Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02546-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02546-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02546-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02546-00
Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Temas: Tutela contra providencia judicial / Pérdida de investidura
concejal del municipio de San Gil / Defecto sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Gustavo Rodríguez Rojas en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Gustavo Rodríguez Rojas promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y participación política, con ocasión de la
sentencia proferida el 5 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Primera, en el proceso de pérdida de investidura identificado con el radicado 68001-
23-33-000-2025-00684-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo, expuso lo siguiente1:
2.1. El Concejo Municipal de San Gil expidió el Acuerdo 002 del 19 de febrero de
2024, a través del cual facultó al alcalde para crear, modificar o suprimir rubros,
realizar créditos al presupuesto de la vigencia 2024. De tal manera, la concejal
Margarita Vargas Bautista votó y aprobó ese acto administrativo.
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
2.2. El mencionado acto administrativo fue demandado en uso del medio de
control de nulidad simple por lo que el conocimiento le correspondió al Juzgado
Primero Administrativo Oral de San Gil que profirió la sentencia del 31 de marzo de
2025 con la que declaró la nulidad del Acuerdo 002 del 19 de febrero de 2024, la
cual fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Santander en providencia del 20 de agosto de 2025.
2.3. Con sustento en tal situación, el aquí demandante presentó demanda para
que se declarara la pérdida de investidura de la Concejal Margarita Vargas Bautista,
por la causal de indebido manejo de recursos públicos, al votar y aprobar un acuerdo
municipal declarado nulo por el juez contencioso, cuyo conocimiento en primera
instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Santander que profirió la
sentencia del 12 de diciembre de 2025 con la que negó las súplicas de la demanda
al no acreditarse la indebida destinación de dineros públicos, además de que la
nulidad del Acuerdo Municipal 002 de 2024 no configuraba, por sí sola, pérdida de
investidura, ya que, mediante ese acto solo se otorgaron facultades generales y
abstractas al alcalde, sin que se demostrara la aplicación de recursos a fines
prohibidos o distintos de los previstos por la Constitución y la ley. La parte
demandante interpuso recurso de apelación contra esta decisión judicial.
2.4. El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 5 de marzo de 2026
confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda con similares
argumentos.
2.5. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial, por
lo siguiente:
2.5.1. Defecto sustantivo: Se realizó una interpretación restrictiva e inconstitucional
de la causal de indebida destinación de dineros públicos, limitándola solo a quien
ordena directamente el gasto. Con ello desconoció la modalidad indirecta de la
causal, aplicable cuando un servidor público, mediante su voto, crea el instrumento
jurídico que permite la destinación ilegal del presupuesto.
2.5.2. Defecto fáctico: En tanto se omitió el análisis de los Decretos 100‑12‑051 y
100‑12‑054 de 2024, que demostraban la ejecución material de los traslados
presupuestales ilegales por más de 497 millones de pesos. Se ignoraron pruebas
provenientes del proceso de nulidad que evidenciaban la conciencia de la ilegalidad
por parte del concejo municipal, descartando indebidamente el elemento subjetivo
de la conducta bajo una presunción de buena fe.
2.5.3. Desconocimiento del precedente: Se omitió el criterio fijado en la Sentencia
C‑036 de 2023 de la Corte Constitucional, que declaró la indelegabilidad absoluta
de las competencias presupuestales de las corporaciones públicas, además que se
aplicó de manera indebida el artículo 313‑3 de la constitución política para justificar
una delegación que la Corte Constitucional consideró contraria a la norma
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
fundamental, ignorando la ratio decidendi que prohíbe que alcaldes o gobernadores
modifiquen el presupuesto sin aprobación directa de la corporación respectiva.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 2. Nulidad de la Sentencia: Declarar la nulidad total y dejar sin efectos jurídicos la
sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el cinco (5) de marzo
de dos mil veintiséis (2026), dentro del proceso de pérdida de investidura identificado
con el radicado 68001233300020250068401.
3. Sentencia de Reemplazo o Desinvestidura Directa: En consecuencia, ordenar a la
Sección Primera del Consejo de Estado que dicte una sentencia de reemplazo que se
ajuste estrictamente a la Constitución y a la jurisprudencia vinculante de la Corte
Constitucional (especialmente la Sentencia C-036 de 2023), reconociendo que la
aprobación de una norma que faculta la disposición ilegal de recursos públicos configura
la causal de indebida destinación en su modalidad indirecta.
4. Protección de la Jurisprudencia Nacional: Ordenar al Consejo de Estado que se
abstenga de aplicar interpretaciones que flexibilicen el principio de legalidad
presupuestal en procesos de pérdida de investidura, evitando la consolidación de una
zona de impunidad para los concejales que desafían la Ley Orgánica del Presupuesto.
[…]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El municipio de San Gil2 solicitó que se declarara improcedente la tutela y
su desvinculación del proceso, al considerar que no vulneró derecho fundamental
alguno del demandante y carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues las
decisiones cuestionadas eran judiciales y ajenas a la administración municipal;
además que no existió acción u omisión atribuible al municipio, ni perjuicio
irremediable.
5. El Consejo de Estado, Sección Primera3 pidió que se declarara la
improcedencia o, en subsidio, se negara el amparo, al considerar que la tutela
carecía de relevancia constitucional y pretendía reabrir el debate ya resuelto en el
proceso ordinario de pérdida de investidura de la referencia; señaló que el
demandante busca utilizar la tutela como una instancia adicional para controvertir la
interpretación jurídica y la valoración probatoria efectuada por esa corporación
judicial, lo cual desconoce los principios de autonomía judicial, cosa juzgada y
seguridad jurídica.
6. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio.
2 Archivo obrante en el índice 10 del Samai.
3 Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.º del
Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la
solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección Primera.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo del Consejo de Estado4 unificó el criterio de la corporación en cuanto
a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 5. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo6 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional7 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos8,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales9.
14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
15. La Sala deberá definir: ¿si el Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró
los derechos fundamentales de Gustavo Rodríguez Rojas con ocasión de la
sentencia del 5 de marzo de 2026 dictada en el proceso de pérdida de investidura
con radicado 68001233300020250068401, con la que incurrió, presuntamente, en
causales especiales de procedencia de la tutela como defecto sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente al negar las pretensiones de la demanda?
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
8 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
16. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Del defecto sustantivo
17. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto10. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta11, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
18. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
19. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales 12.
2.5.3. Del defecto fáctico
20. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez»13, «o cuando sin razón valedera da por no probado
10 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
11 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
12 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
13 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell
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el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»14. La
segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»15.
21. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.5.4. Desconocimiento del precedente judicial
22. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado social de derecho.
23. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
24. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
14 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
15 Sentencia T-538 de 1994.
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25. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.6. Sobre el caso concreto
26. Gustavo Rodríguez Rojas acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la
providencia proferida el 5 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Primera que confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que no se acreditó la indebida destinación de dineros
públicos, además de que la nulidad del Acuerdo Municipal 002 de 2024 no
configuraba, por sí sola, pérdida de investidura, ya que, mediante ese acto solo se
otorgaron facultades generales y abstractas al alcalde, sin que se demostrara la
aplicación de recursos a fines prohibidos o distintos de los previstos por la
Constitución y la ley
27. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en (i) defecto
sustantivo al restringir la indebida destinación de dineros públicos solo a quienes
ordenan el gasto y exigir beneficio personal, desconociendo la modalidad indirecta
derivada del voto que habilita la disposición ilegal de recursos; (ii) defecto fáctico al
omitir la valoración de pruebas como decretos de traslados y evidencias de
conciencia de la ilegalidad, para arribar a conclusiones contrarias al acervo
probatorio y vulnerando el debido proceso; y (iii) desconoció el precedente
constitucional, al ignorar la sentencia C‑036 de 2023, que declaró indelegables las
competencias presupuestales de las corporaciones públicas.
28. Al descender al caso en concreto, de la lectura del expediente contentivo del
radicado 68001-23-33-000-2025-00684-01, se evidencia que, contrario a lo
afirmado por la parte demandante, del contenido de la decisión acusada es posible
avizorar una motivación suficiente y coherente que justifica su sentido, pues la
corporación judicial demandada se pronunció sobre cada uno de los argumentos en
los que giró la controversia planteada.
29. Al respecto, comenzó por revisar la normatividad y jurisprudencia16
aplicables a la indebida destinación de dineros públicos como causal de pérdida de
16 Al respecto, se sustentó en varios pronunciamientos de esta corporación judicial, tales como: i)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre de 2000,
Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla; ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de junio de 2012,
número único de radicación 73001233100020100035201, consejera ponente María Claudia Rojas
Lasso; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia
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investidura de concejal para concretar aquellas circunstancias en las que se
configura tal conducta, además de determinar que no es necesario que el miembro
de corporación pública territorial sea ordenador del gasto, pues lo importante es que
adelante actuaciones certeras o utilice instrumentos idóneos para cambiar la
destinación de aquellos recursos, de tal manera consideró:
«[…] Precisado lo anterior, la Sala descarta el argumento inicial de la sentencia apelada,
según el cual no se configuró la indebida destinación de dineros públicos porque la
accionada intervino, durante la expedición del acto administrativo anulado, en calidad de
concejal sin facultades de ordenadora de gasto.
[…]
V.3.3.- Conforme se indicó al inicio de las consideraciones de la actual providencia, el
elemento tipificador de la causal de indebida destinación de dineros públicos se
encuentra en el hecho de que el servidor público de elección popular, en este caso, un
concejal, con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido
investido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos estatales, preestablecidos
en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a
aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad
es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar
un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas.
En el mismo sentido que lo consideró el a quo, la sola declaratoria de invalidez de un
acto administrativo no permite configurar, por sí misma, la desinvestidura de la
accionada, pues la jurisprudencia de esta Corporación ha sido uniforme al señalar que
la nulidad de un acuerdo no comporta dicho efecto judicial por no estar prevista de forma
taxativa dentro de las causales establecidas por la Constitución y la ley.
Ciertamente, la jurisprudencia ha señalado, en forma pacífica, que no toda irregularidad
que pueda predicarse de la aprobación de una norma que implique gasto, configura, por
ese solo hecho, una indebida destinación de dineros públicos, así como tampoco acarrea
la pérdida de investidura.
[…]
Advierte la Sala que en el asunto bajo examen no existe prueba que permita concluir
que con la votación positiva de la accionada en la expedición del Acuerdo 002 de 19 de
febrero de 2024, hubiere destinado dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o haya aplicado tales recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas, o con la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros, o para derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.
de 6 de marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera ponente
Olga Inés Navarrete Barrero; iv) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 1º de noviembre de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300,
consejero ponente Tarsicio Cáceres Toro; v) Sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm.
9876), de 6 de marzo de 2001 (Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente
núm. 0063-01); vi) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencias de 4 de septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801
(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; vii) Sentencia de 6 de septiembre de 2018, número
único de radicación 70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García
González; viii) Sentencia del 28 de julio de 2016, número único de radicación
15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
De hecho, no existen elementos de prueba en el proceso que acrediten que con la
aprobación del Acuerdo 002 de 19 de febrero de 2024 la accionada hubiera actuado con
el ánimo de obtener un beneficio para sí o para el de terceras personas o de distorsionar
las finalidades del gasto, como presupuesto exigido para que se configure la causal de
pérdida de investidura.
[…]
Si bien el Acuerdo 002 de 19 de febrero de 2024 no superó el examen de legalidad
objetiva adelantado por el juez de lo contencioso administrativo, por cuanto, como se
anotó, con su expedición se encontraron vulnerados los artículos 352 de la Constitución
Política, y 76 a 88 del Estatuto Orgánico de Presupuesto – EOP –, toda vez que se
autorizó al alcalde de dicha municipalidad para crear, modificar y suprimir rubros, realizar
créditos y contra créditos al presupuesto sin límite alguno, a pesar de que el Decreto Ley
111 de 1996 en sus artículos 80, 82 y 83 faculta al jefe del órgano respectivo para
efectuar, únicamente, traslados presupuestales internos mediante resolución, lo que,
como está visto, acarreó su nulidad y desaparición del ordenamiento jurídico de San Gil
(Santander), lo cierto es que ello no implicó distorsión de las finalidades del gasto, y fue
consecuencia de una sus funciones en esa corporación pública territorial, en virtud de lo
previsto en el artículo 313 Superior, que prevé que: “[…] Corresponde a los concejos (…)
Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de
las que corresponden al Concejo […]”.
Es así como en el acta de sesión ordinaria 08 de 19 de febrero de 2024, del Concejo de
San Gil (Santander), aparece leída la exposición de motivos del proyecto de acuerdo
002 de 1o. de febrero de 2024, de lo cual la Sala destaca que la iniciativa se apoyó en
los artículos 311 y 313 Superiores y en la Ley 136, modificada por la ley 1551 de 6 de
julio de 201230, así como en las disposiciones del Estatuto Orgánico de Presupuesto,
que facultan a las corporaciones administrativas para autorizar al ejecutivo municipal a
realizar créditos, contracréditos y demás operaciones presupuestales requeridas para la
adecuada ejecución del gasto público. […]» [sic].
30. De otro lado, contrario a lo afirmado por el demandante, se observa que el
Consejo de Estado, Sección Primera no incurrió en defecto fáctico, ya sea en su
dimensión negativa o positiva, ya que efectuó un recuento de las pruebas que hacen
parte de la controversia planteada, al punto que se refirió a los decretos con los que
el acalde efectuó el traslado de recursos17, en virtud de las facultades que le fueron
otorgadas, distinto es que el juicio y estudio de los supuestos fácticos y jurídicos a
tener en cuenta en el proceso de pérdida de investidura condujeran a conclusiones
diametralmente opuestas a las presentadas por la parte activa, tanto en el asunto
cuestionado como en sede de tutela.
31. Por su parte, no es posible concluir que con la decisión judicial adoptada se
desconociera el precedente constitucional fijado en la sentencia C‑036 de 2023 que
declaró indelegables las competencias presupuestales de las corporaciones
públicas, pues, contrario a lo expuesto por el demandante, el Consejo de Estado,
Sección Primera, partió de la premisa según la cual la constitución política no
permite delegar la competencia del concejo en tal materia en el alcalde, tan es así
que en la providencia cuestionada recordó la anulación del acto administrativo que
otorgaba tales facultades al contrariar el marco jurídico aplicable.
17 Decreto 100-12-051-2024 de 4 de marzo de 2024.
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
32. De tal manera, para esta Sala de decisión no resulta de recibo concluir que
se omitiera la normatividad aplicable o se arribara a conclusiones jurídicamente
erradas pese al material probatorio aportado, en atención a que las consideraciones
efectuadas por el Consejo de Estado, Sección Primera, obedecen a un examen
judicial de validez objetiva propio del proceso de pérdida de investidura, el cual
difiere de la naturaleza jurídica del medio de control de nulidad simple en el que se
estudia la legalidad de un acto administrativo.
33. En este orden de ideas, en la medida en que no estaba comprobado que, con
el voto positivo de la concejal a la expedición del acto administrativo que otorgaba
facultades al burgomaestre respecto al presupuesto municipal, incurriera en una
distorsión de las finalidades de los recursos públicos, resulta razonable la conclusión
a la que arribó, como se observa:
«[…] La Sala no evidencia que la concejal de San Gil (Santander), en su condición de
servidora pública, al ejercer la facultad de votar a favor la entrega de facultades pro
tempore (hasta el 31 de diciembre de 2024), al alcalde de ese ente territorial, -para
realizar modificaciones, supresión o creación de rubros, créditos y contra créditos al
presupuesto general de rentas y gastos vigente y que fueren necesarios para la
ejecución integral al presupuesto del plan de desarrollo, en aras de la satisfacción de las
necesidades y requerimientos públicos que se presentaran-, hubiere obrado motivada
por un interés dañoso, por lo que mal podría inferirse que la invalidez de ese acto
administrativo comportó la incursión de aquella en indebida destinación de dineros
públicos. Al margen del resultado en el proceso ordinario de nulidad, lo cierto es que
subsisten sin prueba alguna otros aspectos trascendentales para la materialización de
dicha causal, como lo son la aplicación distorsionada de los recursos públicos, el real
menoscabo del erario o el beneficio económico de la acusada o de un tercero.
Bajo tal escenario, no existe duda que, en el presente caso, no se configuró ninguno de
los escenarios previstos por la jurisprudencia para tener por establecido el aspecto
objetivo de la conducta endilgada a la acusada, comoquiera que no cubrió objetos,
actividades o propósitos no autorizados; no costeó objetos, actividades o propósitos que
sí estuvieran autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados; no sufragó objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento; no pagó por materias innecesarias
o injustificadas; no destinó los dineros públicos con la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros; y tampoco con la finalidad de derivar un beneficio, no
necesariamente económico, en su favor o en el de terceros.
Al descartarse la procedencia de los cargos de la apelación y quedar desvirtuado el
elemento objetivo, no es posible continuar con el análisis del elemento subjetivo de la
conducta, menos aún con los cargos formulados en aras de discutir el dolo o la culpa
grave de la accionada, motivo por el cual la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, pero por las razones expuestas en esta providencia. […]» [sic].
34. Así, una vez revisada la motivación de la providencia judicial cuestionada en la
que el juez natural del asunto se pronunció sobre cada uno de los argumentos
expuestos en la demanda, debe precisarse que, más allá de concretar las razones
por las cuales se configura el defecto sustantivo, fáctico, el desconocimiento del
precedente o alguna interpretación irrazonable, lo que se evidencia en esta
oportunidad es el desacuerdo del demandante con las consideraciones efectuadas
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
por el juez de la causa, con lo cual pretende que se realice un nuevo estudio de
legalidad que no procede en sede de tutela.
35. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.
36. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en
defecto sustantivo, fáctico o desconocimiento del precedente, debido a que fue
proferida de conformidad con las normas que regulan la materia y aquella se apoyó
en el material probatorio aportado al proceso ordinario, el cual permitió concluir que
no se acreditó el elemento objetivo de la conducta que le era atribuida (indebida
destinación de dineros públicos) a la concejal del municipio de San Gil por lo cual
no había lugar a declarar la pérdida de investidura pretendida.
37. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
38. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales de Gustavo Rodríguez Rojas, en la solicitud de
tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Primera.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Gustavo Rodríguez
Rojas, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección
Primera.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Demandante: Gustavo Rodríguez Rojas
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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