Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00684-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00684-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2025-00684-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 680012333000202500684011
Recurso de apelación contra la sentencia de 12 de diciembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
Solicitante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
TESIS: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL: NULIDAD DE ACUERDO NO
CONFIGURA, POR SÍ MISMA, INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS
PUBLICOS EN CABEZA DE CONCEJAL
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 12 de diciembre de 2025, proferida por la Sala Plena
del Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se
denegó la pérdida de investidura de la concejal de San Gil
(Santander), señora MARGARITA VARGAS BAUTISTA, por hechos
ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura de la
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Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales, a las que se haga alusión en esta
sentencia, deberán confrontarse de forma virtual.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2025 00684 01
Solicitante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
concejal de San Gil (Santander), señora MARGARITA VARGAS
BAUTISTA, por hechos ocurridos dentro del período constitucional
2024-2027, al considerar que incurrió en la causal de pérdida de
investidura establecida en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136
de 2 de junio de 19942, y 48, numeral 4, de la 617 de 6 de octubre
de 20003, esto es, por indebida destinación de dineros públicos.
I.2.- En apoyo de su pretensión, el solicitante adujo que el Concejo
de San Gil expidió el Acuerdo 002 de 19 de febrero de 2024, “[…] Por
medio del cual se faculta al señor alcalde para crear, modificar, o
suprimir rubros, realizar créditos y contracréditos al presupuesto de
la vigencia dos mil veinticuatro (2024) […]”; y que la accionada votó
y aprobó dicho acto en el que no se insertó la destinación de los
créditos y contracréditos, ni se debatió la creación, modificación o
supresión de rubros presupuestales, dejando a la libre iniciativa del
alcalde la interpretación de las necesidades sociales.
Mencionó que el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de San Gil (Santander) declaró la nulidad de ese acuerdo a
través de la sentencia de 31 de marzo de 2025, radicación
68679333300120240004600, la cual fue confirmada mediante
sentencia de 20 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.
Afirmó que la accionada, al avalar actos contrarios al orden jurídico,
y anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, luego
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“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.
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“Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986,
se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”.
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de verificarse que vulneró normas presupuestales, desconoció el
deber constitucional que le asistía de velar por la correcta
administración de los recursos públicos e incurrió en la causal de
indebida destinación de dineros públicos, al comprometer, autorizar
o ejecutar recursos en contravía de la normatividad aplicable,
afectando la transparencia y la legalidad en la gestión administrativa.
I.3.- La concejal, actuando en nombre propio, presentó escrito de
contestación en el que se opuso a la pretensión de la solicitud, para
lo cual alegó que la mera declaratoria de nulidad de un acto
administrativo, como lo fue el Acuerdo 002 de 19 de febrero de 2024,
no configura, por sí misma, la sanción de pérdida de investidura,
debido a que el juicio de legalidad de un acto difiere del juicio
sancionatorio, de carácter subjetivo, que exige la desinvestidura.
Manifestó que el actor omitió analizar el auto de 29 de septiembre
de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Santander
aclaró la sentencia de 20 de agosto de 2025, en el entendido de que
los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad del Acuerdo 002 de
19 de febrero de 2024, solo se predican de situaciones jurídicas
particulares que no estuvieren consolidadas; y que, tratándose de
situaciones jurídicas consolidadas, los efectos ex nunc se producían
desde la sentencia de nulidad, debido a su connotación de certeza,
firmeza y de imposibilidad de ser discutidas.
Señaló que la indebida destinación de dineros públicos no es una
causal genérica y que está reservada para las actuaciones que
impliquen una desviación sustancial de los recursos; y que, a partir
de pronunciamientos del Consejo de Estado, tal circunstancia no
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implicó una distorsión de las finalidades del gasto y escapaba a su
competencia, por lo que su conducta no encaja en la causal de
indebida destinación de dineros públicos.
Argumentó que acoger lo pretendido por el actor desnaturalizaría la
acción sancionatoria de la pérdida de investidura, al convertirla en
una consecuencia necesaria de todo vicio de legalidad en la actividad
normativa del Concejo de San Gil (Santander).
Propuso las excepciones que denominó ‘inconfigurabilidad de la
causal indebida destinación de dineros públicos’, fundada en la
estricta naturaleza taxativa de la acción, en la ausencia de prueba
sobre la destinación de los recursos a fines prohibidos y en la
distinción entre su voto y el acto de ejecución del gasto; ‘ausencia
del elemento subjetivo de culpabilidad’; ‘inexistencia de daño físico o
jurídico consolidado y desproporcionalidad de la sanción’; ‘temeridad,
mala fe y abuso del derecho por persecución política’; ‘ineptitud del
cargo por imprecisión conceptual y falta de rigor jurídico’, y ‘genérica
o innominada’.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, a través de sentencia de 12 de diciembre de 2025,
denegó la pérdida de investidura de la accionada, para lo cual indicó
que la accionada no fungió como ordenadora del gasto, toda vez que
esa función estaba asignada al presidente del Concejo por el artículo
110 del Decreto 111 de 15 de enero de 19964; y que el dinero
acreditado pertenecía al municipio de San Gil (Santander), que no al
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“[…] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que
conforman el estatuto orgánico del presupuesto […]”.
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cabildo municipal, lo que descarta una indebida destinación directa
de dineros públicos.
Mencionó que, en su exposición de motivos, el proyecto de acuerdo
002 de 2024 presentado por la Alcaldía del municipio ante el Concejo
de San Gil (Santander), perseguía un propósito autorizado por el
marco constitucional y orgánico del presupuesto (artículos 311 y 313
Superiores, Ley 136, modificada por la Ley 1551 de 6 de julio de
2012 5, y disposiciones del Estatuto Orgánico de Presupuesto),
consistente en habilitar al alcalde para garantizar la ejecución
oportuna del gasto y atender las necesidades surgidas durante la
vigencia fiscal, mediante el traslado de la competencia para crear,
modificar o suprimir rubros y realizar créditos y contracréditos al
presupuesto de la vigencia 2024, en aras de brindar una atención
suficiente a las diferentes necesidades y requerimientos que se
presentan en los distintos sectores, cuando el Concejo no estuviera
sesionando.
Manifestó que ese mismo Tribunal, mediante la sentencia de 20 de
agosto de 2025, declaró la nulidad del Acuerdo 002 de 19 de febrero
de 2024, comoquiera que radicó en cabeza del ejecutivo municipal,
sin salvedad o límite alguno frente a su alcance, una facultad que se
encuentra reservada a dicho Concejo, no susceptible de delegación,
esto es, la modificación del presupuesto con incidencia en el principio
de legalidad del presupuesto previsto en el artículo 345 Superior.
Sostuvo que la conducta de la accionada no se subsume en ninguna
de las hipótesis que configuran la indebida destinación de dineros
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“[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
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públicos, toda vez que la declaratoria de nulidad del Acuerdo 002 de
19 de febrero de 2024, expedido por el concejo del cual hace parte,
no produce, por sí misma, ni de manera automática, los efectos que
pretende el actor. Y que no se logró demostrar que los dineros
públicos hubieran sido aplicados a objetos, actividades o propósitos
no autorizados, ni a fines autorizados pero distintos de aquellos para
los cuales se encontraban asignados, ni mucho menos a propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
Adujo que si bien el Acuerdo número 002 de 19 de febrero de 2024
fue declarado nulo por esta jurisdicción, lo cierto es que hasta tanto
no se profirió la decisión anulatoria, dicho acto administrativo gozó
de presunción de legalidad y produjo plenos efectos jurídicos; y que
en esa medida las actuaciones presupuestales adoptadas por el
alcalde de San Gil (Santander), con fundamento en la facultad
trasladada por el Concejo, no se vieron afectadas mientras
permaneció vigente, de modo que no es posible concluir que los
recursos ejecutados con base en tal autorización hayan sido
indebidamente destinados.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El actor interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia,
en el que solicita revocar la decisión del a quo y, en su lugar, decretar
la pérdida de investidura de la accionada, para lo cual acusa errores
de derecho, desconocimiento del precedente vinculante del Consejo
de Estado y valoración jurídicamente insuficiente de la antijuridicidad
de la conducta reprochada.
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Planteó un ‘error de derecho por interpretación restrictiva de
la modalidad indirecta’ en el que aduce que la sentencia incurre
en error al supeditar la configuración de la causal a la condición de
ordenador del gasto o a la ejecución material de recursos,
desconociendo que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
sostenido reiteradamente que la indebida destinación se configura
también cuando el servidor público, sin ejecutar el gasto, contribuye
decisivamente a que los recursos sean destinados de manera
contraria al orden constitucional o legal mediante la creación del
marco jurídico o decisorio que permite o facilita una destinación
irregular.
Señala que el Tribunal exigió presupuestos propios de la modalidad
directa para la indirecta, vaciando de contenido esta última y
desconociendo la finalidad preventiva de la pérdida de investidura,
en tanto que, conforme a la sentencia de 10 de octubre de 2022, del
Consejo de Estado, radicación 680012333000202200333-01, la
modalidad indirecta se caracteriza precisamente por la ausencia de
ejecución directa, bastando la intervención determinante en la
creación del marco normativo que habilita la destinación ilegal de
recursos públicos.
En cuanto al ‘desconocimiento del precedente vinculante sobre
relevancia sancionatoria de actos nulos’, indica que el Tribunal
otorgó a la declaratoria de nulidad del referido acto administrativo
una relevancia meramente formal y neutral, desconociendo que la
jurisprudencia ha fijado una subregla clara según la cual si bien la
nulidad no genera automáticamente la pérdida de investidura, sí
impone al juez un deber reforzado de análisis cuando la ilegalidad
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compromete principios constitucionales estructurales. Y que, la
sentencia desnaturalizó la expresión ‘no comporta per se’,
convirtiéndola en cláusula de cierre definitiva, omitió examinar el
contenido material de la decisión anulada, el rol funcional del concejal
y la afectación institucional producida, limitándose a reiterar la
inexistencia de automatismo sin evaluar la gravedad institucional de
la ilegalidad.
Respecto a la ‘aplicación incompleta y descontextualizada de la
jurisprudencia’, arguye que la expresión ‘no comporta per se’
significa que un hecho no es suficiente por sí solo, pero sí puede ser
relevante cuando concurren otros elementos jurídicamente
significativos. Y en cuanto a la (iv) ‘indebida valoración de la
antijuridicidad institucional y del riesgo jurídicamente
desaprobado’, sostiene que la sentencia redujo el juicio
sancionatorio a la inexistencia de ejecución material del gasto y
ausencia de beneficio personal, omitiendo que la antijuridicidad en
pérdida de investidura comprende la afectación grave a principios
constitucionales estructurales, aun sin perjuicio económico concreto,
por lo que la participación de la concejal en la adopción de un acuerdo
que delega competencias presupuestales, constitucionalmente
indelegables, creó un riesgo jurídicamente desaprobado al debilitar
el control democrático del gasto y permitir la concentración irregular
de poder presupuestal en el ejecutivo local.
Con relación a la ‘violación de derechos fundamentales al
acceso a la justicia y debido proceso sustancial’, reclama que
la sentencia vulneró los derechos fundamentales del solicitante al
emplear una interpretación restrictiva y fragmentaria que vació de
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contenido la acción pública de pérdida de investidura y privó al
ciudadano de respuesta judicial materialmente razonada; y que no
resolvió efectivamente los cargos planteados, clausurando el análisis
con fórmulas jurisprudenciales aisladas sin adelantar el examen
sustancial exigido.
Comenta, respecto del ‘error por exigencia de elemento
subjetivo inexistente y confusión entre planos objetivo y
subjetivo’, que el Tribunal exigió la demostración de ánimo de
beneficio personal o favorecimiento a terceros y propósito de
distorsionar las finalidades del gasto, requisitos que no hacen parte
de la estructura normativa ni jurisprudencial de la causal, sino que
introduce un requisito subjetivo inexistente, propio de figuras
penales como el dolo específico, pero ajeno al derecho sancionatorio
constitucional que rige la pérdida de investidura; y que el fallo
incurrió en confusión conceptual grave al afirmar que al no haberse
demostrado los requisitos concurrentes objetivos no procedía el
análisis del aspecto subjetivo, cuando los supuestos requisitos cuya
ausencia invoca corresponden inequívocamente al plano subjetivo, lo
que vuelve prácticamente inaplicable la modalidad indirecta.
Finalmente, acerca de la ‘configuración de la indebida
destinación de dineros públicos en modalidad indirecta’,
reiteró que la accionada aprobó un acuerdo mediante el cual se
facultó al alcalde para realizar operaciones de crédito y contracrédito
presupuestal, habilitando movimientos financieros que alteraban la
destinación legal del gasto público; y que esta facultad fue declarada
nula por vulnerar normas superiores del régimen orgánico del
presupuesto, en especial los principios de legalidad, especialización
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y destinación específica, al crear una habilitación jurídica concreta
para la reasignación ilegal de recursos públicos.
A su vez, aduce que la sentencia apelada, de mantenerse,
consolidaría una interpretación regresiva que desnaturaliza la causal
de indebida destinación de dineros públicos en su modalidad
indirecta, debilita estructuralmente el principio de legalidad del
gasto, la responsabilidad funcional de los concejales y el alcance real
del control ciudadano, por lo que este asunto reclama el ejercicio
pleno de su función unificadora de esta Corporación, de ahí que
solicite revocar la sentencia de primera instancia, restablecer la
correcta interpretación constitucional y jurisprudencial de la indebida
destinación de dineros públicos y ejercer su función unificadora en
defensa de la legalidad del gasto, la responsabilidad política y la
vigencia efectiva de los derechos fundamentales.
Concluye que la sentencia apelada incurre en un vicio grave de
fundamentación al apoyar su decisión en providencias que no
pertenecen al régimen jurídico de la pérdida de investidura aplicable
al caso estudiado, sino a otros tipos de circunstancias con finalidades,
estructuras y estándares de análisis distintos.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido por la accionada, esta vez
a través de apoderado, con escrito en el que reitera, íntegramente,
los argumentos de la defensa, haciendo especial énfasis en que si el
acto administrativo, como en este caso el Acuerdo 002 de 19 de
febrero de 2024, no contiene una orden de gasto hacia un objeto
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ilícito, no puede hablarse de destinación directa ni indirecta, en tanto
que la delegación de una función (modificar el presupuesto) no es
sinónimo de desviar el dinero hacia un fin prohibido.
Aduce que la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado sostiene
que la ilegalidad de un acto administrativo aprobado por una
corporación pública no conlleva la pérdida de investidura de sus
miembros de forma automática; y que el uso de la expresión ‘no
comporta per se’ no es una cláusula de exclusión arbitraria, como
sugiere el apelante, sino una garantía del principio de taxatividad,
pues en un Estado Social de Derecho no se puede sancionar a un
representante popular por una conducta que no se adecua
estrictamente al tipo legal.
Comenta que exigir que un concejal prevea que una interpretación
de facultades será declarada nula un año después, y sancionarlo con
la ‘muerte política’ por no haberlo previsto, equivaldría a imponer
una responsabilidad por el cargo, la cual está proscrita en nuestro
ordenamiento; y que si no hay tipicidad objetiva (no hay destinación
indebida probada), mucho menos puede haber reproche de
culpabilidad.
Agrega que el hecho de que el Tribunal no aceptara las innovadoras
teorías del apelante sobre la ‘antijuridicidad institucional’, no significa
que no haya resuelto el fondo, sino que, por el contrario, protegió la
integridad del sistema sancionatorio frente a interpretaciones
analógicas prohibidas, amén de que el apelante no aportó ninguna
prueba que demostrara que el dinero fue a parar a bolsillos de
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terceros, a campañas políticas o a objetos expresamente prohibidos
por la Constitución.
IV.2.- El Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta
instancia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos de la
solicitud de pérdida de investidura y en consonancia con lo sostenido
tanto en su contestación como en el recurso de apelación, si la señora
MARGARITA VARGAS BAUTISTA, concejal de San Gil (Santander),
incurrió en la comisión de la causal de indebida destinación de
dineros públicos, prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley
136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, únicamente, a partir de su
intervención en la expedición del Acuerdo 002 de 19 de febrero de
2024, “[…] Por medio del cual se faculta al señor alcalde para crear,
modificar, o suprimir rubros, realizar créditos y contracréditos al
presupuesto de la vigencia dos mil veinticuatro (2024) […]”, en tanto
fue declarada su nulidad, con posterioridad, por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como
causal de pérdida de investidura de concejal6
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único de radicación
50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601.
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Solicitante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se
advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la
presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la
Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:
“[…] Ley 136
Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)
3. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).
“[…] Ley 617
Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados, Concejales
Municipales y Distritales y de Miembros de Juntas
Administradoras Locales. Los diputados y concejales municipales
y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán
su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).
Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran
desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las
ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que
esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3
de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes
miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los
concejales, precisó:
“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:
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Solicitante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
a. Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades
o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la
ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o
injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en el
de terceros […]”7 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De igual forma, ha explicado que:
“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida
de investidura, tampoco describe la conducta. No obstante, la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado
los presupuestos para que se configure. En este sentido, como su
denominación lo indica, se realiza cuando un congresista
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos
estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en
la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos
a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que
estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.
En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los
dineros públicos no corresponde a los fines estatales preestablecidos
por la Constitución, la ley o el reglamento:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
está definida en la Constitución ni en las normas legales que
rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es,
entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que
esta Corporación le ha definido. La causal de indebida
destinación de dineros públicos se configura cuando el
concejal destina los dineros públicos a unas
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre de
2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.
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Solicitante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos […]”8 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la
Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de 20039 también señaló:
“[…] Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de
pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que
el congresista, en su condición de servidor público, que lo es
(art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al
ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los eventos como
los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser
delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación
del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta
a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la Ley o
el Reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados
sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados,
o haya destinado o utilizado los recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad
de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o
hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta con
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de junio
de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera ponente María
Claudia Rojas Lasso.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 6 de
marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera ponente Olga
Inés Navarrete Barrero.
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16
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que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez
que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar su
menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la
causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La
Sentencia del 1 de noviembre de 200510 señaló: “[…] Para la
configuración de la causal de indebida destinación de
dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del
artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren
dos elementos como son la conducta y el fin […]”
En el primero –como se exige para las demás causales por las que
se puede demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el
sujeto activo que la agota ostente la calidad de Congresista y
precisamente que en esa condición ejerza competencias para las
que fue investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es
decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos, no
necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento
patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda
derivar un beneficio no necesariamente económico en su
favor o en el de terceras personas, etc. […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha
expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, que:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se
encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que
regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. No
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de noviembre de
2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero ponente Tarsicio Cáceres
Toro.
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17
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Solicitante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en
distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación,
en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877,
Consejero ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar), se
pronunció sobre los alcances del concepto de indebida destinación
de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta
causal de pérdida de investidura “[…] está en el hecho de que el
Congresista, en su condición de servidor público, con su
conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha
sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o
cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la
ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas […]”.
Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo11 y también por la
Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias
de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-00194, Consejero
ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre
de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor
Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm.
2008-00700, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón)
14 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-00012
(Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente
núm. 2011-00009, Consejera ponente María Elizabeth García
González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”12
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
11
En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001
(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 4 de
septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de radicación
70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; de 28 de julio
de 2016, número único de radicación 15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés.
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Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo
jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros
públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad
económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el
propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las
necesidades que demanda el interés general […]” 13, por lo que, en
el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida
destinación 14 son aquellos en los que un miembro de la corporación
pública territorial de elección popular los asigna para:
i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.
ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados.
iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.
v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo de
2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente Rafael Francisco
Suárez Vargas.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI), consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
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vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad
de derivar un beneficio, no necesariamente económico, en su favor
o en el de terceros.
Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la
corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del
gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o
utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los
dineros públicos 15.
V.3.- Del caso concreto
V.3.1.- La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso 16, pudo verificar que la accionada, señora MARGARITA
VARGAS BAUTISTA, en representación del Partido Nueva Fuerza
Democrática, fue elegida concejal de San Gil (Santander), para el
período constitucional 2024-2027, de conformidad con los
formularios E-26CON de 4 de noviembre de 202317 y E27 de 4 de
noviembre de 2023, expedidos por los miembros de la Comisión
Escrutadora de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL.
En el acta núm. 08 de 19 de febrero de 2024, de la sesión ordinaria
de plenaria del Concejo de San Gil (Santander), la accionada contestó
el llamado a lista e intervino así: “[…]Buenas tardes señorita
secretaria y demás colaboradores del concejo, buenas tardes a la
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril de 2018,
número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente Carmelo
Perdomo Cuéter.
16
Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso
reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
17
Disponible [en línea]: [https://observatorio.registraduria.gov.co/historico-resultados.html].
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mesa directiva, al doctor Edison Rangel, al doctor Rafael Acosta, a
los demás compañeros honorables concejales, a los invitados el día
de hoy, los funcionarios, a nuestro jurídico y señorita contadora.
Buenas tardes Sangileños, los que nos ven por las redes sociales.
¡Margarita Vargas, presente! […]”.
A su vez, votó positivamente la aprobación del proyecto de acuerdo
002 de 1o. de febrero de 2024, “[…] Por medio del cual se faculta al
señor alcalde para crear, modificar o suprimir rubros, realizar
créditos y contracréditos al presupuesto de la vigencia 2024 […]”,
previo a lo cual hizo la siguiente manifestación:
“[…] Interviene la honorable concejala MARGARITA BAUTISTA:
Gracias señor presidente, yo considero que hubo suficiente
ilustración de parte de los jurídicos y de los demás funcionarios, la
contadora, Teresita con esa experiencia, realmente yo no le veo
inconveniente a ese proyecto, a veces me da la impresión de
que la preocupación es como por las sesiones, creo que
tenemos suficientes proyectos de acuerdo, vienen muchos
proyectos de acuerdo, entonces vamos a estar muy
ocupados, no vamos a tener ese inconveniente de que
porque no vamos a cumplir de pronto con el tiempo que nos
establezcan; Creo en la buena fe de nuestro alcalde, si es algo
diferente, va a ser un alcalde que ha mostrado que viene haciendo
las cosas bien hechas por su experiencia, él no creo que quiera
involucrarnos y que quiera hacer las cosas mal, también las
primeras personas que saldrían perjudicadas serían los funcionarios
que tienen que ver con esto con la administración, los que están
aquí acompañándonos han sido personas de suficiente experiencia
y nos han asesorado, nos han dado como el visto bueno, esto ha
sucedido no porque diga que siempre se ha hecho así que se vaya
a seguir haciendo no, cuando las cosas están bien hechas pues hay
que continuar con ellas para no caer de pronto en problemas; Como
le decía ustedes los funcionarios serían los primeros afectados en
caso de que las cosas no se den, se den de mala fe pero creo en la
buena fe de la administración municipal y yo sí apoyo el proyecto
como está […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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Fue así como el Concejo de San Gil (Santander), con 7 votos positivos
contra 6 negativos, expidió el Acuerdo 002 de 19 de febrero de 2024,
“[...] Por medio del cual se faculta al señor alcalde para crear,
modificar, o suprimir rubros, realizar créditos y contracréditos al
presupuesto de la vigencia de dos mil veinticuatro (2024) […]”, con
el que decidió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Facultar al ejecutivo municipal hasta
el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024),
para que, por decreto, efectúe modificaciones, supresión o creación
de rubros, créditos y contra créditos al presupuesto general de
rentas y gastos vigente y que sean necesarios para la ejecución
integral al presupuesto del plan de desarrollo y la satisfacción de las
necesidades y requerimientos públicos que se presenten.
ARTÍCULO SEGUNDO: De las presentes facultades solo se podrá
hacer uso siempre que el Honorable Concejo Municipal se halle en
receso de sesiones ordinarias.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha
de su sanción y publicación […]”.
Con fundamento en estas facultades, el alcalde de San Gil
(Santander) expidió el Decreto 100-12-051-2024 de 4 de marzo de
2024, “[…] Por medio del cual se crean unos rubros presupuestales
y se realizan créditos y contracréditos al presupuesto de gastos de la
actual vigencia fiscal 2024 […]”, en cuya parte resolutiva determinó
lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Contracredítese al Presupuesto de
Gastos para la presente Vigencia Fiscal 2024, por la suma de
VEINTISIETE MILLONES VEINTE MIL PESOS
($27.020.000,00) Mcte, como se detalla:
(…)
ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese el Presupuesto de Gastos
para la Vigencia Fiscal de 2024, la suma de VEINTISIETE
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Solicitante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
MILLONES VEINTE MIL PESOS ($27.020.000,00) Mcte,
como se detalla:
(…)
ARTÍCULO TERCERO: Remítase a la secretaria de Hacienda
Municipal para su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la
fecha de expedición […]”.
De igual forma, expidió el Decreto 100-12-051-2024 de 4 de marzo
de 2024, “[…] Por medio del cual se crean unos rubros
presupuestales y se realizan créditos y contracréditos al presupuesto
de gastos de la actual vigencia fiscal 2024 […]”, con el que decidió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Contracredítese al Presupuesto de
Gastos para la presente Vigencia Fiscal 2024, por la suma de
CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS ($470.200.000.00) Mcte, como se detalla:
(…)
ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese el Presupuesto de Gastos
para la Vigencia Fiscal de 2024, la suma de CUATROCIENTOS
SETENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
($470.200.000.00) Mcte, como se detalla:
(…)
ARTÍCULO TERCERO: Remítase a la secretaria de Hacienda
Municipal para su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la
fecha de expedición […]”.
A través de la sentencia de 31 de marzo de 2025 (radicación
68679333300120240004600), proferida por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil (Santander),
siendo demandante en sede de nulidad el mismo actor del presente
proceso de desinvestidura, se declaró la nulidad del Acuerdo 002 de
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19 de febrero de 2024, proferido por el Concejo de San Gil
(Santander), con fundamento en las siguientes consideraciones:
“[…] En ese sentido, debe concluirse desde ya que el Concejo
Municipal de San Gil, Santander, al expedir el acuerdo demandado,
no tuvo en cuenta las disposiciones previstas en el artículo 352 de
la Constitución Política ni en los artículos 76 a 88 del Estatuto
Orgánico de Presupuesto – EOP –, toda vez que autorizó al
alcalde de dicha municipalidad para crear, modificar y
suprimir rubros, realizar créditos y contra créditos al
presupuesto sin límite alguno, cuando el Decreto Ley 111 de
1996 en sus artículos 80, 82 y 83 faculta al jefe del órgano
respectivo para efectuar únicamente traslados
presupuestales internos mediante resolución.
(…)
Ahora bien, para este Despacho no es de recibo que se argumente
por la entidad demandada que la validez del acuerdo se encuentra
en que de la facultad conferida únicamente se hará uso siempre y
cuando el concejo municipal se encuentre en receso de sesiones
ordinarias, lo cual no hace más que corroborar que existe absoluta
certeza por parte del cabildo de la imposibilidad jurídica de que la
facultad sea entregada al alcalde municipal, aunque sea pro
tempore, lo cual en el caso en concreto, se traduce en toda la
vigencia fiscal, pues reconoce que si el concejo esta sesionando de
manera ordinaria la facultad no se puede desplegar, sin que se
admisible sostener que ante el receso, las reglas en materia
presupuestaria sean diferentes y por lo mismo sea viable que el
ejecutivo municipal asuma la función de modificar el presupuesto
aprobado por el concejo municipal, pues no se entiende de otra
manera que el acuerdo demandado obligue al alcalde municipal a
acudir al concejo cuando el mismo se encuentre sesionando con el
fin de presentar proyectos de acuerdo tendientes a «crear, modificar
o suprimir rubros, realizar créditos y contracréditos al presupuesto
de la vigencia dos mil veinticuatro».
Aunado a lo anterior, tal como lo ha sostenido el Tribunal
Administrativo de Boyacá, a pesar de que se haga uso de las
facultades pro tempore establecidas en el numeral 3 del
artículo 313 de la Constitución Política, el concejo no puede
facultar el alcalde para modificar el presupuesto, lo cual se
justifica en que el ordenamiento jurídico colombiano
proscribe adiciones a los presupuestos de las entidades
territoriales, «Por lo que jamás el Concejo Municipal puede
desprenderse de la atribución constitucional y legal que tiene en
materia presupuestal para radicarla en cabeza del alcalde».
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Por lo tanto, el municipio no puede ampararse desde ninguna óptica
en la facultad del concejo municipal de autorizar pro tempore al
alcalde, pues, como ha quedado visto, cualquier modificación
que deba efectuarse al presupuesto de rentas y gastos
municipal, debe ser adoptada mediante acuerdo por el
concejo municipal, pues es exclusivamente a esa autoridad
administrativa a quien la Constitución Política confió esa
función, pues, se reitera, por mandato del numeral 5 del artículo
313 y el artículo 345 de la norma normarum, la expedición del
presupuesto, así como sus adiciones y modificaciones, son
de resorte del concejo municipal.
De otra parte, respecto de la autorización conferida al
alcalde municipal de San Gil para que efectúe créditos y
contra créditos, en época de receso del cabildo municipal,
advierte el Despacho que su indeterminación implica la
vulneración de las normas estudiadas, pues cuando hacen
tales operaciones presupuestales implica alterar el monto de
los presupuestos de funcionamiento, inversión o servicio a
la deuda, necesariamente el burgomaestre ha de acudir al
concejo para que mediante acuerdo municipal se adopte tal
determinación y cuando no supera el aludido límite, y sólo
afecta el anexo del decreto de liquidación, en cuyo caso se
denominan «traslados presupuestales internos», el alcalde puede
mediante resolución efectuar tal movimiento presupuestal. Por lo
anterior, cualquiera de las interpretaciones que se otorgue a
la facultad conferida por el Concejo Municipal de San Gil al
alcalde de esta localidad es inviable jurídicamente, la
primera, por infracción de las normas en que debería
fundarse y la segunda por extralimitación por parte del
Concejo, pues es una atribución propia del alcalde municipal,
al tenor de lo previsto en el Decreto 111 de 1996, tal como
lo precisó la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto
emitido el cinco (5) de junio de 2008.
Así las cosas, se advierte que respecto del Acuerdo No. 002 de
diecinueve (19) de febrero de 2024 se estructura la infracción
normativa endilgada por la parte demandante, por lo que la
presunción de legalidad del acto administrativo ha sido desvirtuada,
razón por la cual, el camino de la concesión de las pretensiones se
encuentra zanjado y será el que se recorrerá […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Santander, a través de la sentencia de 20 de agosto de 2025
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(radicación 68679333300120240004601), bajo las siguientes
consideraciones:
“[…] Bajo el contexto expuesto, el Concejo Municipal es
competente, en materia de presupuesto, para dictar las normas
orgánicas del mismo y expedir anualmente el presupuesto de
rentas y gastos, y en lo que atañe a su modificación se
requiere la aprobación de la corporación de elección
popular por ser de su exclusivo resorte, salvo algunas
operaciones presupuestales en las que se pueden alterar
esos elementos directamente por el Ejecutivo; facultad
de la cual no puede desprenderse para radicarla en
cabeza del alcalde, so pretexto de otorgar facultades pro
tempore.
Así, las modificaciones que deban efectuarse al
presupuesto de rentas y gastos municipal, deben ser
adoptadas mediante acuerdo por el Concejo Municipal, a
quien la Constitución Política confió esa función (artículo 345 y
numeral 5º del artículo 313 C.P.), ello, a iniciativa del alcalde,
a quien le corresponde presentar al concejo municipal el
proyecto de acuerdo respectivo.
(…)
Con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial
reseñado en el acápite anterior, encuentra la Sala que, la
facultad otorgada por el Concejo Municipal de San Gil al
alcalde a través del Acuerdo Municipal 002 de 2024,
contraría el ordenamiento jurídico, en concreto el
artículo 345 de la Constitución Política, comoquiera que
radicó en cabeza del ejecutivo municipal, sin salvedad o
límite alguno frente a su alcance, una facultad que se
encuentra reservada a dicho Concejo, no susceptible de
delegación, esto es, la modificación del presupuesto. Lo
anterior, con incidencia en el principio de legalidad del
presupuesto, frente a lo cual se resalta que, de acuerdo con la
regla definida en el artículo 345 superior, en tiempos de
normalidad institucional, no se pueden hacer gastos públicos
que no hayan sido decretados por el Congreso, por las
asambleas departamentales, o por los concejos distritales o
municipales ni es posible transferir crédito alguno a objeto no
previsto en el respectivo presupuesto.
A la anterior conclusión se arriba teniendo en cuenta que, el
Concejo Municipal de San Gil al facultar al alcalde de esa
municipalidad, en los amplios términos en que lo hizo a
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través del Acuerdo 02 de 2024 «para que por Decreto
efectué modificaciones, supresión o creación de rubros,
créditos y contra créditos al presupuesto general de rentas y
gastos vigente […]», lo habilitó de forma general para que
realizara los movimientos presupuestales «necesarios»,
esto es, para realizar operaciones que implicaran
modificaciones al presupuesto, ya por aumento del gasto
público y/o la modificación en su destinación,
indeterminación y falta de certeza en torno al alcance de
las referidas operaciones presupuestales que desconoce
los postulados constitucionales y legales sobre la
materia.
Conforme se avizora en los considerandos del acto, el Concejo
invocó la existencia de «necesidades en los diferentes sectores
de la comunidad urbana y rural», que afirmó, «superan las
disponibilidades presupuestales con la que cuenta la
administración», predicando la necesidad de que el alcalde
contara con «facultades para efectuar por Decreto,
modificaciones, adiciones, supresión o creación de rubros,
traslados de recursos, créditos y contra créditos, en aras de
brindar una atención suficiente a las diferentes necesidades y
requerimientos que se presente en los distintos sectores, y
además una acción oportuna de la administración municipal»;
ello, pone de manifiesto, dados los términos de la
facultad otorgada frente a la que no se fijó limite o
salvedad alguna en relación con los movimientos
presupuestales y la existencia de las invocadas
necesidades insatisfechas que superaban las
disponibilidades presupuestales con que se contaba, que
la habilitación al alcalde por parte del Concejo Municipal
a través del acto acusado, comprendió la posibilidad de
ejecutar adiciones o traslados presupuestales que bien
alterarán el monto total del presupuesto de rentas y de
gastos, competencia que se insiste, es exclusiva del
Concejo Municipal.
Para la Sala, la indeterminación de la facultad otorgada,
incluyendo la de efectuar «créditos y contra créditos»,
impide conocer el alcance de las operaciones
presupuestales con las que se pretendía conjurar las
invocadas necesidades insatisfechas del municipio, pues
se insiste, bien podrían implicar adiciones o traslados
presupuestales de aquellos que requerían la
presentación de un proyecto de acuerdo frente al órgano
colegiado, competente para ello, reiterándose sobre el
particular que, la facultad de modificación del
presupuesto es exclusiva e indelegable del concejo
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municipal en virtud de los principios de representación y
legalidad del gasto, no estando dado a la corporación pública
desprenderse de esa atribución de orden constitucional y legal
que ostenta en materia presupuestal para radicarla en cabeza
del alcalde como lo hizo a través del acto acusado, lo que deriva
en su nulidad por infracción del principio de legalidad del
presupuesto […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Mediante providencia de 29 de septiembre de 2025, el Tribunal
decidió aclarar la sentencia de 20 de agosto de 2025, en el siguiente
sentido:
“[…] Así, dados los planteamientos efectuados en la solicitud de
aclaración por el Municipio de San Gil, en punto a los efectos «ex
tunc» de la declaratoria de nulidad del Acuerdo Municipal 002 de
2024 dispuesta, y con el fin de garantizar el debido
cumplimiento de la sentencia, la Sala, en aplicación del art.
285 del C.G.P., dispondrá la aclaración del numeral primero
de la sentencia de segunda instancia, en el sentido de
disponer que, se confirma la sentencia de primera instancia,
en el entendido de que los efectos «ex tunc» de la
declaratoria de nulidad Acuerdo Municipal 002 de 2024, a
que hace referencia el numeral segundo de la sentencia de
primera instancia, se predica de situaciones jurídicas
particulares que no están consolidadas, en tanto tratándose
de situaciones jurídicas consolidadas produce efectos desde
ahora, «ex nunc», debido a su connotación de certeza,
firmeza y de imposibilidad de ser discutidas.
En los demás aspectos, se niega la aclaración solicitada.
(…)
RESUELVE
PRIMERO: Se aclara el numeral primero de la sentencia de
segunda instancia proferida el día veinte (20) de agosto de dos mil
veinticinco (2025), en lo que respecta a los efectos «ex tunc» de la
declaratoria de nulidad del Acuerdo Municipal 002 de 2024; en los
demás aspectos, se niega la aclaración solicitada por la entidad
demandada. Lo anterior, conforme lo señalado en la parte
considerativa de este proveído. El referido numeral primero que
quedará así:
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«PRIMERO: Se confirma la sentencia de primera instancia,
en el entendido de que los efectos «ex tunc» de la
declaratoria de nulidad Acuerdo Municipal 002 de
2024, a que hace referencia el numeral segundo de la
sentencia de primera instancia, se predica de
situaciones jurídicas particulares que no están
consolidadas, en tanto tratándose de situaciones
jurídicas consolidadas produce efectos desde ahora,
«ex nunc», debido a su connotación de certeza,
firmeza y de imposibilidad de ser discutidas» […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
V.3.2.- Precisado lo anterior, la Sala descarta el argumento inicial de
la sentencia apelada, según el cual no se configuró la indebida
destinación de dineros públicos porque la accionada intervino,
durante la expedición del acto administrativo anulado, en calidad de
concejal sin facultades de ordenadora de gasto.
Como ha sido reiterado por la jurisprudencia de la Sección, y en la
forma como lo reclama el actor en su escrito de apelación, no es
indispensable que el miembro de la corporación pública territorial de
elección popular sea ordenador del gasto, para excusarse de una
indebida destinación de dineros públicos, pues lo importante es que
adelante actuaciones certeras o utilice instrumentos idóneos para
cambiar la destinación de tales recursos:
“[…] Asimismo, en sentencia de 6 de mayo de 201418, se
delimitaron las condiciones indispensables para que se configure
dicha causal de pérdida de investidura, en los siguientes términos:
[...] Para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione
o cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución,
la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de mayo de 2014,
número único de radicación 11001-03-15-000-2013-00865-00, consejero ponente Enrique Gil
Botero.
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estando autorizados sean diferentes a aquellos para los
cuales se encuentran asignados, o haya destinado o utilizado
los recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o
hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de
la causal ostente la condición de nominador u
ordenador del gasto, basta con que deba respetar,
defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que
es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar
su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado
que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el
fin. La Sentencia del 1 de noviembre de 2005 señaló: “Para
la configuración de la causal de indebida destinación de
dineros públicos prevista en el núm. 4º del artículo 183 de la
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del
artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren
dos elementos como son la conducta y el fin.”
(…)
Por manera que, para que se estructure la causal objeto de estudio
resulta necesario demostrar que la persona acusada de haber
incurrido en ella: (i) haya ejecutado la conducta en condición de
congresista; (ii) en ejercicio de su investidura, destine dinero público
a propósitos diferentes a los previstos en la Constitución, la ley o el
reglamento, esto es, a materias, actividades o finalidades no
autorizadas, o que a pesar de estar avaladas son diferentes a las
que se encuentran asignados, o los aplique a objetos prohibidos,
superfluos o injustificados; (iii) que lo haga orientado o no a obtener
un beneficio económico, propio o ajeno; y (iv) no es
indispensable que el congresista sea ordenador del gasto,
pues lo importante es que utilice «[ ... ] instrumentos
idóneos para cambiar la destinación de los dineros públicos
como ha ocurrido frente a la contratación pública, los
anticipos y las autorizaciones. Incluso “[…] en los eventos de
cesión de tiquetes aéreos, la asignación de funciones distintas a los
funcionarios públicos de las Unidades de Trabajo Legislativo, el
desarrollo de funciones a esos mismos funcionarios en lugares
diferentes al sitio de trabajo y por motivaciones que no consultan el
servicio público, entre otros» […]”19.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril de 2018,
número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente Carmelo
Perdomo Cuéter.
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Por lo tanto, la Sala aclara que el argumento de la ausencia de
facultades como ordenadora de gastos, empleado por el Tribunal en
el caso concreto, no exime de responsabilidad a la accionada de cara
a la supuesta configuración de la indebida destinación de dineros
públicos, lo que obliga a continuar con el examen de los demás
aspectos involucrados en la resolución del problema jurídico.
V.3.3.- Conforme se indicó al inicio de las consideraciones de la
actual providencia, el elemento tipificador de la causal de indebida
destinación de dineros públicos se encuentra en el hecho de que el
servidor público de elección popular, en este caso, un concejal, con
su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido
investido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento,
para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos
para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales
recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas 20.
En el mismo sentido que lo consideró el a quo, la sola declaratoria de
invalidez de un acto administrativo no permite configurar, por sí
misma, la desinvestidura de la accionada, pues la jurisprudencia de
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
marzo de 2022, número único de radicación 13001 2333 000 2021 00252 00, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
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esta Corporación 21 ha sido uniforme al señalar que la nulidad de un
acuerdo no comporta dicho efecto judicial por no estar prevista de
forma taxativa dentro de las causales establecidas por la Constitución
y la ley22.
Ciertamente, la jurisprudencia ha señalado, en forma pacífica, que
no toda irregularidad que pueda predicarse de la aprobación de una
norma que implique gasto, configura, por ese solo hecho, una
indebida destinación de dineros públicos, así como tampoco acarrea
la pérdida de investidura23. Sobre el particular, en sentencia de 24
de noviembre de 2016, esta Sección arribó a la siguiente conclusión:
“[…] 5.5.6.- En lo relativo a la declaratoria de nulidad del Acuerdo
005 de 2012, se tiene que esa circunstancia fue determinante para
que el tribunal decretara la pérdida de investidura ya que ese hecho
constituyó, en el sentir del a quo, prueba del carácter indebido del
incentivo económico creado a través de dicho acto administrativo.
Sobre el particular la Sala ha reiterado pacíficamente que el
hecho de que un acuerdo sea declarado nulo no conlleva
necesariamente a que se decrete la pérdida de investidura
de quienes lo aprobaron, tesis que ha sido prohijada en los
siguientes términos:
“La Sala en sentencia de 11 de diciembre de 201524 al
analizar la demanda de pérdida de investidura de los
concejales del municipio de Dosquebradas, precisó que el
hecho de haberse declararse nulo por parte del Tribunal
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
junio de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2019-02614-01, consejero ponente
Oswaldo Giraldo López.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de
julio de 2017, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-02241-01(PI), consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez. Reiterada en sentencia de 30 de mayo de 2019, número único
de radicación 76001-23-33-000-2018-01065-01, consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
junio de 2004, radicación número: 25000-23-15-000-2002-03005-01(PI), consejero ponente
Camilo Arciniegas Andrade. Reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 31 de noviembre de 2024, número único de radicación
250002315000202400518011, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
24
(Cita es original de la providencia): Expediente: PI 2013-00419, Actor: Veeduría Ciudadana por
Dosquebradas, M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Administrativo de Risaralda, el Decreto 369 de 200825 por
considerar que se crearon obligaciones que excedían el monto
global fijado para gastos de personal en el presupuesto
inicialmente aprobado; no significa que lo concejales hubieran
destinado dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a
aquellos para los cuales se encuentran asignados o aplicado
tales recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas o con la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros o para derivar
un beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas. Dijo la Sala:
“Si bien es cierto que el Decreto 369 de 2008, fue
declarado nulo por crear obligaciones que excedían el
monto global fijado para gastos de personal en el
presupuesto inicialmente aprobado, también lo es que
los concejales no devengaron sumas de dinero a las
que no tuvieran derecho, como se acaba de exponer,
pues el citado decreto intentaba completar la
remuneración que conforme al ordenamiento jurídico
debían recibir y, en esa medida, no puede decirse que
incrementaron su patrimonio indebidamente. […]. La
Sala, entonces, no evidencia que los concejales de
Dosquebradas (Risaralda), en su condición de
servidores públicos, al ejercer la facultad de entregar
funciones que a ellos corresponde al alcalde municipal,
hubieren destinados dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales
se encuentran asignados o aplicado tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas o con la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros o para
derivar un beneficio no necesariamente económico en
su favor o de terceras personas.”
Al margen de lo expuesto, considera la Sala que a pesar de
haberse votado el proyecto de Acuerdo contemplando en su
articulado el traslado de los recursos obtenidos o recaudados
del impuesto de alumbrado público a la cuenta bancaria del
fideicomiso de la concesión de alumbrado público y, que
posteriormente, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander lo hubiesen declarado nulo por considerarlo
contrario a lo establecido en los artículos 1º de la Ley 1386
25
(Cita es original de la providencia): “POR EL CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL
PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1° DE
ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008”.
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de 2010 y 6 (numeral 6) de la Resolución 122 de 2011 de la
CREG, no es dable concluir que los hechos mencionados,
tanto en la demanda como en el recurso de apelación, se
enmarquen dentro de la causal de pérdida de la investidura
descrita en el artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de 2000,
pues no aparece acreditado en el proceso que el
concejal cuya investidura se cuestiona, haya obrado
movido por un interés dañino. La ilegalidad de los
Acuerdos en que intervino el acusado no constituye en
principio perdida de investidura.
En efecto, no obra en el expediente ningún medio de prueba
que acredite que su participación en la discusión y aprobación
del Acuerdo No. 023 de 11 de mayo de 2012, haya estado
motivada por el deseo de obtener un beneficio en cabeza
propia o de terceras personas y, mucho menos, aplicar o
destinar los bienes y rentas municipales a objetos distintos
del servicio público como lo prescribe el artículo 42 numeral
2 de la Ley 136 de 1994 anteriormente transcrito.
La declaratoria de ilegalidad de un Acuerdo en el caso
de los concejales o de una Ordenanza en el caso de los
diputados per se no produce la pérdida de investidura,
puesto que no está consagrada como tal dentro de las
causales taxativamente establecidas como de pérdida
de investidura […].”26
5.5.7.- La declaratoria de nulidad del acto administrativo no puede
entonces servir como fundamento para decretar la pérdida de
investidura dado que el juicio de legalidad que se realizó del acuerdo
municipal no contempla el análisis de la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de
2000. Al amparo de lo dicho, mal podría deducirse que la
invalidez de un acto proferido por una corporación pública
comporta la incursión de sus miembros en indebida
destinación de dineros públicos, ya que al margen del
resultado en el proceso ordinario de nulidad están otros
aspectos que deben ser dilucidados en el juicio de pérdida
de investidura, tal como la efectiva aplicación de los
recursos, el efectivo menoscabo del erario o el beneficio
económico del acusado o de un tercero […]”27 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
26
(Cita es original de la providencia): Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Primera. Sentencia de 1o. de septiembre de 2016 (Expediente núm. 2016-00069-01, C. P.
María Claudia Rojas Lasso.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de
radicación 05001-2333-000-2015-01260-01, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala. Entre otras
consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
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Advierte la Sala que en el asunto bajo examen no existe prueba que
permita concluir que con la votación positiva de la accionada en la
expedición del Acuerdo 002 de 19 de febrero de 2024, hubiere
destinado dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para
los cuales se encuentran asignados, o haya aplicado tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o
con la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros, o para derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas.
De hecho, no existen elementos de prueba en el proceso que
acrediten que con la aprobación del Acuerdo 002 de 19 de febrero de
2024 la accionada hubiera actuado con el ánimo de obtener un
beneficio para sí o para el de terceras personas o de distorsionar las
finalidades del gasto, como presupuesto exigido para que se
configure la causal de pérdida de investidura. Al respecto, esta
Sección ha señalado que la distorsión del gasto constituye uno de los
presupuestos que se requieren para su configuración, al señalar lo
siguiente:
“[…] Esta Sección28 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre
la causal de pérdida de investidura sub examine, y, mediante
sentencia proferida el 29 de agosto de 2013, consideró lo siguiente:
Sección Primera, sentencia de 1o. de septiembre de 2016, número único de radicación 54001-323-
33-000-2016-00069-01, consejera ponente María Claudia Rojas Lasso; de 10 de noviembre de
2016, número único de radicación 54001-23-33-000-2016-00067-01(PI), consejera ponente María
Elizabeth García González; de 14 de noviembre de 2016, número único de radicación 54001-23-33-
000-2016-00068-01(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; de 1° de diciembre de 2016,
número único de radicación 54001-23-33-000-2016-00135-01(PI), consejero ponente Roberto
Augusto Serrato Valdés (e); de 31 de noviembre de 2024, número único de radicación
250002315000202400518011, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
28
(Cita es original): Sentencia de 29 de agosto de 2013, consejera ponente María Elizabeth García
González, Rad.: 2012 00027 02. Fuente tomada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
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Solicitante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
“[…] De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que no se
configura la causal endilgada, pues, los demandados, en
su condición de concejales del municipio de
Dosquebradas (Risaralda), al expedir los acuerdos
001 de 9 de enero y 006 de 12 de junio de 2008, a
través de los cuales se autorizó a la alcaldesa de dicho
municipio para celebrar toda clase de contratos y
convenios, hasta por un monto de veinte mil salarios
mínimos legales vigentes, fijando como término el 31
de diciembre de 2009, no hicieron otra cosa distinta
que ejercer las facultades que en materia de
competencia les señala la Constitución y la Ley a
dichas corporaciones edilicias, autorización, que,
como quedó visto, se otorgó de manera general y no
específica. Cabe resaltar que dicha conducta, como lo
precisó la Sala en un asunto similar, en sentencia de 2 de
mayo de 2013 (Expediente núm. 2012-00006-01 (Pl),
consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), que
ahora se prohíja, no constituye por sí sola el supuesto fáctico
de la causal de indebida destinación de dineros públicos,
dado que no implica distorsión de las finalidades del
gasto, uno de los presupuestos que se requieren para
que se configure la misma […]”29 (Negrillas y subrayas
fuera de texto original).
Si bien el Acuerdo 002 de 19 de febrero de 2024 no superó el examen
de legalidad objetiva adelantado por el juez de lo contencioso
administrativo, por cuanto, como se anotó, con su expedición se
encontraron vulnerados los artículos 352 de la Constitución Política,
y 76 a 88 del Estatuto Orgánico de Presupuesto – EOP –, toda vez
que se autorizó al alcalde de dicha municipalidad para crear,
modificar y suprimir rubros, realizar créditos y contra créditos al
presupuesto sin límite alguno, a pesar de que el Decreto Ley 111 de
1996 en sus artículos 80, 82 y 83 faculta al jefe del órgano respectivo
Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2019-02614-01,
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
octubre de 2019, número único de radicación 85001233300020170022301, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
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para efectuar, únicamente, traslados presupuestales internos
mediante resolución, lo que, como está visto, acarreó su nulidad y
desaparición del ordenamiento jurídico de San Gil (Santander), lo
cierto es que ello no implicó distorsión de las finalidades del gasto, y
fue consecuencia de una sus funciones en esa corporación pública
territorial, en virtud de lo previsto en el artículo 313 Superior, que
prevé que: “[…] Corresponde a los concejos (…) Autorizar al alcalde
para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de
las que corresponden al Concejo […]”.
Es así como en el acta de sesión ordinaria 08 de 19 de febrero de
2024, del Concejo de San Gil (Santander), aparece leída la exposición
de motivos del proyecto de acuerdo 002 de 1o. de febrero de 2024,
de lo cual la Sala destaca que la iniciativa se apoyó en los artículos
311 y 313 Superiores y en la Ley 136, modificada por la ley 1551 de
6 de julio de 201230, así como en las disposiciones del Estatuto
Orgánico de Presupuesto, que facultan a las corporaciones
administrativas para autorizar al ejecutivo municipal a realizar
créditos, contracréditos y demás operaciones presupuestales
requeridas para la adecuada ejecución del gasto público.
Conforme lo consideró el a quo, es evidente que el proyecto de
acuerdo perseguía un propósito autorizado por el marco
constitucional y orgánico del presupuesto, consistente en habilitar al
alcalde para garantizar la ejecución oportuna del gasto y atender las
necesidades surgidas durante la vigencia fiscal; y que, como se
consignó en esa acta, la Secretaría Jurídica y varios cabildantes
30
“[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
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explicaron que la iniciativa se encontraba con todo el marco
normativo que sustenta la solicitud.
A su vez, allí se expusieron de manera clara y suficiente las razones
que justificaban el proyecto, se indicó que las facultades eran
indispensables “[…] para poder reaccionar de forma eficaz, oportuna
y eficiente (…) en aras de brindar una atención suficiente a las
diferentes necesidades y requerimientos que se presentan en los
distintos sectores, y además una acción oportuna de la
administración municipal a través de los medios idóneos y eficaces
[…]”, en especial cuando el Concejo no estuviera sesionando.
De lo visto se observa que el Acuerdo 002 de 19 de febrero de 2024,
expedido por el Concejo de San Gil (Santander), en efecto, fue
justificado de manera razonable, al menos sin acudir a falsedades,
artificios o circunstancias irreales o producto de motivaciones
engañosas para causar detrimento al erario, lo que explica que se
trasladara al alcalde, sin una intención ilegal, la competencia para
crear, modificar o suprimir rubros, y para realizar créditos y
contracréditos al presupuesto de la vigencia 2024 de ese ente
territorial.
La actuación de la accionada, junto con los demás concejales que
votaron favorablemente el Acuerdo 002 de 19 de febrero de 2024,
se orientó a desarrollar, entonces, una facultad expresamente
permitida por la Constitución y la Ley, esto es, garantizar la ejecución
oportuna y eficiente del gasto público, al margen de que ello se
trasladó al alcalde de San Gil (Santander) mediante un mecanismo
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que posteriormente se determinó jurídicamente incompleto e
inexacto por la justicia administrativa.
Por ello, el solicitante se equivoca al pretender traslapar las
consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo de
Santander contra el Acuerdo 002 de 19 de febrero de 2024, -resueltas
mediante la sentencia de 20 de agosto de 2025, aclarada mediante
auto de 29 de septiembre de 2025-, al escenario de la verificación de
la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos, toda vez que aquel responde a un examen judicial
de validez sustancialmente distinto al requerido para constatar la
presencia del elemento objetivo en este, procesos que, al atender a
naturalezas disímiles, exigen el consecuente esfuerzo probatorio de
quien pretende despojar de su investidura al miembro de la
corporación pública territorial.
La Sala no evidencia que la concejal de San Gil (Santander), en su
condición de servidora pública, al ejercer la facultad de votar a favor
la entrega de facultades pro tempore (hasta el 31 de diciembre de
2024), al alcalde de ese ente territorial, -para realizar
modificaciones, supresión o creación de rubros, créditos y contra
créditos al presupuesto general de rentas y gastos vigente y que
fueren necesarios para la ejecución integral al presupuesto del plan
de desarrollo, en aras de la satisfacción de las necesidades y
requerimientos públicos que se presentaran-, hubiere obrado
motivada por un interés dañoso, por lo que mal podría inferirse que
la invalidez de ese acto administrativo comportó la incursión de
aquella en indebida destinación de dineros públicos. Al margen del
resultado en el proceso ordinario de nulidad, lo cierto es que
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Solicitante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
subsisten sin prueba alguna otros aspectos trascendentales para la
materialización de dicha causal, como lo son la aplicación
distorsionada de los recursos públicos, el real menoscabo del erario
o el beneficio económico de la acusada o de un tercero.
Bajo tal escenario, no existe duda que, en el presente caso, no se
configuró ninguno de los escenarios previstos por la jurisprudencia
para tener por establecido el aspecto objetivo de la conducta
endilgada a la acusada, comoquiera que no cubrió objetos,
actividades o propósitos no autorizados; no costeó objetos,
actividades o propósitos que sí estuvieran autorizados, pero que son
diferentes a aquellos para los cuales están previamente asignados;
no sufragó objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento; no pagó por
materias innecesarias o injustificadas; no destinó los dineros públicos
con la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros; y tampoco con la finalidad de derivar un beneficio, no
necesariamente económico, en su favor o en el de terceros.
Al descartarse la procedencia de los cargos de la apelación y quedar
desvirtuado el elemento objetivo, no es posible continuar con el
análisis del elemento subjetivo de la conducta, menos aún con los
cargos formulados en aras de discutir el dolo o la culpa grave de la
accionada, motivo por el cual la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
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Solicitante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 5 de marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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