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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 81001-23-39-000-2025-00040-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 81001-23-39-000-2025-00040-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: COMPULSAR copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que, dentro del ejercicio de sus respectivas competencias, adelanten las investigaciones a que haya lugar en relación con los hechos objeto del presente proceso. TERCERO: Sin condena en costas conforme lo señalado en la parte motiva. CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 81001-23-39-000-2025-00040-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

27 de agosto de 2026

Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01 (Acumulado 81001 23 39 000 2025
00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal1 y Brian Steven Cabrera2
Demandado: Juan Alfredo Quenza Ramos
Tesis: No incurre en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
de recursos públicos, el diputado que autoriza el pago de la remuneración para sí
mismo y para otros diputados, a pesar de la inasistencia a algunas sesiones de la
Asamblea Departamental, cuando dichos pagos se efectuaron de conformidad con
el régimen legal y reglamentario aplicable para el momento del pago, el cual
preveía una remuneración por mes o periodo de sesiones y no por sesión asistida.

No incurre en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos el diputado que recibe el pago anticipado de sesiones
extraordinarias, cuyo reconocimiento se realiza de manera adelantada en una
quincena y se compensa en periodos posteriores, cuando dicha forma de pago no
comporta un reconocimiento adicional o en exceso ni la destinación de los recursos
a fines distintos de los legalmente previstos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la señora Leidy Jureny
Montenegro Vidal en contra de la sentencia de 19 de agosto de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Arauca, en primera instancia, mediante la cual se
negó la pérdida de investidura del señor Juan Alfredo Quenza Ramos como

1 Radicado 81001 23 39 000 2025 00040 01.
2 Radicado 81001 23 39 000 2025 00051 01.

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1

Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

diputado del Departamento de Arauca por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2020-2023.

I. LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

1. Los ciudadanos Leidy Jureny Montenegro Vidal3 y Brian Steven Cabrera
Vallejo4, actuando en nombre propio, y de conformidad con el artículo 143 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA), solicitaron en demandas separadas decretar la pérdida de
investidura del diputado del Departamento de Arauca Juan Alfredo Quenza
Ramos, electo para el periodo 2020-2023, por la causal de indebida destinación
de dineros públicos contemplada en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de
20005.

2. En providencia de fecha 4 de julio de 20256, la Magistrada Ponente del
Tribunal a quo decidió decretar la acumulación del proceso con radicado 81001 23
39 000 2025 00051 01 (en adelante 2025 00051) al distinguido con el No. 81001 23 39
000 2025 00040 01 (en adelante 2025 00040).

A. Radicado 2025 00040

3. Indicó que el 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones
regionales y que el 8 de noviembre de 2019 se declaró la elección de los diputados
del departamento de Arauca para el periodo 2020–2023, entre ellos, el señor Juan
Alfredo Quenza Ramos.

3 Índice 00004 del expediente digital del Tribunal cargado en SAMAI, archivo:
10Recepcionexped_DemandayAnexospdf(.pdf).
4 Índice 00022 del expediente digital del Tribunal cargado en SAMAI (Archivo:
40Recepcionexped_002Recepcionexped_De(.pdf)
5 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
6 Índice 00024 del expediente digital del Tribunal cargado en SAMAI, archivo:
59Autodecretaac_81001233900020250004(.pdf).

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2

Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

4. Resaltó que el referido diputado es abogado de profesión y que fue elegido
presidente de la Asamblea Departamental de Arauca para el año 2020, condición
en la cual ejercía funciones como ordenador del gasto.

5. Expuso que mediante Decreto 410 de 2020 se convocaron sesiones
extraordinarias de la Asamblea y que en ese periodo de sesiones la diputada Alexa
Milena Quirife Bohórquez no asistió el 16 de mayo de 2020 y que el diputado
Carlos Alberto Hernández Sánchez no asistió el 21 de mayo de 2020. Asimismo,
señaló que el 9 de junio de 2020 no asistieron a las sesiones los diputados Juan
Alfredo Quenza Ramos y Carlos Alberto Hernández Sánchez. Afirmó que dichas
sesiones fueron pagadas a pesar a la inasistencia de los mencionados diputados
y sin que existiera excusa o permiso que justificara su ausencia.

6. Agregó que el diputado Juan Alfredo Quenza Ramos no asistió a las
sesiones de los días 10, 11 y 23 de marzo de 2021, 28 de abril de 2021, 8 de junio
de 2021, 22 y 30 de julio de 2021 y 17 y 23 de noviembre de 2021, sin que mediara
excusa válida o comisión que autorizara su inasistencia. Sostuvo que el diputado
recibió pagos por dichas sesiones y no reintegró los recursos públicos
correspondientes.

7. Advirtió que respecto de las sesiones extraordinarias comprendidas entre
el 1 y el 15 de septiembre de 2021, el diputado percibió la suma de $9.812.081,
pese a que debía recibir $8.176.734, equivalentes a 15 sesiones. En
consecuencia, se indicó que recibió indebidamente $1.635.347, correspondientes
a 3 sesiones adicionales, suma que no fue devuelta.

8. Argumentó que el diputado accionado incurrió en indebida destinación de
dineros públicos. En particular sostuvo que respecto de los pagos efectuados el
16 de mayo de 2020, 21 de mayo de 2020 y 9 de junio de 2020, actuó en modalidad
culposa gravísima al ordenar el reconocimiento de sesiones no asistidas, incluso
en su propio beneficio. Afirmó que en relación con los pagos recibidos por las
sesiones de los días 10, 11 y 23 de marzo de 2021, 28 de abril de 2021, 8 de junio
de 2021, 22 y 30 de julio de 2021 y 17 y 23 de noviembre de 2021, así como por

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

el mayor valor percibido entre el 1 y el 15 de septiembre de 2021, su conducta fue
dolosa, al recibir y no reintegrar dineros públicos sin causa.

B. Radicado 2025 00051

9. El solicitante expuso idéntico recuento fáctico al formulado en el expediente
radicado 2025 00040 en cuanto al pago en exceso por las sesiones extraordinarias
comprendidas entre el 1 y el 15 de septiembre de 2021.

II. LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD

A. Radicado 2025 00040

10. El accionado contestó la demanda mediante apoderado judicial y se opuso
a la prosperidad de las pretensiones por inadecuada valoración e interpretación de
las pruebas allegadas y por no ajustarse a las reglas fijadas por la jurisprudencia
de la Sala Plena del Consejo de Estado en materia de pérdida de investidura.

11. En relación con los hechos, aceptó como ciertos los relativos a la
celebración de las elecciones del 27 de octubre de 2019, la declaratoria de elección
de los diputados el 8 de noviembre de 2019, así como el reconocimiento de los
pagos efectuados en el periodo objeto de controversia. Precisó que para el año
2020 el demandado aún no se había graduado como abogado, circunstancia que
estimó irrelevante para el proceso.

12. Frente a las inasistencias del año 2020, indicó que el 16 de mayo de 2020
la diputada Alexa Milena Quirife Bohórquez presentó dificultades mecánicas que
le impidieron llegar oportunamente, pero se incorporó a la sesión y agregó que la
sesión del 21 de mayo de 2020 tuvo una duración aproximada de tres minutos, sin
que se hubieran debatido o decidido ningún asunto.

13. Negó que los pagos efectuados en el año 2020 fueran indebidos, pues
conforme al artículo 28 de la Ley 617 de 2000 y al desarrollo jurisprudencial

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

aplicable, la remuneración de los diputados se realizaba por mes de sesiones y no
por sesión asistida, razón por la cual no procedía prorratear el pago según la
asistencia, sin perjuicio de las actuaciones disciplinarias a que hubiera lugar.

14. Indicó que para los años 2020 y 2021 no existía obligación normativa de
justificar las inasistencias, dado que la remuneración no dependía de la asistencia
a cada sesión. Con fundamento en ello, negó que se hubieran recibido pagos sin
causa.

15. Respecto de las sesiones del año 2021, precisó que en varias de las fechas
señaladas sí se registró participación del diputado, conforme a los audios de las
sesiones. En particular, indicó que el 8 de junio de 2021 se encontraba conectado,
que el 22 de julio de 2021 había estado presente en el recinto, que el 17 de
noviembre de 2021 intervino durante la sesión y que el 23 de noviembre de 2021
participó activamente y su asistencia quedó consignada en el llamado a lista.

16. Aceptó el pago efectuado en septiembre de 2021, pero explicó que
correspondía a un total de 25 sesiones extraordinarias convocadas mediante los
Decretos 1021 y 1034 de 2021. Señaló que el pago se distribuyó así: 7 días
correspondientes al periodo del 25 al 31 de agosto de 2021 y 18 días en la primera
quincena de septiembre, dentro de los cuales se incluyeron 3 días de la segunda
quincena del mes como pago anticipado. Indicó que dichos días no fueron pagados
posteriormente por lo que no existió un pago en exceso.

17. Negó que existiera obligación de reintegrar suma alguna, pues todos los
pagos se encontraban debidamente soportados y que a todos los diputados se les
reconoció el mismo número de días.

18. Sostuvo que la causal de indebida destinación de dineros públicos no se
encuentra definida de manera expresa en la Constitución ni en la Ley y su alcance
ha sido delimitado por la jurisprudencia.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

19. Trajo a colación el pronunciamiento de esta Corporación del 3 de octubre
de 2000, según el cual dicha causal se configura cuando los recursos públicos se
destinan a fines no autorizados, distintos a los previstos, prohibidos, innecesarios
o encaminados a generar un beneficio personal o de terceros.

20. Afirmó que los pagos recibidos correspondían a una remuneración
amparada en disposiciones constitucionales y legales, bajo los principios de buena
fe y transparencia. Asimismo, indicó que conforme al numeral 4 del artículo 60 de
la Ley 2200 de 2022, la configuración de la causal requería la existencia de una
condena en firme, la cual no se presentaba en el caso concreto.

21. Hizo referencia a la Ordenanza 032 de 2020, indicando que esta reiteraba
el esquema de remuneración mensual y que la posibilidad de descontar por
inasistencia era facultativa y no obligatoria.

22. Destacó que la pérdida de investidura es una sanción de carácter restrictivo,
cuya aplicación exige una demostración clara y concluyente de la conducta
reprochada que supone además en atención a la causal invocada la desviación de
los recursos hacia fines no autorizados, lo cual no se configuraba en el caso toda
vez que los pagos correspondían a emolumentos legalmente reconocidos.

23. Finalmente, sostuvo que no se configura el elemento subjetivo de la
conducta, en tanto no se acreditaba dolo ni culpa grave, y que la actuación del
diputado se encontraba amparada en la normativa vigente, en la confianza legítima
y en la seguridad jurídica. Concluyó que no se probó la indebida destinación de
dineros públicos ni la configuración de la causal invocada, por lo que solicitó negar
las pretensiones de la demanda.

B. Radicado 2025 00051

24. El diputado mediante apoderado judicial7 presentó escrito de contestación
en el que reprodujo en lo sustancial, los mismos argumentos de defensa expuestos

7 Índice 00022 del expediente digital del Tribunal cargado en SAMAI, archivo:
49Recepcionexped_011_MemorialWeb_Cont(.pdf).

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

en el proceso radicado 2025 00040, en particular, aquellos relacionados con la
inexistencia de pago indebido, la forma de remuneración de los diputados
conforme a la Ley 617 de 2000 y la ausencia de configuración de la causal de
indebida destinación de dineros públicos.

III. LA SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA

25. El Tribunal Administrativo de Arauca, en sentencia proferida el 19 de
agosto de 20258 resolvió negar la petición de pérdida de investidura, con base en
los argumentos que pasan a sintetizarse:

26. Explicó el marco normativo y el desarrollo jurisprudencial del medio de
control de pérdida de investidura, así como de la causal de indebida destinación
de dineros públicos.

27. Tuvo por acreditado que el demandado fue elegido diputado para el periodo
2020-2023 y que durante el año 2020 se desempeñó como presidente de la
Asamblea Departamental de Arauca, con funciones de ordenador del gasto.
Asimismo, estableció que los pagos cuestionados correspondían a recursos
públicos provenientes del presupuesto de la entidad territorial.

28. Precisó que la indebida destinación de dineros públicos exige la verificación
de tres elementos: (i) la calidad del sujeto activo, (ii) la existencia de recursos
públicos y (iii) su destinación indebida, entendida como la desviación de los
recursos hacia fines no autorizados, distintos, prohibidos o encaminados a generar
un beneficio personal o de terceros.

29. Frente al pago de sesiones del año 2020 a diputados que no asistieron los
días 16, 21 de mayo y 9 de junio de esa anualidad, concluyó que, si bien se
acreditaron las inasistencias, se constató que los pagos se realizaron conforme al
régimen previsto en la Ley 617 de 2000 vigente para ese momento y conforme al

8 Índice 00045 del expediente digital del Tribunal cargado en SAMAI, archivo:
76Sentenciaprime_sentencia_00020250004000Senten(.pdf).

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

cual la remuneración se producía por mes de sesiones y no por sesión asistida.
En consecuencia, consideró que la conducta del demandado se encontraba
amparada en la normativa vigente y no configuraba destinación indebida de
recursos.

30. En cuanto al pago de sesiones del año 2021 a favor del accionado a pesar
de su inasistencia en algunas fechas, el a quo valoró los listados de asistencia y
las grabaciones aportadas y determinó que en algunos casos sí existió
participación del accionado en varias sesiones. Ahora bien, frente a las
inasistencias acreditadas, concluyó que los pagos se efectuaron bajo el mismo
esquema de remuneración mensual previsto en la Ley 617 de 2000 y la
reglamentación interna, la cual no imponía un descuento automático sino una
facultad discrecional del ordenador del gasto. En consecuencia, descartó la
configuración de la causal.

31. Finalmente, en cuanto al pago de 18 sesiones en la primera quincena de
septiembre de 2021, estableció que, aunque inicialmente se reconoció un mayor
número de sesiones a dos diputados, en la segunda quincena no se efectuaron
pagos a estos, mientras que a los demás sí se les reconocieron las sesiones
faltantes, de modo que en total todos los diputados recibieron el pago
correspondiente a 18 sesiones. Con base en ello, concluyó que no existió pago en
exceso ni destinación indebida de recursos públicos.

32. Finalmente, consideró que no se acreditó el elemento objetivo de la causal
de indebida destinación de dineros públicos, razón por la cual estimó innecesario
efectuar un análisis del elemento subjetivo.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

33. Inconforme con la decisión adoptada, la señora Leidy Jureny Montenegro
Vidal, interpuso recurso de apelación9 y expuso como argumentos del mismo los
siguientes.

34. Cuestionó que el Tribunal concluyera que no se configuraba el elemento
objetivo de la causal de indebida destinación de dineros públicos, pues omitió
valorar adecuadamente el material probatorio obrante en el expediente, así como
el marco normativo aplicable, en particular, las disposiciones del reglamento
interno de la Asamblea Departamental de Arauca relacionadas con la asistencia a
sesiones y sus consecuencias.

35. Señaló que el demandado contaba con formación jurídica, circunstancia
que le imponía un deber reforzado de conocimiento y cumplimiento de las normas
que regulaban el manejo de los recursos públicos, por lo que no resultaba
admisible el desconocimiento de las reglas aplicables en materia de remuneración
y asistencia a sesiones.

36. Sostuvo que se encontraba acreditado un enriquecimiento sin causa en
favor del demandado y de otros diputados, derivado del pago de sesiones a las
cuales no asistieron sin excusa válida, lo que implicó una correlativa afectación
patrimonial de la entidad territorial.

37. Afirmó que el demandado en su condición de presidente de la Asamblea
Departamental durante el año 2020 ordenó el pago de sesiones correspondientes
a los días 16 y 21 de mayo y 9 de junio de 2020, pese a la inasistencia de algunos
diputados, incluidos casos en los que él mismo resultaba beneficiario, sin que
mediara justificación válida ni reintegro de los dineros.

38. Alegó que durante el año 2021 el demandado recibió pagos por sesiones a
las que no asistió, sin que existiera excusa que lo amparara, situación que tampoco
fue debidamente valorada por el a quo.

9 Índice 00048 del expediente digital del Tribunal cargado en SAMAI, archivo:
78_MemorialWeb_Recurso-Recursodeapelacion(.pdf).

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(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

39. Cuestionó la conclusión relacionada con el pago efectuado en septiembre
de 2021, al señalar que el demandado recibió el equivalente a 18 sesiones en la
primera quincena, cuando solo debía percibir el valor correspondiente a 15,
generándose un pago en exceso que no fue reintegrado, lo cual configuraba una
indebida destinación de dineros públicos.

40. Sostuvo que las normas internas de la Asamblea Departamental
establecían la obligación de dejar constancia de las excusas en las actas de
asistencia y preveían la posibilidad de efectuar descuentos por inasistencias
injustificadas, disposiciones que fueron desconocidas.

41. Argumentó que el demandado actuó con dolo y culpa grave, tanto al ordenar
pagos indebidos en su calidad de ordenador del gasto, como al recibir sin causa
jurídica dineros públicos y no reintegrarlos, configurándose la causal prevista en el
numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

42. Solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y que en su lugar
se acceda a las pretensiones de la demanda.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

43. Por auto de 2 de octubre de 202510 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y se ordenó el traslado según lo previsto en el
numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 201811.

44. El traslado del recurso de apelación fue descorrido así:

45. El demandado a través de apoderado12, solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia por considerar que se encontraba debidamente fundamentada
en las pruebas obrantes en el expediente y en la normatividad aplicable para la
época de los hechos.

10 Índice 00004 del expediente principal de segunda instancia cargado en SAMAI.
11 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
12 Índice 00008 del expediente principal de segunda instancia cargado en SAMAI.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

46. Sostuvo que el recurso de apelación no incorporaba elementos nuevos de
convicción y se limitaba a reiterar los argumentos de la demanda, sin desvirtuar
las conclusiones del Tribunal en relación con la inexistencia de la causal de
indebida destinación de dineros públicos.

47. Reiteró que los pagos efectuados y recibidos por el demandado tenían
sustento en el régimen jurídico aplicable, en particular, en lo dispuesto en la Ley
617 de 2000, la cual establecía que la remuneración de los diputados se realizaba
por mes de sesiones y no por sesión asistida, sin que existiera para los años 2020
y 2021 una obligación de justificar las inasistencias ni de efectuar descuentos
automáticos por tal circunstancia.

48. Indicó que no se configuraban los elementos de la causal invocada, en tanto
los recursos públicos no fueron destinados a fines no autorizados, ni a propósitos
distintos de aquellos para los cuales estaban previstos, ni a actividades prohibidas,
innecesarias o injustificadas.

49. Señaló que los pagos realizados correspondían a la remuneración derivada
de la condición de diputado, por lo que tenían fundamento constitucional, legal y
reglamentario, sin que pudiera predicarse un incremento patrimonial indebido.

50. En relación con el pago efectuado en septiembre de 2021, reiteró que no
existió reconocimiento de sumas adicionales sino una forma de pago distinta,
consistente en el anticipo de tres sesiones en la primera quincena, que fueron
compensadas en la segunda, de modo que todos los diputados recibieron el pago
correspondiente al mismo número de sesiones.

51. Precisó que la facultad de ordenar descuentos por la inasistencia prevista
en la reglamentación interna tenía carácter potestativo y no obligatorio.

52. Finalmente afirmó que no se encontraba acreditado el elemento subjetivo
de la conducta, en tanto no se demostró la existencia de dolo o culpa grave pues

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

el actuar del demandado se desarrolló conforme a la normatividad vigente, los
criterios interpretativos de las autoridades competentes y bajo un marco de
confianza legítima.

53. Los demandantes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

54. El Ministerio Público presentó su concepto de fondo13 en el que solicitó
confirmar la sentencia proferida por el a quo.

55. Señaló que en el caso concreto no se demostró que la conducta desplegada
por el señor Juan Alfredo Quenza Ramos, en su condición de diputado y presidente
de la Asamblea Departamental de Arauca, configurara la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos.

56. Precisó que, conforme al material probatorio obrante en el expediente, el
actuar del demandado se encontraba ajustado a la normatividad vigente para la
época de los hechos, por lo que no era posible concluir que los recursos públicos
hubiesen sido destinados a fines distintos a los previstos en la Constitución, la Ley
o los reglamentos.

57. Trajo a colación la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el alcance
de la referida causal, en particular, aquella que establece que su configuración
exige la destinación de los recursos a propósitos no autorizados, diferentes a los
asignados, prohibidos, innecesarios o encaminados a generar un beneficio
personal o de terceros.

58. Concluyó que en el presente asunto no estaban acreditados los supuestos
que estructuran la indebida destinación de dineros públicos, por lo que compartía
las consideraciones expuestas en la sentencia de primera instancia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

13Índice 00009 del expediente digital de segunda instancia cargado en SAMAI, archivo:
Memorial_JCU_8Concepto(.pdf) NroActua 9.

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(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
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6.1. Competencia

59. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 15014 del CPACA, el parágrafo 2 del artículo 48 de la
Ley 617 de 9 de octubre 200015 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
201916, sobre distribución de los procesos entre las secciones del Consejo de
Estado.

6.2. Cuestión previa

60. De manera previa a plantear los problemas que correspondan, la Sala
observa que en el recurso de apelación se introdujeron cuestionamientos que no
fueron propuestos en la demanda inicial, concretamente lo relacionado con el
reproche sobre el enriquecimiento sin causa a favor del demandado y otros
diputados.

61. En ese orden de ideas, es menester resolver si es procedente que en el
recurso de alzada interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, se
agreguen cargos que no fueron planteados en la demanda.

62. Al respecto, es necesario precisar que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 1881 de 201817, los fundamentos fácticos y jurídicos deben
exponerse en la demanda y que en virtud del principio de congruencia previsto en

14 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las

sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
15 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado
conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia
los Tribunales Administrativos.
16 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024,

que regula la distribución de negocios entre las secciones.
17 Artículo 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano,

esta deberá formularse por escrito y contener, al menos:
a) Nombres y apellidos, identificación y domicilio de quien la fórmula;
b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional;
c) Invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación;
d) La solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso;
e) Dirección del lugar en donde el solicitante recibirá las notificaciones a que haya lugar.

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el artículo 28118 del Código General del Proceso (en adelante CGP), aplicable por
remisión del artículo 21 de la Ley 1881 de 2018, no es posible introducir en sede
de apelación cargos nuevos o distintos a los inicialmente planteados.

63. Resulta esencial recordar que la jurisprudencia de la Sección Primera ha
señalado que «del principio de congruencia se desprenden deberes y
prohibiciones a cargo del juez, a quien le corresponde adoptar una decisión que
guarde total correspondencia entre los fundamentos fácticos y jurídicos aducidos
en la solicitud de desinvestidura, lo debatido y probado en el proceso»19.

64. Siendo ello así, y habida cuenta de que los cargos a que se ha hecho
referencia no fueron formulados en el momento procesal oportuno, esto es, en el
libelo introductorio ni en la subsanación a ese escrito, no puede la Sala abordarlos,
so pena de desconocer con ello el derecho al debido proceso, el derecho de
contradicción y de defensa de que es titular la parte accionada, pues ello supondria
considerar cargos respecto de los cuales no tuvo la oportunidad de pronunciarse
en primera instancia.

65. Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al
indicar que las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de
congruencia entre el petitum (pretensiones de la demanda), lo expuesto en la
contestación y el decisum, de modo que exista una total correspondencia; veamos:

«Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso, “[l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley”. De acuerdo con lo expresado por la Corte
Constitucional, el de congruencia constituye “un concepto nuclear dentro del
derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede
reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra
petita); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva o

18 Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las

pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley […].
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14

de marzo de 2024. Expediente con radicación nro. 76001 2333 000 2023 00734 01. C.P.: Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.

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negativamente, los límites de su potestad”20. En últimas, representa “un
principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente
relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, que exista la
debida coherencia, en todas las sentencias, entre los hechos, las pretensiones
y la decisión”21.

Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el
principio de congruencia exige consonancia entre lo pedido por las partes
(petitum) y lo resuelto por el tribunal (decisum), entendiéndose que se atentará
contra él allí donde el juez concede más o algo distinto de lo que le fue
demandado por la parte actora (ultra o extra petita). En consecuencia, la
verificación de la congruencia de un fallo exige hacer una comparación entre
lo decidido con lo reclamado por las partes. En materia del contencioso de
anulación de actos administrativos, dado el carácter rogado de la jurisdicción
y las formalidades que la ley plantea a la demanda, que exigen la formulación
de los cargos de invalidación propuestos y el señalamiento expreso de su
fundamento normativo (artículo 162.4 del CPACA), ello implica que el juez no
puede fallar lo pedido desbordando los cargos formulados por la parte
actora»22. (Subrayas de la Sala).

66. Al respecto, en sentencia del 11 de octubre de 2019, esta Sección señaló:

«En ese orden de ideas, la Sala considera que, en virtud de los principios de
lealtad procesal, debido proceso, contradicción y de defensa y en atención a
la congruencia que debe existir: por un lado, entre la demanda -la pretensión
y los argumentos que la fundamentan-, su contestación y la sentencia
proferida, en primera instancia; y, por el otro, entre estos y el recurso de
apelación; se imponen que al apelante le esté vedado exponer en el recurso
de apelación hechos, cargos y pretensiones nuevas que no hayan sido
alegados en la demanda o en su contestación. Si lo hiciere, el ad quem no
puede abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es su deber
salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de
la contraparte en el proceso”»23 (Subrayas de la Sala).

20 Sentencia T-450 de 2001.
21 Sentencia T-592 de 2000.
22 Sección Primera. Sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida en el proceso número 25000-

23-41-000-2013-00855-01. Tal razonamiento ha sido expuesto también en sentencias del 3 de
noviembre de 2016 proferida en el proceso número 13001-23-31-000-2001-02023-01; Fallo del 8
de junio de 2016 expedido en el expediente 25000-23-24-000-2005-00270-01; Providencia del 7
de mayo de 2015 dictada en el proceso 41001-23-31-000-2006-00234-01; Sentencia del 20 de
noviembre de 2014 expedida en el asunto identificado con el número 25000-23-27-000-2006-
00705-01.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11

de octubre de 2019. Proceso radicado número: 05001 23 33 000 2017 02599 01. Consejero
Ponente: Hernando Sánchez Sánchez.

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67. Específicamente en los procesos de pérdida de investidura, el principio de
congruencia ha sido desarrollado en los siguientes términos por la Sala Plena de
esta Corporación24:

«(i) “La congruencia supone la identidad de la providencia que resuelve la
solicitud de pérdida de investidura con la acusación planteada”, esto es que,
“(…) en materia sancionatoria, y en especial en la pérdida de investidura, la
congruencia supone la correspondencia entre las imputaciones fácticas y
jurídicas que se expresan en la acusación, contenida en la demanda o en el
escrito que la subsana, con las consideraciones y decisión plasmadas en la
sentencia del operador judicial. Lo anterior significa que el despojo de la
investidura no podrá producirse por hechos distintos a los alegados en el
escrito genitor del proceso ni por causales distintas a las mencionadas y
motivadas por el demandante (…)”
[…]
La congruencia impide al juez de la pérdida de investidura emprender estudios
de fondo respecto de cargos indebidamente fundados”, lo que quiere significar
que “(…) la claridad de las disquisiciones que cimientan la acusación, no solo
son presupuesto de la contradicción, sino guía del fallo que deberá ser
adoptado por el operador judicial. De allí que se rechacen las explicaciones
anfibológicas, oscuras y confusas esgrimidas por el accionante en su escrito
introductorio (…)” , tal y como lo explicó la Sala Plena del Consejo de Estado
en providencia del 17 de enero de 2012, al indicar que “(…) al juzgador no le
está permitido abordar el estudio de causales de pérdida de investidura que
no hayan sido debidamente invocadas y explicadas en el escrito de demanda,
tal y como lo ordena la letra c) del artículo 4 de la Ley 144 de 1994
(…)»25(Subrayas de la Sala).

68. De modo que no tienen vocación de prosperidad los puntos esgrimidos en
el recurso de apelación que no fueron planteados en el libelo introductorio.

69. Como segunda cuestión previa, la Sala constató que no existe cosa
juzgada en relación con el accionado Juan Alfredo Quenza Ramos por los cargos
esgrimidos en el presente trámite. La consulta en el Sistema SAMAI permite
advertir que en el proceso con radicado 81001 23 39 000 2020 00127 01 se
demandó la pérdida de investidura del mismo diputado por la causal de tráfico de
influencias, esto es, con un objeto distinto al aquí examinado, pues no recae sobre

24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de septiembre de

2019. Expediente radicado nro. 11001 0315 000 2019 01598 01 (PI). C.P.: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
25 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2011-

00708-00(PI). M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia de 17 de enero de 2012.

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el indebido manejo de recursos públicos sino sobre el uso de la investidura para
gestionar intereses particulares ante entidades públicas.

70. Igualmente se pudo constatar que en el proceso con radicado 81001 23 39
000 2024 00025 01 la demanda se fundamentó en la causal de indebida
destinación de dineros públicos, sin embargo, los hechos que allí se expusieron
corresponden a inasistencias ocurridas en el período de sesiones de 2023, siendo
distintos a los que aquí se estudian. En consecuencia, al no concurrir la identidad
de objeto y causa exigida para que opere la cosa juzgada, la Sala procede al
estudio de fondo de los cargos formulados dentro del presente trámite

6.3. Análisis de la causal de pérdida de investidura objeto de reproche

71. Teniendo en cuenta lo expuesto en el recurso de alzada, la Sala tendrá que
definir si incurre en causal de pérdida de investidura por destinación indebida de
recursos públicos el diputado que autoriza el reconocimiento y pago de sesiones
a su favor y a favor de otros diputados, a las que no asistieron o que fueron
pagadas en exceso sin que se hubiesen celebrado, de acuerdo con el régimen
legal vigente para el momento de los pagos.

72. Con miras a resolver este interrogante, la Sala analizará si en el presente
asunto se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo de la causal
invocada y, en esa medida, si hay lugar a acceder a la pérdida de investidura del
convocado.

6.3.1. Del elemento objetivo

73. En relación con el marco normativo aplicable a los hechos objeto de estudio,
se precisa que para la época en que estos tuvieron ocurrencia (años 2020 y 2021)
no se encontraba vigente la Ley 2200 de 2022. Por consiguiente, la norma
aplicable a estos hechos es la Ley 617 de 2000, cuyo artículo 28 establecía que la
remuneración de los diputados tenía lugar por mes de sesiones, sin condicionar el
pago a la asistencia efectiva de los diputados a cada sesión individualmente

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considerada ni imponer obligación alguna de justificar las inasistencias. Valga
precisar que, la obligación de justificar la inasistencia a las sesiones se introdujo
al ordenamiento jurídico a través del artículo 44 de la Ley 2200 de 2022, norma
posterior a los hechos y por tanto inaplicable al caso concreto.

74. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
sentencias de 21 de noviembre de 2024 y 13 de marzo de 2025, proferidas en los
procesos con radicados núms. 81001 23 39 000 2024 00031 01 y 81001 23 39 000
2024 00025 01, respectivamente, precisó que la Ley 2200 entró en vigor el 8 de
febrero de 2022, por lo que para hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha la
norma aplicable era la Ley 617 de 2000.

75. Luego, es preciso tener en cuenta que respecto de la remuneración de los
diputados existen dos marcos normativos claramente diferenciados: El régimen
bajo el cual ocurrieron los hechos materia de este proceso (Ley 617 de 2000 y sus
reglamentos) y el régimen que, únicamente a partir del 8 de febrero de 2022,
introdujo en el ordenamiento jurídico colombiano un mecanismo que condiciona la
remuneración de los diputados a su asistencia efectiva a las sesiones, bajo pena
expresa de pérdida de investidura: El artículo 44 de la Ley 2200 de 2022.

76. La Ley 617 de 2000, aplicable a los hechos analizados, en ninguna de sus
disposiciones estableció un deber de justificar la inasistencia de los diputados ante
la mesa directiva, ni condicionó el pago de su asignación a la acreditación de dicha
justificación, ni tampoco previno consecuencia alguna, disciplinaria o de pérdida
de investidura, derivada de la sola inasistencia no descontada. El silencio de esa
normativa sobre el punto no es casual ni puede suplirse por vía interpretativa: es,
precisamente el estado del ordenamiento que el legislador de 2022 decidió
modificar.

77. En efecto, el artículo 44 de la Ley 2200 de 2022 tuvo origen en el Proyecto
de Ley 183 de 2021 Senado, acumulado con el 486 de 2020 Cámara, de iniciativa
gubernamental, radicado el 14 de diciembre de 2020 por la entonces Ministra del
Interior, Alicia Arango Olmos. Desde el texto original correspondiente al artículo 73

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del proyecto radicado, se instituyó, por primera vez la siguiente regla: «La falta de
asistencia de los diputados a las sesiones, sin excusa justificada y válida, aceptada
mediante resolución por la mesa directiva, no causará la remuneración y
prestaciones correspondientes; sin perjuicio de la pérdida de la investidura cuando
hubiere lugar» (Gaceta del Congreso número 1526 de 2020).

78. El rastreo íntegro del trámite legislativo de esta disposición no deja margen
de duda sobre su carácter de institución nueva y sobre la ausencia de todo debate
que la vinculara a un deber preexistente, como pasa a exponerse:

• Primer debate, Comisión Primera de Cámara: la norma pasó a
numerarse artículo 42, sin ninguna modificación en su contenido
(Gaceta del Congreso número 626 de 2021).

• Segundo debate, Plenaria de Cámara: se renumeró como artículo
44, con la única justificación consignada de que «se ajusta la
numeración» (Gaceta del Congreso número 992 de 2021).

• Primer debate, Comisión Primera de Senado: se dejó constancia
expresa de que «el resto del articulado no sufrirá cambios» respecto del
texto aprobado por la Cámara, sin que el artículo 44 fuera objeto de
discusión (Gaceta del Congreso número 1223 de 2021).

• Tercer y cuarto debate, Plenaria de Senado: se reiteró idéntica
constancia de invariabilidad, «el resto del articulado no sufrirá cambios»
(Gaceta del Congreso número 1633 de 2021).

• Conciliación Senado-Cámara: el artículo 44 no fue objeto de
discrepancia alguna entre las cámaras, por lo que se incorporó sin
modificación al texto conciliado.

79. De este recorrido se sigue que la norma fue concebida así por el Ejecutivo
desde su origen y que atravesó la totalidad del trámite legislativo sin que en ningún
momento se discutiera, cuestionara o siquiera mencionara la existencia previa de

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un deber semejante bajo la legislación vigente. Ninguna ponencia, ningún pliego
de modificaciones y ninguna intervención en plenaria invoca la Ley 617 de 2000
como fundamento o antecedente de esta regla, lo que descarta que se tratara de
una mera clarificación, desarrollo o codificación de algo que ya regía.

80. Esta constatación tiene una consecuencia jurídica ineludible para el caso
que ocupa a esta Sala. Si el deber de justificar la inasistencia y la consecuente
sanción de pérdida de investidura hubiesen estado ya vigentes, aunque fuera de
manera implícita, bajo el régimen de la Ley 617 de 2000, el legislador de 2022 no
habría tenido razón alguna para crear, ex novo y mediante un artículo autónomo
dentro de una reforma integral al régimen departamental, tanto el supuesto de
hecho como su consecuencia jurídica. La necesidad misma de legislar sobre el
punto es la demostración más clara de que, hasta el 8 de febrero de 2022, dicho
deber no existía en el ordenamiento jurídico colombiano.

81. En consecuencia, no resulta jurídicamente admisible trasladar
retroactivamente a hechos ocurridos bajo la vigencia de la Ley 617 de 2000 una
exigencia normativa constitutiva en el descuento obligatorio de la remuneración
por inasistencia no justificada, so pena de pérdida de investidura, que el propio
legislador reconoció, con su sola conducta de crear la norma, que no regía con
anterioridad. Sostener lo contrario equivaldría a aplicar de manera encubierta y
retroactiva una institución jurídica que el ordenamiento aplicable a los hechos
analizados simplemente no contemplaba, en flagrante desconocimiento del
principio de legalidad que gobierna el régimen sancionatorio de la pérdida de
investidura y de la garantía de que nadie puede ser sancionado con fundamento
en una norma que no existía al momento de los hechos.

82. Vale precisar que con posterioridad a la época de los hechos objeto del
presente proceso, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 19
de junio de 2025 con radicado 81001 23 39 000 2024 00023 02, fijó jurisprudencia
anunciada sobre el alcance del artículo 44 de la Ley 2200 de 2022, precisando que
dicha disposición, al entrar en vigor el 8 de febrero de 2022, introdujo un régimen
sustancialmente más exigente que el previsto en la Ley 617 de 2000: bajo ese
nuevo régimen, la inasistencia a sesiones sin excusa justificada y válida, aceptada

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mediante resolución por la mesa directiva, no genera derecho a remuneración, y
la acreditación de tal acto administrativo no constituye, por sí sola, plena
justificación del desembolso, pues el juez debe verificar en todo caso si la ausencia
estuvo precedida del cumplimiento de actividades vinculadas a la función pública.
Ello confirma, a contrario sensu, que bajo el régimen de la Ley 617 de 2000,
vigente para la época de los hechos aquí analizados, dicha exigencia no existía.

83. De lo anterior se colige que bajo el régimen de la Ley 617 de 2000, el
legislador no había previsto un sistema de pago por sesión individualmente
considerada sino un esquema de remuneración asociado al periodo, sin que
existiera obligación normativa de justificar las inasistencias ni de efectuar
descuentos por tal circunstancia. Bajo estas consideraciones, a continuación, pasa
a realizarse el análisis del elemento objetivo.

84. La indebida destinación de dineros públicos como causal de la pérdida de
investidura de los diputados se encuentra prevista en el numeral 4° del artículo 48
de la Ley 617 de 2000:

«Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de
juntas administradoras locales perderán su investidura:

[…]

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

[…]» (Subrayas de la Sala).

85. Respecto a la configuración objetiva de esta causal, esta Corporación26 ha
sostenido que el operador judicial debe acreditar tres presupuestos:

«La configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura sub examine
requiere la prueba de tres elementos, a saber: i) que se ostente la condición
de miembro de corporación pública de elección popular; ii) que se esté frente
a dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente
destinados»

26 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 10 de octubre de 2022. Expediente número:

680012333000202200333-01(PI). Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.

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86. En cuanto al primer presupuesto, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que no es indispensable que el sujeto activo ostente la calidad de
ordenador del gasto, pues lo relevante es que en ejercicio de sus competencias,
adelante actuaciones encaminadas a modificar la destinación de los recursos
públicos:

«En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la
condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar,
defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los
bienes del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena
ha señalado que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin.
La Sentencia del 1 de noviembre de 2005 señaló: “Para la configuración de la
causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del
artículo 183 de la Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del
artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos
como son la conducta y el fin»27.

87. Respecto del segundo presupuesto, esta Corporación ha advertido que los
dineros públicos deben ser entendidos de forma general como todos aquellos
recursos públicos que administra el Estado28, sin restringirse a una noción
estrictamente monetaria29:

«Como quedó visto, sobre la alocución «dinero público» que hace parte
integral de la descripción típica que contiene el artículo 183 numeral 4 de la
Constitución Política, refiriéndose a las causales de pérdida de investidura de
los congresistas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha concluido que el
aspecto relevante, objeto de demostración probatoria, es el uso indebido que
se haga de dichos recursos.

La Sala considera, entonces, que los dineros públicos, es decir, el caudal del
Estado conformado por los impuestos, las tasas, las contribuciones y los
recursos del capital, deben cumplir la destinación prevista en el respectivo
Presupuesto, de suerte que se haga efectivo el mandato del artículo 345 de la
Constitución Política.

27 Consejo de Estado. Sentencia del 6 de mayo de 2014. Expediente número: 11001-03-15-000-

2013-00865-00(PI). Consejero ponente: Enrique Gil Botero
28 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 10 de octubre de 2022. Expediente número:

68001-23-33-000-2022-00333-01. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez “Para efectos
de la causal de pérdida de investidura, la expresión “dinero público” se debe entender como
aquellos recursos públicos que administra el Estado”.
29 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de marzo de

2017. Expediente número: 11001-03-15-000-2015-00111-00(PI). Consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

En todo caso, se ha adoptado una postura interpretativa del concepto jurídico
de dineros públicos que permite, dentro de la vocación constitucional, hacer
efectivas las acciones e instituciones que buscan imprimirle transparencia a la
actividad pública.

En efecto, con la consideración del concepto «dineros públicos» restringida al
tema monetario, únicamente los ordenadores del gasto podrían ser requeridos
por su destinación indebida, es decir, se trataría de una norma que hasta 1994
habría estado destinada exclusivamente a la perdida de investidura de los
miembros de las Mesas Directivas de la Cámara y del Senado. Según el
artículo 91 de la Ley 38 de 1989 «En el Congreso Nacional la facultad de
ordenar los gastos la ejercerán por separado las mesas directivas de cada
Cámara».

Esta norma fue subrogada por la Ley 174 de 1994 y compilada en el Decreto
Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, artículo 110, en el que se
dispone que las facultades de ordenación del gasto «estarán en cabeza del
jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo»
y que se ejercerán de manera independiente por el Senado y la Cámara de
Representantes.

En síntesis, habrá de concluirse que los recursos recaudados del público por
los canales de las autoridades fiscales del Estado ingresan como dinero en
sentido amplio y se transforman en recursos públicos cuando son
administrados por aquellos servidores que señale la ley o el reglamento, según
el caso».

88. Finalmente, en relación con el tercer presupuesto, esta Corporación ha
aclarado que la conducta de indebida destinación de dineros públicos se configura
en cualquiera de los siguientes escenarios:

«i) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados.

ii) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero
diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados.

iii) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

iv) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros.

vi) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros»30.

30Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 4 de septiembre de 2014. Expediente
número: 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI). Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala. Cfr.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

89. En todos estos eventos se ha entendido que el servidor miembro de la
corporación pública, en ejercicio de las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en
la Constitución, la Ley o el reglamento31, lo que da lugar al reproche que sustenta
la pérdida de su investidura.

90. En relación con el primero de los presupuestos, esto es la condición de
diputado del accionado y su posesión en el cargo no existe discusión.

91. En efecto, la condición del accionado, señor Juan Alfredo Quenza Ramos,
como diputado del departamento de Arauca y presidente de la Asamblea
Departamental de Arauca para el año 2020, se encuentra probada con dos
documentos: (i) el Acta Parcial del Escrutinio General E-26 ASA del 27 de octubre
de 2019, expedida por el Consejo Nacional Electoral, correspondiente a las
Elecciones de Autoridades Territoriales para la Asamblea del Departamento de
Arauca, en la que consta que el señor Juan Alfredo Quenza Ramos obtuvo 6.014
votos por el Partido Liberal Colombiano para el periodo constitucional 2020-202332
y (ii) el Acta de Posesión No. 002 de 2020 de 1 de enero de 2020, suscrita por el
Presidente ad-hoc José Lorenzo Camacho Tobo y el Secretario General ad-hoc
Willington Rodríguez Benavidez, mediante la cual se dejó constancia de su
posesión como presidente de la Asamblea Departamental de Arauca para el
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, previo juramento
de rigor ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política y el artículo 31 del
acto reglamentario de la Asamblea33.

92. Tampoco existe controversia sobre la naturaleza pública de los recursos
involucrados; de manera que la discusión en el caso sub judice se centra en el

Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Expediente número:
13001-23-33-000-2016-01107-01(PI). Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
31 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 4 de septiembre de 2014. Expediente

número: 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI). Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala. Cfr.
32 Visible a índice 00004 del expediente del Tribunal, SAMAI. Archivo:
10Recepcionexped_DemandayAnexospdf(.pdf), folio 45.
33 Folio 26 ibidem.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

tercer presupuesto, esto es, en determinar si los pagos efectuados constituyen una
indebida destinación de dineros.

93. En este orden de ideas, resulta esencial señalar que tratándose de los pagos
que la parte actora califica como efectuados en exceso a favor del demandado
durante el mes de septiembre de 2021, la Sala encontró que de acuerdo con la
certificación TAD – 2025 – 00734, expedida por el tesorero de la Asamblea
Departamental de Arauca, las sesiones extraordinarias convocadas para ese
periodo fueron reconocidas a los diputados de forma especial, esto es, distribuida
entre las quincenas correspondientes.

94. En efecto, en el mes de agosto se reconocieron los días comprendidos entre
el 25 y el 31 del mes y en la primera quincena de septiembre se pagaron 18 días
de sesiones extraordinarias, mientras en la segunda quincena se efectuaron los
ajustes correspondientes. En el caso del señor Juan Alfredo Quenza Ramos, dado
que parte de dichos valores ya había sido reconocida de manera anticipada, la
planilla de la segunda quincena de septiembre de 2021 se registró en cero. En ese
contexto, no se evidencia que el demandado hubiese recibido un pago adicional o
en exceso, sino que los emolumentos fueron reconocidos de forma anticipada y
posteriormente compensados35.

95. En cuanto a las inasistencias a las sesiones se pasa a analizar lo probado en
el plenario.

96. Se verifica que la diputada Alexa Milena Quirife no asistió a la sesión del 16
de mayo de 2020:

34 Índice 00012 del expediente digital del Tribunal, archivo:
22_MemorialWeb_Anexos-CERTIFICADOTESORERI(.pdf).
35 Índice 00012 del expediente digital del Tribunal, archivo:
22_MemorialWeb_Anexos-CERTIFICADOTESORERI(.pdf).

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(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

« »36

97. Igualmente se constata que el diputado Carlos Alberto Hernández, no asistió
a las sesiones del 21 de mayo de 2020 y 9 de junio de 2020:
«

»37

36 Índice 00004 del expediente digital del Tribunal, archivo:
4Recepcionexped_Actadelistadodeasist(.pdf).
37 Índice 00004 del expediente digital del Tribunal, archivo:
4Recepcionexped_Actadelistadodeasist(.pdf).

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26

Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

« »38
98. En cuanto al demandado se encuentra probada su inasistencia para los días
9 de junio de 2020, 10 y 11 de marzo de 2021, 28 de abril de 2021, 8 de junio de
2021, 22 y 30 de julio de 2021, como puede verificarse de los siguientes listados:

«

»39

38 Ibidem.
39 Ibidem.

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27

Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

«

»40

«

»41

«

»42

40 Índice 00004 del expediente digital del Tribunal cargado en SAMAI, archivo:
5Recepcionexped_Actasdelistadodeasis(.pdf) folio 1.
41 Ibidem, folio 4.
42 Ibidem, folio 5.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

«

»43

«

»44

99. De otra parte, se verifica su asistencia a las sesiones del 23 de marzo de
2021 y del 17 y 23 de noviembre de 2021 conforme las grabaciones allegadas por
el demandado45, en las cuales se constata su intervención en los minutos 6:38,
1:26 y 0:47, respectivamente.

100. Continuando con el análisis de la documental allegado, se constata que los
periodos de inasistencia a las sesiones fueron pagados sin descuentos a favor de
los diputados Alexa Milena Quirife Bohórquez, Carlos Alberto Hernández Sánchez

43 Ibidem, folio 6.
44 Ibidem, folio 7.
45Índice00012 del expediente digital del Tribunal cargado en SAMAI, archivos:
33RECIBEMEMORIAL_SesionOrdinaria23032(.mp3),
31RECIBEMEMORIAL_SesionOrdinaria17112(.mp3) y
33RECIBEMEMORIAL_SesionOrdinaria23032(.mp3), respectivamente.

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29

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y del demandado Juan Alfredo Quenza Ramos, tal y como se certificó por parte
del Tesorero de la Asamblea Departamental de Arauca46.

101. Así las cosas, una vez verificadas las inasistencias, resulta esencial de cara
al objeto de la controversia, referirse a la remuneración de los diputados y la
normativa aplicable a fin de establecer si la forma en que tuvo lugar la
remuneración fue correcta o no y si hay lugar a la aplicación de la causal de
indebida destinación de recursos públicos.

102. Al respecto, se reitera que para la época de los hechos (año 2020) no se
encontraba vigente la Ley 2200 de 2022, lo que significa que la norma aplicable
era exclusivamente la Ley 617 de 2000, cuyo artículo 28 establecía la
remuneración de los diputados por mes de sesiones, sin condicionar el pago de
dicha remuneración a la asistencia a cada sesión individualmente considerada ni
imponer obligación alguna de justificar las inasistencias47. Estas obligaciones tal
como se indicó anteriormente solo fueron introducidas al ordenamiento jurídico con
el artículo 44 de la Ley 2200 de 2022, norma posterior a los hechos objeto del
presente proceso y, por tanto, inaplicables al caso concreto.

103. En efecto, la Ley 617 de 2000 señalaba:

«ARTÍCULO 28.- Remuneración de los diputados. La remuneración de los
diputados de las asambleas departamentales por mes de sesiones
corresponderá a la siguiente tabla a partir del 2001:

Categoría de Remuneración de diputados
departamento
Especial 30 smlm
Primera 26 smlm
Segunda 25 smlm
Tercera y cuarta 18 smlm

46 Índice 00004 del expediente digital del Tribunal cargado en SAMAI, archivos:
6Recepcionexped_CERTIFICACIONEMITIDA(.pdf), 7Recepcionexped_Certificacionesemiti(.pdf),
8Recepcionexped_Liquidaciondenominay(.pdf), 9Recepcionexped_Liquidaciondenominay(.pdf).
47 Sobre la constitucionalidad de este régimen de remuneración se pronunció la Corte

Constitucional en la sentencia C-837 de 2001

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(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

[…]»

«ARTÍCULO 29.- Sesiones de las asambleas. El Artículo 1 de la Ley 56 de
1993, quedará así:

"ARTÍCULO 1- Sesiones de las asambleas. Las asambleas sesionarán
durante seis (6) meses en forma ordinaria, así:

El primer período será, en el primer año de sesiones, del 1° de enero posterior
a su elección al último día del mes de febrero del respectivo año.

El segundo, tercer y cuarto año de sesiones tendrá como primer período el
comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de abril.

El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período,
será del 1° de octubre al 30 de noviembre.

Podrán sesionar igualmente durante dos (2) meses al año de forma
extraordinaria, previa convocatoria del Gobernador, para que se ocupen
exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración.

PARÁGRAFO 1°. La remuneración de los diputados es incompatible con
cualquier asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas
originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las excepciones
establecidas en la Ley 4a de 1992.

PARÁGRAFO 2°. Los Diputados estarán amparados por el régimen de
seguridad social prevista en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones
complementarias. En todo caso se les garantizará aseguramiento para salud,
pensión y riesgos laborales, durante el periodo constitucional, del cual se
tomará para estos efectos, como ingreso base de cotización el que resulte de
dividir entre doce (12) el ingreso percibido durante los periodos de sesiones a
título de remuneración. El Gobierno nacional reglamentará fa materia.»
(Negrilla de la Sala)

104. En desarrollo de lo previsto en la Ley, la normativa departamental concretó
la forma en que dicha remuneración se reconocía y pagaba en el ámbito de la
Asamblea Departamental de Arauca. Se citan dos instrumentos normativos porque
durante el periodo objeto de análisis cada uno estuvo vigente en momentos
distintos: el Reglamento Interno expedido el 20 de noviembre de 2017, aplicable a
los hechos ocurridos en mayo y junio de 2020, esto es, con anterioridad a la
expedición de la Ordenanza 032 de 2020, y esta última, que a partir de su
expedición, en noviembre de 2020, estableció el nuevo reglamento interno de la
Corporación y sería aplicable a los hechos ocurridos durante el año 2021.

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105. Sobre el tópico que nos ocupa el Reglamento Interno de la Asamblea
Departamental de Arauca, expedido el 20 de noviembre de 2017 y vigente para la
época de los hechos preveía:

«Artículo 41°. Remuneración. La remuneración de los Diputados de la
Asamblea Departamental de Arauca, por mes de sesiones corresponderá
de conformidad con la Ley 617 de 2000, a dieciocho (18) SMMLV. Por ser
esta corporación de categoría cuarta.

Durante las sesiones extraordinarias serán pagadas de conformidad y en
forma proporcional al decreto de convocatorias.

La remuneración de los Diputados es incompatible con cualquier asignación
proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en pensiones
o sustituciones pensionales.

Además de lo anterior los Diputados estarán amparados al régimen de
seguridad social previsto en la Ley.

Parágrafo. La remuneración y derechos de los diputados a prestaciones y
seguridad social será la establecida en la ley 1871 de 2017 y demás que
contemple y reglamente la norma.» (Negrilla de la Sala).

106. Así mismo la Ordenanza 032 de 2020 que contiene el reglamento interno de
la Asamblea Departamental del Arauca dispone:

«Artículo 20. Honorarios y seguros. La remuneración de los Diputados
de la Asamblea departamental de Arauca por mes de sesiones
corresponderá según la Ley 617 de 2000, a 18 smlmv. Por ser el
Departamento de Arauca hasta la fecha de la expedición de esta
ordenanza de cuarta categoría.

La remuneración por sesiones extraordinarias será proporcionalmente al
salario fijado.

La remuneración de los Diputados se hará con cargo al presupuesto de gastos
de la Asamblea Departamental de la cual será ordenador el Presidente de la
Mesa Directiva y se hará mensual para el periodo de sesiones ordinarias. En
lo referente a las sesiones extraordinarias ordenadas por el Gobernador se
hará cuando se culminen las mismas y bajo la constancia de asistencia de los
Diputados.

En lo referente a las sesiones extraordinarias los Diputados estarán
amparados por el régimen de seguridad social prevista en la Ley 100 de 1993
y sus disposiciones complementarias.

Es obligación de los Diputados asistir a las sesiones ordinarias, sesiones de
las comisiones y sesiones extraordinarias, en caso de no hacerlo el Presidente
de la Mesa Directiva podrá ordenar a quien corresponda el descuento

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proporcional a la remuneración mensual, salvo que la inasistencia del
Diputado esté sujeta a caso fortuito o fuerza mayor, delegación por parte de la
Mesa en representación de la Corporación, o registre excusa válida.

Parágrafo. El presente artículo variará en el caso de que el Departamento de
Arauca cambie de categoría y la remuneración de los Diputados se ajustará
conforme a la nueva categoría.» (Negrilla de la Sala).

107. De conformidad con la normativa en cita se encuentra que la remuneración
de los diputados correspondía a un valor fijado por mes de sesiones, atendiendo
a la categoría del departamento. Luego, es claro que la remuneración de los
diputados de la Asamblea de Arauca, así como la de todos los diputados de las
Asambleas Departamentales del país, debía efectuarse atendiendo la modalidad
descrita y los valores dispuestos en la Ley 617 de 2000, vigente al momento de
los hechos.

108. De lo anterior se deriva que el legislador no estructuró un sistema de pago
por sesión individualmente considerada sino un esquema de remuneración
asociado al periodo, lo cual resulta determinante para efectos de analizar la
configuración de la causal invocada en el presente asunto.

109. En el mismo sentido, se evidencia que el artículo 29 de la Ley 617 de 2000,
al regular las sesiones de las asambleas departamentales, dispone que estas se
desarrollan por periodos ordinarios definidos a lo largo del año y adicionalmente,
por sesiones extraordinarias convocadas por el gobernador para asuntos
específicos. Esta previsión normativa refuerza que la actividad de los diputados se
estructuraba en función de periodos de sesiones y no de actuaciones aisladas o
individualmente consideradas.

110. De igual forma el parágrafo segundo de la citada disposición establece que
el ingreso base de cotización para efectos de seguridad social corresponde al
resultado de dividir entre 12 el ingreso percibido durante los periodos de sesiones,
lo que confirma que el legislador de entonces concibió la remuneración bajo una
lógica global y periódica, y no como una retribución sujeta a la asistencia a cada
sesión en particular.

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111. Además, en desarrollo de lo previsto en la Ley, la normativa departamental
concretó la forma en que dicha remuneración se reconoce y paga en el ámbito de
la respectiva Corporación, lo cual en el caso bajo estudio se encuentra previsto en
la ordenanza y en el reglamento interno de la Asamblea Departamental de Arauca,
actos administrativos que gozan para la época de los hechos de presunción de
legalidad.

112. Por un lado, la ordenanza prevé que la remuneración de los diputados
corresponde a un valor mensual por el periodo de sesiones fijado conforme a la
categoría del departamento y que el reconocimiento por sesiones extraordinarias
se realiza de manera proporcional. Por su parte, el Reglamento Interno de la
Asamblea Departamental de Arauca expedido el 20 de noviembre de 2017,
dispone que dicha remuneración se efectúa de manera mensual y que, en caso de
inasistencia, el presidente de la Mesa Directiva puede ordenar el descuento
proporcional correspondiente, es decir, contiene una medida de carácter
facultativo en relación con los descuentos.

113. En ese contexto, resulta manifiesto que estas disposiciones resultaban
armónicas con el sistema legal vigente para ese momento y permiten concluir que
el esquema de pago no estaba estructurado en función de la asistencia a sesiones
individuales por parte de los Diputados sino en función del periodo mismo de tales
sesiones, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar descuentos en los eventos
expresamente previstos.

114. Sin embargo, en el evento de que pudiera advertirse alguna tensión entre
lo dispuesto en la Ordenanza 032 de 2020 y la Ley 617 de 2000, debe precisarse
que esta última, en su condición de norma legal de superior jerarquía, prevalece
sobre los actos administrativos de carácter reglamentario expedidos por las
asambleas departamentales. En consecuencia, en todo aquello en que la
normativa departamental pudiera apartarse del régimen legal, se impondría la
aplicación preferente de la Ley 617 de 2000.

115. En el presente asunto, la parte actora sostiene que el demandado incurrió
en la causal invocada al autorizar y recibir pagos por sesiones a las que no asistió,

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así como al permitir el reconocimiento de dichas sumas en favor de otros diputados
en iguales condiciones. No obstante, se concluye que dichos pagos se realizaron
en aplicación del régimen legal vigente para la época de los hechos, conforme al
cual la remuneración de los diputados se efectuaba por mes de sesiones y no por
sesión asistida.

116. Sobre la remuneración de los diputados, es importante resaltar lo ya
expresado por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación en el
concepto radicado con el número 1700 del 14 de diciembre de 200548 que señaló:

«En estos términos se tiene que la remuneración no contempla sumas
diferentes a la global y única equivalente a salarios mínimos legales
mensuales, valor que corresponde, en cada caso y según sea la categoría del
departamento, a la retribución ordinaria del servicio, razón por la cual la Sala
estima que fuera de dicha suma no hay lugar a reconocer factores o beneficios
distintos, ni es procedente que los Diputados perciban por concepto de
remuneración emolumento adicional al establecido en el antes mencionado
artículo 28.»

117. La misma Sala, mediante concepto radicado con el número 1.501 del 3 de
diciembre de 2003, con ponencia del Consejero Flavio Augusto Rodríguez Arce,
conceptuó:

«6. Remuneración por mes de sesiones. Como se indicó, el Acto Legislativo
No. 1° de 1996, artículo 1°, estableció a favor de los miembros de las
asambleas departamentales el derecho a “una remuneración durante las
sesiones correspondientes (...) en los términos que fije la ley.” En desarrollo
de la norma constitucional, la ley 617 en el artículo 28 fijó la remuneración “por
mes de sesiones”, en salarios mínimos legales mensuales, de acuerdo a la
categoría del departamento.

A términos del artículo 29 ibídem, las sesiones de las asambleas se llevan a
cabo durante seis meses en forma ordinaria y, por un mes al año, en forma
extraordinaria.

La remuneración de los Diputados ‘durante las sesiones correspondientes’,
como le señala el artículo 299 superior, la fijó el legislador ‘por mes de sesión’,
en una suma única y global liquidada en salarios mínimos legales mensuales,
entre 18 y un máximo de 30 salarios –art. 28, ley 617– según la categoría del
departamento. Como se trata de una remuneración por mensualidades, hay
lugar al pago durante los meses en que las asambleas sesionen, esto es,
durante los seis meses de sesiones ordinarias, y proporcionalmente durante
las sesiones extraordinarias, si son convocadas por menos de un mes.

48
Consejero ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

La forma de pago por ´mes de sesiones’, y no por ‘sesión asistida’
implica que no hay lugar a prorratear el pago según las sesiones a que
asista el diputado, sino que debe cancelarse la mensualidad completa,
sin perjuicio de que se adelanten las actuaciones administrativas o
disciplinarias por inasistencia injustificada a las sesiones.

En efecto, revisados los antecedentes del proyecto de ley, se observa que la
remuneración de los diputados consistía en honorarios por las sesiones a las
que asistan’; posteriormente se modificó para indicar que “se remunerarán
todas las sesiones a las que asistan los Diputados”, así, el factor determinante
del reconocimiento era la asistencia a las sesiones.

Sin embargo, este criterio se cambió para establecer un valor límite que no
superara la asignación de los gobernadores y que se pagara por
mensualidades. La justificación era la de compensar el régimen más exigente
de impedimentos e incompatibilidades y el no pago de remuneración durante
los cinco meses restantes del año fiscal.

En el acta de conciliación en que se acogió el texto, que finalmente se aprobó,
se lee:

“Por estas razones los miembros de la comisión hemos convenido
modificar el texto del artículo de manera que a partir del monto en
salarios mínimos establecido para los Diputados de la categoría
especial, se establezca un monto en salarios mínimos para los
Diputados de las otras categorías que guarde la proporcionalidad.
Con ello se logra el objetivo de que los Diputados devenguen un
salario mensual que consulte los impedimentos del régimen de
incompatibilidades.

Pero que además sea presentable en el sentido de que el salario
total del año no sea superior al de los gobernadores (...) Tal como
se comentó en la modificación propuesta al artículo 8° se conviene
el texto del Senado, el cual busca mejorar las remuneraciones de
los Diputados a las asambleas, lo cual se obtiene aumentando el
número de sesiones en 30 días adicionales a los aprobados en la
Cámara.”

Por tanto, como la ley 617 de 2000 estableció la remuneración por mes de
sesiones y no por asistencia a las mismas, el pago debe hacerse por el valor
máximo mensual durante los seis meses de sesiones ordinarias y proporcional
al tiempo en que se cite a extraordinarias, si es menos de un mes, sin perjuicio
de las acciones a que haya lugar por inasistencia injustificada a las mismas.»
(Subrayas de la Sala).

118. De conformidad con lo anterior, es evidente que desde el año 2003 esta
Corporación había precisado que bajo el régimen de la Ley 617 de 2000 la
remuneración de los diputados se causaba por mes de sesiones y no por sesión
asistida, sin que hubiera lugar a prorratear el pago según la asistencia.

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(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

119. En este punto es pertinente distinguir dos consecuencias jurídicas que el
ordenamiento vigente para la época de los hechos preveía frente a la inasistencia
de un diputado a las sesiones de la Corporación, pues su confusión podría inducir
a error en el análisis de la causal aquí examinada. Por un lado, el numeral 2 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000 contemplaba, como causal autónoma y distinta
de pérdida de investidura, la inasistencia en un mismo período de sesiones a 5
reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o
acuerdo. Por otro lado, la causal de indebida destinación de dineros públicos,
prevista en el numeral 4 del mismo artículo, exige la prueba de una desviación de
los recursos hacia fines no autorizados, distinta y autónoma de la simple
inasistencia. Se trata, entonces, de dos causales taxativas, de objeto y
presupuestos diferenciados, que no pueden entremezclarse ni suplirse la una a la
otra por vía interpretativa.

120. Entonces el reconocimiento de los pagos cuestionados no obedeció a la
asignación de recursos para fines ajenos, prohibidos o distintos a los previstos en
el ordenamiento jurídico, sino que correspondió al esquema de remuneración
establecido legal y reglamentariamente para los miembros de la Corporación. En
efecto, los recursos fueron destinados al pago de los emolumentos de los
diputados, sin que se advierta una alteración de la finalidad del gasto público.

121. Así las cosas, aún en los eventos de inasistencia a determinadas sesiones
o una distribución distinta de los pagos dentro del respectivo periodo, lo cierto es
que tales circunstancias no permiten concluir que los recursos públicos hubiesen
sido destinados a fines distintos de aquellos para los cuales estaban previstos.

122. Se destaca que la normativa aplicable no imponía un deber imperativo de
efectuar descuentos por inasistencia, sino que otorgaba al Presidente de la Mesa
Directiva la facultad de ordenarlos, lo que excluye que su no aplicación configure,
por sí misma, una destinación indebida de dineros públicos, en tanto el
reconocimiento de la remuneración se mantuvo dentro del margen de actuación
previsto en el ordenamiento jurídico.

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Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

123. En esa medida, resulta necesario precisar el límite de lo que la causal de
indebida destinación de dineros públicos está llamada a reprochar. Como quedó
establecido, dicha causal exige demostrar que el servidor, en ejercicio de sus
competencias, traicionó, cambió o distorsionó los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la Ley o el reglamento, destinando los recursos
públicos a objetos, propósitos o finalidades distintas de las previstas. Por ello, lo
que importa para efectos de esta causal no es si debieron o no efectuarse
descuentos por las inasistencias de los diputados, sino si los fondos se destinaron
a los propósitos para los cuales estaban asignados. En el presente asunto, los
pagos cuestionados llegaron a quienes el ordenamiento jurídico vigente para la
época de los hechos señalaba como sus destinatarios, esto es, los diputados de
la Asamblea Departamental de Arauca, en concepto de remuneración por mes de
sesiones, sin que se advierta desviación alguna hacia fines no autorizados. Lo que
el accionante cuestiona en el fondo no es una distorsión en el destino de los fondos
sino la no aplicación de los mecanismos de descuento previstos en la
reglamentación interna, debate que puede ser válido en otros regímenes como el
disciplinario, pero que es ajeno al objeto de la causal de indebida destinación de
dineros públicos.

124. Es de reiterar que en procesos de pérdida de investidura como el que nos
ocupa, en atención a su naturaleza sancionatoria, la Corte Constitucional ha
señalado que esta figura está sujeta a los principios que gobiernan el debido
proceso, con estricta observancia de las garantías constitucionales del artículo 29
de la Carta49:

«(i) Es de naturaleza sancionatoria en cuanto constituye expresión del ius
puniendi del Estado50. El proceso de pérdida de investidura es un juicio político
con connotación disciplinaria, que implica el ejercicio de una función
jurisdiccional51. La competencia para tramitarlo y decidirlo corresponde a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el procedimiento
establecido por el legislador y con estricto apego a todos y cada uno de los
principios y reglas que integran el derecho al debido proceso contenidos en el

49 SU-516/19.
50 Corte Constitucional, Sentencias SU-400 de 2012, SU-399 de 2012 y SU-424 de 2016
51 Corte Constitucional, Sentencia SU-501 de 2015.

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artículo 29 de la Constitución52, incluido el de favorabilidad53145 (inc. segundo,
art. 1 de la Ley 1881).

[…]

Así, este Tribunal ha establecido que, dado el carácter sancionatorio de la
pérdida de investidura, esta figura “está sujeta, de manera general a los
principios que gobiernan el debido proceso en materia penal”, tales como los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad, objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad. En ese orden de
ideas, las garantías básicas del debido proceso son aplicables en materia de
pérdida de investidura, conforme a una interpretación adecuada a los fines
propios que la caracterizan.»

125. Parte esencial de las garantías del debido proceso, es precisamente la
aplicación del régimen legal vigente al momento de la ocurrencia de los hechos y
la irretroactividad legal salvo circunstancias de favorabilidad en razón de la
naturaleza sancionatoria del medio de control.

126. En esa misma línea, la Corte Constitucional, en Sentencia de Unificación
SU-066 de 26 de marzo de 2026, reiteró que el proceso de pérdida de investidura
opera bajo un sistema cerrado de causales de interpretación estricta, precisando
que:

«En ambos supuestos, el Constituyente y el Legislador diseñaron un sistema
cerrado de causales, de interpretación estricta, cuya configuración habilita la
imposición de la sanción de desvinculación del cargo de elección popular y la
restricción para volver a ocupar uno de la misma naturaleza.

[…]

52 Al respecto, este Tribunal en la Sentencia SU-400 de 2012, reiterando la Sentencia C-247 de

1995, sostuvo:
“La pérdida de investidura tiene carácter sancionatorio. En cuanto comporta el ejercicio del ius
puniendi estatal, esta institución está sujeta, de forma general, a los principios que gobiernan el
debido proceso en materia sancionatoria, con las especiales modulaciones necesarias para el
cumplimiento de los fines constitucionales. Esas modulaciones encuentran fundamento en las
características propias de la institución, particularmente, en la gravedad de la sanción que se
origina en la incursión en un conjunto muy variado de infracciones y la brevedad del término con el
que cuenta el Consejo de Estado para emitir la decisión. Entonces, no se trata de un castigo
cualquiera sino de uno excepcional, por esa razón, requiere de la plena observancia de las
garantías y requisitos constitucionales del debido proceso dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución” (negrillas fuera de texto).
53 En la Sentencia C-207 de 2003, la Corte señaló que “de acuerdo con el artículo 29 Superior, en

materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable. Tal principio, que por extensión se predica de todo del derecho
sancionatorio, tiene aplicación tanto en aspectos sustanciales como procedimentales”

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Desde esta perspectiva, la pérdida de investidura se inscribe plenamente en
el ejercicio del ius puniendi del Estado y comporta un auténtico juicio de
reproche ético y político sobre la conducta del elegido59 al resultar
incompatible con la dignidad del cargo. Al respecto, la Corte Constitucional ha
precisado que esta sanción posee una naturaleza eminentemente ética y
política, en cuanto su finalidad no es únicamente correctiva, sino también
protectora de los valores estructurales del sistema democrático, y que, por la
entidad de sus efectos, se estructura como un proceso sancionatorio de
carácter jurisdiccional, sometido a las máximas garantías del debido proceso
y confiado a autoridades judiciales independientes de las dinámicas político-
administrativas. […]»

127. Incluso la Sala Plena de esta Corporación ha señalado que las causales de
pérdida de investidura son taxativas y de interpretación restrictiva, de modo que
los hechos que no se enmarquen sustancial o temporalmente en su descripción
típica no pueden dar lugar a la sanción de desinvestidura, aunque puedan ser
objeto de reproche en otros regímenes sancionatorios:54:

«Precisado lo anterior la Sala encuentra que los hechos expuestos por el
solicitante como posibles causales que darían lugar a la pérdida de la
investidura por la alegada violación del régimen de incompatibilidades previsto
en el artículo 180 y en el numeral 1° del artículo 183 de la Constitución, no se
enmarcan dentro de ninguna de las causales de pérdida de la investidura.

En efecto, los hechos relativos a que el Dr. LINO RAMIRO VARELA
MARMOLEJO solicitó al demandante dinero para que este último pudiera
entrar y permanecer como Representante a la Cámara, durante el tiempo que
él estuvo en licencia no remunerada y su curul como parlamentario estaba
siendo ocupada por el solicitante, el que “para evitar ser desplazado de la
curul a los tres meses de haberme posesionado, es decir en Octubre de 1997,
tuve que cubrir con mis recursos la suma de $537.000,oo como aporte del
servicio Médico tanto del Dr. VARELA MARMOLEJO como de su familia”; la
utilización del “Celular durante todo el tiempo que estuvo en Licencia no
remunerada”, y la sospecha relativa a la posible utilización de pasajes aéreos
por parte del doctor Varela Marmolejo entre el 20 de julio de 1997 y el 11 de
marzo de 1998, no corresponden a ninguna de las prohibiciones establecidas
taxativamente por el transcrito artículo 180 de la Constitución, en el cual dijo
el accionante fundamentar su solicitud, motivo por el que la misma se
rechazará.

Al respecto se advierte que no obstante el peticionario, de acuerdo con lo
establecido en el literal c) del artículo 4° de la Ley 144 de 1994, invocó y explicó
vagamente la alegada causal de pérdida de la investidura (en la demanda
como en el memorial presentado el 5 de mayo de este año) relativa a la
violación del régimen de incompatibilidades, como ya se dijo, los hechos
fundamento de su demanda no se enmarcan dentro de las taxativas causales
para que sea procedente tramitar el proceso de pérdida de la investidura.

54 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero ponente: Daniel

Manrique Guzman, mayo 8 de 1998, Radicación número: AC-5575.

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Finalmente, en cuanto a que la exigencia de dinero por parte del señor
Ingeniero Dr. Varela Marmolejo constituya violación al régimen disciplinario
previsto en la Ley 200 de 1995 y al Código Penal, en el evento de que dicha
violación existiera, no está prevista dentro de las precisas causales de pérdida
de la investidura consagradas en el artículo 183 de la Constitución y en
oposición a lo afirmado por el solicitante, no es posible que “por extensión
analógica” dicha infracción se asimile a la violación al régimen de
incompatibilidades, el cual establece unas prohibiciones que se reitera, tienen
eminente carácter taxativo.

De acuerdo con la anterior se ordenará compulsar copias de la solicitud de
pérdida de investidura y de lo actuado a la Procuraduría General de Nación y
a la Corte Suprema de Justicia para efectos de que se investigue las posibles
infracciones de carácter disciplinario y penal, respectivamente, del señor Lino
Ramiro Varela Marmolejo.»

128. Esta Sección también ha establecido que las causales de pérdida de
investidura son de interpretación restrictiva y no admiten aplicación extensiva a
sujetos o conductas no comprendidos expresamente en su descripción típica55:

« Recalca la Sala que las causales de pérdida de investidura de los
funcionarios públicos son taxativas y restrictivas, por lo que no pueden
aplicarse en forma extensiva a sujetos no comprendidos en su descripción.

Así lo ha precisado esta Sala en reiterada jurisprudencia56:

“Del texto de la norma transcrita resulta claro para la Sala que la
misma contiene una prohibición dirigida, entre otros, a LOS
PARIENTES DE LOS DIPUTADOS y a las entidades del sector
central o descentralizado del Departamento, Distrito o Municipio,
para que entre sí no celebren contratos ni sean designados aquellos
funcionarios de éstas; empero la violación de esa prohibición que,
como ya se dijo, no tiene por destinatario al Diputado, pues no es
éste a quien se le prohíbe ejecutar o realizar tal conducta, no
puede, por lo mismo, constituir causal de pérdida de su investidura.”
[…]»

129. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que los pagos
cuestionados en el presente asunto y bajo las circunstancias examinadas no
configuran la causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el
numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. En atención a la naturaleza

55 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejera ponente: Maria Claudia Rojas Lasso, 11 de

diciembre de 2014, Radicación número: 13001-23-33-000-2013-00815-01(PI).
56 Sentencia de 3 de julio de 2008, Expediente: 2008-00017, M.P. Dr. Marco A. Velilla Moreno.

Sentencia de 29 de enero de 2009, Expediente: 2007-0859, M.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso.

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sancionatoria del medio de control de pérdida de investidura y a que las causales
que lo sustentan son taxativas y de interpretación restrictiva, lo que impide
extender su aplicación a conductas o escenarios no comprendidos expresamente
en su descripción típica.

130. Para la época de los hechos, el ordenamiento jurídico no preveía la
inasistencia a sesiones como supuesto configurador de la causal de indebida
destinación de dineros públicos, ni existía norma que condicionara el pago de la
remuneración de los diputados a su asistencia a cada sesión ordinaria
individualmente considerada. En ese contexto, no es posible acudir a la analogía
para extender el alcance de la causal, pues ello contrariaría los principios de
legalidad y favorabilidad que rigen el derecho sancionatorio y que son plenamente
aplicables en este ámbito.

131. En el reciente pronunciamiento hecho por la Corte Constitucional en la
Sentencia de Unificación SU-082 de 2026, se reiteró que el proceso de pérdida de
investidura, en tanto manifestación del ius puniendi estatal, exige la observancia
estricta de los principios de legalidad, taxatividad y culpabilidad, conforme a los
cuales las causales que la sustentan no admiten interpretaciones extensivas ni
aplicación por analogía y su configuración exige un estándar probatorio riguroso
que descarte toda forma de responsabilidad objetiva.

132. La Corte precisó, además, que el juicio sancionatorio de pérdida de
investidura exige una secuencia lógica de verificación, conforme a la cual solo es
posible avanzar al examen de responsabilidad subjetiva (dolo o culpa grave) una
vez se ha acreditado, de manera objetiva y no presunta, el supuesto de hecho
descrito por el legislador en la causal invocada. Estas consideraciones resultan
plenamente aplicables al caso sub examine, en la medida en que imponen a la
Sala el deber de ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley
617 de 2000 para la época de los hechos, sin que resulte admisible presumir la
configuración de la causal de indebida destinación de dineros públicos a partir de
la sola inasistencia, ni exigir, por vía interpretativa, condiciones o cargas
adicionales que dicha norma no contempló, sin dejar de lado que en caso de que

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la norma ofrezca duda debe interpretarse de la manera más favorable al
accionado.

133. Al respecto la Corte Constitucional señaló:

«De conformidad con el Consejo de Estado, la gravedad de la sanción que se
impone exige que el proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con
observancia del debido proceso, particularmente, de los principios pro
personae, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay
lugar a aplicar normas por analogía), de objetividad, de razonabilidad, de
favorabilidad, de proporcionalidad y de culpabilidad57.

De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha
reconocido la especial relación que tiene el proceso de pérdida de investidura
con los derechos políticos. Por ejemplo, en la Sentencia SU-632 de 2017, la
Sala hizo un estudio detallado de la pérdida de investidura y de su evolución
normativa. La Corte resaltó que la severidad de la sanción de pérdida de
investidura implica la exigencia de un procedimiento riguroso y respetuoso de
todas las garantías propias de un proceso sancionatorio, entre otras razones,
por el impacto en los derechos políticos. Sobre el punto se dijo: “[l]a severidad
de la pérdida de investidura se deriva de las consecuencias que el
ordenamiento jurídico le asigna a la afectación de los derechos políticos de los
electores, de ahí la entidad de los derechos que resultan limitados, dentro de
los que se destaca el derecho a elegir y a ser elegido”.

[…]

De lo expuesto se sigue que el medio de control de pérdida de investidura
constituye un instrumento constitucional de la mayor entidad, en tanto
comporta una restricción intensa de los derechos políticos, particularmente del
derecho a elegir y ser elegido, y del acceso a cargos y funciones públicas. Su
finalidad no es la mera corrección formal de irregularidades, sino la
preservación de la dignidad del mandato democrático y de la ética pública en
el ejercicio de la representación popular. Precisamente por la severidad de sus
efectos, que pueden incluso implicar una inhabilidad de carácter permanente,
su aplicación exige un juicio estrictamente sancionatorio, sometido a los
principios del debido proceso, de legalidad, de culpabilidad y de
proporcionalidad, así como a un estándar probatorio riguroso que descarte
toda forma de responsabilidad objetiva.

[…]

Teniendo en cuenta lo descrito, vale precisar entonces que en el juicio
sancionatorio de pérdida de investidura la estructura de imputación exige una
secuencia lógica de verificación que parte de constatar la efectiva
configuración objetiva de la causal invocada58. Ello obedece a que el proceso,
aun cuando incorpora un examen de culpabilidad (dolo o culpa grave) por su

57 Corte Constitucional, Sentencia SU-516 de 2019.
58 Consejo de Estado, Sala Quince Especial de Decisión de la Sala Plena, Sentencia del 16 de

septiembre de 2024, rad. 11001-03-15-000-2020-03426-00. Decisión referenciada por la Corte
Constitucional en Sentencia SU-292 de 2025.

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adscripción al ius puniendi estatal, presupone como punto de partida la
constatación material del supuesto de hecho descrito por el legislador. Solo
cuando ese presupuesto fáctico-material queda demostrado, puede afirmarse
que existe una conducta jurídicamente relevante para el derecho sancionatorio
y, por ende, resulta procedente avanzar hacia el juicio de responsabilidad
subjetiva.

En esa medida, la evaluación del componente subjetivo no opera como un
plano autónomo o desconectado de la verificación objetiva, sino como un
momento ulterior condicionado por la constatación previa del supuesto típico.
En otras palabras, si los elementos objetivos de la causal no se acreditan, el
análisis de culpabilidad carece de objeto incluso dogmático, en tanto el
reproche subjetivo solo es concebible respecto de una conducta previamente
delimitada como infractora desde el punto de vista objetivo. Este
entendimiento se articula con las garantías reforzadas que gobiernan la
pérdida de investidura (legalidad, presunción de inocencia, in dubio pro reo y
culpabilidad), ya que evita trasladar el juicio a consideraciones sobre la
intención o diligencia del investigado cuando no existe, en primer término, una
configuración del elemento objetivo.

[…]»

134. Entonces ante la falta de acreditación del elemento objetivo de la indebida
destinación de dineros públicos, la Sala considera innecesario abordar el estudio
del elemento subjetivo de la conducta, en la medida en que la ausencia de dicho
presupuesto impide continuar con el análisis de la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

135. En suma, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Arauca, mediante la cual se negó la pérdida de investidura del señor Juan
Alfredo Quenza Ramos, en su calidad de diputado del Departamento de Arauca
para el período constitucional 2020-2023.

136. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala precisa que la negación de la pérdida de
investidura no implica que las conductas examinadas estén exentas de todo
reproche. En efecto, el hecho de que los pagos cuestionados no configuren la
causal de indebida destinación de dineros públicos en sede de pérdida de
investidura, bajo el régimen de la Ley 617 de 2000 vigente para la época de los
hechos, no excluye que los mismos puedan ser objeto de análisis por parte de las
autoridades competentes en materia disciplinaria y fiscal, las cuales cuentan con
regímenes propios e independientes que no están condicionados por los

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elementos normativos que rigen la causal aquí examinada ni por la norma aplicable
en esta sede, por lo que se ordenará la compulsa de copias para que se adelanten
las investigaciones pertinentes.

137. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA
no se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura
es una acción pública en la que se ventila un interés general.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: COMPULSAR copias a la Procuraduría General de la Nación y a la
Contraloría General de la República, para que, dentro del ejercicio de sus
respectivas competencias, adelanten las investigaciones a que haya lugar en
relación con los hechos objeto del presente proceso.

TERCERO: Sin condena en costas conforme lo señalado en la parte motiva.

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45

Radicación: 81001 23 39 000 2025 00040 01
(Acumulado 81001 23 39 000 2025 00051 01)
Solicitantes: Leidy Jureny Montenegro Vidal y Brian Steven Cabrera

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Consejero en la sede electrónica para
la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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