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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02546-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02546-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Alcaldía de San Gil. SEGUNDO: REVOCAR el fallo del 4 de mayo de 2026 proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que negó la solicitud de amparo, para en su lugar, DECLARAR la improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02546-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02546-01
Demandante: GUSTAVO RODRÍGUEZ ROJAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Revoca negativa, para
declarar la improcedencia por no superar el requisito de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 4 de mayo de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Gustavo Rodríguez Rojas, en nombre propio, instauró acción de tutela1
contra el Consejo de Estado, Sección Primera2, con el fin de reclamar el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y «a la participación en el control del poder político».

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia del 5 de marzo de 2026, dictada por la autoridad judicial accionada que,
confirmó la providencia del 12 de diciembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander en el medio de control de pérdida de investidura3
iniciado contra la señora Margarita Vargas Bautista, en calidad de concejal de San
Gil (Santander) elegida para el periodo constitucional 2024-2027.

1
El mecanismo constitucional fue presentado el 6 de abril de 2026, por medio del buzón web del
aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2
Magistrados: Carlos Fernando Mantilla Navarro, Germán Eduardo Osorio Cifuentes, Nubia Margoth
Peña Garzón y Pablo Andrés Córdoba Acosta.
3
Identificado con el radicado 68001-23-33-000-2025-00684-00/01.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02546-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. Nulidad de la Sentencia: Declarar la nulidad total y dejar sin efectos jurídicos la
sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el cinco (5) de
marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del proceso de pérdida de investidura
identificado con el radicado 68001233300020250068401.

3. Sentencia de Reemplazo o Desinvestidura Directa: En consecuencia, ordenar a
la Sección Primera del Consejo de Estado que dicte una sentencia de reemplazo
que se ajuste estrictamente a la Constitución y a la jurisprudencia vinculante de la
Corte Constitucional (especialmente la Sentencia C-036 de 2023), reconociendo que
la aprobación de una norma que faculta la disposición ilegal de recursos públicos
configura la causal de indebida destinación en su modalidad indirecta.

4. Protección de la Jurisprudencia Nacional: Ordenar al Consejo de Estado que se
abstenga de aplicar interpretaciones que flexibilicen el principio de legalidad
presupuestal en procesos de pérdida de investidura, evitando la consolidación de
una zona de impunidad para los concejales que desafían la Ley Orgánica del
Presupuesto4.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El Concejo municipal de San Gil (Santander) expidió el Acuerdo 002 del 19 de
febrero de 2024, mediante el cual otorgó facultades al alcalde para garantizar la
ejecución oportuna del gasto y atender las necesidades que surgieran durante la
respectiva vigencia fiscal. En virtud de dicho acto, se le concedió el traslado de
competencia para crear, modificar o suprimir rubros y realizar créditos y
contracréditos al presupuesto, en aras de brindar una atención suficiente a las
diferentes necesidades y requerimientos que se presentaran en los distintos
sectores, cuando el Concejo no estuviera sesionando.

El referido acuerdo fue demandado en ejercicio del medio de control de nulidad
simple5. Como resultado de dicho proceso, el Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de San Gil en providencia del 31 de marzo de 2025, declaró la
nulidad del acto administrativo. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante fallo del 20 de agosto de 2025.

Posteriormente, el señor Gustavo Rodríguez Rojas presentó demanda de pérdida

4
Transcripción literal que puede contener errores.
5
Radicado: 68679-33-33-001-2024-00046-00/01.
2

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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02546-01

de investidura en contra de la señora Margarita Vargas Bautista, en calidad de
concejal de San Gil, elegida para el periodo constitucional 2024-2027, al estimar
que incurrió en la causal establecida en los artículos 55, numeral 36, de la Ley 136
de 19947, y 48, numeral 48, de la Ley 617 de 20009.

Como fundamento de sus pretensiones, el demandante sostuvo que la concejal
participó y votó favorablemente la aprobación del Acuerdo 002 del 19 de febrero de
2024, acto que posteriormente fue anulado por la jurisdicción contencioso
administrativa por contrariar disposiciones de carácter presupuestal. Asimismo,
afirmó que la demandada incumplió el deber constitucional que le asistía de velar
por la correcta administración de los recursos públicos e incurrió en la causal de
indebida destinación de dineros públicos, al comprometer, autorizar o ejecutar
recursos en contravía de la normatividad aplicable, afectando la transparencia y la
legalidad en la gestión administrativa.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander en providencia del 12
de diciembre de 2025, negó las súplicas de la demanda, tras considerar que la
señora Vargas Bautista no fungió como ordenadora del gasto, toda vez que esa
función estaba asignada al presidente del Concejo por el artículo 110 del Decreto
111 de 1996; y que el dinero pertenecía al municipio de San Gil, no al cabildo
municipal. En consecuencia, no existía una indebida destinación directa de recursos
públicos.

En sentencia del 5 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Primera
confirmó la decisión del a quo, luego de advertir que no se encontraba configurado
el elemento objetivo de la conducta, toda vez que ejercer la facultad de voto a favor
de la entrega de facultades pro tempore al alcalde del ente territorial, no permitía
inferir, por sí solo, que la concejal hubiese obrado motivada por un interés dañoso.
Por lo tanto, determinó que la conducta atribuida no configuraba la causal de pérdida
de investidura alegada.

Dicha decisión fue notificada electrónicamente el 25 de marzo de 2026.

6
«ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura
por: […]
3. Por indebida destinación de dineros públicos».
7
«Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios».
8
«ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y
de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […]
4. Por indebida destinación de dineros públicos».
9
«Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986,
se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional».
3

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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02546-01

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora argumentó que el Consejo de Estado, Sección Primera incurrió en
un defecto sustantivo al proferir la sentencia del 5 de marzo de 2026, toda vez que
adoptó una interpretación restrictiva y contraria al orden constitucional de la causal
de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos.

En efecto, advirtió que la autoridad judicial accionada circunscribió la configuración
exclusivamente al servidor público que ordena o ejecuta materialmente el gasto,
desconociendo que esta también podía materializarse de manera indirecta cuando,
mediante actuaciones como el voto favorable, se posibilitaba la utilización irregular
de recursos públicos.

Por otra parte, planteó la configuración de un defecto fáctico por omisión valorativa,
en razón de que la autoridad judicial prescindió del análisis integral y sistemático de
los Decretos 100-12-051 y 100-12-054 de 2024, documentos que acreditaban la
ejecución efectiva de los traslados presupuestales ilegales cuestionados por una
suma superior de $497.000.000. Sostuvo que dichas pruebas resultaban relevantes
y determinantes para establecer la materialización de la destinación irregular de
recursos públicos y el nexo existente entre los acuerdos aprobados por el Concejo
y su posterior ejecución presupuestal.

Asimismo, señaló que fueron indebidamente desestimados elementos probatorios
provenientes del proceso de nulidad relacionado con los mismos hechos, los cuales
evidenciaban que los integrantes de la corporación tenían conocimiento de las
irregularidades que afectaban la legalidad de los actos aprobados. Pese a ello, la
sentencia accionada descartó la acreditación del elemento subjetivo de la conducta
con fundamento en una presunción de buena fe, sin efectuar un examen riguroso
del acervo probatorio y de las circunstancias particulares del caso.

Finalmente, destacó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
de la Corte Constitucional, particularmente el criterio fijado en la sentencia C-036 de
2023 que declaró la indelegabilidad absoluta de las competencias presupuestales
de las corporaciones públicas, por constituir una manifestación esencial de los
principios democráticos, de separación funcional y de control político sobre el
manejo de los recursos públicos.

Al respecto, adujo que el Consejo de Estado, Sección Primera aplicó de manera
indebida el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política para justificar una
delegación de competencias presupuestales que la Corte Constitucional había
considerado incompatible con el texto superior. En consecuencia, mencionó que se
desconoció que los alcaldes y gobernadores carecen de facultad para modificar
autónomamente el presupuesto público sin la autorización expresa y directa de la
respectiva corporación, vulnerando con ello los principios de supremacía
constitucional y seguridad jurídica.

4

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1.5. Trámite de la acción de tutela

El Magistrado Ponente del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en
providencia del 13 de abril de 2026, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a
la parte demandante10 y, como parte demandada, al Consejo de Estado, Sección
Primera11.

Además, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso a la señora Margarita Vargas Bautista12, la Alcaldía13 y el Concejo del
municipio de San Gil14.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera

En informe recibido el 22 de abril de 2026, la Magistrada Ponente del fallo enjuiciado
manifestó que la acción de tutela debía ser declarada improcedente por no superar
el requisito de relevancia constitucional, tras estimar que lo realmente pretendido
por la parte actora era reabrir el debate ya zanjado y reiterar los mismos cargos
formulados en el proceso ordinario, convirtiendo al mecanismo constitucional en una
instancia adicional, desconociendo su carácter excepcional y residual.

Precisó que la Sala sí estudió de forma integral los presupuestos de la causal de
indebida destinación de dineros públicos y descartó expresamente el argumento
según el cual la ausencia de facultades de ordenación del gasto excluía
automáticamente la responsabilidad de la concejal. Por el contrario, la providencia
reconoció que dicha causal podía configurarse aun cuando el servidor público no
fuera ordenador del gasto, siempre que se demostrara que había hecho uso de
mecanismos para alterar la destinación legal de recursos públicos.

Asimismo, indicó que no se encontró que existían pruebas suficientes para acreditar
los elementos exigidos por la jurisprudencia para estructurar la causal de pérdida

10
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación remitida a los correos electrónicos:
gustavorodriguezrojas033@gmail.com.
11
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
notifpcordoba@consejodeestado.gov.co, lbastidasg@consejodeestado.gov.co,
notifcmantilla@consejodeestado.gov.co, lmartinezf@consejodeestado.gov.co,
notifnpena@consejodeestado.gov.co, dmontezumac@consejodeestado.gov.co,
jfayadc@consejodeestado.gov.co, crodriguezf@consejodeestado.gov.co,
notifgosorio@consejodeestado.gov.co.
12
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada al buzón electrónico:
concejo@sangil.gov.co y juridicoconcejosangil@gmail.com.
13
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
notificacionesjudiciales@sangil.gov.co.
14
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a los buzones web:
concejo@sangil.gov.co y juridicoconcejosangil@gmail.com.
5

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de investidura. En particular, no se evidenció que la concejal hubiera destinado
recursos públicos a fines no autorizados, hubiera alterado efectivamente la
destinación legal del gasto, ni que hubiese perseguido beneficios personales o de
terceros. Igualmente, se concluyó que la sola participación en la aprobación del
Acuerdo Municipal 002 de 2024 no demostraba una conducta orientada a causar
detrimento patrimonial o a distorsionar las finalidades del gasto público.

Resaltó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha mantenido una posición
uniforme en el sentido de que la declaratoria de nulidad de un acuerdo municipal no
conlleva, por sí sola, la pérdida de investidura de los concejales que participaron en
su aprobación. Para que proceda esta sanción se requiere demostrar elementos
adicionales, tales como la efectiva destinación indebida de recursos públicos, la
existencia de un beneficio indebido o la desviación de los fines estatales. Por ello,
la nulidad declarada del acto administrativo constituía un juicio de legalidad objetiva
distinto e independiente del análisis requerido para establecer la configuración de la
causal.

Además, recordó que aunque el acuerdo municipal fue posteriormente anulado por
exceder las competencias constitucionales y legales relacionadas con las
modificaciones presupuestales, ello no permitió inferir automáticamente una
conducta sancionable, por cuanto la Sala encontró acreditado que la finalidad del
proyecto consistía en facilitar la ejecución oportuna y eficiente del gasto público
municipal, especialmente en períodos en los que el Concejo no estuviera
sesionando, finalidad que encontraba sustento en disposiciones constitucionales y
legales relativas a las facultades de los concejos municipales. En consecuencia, no
se acreditó una intención fraudulenta, un interés indebido ni una distorsión
deliberada de los fines del gasto público.

Por último, la Magistrada comentó que la sentencia se encontraba debidamente
motivada, ajustada al precedente aplicable y sustentada en una valoración
probatoria razonable, razón por la que no se configuraban los defectos alegados, ni
se encontraban vulnerados las garantías deprecadas.

1.6.2. Alcaldía de San Gil

El 20 de abril del año en curso, el apoderado judicial del ente territorial solicitó que
se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que no
vulneró los derechos fundamentales de la parte tutelante.

1.6.3. Pese a que la señora Margarita Vargas Bautista y el Concejo de San Gil
fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

1.7. Fallo impugnado

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en sentencia del 4 de mayo
de 2026, negó la solicitud de amparo.
6

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Frente al defecto sustantivo, la Sala concluyó que la sentencia cuestionada no
realizó una interpretación arbitraria ni irrazonable de la causal de indebida
destinación de dineros públicos. Por el contrario, verificó que la Sección Primera
examinó detalladamente la normatividad y la jurisprudencia aplicables y reconoció
expresamente que no era indispensable que un concejal tuviera la calidad de
ordenador del gasto para que pudiera configurarse dicha causal. Sin embargo,
advirtió que la sola aprobación de un acuerdo posteriormente anulado no constituía,
por sí misma, una causal de pérdida de investidura, pues resultaba necesario
demostrar la efectiva destinación irregular de recursos públicos o la obtención de
beneficios indebidos.

Respecto del defecto fáctico, encontró que la autoridad judicial accionada sí valoró
el material probatorio obrante en el expediente, incluidos los decretos de traslados
presupuestales expedidos por el alcalde de San Gil. De acuerdo con la Sala, la
discrepancia del actor no radicaba en una omisión probatoria sino en su desacuerdo
con las conclusiones jurídicas derivadas de la valoración realizada por el juez
natural. Por ello, concluyó que no existió una apreciación arbitraria o irrazonable de
las pruebas que justificara la intervención del juez constitucional.

En cuanto al presunto desconocimiento del precedente constitucional, determinó
que la Sección Primera no ignoró la Sentencia C-036 de 2023. Por el contrario, la
providencia cuestionada partió precisamente de la premisa de que las facultades
presupuestales otorgadas mediante el Acuerdo 002 de 2024 eran contrarias al
ordenamiento jurídico, circunstancia que había conducido a su declaratoria de
nulidad. No obstante, explicó que el juicio de legalidad de un acto administrativo era
distinto al juicio de pérdida de investidura y que la nulidad de un acuerdo no
implicaba automáticamente la configuración de una causal sancionatoria contra
quienes participaron en su aprobación.

Destacó que en el proceso ordinario no se logró acreditar que la concejal hubiera
actuado con un propósito de beneficiar intereses propios o de terceros, ni que
hubiera promovido una desviación efectiva de los fines del gasto público. Tampoco
se demostró la existencia de un menoscabo patrimonial concreto ni la aplicación de
recursos públicos a fines prohibidos o distintos de aquellos previstos por la ley. En
consecuencia, concluyó que no se configuró el elemento objetivo exigido para
estructurar la causal de indebida destinación de dineros públicos.

Finalmente, adujo que el accionante pretendía utilizar la tutela como un mecanismo
para reabrir el debate jurídico ya resuelto en el proceso ordinario. Al verificar que la
sentencia cuestionada estaba debidamente motivada, sustentada en las normas
aplicables y apoyada en la valoración de las pruebas obrantes en el expediente,
concluyó que no existió vulneración alguna de derechos fundamentales.

7

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1.8. Impugnación

Con escrito allegado el 11 de junio de 202615, la parte actora impugnó el fallo de
primer grado.

Puntualmente manifestó que la sentencia de primera instancia incurría en una «falta
de motivación cualificada» al validar una decisión del juez natural, bajo el pretexto
de la autonomía judicial, omitiendo aplicar los efectos vinculantes de la sentencia C-
036 de 2023.

En consecuencia, insistió en la configuración de los yerros de desconocimiento del
precedente y sustantivo, tras indicar que el fallo cuestionado se limitó a señalar que
la nulidad de un acuerdo municipal no generaba automáticamente la pérdida de
investidura, sin analizar suficientemente que el Acuerdo 002 de 2024 había sido
declarado nulo por haber delegado competencias presupuestales que, según la
jurisprudencia constitucional, resultaban indelegables.

Asimismo, iteró el defecto fáctico por valoración probatoria incompleta, sobre el cual
señaló que tanto el juez natural como el juez de tutela reconocieron la existencia de
los decretos 100-12-051 y 100-12-054 de 2024, mediante los cuales se efectuaron
modificaciones presupuestales, sin embargo, cuestionó que dichas pruebas fueran
analizadas únicamente como actos administrativos independientes y no como
evidencia del vínculo causal entre la aprobación del Acuerdo 002 de 2024 y la
posterior ejecución de los traslados presupuestales. A su juicio, tal omisión impidió
comprender la dimensión indirecta de la indebida destinación de recursos públicos.

1.9. Trámite en segunda instancia

Por medio de auto del 10 de julio de 2026, la Magistrada Ponente ordenó vincular
como terceros con interés y notificar de la nulidad saneable al Tribunal
Administrativo de Santander16 [juez de primera instancia del medio de control] y a
la representante del Ministerio Público, la procuradora Quinta Delegada, Eddy
Alexandra Villamizar Schiller17.

1.10. Contestación

El 21 de julio de 2026, la Magistrada Ponente de la decisión del Tribunal
Administrativo de Santander recordó el sentido de la providencia proferida en
primer grado, en la que se concluyó que se demostró que los recursos públicos
hubieran sido destinados a fines no autorizados, ni que la concejal hubiera obtenido

15
El fallo de primer grado fue notificado mediante correo electrónico enviado el 9 de junio de 2026.
16
Índice 8 de Samai de segunda instancia. Notificación realizada a:
sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co,
sg02tadminstd@notificacionesrj.gov.co y ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co.
17
Índice 8 de Samai de segunda instancia. Notificación enviada los buzones web:
eavillamizar@procuraduria.gov.co y procesosjudiciales@procuraduria.gov.co.
8

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un beneficio propio o para terceros, ni que hubiera actuado con la intención de
desviar las finalidades del gasto público.

Por consiguiente, manifestó que no se configuraron los defectos invocados por el
señor Rodríguez Rojas, pues la decisión no obedeció a una interpretación arbitraria
de la causal de indebida destinación de dineros públicos, sino a la conclusión de
que no se demostró que la concejal demandada hubiera incurrido en la conducta
que la configuraba. Igualmente, adujo que las pruebas fueron apreciadas conforme
a las reglas de la sana crítica, sin que se evidenciara un defecto fáctico.

Por tanto, solicitó que se declarara la improcedencia o, en su defecto, se negara la
acción constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el señor Gustavo Rodríguez Rojas contra la sentencia del 4 de mayo de 2026
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 del 12 de marzo de 201918.

2.2. Solicitud de desvinculación

Pese a que la Alcaldía de San Gil solicitó su desvinculación desde la contestación
allegada en primera instancia, el a quo omitió referirse frente ello.

En ese orden, este juez de segunda instancia anuncia que la petición será negada,
en tanto el ente territorial fue vinculado al presente trámite como tercero por
presentar interés en la decisión que se adopte en este trámite, y no como la parte
contra la cual se alega la vulneración de las garantías fundamentales.

2.3. Problemas jurídicos

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 4 de
mayo de 2026 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, para lo cual
deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

● ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?

18
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
9

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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02546-01

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

● ¿El Consejo de Estado, Sección Primera vulneró las garantías
fundamentales de la parte actora en la providencia del 5 de marzo de 2026
dictada en el medio de control de pérdida de investidura identificado con el
radicado 68001-23-33-000-2025-00684-01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente,
iii) el estudio del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201219
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema20 y declaró su
procedencia21.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir

19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
20
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
21
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
10

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términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202222, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal23 (Énfasis de la Sala).

22
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
23
Sentencia SU-573 de 2019.
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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico24; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional25[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal26”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales27”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto28, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal29. (Resaltado de la Sala)

2.6. Caso concreto

El señor Gustavo Rodríguez Rojas consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la participación política, con ocasión de la sentencia del 5 de marzo de
2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, en la que se confirmó
la negativa de desinvestidura de la señora Margarita Vargas Bautista como concejal
de San Gil (Santander) para el periodo 2024-2027, por la causal de indebida
destinación de recursos públicos.

24
Sentencia SU-103 de 2022.
25
Sentencia SU-103 de 2022.
26
Sentencia SU-103 de 2022.
27
Sentencia SU-128 de 2021.
28
Sentencia SU-573 de 2019.
29
Ib.
12

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La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en tres yerros.
En primer lugar, afirmó la configuración de un defecto sustantivo, derivado de la
limitación de la causal de indebida destinación de dineros públicos solo a quienes
ordenan el gasto y exigir beneficio personal, desconociendo la modalidad indirecta
derivada del voto que habilita la disposición ilegal de recursos.

En segundo lugar, alegó la configuración de un defecto fáctico por omitir la
valoración de pruebas como decretos de traslados y evidencias de conciencia de la
ilegalidad, para arribar a conclusiones contrarias al acervo probatorio y vulnerando
el debido proceso.

Por último, refirió un desconocimiento del precedente, al apartarse del criterio fijado
en la sentencia C-036 de 2023, que declaró indelegables las competencias
presupuestales de las corporaciones públicas.

De la revisión de la sentencia enjuiciada, se observa que el Consejo de Estado,
Sección Primera señaló expresamente que no compartía el razonamiento utilizado
por el juez de primera instancia en cuanto a que la ausencia de facultades de
ordenación del gasto excluía, por sí misma, la configuración de la causal de indebida
destinación de dineros públicos. Por el contrario, precisó que, de conformidad con
la jurisprudencia reiterada de la Corporación, dicha causal podía configurarse aun
cuando el miembro de la corporación pública no tuviera la condición de ordenador
del gasto, siempre que, en ejercicio de sus funciones, adelantara actuaciones o
utilizara instrumentos orientados a modificar o alterar la destinación de recursos
públicos.

Posteriormente, la Sala analizó si la aprobación del Acuerdo 002 de 2024 constituía
por sí misma una indebida destinación de recursos públicos. Sobre este aspecto
reiteró una línea jurisprudencial consolidada según la cual la nulidad de un acuerdo
municipal no generaba automáticamente la pérdida de investidura de los concejales
que participaron en su aprobación. Señaló que el juicio de legalidad de un acto
administrativo era distinto del sancionatorio de pérdida de investidura y que, por
tanto, la declaratoria de nulidad no basta para acreditar la causal invocada.

La Corporación reconoció que el Acuerdo 002 de 2024 fue correctamente anulado
porque el Concejo Municipal de San Gil delegó al alcalde facultades presupuestales
que eran constitucionalmente indelegables. No obstante, precisó que la ilegalidad
del acto administrativo únicamente demostraba un problema de validez jurídica del
acuerdo, mas no prueba de que la concejal hubiera destinado recursos públicos a
fines prohibidos, distintos de los autorizados o en beneficio propio o de terceros.

Al valorar las pruebas del expediente, la Sala encontró que no existía evidencia de
que la concejal hubiese actuado con el propósito de distorsionar las finalidades del
gasto público ni de obtener un beneficio personal o para terceros. Tampoco se
acreditó que los recursos públicos hubieran sido destinados a objetos o actividades

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no autorizadas, prohibidas, innecesarias o injustificadas como consecuencia directa
de su votación favorable.

Destacó además que, según las actas del Concejo, el proyecto fue presentado y
sustentado como un mecanismo para garantizar la ejecución eficiente y oportuna
del presupuesto durante los períodos de receso de la corporación. En consecuencia,
aunque posteriormente la jurisdicción concluyó que el mecanismo empleado era
jurídicamente improcedente, no se demostró que la actuación de la concejal
estuviera fundada en artificios, engaños, mala fe o en una intención de afectar el
erario.

La Sala accionada consideró que el actor pretendía trasladar automáticamente las
conclusiones del proceso de nulidad del acuerdo al proceso de pérdida de
investidura. Sin embargo, recordó que para sancionar a un concejal por indebida
destinación de dineros públicos era indispensable probar elementos adicionales,
tales como la efectiva distorsión del gasto, el menoscabo del patrimonio público o la
obtención de beneficios indebidos, circunstancias que no fueron acreditadas en el
expediente.

Por ello, concluyó que no se configuró el elemento objetivo de la causal de indebida
destinación de dineros públicos, pues la conducta atribuida a la concejal no
encajaba en ninguno de los supuestos definidos por la jurisprudencia para esa
causal. Al no demostrarse ese elemento, la Sala consideró innecesario avanzar en
el examen de aspectos subjetivos como el dolo o la culpa grave.

Revisados los fundamentos de la providencia cuestionada, se evidencia que el
tutelante reprodujo los argumentos expuestos en la demanda ordinaria, frente a lo
cual el Consejo de Estado, Sección Primera resolvió en su integridad. Por lo tanto,
en principio, no es procedente cuestionar sus decisiones vía acción de tutela; sobre
todo cuando se evidencia, como en el presente caso, que el debate planteado
por la parte accionante busca mutar el amparo constitucional en una tercera
instancia del proceso natural.

Desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de lenguaje
de carácter constitucional, así como una argumentación bien fundamentada, no se
encuentran razones de peso que justifiquen la intromisión del juez
constitucional. Máxime cuando no se observa, a primera vista, la vulneración de los
derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.

Por lo anterior, la competencia del juez constitucional se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal, o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.

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En lo que respecta al desconocimiento del precedente, se reitera, como ya fue
expuesto en párrafos anteriores, que la autoridad judicial sustentó su decisión en
pronunciamientos pacíficos de la misma Corporación para sustentar su
razonamiento, los cuales reflejan el entendimiento jurisprudencial vigente sobre la
materia. En ese contexto, el planteamiento propuesto no trasciende el ámbito de la
mera discrepancia interpretativa, por lo que carece de relevancia constitucional.

Finalmente, salta a la vista que, con la insistencia en la aplicación de la sentencia
señalada como desconocida, lo pretendido por el accionante es reabrir el debate
zanjado por los jueces naturales de la causa, pues se limita a iterar su
inconformismo sobre análisis legal agotado en el proceso ordinario.

Por las razones expuestas, se revocará la negativa, para en su lugar, declarar la
improcedencia por no encontrar satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Alcaldía de San
Gil.

SEGUNDO: REVOCAR el fallo del 4 de mayo de 2026 proferido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B que negó la solicitud de amparo, para en
su lugar, DECLARAR la improcedencia por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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