del concejo municipal, como ordenadora del gasto de la entidad,
debía distribuir el presupuesto de la corporación (como en efecto lo hizo) y,
posteriormente, podía efectuar el correspondiente traslado presupuestal de
una partida a otra, conducta que no se adecúa en uno de los elementos de la
indebida destinación de dineros públicos, esto es, destinar los dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.»

22. Sostuvo que la ejecución presupuestal y el acto administrativo mediante el
cual se reconocieron las cuentas por pagar y reservas presupuestales al cierre de
la vigencia 2024 no acreditan incumplimiento alguno en el reconocimiento o pago
de cesantías, intereses a las cesantías o aportes parafiscales, pues tales
obligaciones se hacen exigibles en la vigencia fiscal siguiente y, en todo caso, de
haberse debido alguno de estos conceptos podían haberse atendido con los
remanentes de otros rubros.

23. Finalmente, presentó como excepción de mérito la inexistencia de la causal
invocada en la medida que de los hechos propuestos por el accionante y los
fundamentos de derecho no se evidencia la configuración de la conducta
establecida en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

24. Con fundamento en todo lo anterior solicitó el rechazo de las pretensiones
de la solicitud de pérdida de investidura.

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

25. Mediante escrito del 11 de febrero de 2025 el Agente del Ministerio
Público presentó su intervención respecto de la acción de pérdida de investidura
invocada por el accionante8.

26. Señaló que el escrito de la demanda adolecía de un desconocimiento de la
normativa del presupuesto público, pues consideró que era un «contrasentido»
argumentar que las cuentas por pagar reconocidas por un acto administrativo y

8 Cfr. Índice núm. 13 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.

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las reservas presupuestales no disponen del correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal o su respectivo registro presupuestal.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

27. El Tribunal Administrativo del Meta en sentencia proferida el 29 de mayo de
20259, resolvió la controversia y decidió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR la petición de PÉRDIDA DE INVESTIDURA del
CONCEJAL YAN CARLOS CHAVARRO MUNÉVAR, por el periodo
constitucional 2024-2027 […]”.

28. Como fundamento de esta decisión el Tribunal a quo analizó cada uno de
los argumentos invocados por la parte demandada y concluyó que en el presente
caso no se encontraban probados los elementos para la configuración de la causal
de pérdida de investidura.

29. Como punto de partida, el Tribunal precisó que en atención a la naturaleza
sancionatoria del proceso de pérdida de investidura y al principio de congruencia,
no se pronunciaría sobre los supuestos de déficit presupuestal en las cesantías
de los servidores públicos de carrera del Concejo Municipal de Acacías, la
supuesta inexistencia de certificados presupuestales o el presunto
desconocimiento del principio de causación del gasto.

30. En este orden de ideas, argumentó que el estudio del caso debía ceñirse
estrictamente a los cargos formulados en la demanda, en particular, a la causal de
indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral 4 del artículo 48
de la Ley 617 de 2000.

31. Aclarado lo anterior, el Tribunal adujo que el problema jurídico consistía en
determinar si los recursos objeto del traslado presupuestal efectuado mediante la
Resolución 84 del 28 de octubre de 2024, tenían la naturaleza de rentas con
destinación específica en razón de su vinculación con aportes a la seguridad social
y parafiscales y, por ende, si su utilización para financiar la adición de un contrato

9 Cfr. Índice núm. 53 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.

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de prestación de servicios profesionales configuraba una indebida destinación de
dineros públicos.

32. Para resolver dicho problema, el Tribunal destacó que la jurisprudencia de
la Sección Primera del Consejo de Estado ha establecido que la causal de
indebida destinación de dineros públicos se configura cuando se cumplen los
siguientes elementos:

«Esta Sección ha identificado que, para que se configure la citada causal,
deben estar reunidos los siguientes requisitos: (i) Que se ostente la condición
de concejal. (ii) Que se esté frente a dineros públicos, es decir, que provengan
de una actividad económica del Estado. (iii) Que los dineros sean
indebidamente destinados, esto es, a finalidades y cometidos estatales
prohibidos o distintos a los previamente establecidos en la Constitución y la
ley»10.

33. Con fundamento en ello determinó que los dos primeros requisitos se
cumplían en la medida en que no estaba en discusión la calidad de concejal del
accionado ni la naturaleza pública de los recursos trasladados, dado que estos
hacían parte de los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal de Acacías.

34. Ahora bien, respecto al tercer requisito, el a quo advirtió que no todo
movimiento presupuestal constituye, por sí mismo, una destinación indebida de
los mismos. Argumentó que para determinar su configuración era necesario
verificar la naturaleza de los recursos, la competencia de la autoridad que ordena
el gasto y la finalidad a la cual se aplican.

35. Sobre este punto adujo que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección
Primera del Consejo de Estado11 la indebida destinación puede ocurrir en los
siguientes escenarios:

«- Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
• Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina
a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales
esos dineros se encuentran asignados.

10 Citó la Sentencia del 5 de mayo de 2023 de la Sección Primera del Consejo de Estado. Exp:

68001-23-33-000-2022-00351-01.
11 Citó la Sentencia del 15 de diciembre de 2023 de la Sección Primera del Consejo de Estado.

Exp: 760012333000202300563-01.

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Demandante: Esteban Rodríguez Valencia

• Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
• Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.
• Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.
• Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros»

36. Atendiendo la jurisprudencia, estableció que en el presente caso no estaba
acreditado el tercer requisito o presupuesto para la aplicación de la causal en
debate. Como sustento de su conclusión, afirmó que los recursos
correspondientes a contribuciones inherentes a la nómina hacen parte de los
gastos de funcionamiento del Concejo Municipal, específicamente de los gastos
de personal dentro del presupuesto. Además, precisó que dichos recursos
mientras no sean efectivamente transferidos a las instituciones del sistema de
seguridad social o a las entidades administradoras de parafiscales, no adquieren
la condición de recursos de la seguridad social, sino que conservan su carácter de
gastos de funcionamiento financiados con ingresos corrientes de libre destinación.

37. En razón de lo anterior, concluyó además que no resultaba aplicable al caso
la prohibición prevista en el inciso quinto del artículo 48 de la Constitución
Nacional, toda vez que dicha norma se refiere exclusivamente a los recursos que
ya integran el patrimonio de las instituciones del sistema de seguridad social y está
dirigida concretamente a las instituciones que administran dichos recursos.

38. Aclarado lo anterior, sostuvo que los presidentes de los concejos
municipales en su calidad de ordenadores del gasto se encuentran facultados para
efectuar traslados presupuestales internos dentro del presupuesto de gastos de
funcionamiento, siempre que tales movimientos no alteren las disposiciones sobre
el monto global del presupuesto ni recaigan sobre rentas de destinación
específica, situación que no ocurrió en el presente caso.

39. Concluyó que el movimiento presupuestal no estuvo encaminado a sufragar
un propósito no autorizado, o que estando autorizado, fuera diferente a aquel para
el cual estaba previamente asignado. Por el contrario, indicó que dicho movimiento

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se realizó con el propósito de cubrir un faltante de recursos para poder culminar la
ejecución del contrato de prestación de servicios No. 16 del 14 de junio de 2024.

40. Así las cosas, advirtió que no resultaban procedentes los argumentos
invocados por el accionante como sustento de la causal de pérdida de investidura,
en tanto se acreditó que el accionado no traicionó, cambió o distorsionó los fines
estatales en la destinación de los recursos trasladados.

V. RECURSO DE APELACIÓN

41. El accionante12 y el Ministerio Público13 interpusieron y sustentaron
oportunamente los recursos de apelación contra la sentencia proferida en primera
instancia. Los argumentos de dichos recursos se exponen a continuación.

5.1. Recurso de apelación de la parte demandante

42. El accionante solicitó la revocatoria de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta y, en su lugar, que se declare la pérdida de investidura del
concejal Yan Carlos Chavarro Munévar.

43. Sostuvo que la decisión desconoció los elementos estructurales de la
causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral 4 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, así como el alcance que dicha causal ha recibido
en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

44. Como primer argumento afirmó que el Tribunal incurrió en un defecto
sustantivo por interpretación, al no considerar que los recursos de las cesantías,
pensiones, cajas de compensación, administradoras de riesgos laborales y
aportes al ICBF constituían transferencias con destinación específica.

45. Indicó que mediante la Resolución No. 84 del 28 de octubre de 2024,
expedida por el accionado en su calidad de presidente del Concejo Municipal de

12 Cfr. Índice núm. 59 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.
13 Cfr. Índice núm. 60 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.

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Acacías, se ordenó un traslado presupuestal que implicó un cambio no autorizado
en la destinación de dichos recursos, los cuales fueron indebidamente aplicados
al pago de los gastos de un contrato de prestación de servicios, pese a contar con
una finalidad específica previamente definida.

46. A su juicio, con esa actuación se desconoció lo dispuesto en el inciso 3° del
parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 617 de 2000, norma que establece que las
rentas de transferencias con destinación específica están protegidas en los
siguientes términos:

«no se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos de: I) la
participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación de
forzosa inversión; II) los ingresos percibidos en favor de terceros que, por
mandato legal o convencional, las entidades territoriales, estén encargadas
de administrar, recaudar o ejecutar; III) los recursos del balance, conformados
por los saldos de apropiación financiados con recursos de destinación
específica; IV) los recursos de cofinanciación; V) las regalías y
compensaciones; VI) las operaciones de crédito público, salvo las
excepciones que se establezcan en las leyes especiales sobre la materia; VII)
la sobretasa al ACPM; VIII) otros aportes y transferencias con destinación
específica o de carácter transitorio; y IX) los rendimientos financieros
producto de rentas de destinación específica».

47. Agregó que las partidas asociadas a las contribuciones inherentes a la
nómina “no solo son legalmente específicas en su destinación, sino que están
funcionalmente diseñadas para proteger derechos fundamentales, en especial, los
derechos laborales de los funcionarios públicos”.

48. Con fundamento en lo anterior, argumentó que el elemento objetivo de la
causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando se vulnera
el principio de especialidad en el gasto y se emplean recursos con un destino
específico y prioritario de acuerdo con la Constitución, la ley o el reglamento
presupuestal –aún si los recursos son utilizados para un propósito alternativo
válido–.

49. Como segundo reparo, advirtió que la sentencia de primera instancia
incurrió en indebida motivación al haber sustentado su decisión en una sentencia

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Demandante: Esteban Rodríguez Valencia

del Consejo de Estado que difería jurídica y fácticamente de las condiciones del
presente caso14.

50. Precisó que en la sentencia citada por el a quo se concluyó que el traslado
presupuestal de recursos destinados a pagar los honorarios de los concejales –
los cuales también forman parte de los gastos de funcionamiento– no resultaba
equiparable a la utilización de recursos que se destinan al pago de las
prestaciones sociales de los servidores públicos con derechos de carrera
administrativa.

51. No obstante lo anterior, destacó que lo que sí resultaría aplicable al caso es
que en la sentencia citada por el Tribunal se reconoció que no es viable realizar
traslados presupuestales sobre rentas con destinación específica.

52. Como tercer reparo cuestionó que el Tribunal hubiera omitido valorar las
pruebas relacionadas con el impacto presupuestal del traslado, al considerar que
dicho análisis no hacía parte del objeto del debate y que de su examen podía
afectar el principio de congruencia de la sentencia.

53. En este punto afirmó que el impacto presupuestal es una consecuencia
directa e inescindible del acto acusado y de la causal invocada, razón por la cual
debía ser examinada en el marco del juicio de pérdida de investidura.

54. Por otra parte, sostuvo que el déficit presupuestal evidenciado al cierre de
la vigencia fiscal 2024 constituye un elemento relevante para demostrar la
desviación en la destinación de los recursos, aspecto que —según indicó— fue
minimizado o pasado por alto por el Tribunal, pese a encontrarse acreditado con
prueba documental y testimonial obrante en el expediente.

55. Finalmente, adujo que se configuró el elemento subjetivo de la conducta en
la modalidad de dolo, en la medida en que el concejal accionado, con formación

14 Concretamente, se refirió a las citas del Tribunal sobre la sentencia del 1° de junio 2023, Consejo

de Estado, Sección Primera. Exp: radicado: 68001-23-33-000-2023-00008-01. C.P. Hernando
Sánchez Sánchez.

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profesional en derecho, decidió de manera consciente ordenar el traslado de los
recursos sin la justificación técnica exigida por las normas que regulan la ejecución
del presupuesto público y sin contar con un certificado de disponibilidad
presupuestal, pese de las advertencias formuladas por el contador del Concejo
Municipal sobre la improcedencia de la operación.

56. En línea con lo anterior, reprochó que el Tribunal hubiera subestimado los
efectos del acto sobre el presupuesto, pues en el proceso se acreditó que la
decisión del Concejal: i) afectó el rubro de cesantías; ii) agotó las reservas
presupuestales de ese concepto; iii) dejó a dos funcionarias sin cobertura
presupuestal de sus cesantías y obligó a la utilización de recursos de la siguiente
vigencia fiscal.

5.2. Recurso de apelación del Ministerio Público

57. La Sala precisa que el Ministerio Público cambió la posición que
inicialmente manifestó en el concepto allegado el 11 de febrero de 2025, e
inconforme con los planteamientos realizados por el Tribunal solicitó la revocatoria
integral de la sentencia que negó la pérdida de investidura del concejal accionado.

58. Afirmó que en el presente caso sí se encontraba probado que el concejal
accionado, en su calidad de presidente del Concejo en 2024, habría desviado
recursos destinados a obligaciones laborales de carácter legal para financiar un
contrato de servicios profesionales.

59. Como fundamento de esta consideración argumentó, en primer lugar, que
durante el proceso se acreditó que el movimiento presupuestal realizado por el
accionado no contó con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
exigido normativamente para asegurar que los recursos estuvieran libres de
afectación. En la misma línea destacó que con esa transacción se habría
desconocido de forma dolosa el orden de prioridad de gasto, en la medida en que
los sueldos y prestaciones sociales tienen prioridad sobre los demás gastos
generales.

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60. En segundo lugar, expuso que en el presente caso la conducta del concejal
accionado no constituyó un simple error administrativo, sino una actuación con
culpa grave. Sobre este punto destacó que, de acuerdo con lo manifestado por el
contador del Concejo Municipal en su testimonio, se probó que muy a pesar de
que se le advirtió expresamente al accionado que el rubro de cesantías quedaría
deficitario después de la operación de contracrédito, este último decidió
voluntariamente continuar con la operación.

61. Asimismo, consideró que debía tenerse en cuenta para la valoración de la
conducta el hecho de que el accionado, además de haber sido ordenador del
gasto, ostentaba la profesión de abogado, por lo que le resultaba exigible un
conocimiento mínimo de las reglas de priorización del gasto público.

62. En igual sentido, destacó que el traslado presupuestal ordenado por el
concejal accionado afectó recursos destinados al pago de cesantías de los
servidores públicos del Concejo Municipal, lo que generó un déficit presupuestal
al cierre de la vigencia fiscal 2024. En razón de ello, concluyó que este hecho
demostraba claramente el cambio de destinación de los recursos públicos, en
tanto se comprometieron rentas con destinación específica para atender gastos
distintos a aquellos para los cuales fueron previstos.

63. Advirtió que el Tribunal restó relevancia a dicho déficit bajo una
interpretación restrictiva del objeto del litigio y del principio de congruencia, lo que
derivó en una lectura incompleta de la causal invocada y en la exclusión
injustificada de pruebas relevantes. Además, indicó que el traslado presupuestal
fue efectuado de manera unilateral por el presidente del Concejo, sin observar los
principios y reglas que gobiernan el sistema presupuestal, tales como la necesidad
de contar con respaldo técnico y disponibilidad de recursos.

64. Igualmente, sostuvo que el traslado de recursos no podía entenderse como
un movimiento interno del presupuesto, en la medida en que no estuvo precedido
de certificado de traslado presupuestal, de conformidad con lo establecido en la
Resolución No. 084 de 2024. A su juicio, dicha omisión impidió garantizar que el
rubro contracreditado no fuera necesario para atender obligaciones causadas

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dentro de la vigencia fiscal, circunstancia que terminó afectando la vigencia
siguiente, lo que refuerza la indebida destinación de los recursos.

VI. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

65. Mediante auto de 21 de junio de 202515 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por la parte actora y el Ministerio Público, y se ordenó el
traslado según lo previsto en el numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de
enero de 201816.

66. El traslado del recurso de apelación fue descorrido así:

67. El concejal accionado solicitó que la sentencia de primera instancia sea
confirmada integralmente en todos sus apartes. Indicó que conforme al precedente
de la Sección Primera citado por el Tribunal con radicado No.
76001233300202300563-1, los dineros que conformen los gastos de
funcionamiento son financiados por ingresos corrientes de libre destinación y
pueden ser utilizados sin que se genere una infracción al artículo 48 de la
Constitución Política.

68. Sostuvo que, para que se reconozca que los recursos pertenecen al régimen
de seguridad social primero deben ser trasladados al sistema, ergo mientras no
hayan sido trasladados mantendrán su naturaleza de gastos de funcionamiento a
cargo del Concejo.

69. Frente a la apelación del demandante, afirmó que los argumentos
presentados corresponden a apreciaciones subjetivas sin sustento jurídico ni
jurisprudencial. Además, advirtió que los argumentos propuestos en el recurso no
deben ser atendidos toda vez que se basan en los planteamientos del Ministerio
Público que no fueron puestos en conocimiento desde la demanda inicial.

15 Cfr. Índice núm. 4 del expediente digital, Samai.
16 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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70. Concluyó que aún si se llegarán a aceptar los planteamientos de los
recursos, no se observa que en el presente caso se encuentre probado el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.

71. En relación con la apelación de la Procuraduría Judicial, sostuvo que la
agente del Ministerio Público se extralimitó al intentar adecuar y organizar los
fundamentos de la demanda y sustituir las cargas de la parte demandante.

72. Adujo que desde la vinculación del Ministerio Público se ha actuado de forma
parcializada para adecuar la demanda inicial. En particular, argumentó que esta
entidad ha asumido como ciertas las manifestaciones del demandado y ha
procurado corregir la equivocación de la parte demandante que enfocó su solicitud
respecto al traslado de recursos con destinación específica.

73. Reiteró que no se encuentra probado el elemento objetivo de la causal, pues
los recursos trasladados no pertenecen a instituciones del sistema de seguridad
social y además se encuentran financiados por ingresos corrientes de libre
destinación.

74. Finalmente, invocó algunos precedentes de la Sección Primera de esta
Corporación relacionados con la interpretación restrictiva de las causales de
pérdida de investidura y expuso que en el ordenamiento no se ha establecido
como causal de dicha sanción la infracción de normas disciplinarias17.

75. En consecuencia, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y negar
los cargos presentados en los recursos de apelación.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

17 El accionado hizo referencia a las sentencias del Consejo de Estado proferidas bajo los
radicados No. 13001-23-33-000-2016-01107-01, 47001-2333-000-2021-00403-01, 13001-23-33-
000-2016-01107-01 y 13001-23-33-000-2016- 01107-01.

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76. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 15018 del CPACA, el parágrafo 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 9 de octubre 200019 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de
12 de marzo de 201920, sobre distribución de los procesos entre las secciones del
Consejo de Estado.

7.2. Del cargo de defecto sustantivo por interpretación

77. La parte accionante sostuvo que el Tribunal había realizado una incorrecta
interpretación del alcance de la indebida destinación de dineros públicos, en la
medida en que los recursos contracreditados por el accionado no solo contarían
con una destinación específica sino que además estaban funcionalmente
destinados para la protección de derechos laborales de los funcionarios públicos.

78. Al respecto, la Sala advierte que dicho argumento no está llamado a
prosperar. Lo anterior toda vez que contrario a lo señalado por el accionante, se
encuentra suficientemente acreditado que los recursos objeto de la operación de
contracrédito no correspondían a dineros con destinación especifica, sino que
hacían parte del presupuesto de libre destinación.

79. En efecto, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 617 de 2000, los gastos de
funcionamiento de las entidades territoriales –incluidos los concejos municipales–
deben financiarse con ingresos corrientes de libre destinación, en los siguientes
términos:

«ARTÍCULO 3- Financiación de gastos de funcionamiento de las
entidades territoriales. Los gastos de funcionamiento de las entidades
territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación,
de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones

18 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las

sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
19 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de
Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera
instancia los Tribunales Administrativos.
20 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de

2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

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corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional; y financiar, al menos
parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas» (Subrayado de la
Sala)

80. En el caso del Concejo Municipal de Acacías, de conformidad con la
Resolución No. 03 del 9 de enero de 202421 “por medio del cual se liquida el
presupuesto de rentas, recursos de capital, y gastos del concejo municipal de
Acacías para la vigencia 2024, y se detallan los ingresos, las apropiaciones y se
clasifican y definen los gastos”, los gastos de funcionamiento de la vigencia del
2024 se estructuraban a partir siguientes líneas presupuestales:

«DEFINICIÓN DE LOS GASTOS
ARTICULO 16. DEFINICION DE LOS CONCEPTOS DE GASTOS. Los
gastos comprenden a todas las apropiaciones correspondientes con pagos u
obligaciones de hacer pagos que tienen los órganos del PGM. De acuerdo con
el EOP (Decreto 111 de 1996), de acuerdo con el artículo 37 del Estatuto
Orgánico de Presupuesto Municipal — Acuerdo No. 596 de 2022, los gastos
se clasifican así: Gastos de funcionamiento, Servicio de la deuda e Inversión.

[…]

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: son aquellos que tienen por Objeto
atender las necesidades de los órganos para Cumplir a la cabalidad con las
funciones asignadas en la Constitución y la Ley y se clasifican según el Objeto
del gasto.
• Gastos de personal
• Adquisición de bienes y servicios
• Transferencias corrientes
• Transferencias de capital
• Gastos de comercialización y producción
• Adquisición de activos financieros
• Disminución de pasivos
• Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora» (Subrayado
de la Sala)

81. Dentro de esa estructura presupuestal, la misma resolución dispuso que el
presupuesto correspondiente a línea de “Gastos de personal” incluía las
asignaciones dirigidas al pago de salarios, prestaciones sociales y demás
contribuciones inherentes a la nómina como se observa en la siguiente imagen22:

21 Cfr. Índice núm. 2 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.
22 Cfr. Índice núm. 2 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.

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82. Adicionalmente, el acto administrativo mencionado también precisó de
manera expresa los rubros que integran los gastos de personal en los siguientes
términos:

«1.1. GASTOS DE PERSONAL: Corresponden a los compromisos asociados
con las personas naturales que están vinculadas laboralmente con las
Entidades Territoriales y Sus Descentralizadas. (Ver el Manual de
Clasificación Presupuestal).
1.1.1. Planta de personal permanente: Es el conjunto de cargos creados
para cumplir con los objetivos y funciones de la entidad o con actividades que
hacen parte del giro ordinario y cuya duración permanece en el tiempo.
1.1.2. Factores constitutivos de salario: Es un conjunto de conceptos,
agrupados entre factores salariales comunes y factores salariales especiales
entre ellos tenemos: Sueldo básico, Prima técnica salarial, Subsidio de
alimentación, Auxilio de transporte, Prima de servicio, Bonificación por
servicios prestados, Horas extras, dominicales, festivos y recargos. Prima de
navidad, Prima de vacaciones, Prima semestral, Primas extraordinarias,
Prima de antigüedad, entre otros.
1.1.3. Contribuciones inherentes a la nómina: Son las erogaciones que
legalmente debe realizar la entidad pública, en su función de empleadora a
entidades públicas y privadas, derivadas de los pagos salariales mensuales
que conforman el denominado ingreso base de cotización de los aportes
parafiscales. Entre ellos se encuentran: Los Aportes a la seguridad social en
pensiones, Aportes a la seguridad social en salud, Aportes de cesantías,
Aportes a cajas de compensación familiar, Aportes generales al sistema de

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riesgos laborales, Aportes al ICBF. Aportes al SENA, Aportes a la ESAP.
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos, entre Otros» (Subrayado
de la Sala)

83. Por su parte, se evidencia que la operación de contracrédito cuestionada
recayó sobre los siguientes rubros presupuestales23:

84. Considerando lo anterior, la Sala observa que los recursos utilizados en la
operación de contracrédito y que son objeto de la presente acción hacían parte de
la línea de gastos de personal, la cual a su vez integra el capítulo de gastos de
funcionamiento del Concejo Municipal de Acacías. En consecuencia, no cabe
duda de que dichos recursos estaban financiados por ingresos corrientes de libre
destinación, conforme a la estructura presupuestal de la vigencia del 2024.

23 Cfr. Índice núm. 2 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.

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85. Por lo tanto, no se advierte que los rubros afectados por el movimiento
presupuestal cuestionado estuvieran calificados como rentas con destinación
específica ni que se encontraran exentos del régimen general dispuesto para los
gastos de funcionamiento de las entidades territoriales. Por el contrario, la Sala
considera que se trata de asignaciones que, con independencia de que estaban
asignados inicialmente para sustentar algunas obligaciones laborales,
corresponden a gastos financiados con ingresos de libre destinación dentro del
presupuesto del Concejo Municipal de Acacías

86. Así las cosas, la Sala comparte lo señalado por el a quo en cuanto a que no
se observa una restricción jurídica que impidiera la realización de la operación de
contracrédito, por cuanto los recursos utilizados no estaban amparados por
destinación específica que le impidiera al concejal accionado realizar el
movimiento presupuestal.

87. Ahora bien, el accionante afirmó que los recursos asignados a las
prestaciones sociales de los funcionarios de carrera constituyen transferencias
legalmente especificas en su destinación y que, en consecuencia, se encuentran
excluidas de cualquier traslado con fundamento en el inciso 3 del parágrafo 1 del
artículo 3 de la ley 617 de 2000. Sin embargo, omitió identificar la disposición
constitucional, legal o reglamentaria que, en el marco del sistema presupuestal,
señala que estos gastos son financiados con rentas de destinación específica o
que constituyen una excepción en el financiamiento de los mismos.

88. Si bien la Sala reconoce la especial protección de las obligaciones laborales
y la importancia del pago oportuno de las contribuciones inherentes a la nómina,
ello no implica que los recursos que se tengan para atender dichas obligaciones
adquieran automáticamente la condición de rentas con destinación específica
dentro del presupuesto. En efecto, la protección normativa se predica de la
obligación de la entidad empleadora y las posibles consecuencias jurídicas
derivadas de su incumplimiento, más no se trata de una transformación de la
naturaleza presupuestal de los ingresos con los que se financian tales gastos.

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89. En ese orden de ideas, no se evidencia que en el presente caso se haya
acreditado la existencia de una disposición normativa que modificara la naturaleza
de los ingresos corrientes de libre destinación solo por estar estos asignados al
pago de prestaciones sociales.

90. Por todo lo anterior, la Sala considera que el presente cargo no está llamado
a prosperar.

7.3. Del cargo de indebida motivación

91. La parte accionante sostuvo que el Tribunal había incurrido en una indebida
motivación por haber citado la sentencia del 1 de junio de 2023 con radicado No.
68001-23-33-000-2023-00008-01 proferida por esta Corporación, al considerar
que dicha providencia resolvía un asunto con supuestos fácticos y jurídicos
sustancialmente diferentes a los que son objeto de estudio en el presente caso.

92. En particular, señaló que la providencia citada se refería a traslados
presupuestales del rubro de los honorarios de los concejales, los cuales no están
reconocidos constitucional ni legalmente como rentas con destinación específica
y que, por tanto, no pueden ser equiparados a las obligaciones laborales propias
de la nómina de los servidores públicos de carrera administrativa que era el
supuesto del caso sub judice.

93. Asimismo, puso de presente que en la providencia citada por el a quo se
señaló expresamente que los traslados presupuestales no pueden recaer sobre
rentas con destinación específica, aun cuando se trate de movimientos internos
dentro del capítulo de gastos de funcionamiento.

94. Sobre el particular, la Sala considera que el cargo invocado tampoco está
llamado a prosperar. En criterio de esta Sección, la providencia citada por el
Tribunal sí contiene planteamientos jurídicos que pueden ser válidamente
utilizados como referente para la adopción de una decisión en el caso objeto de
análisis, sin que ello suponga desconocer que el asunto allí resuelto presente
diferencias fácticas.

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95. En efecto, en la providencia del 1 de junio de 2023 esta Sección24 evaluó un
traslado presupuestal efectuado dentro del capítulo de gastos de funcionamiento
–financiado igualmente por ingresos corrientes de libre destinación– y determinó
que dicho movimiento no configura por sí mismo la causal de indebida destinación
de dineros públicos:

«80. La Sala considera que no se configura la causal de indebida destinación
de dineros públicos prevista en el numeral 3.° del artículo 55 de la Ley 136 y
en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, toda vez que no se demostró
que el Concejal destinó indebidamente los recursos públicos, en la medida
que conforme los marcos normativos y jurisprudenciales citados supra, los
movimientos presupuestales realizados corresponden a los autorizados por el
Estatuto Orgánico de Presupuesto.

81. Lo anterior, por cuanto fueron realizados por el Concejal, en su condición
de Presidente del Concejo Municipal y ordenador del gasto, autoridad
competente, quien atendió las apropiaciones incorporadas en la sección “[…]
Concejo Municipal […]” del presupuesto, con los rubros de los gastos de
funcionamiento del Concejo Municipal que se financian con ingresos
corrientes de libre destinación y se excluyen de las rentas con destinación
específica, sin alterar el monto del presupuesto de funcionamiento, pues solo
representó cambios en el decreto de liquidación del presupuesto.

82. En ese orden, se reitera que con fundamento en el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, a los concejos municipales les corresponde expedir anualmente
su presupuesto, el cual puede tener modificaciones como parte de ejecución
del mismo, tales como los traslados presupuestales».

96. Bajo ese contexto, la Sala no considera inválido que el a quo haya utilizado
esa providencia como criterio interpretativo para adoptar su decisión. En efecto,
como se explicó en el acápite anterior, en el presente caso tampoco se acreditó
que los recursos objeto de la operación de contracrédito correspondieran a rentas
con destinación específica. Por el contrario, se demostró que esos recursos hacían
parte del capítulo de gastos de funcionamiento del Concejo Municipal, los cuales
también están financiados por ingresos corrientes de libre destinación.

97. Ahora bien, respecto a los demás argumentos relacionados con el eventual
déficit presupuestal, la Sala considera que estos no configuran el planteamiento

24 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 1 de junio de 2023. Exp: radicado: 68001-

23-33-000-2023-00008-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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de indebida motivación, sino que corresponden a aspectos que se evaluarán en el
siguiente numeral.

7.4. Del cargo de falta de valoración de pruebas y el principio de congruencia

98. La parte accionante y el Ministerio Público cuestionaron que en la decisión
de primera instancia se realizó una indebida valoración probatoria, dado que el
Tribunal omitió el análisis de las pruebas relacionadas con el impacto presupuestal
y el déficit fiscal generado por la operación cuestionada. En particular, señalaron
que en el escrito de su demanda se hizo referencia a que los rubros de las
cesantías, pensiones y parafiscales habrían quedado sin soporte presupuestal,
razón por la cual se imponía el deber de un pronunciamiento expreso al a quo, sin
que ello implicara una vulneración al principio de congruencia de la sentencia.

99. Por su parte, el Ministerio Público reprochó que el Tribunal haya omitido la
valoración de las pruebas que demostraban que en el traslado objeto de la
controversia no se expidió certificado de disponibilidad de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 82 del Decreto 111 de 1996, bajo el argumento de que
dicho aspecto no fue mencionado en la demanda.

100. Al respecto, la Sala advierte que, si bien es cierto que en el escrito de
demanda el accionante aludió sumariamente al eventual agotamiento de recursos
en determinados rubros presupuestales como consecuencia de la operación de
traslado cuestionada, dicha alusión no implica que el impacto fiscal se vuelva un
elemento determinante para el análisis del elemento objetivo de la causal de
indebida destinación de dineros públicos.

101. En efecto, se debe precisar que el juicio sobre la configuración de la causal
de pérdida de investidura no se define a partir de las consecuencias
presupuestales que eventualmente puedan derivarse de una operación
presupuestal o de alguna irregularidad como puede ser la generación de un déficit
fiscal dentro de esta, sino de la verificación de si existía una limitación jurídica a la
facultad del ordenador del gasto para destinar los recursos públicos objeto de la
presente controversia y si dicha limitación fue o no transgredida.

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102. Desde esta perspectiva, resulta jurídicamente acertado que el Tribunal haya
excluido del análisis probatorio las pruebas orientadas a demostrar un supuesto
déficit presupuestal, no por una indebida aplicación del principio de congruencia,
sino porque dicha circunstancia no hace parte del elemento objetivo que configura
la conducta endilgada y que debe ser verificado por el operador judicial.

103. La Sala precisa que las eventuales consecuencias presupuestales de la
operación cuestionada pueden ser útiles para ilustrar sobre el contexto fáctico
objeto de la controversia, sin que ello implique que deban ser objeto de un
pronunciamiento específico dentro del análisis de los elementos configurativos de
la causal de pérdida de investidura.

104. En consecuencia, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

105. Sin perjuicio de la conclusión anterior, la Sala coincide con lo señalado por
el Tribunal en cuanto a que las consecuencias presupuestales alegadas y las
diversas irregularidades en el manejo de los recursos por parte el accionado -como
la ausencia de certificado de disponibilidad para realizar el traslado presupuestal–
, aun cuando no resulten determinantes en el presente juicio de pérdida de
investidura, sí pueden ser relevantes en el marco de otros regímenes de
responsabilidad disciplinaria y fiscal.

106. Por lo tanto, en la presente providencia se ordenará remitir nuevamente
copias del expediente a la Procuraduría Regional del Meta y a la Contraloría
Departamental del Meta para que se evalúe, en el ámbito de sus competencias, si
las actuaciones de Yan Carlos Chavarro Munévar dan lugar a eventuales
responsabilidades de carácter disciplinario o fiscal.

7.5. Del análisis de la causal de pérdida de investidura endilgada

107. En los recursos de alzada la parte accionante y el Ministerio Público
insistieron en invocar la configuración de la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos, con argumentos relacionados con la

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gravedad de la conducta y el impacto en el presupuesto de la entidad que se
habría generado con ocasión a la operación de contracrédito del capital asignado
para atender de obligaciones inherentes a la nómina.

108. Con miras a resolver este cargo de impugnación, la Sala pasará a revisar
si en el presente asunto se encuentran configurados los elementos objetivo y
subjetivo de la causal y en esa medida, si hay lugar a acceder a la pérdida de
investidura del convocado.

7.5.1. Del elemento objetivo

109. La indebida destinación de dineros públicos como causal de la pérdida de
investidura de los concejales se encuentra prevista en el numeral 4° del artículo
48 de la Ley 617 de 2000 y en el numeral 3° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994:

«Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de
juntas administradoras locales perderán su investidura:

[…]

4. Por indebida destinación de dineros públicos» (Subrayas de la Sala).

«Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán
su investidura por:

[…]

3. Por indebida destinación de dineros públicos.» (Subrayas de la Sala).

110. Respecto a su configuración objetiva de esta causal, esta Corporación25 ha
sostenido que el operador judicial debe acreditar tres presupuestos:

«La configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura sub examine
requiere la prueba de tres elementos, a saber: i) que se ostente la condición
de miembro de corporación pública de elección popular; ii) que se esté frente
a dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente
destinados»

25 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 10 de octubre de 2022. Expediente número:

680012333000202200333-01(PI). Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.

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111. En cuanto al primer presupuesto, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que no es indispensable que el sujeto activo ostente la calidad de
ordenador del gasto, pues lo relevante es que, en ejercicio de sus competencias,
adelante actuaciones encaminadas a modificar la destinación de los recursos
públicos:

«En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la
condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar,
defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los
bienes del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena
ha señalado que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin.
La Sentencia del 1 de noviembre de 2005 señaló: “Para la configuración de la
causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del
artículo 183 de la Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del
artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos
como son la conducta y el fin»26.

112. Respecto del segundo presupuesto, esta Corporación ha advertido que los
“dineros públicos” deben ser entendidos de forma general como todos aquellos
recursos públicos que administra el Estado27, sin restringirse a una noción
estrictamente monetaria28:

«Como quedó visto, sobre la alocución «dinero público» que hace parte
integral de la descripción típica que contiene el artículo 183 numeral 4 de la
Constitución Política, refiriéndose a las causales de pérdida de investidura de
los congresistas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha concluido que el
aspecto relevante, objeto de demostración probatoria, es el uso indebido que
se haga de dichos recursos.

La Sala considera, entonces, que los dineros públicos, es decir, el caudal del
Estado conformado por los impuestos, las tasas, las contribuciones y los
recursos del capital, deben cumplir la destinación prevista en el respectivo
Presupuesto, de suerte que se haga efectivo el mandato del artículo 345 de
la Constitución Política.

En todo caso, se ha adoptado una postura interpretativa del concepto jurídico
de dineros públicos que permite, dentro de la vocación constitucional, hacer

26 Consejo de Estado. Sentencia del 6 de mayo de 2014. Expediente número: 11001-03-15-000-

2013-00865-00(PI). Consejero ponente: Enrique Gil Botero
27 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 10 de octubre de 2022. Expediente número:

68001-23-33-000-2022-00333-01. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. “Para efectos
de la causal de pérdida de investidura, la expresión “dinero público” se debe entender como
aquellos recursos públicos que administra el Estado”.
28 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de marzo de

2017. Expediente número: 11001-03-15-000-2015-00111-00(PI). Consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.

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efectivas las acciones e instituciones que buscan imprimirle transparencia a la
actividad pública.

En efecto, con la consideración del concepto «dineros públicos» restringida al
tema monetario, únicamente los ordenadores del gasto podrían ser requeridos
por su destinación indebida, es decir, se trataría de una norma que hasta 1994
habría estado destinada exclusivamente a la perdida de investidura de los
miembros de las Mesas Directivas de la Cámara y del Senado. Según el
artículo 91 de la Ley 38 de 1989 «En el Congreso Nacional la facultad de
ordenar los gastos la ejercerán por separado las mesas directivas de cada
Cámara».

Esta norma fue subrogada por la Ley 174 de 1994 y compilada en el Decreto
Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, artículo 110, en el que se
dispone que las facultades de ordenación del gasto «estarán en cabeza del
jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo»
y que se ejercerán de manera independiente por el Senado y la Cámara de
Representantes.

En síntesis, habrá de concluirse que los recursos recaudados del público por
los canales de las autoridades fiscales del Estado ingresan como dinero en
sentido amplio y se transforman en recursos públicos cuando son
administrados por aquellos servidores que señale la ley o el reglamento,
según el caso».

113. Finalmente, en relación con el tercer presupuesto, esta Corporación ha
aclarado que la conducta de indebida destinación de dineros públicos se configura
en cualquiera de los siguientes escenarios:

«i) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados.

ii) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero
diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados.

iii) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

iv) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros.

vi) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros»29.

29Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 4 de septiembre de 2014. Expediente
número: 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI). Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala. Cfr.
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Expediente número:
13001-23-33-000-2016-01107-01(PI). Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.

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114. En todos estos eventos se ha entendido que el servidor miembro de la
corporación pública, en ejercicio de las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en
la Constitución, la ley o el reglamento30, lo que da lugar al reproche que sustenta
la pérdida de su investidura.

115. Hechas las anteriores precisiones sobre el análisis objetivo de la conducta,
la Sala advierte que en el presente caso no se acreditó la totalidad de los
presupuestos del elemento objetivo para que se configure la causal de indebida
destinación de dineros públicos.

116. En relación con los primeros presupuestos, la Sala considera que en el
asunto bajo examen no existe controversia respecto de la condición de concejal
del accionado ni frente a la naturaleza pública de los recursos involucrados. Por lo
tanto, la discusión está centrada en el tercer presupuesto, esto es, en determinar
si el traslado de los recursos realizado por el accionado podría constituir una
indebida destinación de dineros.

117. Como punto de partida, la Sala considera necesario precisar que el
accionado, en su condición de presidente del Concejo Municipal, contaba con
facultades legales y reglamentarias para disponer del presupuesto como
ordenador del gasto de dicha corporación.

118. Conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, los
presidentes de los Concejos Municipales tienen la competencia para comprometer
y disponer de los recursos de la entidad colegiada en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 110. Los órganos que son una sección en el Presupuesto
General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a
nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que
constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política
y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien
podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y
serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto

30Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 4 de septiembre de 2014. Expediente
número: 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI). Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala. Cfr.

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general de contratación de la administración pública y en las disposiciones
legales vigentes» (Subrayado de la Sala).

119. Dichas competencias se encuentran igualmente previstas para el caso del
Concejo Municipal de Acacías en el artículo 41 del Acuerdo 427 del 9 de diciembre
de 2016, como se observa a continuación:

«ARTÍCULO 41º.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Al Presidente le
corresponderá: […] 25. Actuar como ordenador de gasto del presupuesto de
la Corporación, con sujeción a la ley orgánica del presupuesto. 26. Celebrar a
nombre de la Corporación los contratos legalmente autorizados, con
observancia de las normas contenidas en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública».

120. A su vez, mediante la Resolución No. 03 del 8 de enero de 2024, “por medio
del cual se liquida el presupuesto de rentas, recursos de capital, y gastos del
concejo municipal de Acacías para la vigencia 2024, y se detallan los ingresos, las
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” expedida por el Concejo
Municipal de Acacías, se dispuso expresamente que el recaudo de las rentas y el
pago de los compromisos se realizarían bajo la dirección del ordenador del gasto:

«ARTICULO 4: Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal.
El recaudo de las rentas y el pago de compromisos y obligaciones se
realizarán bajo el mandato y responsabilidad del ordenador del gasto».

121. En consecuencia, a partir del marco normativo descrito, la Sala concluye
que el presidente del Concejo Municipal no actuó por fuera del ámbito de sus
competencias legales como ordenador del gasto y que se encontraba habilitado
para realizar asignaciones, apropiaciones y traslados en el presupuesto, en los
términos previstos por el ordenamiento jurídico31.

122. Así las cosas, descartada la existencia de una limitación estructural o
asociada a las competencias personales del accionado como presidente del
Concejo Municipal, corresponde examinar si los recursos objetos del traslado
tenían una limitación jurídica expresa que restringiera su destinación y, con ello,
el ejercicio de las facultades de disposición del ordenador del gasto del Concejo
Municipal de Acacías.

31 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 1 de junio de 2023. Expediente número:

68001-23-33-000-2023-00008-01 (PI). Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.

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123. En ese contexto, la Sala advierte que en el expediente no se acreditó la
existencia de una prohibición legal o reglamentaria expresa que calificara los
recursos objeto de la operación cuestionada como rentas con destinación
específica o que les impusiera una restricción particular para su movilización
dentro del presupuesto.

124. Por el contrario, como se explicó en el numeral 7.2. de la presente
providencia, se encuentra demostrado que los recursos trasladados, aun cuando
estaban dirigidos a atender obligaciones laborales, hacían parte del capítulo de
gastos de funcionamiento financiados por ingresos de libre destinación. Sobre este
punto la Sala reitera que la sola circunstancia de que tales recursos hubieran sido
distribuidos al inicio de la vigencia fiscal para el pago de prestaciones sociales no
implica, por sí misma, que se hayan transformado en rentas con destinación
específica ni que se haya limitado la facultad del ordenador del gasto para disponer
de ellas como ingresos de libre destinación.

125. Ahora bien, es importante precisar que, contrario a la interpretación
propuesta por el accionante, la asignación inicial de recursos a determinados
rubros en las resoluciones de liquidación presupuestal que expiden las entidades
al inicio de cada vigencia fiscal no constituye necesariamente una regla
inmodificable ni una “camisa de fuerza” durante la ejecución del presupuesto32.
Tales actos no tienen por objeto restringir la destinación de los recursos, sino
autorizar el monto máximo de apropiación por cada capítulo presupuestal y
realizar una proyección de su gasto.

126. Sobre el particular, esta Sección ha señalado que el presupuesto de los
concejos municipales puede ser objeto de movimientos o traslados, en los
siguientes términos:

“[…] De manera que, con fundamento en el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, a los concejos municipales les corresponde expedir anualmente
su presupuesto, el cual puede tener modificaciones como parte de ejecución
del mismo, tales como los traslados presupuestales. Reitera la Sala que los

32Cfr. Art. 80 Decreto 111 de 1996 aplicable a las entidades territoriales que contempla la
posibilidad de realizar traslados internos presupuestales.

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movimientos presupuestales consistentes en aumentar una partida (crédito)
disminuyendo otra (contracrédito), sin alterar el monto total de los
presupuestos de funcionamiento, inversión o servicio de la deuda, en cada
sección presupuestal, o sea, que solo afectan el anexo del decreto de
liquidación del presupuesto, se denominan “traslados presupuestales
internos”. La Sala, en sentencia de 14 de agosto de 2014, sostuvo que no se
incurre en la conducta reprochable cuando se realizan cambios
presupuestales, siempre que estos cambios se realicen por la autoridad
competente, dado a que en determinados eventos se hace necesario producir
variaciones presupuestales, lo cual es posible según lo imponen los artículos
76, 77, 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de Estatuto Orgánico del Presupuesto. […]”33.
(Subrayado de la Sala)

127. En línea con lo anterior la misma Resolución de liquidación de la vigencia
fiscal de 2024 expedida por el Concejo Municipal de Acacías, en la que se prevé
la posibilidad de efectuar movimientos entre rubros al establecer que los
certificados de disponibilidad presupuestal de estas operaciones deben ser
expedidos por el jefe del presupuesto o quién haga de sus veces34.

128. De lo anterior se concluye que en materia fiscal sí está permitido la
realización de modificaciones durante la ejecución del presupuesto, lo que
descarta la hipótesis del accionante respecto de la cual la distribución inicial de las
apropiaciones –específicamente la de las obligaciones inherentes a la nómina–
opera como una restricción absoluta para el ordenador del gasto. Es claro que los
traslados presupuestales constituyen un instrumento ordinario de gestión fiscal,
siempre que se mantengan dentro de los límites legales y no recaigan sobre
recursos realmente sometidos a destinaciones específicas.

129. Adicionalmente, la Sala debe advertir que los movimientos cuestionados
fueron realizados a través de un acto administrativo del que no se probó una
declaratoria de nulidad o revocatoria. Esta circunstancia implica que la Resolución
núm. 84 de 2024 que ordenó la operación cuestionada conserva su presunción de
legalidad y cuenta con plenos efectos en el ordenamiento jurídico.

33 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 15 de marzo de 2018, exp: 13001-23-

33-000-2016-01107-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
34 Cfr. Resolución núm 03 de 2024, artículo 11. “ARTICULO 11: Los certificados de disponibilidad

presupuestal de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales, serán certificados
por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces”.

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130. De igual forma, la Sala advierte que en el presente proceso tampoco se
demostró que los recursos trasladados se encontraran previamente afectados por
un Registro Presupuestal (RP) haciéndolos jurídicamente inamovibles, ni que
existiera al menos un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que los
reservara o priorizara provisionalmente para el pago de las contribuciones
inherentes a la nómina. Por el contrario, lo que sí se acreditó fue que el contrato
núm. 016 de 2024, cuya adición fue financiada con los recursos trasladados, sí
contaba con el correspondiente Registro Presupuestal35, como se observa en la
siguiente imagen:

131. Así, en ausencia de tales afectaciones presupuestales para las
contribuciones inherentes a la nómina, los recursos objeto de la controversia
conservaban su disponibilidad y podían ser reasignados por el presidente del
Concejo Municipal conforme a las necesidades de la entidad, sin que ello implicara
un desconocimiento del principio de prioridad en el gasto.

132. A partir de lo expuesto la Sala concluye que en el presente caso, contrario
a lo señalado por el accionante y el Ministerio Público, no se acreditó el elemento
objetivo de la conducta, en la medida en que no se demostró que los recursos
objeto de la operación tuvieran una destinación específica o una limitación legal o

35 Cfr. Índice núm. 2 del expediente digital, cuaderno del Tribunal Administrativo del Meta.

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reglamentaria respecto a su movimiento, dado que hacían parte de un línea
presupuestal financiada por ingresos de libre destinación.

133. En ese sentido, ante la ausencia de demostración del elemento objetivo de
la indebida destinación de dineros públicos, la Sala considera innecesario
adelantar el estudio del elemento subjetivo de la conducta, en tanto la ausencia
del presupuesto objetivo impide continuar con dicho análisis de la causal de
pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos prevista en el
numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 4 del artículo 48
de la Ley 617 de 2000.

134. En consecuencia, al no encontrarse demostrado los elementos
configurativos de la causal de indebida destinación de dineros públicos, la Sala no
decretará la pérdida de investidura del accionado.

135. Lo anterior sin perjuicio de que como se mencionó en el numeral 7.2. de la
presente providencia, las presuntas irregularidades del comportamiento del
accionado y los posibles impactos fiscales generados por la operación
cuestionada puedan dar lugar a otro tipo de responsabilidades o consecuencias
jurídicas en cabeza de la entidad o de sus funcionarios.

136. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de mayo de 2025, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copias del expediente a la Procuraduría Regional del Meta
y a la Contraloría Departamental del Meta para que en el ámbito de sus

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competencias se evalúe si de su comportamiento incurrió en una responsabilidad
disciplinaria o fiscal.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente providencia fue firmado electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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