Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00333-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00333-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2022-00333-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Núm. único de radicación 680012333000202200333-01
Solicitante: Carlos Arturo Guevara Villacorte
Concejal: La Chiqui Carmenza Santiago Ospino
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Solicitante
contra la sentencia de 13 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, en primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El señor Carlos Arturo Guevara Villacorte –en adelante el Solicitante- pidió, en
ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura
de La Chiqui Carmenza Santiago Ospino -en adelante la Concejal-, porque, a su
juicio, incurrió en la causal prevista en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617
de 6 de octubre de 20001, por indebida destinación de dineros públicos.
1 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
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Pretensión
2. La pretensión que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura es la
siguiente:
“[…] PRETENSIONES:
Se decrete la pérdida de investidura de la señora LA CHIQUI CARMENZA
SANTIAGO OSPINO […] como concejal del Distrito de Barrancabermeja para el
actual periodo y por las razones expuestas […]”.
Presupuestos fácticos de la causal de pérdida de investidura alegada
3. El Solicitante indicó en la solicitud de pérdida de investidura, en síntesis, los
siguientes hechos para fundamentar su pretensión:
3.1. Señaló que la señora Santiago Ospino fue llamada a ocupar la vacante dejada
por otro concejal del Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de
Barrancabermeja -en adelante Distrito de Barrancabermeja-, con ocasión de la
declaratoria de pérdida de investidura decretada por el Tribunal Administrativo de
Santander y confirmada por el Consejo de Estado. Agregó que, una vez aceptado
el cargo de Concejal, la señora Santiago Ospino tomó posesión de su investidura.
3.2. Indicó que la Concejal fue elegida como Presidenta del Concejo Distrital de
Barrancabermeja para el periodo comprendido del 1 de enero de 2022 hasta el 31
de diciembre de 2022, según acta de sesión núm. 140 de 20 de diciembre de 2021.
3.3. Afirmó que la Concejal suscribió el Contrato núm. 116-2022, siendo contratante
el Concejo Distrital de Barrancabermeja y contratista la empresa GRICONPRO
S.A.S., cuyo objeto es “[…] APOYAR EN LA LOGÍSTICA DE LA SOCIALIZACIÓN
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA DESDE EL CONCEJO DISTRITAL […]”; contrato por valor
de $24.000.000,oo pesos M/cte.
3.4. Agregó que, entre las obligaciones del contrato, se encontraba la elaboración y
entrega de: i) 10 impresiones backing de 10 m2: en impresión digital de alta
resolución sobre lona banner de 15 onzas de grosor, laminado para prolongación y
durabilidad, con mensaje alusivo a la socialización del Plan de Ordenamiento
Territorial, con medida de 5 metros de ancho y 2 metros de alto, para ser ubicado
en el lugar donde se desarrolle el evento de socialización; ii) 417 Cartillas con
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información del POT; iii) 417 lapiceros con logo de socialización del POT; y iv)
proveer refrigerios y botellas de agua para los asistentes al evento de socialización.
3.5. Manifestó que el día 15 de febrero de 2022 se adicionó el Contrato núm. 116-
2022 en el sentido de adquirir adicionalmente por parte del Concejo Distrital de
Barrancabermeja, la cantidad de 500 refrigerios y 600 botellas de agua, para un
total de 917 refrigerios y 1053 botellas de agua, cuyo valor total ascendió a la suma
de $6.870.900,oo distribuidos así: i) 917 Refrigerios por valor total de
$5´502.000,oo; y ii) 1052 botellas de agua por valor total de $1´368.900,oo
3.6. Señaló que entre los alcances del contrato estaba: i) suministrar los bienes en
las cantidades y calidades, de acuerdo con las especificaciones técnicas
establecidas; y ii) entregar los bienes en el lugar requerido por el supervisor del
contrato, según se le solicite.
3.7. Indicó que los dineros comprometidos en la suscripción del Contrato núm. 116-
2022 y pagados por el Concejo Distrital de Barrancabermeja al contratista, son
dineros públicos al hacer parte del presupuesto de la entidad que representa la
Concejal y que, con la suscripción del referido Contrato, la ordenadora del gasto
incurrió en indebida destinación de dineros públicos en los términos del numeral 4.°
del artículo 48 de la ley 617, por contratar sobre objetos prohibidos, materias
innecesarias e injustificadas, sobre objetos no recibidos y pagados a favor del
contratista.
Causal de pérdida de investidura alegada y argumentos que justifica la
solicitud
4. El Solicitante dividió su fundamentación en cuatro partes, a saber: i) la
contratación de backing para eventos de socialización del POT; ii) la impresión de
cartillas con información del POT; iii) el suministro de lapiceros con el logo de la
socialización del POT; y iv) el pago de refrigerios y botellas de agua sin ser recibidos
por el contratante.
Contratación de backing para eventos de socialización del POT
5. Manifestó que la Concejal, al suscribir el Contrato 116-2022 y contratar la
impresión de 10 backing de 10 m2, traicionó los fines del estado y de la contratación
pública y consecuencialmente incurrió en indebida destinación de dineros públicos.
Para el efecto, cita los artículos 209 de la Constitución Política; 23 y 25, numeral 7,
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de la Ley 80 de 28 de octubre de 19932; 3 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113;
10, numeral 4, de la Ley 1474 de 12 de julio de 20114 y los artículos 8, inciso 2, y 9
del Decreto 1737 de 21 de agosto de 19985 y argumenta lo siguiente:
5.1. Los backing se elaboraron bajo impresiones de lujo y con policromías, como se
observa de las especificaciones técnicas del contrato y en las imágenes contenidas
en el informe y fotografías anexas, situación que vulnera el artículo 10, numeral 4,
de la Ley 1474 y el artículo 8, inciso 2, del Decreto 1737 de 1998 porque se contrató
sobre objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la ley.
5.2. Los backing se elaboraron con el logo del Concejo Distrital de
Barrancabermeja, lo cual implica que se promovió la imagen de la entidad con cargo
a recursos públicos, en contravía del artículo 9 del Decreto 1737 de 1998.
5.3. Se contrató la elaboración e instalación de 10 backing pero solamente se
instalaron 3 en los dos días de evento: dos backing en el evento realizado en el
Coliseo Luis F. Castellanos y uno en el salón de eventos del Centro Comercial San
Silvestre. Ello en criterio del Solicitante implicó, por un lado, que la contratación fue
innecesaria e injustificada porque se contrató un número excesivo de backing; y,
por el otro, que se vulneró el principio de planeación, agregando que en los estudios
previos nada se dijo en relación con la necesidad de elaboración de 10 backing
5.4. Que la contratación de los backing traicionó lo fines de la contratación pública
porque se recibieron y pagaron a satisfacción 7 backing sin ser recibidos ni
utilizados, lo cual implicó un incremento patrimonial a favor de terceros, en este
caso el contratista.
La impresión de cartillas con información del POT
6. Manifestó que la Concejal, al suscribir el Contrato 116-2022 y contratar la
impresión de 417 cartillas con información del POT, traicionó los fines del estado y
de la contratación pública y consecuencialmente incurrió en indebida destinación de
dineros públicos. Para el efecto, citó los artículos 10, numeral 4, de la Ley 1474 y 8,
inciso 2, y 9 del Decreto 1737 de 1998 y argumentó lo siguiente:
2 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
3 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
5 “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción
de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”.
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6.1. Señaló que las cartillas fueron elaboradas en su totalidad como edición de lujo
con policromías, lo cual incluye su cubierta, tapa anterior y posterior, y contenido.
6.2. Manifestó que esa forma de impresión está prohibida por ley y evidencia el uso
de materiales que pudieron haber representado un mayor costo a cargo del
presupuesto del Concejo Distrital de Barrancabermeja, lo que vulnera las medidas
de austeridad en el gasto.
6.3. Afirmó que si bien las especificaciones técnicas del contrato no señalan cuáles
son las características de las cartillas, el diseño corresponde al enviado por la
supervisión del contrato al contratista conforme los alcances núms. 2 y 4 del
contrato6, a lo registrado en los informes de supervisión y al entregado por el
contratista al contratante7. Asimismo, indicó que las cartillas de socialización del
POT fueron aceptadas a satisfacción por el contratante y liquidado el contrato
estando paz y salvo las partes, lo que implicó que fueron las requeridas por el
contratante.
6.4. Señaló que, al reconocer el valor de 417 cartillas con el logo del Concejo Distrital
de Barrancabermeja, se promovió la imagen de la entidad con cargo a recursos
públicos, lo que generó una indebida destinación de dineros públicos, al destinarlos
a objetos prohibidos, conforme el artículo 9 del Decreto 1737 de 1998.
6.5. Indicó que la Concejal suscribió el contrato y delegó la supervisión del mismo a
terceros y que si bien fue la supervisión la que autorizó la impresión de las cartillas
en papel de lujo con policromías y con el logo de la entidad, por un lado, la
delegación no implicó exención de responsabilidad y en todo caso la Concejal
conocía las cualidades de impresión de la cartilla; y, por el otro, no hubo advertencia
alguna, intervención para no aceptarlas o solicitud de corrección por la Concejal, lo
que implicó que dichas características hacen parte integral del contrato.
Suministro de lapiceros con el logo de la socialización del POT
7. Manifestó que la Concejal, al suscribir el Contrato 116-2022 y contratar la
adquisición de 417 lapiceros con logo de socialización del POT, traicionó los fines
6 “2) Suministrar los bienes en las calidades y cantidades, de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas” y “4) Entregar los bienes requeridos en el lugar requerido por el supervisor del Concejo Municipal
de Barrancabermeja, según se lo solicite el supervisor del contrato”.
7 En cuanto señaló que “Se elaboraron en total 550 cartillas con la información completa del Plan de
Ordenamiento Territorial POT, según diseño enviado por la Supervisión, a los asistentes del evento, directivos
y concejales”.
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del estado y los principios de la contratación pública y consecuencialmente incurrió
en indebida destinación de dineros públicos. Para el efecto, cita los artículos 23 y
25, numerales 4.° y 7.°, de la ley 80; 3, numeral 12, de la Ley 1437; 243 de la Ley
1564 de 12 de julio de 20128;10, numeral 4, de la Ley 1474; y 8, inciso 2, y 9 del
Decreto 1737 de 1998 y argumenta lo siguiente:
7.1. Señaló que esa compra se tornaba en innecesaria e injustificada para el cabildo
abierto sobre el POT porque: i) no se aborda su necesidad y justificación en los
estudios previos ni se explica por qué es necesaria la compra de los lapiceros con
el logo de socialización del POT para el trámite del cabildo abierto; ii) la inclusión de
la marca o etiqueta aumenta el valor económico de los lapiceros frente a aquellos
que no la tienen, en contra de los principios de austeridad y eficiencia del gasto
público.
7.2. Manifestó que los lapiceros fueron entregados con el logo del Concejo Distrital
de Barrancabermeja y no con el correspondiente a la socialización del POT. Pese a
ello, los lapiceros fueron recibidos a satisfacción por el contratante y posteriormente
el contrato fue pagado y liquidado, lo cual implicó una indebida destinación de
dineros públicos porque se pagaron productos que no cumplían las especificaciones
técnicas del contrato.
7.3. Indicó que pagar los lapiceros con el logo del Concejo Distrital de
Barrancabermeja implicó que se promociona la imagen de la entidad con cargo a
recursos públicos, lo cual se encuentra prohibido por la normativa aplicable.
Pago de refrigerios y botellas de agua sin ser recibidos por el contratante
8. Manifestó que la Concejal, al suscribir el Contrato 116-2022 y su adición, por
medio de los cuales se adquirieron en total 917 refrigerios y 1053 botellas de agua,
traicionó los fines del estado y los principios de la contratación pública y
consecuencialmente incurrió en indebida destinación de dineros públicos,
argumentando lo siguiente:
8.1. Señaló que se contrataron en principio 458 refrigerios y 558 botellas de agua y
que con ocasión del número de personas que asistió a la primera socialización del
POT se realizaron estudios previos para contratar más refrigerios y botellas de agua
para proveerlos durante el segundo evento, el cual se realizaría el 16 de febrero de
8 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
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2022. Agregó que a dicho evento solamente asistieron 42 personas y que el
contratista informó que se entregó la totalidad de refrigerios y botellas de agua, lo
cual fue corroborado por la supervisión del contrato.
8.2. Manifestó que lo señalado por el contratista y el supervisor del contrato en torno
a la entrega de refrigerios y botellas de agua es falso porque no se podría justificar
la entrega de 458 refrigerios y 453 botellas de agua si solamente asistieron al
segundo evento de socialización un total de 42 personas. Ello, en criterio del
Solicitante, constituyó una indebida destinación de dineros públicos porque se
buscó un incremento patrimonial injustificado del contratista, atribuible a la Concejal,
porque con su conducta permitió que se realizaran los pagos de productos que no
fueron recibidos a satisfacción.
9. Por último, agregó que la conducta de la Concejal es gravemente culposa
porque omitió sus responsabilidades administrativas en el ejercicio de su función
como presidenta del Concejo Distrital de Barrancabermeja y por consiguiente
ordenadora del gasto, lo que posibilitó la indebida destinación de dineros públicos
en los términos antes mencionados. Asimismo, señaló que no se probó la existencia
de una situación de caso fortuito o fuerza mayor que permitiera excusar su
conducta.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
10. La Concejal, por conducto de apoderado, se pronunció sobre la solicitud de
pérdida de investidura y solicitó que se negaran sus pretensiones, con fundamento
en los siguientes argumentos:
10.1. Se pronunció en relación con los hechos de la solicitud de pérdida de
investidura y manifestó, en especial, que: i) se delegó la función de supervisión del
Contrato de Logística núm. 116-2022 al Secretario del Concejo Distrital, quien
asumió tal calidad hasta la liquidación del contrato; ii) la ejecución del referido
contrato no estructura una indebida destinación de dineros públicos porque tuvo
lugar en el marco del trámite, debate y aprobación del proyecto de acuerdo núm.
023 de 2021, por medio del cual se adopta la revisión general del Plan de
Ordenamiento Territorial de Barrancabermeja “2022-2025” y su difusión a la
comunidad a través del cabildo abierto en los términos de las leyes 136 de 2 de
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200333-01
junio de 19949, 1757 de 6 de julio de 201510 y 507 de 28 de julio de 199911; y de la
Resolución núm. 003 de 13 de enero de 2022 expedida por el Concejo Distrital de
Barrancabermeja, que convoca y expide el reglamento para este cabildo; iii) se trata
de apreciaciones subjetivas del Solicitante porque lo contratado no recae sobre
objeto prohibido, materiales innecesarios e injustificados; y iv) el contrato se celebró
atendiendo los principios de la contratación estatal, con una participación plural de
oferentes, y se escogió la oferta de menor valor, previo el cumplimiento pleno de los
requisitos por parte del contratista.
En relación con la contratación de backing
10.2. Señaló que no es cierto que se hayan contratado 10 backing sino que se
contrató un solo backing de 10 metros cuadrados, en impresión digital, y que la
precitada policromía no fue definida como alcance contractual del Contrato núm.
116-2022, cuyo único fin fue la socialización del Plan de Ordenamiento Territorial.
Afirmó que el uso de colores no está prohibido y que, en todo caso, el valor de un
backing para un evento oscila entre los 40 y 110 millones de pesos, frente al valor
del contratado en este caso que fue de $478.000,oo pesos.
10.3. Manifestó que la contratación no fue innecesaria, sino que se enmarca en la
obligación de difusión del POT 2022-2035, que se centra en mejorar la calidad de
vida de los habitantes. Por ello, explicó que la finalidad del backing no es la de
promocionar la imagen de la entidad y mucho menos la de los funcionarios, sino la
de socializar el POT, en el marco de una obligación legal, de los mecanismos de
participación y de los principios que regulan la materia, lo cual se fundamenta en el
artículo 10 de la Ley 1474.
10.4. Afirmó adicionalmente que el evento de socialización requería de apoyo
logístico porque tendría lugar en varias jornadas y que el contrato obedeció a
criterios preestablecidos y definidos por la jurisprudencia como los de efectividad,
transparencia y objetividad; adicional a lo cual señaló, por un lado, que los estudios
previos se diseñaron sobre la necesidad contractual; y, por el otro, que el contrato
no se realizó sobre objeto prohibido.
9 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
10 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación
democrática.
11 Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997.
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10.5. Por último, afirmó que no es cierto que se haya dejado de recibir 7 de los 10
backing contratados porque solamente se contrató un backing de 10 metros
cuadrados y agregó que no hubo incremento injustificado del patrimonio de un
tercero, como lo manifiesta el Solicitante.
En relación con la contratación de las cartillas
10.6. Señaló que las cartillas contratadas no fueron en material de lujo y con
policromías y que una alta definición en la impresión no conlleva a esta prohibición
como lo explicó la Imprenta Nacional en concepto de 20 de octubre de 2011, en la
que señaló que policromía se refiere al uso de 4 tintas básicas más colores
adicionales de impresión.
10.7. Indicó que una impresión puede tener alta definición sin que se vulnere la ley,
como en el caso de que esta impresión tenga el mismo valor que una impresión
simple. Agregó que en este evento se protege la austeridad en el gasto y manifestó
que en el contrato se estableció simplemente la contratación de “cartillas”, sin más
detalles, y no de “lujos” en los términos manifestados por el Solicitante de la pérdida
de investidura.
10.8. Afirmó que la contratación fue producto de un proceso en el que se eligió de
una cantidad plural de oferentes, la propuesta de menor valor, y que, en todo caso,
en la minuta contractual, especificaciones técnicas y en el presupuesto oficial no se
detalla el tipo de material de los productos a adquirir ni mucho menos se requirieron
cartillas con logo de la Corporación Distrital.
En relación con la contratación de lapiceros
10.9. Señaló que el contrato surge de la necesidad y planeación para el apoyo
logístico en la realización de un cabildo, por lo que era imperioso suministrar los
lapiceros a la ciudadanía para que tomaran las notas necesarias antes de su
participación, pues se trata de un asunto de interés general con participación
masiva, que además implicaba una necesaria interacción entre los concejales, la
administración y la comunidad a través del planteamiento de preguntas a las
autoridades sobre los temas que estos iban presentando.
10.10. Manifestó que si bien es cierto que los lapiceros fueron entregados por el
contratista con el logo del Concejo Distrital y que fueron recibidos a satisfacción por
el supervisor del contrato, dicha situación no puede fundamentar la responsabilidad
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de la Concejal porque es el supervisor quien interviene en la coordinación, vigilancia
y control del desarrollo del objeto contratado.
10.11. Indicó que la conducta de reproche es la contratación de los lapiceros con
los logos, sin justificar la necesidad de los mismos, y argumenta que la Concejal no
contrató ni solicitó los lapiceros con dicha especificación y que, en todo caso, los
logos que aduce el Solicitante no fueron requeridos ni pagados por la entidad
contratante, lo cual se puede verificar con los estudios previos, la oferta, los pliegos
y el mismo contrato.
10.12. Afirmó que con esa compra no se está promocionando la imagen de la
entidad ni mucho menos la de sus funcionarios y reiteró que el propósito es el
planteado anteriormente con miras a la socialización del POT en el marco del
cabildo abierto.
En relación con el pago de refrigerios y botellas de agua
10.13. Señaló que en la primera jornada de socialización del POT concurrió un gran
número de personas por lo que se estimó necesario disponer de más refrigerios y
bebidas hidratantes. Agregó que el contratista en su informe precisó la entrega total
de los refrigerios y demás elementos que fueron previamente adquiridos por este
para disponerlos en curso del evento, de lo cual además de listas de asistencia
aporta evidencias fotográficas.
10.14. Manifestó que el objeto de las actas de asistencia no era respaldar la cortesía
brindada a las personas que acudieron al cabildo abierto y que en todo caso sería
un argumento controvertible en el marco del medio de control de controversias
contractuales y no en la pérdida de investidura.
10.15. Indicó que los argumentos presentados constituyen afirmaciones subjetivas
no probadas por el Solicitante y que, en todo caso, es un tema de responsabilidad
del supervisor del contrato y no de la persona que lo suscribió.
10.16. Por último, presentó las excepciones que denominó: “EXCEPCIÓN DE MALA
FE Y DESCONOCIMIENTO DE LA BUENA FE OBJETIVA, TEMERIDAD DE LA
PRETENCIÓN AFIRMACIONES ALEGADAS POR EL DEMANDANTE”, “NO
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 806
DE 2020” e “IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL PROPUESTO –
INEXISTENCIA DE LA INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS”.
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La audiencia pública establecida por el artículo 12 de la Ley 1881
11. La audiencia pública tuvo lugar el 16 de julio de 2022 con la asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura, del apoderado de la
Concejal y el Ministerio Público.
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante la sentencia proferida el 13
de julio de 2022, negó la pérdida de investidura de la Concejal. En su parte
resolutiva, dispuso lo siguiente:
“[…] FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por medio de la cual se
solicitó la desinvestidura de la señora LA CHIQUI CARMENZA SANTIAGO
OSPINO, como Concejal del Distrito de Barrancabermeja, conforme las
razones expuestas en la parte motiva […]”.
Consideraciones del Tribunal
13. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente:
13.1. Que el problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a determinar
si se probaron o no los elementos objetivo y subjetivo para decretar la pérdida de
investidura de la Concejal por indebida destinación de dineros púbicos, al celebrar
el contrato No. 116-2022, para objetos expresamente prohibidos.
13.2. Se refirió a la naturaleza de la pérdida de investidura; causal de pérdida de
investidura invocada; y al marco normativo y jurisprudencial sobre las sesiones de
los concejos municipales.
13.3. Al resolver el caso concreto, consideró que la conducta de la Concejal se
subsume en los supuestos fácticos de la causal de pérdida de investidura atribuida
porque el mismo estuvo soportado en el artículo 2.° de la Ley 507, en concordancia
con el artículo 81 de la Ley 134, según los cuales, los concejos municipales o
distritales tienen la obligación de celebrar un cabildo abierto previo para el estudio
y análisis de los planes de ordenamiento territorial, sin perjuicio de los demás
instrumentos de participación establecidos en la ley.
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13.4. Adicional a lo anterior, consideró que dentro del proceso no se probó que la
Concejal incurrió en indebida destinación de dineros públicos al contratar el
suministro del backing porque en el ítem 1.2.8 del cuadro de las especificaciones
técnicas elaboradas para la celebración del contrato, se hizo referencia a que el
backing se debía elaborar en “material de lona banner de 15 onzas de grosor”, sin
darse otra característica o especificación que pueda adecuarse a la prohibición
descrita en la normativa invocada por el Solicitante.
13.5. Respecto de la adquisición de 417 lapiceros, contenidos en el ítem 1.2.11 de
la descripción técnica, con logo de socialización del POT, consideró que tampoco
existen parámetros probatorios que respalden la causal invocada porque, por un
lado, los lapiceros eran de utilidad para el evento de socialización; y, por el otro, no
se probó que tales insumos utilizaran el logo del Concejo Distrital de
Barrancabermeja y no del POT.
13.6. El Tribunal consideró que los argumentos de la solicitud de pérdida de
investidura relacionados con los refrigerios y bebidas para hidratación están
dirigidos a la ejecución del contrato y no a su celebración, que es la conducta
atribuida a la Concejal; y que, en todo caso, las actas no constituyen prueba
suficiente que permita establecer o no el consumo total de los refrigerios y botellas
de agua.
13.7. Por último, en la sentencia se consideró que la Concejal no desconoció la
prohibición señalada en el artículo 10 de la Ley 1474, sobre publicidad oficial con
impresiones de lujo o con policromía, al contratar la adquisición de 417 cartillas con
información del POT, porque en las especificaciones técnicas del contrato no se
estableció expresamente la impresión de las cartillas a color, como tampoco se
previó en la propuesta económica, ni en el informe del comité asesor evaluador, ni
en el contrato mismo.
El recurso de apelación presentado por el Solicitante
14. El Solicitante presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se decrete la
pérdida de investidura de la Concejal.
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La contratación del backing
14.1. Indicó que el Tribunal incurrió en una falta de valoración probatoria porque,
en su criterio, en el proceso se probó con: i) las especificaciones técnicas del
contrato 116-2022; ii) los videos de la socialización del POT de fecha 8 y 16 de
febrero de 2022; iii) las fotografías de realización de cabildo abierto; y iv) los videos
de resumen de realización del cabildo abierto, que la exigencia técnica del backing
de ser laminado y de alta resolución son características determinantes de material
prohibido.
14.2. Asimismo, señaló que con los videos aportados se prueba que el backing
adquirido tiene en su contenido el logo del Concejo Distrital de Barrancabermeja y
que fue impreso en policromías, elementos cuya contratación está prohibida en los
términos del numeral 4.° del artículo 10 de la Ley 1474 y del numeral 2.° del artículo
8 del Decreto 1737 de 1998. Adicionalmente manifestó que con el backing se
publicó y promocionó el logo de la entidad que representa, conducta prohibida por
el artículo 9 del Decreto 1737 de 1998.
El pago por el suministro de 417 lapiceros
14.3. Indicó que la Concejal al exigir que los lapiceros tuvieran el logo de
socialización del POT, torna innecesaria e injustificada su adquisición como quiera
que hace aumentar su valor, inobservando las normas de austeridad en el gasto
público y agrega que sí se encuentra probado que los lapiceros tenían el logo del
Concejo Distrital y no de la socialización del POT.
14.4. Afirmó que, de las especificaciones técnicas del Contrato 116-2022 y de la
evidencias e informe de cumplimiento del contrato, se puede observar que se exigió
que los lapiceros debían tener el logo de socialización del POT; asimismo, que
fueron recibidos a satisfacción sin cumplir con las especificaciones técnicas, lo cual
implicó un aumento en el valor de los lapiceros en comparación con otros que no
contengan el logo o marca y que ello constituye una publicación o promoción de la
imagen de la entidad, lo cual se encuentra prohibido por ley.
El pago por el suministro de refrigerios y de bebidas para hidratación
14.5. Indicó que el Tribunal incurrió en indebida valoración probatoria porque sí se
encuentra probado cuál fue el número aproximado de asistentes a la segunda
sesión de cabildo abierto para socialización del POT.
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14.6. En especial, señaló que el estudio previo del Contrato 116-2022, el estudio
previo adicional al Contrato 116-2022, el informe de cumplimiento del contrato que
contiene las fotografías de la segunda sesión del cabildo abierto, los videos de la
segunda sesión del cabildo abierto para socialización del POT y de la presidencia
de la Corporación, y las actas de asistencia de 16 de febrero de 2022: prueban que
al evento no asistieron más de 50 personas y, en consecuencia, no se justifica que
el contratista hubiere entregado a los asistentes la cantidad de 500 refrigerios y 600
botellas de agua.
14.7. Agregó que no es de recibo el argumento relativo a que un asistente pudo
consumir más de una botella o refrigerio y que si bien se trata de un argumento que
cuestiona la ejecución del contrato, el pago de la actividad sin estar soportado por
no haberse recibido los elementos contratados implica una indebida destinación de
dineros públicos por traicionar la finalidad para la cual estaban comprometidos
dichos recursos.
La contratación de 417 cartillas con información del POT
14.8. Señaló que si bien las especificaciones técnicas del contrato no establecían
cuáles eran las características de impresión de las cartillas y, en especial, no exigían
que la impresión se realizara en material de lujo y con policromía, al recibirse el
producto de esa manera por la Concejal implicaba que esta conocía las
características de las cartillas y, en consecuencia, el hecho de guardar silencio ante
dicha situación es indicativo de que el precio ofertado incluía la policromía y el
material de lujo prohibidos.
14.9. Manifestó que en el informe de actividades se dejó constancia que se
elaboraron y entregaron las cartillas, según diseño enviado por la supervisión del
contrato, lo que permite inferir que la Concejal dejó al arbitrio del supervisor la
impresión y el material de las cartillas; omisión que implicó la prohibición y la
indebida destinación de dineros públicos. Agrega que la referida delegación de
supervisión no sustituye la obligación de la Concejal de verificar el cumplimiento del
contrato en su condición de ordenadora del gasto.
14.10. Indicó que las cartillas fueron recibidas por la Concejal de manera previa a la
liquidación del contrato, tiempo durante el cual pudo advertir al supervisor que las
mismas no podía ser aceptadas por estar elaboradas en material prohibido. Al
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respecto, afirmó que no se encuentra probado que la Concejal hubiera hecho
mención sobre este aspecto sino que permitió su recibo a satisfacción y suscripción
de la respectiva acta de liquidación del contrato.
14.11. Por último, señaló que las cartillas contenían el logo del Concejo Distrital de
Barrancabermeja y en consecuencia promovieron la imagen de la entidad, lo cual
se encuentra prohibido por la normativa correspondiente.
Conducta culposa
14.12. El Solicitante manifestó que la Concejal, en su calidad de presidenta del
Concejo Distrital de Barrancabermeja, actuó con culpa al contratar la impresión del
backing y de las cartillas en policromía e impresión de lujo, permitir el pago de
objetos sin ser recibidos a satisfacción porque no fueron entregados o por no cumplir
las especificaciones técnicas del contrato y adicionalmente ser materias
innecesarias o injustificadas y promocionar la imagen de la entidad; lo anterior
porque la Concejal debía conocer las normas que le imponían contratar bajo un
criterio de austeridad y eficiencia del gasto público, sin que se observara alguna
situación de fuerza mayor o caso fortuito que permita descartar la culpa.
Traslado del recurso de apelación
15. Surtido el traslado del recurso de apelación, el apoderado de la Concejal se
pronunció sobre el recurso presentado por el Solicitante. El Ministerio Público
guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
16. Para efectos metodológicos de la decisión, la Sala procederá al estudio de: i) la
competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el
marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de pérdida de
investidura; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de
pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos; vi) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las competencias contractuales de los
concejos municipales para garantizar el fortalecimiento de la democracia
participativa y sus limitaciones en materia de publicaciones y publicidad; vii) el
análisis del caso concreto; y viii) las conclusiones.
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Competencia de la Sala
17. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial, su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de concejales
y diputados; iii) el artículo 15012 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201113, sobre
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iv) el artículo 13 del
Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201914: la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente asunto.
18. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de que
trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo
actuado, se procede a decidir el caso sub lite.
19. Vistos los artículos 32815 y 32016 de la Ley 1564, la Sala se pronunciará
únicamente en relación con los reparos o argumentos planteados por el apelante.
Problema Jurídico
20. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de apelación,
si la señora La Chiqui Carmenza Santiago Ospino al celebrar el Contrato 116-2022
y su adición, en su condición de Presidenta del Concejo Distrital, incurrió o no en
los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, consistente en la indebida destinación
de dineros públicos, con el objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 13 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, en primera instancia.
12 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080.
13 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
14 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
15 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. […]”
16 “[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”
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La calificación habilitante
21. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 1881, la Sala encuentra probado que
la señora La Chiqui Carmenza Santiago Ospino tiene la calidad de Concejal del
Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barrancabermeja -
Departamento de Santander-, según consta en las pruebas aportadas al proceso,
en especial, la Resolución núm. 061 de 25 de septiembre de 2021 proferida por el
Concejo Distrital de Barrancabermeja, por medio de la cual se hace un llamado a la
señora Santiago Ospino para ocupar una curul de concejal del Distrito de
Barrancabermeja para el periodo 2021-2023, con ocasión de una vacancia absoluta,
y el acta de posesión núm. 005 de 27 de septiembre de 202117.
22. En ese orden de ideas, la investidura de la Concejal se tiene por cierta en la
medida en que los documentos anteriormente indicados constituyen prueba de
dicha calidad, lo cual la hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de
investidura. Adicionalmente, la condición de concejal no fue controvertida durante
el proceso.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
23. Vistos los artículos 18418 de la Constitución Política; 14319 de la Ley 1437 y las
leyes 136, 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.
Desarrollos jurisprudenciales
24. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un
proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio20 de propósito ético, con
17 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico SAMAI. Archivos denominados “019 RECEPCIÓN RESPUESTA A
REQUERIMIENTO” y “020 RESPUESTA A REQUERIMIENTO”.
18 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de
acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud
formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
19 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar
la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
20 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-
000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
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consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la protección
y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del
cargo que confiere el voto popular.
25. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo
público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos sobre
sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio,
al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que comportan
la defraudación del principio de representación.
26. La Sala Plena21 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de la
pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i) constituye
un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los miembros
de las corporaciones públicas de elección popular deben observar atendiendo la
naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una sanción de
carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es atribuida
exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la sanción
más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en una
corporación pública de elección popular porque implica la separación inmediata de
las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa corporación y, por
expresa disposición de la propia Constitución Política, la inhabilidad permanente
para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de pérdida de investidura limitan
o reducen algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el de
ser elegido.
27. En esa misma orientación, la Corte Constitucional22 consideró que la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
22 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
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28. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201023. En ese orden,
las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice el
juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura, lo
cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
29. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en particular,
en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro homine, in
dubio pro reo, y de legalidad.
30. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en el
marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera
como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con la
jurisprudencia de las altas cortes24, una vez verificada la configuración del elemento
objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo25.
31. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio de
pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”26 (Destacado fuera de texto).
32. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el
juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento en
23 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
24 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
25 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión […]”.
26 Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con
el artículo 22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en
lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
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ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma que
establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se configura
o no el elemento subjetivo27.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos
33. Visto el numeral 4.º del artículo 48 de la Ley 617, “[…] [l]os […] concejales
municipales y distritales […] perderán su investidura: […] [p]or indebida
destinación de dineros públicos […]” (Destacado fuera de texto).
34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado28,
mediante sentencia de 6 de mayo de 2014, en relación con la causal de pérdida de
investidura de congresistas por indebida destinación de dineros públicos, aplicable
al caso de los concejales, consideró lo siguiente:
“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida de investidura,
tampoco describen la conducta. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena
del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.
En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un congresista
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos
a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos. Bien puede
utilizarlos o dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que
estando autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o a cometidos
prohibidos, entre otros.
En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 201229, señaló que
aunque la causal no está definida en el ordenamiento jurídico, se configura cuando la
destinación de los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento: “La causal de indebida
destinación de dineros públicos no está definida en la Constitución ni en las normas
legales que rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es, entonces,
pertinente consignar el sentido y alcance con que esta Corporación le ha definido. La
causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el concejal
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos
a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos.”
Respecto a los elementos constitutivos […] la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo
de 200330 también señaló: “ ‘Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de
pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el congresista, en su
27 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o,
en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
28 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente:
ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), Radicación número: 11001-
03-15-000-2013-00865-00(PI), Actor: CARLOS MARIO ISAZA SERRANO, Demandado: ROY LEONARDO
BARRERAS MONTEALEGRE
29 Rad. 2010-00352, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
30 Rad. 2002-1007, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
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condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la Constitución), con su conducta
funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia
o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la
Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero
diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica
tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los
eventos como los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser
delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto
o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la
Constitución, la ley o los reglamentos’ ”.
De allí que, para que la causal se configure es necesario que el Congresista, en su
condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal consagrado
en la Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados sean
diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o haya destinado o
utilizado los recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal
o de terceros; o hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la
condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar,
defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los bienes
del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que
la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de
noviembre de 200531 señaló: “Para la configuración de la causal de indebida
destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley 5ª de
1992) se destacan o requieren dos elementos como son la conducta y el fin.”
En el primero –como se exige para las demás causales por las que se puede
demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el sujeto activo que la agota
ostente la calidad de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al ejercer las
competencias propias de su investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento al destinar los
recursos públicos a materias, actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos
que autorizados son diferentes a los que se encuentran asignados; ii) aplique tales
dineros a objetos prohibidos, no necesarios o injustificados; iii) obtenga un
incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceras personas, etc
[…]” (Destacado fuera de texto).
35. Asimismo, esta Sección32, siguiendo los planteamientos de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha expresado, frente a la
configuración de esta causal de pérdida de investidura, lo siguiente:
31 Rad. 2004-01673, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
32CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA,
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200333-01
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se encuentra definida
en la Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha
referido en distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia 30
de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán
Rodríguez Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de indebida
destinación de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta causal
de pérdida de investidura “está en el hecho de que el Congresista, en su condición
de servidor público, con su conducta funcional al ejercer las competencias de las que
ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos estatales,
preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados
pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica
tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o
cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o
cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas”.
Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo33 y también por la Sección Primera del Consejo de
Estado, entre otras, en sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre
de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas
Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700, Consejera ponente
doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-
00012 (Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente núm. 2011-00009, Consejera
ponente María Elizabeth García González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm.
2012-00151, Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”.
36. En suma de todo lo anterior, se considera:
36.1. Que la indebida destinación de dineros públicos es una norma abierta porque
la normativa Constitucional y legal no establece el alcance de la causal ni detalla un
catálogo de conductas específicas que la configuran, lo cual atiende a la finalidad
de la causal, cual es: censurar cualquier uso de los dineros públicos para fines no
previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución Política, las
leyes o el reglamento, porque con ello traiciona, cambia o distorsiona los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la normativa que regula el gasto34.
(2014), Radicación número: 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI), Actor: JESUS ANTONI OBANDO ROA,
Demandado: CESAR LONDOÑO VILLEGAS Y OTRO, Referencia: APELACION SENTENCIA – PÉRDIDA DE
INVESTIDURA.
33 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001 (Expediente núm. AC-
11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
34 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de
diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P.
doctora Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero,
expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco
Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200333-01
36.2. Si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede configurar a
través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e independencia
existente entre las acciones de pérdida de investidura y penal, las conductas que
materializan la indebida destinación de dineros públicos configuran la causal de
pérdida de investidura sin que necesariamente deban estar tipificadas como delitos
[…]”35.
36.3. Para efectos de la causal de pérdida de investidura, la expresión “dinero
público” se debe entender como aquellos recursos públicos que administra el
Estado.
36.4. La configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura sub examine
requiere la prueba de tres elementos, a saber: i) que se ostente la condición de
miembro de corporación pública de elección popular; ii) que se esté frente a dineros
públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente destinados.
37. La indebida destinación de dineros públicos se configura en los siguientes
casos:
37.1. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina los
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
37.2. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina
a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos
dineros se encuentran asignados.
37.3. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
37.4. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.
35 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de
diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P.
doctora Rocío Araújo Oñate. En dicha providencia se citan las sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes. Expediente AC-
2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María Lemos Bustamante, expediente: 11001-03-15-000-
2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre las acciones penal y de pérdida de investidura es congruente
con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio de 1994, mediante la cual se
declaró la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, que condicionaba la
procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por indebida destinación de
dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de sentencia penal condenatoria.
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37.5. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.
37.6. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las competencias
contractuales de los concejos municipales para garantizar el fortalecimiento
de la democracia participativa y sus limitaciones en materia de publicaciones
y publicidad
38. Visto el literal f del artículo 3.° de la Ley 1551 de 6 de julio de 201236, que
modificó el artículo 4 de la Ley 136, sobre principios rectores del ejercicio de la
competencia, las autoridades municipales, en ejercicio del principio de
responsabilidad y transparencia, promoverán el control de las actuaciones de la
Administración, por parte de los ciudadanos. La norma establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 3º. El artículo 4º de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 4o. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los municipios
ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los
principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de
distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la
Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:
[…]
f) Responsabilidad y transparencia. Los municipios asumirán las competencias a
su cargo, previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad
financiera de su entidad territorial, garantizando su manejo transparente.
En desarrollo de este principio, las autoridades municipales promoverán el control de
las actuaciones de la Administración, por parte de los ciudadanos, a través de
ejercicios que los involucren en la planeación, ejecución y rendición final de cuentas,
como principio de responsabilidad política y administrativa de los asuntos oficiales, a
fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción relacionados con la ejecución del
presupuesto y la contratación estatal, en cumplimiento de la legislación especial que
se expida en la materia […]”.
39. Asimismo, visto el numeral 11 del artículo 18 de Ley 1551, señala que además
de las funciones que establece la Constitución y la ley, son atribuciones de los
concejos municipales, entre otras, la de garantizar el fortalecimiento de la
democracia participativa. El tenor de la norma es la siguiente :
36 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
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“[…] Artículo 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la
Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.
[…]
11. Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos
de acción comunal. (…)”.
40. Vistos los artículos 2 de la Ley 507; y 9 y 81 de la Ley 134, sobre cabildo abierto
para el estudio y análisis de los planes de ordenamiento territorial y su oportunidad:
i) el cabildo abierto es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o
de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar
directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad; y ii) los
concejos municipales o distritales “[…] celebrarán obligatoriamente un Cabildo
Abierto previo para el estudio y análisis de los Planes de Ordenamiento Territorial
sin perjuicio de los demás instrumentos de participación contemplados en la ley
[…]”.
41. La posibilidad de la publicidad y de las publicaciones o impresiones de textos
institucionales por parte de las entidades públicas la establece el Decreto 1737 de
1998 y, en particular, sus artículos 837 y 938 que dispone lo siguiente:
“Artículo 8.- La impresión de informes, folletos o textos institucionales se
deberá hacer con observancia del orden y prioridades establecidos en normas y
directivas presidenciales, en cuanto respecta a la utilización de la imprenta
nacional y otras instituciones prestatarias en estos servicios.
En ningún caso las entidades39 objeto de esta reglamentación podrán
patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación
de documentos que no estén relacionados en forma directa con las
funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar, o patrocinar la
impresión de ediciones de lujo o con policromías […]” (Destacado fuera de
texto).
“[…] Artículo 9.- Las entidades objeto de la regulación de este decreto no
podrán en ningún caso difundir expresiones de aplauso, censura, solidaridad o
similares, o publicar o promover la imagen de la entidad o sus funcionarios con
cargo a recursos públicos […]” (Destacado fuera de texto).
37 Modificado por el Decreto Nacional 950 de 1999, Modificado por el Decreto Nacional 2209 de
1998, Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 212 de 1999, Modificado por el Decreto Nacional 2445 de
2000, Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 2465 de 2000, Modificado por el Decreto Nacional 3667 de
2006.
38 Modificado por el Decreto 2672 de 2002.
39 Decreto 1737 de 1998
“Artículo 1º.- Se sujetan a la regulación de este Decreto, salvo en lo expresamente aquí exceptuando, los
organismos, entidades, entes públicos, y personas jurídicas que financien sus gastos con recursos del Tesoro
Público.
Artículo 2º.- Las entidades territoriales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus
organizaciones administrativas.”
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42. Por su parte, el artículo 10 de la Ley 1474, sobre presupuesto de publicidad,
establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 10. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. Los recursos que
destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con
participación mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la
divulgación de los programas y políticas que realicen, a través de publicidad
oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización
de dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la
respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.
En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación, entre otros, en
cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera
tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.
Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el
inciso anterior, deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad,
transparencia y objetividad.
Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación
de programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos,
partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre,
símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a
confusión.
En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán
patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté
relacionada en forma directa con las funciones que legalmente debe cumplir,
ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías
[…]” (Destacado fuera de texto).
43. Las normas transcritas prohíben a las entidades públicas: i) contratar la edición,
impresión o publicación de documentos que no estén relacionados con las
funciones que legalmente deben cumplir, ii) contratar la impresión de ediciones de
lujo40 o con policromías41; y iii) publicar o promover la imagen de la entidad o de sus
funcionarios con cargo a recursos públicos.
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en
sentencia de 23 de mayo de 200042 consideró que “[…] [p]odría pensarse que las
irregularidades durante cualquier etapa de la actividad contractual […] constituirían
celebración indebida de contratos pero por sí misma ésta no implicaría indebida
destinación de dineros públicos […]”. Asimismo, explicó, por un lado, que no
40 Diccionario de la Real Academia Española define, por un lado, la palabra edición como “1. f. Producción
impresa de ejemplares de un texto, una obra artística o un documento visual”; y, por el otro, la palabra lujo como
“1. m. Abundancia en el adorno o en comodidades y objetos suntuosos” y “4. m. Elevada categoría, excelencia
o exquisitez que posee algo por la calidad de las materias primas empleadas en su fabricación, sus altas
prestaciones o servicios, etc.”.
41 Diccionario de la Real Academia Española. Policromía: 1. f. Cualidad de policromo. Policromo: adj. De varios
colores.
42 Expediente: AC-9878, M.P. Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, Actor: Emilio Sánchez Alsina.
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cualquier irregularidad cometida por el miembro de la corporación pública de
elección popular en la administración y custodia de bienes del Estado podría
constituir causal de pérdida de investidura porque ello constituiría una interpretación
extensiva que haría además nugatoria la causal de indebida destinación de dineros
públicos; y, por el otro, que la indebida destinación podría configurarse por
negligencia u omisión en la verificación de la conveniencia o necesidad del objeto a
contratar, que afecte fondos públicos, y que concluya en la contratación de objetos
inconvenientes, innecesarios o prohibidos por la ley.
45. Asimismo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 3 de
octubre de 200043 consideró que la impresión de los libros con policromía y publicitar
o promoción de la imagen de la entidad con cargo a recursos públicos está prohibido
por la ley, y que resulta ser un hecho constitutivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, al destinar los recursos a
objetos prohibidos en normas relacionadas con la austeridad del gasto público;
consideraciones que han sido reiteradas por la Sección Primera del Consejo de
Estado en sentencias de 28 de enero de 201644, 14 de abril de 201645 y 8 de junio
de 201846 y que permiten concluir que el miembro de la corporación pública de
elección popular, en el ejercicio de la actividad contractual, no solo debe acatar la
ley y el procedimiento, sino también debe procurar que esta actividad sea racional,
oportuna, transparente, eficiente y eficaz, con prevalencia de los principios
señalados en las normas antes mencionadas.
Análisis del caso concreto
46. Vistos el marco normativo y de conformidad con los desarrollos
jurisprudenciales expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala
procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en
aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
43 Expediente: PI Acumulados AC-10529 y AC-10968, M.P. Dr. Dario Quiñonez Pinilla.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de enero de
2016. NUR. 850012333000201400252-01. C.P. doctora María Claudia Rojas Lasso.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de
2016. NUR. 850012333000201500001-01. C.P. doctora María Claudia Rojas Lasso.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2018.
NUR. 6600123333002201500293-01. C.P. doctora María Elizabeth García González.
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Análisis de los supuestos del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos en el caso concreto
47. La Sala procede, en el caso sub examine, al estudio de los supuestos
necesarios para la configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre indebida destinación de dineros
públicos, a saber: i) que se ostente la condición de miembro de corporación pública
de elección popular; ii) que se esté frente a dineros públicos; y iii) que los dineros
públicos sean indebidamente destinados.
Que se ostente la calidad de concejal
48. Conforme lo indicado en el acápite denominado “[…] la calificación habilitante
[…]” se encuentra probado que la señora La Chiqui Carmenza Santiago Ospino
tiene la calidad de Concejal del Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y
Turístico de Barrancabermeja, para el periodo 2021-2023. En consecuencia, se
encuentra probado el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura en el caso sub examine.
Que se esté frente a dineros públicos
49. Esta Sección47 ha considerado que el artículo 11 del Decreto 111 de 15 de
enero de 199648 señala que el presupuesto se compone de las siguientes partes: i)
el presupuesto de ingresos o rentas; ii) el presupuesto de gastos, a su vez
conformado por los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos
de inversión, y iii) disposiciones generales.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre
de 2021, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 47001 2333 000 2021 00310 01
48 «Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el
estatuto orgánico del presupuesto».
ARTÍCULO 11. El presupuesto general de la Nación se compone de las siguientes partes:
a) El presupuesto de rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las
contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los
fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional;
b) El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para la rama judicial, la rama
legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la
Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional
Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional,
distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y
detallados en la forma que indiquen los reglamentos, y (Expresion subrayada, declarada EXEQUIBLE mediante
Sentencia de la Corte Constitucional C-230A de 2008)
c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del
presupuesto general de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan (L.
38/89, art. 7º; L. 179/94, arts. 3º, 16 y 71; L. 225/95, art. 1º).
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200333-01
50. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala considera que los recursos con los
que se celebró el Contrato 116-2022 y su adición, conforme con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal núm. 22-00079 de 25 de enero de 2022, constituyen
dinero público que integra el presupuesto de gastos de funcionamiento de la entidad
territorial y, en esa medida, se encuentra probado el segundo supuesto del elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura objeto de análisis.
Que los dineros públicos sean indebidamente destinados
51. Como se indicó supra, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional ha considerado que la indebida destinación de dineros públicos se
configura: i) Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular
destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados; ii)
Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina a
objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos
dineros se encuentran asignados; iii) cuando el miembro de la corporación pública
de elección popular aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento; iv) cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular aplica los dineros públicos a
materias innecesarias o injustificadas; v) cuando la destinación tiene la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; y vi) cuando la
destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o en el de terceros.
52. En el caso sub examine, el Solicitante indicó en el recurso de apelación que el
Tribunal al proferir la sentencia no valoró en debida forma las pruebas del proceso
en cuanto, en su criterio, prueban que se configuraron los elementos objetivo y
subjetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos, en especial, porque se encuentra probado que la Concejal en su condición
de Presidenta del Concejo Distrital de Barrancabermeja y ordenadora del gasto, al
suscribir el Contrato 116-2022 y su adición: contrató la impresión del backing y de
las cartillas en policromía e impresión de lujo; permitió el pago de objetos como
lapiceros, refrigerios y bebidas hidratantes, sin ser recibidos a satisfacción porque
no fueron entregados; y por no cumplir las especificaciones técnicas del contrato o
por constituir materias innecesarias o injustificadas y que promocionan la imagen
de la entidad.
53. Para el efecto, la Sala encuentra probado lo siguiente:
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200333-01
53.1. La Administración Distrital de Barrancabermeja radicó el 3 de diciembre de
2021 ante el Concejo Distrital de Barrancabermeja el proyecto de acuerdo núm. 023
de 2021, por medio del cual se adopta la revisión general del plan de ordenamiento
territorial de Barrancabermeja 2022-2035, para lo cual el Alcalde Distrital de
Barrancabermeja citó al Concejo Distrital a sesiones extraordinarias con el objeto
de que se diera trámite, debate y aprobación al precitado proyecto de acuerdo49.
53.2. La señora La Chiqui Carmenza Santiago Ospino fue elegida por la plenaria
del Concejo Distrital de Barrancabermeja como Presidenta de ese Concejo Distrital
para el periodo 2022, según consta en el Acta núm. 140 de 20 de diciembre de
202150.
53.3. El Concejo Distrital de Barrancabermeja impartió el trámite correspondiente
al proyecto de acuerdo indicado supra. Para el efecto, con fundamento en la sesión
realizada el 18 de diciembre de 2021 y con miras a garantizar la participación
ciudadana, la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Barrancabermeja expidió la
Resolución núm. 003 de 13 de enero de 2022, por medio de la cual se convocó y
se expide el reglamento para el cabildo abierto, previo al estudio por parte del
Concejo Distrital del Proyecto de Acuerdo núm. 023 de 2021 51. El acto
administrativo estableció con claridad los aspectos atinentes a la convocatoria y, en
especial, el lugar y fecha, la divulgación, programación, desarrollo, intervención y
participación institucional y ciudadana en el cabildo.
53.4. El Secretario General del Concejo Distrital de Barrancabermeja el 31 de
enero de 2022 expidió certificación en la que hace constar que “[…] EN EL PLAN
DE ADQUISICIONES DEL CONCEJO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022 SE ENCUENTRAN REGISTRADOS LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS DE ACUERDO A CÓDIGO UNSPSC, DESCRIPCIÓN,
CANTIDAD Y VALOR […]”: un rubro presupuestal por $27.998.100,oo pesos M/cte.
para “[…] CONVENIOS, EVENTOS Y LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE
SESIONES DESCENTRALIZADAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA […]”. Asimismo, se expidió el Certificado de Disponibilidad
núm. 22-00079 en la que se certifica la existencia de un rubro presupuestal por
49 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver el documento denominado
“2.Resolución-003-2022 (1)”
50 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, en el documento denominado “04.
Acta140 de 2021”.
51 Cfr. Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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31
Núm. Único de radicación: 680012333000202200333-01
$27.998.100,oo pesos M/cte para gastos de funcionamiento orientados a “APOYAR
EN LA LOGÍSTICA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABEMREJA DESDE EL CONCEJO
DISTRITAL”52.
53.5. La Concejal, en su condición de Presidenta del Concejo Distrital de
Barrancabermeja, expidió el 31 de enero de 2022 los estudios previos para un
“PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA DISPUESTO PARA LA
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CUYO VALOR NO EXCEDA EL 10% DE LA
MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD”, que estableció, entre otros, el objeto, alcance,
clasificación de bienes o servicios a contratar, especificaciones técnicas exigidas,
obligaciones de las partes del contrato, plazo de ejecución, presupuesto, valor
estimado en $27.998.100,oo pesos M/cte. y supervisión. En especial, los estudios
previos en el acápite “4.4 ESPECIFICACIONES Y/O CONDICIONES TÉCNICAS
XIGIDAS (sic)”, sub acápites “1.2. MATERIALES Y EQUIPOS” y “1.3. SERVICIOS
GENERALES”, establecieron lo siguiente53:
52 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver los documentos denominados
“2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN EL PLAN ANUAL” y “3.CDP”.
53 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver archivos 5, 6, y 19 de la carpeta
Anexo contrato 116-22 del expediente digital.
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200333-01
53.5.1. Asimismo, se establecieron las especificaciones técnicas que, en lo
pertinente, para el caso del backing, cartillas, lapiceros, refrigerios e hidratación
señalaron lo siguiente:
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.
“Impresion de baking (sic) de 10 m2: En impresion
digital de alta resolucion sobre lona banner de 15
onzas (grosor) laminado para prolongacion y
1.2.8. durabilidad con mensaje alusivo a la socializacion del M2 10
POT, con las siguiente medidas: 5 m de ancho, 2 m de
alto para ser ubicado en l lugar donde se desarrolle el
evento de socializacion. Incluye instalación y
desinstalación”54.
1.2.10 Cartillas con información del POT Unidad 417
1.2.11 Lapiceros con logo de socialización del POT 417
1.3.1. Refrigerios conformados por un sólido de carne o pollo Unidad 417
de mínimo 200 gr. y un líquido de mínimo 200 ml con
componente nutricional en caja tetra pack
1.3.2. Hidratación (botella de 300 ml), incluye transporte y Unidad 453
tanque de enfriamiento
53.6. Luego de realizada la invitación Pública 001-2022 para el “PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CUYO VALOR NO
EXCEDA EL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD”, el 31 de enero de
2022, se presentaron las siguientes ofertas55.
Referencia de oferta Entidad Oferta
Propuesta FUNCOLBIS FUNCOLBIS $27.998.100,oo
Propuesta Fundación Tejiendo Futuro TEJEFU $27.998.100,oo
Invitación Pública No. 001-2022
PROPUESTA SERVIPROYER SAS SERVIPROYER SAS $27.998.100,oo
LOGISTICA POT MCFM MARTHA CECILIA FERIA MARIN $27.213.850,oo
REMA N° 4 . CONCEJOBARRANCA REMA SOLUCIONES $26.741.463,oo
LOGISTICA – CONCEJO DISTRITAL GRICONPRO SAS $24.000.000,oo
INVITACIÓN PÚBLICA N° 001-2022- CORPORACION ECOMAG- $21.487.200,oo
CORPORACIÓN ECOMAG- SOLUCIONES SOSTENIBLES
SOLUCIONES SOSTENIBLES
53.7. El Comité Evaluador conformado por las personas designadas por la
Presidenta del Concejo Distrital el 31 de enero de 2022, mediante Informe Final a
la invitación pública, sub examine, de 7 de febrero de 2022, “[…] recomienda al
ordenador del gasto, comunicar al proponente GRICONPRO S.A.S. […] la carta de
aceptación que resulte del proceso de selección de mínima cuantía – invitación
pública No. MIN-001-2022, cuyo objeto es: “APOYAR EN LA LOGISTICA DE LA
SOCIALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO
54 Transcripción literal del texto del documento.
55 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver archivos 4 a 9 de la carpeta
Anexo contrato 116-22 del expediente digital.
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DE BARRANCABERMEJA DESDE EL CONCEJO DISTRITAL”, por valor de
VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($24.000.000 COP), IVA
INCLUIDO, y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del
contrato; para un plazo de ejecución de quince (15) días calendarios, contados a
partir de la suscripción del acta de inicio, o hasta agotar disponibilidad presupuestal,
sin exceder del 31 de diciembre de 2022; por cuanto presentó la oferta
económica más favorable para la Entidad y estando habilitado de acuerdo con
la verificación de requisitos conforme a lo dispuesto en la invitación pública
y en el Decreto 1082 de 2015 […]”. Es importante resaltar que la oferta presentada
por la Corporación ECOMAG-SOLUCIONES SOSTENIBLES no fue tenida en
cuenta en tanto no presentó las “[…] subsanaciones de orden jurídico y técnico
dentro del término requerido por […]” el Comité Evaluador, relacionadas con la
experiencia mínima exigida56.
53.8. La Concejal, en su condición de Presidenta del Concejo Distrital de
Barrancabermeja, celebró con GRICONPRO S.A.S. el Contrato de prestación de
servicios núm. 116-2022, cuyo objeto y finalidad estuvieron constituidos por la
necesidad de “[…] APOYAR EN LA LOGÍSTICA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA DESDE EL CONCEJO DISTRITAL […]”, por valor de
$24.000.000,oo de pesos M/cte57.
53.9. Consta en el proceso que el 7 de febrero de 2022 se delegó al Secretario
General del Concejo Distrital de Barrancabermeja como supervisor del Contrato de
logística núm. 116-2022, para desarrollar el objeto de contratación, de conformidad
con lo establecido en el numeral 4.3.7.1 del Manual de Contratación del Concejo
Distrital58.
53.10. La Concejal expidió posteriormente, el 15 de febrero de 2022, estudios
previos para la adición al Contrato 116-2022, que se fundamentaron en que “[…]
[e]n la primera jornada del cabildo se tuvo que concurrieron un gran número de
ciudadanos parar los cuales se dispuso la entrega de los recursos de hidratación y
refrigerio con los que se contaba y se tenían establecidos en el contrato por lo cual
se agotaron al punto en el que muchos asistentes quedaron faltantes de dicha
56 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver archivos denominados
“DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR” y “EVALUACIÓN INVITACIÓN PÚBLICA No. MIN-001-2022 FINAL”
57 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver el archivo
C01_PCCNTR_3562815_Firmado.
58 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver archivos “Supervisor”.
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entrega lo que permite observar la necesidad de que para la siguiente jornada (la
segunda jornada de socialización del POT establecida por la Resolución núm. 003
de 13 de enero de 2022,) se disponga de un número mayor de refrigerios e
hidratación […]”. En consecuencia, se adicionó el valor del Contrato núm.116 de
2022 en suma de $3.780.000,oo, con el objeto de que el contratista suministre
refrigerios e hidratación durante la segunda jornada de socialización del POT. Los
referidos estudios previos se fundamentaron en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal núm. 22-00127 de 15 de febrero de 202259.
53.11. Se aportó copia a blanco y negro del documento denominado “INFORME DE
CUMPLIMIENTO CONTRATO MINIMA CUANTÍA MIN 001.2022” suscrito por la
Representante Legal de GRICONPRO S.A.S.60 y en los cuales se especifican las
actividades realizadas en el marco de la ejecución del Contrato 116-2022 durante
los eventos de socialización realizados los días 8 y 16 de febrero de 2022. En
especial, en relación con el caso concreto, el informe dejó constancia escrita y
fotográfica en blanco y negro sobre:
53.11.1. La instalación de un backing de 10 m2, durante los eventos, el cual
contiene la imagen de un ave en su extremo izquierdo y un texto central de gran
tamaño con la inscripción “CABILDO ABIERTO”. Debajo del texto central la frase:
“Tu participación es importante” y en la parte superior en tamaño pequeño el escudo
del Concejo Distrital de Barrancabermeja;
53.11.2. El suministro a los asistentes de “Cartillas con información del POT”,
informando que se “[…] elaboraron y entregaron en total 550 cartillas con la
información completa del Plan de Ordenamiento Territorial POT, según diseño
enviado por la Supervisión, a los asistentes del evento, directivos y concejales […]”;
53.11.3. Que “[…] [s]e elaboraron en total 450 lapiceros debidamente marcados
con el Logo del Concejo Distrital de Barrancabermeja, entregados a todos los
asistentes y directivos del evento […]”;
53.11.4. Que “[…] [s]e entregaron a los asistentes y directivos la totalidad de 917
refrigerios compuestos por una bebida y un alimento sólido […]”; y v) “[…] Se dio
entrega a 1053 botellas de agua para todos los asistentes directivos del evento,
59 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver el archivo “ESTUDIOS PREVIOS
ADICIONAL”
60 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver el archivo “EVIDENCIA
GRICONPRO” 1-18, 81-160 Y 161-212.
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personal logístico y en general a todo el público. También se dispuso de un área de
hidratación y estación de café […]”.
53.12. Se aportó el “INFORME FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN
JURIDICO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FUNANCIERO DEL CONTRATO 116-
2022”61, con las respectivas evidencias, suscrito por el supervisor del contrato el 1
de marzo de 2022, y en el que se deja constancia sobre el cumplimiento del
contrato, en especial, en los marcos técnico y financiero. En el documento se
consignó en lo pertinente lo siguiente:
“[…] MATERIALES Y EQUIPOS
En este ítem se evidencia el cumplimiento del alquiler de sillas, mesas, alquiler de
sonido, manteles, el servicio de decoración de la mesa principal, la transmisión vía
streaming, la entrega de cartillas y lapiceros a los asistentes, Se (sic) observó
la instalación del Bakin en lona de acuerdo a las especificaciones técnicas
contenidas en el contrato 116-22.
SERVICIO DE COMIDAD Y BEBIDAS
Se verificó la entrega de refrigerios y botellas de agua según las
especificaciones contenidas en el contrato 116-22 para cada uno de los
asistentes a la socialización del POT.
[…]
La supervisión de este contrato certifica que se ha cumplido las funciones de
verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del contrato, así como
los soportes al sistema de seguridad social.
En consecuencia de la revisión generada en cada uno de los componentes que
conforman el contrato 116-22 de los soportes entregados, se evidencia la
trazabilidad de las actividades desarrolladas correspondiente a los alcances
y presupuesto del contrato en emencio, (sic) por lo anterior, se da por
finalizado el informe de supervisión partiendo de la buena fe de los
documentos entregados por el CONTRATISTA […]” (Destacado fuera de texto).
53.13. Por último, se aportaron las actas de “DESEMBOLSO FINAL” y el “ACTA DE
LIQUIDACIÓN”62 del contrato, documentos suscritos por el Supervisor del contrato,
a saber, el Secretario General del Concejo Distrital de Barrancabermeja, y el
Representante Legal de GRICONPRO S.A.S., en los cuales se hace constar que: i)
el contrato “[…] se ejecutó en un 100% de satisfacción del Concejo municipal de
Barrancabermeja, se recibió satisfacción los servicios prestados para la ejecución
del objeto del contrato de conformidad con lo establecido del mismo […]”; ii) se
61 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver el archivo “GRICONPRO
FACTURAS” y los anexos denominados “EVIDENCIA GRICONPRO” 1-18, 81-160 Y 161-212.
62 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver el archivo “GRICONPRO
FACTURAS”.
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presume la buena fe respecto de los documentos presentados por el contratista; iii)
“[…] Que el contratista prestó los servicios requeridos de acuerdo a las
especificaciones técnicas del contrato […]”; iv) se aportaron los soportes y
documentación y que estos fueron revisados en sus especificaciones técnicas,
jurídicas y contables; y v) se procede a la liquidación y pago del contrato.
53.14. Se aportó: i) copia de la cartilla “ABC POT […] Formulación del Plan de
Ordenamiento Territorial de Barrancabermeja 2022-2035”63; ii) 3 imágenes que
corresponden a capturas de pantalla de lo que parece ser una red social del
“Concejo Barrancabermeja”64; y iii) un video sobre la realización del “Cabildo
Abierto”65.
54. La Sala, al realizar el análisis conjunto de las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica, considera, como en efecto lo expresó el Tribunal en la
sentencia apelada, que, en el caso sub examine, por un lado, se encuentra probado
que la Concejal, en su condición de Presidenta del Concejo Distrital de
Barrancabermeja y al haber suscrito los documentos correspondientes a las etapas
precontractual y contractual del proceso cuyo objeto era el apoyo logístico para la
socialización del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Barrancabermeja,
a través del Cabildo Abierto, tenía la disponibilidad jurídica de los dineros públicos,
en la medida en que su conducta implica la administración directa del erario.
55. Por el otro, que no se encuentra probado que la Concejal, en su condición de
Presidenta del Concejo Distrital de Barrancabermeja hubiere realizado conductas
que constituyan indebida destinación de dineros públicos66, en especial, porque no
se probó que hubiere aplicado los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento; ni a materias
innecesarias o injustificadas; ni con el objeto de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.
63 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver el archivo “Cartilla POT”.
64 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver el archivo “03. Videos”.
65 Cfr. Índice 2 del expediente electrónico contenido en Samai. En especial, ver el archivo “03. Videos”.
66 i) Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados; ii) Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular
los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados; iii) cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los dineros
a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento; iv)
cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los dineros públicos a materias
innecesarias o injustificadas; v) cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros; y vi) cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o en el de terceros.
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Núm. Único de radicación: 680012333000202200333-01
56. La Sala considera que no se encuentra probado que la Concejal hubiere
aplicado los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos o
a materias innecesarias o injustificadas en los términos del numeral 4.° del artículo
10 de la Ley 1474 y del numeral 2.° del artículo 8 y artículo 9 del Decreto 1737 de
1998.
57. Lo anterior porque, por un lado, la Concejal en su condición de Presidenta del
Concejo Distrital adelantó el proceso contractual en cumplimiento de diversas
normas que establecen la obligación de los concejos de garantizar la participación
de la comunidad en asuntos propios de la administración y de interés general, en
especial, los artículos 103 de la Constitución Política, los artículos 18, numeral 11,
de Ley 1551, 2 de la Ley 507; y 9 y 81 de la Ley 134 y la Ley 1757, según los cuales
los concejos municipales o distritales deben garantizar el fortalecimiento de la
democracia participativa y, en ese marco, celebrar “[…] obligatoriamente un
Cabildo Abierto previo para el estudio y análisis de los Planes de Ordenamiento
Territorial sin perjuicio de los demás instrumentos de participación contemplados en
la ley […]” (Destacado fuera de texto).
58. Adicional a lo anterior, en los estudios previos se explicó que el Concejo Distrital
de Barrancabermeja, en aras de asegurar el cumplimiento de sus funciones,
consideró necesario contratar a una persona natural o jurídica para que brinde
apoyo “[…] EN LA LOGISTICA DE LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
DESDE EL CONCEJO DISTRITAL […]” porque dicha Corporación requería realizar
las convocatorias y eventos que demanda el cabildo abierto y en la medida en que
no contaba con el recurso físico y humano para atender dicha necesidad. Ello
implica, en criterio de la Sala y en el marco de la solicitud de pérdida de investidura,
que la celebración del Contrato núm. 116-2022 versó sobre materia necesaria y
justificada.
59. Por el otro, la Sala no encuentra probado en el proceso, en especial de los
documentos correspondientes a las etapas precontractual, contractual y
postcontractual, referidos supra, que se haya incurrido en la prohibición de contratar
la impresión de ediciones de lujo o con policromías; o se haya contratado la
publicación o promoción de la imagen de la entidad, con cargo a recursos públicos.
60. Sobre el particular, se reitera que en los procesos de pérdida de investidura, de
conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en virtud
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del artículo 21 de la Ley 1881, corresponde al solicitante y al miembro de la
corporación pública de elección popular, probar los supuestos de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Análisis del caso concreto, en relación con la contratación del backing
61. Se encuentra probado que en los estudios previos se solicitó la elaboración de
un backing de 10 m2 y en las especificaciones técnicas se indicó lo siguiente: “[…]
[i]mpresion de baking (sic) de 10 m2: En impresion digital de alta resolucion sobre
lona banner de 15 onzas (grosor) laminado para prolongacion y durabilidad con
mensaje alusivo a la socializacion del POT, con las siguiente medidas: 5 m de
ancho, 2 m de alto para ser ubicado en l lugar donde se desarrolle el evento de
socializacion. Incluye instalación y desinstalación”67.
62. La Sala considera en relación con la contratación del backing, como un
elemento que permite exhibir una imagen de ambientación en un formato
determinado y de fácil instalación en resintos, que se trata de un elemento que no
puede ser asimilado a una “impresión de informe”, “folleto” o texto institucional en
los términos de los artículos 8 y 9 del Decreto 1737 de 1998, sino que constituye
una pieza de carácter publicitario en los términos del artículo 10 de la Ley 1474.
63. Adicional a lo anterior, la Sala considera que no se encuentra probado que la
Concejal al contratar el backing, en el caso sub examine, haya establecido que su
elaboración debía realizarse con elementos que constituyeran una edición de lujo,
que debía contener policromías o que debía estar orientado a promocionar la
imagen de la entidad, como lo sugiere el apelante, pues se trata de argumentos que
carecen de prueba y que no se pueden inferir ni de los estudios previos ni de las
especificaciones técnicas del contrato, como lo pretende el apelante.
64. El Solicitante tampoco probó que el hecho de que uno de los requisitos técnicos
exigidos en los estudios previos estaba relacionado con la impresión en “alta
resolución”, pudiere ser asimilable a una forma de impresión prohibida porque lo
cierto es que esta característica, por si sola, no implica que la Concejal hubiere
contratado realizar una impresión usando múltiples colores -lo cual implicaría una
67 Transcripción literal del texto de las especificaciones técnicas.
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policromía-, o que la impresión en “alta resolución” del backing constituya por sí sola
una edición de lujo68.
65. Tampoco se probó que la Concejal hubiere exigido en alguna de las etapas del
contrato la inclusión del logo del Concejo Distrital de Barrancabermeja en el backing
y, por el contrario, se probó que la exigencia contractual estaba orientada a que
debía contener un “[…] mensaje alusivo a la socializacion del POT […]”.
66. La Sala considera que la contratación del backing cumplió con los mandatos
establecidos por el artículo 10 de la Ley 147469, sobre presupuesto de publicidad,
en la medida en que se trató de un elemento orientado a la socialización del Plan
de Ordenamiento Territorial, en cumplimiento del fortalecimiento de la democracia
participativa, lo cual se encuentra relacionado en forma directa con las funciones
que legalmente debe cumplir el Concejo Distrital, adicional a lo cual el Solicitante
no probó que dicha contratación haya generado un mayor costo para el Estado o
que hubiere vulnerado el principio de austeridad del gasto.
67. Asimismo, se encuentra probado que la contratación del backing procuró una
mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos, lo cual se concluye de
la cantidad de piezas a contratar -una para uso múltiple-; la elección de la oferta
económica de menor valor, entre las 6 propuestas presentadas que cumplieron los
requisitos de la convocatoria y por ende fueron aceptadas; y el tamaño y materiales
de elaboración orientados a su uso múltiple.
Análisis del caso concreto, en relación con la contratación de cartillas y
lapiceros con información del POT
68. En relación con la contratación de las cartillas y lapiceros, se encuentra
probado, por un lado, que en los estudios previos y en las especificaciones técnicas
se solicitó la elaboración y entrega de 417 “Cartillas con información del POT”, sin
establecer más detalles sobre las calidades de impresión y demás información o
elementos que debía contener la misma.
68 Siguiendo las definiciones de la Real Academia Española, se podría entender que una edición de lujo es
aquella impresión de documento visual de elevada categoría, abundancia de adornos o de excelencia o
exquisitez por la calidad de las materias primas empleadas en su fabricación y sus altas prestaciones.
69 Es importante resaltar que el backing no puede ser asimilado a una “impresión de informe”, “folleto” o texto
institucional en los términos de los artículos 8 y 9 del Decreto 1737 de 1998.
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69. Y, por el otro, se encuentra probado que en los estudios previos se solicitó la
elaboración y entrega de 417 lapiceros y en las especificaciones técnicas se señaló
que estos debían contener el “logo de socialización del POT”.
70. La Sala considera en relación con la contratación de las cartillas y los lapiceros,
por un lado, que se trata de elementos que, como lo explicó el Tribunal, eran de
utilidad para el Cabildo Abierto y que estaban orientados a promover la participación
de la comunidad en la socialización del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
de Barrancabermeja, lo cual desvirtúa, se reitera, que ella constituyera una
contratación sobre materia innecesaria o injustificada; por el otro, que se encuentra
probado con los estudios previos, los requisitos técnicos y el contrato, que la
Concejal no contrató que estos fueren impresos en ediciones de lujo o con
policromías o que contuvieran elementos orientados a promocionar la imagen de la
entidad como se sugiere en la solicitud de pérdida de investidura y en el recurso de
apelación presentado por el Solicitante.
71. En relación con este punto, es importante resaltar que no se probó, por un lado,
que la inclusión del logo del Concejo Distrital en estos elementos tuviera un
propósito o efectos publicitarios de la imagen de la entidad o que la misma hubiere
acaecido por una exigencia de la Concejal en alguna de las etapas del contrato. Por
el contrario, lo probado en el proceso es que el requisito contenido en el estudio
previo, en las especificaciones técnicas y en el contrato estaba relacionado con la
inclusión del logo de socialización del POT en estos elementos, lo cual no constituye
promoción de la imagen de entidad en los términos prohibidos por la normativa
correspondiente.
72. La Sala considera que el hecho de que el contratista hubiere incluido el logo del
Concejo Distrital de Barrancabermeja en alguno de los productos entregados y que
el supervisor del contrato los hubiere recibido a satisfacción pese a ello, constituye
una conducta que tiene lugar en la ejecución contractual que no es atribuible a la
Concejal sino a la empresa contratista y el supervisor del contrato, máxime si se
tiene en consideración que el Supervisor, en el caso sub examine, certificó que el
contrato se ejecutó totalmente y a satisfacción y que los servicios contratados se
recibieron y que el contratista prestó los servicios requeridos de acuerdo a las
especificaciones técnicas del contrato.
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73. En efecto, los artículos 8370 y 8471 de la Ley 1474, sobre supervisión e
interventoría y facultades y deberes, establecen que las entidades públicas están
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a
través de un supervisor o un interventor, según corresponda, con el fin de proteger
la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar
la transparencia de la actividad contractual. Asimismo, la normativa establece que:
i) la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato; ii) es ejercida por
70 “[…] ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución
del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro
de la interventoría.
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e
interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el
contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las
demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.
PARÁGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la
entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con
independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional reglamentará la materia […]”.
71 “[…] ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles,
o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002> quedará así:
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o
en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra
que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad
contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el
incumplimiento.
PARÁGRAFO 2o. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8o, numeral 1, con el siguiente literal:
k) <sic> <Literal CONDICIONALMENTE exequible> El interventor que incumpla el deber de entregar
información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato.
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.
PARÁGRAFO 3o. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo
del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el
incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un
contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para
salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente
con este, de los perjuicios que se ocasionen.
PARÁGRAFO 4o. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los
términos previstos en el artículo 7o de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio […]”.
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la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados; y iii) la
supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
74. Se trata entonces, en criterio de la Sala, de argumentos sobre irregularidades
que se encuentran relacionadas con la ejecución del contrato, que se enmarcan en
actos de terceros y que constituyen un juicio de legalidad o ilegalidad no del contrato
estatal suscrito por la Concejal, sino de su ejecución, que no es objeto de estudio
en el marco de esta clase de proceso y que en todo caso no tiene la potencia para
configurar por si sola el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos en relación con la Concejal, pero que
podría constituir otra clase de responsabilidad, en caso de encontrar que la
ejecución del contrato no se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico.
Análisis del caso concreto, en relación con la contratación adicional de
refrigerios y bebidas hidratantes para la segunda sesión del cabildo abierto
75. La Sala encuentra probado que la Concejal, al suscribir el Contrato 116-2022,
contrató con GRICONPRO S.A.S. el suministro de refrigerios y bebidas hidratantes
para los asistentes a los eventos de socialización de POT y posteriormente, con
fundamento en, por un lado, la alta afluencia de personas que asistieron a la primera
sesión del Cabildo Abierto; por el otro, en consideración a que en la primera jornada
se agotaron los refrigerios y bebidas contratadas; y, por último, que era necesario
garantizar un refrigerio y bebida hidratante para los asistentes al segundo evento
de socialización, consideró que era necesario adicionar el contrato para que el
Contratista suministrara en “[…] la siguiente jornada (la segunda jornada de
socialización del POT establecida por la Resolución núm. 003 de 13 de enero de
2022,) […] un número mayor de refrigerios e hidratación […]”.
76. Como se indicó supra, el Solicitante manifiesta en el recurso de apelación que
la indebida destinación de dineros públicos con ocasión de la adición de la
contratación para el suministro de refrigerios y bebidas hidratantes tiene lugar
porque un estudio de las pruebas del proceso permitirían concluir que no es posible
que el contratista hubiere suministrado durante la segunda sesión del Cabildo
Abierto un total de 500 refrigerios y 600 botellas de agua porque a esta sesión
solamente asistieron 50 personas. El apelante agrega que si bien se trata de un
argumento que cuestiona la ejecución del contrato estatal, la indebida destinación
de dineros públicos tiene lugar por el pago del mismo, sin haberse recibido los
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elementos contratados, lo que en su criterio constituye una indebida destinación de
dineros públicos atribuible a la Concejal.
77. La Sala considera y reitera, conforme se indicó anteriormente, que los
argumentos del recurso de apelación relacionados con el suministro de los
refrigerios y bebidas hidratantes durante el segundo evento de socialización del
POT constituyen irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato, que se
enmarcan en actos de terceros y que constituyen un juicio de legalidad o ilegalidad
de la ejecución del contrato y que no tienen la suficiencia pretendida por el
Solicitante de la pérdida de investidura para constituir una indebida destinación de
dineros públicos, como causal de pérdida de investidura, porque para ello se debía
probar que la concejal fue negligente o que se valió del proceso contractual para
destinar en forma indebida los dineros públicos, lo cual goza de orfandad probatoria
en este caso.
78. Por el contrario, se encuentra probado y no ha sido desvirtuado, que la
contratación de los refrigerios y bebidas hidratantes era necesaria y justificada en
el marco del cabildo abierto realizado con la comunidad para socializar el proyecto
de POT y que el contrato se cumplió, en los términos señalados en el informe
rendido por el contratista y por el Supervisor del contrato.
79. En este punto, la Sala considera que no se advierte que se haya utilizado el
contrato estatal con el objeto de lograr un incremento patrimonial injustificado
personal o de terceros, en este caso el contratista, porque lo cierto es que se
encuentra probado en el proceso, en especial con el informe final del contratista, las
actas de liquidación y de desembolso final, que: i) el contrato se ejecutó totalmente
y a satisfacción; ii) que los servicios contratados se recibieron y que el contratista
prestó los servicios requeridos de acuerdo a las especificaciones técnicas del
contrato; y iii) que se aportaron los soportes y documentación y que estos fueron
revisados por la supervisión en sus especificaciones técnicas, jurídicas y contables.
80. En todo caso, la Sala considera que la Concejal al suscribir el Contrato 116-
2022 y su adición no destinó en forma indebida los dineros públicos, para lo cual se
precisa, por un lado, que el objeto de este medio de control es el de determinar si
el miembro de una corporación pública de elección popular incurrió o no en una
conducta constitutiva de pérdida de investidura, en este caso, por indebida
destinación de dineros públicos; y, por el otro, que no es procedente, en el marco
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de este medio de control, realizar un estudio de legalidad del precitado contrato y
su ejecución.
81. Asimismo, que la decisión de decretar la pérdida de investidura constituye una
medida de una severidad excepcional que implica no solamente la separación
inmediata y definitiva del miembro de la corporación pública de elección popular que
ha incurrido en la causal prevista en el ordenamiento jurídico, sino que conlleva,
además, la imposibilidad de volver a ser elegido en un cargo de elección popular en
el futuro. Por ello, la Sala considera que el juzgador debe encontrar probado en el
proceso la configuración de los elementos objetivo y subjetivo de la causal de
pérdida de investidura invocada y, probada la configuración de dichos elementos,
resulta procedente la declaratoria de pérdida de investidura.
82. En suma, la Sala considera que no se encuentra probado que la situación
puesta de presente por el Solicitante sea constitutiva de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros público; mucho menos se probó que
la Concejal hubiera aplicado los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos, a materias innecesarias o injustificadas; o con el objeto
de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros y consecuencialmente,
que el Tribunal, al negar la solicitud de pérdida de investidura, hubiere incurrido en
una indebida valoración probatoria en cuanto consideró que no se configuraba el
tercer supuesto, sobre indebida destinación de dinero público, por la contratación
del backing, las cartillas, el lapicero, los refrigerios o las bebidas hidratantes.
83. En ese orden de ideas, la Sala, al no encontrar probado el tercer supuesto del
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos, lo cual implica que no se configura el elemento objetivo,
considera consecuencialmente que no es necesario realizar el estudio del elemento
subjetivo.
Conclusión de la Sala
84. En suma, la Sala considera que en el caso objeto de estudio no se probó que
la Concejal incurriera en una indebida destinación de dineros públicos derivada de
la contratación del backing, las cartillas, el lapicero, los refrigerios o las bebidas
hidratantes indicadas anteriormente. En consecuencia, se confirmará la sentencia
proferida, en primera instancia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de julio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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