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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00099-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00099-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen. TERCERO: NO CONDENAR en costas por tratarse de una acción pública.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2025-00099-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

16 de abril de 2026

Radicación: 50001 23 33 000 2025 00099 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 50001 23 33 000 2025 00099 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas
Demandado: Ana Shirley González González, Uriel Fernando Espinosa Sarria,
Dumar Chacón Cadena, Henry Díaz Quiroga, Emiliano Restrepo Buitrago y Hugo
Vargas Angarita
Tesis: No incurren en causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos, los concejales que reeligieron al secretario de esa corporación
pública y cuya elección fue anulada, cuando se alega que dicho ciudadano devengó
salarios y prestaciones sociales a pesar de la irregularidad de su nombramiento.

No incurren en causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos, los concejales que reeligieron al secretario de esa corporación pública y
cuya elección fue anulada, si no se probó que con dicha actuación los anotados
servidores públicos de elección popular perseguían un interés personal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor José Enrique Molina
Rojas contra la sentencia del 3 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, mediante la cual se negó la pérdida de investidura de los
señores Ana Shirley González González, Uriel Fernando Espinosa Sarria, Dumar
Chacón Cadena, Henry Díaz Quiroga, Emiliano Restrepo Buitrago y Hugo Vargas
Angarita, quienes fueron elegidos como concejales del municipio de Fuentedeoro -
Meta para el período constitucional 2020 – 2023.

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00099 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas

I. LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

1. El ciudadano José Enrique Molina Rojas, actuando en nombre propio, solicitó
decretar la pérdida de investidura de los concejales del municipio de Fuentedeoro –
Meta, Ana Shirley González González, Uriel Fernando Espinosa Sarria, Dumar
Chacón Cadena, Henry Díaz Quiroga, Emiliano Restrepo Buitrago y Hugo Vargas
Angarita, por presuntamente haber incurrido en la conducta prevista en el numeral
4 del artículo 48 de la Ley 617 de 20001, así como en la violación del régimen de
conflicto de intereses. En el libelo introductorio se presentaron las siguientes
pretensiones:

«Capítulo 1 - DECLARACIONES:

1º. Se DECRETE LA PERDIDA DE INVESTIDURA como concejales del
municipio de Fuentedeoro Meta, de ANA SHIRLEY GONZALEZ GONZALEZ,
URIEL FERNANDO ESPONOSA SARRIA, DUMAR CHACON CADENA,
HENRY DIAS (Sic) QUIROGA, EMILIANO RESTREPO BUITRAGO y HUGOA
VARGAS ANGARITA, como concejales electos periodo 2020-2023,
ordenándose la cancelación de sus Credenciales, por VIOLACIÓN AL
RÉGIMEN DE INDEBIDA DESTINACION DE DINEROS PUBLICOS, y demás
que se puedan derivar de los hechos que se describen en esta acción.

2º. Que, como consecuencia de lo anterior, se oficie al concejo municipal de
Fuentedeoro y demás autoridades correspondientes, para que se CANCELE la
Credencial de concejales electos para el periodo 2020-2023 de ANA SHIRLEY
GONZALEZ, URIEL FERNANDO ESPONOSA SARRIA, DUMAR CHACON
CADENA, HENRY DIAS (Sic) QUIROGA, EMILIANO RESTREPO BUITRAGO
y HUGO VARGAS ANGARITA, como concejales electos periodo 2020-2023»2

2. Mencionó que el 26 de noviembre de 2020, durante la sesión plenaria del
Concejo, los señores Ana Shirley González González, Uriel Fernando Esponosa
Sarria, Dumar Chacón Cadena, Henry Díaz Quiroga, Emiliano Restrepo Buitrago y
Hugo Vargas Angarita, a partir de una proposición presentada por la primera
ciudadana en cuestión, aprobaron con 6 votos positivos la reelección del señor
Guillermo Suárez Trujillo como secretario del concejo para el período comprendido
entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2021, decisión que quedó consignada
en el Acta No. 114 del 26 de noviembre de 2020.

1 Previsto en el artículo 83 del Decreto 01 de 1984 “Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […] 4. Por indebida
destinación de dineros públicos”.
2 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal.

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3. Señaló que dicho trámite era ilegal porque los concejales omitieron realizar la
convocatoria exigida por la ley para adelantar el proceso de elección del secretario
del concejo. Indicó que esa actuación fue objeto de una demanda de nulidad
electoral conocida por el Tribunal Administrativo del Meta, el cual mediante
sentencia del 15 de febrero de 2024 emitida dentro del proceso identificado con
Radicado No. 50001 33 33 002 2023 00052 01, revocó la decisión proferida el 14
de marzo de 2023 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio y, en su lugar, decretó la nulidad parcial del Acta No. 114 del 26 de
noviembre de 2020 y de la reelección del secretario, por considerarla ilegal y
contraria al ordenamiento jurídico colombiano.

4. Afirmó que la conducta de los concejales convocados contravino lo dispuesto
en la Ley 136 de 1994, pues en lugar de promover la reelección del secretario del
concejo debieron adelantar una convocatoria pública para seleccionar y elegir al
nuevo secretario del concejo para la vigencia 2021. Reprochó que, como
consecuencia de la reelección promovida y aprobada por los mencionados
concejales, se autorizó irregularmente el pago mensual de salarios y prestaciones
durante 12 meses a una persona que fue reelegida ilegalmente como secretario del
concejo.

5. En cuanto al conflicto de intereses, sostuvo que la presente acción buscaba
sancionar la conducta consistente en ejecutar y participar en una votación con dolo
para reelegir ilegalmente a un servidor público del concejo, así como la omisión en
el cumplimiento de los deberes derivados de la Ley 136 de 1994, relativos a la
elección de funcionarios del concejo, en particular de su secretario. Particularmente,
sobre dicha causal de pérdida de investidura alegaron:

«Mediante el régimen de CONFLICTOS DE INTERESES que concurrió entre
estos, impidieron preservar la independencia del criterio taxativo de la Ley 136
de 1994 y el principio de equidad de quien ejerce una función pública,
promovieron que su interés particular afectara la realización del fin al que debían
sustraerse y no lo hicieron, destinada a entorpecer y obstruir la sana actividad
del Estado.

(…)

Sobre la procedencia de la acción de pérdida de investidura contra los
concejales ANA SHIRLEY GONZALEZ, URIEL FERNANDO ESPONOSA
SARRIA, DUMAR CHACON CADENA, HENRY DIAS QUIROGA, EMILIANO
RESTREPO BUITRAGO y HUGOA VARGAS ANGARITA, está encaminada a

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la sanción por la ACCIÓN al ejecutar y participar en una votación con DOLO
para REELEGIR ilegalmente a un servidor público resorte del concejo, y de la
OMISIÓN, en la inejecución de deberes que emanan de un mandato, contenido
en la ley 136 de 1994 sobre elección de funcionarios y específicamente de su
secretario, mandato imperativo, inobjetable y expreso; precisando que dicho
deber no es el deber general de cumplir la ley, sino un deber derivado de un
mandato específico y determinado; que su objeto fue especificado por el propio
constituyente; cual es, asegurar el cumplimiento de un deber omitido, contenido
en una ley que los concejales ANA SHIRLEY GONZALEZ, URIEL FERNANDO
ESPONOSA SARRIA, DUMAR CHACON CADENA, HENRY DIAS QUIROGA,
EMILIANO RESTREPO BUITRAGO y HUGOA VARGAS ANGARITA, se negó
a respetar y ejecutar en el marco de la Ley.

Debe tenerse en cuenta que la pérdida de investidura es concebida como una
ACCIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER SANCIONATORIO en la que se realiza un
juicio de responsabilidad subjetivo, lo que quiere indicar que para efectos de
establecer si un concejal o concejales – servidores públicos - incurrieron en la
(s) causal (es) que se le imputan, se requiere analizar, inicialmente, la tipicidad
de la conducta, lo que implica establecer si los hechos invocados en la solicitud
y que se le atribuyen al servidor público se adecúan a la causal endilgada.

El detalle cómo los demandados actuaron con DOLO y en desmedró del interés
general, se concreta en cómo ellos, demandados ANA SHIRLEY GONZALEZ,
URIEL FERNANDO ESPONOSA SARRIA, DUMAR CHACON CADENA,
HENRY DIAS QUIROGA, EMILIANO RESTREPO BUITRAGO y HUGOA
VARGAS ANGARITA, no realizaron ninguna gestión, actividad tendiente a que
se produjera el respeto por el ritual reglamentado por la Ley 136 de 1994 para
el caso de las convocatorias públicas para selección y elección del secretario
del concejo, defraudando el mandato otorgado por los electores y
transgrediendo el ordenamiento jurídico vigente y aplicable»3

6. Indicó que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio, dentro del
expediente disciplinario IUS E-2021-096269 – D-2021-1768210, el 21 de febrero de
2024 profirió pliego de cargos contra los concejales Ana Shirley González González,
Uriel Fernando Esponosa Sarria, Dumar Chacón Cadena, Henry Díaz Quiroga,
Emiliano Restrepo Buitrago y Hugo Vargas Angarita y que posteriormente, emitió
fallo sancionatorio en contra de los aludidos ciudadanos en primera instancia.

7. En consecuencia, solicitó la pérdida de investidura de los convocados por
incurrir en una indebida destinación de recursos públicos y desconocer el régimen
de conflicto de intereses.

II. LAS CONTESTACIONES A LA SOLICITUD

3 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal.

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8. La señora Ana Shirley González González a través de apoderado judicial,
contestó el libelo introductorio señalando que si bien postuló al señor Guillermo
Suárez Trujillo para ser reelegido como secretario del Concejo Municipal de
Fuentedeoro para la vigencia 2021, lo cierto es que no existía prueba de que hubiera
autorizado el pago de salarios y prestaciones sociales a Guillermo Suárez Trujillo,
dado que no tenía facultad ejecutora ni de ordenadora del gasto, función que
correspondía al presidente de la corporación, de acuerdo con el artículo 110 del
Decreto 111 de 1996.

9. Alegó que no incurrió en la causal de desinvestidura relacionada con una
indebida destinación de recursos públicos ya que los salarios constituyen una
retribución por el servicio prestado por el empleado público, máxime cuando las
prestaciones sociales fueron establecidas por el Legislador para cubrir los riesgos
o necesidades que se originan durante la relación laboral, pudiendo representarse
en dinero, servicios u otros beneficios destinados a proteger al trabajador.
Asimismo, señaló que las funciones que debía cumplir quien ejerciera el cargo de
secretario del Concejo Municipal de Fuentedeoro para el año 2021 se encontraban
previstas en la Ley 136 de 1994 y en el reglamento interno vigente para la época,
contenido en los Acuerdos No. 005 del 30 de mayo de 2013, No. 009 del 4 de mayo
de 2016 y No. 030 del 13 de febrero de 2017.

10. En ese contexto, afirmó que los pagos efectuados al señor Guillermo Suárez
Trujillo como secretario del Concejo Municipal de Fuentedeoro durante la vigencia
2021 constituían obligaciones propias de la relación laboral que este mantuvo con
dicha corporación.

11. Anotó que la declaratoria de ilegalidad del mencionado acto de nombramiento
por incumplimiento de lo previsto en el artículo 126 de la Constitución Política no
derivaba automáticamente en una causal de pérdida de investidura, ya que no
existió destinación de dineros hacia finalidades o cometidos estatales prohibidos o
distintos de los previamente establecidos en el ordenamiento jurídico.

12. Resaltó que tampoco se probó que hubiera actuado con el ánimo de obtener
un beneficio para sí misma o para terceras personas.

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2.1. Los demás accionados guardaron silencio.

III. LA SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA

13. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 3 de
julio de 2025 resolvió negar la petición de pérdida de investidura, con base en los
argumentos que pasan a sintetizarse:

14. Luego de aludir a las pruebas obrantes en el plenario, sostuvo que si bien el
señor Guillermo Suárez Trujillo fue reelegido como secretario del Concejo Municipal
de Fuentedeoro para la vigencia 2021 mediante proposición aprobada el 26 de
noviembre de 2020, reelección que posteriormente fue anulada por este Tribunal
mediante sentencia del 15 de febrero de 2024, dicha circunstancia no podía
equipararse por sí sola a una indebida destinación de recursos públicos.

15. Explicó que según la jurisprudencia del Consejo de Estado la indebida
destinación de recursos públicos exige acreditar que estos fueron desviados de su
finalidad constitucional, legal o reglamentaria, es decir, que se emplearon para fines
distintos de aquellos para los cuales fueron asignados en el presupuesto.

16. Con fundamento en lo anterior, afirmó que los pagos realizados a Suárez
Trujillo durante el año 2021 correspondieron a la remuneración por el ejercicio
efectivo de las funciones propias del cargo de secretario del concejo, pues no existía
prueba de que hubiera dejado de cumplir sus deberes, ni de que la remuneración
obedeciera a un vínculo ficticio o a un desvío de recursos públicos hacia fines
personales o no autorizados.

17. Sostuvo que la nulidad del acto de reelección no implicaba por sí misma la
ilicitud de los pagos efectuados durante el tiempo en que el funcionario ejerció el
cargo. Explicó que mientras la reelección no fue anulada el acto administrativo
produjo efectos jurídicos válidos en virtud del principio de presunción de legalidad
previsto en el artículo 88 del CPACA, lo que implicaba la obligación de remunerar al
servidor por los servicios prestados.

18. Asimismo, indicó que la sentencia de nulidad electoral no realizó
pronunciamiento alguno sobre la legalidad de la ejecución presupuestal, ni ordenó

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la devolución de los valores recibidos por el funcionario o la remisión de copias para
adelantar investigaciones disciplinarias o penales contra los concejales que votaron
la reelección. Por el contrario, afirmó que en dicha decisión se reconoció la
existencia del problema de interpretación en el procedimiento de elección del
secretario.

19. Por último, en cuanto a la existencia de un posible conflicto de intereses refirió
que en el plenario no existía prueba que permitiera inferir que los concejales
hubieran tenido algún vínculo de parentesco, subordinación, sociedad u otra
relación con el funcionario reelegido que comprometiera su deber de imparcialidad
y objetividad. Asimismo, alegó que tampoco se acreditó que hubieran obtenido
algún beneficio personal, económico o funcional derivado de dicha reelección, ni
que tuvieran un interés distinto al cumplimiento de sus funciones como miembros
de la corporación.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

20. El demandante reiteró que en la sesión plenaria del 26 de noviembre de 2020
los concejales demandados apoyaron y votaron la proposición presentada por la
concejal Ana Shirley González para reelegir como secretario del Concejo Municipal
de Fuentedeoro -Meta para la vigencia 2021 a Guillermo Suárez Trujillo. Sostuvo
que esa reelección se realizó sin adelantar la convocatoria pública en contravía de
lo previsto en el inciso cuarto del artículo 126 de la Carta Política y el parágrafo
transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018.

21. Resaltó que como consecuencia de esos hechos ilegales la Procuraduría
General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de los concejales
demandados e inclusive emitió fallo sancionatorio en primera instancia.

22. Indicó que la actuación objeto de controversia debía haber implicado la
declaratoria de impedimento de los concejales, pues aunque actuaron en ejercicio
de una función constitucional y legal prevista en la Ley 136 de 1994 relativa a la
elección del secretario del concejo, en realidad buscaban favorecer al mencionado
funcionario.

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23. Añadió que, al omitir la realización de la convocatoria correspondiente para la
elección del secretario, los concejales distorsionaron los fines del Estado y
configuraron un conflicto de intereses, en la medida en que los convocados
perseguían un interés directo en dicha reelección. Asimismo, afirmó que se
configuró una indebida destinación de dineros públicos, por cuanto la designación
que calificó de ilegal habría generado, a partir del 1.º de enero de 2021, el pago de
salarios y prestaciones sociales a la persona que ejerciera el cargo de secretario
del concejo.

24. Alegó que de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la
indebida destinación de dineros públicos ocurre cuando los recursos del Estado se
destinan a fines distintos de aquellos para los cuales fueron asignados por la
Constitución Política, la ley o el reglamento. Para sustentar dicha afirmación citó
entre otras, las sentencias del 1 de julio de 2004 emitida en el expediente 2003-
00194, del 9 de noviembre de 2006 proferida en el proceso 2005-01133, del 16 de
julio de 2009 expedida en proceso 2008-00700; del 14 de diciembre de 2009 dentro
del expediente 2009-00012; del 3 de noviembre de 2011 emitida en el proceso 2011-
0009; y del 1 de agosto de 2012 dentro del proceso 2012-01151.

25. Señaló que en la providencia recurrida se desconoció que en la declaración
del señor Guillermo Suárez Trujillo al responder si habiendo sido reelegido el 26 de
noviembre de 2020 para la vigencia 2021, ejerció el cargo entre el 11 de enero de
2021 y el 31 de diciembre de 2021 o si continuó en él hasta marzo de 2022 con
fundamento en esa reelección, afirmó que el período correspondiente al año 2021
fue una reelección y que continuó ejerciendo durante ese año. Asimismo, indicó que
en 2022 se adelantó nuevamente el mismo proceso, continuando en el cargo
conforme al sistema de nombramientos por períodos anuales previsto en la ley.

26. Expresó que era irrelevante si el señor Suárez Trujillo cumplió o no sus
deberes como secretario, pues aun cuando fue elegido de manera irregular estaba
en la obligación de ejercer las funciones propias del cargo. Indicó que lo cuestionado
en la demanda correspondía a la naturaleza y a las circunstancias en que se produjo
su reelección, al señalar que, por haber sido alcalde y compañero de los concejales
durante el año 2020, existía un interés directo en su reelección la cual según se
afirmó también se extendió al año 2022 conforme a su declaración.

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V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

27. Por auto de 20 de agosto de 20254 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y se ordenó el traslado según lo previsto en el
numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 20185.

28. El traslado del recurso de apelación fue descorrido así:

29. El accionante reiteró los reproches efectuados en sus respectivas
intervenciones y señaló que las conductas de los demandados se subsumen en los
delitos de peculado a favor de terceros y prevaricato por acción, razón por la cual
radicó una denuncia penal en su contra. Además, expuso que en la noticia criminal
también reprochó una indebida destinación de recursos públicos derivada de una
contratación irregular de maquinaria amarilla, circunstancia por la cual interpuso otra
demanda de pérdida de investidura.

30. A su vez, la señora Ana Shirley González González reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda que fue resumida en el numeral 2.1.
de esta providencia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

31. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia, de
acuerdo con el artículo 1506 del CPACA, el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617

4 Cfr. Samai. Índice 00004, expediente principal de segunda instancia.
5 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
6 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las

sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.

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de 9 de octubre 20007 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198,
sobre distribución de los procesos entre las secciones del Consejo de Estado.

6.2. Cuestión previa – De los cargos agregados por el recurrente

32. En este punto, advierte el Despacho que el accionante en el escrito de
apelación agregó los siguientes reparos que no fueron planteados en la demanda:
(i) que los concejales accionados no manifestaron su impedimento para participar
en el trámite de reelección del señor Suárez Trujillo, (ii) el nuevo proceso de
reelección del mencionado ciudadano en el año 2022, y (iii) la existencia de un
interés, en la medida en que dicho ciudadano fue alcalde y compañero de los
concejales demandados en el año 2020.

33. Además, en el memorial mediante el cual descorrió el traslado para alegar de
conclusión sostuvo (iv) que los convocados destinaron indebidamente recursos en
la contratación de maquinaria amarilla.

34. Sobre el particular, es necesario precisar que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley 1881 de 20189, la oportunidad para invocar una causal de
pérdida de investidura y explicar las razones de ello es con la solicitud incoada con
la demanda. Siendo ello así y habida cuenta de que los mencionados reparos no
fueron formulados en el momento procesal oportuno no puede la Sala abordarlos

7 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado
conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los
Tribunales Administrativos.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024,

que regula la distribución de negocios entre las secciones.
9 «Artículo 5o. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano,

esta deberá formularse por escrito y contener, al menos:
a) Nombres y apellidos, identificación y domicilio de quien la formula;
b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional;
c) Invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación;
d) La solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso;
e) Dirección del lugar en donde el solicitante recibirá las notificaciones a que haya lugar.
Parágrafo 1. No será necesario formular la solicitud a través de apoderados.
Parágrafo 2. Cuando el solicitante pretenda hacer valer dentro del proceso una prueba pericial,
deberá aportar el dictamen con la solicitud»

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so pena de desconocer el derecho al debido proceso, de contradicción y de defensa
de los convocados.

6.3. De la indebida destinación de dineros públicos

35. La Sala tendrá que definir si incurren en causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos, los concejales que reeligieron al secretario
de esa corporación pública y cuya elección fue anulada, si se alega que dicho
ciudadano devengó salarios y prestaciones sociales a pesar de la irregularidad de
su nombramiento.

36. Con miras a resolver ese interrogante, la Sala analizará si en el presente asunto
se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo de la causal y en esa
medida, si hay lugar a acceder a la pérdida de investidura de los convocados.

6.3.1. Del elemento objetivo

37. La indebida destinación de dineros públicos como causal de la pérdida de
investidura de los concejales se encuentra prevista en el numeral 4° del artículo 48
de la Ley 617 de 2000 y en el numeral 3° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994:

«Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales
y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los
diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

[…]

4. Por indebida destinación de dineros públicos» (Subrayas de la Sala).

«Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su
investidura por:

[…]

3. Por indebida destinación de dineros públicos.» (Subrayas de la Sala).

38. Respecto a su configuración objetiva de esta causal, esta Corporación ha
sostenido que el operador judicial debe acreditar tres presupuestos:

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00099 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas

«La configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura sub examine
requiere la prueba de tres elementos, a saber: i) que se ostente la condición de
miembro de corporación pública de elección popular; ii) que se esté frente a
dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente
destinados»10

39. En cuanto al primer presupuesto, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que no es indispensable que el sujeto activo ostente la calidad de
ordenador del gasto, pues lo relevante es que en ejercicio de sus competencias,
adelante actuaciones encaminadas a modificar la destinación de los recursos
públicos:

«En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la
condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar,
defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los
bienes del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha
señalado que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La
Sentencia del 1 de noviembre de 2005 señaló: “Para la configuración de la
causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del
artículo 183 de la Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del artículo
298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos como son la
conducta y el fin»11.

40. Respecto del segundo presupuesto, esta Corporación ha advertido que los
“dineros públicos” deben ser entendidos de forma general como todos aquellos
recursos públicos que administra el Estado12, sin restringirse a una noción
estrictamente monetaria:

«Como quedó visto, sobre la alocución «dinero público» que hace parte integral
de la descripción típica que contiene el artículo 183 numeral 4 de la Constitución
Política, refiriéndose a las causales de pérdida de investidura de los
congresistas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha concluido que el
aspecto relevante, objeto de demostración probatoria, es el uso indebido que
se haga de dichos recursos.

La Sala considera, entonces, que los dineros públicos, es decir, el caudal del
Estado conformado por los impuestos, las tasas, las contribuciones y los
recursos del capital, deben cumplir la destinación prevista en el respectivo
Presupuesto, de suerte que se haga efectivo el mandato del artículo 345 de la
Constitución Política.

10 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 10 de octubre de 2022. Expediente número:

680012333000202200333-01(PI). Consejero ponente: Hernando Sánchez.
11 Consejo de Estado. Sentencia del 6 de mayo de 2014. Expediente número: 11001-03-15-000-

2013-00865-00(PI). Consejero ponente: Enrique Gil Botero
12 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 10 de octubre de 2022. Expediente número:

68001-23-33-000-2022-00333-01. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. “Para efectos
de la causal de pérdida de investidura, la expresión “dinero público” se debe entender como aquellos
recursos públicos que administra el Estado”.

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12

Radicación: 50001 23 33 000 2025 00099 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas

En todo caso, se ha adoptado una postura interpretativa del concepto jurídico
de dineros públicos que permite, dentro de la vocación constitucional, hacer
efectivas las acciones e instituciones que buscan imprimirle transparencia a la
actividad pública.

En efecto, con la consideración del concepto «dineros públicos» restringida al
tema monetario, únicamente los ordenadores del gasto podrían ser requeridos
por su destinación indebida, es decir, se trataría de una norma que hasta 1994
habría estado destinada exclusivamente a la perdida de investidura de los
miembros de las Mesas Directivas de la Cámara y del Senado. Según el artículo
91 de la Ley 38 de 1989 «En el Congreso Nacional la facultad de ordenar los
gastos la ejercerán por separado las mesas directivas de cada Cámara».

Esta norma fue subrogada por la Ley 174 de 1994 y compilada en el Decreto
Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, artículo 110, en el que se
dispone que las facultades de ordenación del gasto «estarán en cabeza del jefe
de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo» y que
se ejercerán de manera independiente por el Senado y la Cámara de
Representantes.

En síntesis, habrá de concluirse que los recursos recaudados del público por
los canales de las autoridades fiscales del Estado ingresan como dinero en
sentido amplio y se transforman en recursos públicos cuando son administrados
por aquellos servidores que señale la ley o el reglamento, según el caso»13.

41. Finalmente, en relación con el tercer presupuesto, esta Corporación ha aclarado
que la conducta de indebida destinación de dineros públicos se configura en
cualquiera de los siguientes escenarios:

«i) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados.

ii) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero
diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados.

iii) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

iv) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.

vi) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros»14.

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de marzo de

2017. Expediente número: 11001-03-15-000-2015-00111-00(PI). Consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
14 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 4 de septiembre de 2014. Expediente número:

63001-23-33-000-2013-00148-01(PI). Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala. Cfr. Consejo de

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00099 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas

42. En todos estos eventos se ha entendido que el servidor miembro de la
corporación pública en ejercicio de las competencias de las que ha sido revestido
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la
Constitución, la ley o el reglamento15, lo que da lugar al reproche que sustenta la
pérdida de su investidura.

43. Ahora, esta Sección ha señalado de manera reiterada que la declaratoria de
nulidad de un acto administrativo no lleva inmediatamente a la pérdida de
investidura de las personas que participaron en su expedición, sino que debe existir
una distorsión en el gasto. Veamos:

«5.5.6.- En lo relativo a la declaratoria de nulidad del Acuerdo 005 de 2012, se
tiene que esa circunstancia fue determinante para que el tribunal decretara la
pérdida de investidura ya que ese hecho constituyó, en el sentir del a quo,
prueba del carácter indebido del incentivo económico creado a través de dicho
acto administrativo.

Sobre el particular la Sala ha reiterado pacíficamente que el hecho de que un
acuerdo sea declarado nulo no conlleva necesariamente a que se decrete la
pérdida de investidura de quienes lo aprobaron, tesis que ha sido prohijada en
los siguientes términos:

“La Sala en sentencia de 11 de diciembre de 201516 al analizar la
demanda de pérdida de investidura de los concejales del municipio de
Dosquebradas, precisó que el hecho de haberse declararse nulo por parte
del Tribunal Administrativo de Risaralda, el Decreto 369 de 200817 por
considerar que se crearon obligaciones que excedían el monto global
fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado;
no significa que lo concejales hubieran destinado dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados
pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados o
aplicado tales recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas o con la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros o para derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o de terceras personas. Dijo la
Sala:

“Si bien es cierto que el Decreto 369 de 2008, fue declarado nulo por crear
obligaciones que excedían el monto global fijado para gastos de personal

Estado. Sección Primera. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Expediente número: 13001-23-33-
000-2016-01107-01(PI). Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
15 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 4 de septiembre de 2014. Expediente número:

63001-23-33-000-2013-00148-01(PI). Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala. Cfr.
16 (Cita es original de la providencia): Expediente: PI 2013-00419, Actor: Veeduría Ciudadana por

Dosquebradas, M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.
17 (Cita es original de la providencia): “POR EL CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL

PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1° DE
ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008”.

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Solicitante: José Enrique Molina Rojas

en el presupuesto inicialmente aprobado, también lo es que los concejales
no devengaron sumas de dinero a las que no tuvieran derecho, como se
acaba de exponer, pues el citado decreto intentaba completar la
remuneración que conforme al ordenamiento jurídico debían recibir y, en
esa medida, no puede decirse que incrementaron su patrimonio
indebidamente. […]. La Sala, entonces, no evidencia que los concejales
de Dosquebradas (Risaralda), en su condición de servidores públicos, al
ejercer la facultad de entregar funciones que a ellos corresponde al
alcalde municipal, hubieren destinados dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero
diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados o aplicado
tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas o con la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros o para derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.”

Al margen de lo expuesto, considera la Sala que a pesar de haberse votado el
proyecto de Acuerdo contemplando en su articulado el traslado de los recursos
obtenidos o recaudados del impuesto de alumbrado público a la cuenta bancaria
del fideicomiso de la concesión de alumbrado público y, que posteriormente, el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander lo hubiesen declarado nulo por
considerarlo contrario a lo establecido en los artículos 1º de la Ley 1386 de 2010
y 6 (numeral 6) de la Resolución 122 de 2011 de la CREG, no es dable concluir
que los hechos mencionados, tanto en la demanda como en el recurso de
apelación, se enmarquen dentro de la causal de pérdida de la investidura
descrita en el artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de 2000, pues no aparece
acreditado en el proceso que el concejal cuya investidura se cuestiona, haya
obrado movido por un interés dañino. La ilegalidad de los Acuerdos en que
intervino el acusado no constituye en principio perdida de investidura.

En efecto, no obra en el expediente ningún medio de prueba que acredite que
su participación en la discusión y aprobación del Acuerdo No. 023 de 11 de
mayo de 2012, haya estado motivada por el deseo de obtener un beneficio en
cabeza propia o de terceras personas y, mucho menos, aplicar o destinar los
bienes y rentas municipales a objetos distintos del servicio público como lo
prescribe el artículo 42 numeral 2 de la Ley 136 de 1994 anteriormente
transcrito.

La declaratoria de ilegalidad de un Acuerdo en el caso de los concejales o de
una Ordenanza en el caso de los diputados per se no produce la pérdida de
investidura, puesto que no está consagrada como tal dentro de las causales
taxativamente establecidas como de pérdida de investidura […].”18

5.5.7.- La declaratoria de nulidad del acto administrativo no puede entonces
servir como fundamento para decretar la pérdida de investidura dado que el
juicio de legalidad que se realizó del acuerdo municipal no contempla el análisis
de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48 numeral 4 de la
Ley 617 de 2000. Al amparo de lo dicho, mal podría deducirse que la invalidez
de un acto proferido por una corporación pública comporta la incursión de sus
miembros en indebida destinación de dineros públicos, ya que al margen del
resultado en el proceso ordinario de nulidad están otros aspectos que deben
ser dilucidados en el juicio de pérdida de investidura, tal como la efectiva

18 (Cita es original de la providencia): Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección

Primera. Sentencia de 1o. de septiembre de 2016 (Expediente núm. 2016-00069-01, C. P. María Claudia
Rojas Lasso.

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00099 01
Solicitante: José Enrique Molina Rojas

aplicación de los recursos, el efectivo menoscabo del erario o el beneficio
económico del acusado o de un tercero»19 (Subrayas de la Sala).

44. Mientras que en sentencia del 24 de junio de 2021 se estableció:

«De lo anterior se desprende que el referido acuerdo, según lo señaló el
Tribunal al decidir sobre la invalidez parcial del mismo, aplicó indebidamente lo
dispuesto por los artículos 107 de la Ley 1943 de 2018 y transgredió el artículo
7 de la Ley 819 de 2003, puesto que implementó una condición especial que
posibilitó el no pago de intereses moratorios sin motivar debidamente la
amnistía, y en especial sin indicar el impacto fiscal de dicha decisión y la
estrategia para mitigarlo.

En ese sentido, si bien, como lo señaló el tribunal en la sentencia que declara
la invalidez del beneficio, la conducta de los concejales no se ajustó a derecho,
pues el acto carece de la motivación que le exige la Ley 819 de 2003, dicha
irregularidad no tiene la entidad de configurar la causal invocada de pérdida de
investidura de los concejales acusados, puesto que, como se indicó líneas
atrás, por un lado, en la aprobación del acuerdo no estaban actuando como
ordenadores del gasto, y por el otro, tampoco se configuró la indebida
destinación de recursos de manera indirecta, dado que, con su actuación, no
distorsionaron las finalidades del gasto, que es uno de los presupuestos que se
requiere para que se configure la causal de pérdida de investidura. La causal
de nulidad del acto no estuvo fundada en ninguno de estos elementos, sino en
la falta de motivación y explicación sobre el impacto fiscal de la estrategia y las
medidas para mitigarlo»20 (Subrayas de la Sala).

45. A su vez, en proveído del 3 de diciembre de 2019 se señaló:

«esta Sección21 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causal
de pérdida de investidura sub examine, y, mediante sentencia proferida el
29 de agosto de 2013, consideró lo siguiente:

“[…] De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que no se configura la
causal endilgada, pues, los demandados, en su condición de Concejales
del Municipio de Dosquebradas (Risaralda), al expedir los Acuerdos 001
de 9 de enero y 006 de 12 de junio de 2008, a través de los cuales se
autorizó a la Alcaldesa de dicho Municipio para celebrar toda clase de

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación

05001-2333-000-2015-01260-01, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala. Entre otras consultar las
siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 1o. de septiembre de 2016, número único de radicación 54001-323-33-000-2016-00069-01, consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso; de 10 de noviembre de 2016, número único de radicación 54001-23-33-
000-2016-00067-01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González; de 14 de noviembre de 2016,
número único de radicación 54001-23-33-000-2016-00068-01(PI), consejero ponente Guillermo Vargas Ayala;
de 1° de diciembre de 2016, número único de radicación 54001-23-33-000-2016-00135-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés (e); de 31 de noviembre de 2024, número único de radicación
250002315000202400518011, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso radicado

05001 23 33 000 2019 02614 01. Sentencia del 24 de junio de 2024. Magistrado ponente: Oswaldo
Giraldo López.
21 Sentencia del 29 de Agosto de 2013. M.P.: María Elizabeth García González. Actor: Oscar Elías

Matta Peláez. Rad.: 2012 00027 02.

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Solicitante: José Enrique Molina Rojas

contratos y convenios, hasta por un monto de veinte mil salarios mínimos
legales vigentes, fijando como término el 31 de diciembre de 2009, no
hicieron otra cosa distinta que ejercer las facultades que en materia de
competencia les señala la Constitución y la Ley a dichas Corporaciones
Edilicias, autorización, que, como quedó visto, se otorgó de manera
general y no específica. Cabe resaltar que dicha conducta, como lo
precisó la Sala en un asunto similar, en sentencia de 2 de mayo de 2013
(Expediente núm. 2012-00006-01 (Pl), Consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso), que ahora se prohíja, no constituye por sí sola el
supuesto fáctico de la causal de indebida destinación de dineros públicos,
dado que no implica distorsión de las finalidades del gasto, uno de los
presupuestos que se requieren para que se configure la misma»22
(Subrayas de la Sala)

46. En ese contexto, lo que se observa es que en fallo del 15 de febrero de 2024
el Tribunal Administrativo del Meta declaró la nulidad de la reelección del señor
Suárez Trujillo por no haberse realizado una convocatoria pública para proveer del
cargo de secretario del Concejo municipal, circunstancia que implicó el
desconocimiento del artículo 126 de la Constitución Política.

47. Particularmente, en esa providencia se reconoció que, aun cuando la Ley 136
de 1994 y el reglamento interno del Concejo de Fuentedeoro no establecían la forma
de elección, por lo que en principio podría pensarse que no era necesaria una
convocatoria pública, lo cierto es que de conformidad con el inciso cuarto de la
anotada norma constitucional y de la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018,
las corporaciones públicas deben elegir a los servidores públicos mediante
convocatoria pública siempre que ello resulte procedente. De ahí que dicho trámite
sí fuera obligatorio en ese asunto.

48. En efecto, en la sentencia en comento se indicó:

« Recapitulando, se concluye que los Concejos Municipales para la elección o
reelección del Secretario de la Corporación debe acudir previamente a la
convocatoria pública en la cual se garanticen principios de publicidad,
transparencia, participación ciudadana, equidad de genero y criterios de merito
para la elección, en caso de no existir norma expresa que regule el asunto-como
en el caso objeto de análisis- debe acudirse por analogía a aquella ley que
regule un asunto similar como bien puede ser la Ley 1904 de 2018 o de forma
supletiva a la Ley 1437 de 2011 (CPACA) en su parte primera. Es de resaltar
que en el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Fuentedeoro- Acuerdo
No. 005 de 2013-en su artículo 13, prevé la posibilidad de acudir a otras

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 18 de

octubre de 2019. Proceso radicado: 85001 23 33 000 2017 00223 01. Consejero Ponente Hernando
Sánchez Sánchez.

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00099 01
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disposiciones normativas en caso de que en el mismo no se encuentre
regulación sobre el tema, a saber:

Artículo 13°.- APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES DEL
DERECHO. Cuando frente a situaciones fácticas particulares, el presente
Reglamento no proporcione disposiciones normativas aplicables, se
acudirá a las normas que regulen casos, materias o procedimientos
semejantes y, en su defecto, a la doctrina constitucional y los principios
generales del derecho. En todo caso de incompatibilidad entre la
constitución, las leyes y el presente reglamento, se aplicarán las
disposiciones superiores.

Así las cosas, en el caso objeto de estudio, se evidencia que conforme al
artículo 37 de la Ley 136 de 1994 “El Concejo Municipal elegirá un secretario
para un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera
elección se realizará en el primer período legal respectivo…”, normativa que en
términos generales se reiteró en el artículo 48 del Reglamento Interno del
Concejo Municipal-Acuerdo No. 005 de 2013, en los siguientes términos:

(…)

En ese orden de ideas, de las pruebas allegadas al plenario se evidencia que
la reelección del Secretario General para el año 2021, se efectuó en la sesión
ordinaria del 26 de noviembre de 2020, según consta en Acta 114, dentro del
punto del orden del día denominado como “Proposiciones y varios”.

No obstante, del material probatorio obrante en el expediente no se evidencia
que el Concejo Municipal, previamente a la reelección del Secretario Municipal,
haya realizado la convocatoria pública que se exige por mandato constitucional,
sino que la reelección fue producto de una proposición realizada por la Concejal
Ana Shirley González y firmada por la bancada del Partido Cambio Radical, la
cual fue radicada en la Secretaria de la Corporación el mismo día de la sesión,
esto es, el 26 de noviembre de 2020, tal como se consignó en el Acta 114 del
26 de noviembre de 2020:

(…)

En ese sentido, como se ha analizado a lo largo de esta providencia, aun
cuando la Ley 136 de 1994 y el Reglamento Interno del Concejo Municipal de
Fuentedeoro-Meta no estableciera la forma de elección y/o reelección del
Secretario, lo cierto es que por mandato constitucional del inciso 4 del artículo
126 de la Constitución Política, las Corporaciones Públicas deben elegir los
servidores públicos siempre que preceda una convocatoria pública, por lo que,
se reitera, ante la ausencia de regulación expresa sobre el tema, la Corporación
edilicia debía acudir a una Ley que regulara un asunto de similares
características por analogía o de forma supletiva acudir a la Ley 1437 de 2011
en su primera parte, situación que no ocurrió dentro del presente asunto.

Por lo anterior, deberá revocarse la decisión de primera instancia y en su lugar,
declarar la nulidad de la reelección del Secretario del Concejo Municipal de
Fuentedeoro-Meta.

De otra parte, en relación con la solicitud de compulsar copias a la Fiscalía
General y la Procuraduría General de la Nación por la conducta de los
Concejales que hacen parte de la Mesa Directiva y aquellos que aprobaron la
proposición de reelección del Secretario de la Corporación edilicia sin realizarse

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la convocatoria pública, este Tribunal considera que no es procedente acceder
a la mencionada solicitud, debido a las distintas interpretaciones sobre la
aplicación o no de lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 12 de la
Ley 1904 de 2018 y por ende, la obligatoriedad de la convocatoria pública para
la elección o reelección del Secretario de los Concejos Municipales, a tal punto
que la primera instancia de este proceso consideró que no se violaba el artículo
126 de la Constitución Política presentando sus razones dentro del contexto de
su competencia judicial (autonomía e independencia en el ejercicio de su
función). Lo anterior, sin perjuicio que la parte demandante pueda ejercer las
acciones que considere procedentes»23 (Subrayas de la Sala).

49. Siendo ello así, si bien la reelección del señor Surárez Trujillo no se ajustó a
derecho, lo cierto es que como el mismo Tribunal Administrativo del Meta reconoció
en la citada decisión, ello obedeció a problemas de interpretación respecto de la
norma aplicable, en tanto ni la Ley 136 de 1994 ni el reglamento de la aludida
corporación establecían un procedimiento de convocatoria pública para esos
efectos.De ahí que resultara aplicable de manera analógica la Ley 1904 de 2018,
en concordancia con lo previsto en el artículo 126 de la Constitución Política.

50. En consecuencia, la Sala es del criterio que la mencionada irregularidad no
tiene la entidad suficiente para dar por acreditada la causal de pérdida de investidura
objeto de estudio toda vez que la nulidad del acto de elección obedeció a un
problema interpretativo respecto del procedimiento que debía seguirse para la
provisión del cargo y no a una actuación orientada a destinar recursos públicos a
fines distintos de aquellos previstos en el ordenamiento jurídico.

51. Aunado a lo expuesto, la Sala advierte que la reelección cuestionada no
generó una distorsión del gasto público ni implicó la destinación de recursos a fines
distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico, pues la actuación se limitó a
proveer un cargo que ya existía dentro de la estructura administrativa de la
corporación y que contaba con apropiación presupuestal previamente definida en la
Resolución Administrativa 011 del 4 de enero de 2021, «por medio de la cual se
liquida el presupuesto de rentas y gastos del Concejo Municipal de Fuentedeoro -
Meta para la vigencia fiscal 2021»24. Adicionalmente es claro que, con
independencia de la persona que resultara electa para el cargo, debía darse la
remuneración correspondiente por el ejercicio de las funciones.

23 Tribunal Administrativo del Meta. Sentencia del 15 de febrero de 2024. Proceso radicado 5001 33

33 002 2023 00052 01. Magistrado Ponente: Juan Darío Contreras Bautista.
24 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI.

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52. De igual forma, tampoco se observa que la actuación cuestionada hubiera
tenido como finalidad derivar un beneficio económico a favor de terceros, pues la
remuneración percibida por el mencionado ciudadano correspondió al ejercicio de
las funciones propias del cargo de secretario del concejo, el cual se encontraba
previamente creado y dotado de la apropiación presupuestal correspondiente.

53. Ahora bien, no se pasa por alto la Sala que el demandante señaló en sus
intervenciones que en contra de los concejales demandados se profirió un fallo
disciplinario en primera instancia. No obstante, dicho análisis corresponde a un
ámbito distinto al que se adelanta en esta sede, pues mientras en el proceso
disciplinario se examina la eventual responsabilidad del servidor público por el
incumplimiento de sus deberes funcionales, en el proceso de pérdida de investidura
lo que se analiza es la configuración de una de las causales taxativamente previstas
por el ordenamiento jurídico para esos efectos.

54. En ese sentido, la existencia de una decisión disciplinaria no determina por sí
misma la configuración de la causal de pérdida de investidura, ya que se trata de
juicios autónomos que responden a finalidades y presupuestos diferentes.

55. Al respecto, esta Sección ha indicado:

«Por último, aunque el solicitante no lo alega, se reitera que, tal como lo ha
señalado esta Sección en otras oportunidades, la declaración de invalidez de
un acuerdo no comporta la desinvestidura de los concejales acusados por no
estar prevista de forma taxativa dentro de las causales establecidas por la
Constitución y la ley, así25:

“[…] Resulta importante recordar, que tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia de esta Sección26, el ejercicio de una función constitucional
no puede conllevar a indebida destinación de dineros públicos, cosa
distinta es que si al ejercerla se incurre en violación de la Constitución
Política o de la ley, los actos respectivos sean susceptibles de la acción
de nulidad y acarrean responsabilidad disciplinaria o fiscal.

En consonancia con lo anterior, la Sección en un caso con supuestos
facticos y jurídicos similares al presente concluyó: “[…] la declaratoria de
ilegalidad de un Acuerdo en el caso de los concejales o de una Ordenanza

25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 27 de

julio de 2017. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 05001-23-33-000-2016-
02241-01(PI). Reiterada en sentencia del 30 de mayo de 2019. C.P. Oswaldo Giraldo López.
Expediente radicación nro. 76001-23-33-000-2018-01065-01.
26 Sentencia del 14 de agosto de 2014. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: Gonzalo Enrique

Vergara Gómez. Rad.: 2002 02209 01.

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en el caso de los diputados per se no produce la pérdida de investidura,
puesto que no está consagrada como tal dentro de las causales
taxativamente establecidas como de pérdida de investidura.

[…]”. (se destaca)

Con todo, como quiera que la conducta de los concejales puede implicar la
responsabilidad disciplinaria o fiscal, la Sala adicionará la decisión recurrida,
para ordenar que se compulsen copias a los organismos de control, con el fin
de que se investigue la conducta de los concejales acusados al aprobar el
Acuerdo nro. 001 de 2019 y, en lo de su competencia, adelanten las
actuaciones disciplinarias y fiscales a que haya lugar»27 (Subrayas dentro del
texto)

56. En suma, al no encontrarse acreditado el elemento objetivo, el cargo no
prospera y, por ende, la Sala no descenderá al análisis del requisito subjetivo.

6.4. Del conflicto de intereses

57. Conviene determinar si incurre en causal de pérdida de investidura por
conflicto de intereses, los concejales que reeligieron al secretario de esa
corporación pública y cuya elección fue anulada, si se alega que con dicha actuación
los anotados servidores públicos de elección popular perseguían un interés directo.

58. A efectos de absolver ese interrogante, se analizará si se cumplió el requisito
objetivo.

6.4.1. Del requisito objetivo

59. Al respecto se observa que la anotada causal se encuentra en el numeral 1°
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley
136 de 1994 que indican, en lo pertinente, que los concejales perderán su
investidura cuando trasgredan el régimen de conflicto de intereses; veamos:

«Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales
y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los
diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 24

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asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de
la ciudadanía en general» (Subrayas de la Sala).

«Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su
investidura por:

(…)

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de
intereses» (Subrayas de la Sala).

60. El artículo 70 de la Ley 136 de 1994, que es la norma especial que regula el
conflicto de interés para los concejales distritales y municipales, dispone:

«Artículo 70. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar
en los debates o votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales
consignarán la información relacionada con su actividad económica privada.
Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga
conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya
comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella».

61. De la lectura de las normas en comento se desprende que para que proceda la
anotada causal debe constarse la existencia de un conflicto entre el interés
particular y directo del servidor frente al interés general propio de la función pública
que desarrolla.

62. Sobre el alcance del conflicto de intereses la Sala Plena de esta Corporación
en sentencia del 28 de noviembre de 2017, señaló:

«podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público,
contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular
prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una
decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho
suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la
norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y los
particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la manera
honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de cumplir con

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las funciones del cargo de manera transparente e imparcial»28 (Subrayas de la
Sala).

63. Por su parte, la Corte Constitucional prohijando la jurisprudencia del Consejo
de Estado en la materia, ha dicho que el conflicto de intereses se configura «cuando
existe una concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público
que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba
tomarla»29.

64. La jurisprudencia ha precisado que el interés debe ser particular, directo y
actual30. Reviste naturaleza particular cuando se proyecta directamente sobre el
concejal, de modo que el asunto sometido a debate o decisión repercute en su
esfera subjetiva o en la de su cónyuge o compañero(a) permanente, sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o
sus socios. El interés es directo cuando la eventual afectación del concejal, de sus
allegados o de sus socios proviene del mismo asunto que debe conocer, esto es,
cuando su fuente es el asunto sometido a consideración y/o votación. Finalmente,
es actual o inmediato cuando se presenta al momento de la actuación, de manera
que no puede ser hipotético, futuro o puramente eventual, sino que debe comportar
un impacto real y contemporáneo en el cabildante municipal, sus familiares o sus
socios.

65. De ese modo, en la causal objeto de estudio lo que se cuestiona es la
incompatibilidad entre el interés particular del concejal y el interés general
comprometido en los asuntos sobre los cuales debe intervenir y decidir en el
ejercicio de sus funciones político-administrativas.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, sentencia de 28 de
noviembre de 2017, número único de radicación 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ), Consejero
Ponente César Palomino Cortés.
29 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia del 1° de octubre de 2015. M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de primero

1 de febrero de 2018. MP. Oswaldo Giraldo López, expediente 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI
Sentencia del 18 de febrero de 2021, expediente 85001 2333 000 2020 00012 02. MP. Roberto
Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
del 9 de noviembre de 2016. MP. William Hernández Gómez, expediente. 11001-03-15-000-2014-
03117-00 (PI); entre otras.

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66. Entonces, el conflicto de interés que da lugar a la pérdida de investidura es
una situación especialísima en la que se encuentra inmerso el concejal donde su
interés particular, moral o económico o el de su círculo cercano, resulta incompatible
con el interés general que debe privilegiarse siempre en el ejercicio de las funciones
como cabildante. Y ello es así porque de las decisiones de esos asuntos concretos,
el concejal deriva o puede derivar un provecho para si o para los mencionados
terceros, con la consecuente afectación de la moralidad administrativa, la confianza
legítima de los electores y la probidad exigida a los servidores de elección popular.

67. Descendiendo al caso en concreto, la Sala observa que en el presente asunto
el demandante no acreditó que los cabildantes estuvieran asistidos de un interés
particular, directo y actual, de carácter moral o económico, que los afectaran de
manera personal y concreta, ni a él ni a su círculo familiar cercano o a sus socios,
como consecuencia de haber considerado y votado la reelección del secretario del
Consejo Municipal.

68. Por el contrario, la argumentación del accionante lo mismo que los elementos
probatorios que se allegaron, lo que pretendían vislumbrar era la declaratoria de
ilegalidad de dicho acto al ser emitido el fallo que anuló dicha elección por ser
contrario a normas superiores, sin que dicha razón, tal como ya se expuso, de lugar
de forma inmediata a la configuración de una causal de pérdida de investidura.

69. Por las razones expresadas, la Sala no encuentra verificado el elemento
objetivo de la causal prevista en el numeral 48 de la Ley 617 de 2000, por violación
del régimen del conflicto de intereses por lo que no hay lugar a hacer un análisis de
elemento subjetivo.

70. En suma, la Sala confirmará la sentencia apelada.

71. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no
se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura es una
acción pública en la que se ventila un interés general.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.

TERCERO: NO CONDENAR en costas por tratarse de una acción pública.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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